Si el Gobierno, en lugar de tomar partido por capitales multinacionales que sólo buscan saquear nuestros recursos en función de un enorme lucro que no beneficiará ni de lejos a las poblaciones nativas, se decidiera a cumplir su obligación constitucional con los sectores sociales más vulnerables, aplicaría lo previsto en el Capítulo V de la Ley 70 de 1993, artículos 26 a 31, adjudicándoles conjuntamente, con prelación, la explotación minera a las comunidades indígenas y negras en el mismo territorio (Art. 27 y 28), asesorándolas técnicamente en la protección del medio ambiente (Art. 29 y 30).

Es sabido que la multinacional, para ganar la aceptación de los mineros a su proyecto ecocida, les ha prometido trabajo bien remunerado con prestaciones sociales. En la población es bien conocido, sin embargo, lo sucedido en una mina cerrada y destruida por Medoro Resources, en la cual laboraban más de 80 mineros y de los cuales sólo 2 fueron vinculados a trabajos de la multinacional. Pero la población argumenta, con razón: ¿por qué vienen a ofrecernos trabajo a los marmateños, cuando siempre lo hemos tenido? ¿Acaso no vienen más bien a quitarnos el trabajo?

Es de público conocimiento que Marmato tiene una tradición de explotación aurífera de 500 años. Su misma arquitectura fue configurada en función de esa relación con el suelo, lo que llevó a declarar el poblado “Monumento Nacional” mediante Resolución No. 02 de 1982. Consta que mediante el Oficio No, 316 del 28 de julio de 1988, la Subdirección de Patrimonio Cultural de COLCULTURA le ofreció al municipio asesoría para delimitar las zonas de interés histórico y ambiental y el manejo de las intervenciones. Se supone que otra de las obligaciones constitucionales del Estado es proteger ese patrimonio cultural que la Constitución define como bienes “inalienables, inembargables e imprescriptibles” (Art. 72). Por ello indigna aún más el que, para someterse a los intereses espurios de la multinacional, el Gobierno haya terminado por borrar de la lista de Monumentos Nacionales el centro histórico de Marmato, abandonándolo a la voracidad rentista de la multinacional, la que se inventó supuestas “avalanchas” para destruir sus construcciones institucionales y sus residencias más antiguas, en orden a desalojar el Patrimonio y convertirlo en mercancía envilecida.

Señor Ministro, le ruego excusarme por las opiniones y conceptos que contradicen los suyos y los de su institución, pero he preferido responderle desde una muy larga y muy dolorosa experiencia personal.

Espero, Señor Coronel, que comprenda las razones de orden fáctico y de orden jurídico que fundamentan la exigencia del retiro del puesto de policía construido en San José de Apartadó y encuentren un modo de presencia de la Policía más acorde con la Constitución.

Con el deseo de que en posteriores comunicaciones no se siga ignorando la posición de la Comunidad de Paz en sus requisitos mínimos de buena fe e invitando a la Policía Nacional a que ayude a urgirle al Gobierno Nacional la aceptación de estas mínimas condiciones de buena fe, de tal modo que pueda restablecerse una interlocución entre la Comunidad de Paz y las instituciones del Estado sobre bases de transparencia, honestidad y buena fe y ello contribuya a erradicar comportamientos que lesionan gravemente la estabilidad y legitimidad de las instituciones y los derechos y dignidad de la población de la región, tanto de los integrantes de la Comunidad de Paz como de la población campesina de su entorno, igualmente victimizada, le envío mi respetuoso saludo.

En mis labores desarrolladas durante los últimos 30 años, coordinando diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, he percibido de manera muy directa la persecución contra dicha organización política, la cual acusa todos los perfiles del Genocidio, como está definido en diversos instrumentos de derecho internacional. He podido encontrar, en los más diversos rincones de Colombia, no solo a numerosas familias de los militantes y dirigentes exterminados sino percibir en directo las secuelas de dicho Genocidio en el devenir político, social, económico, cultural y sico-social de las poblaciones afectadas. Al mismo tiempo he podido analizar con las mismas víctimas y con sus entornos sociales, las características de dicha persecución, sin que me quede duda alguna de que ella fue diseñada y ejecutada por redes organizadas en las que han confluido grupos paramilitares y numerosos agentes del Estado que han contribuido de diversas formas a la ejecución de los crímenes, incluyendo la omisión, la tolerancia, la aquiescencia, la incentivación, la financiación, el entrenamiento, el ocultamiento y protección de los victimarios y la impunidad de los crímenes.