Desde los márgenes

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Ascenso de Uribe

junio de 2002, por Javier Giraldo M. , S.J.

Colombia: ¿Continuará en la violencia?

El pasado 26 de mayo, a escasas 4 horas de cerrarse las votaciones, la institución que controla los procesos electorales en Colombia anunció que el candidato Álvaro Uribe Vélez había obtenido un 53% de votos para la Presidencia y que por lo tanto no era necesaria una segunda vuelta.

No fue una sorpresa. A pesar de que su candidatura tuvo escasa acogida en sus comienzos, a partir del mes de diciembre de 2001 las encuestas electorales comenzaron a presentarlo como el más opcionado.

El slogan de su campaña había sido: mano firme y corazón grande. El afiche publicitario oficial lo mostraba con la mano derecha puesta sobre el corazón, aunque en el mundo de las bromas callejeras se explicaba que tenía allí su mano porque se había cansado de tenerla extendida hacia delante al estilo del saludo fascista. Una imagen que circuló por internet completaba esta broma mostrando la fácil transformación de su figura en el retrato de Hitler con su típico gesto frente a las masas.

Su imagen, su trayectoria y sus propuestas fueron controvertidas durante la campaña. Aunque con la debilidad y las trampas con que siempre son difundidas las opiniones críticas frente al statu quo, las voces de alarma pudieron llegar a sectores significativos de la sociedad. No se podría afirmar que el país ignoraba que al votar por él estaba haciendo una opción de derecha: más inclinada a la solución militar del conflicto armado; más partidaria de las ayudas norteamericanas; más cercana a los defensores del capitalismo neoliberal, y donde los vínculos o simpatías con el paramilitarismo y con el narcotráfico aparecían como condicionamientos del pasado del candidato.

El eje de su discurso giró en torno a la autoridad y a la seguridad, aunque estuvo condimentado de anti-corrupción y, como siempre, de promesas que halagan los oídos de los oprimidos: aumento de viviendas, escuelas, empleos y centros de salud para los más pobres, lo que forma ya parte del menú irrenunciable de cualquier campaña electoral.

En las últimas semanas de la campaña circuló en las calles de las principales ciudades colombianas, a precios populares, una biografía del candidato que recopilaba, un poco de prisa, sus antecedentes más preocupantes. Allí quedaban al descubierto los vínculos de su familia con el narcotráfico, así como los servicios prestados por él mismo a los carteles de la droga, y sobre todo sus simpatías y servicios a la estrategia paramilitar del Estado, así como sus amistades con los principales impulsores y financiadores de escuadrones de la muerte y su desempeño, desde la Gobernación del departamento de Antioquia (1995- 1997), como promotor de una forma de paramilitarismo legalizado que fueron las Cooperativas de Seguridad, paradójicamente llamadas Convivir. Esta biografía, escrita por un corresponsal de la revista Newsweek, Joseph Contreras, eligió como subtítulo, entre paréntesis: El Señor de las Sombras. [1]

Sin embargo, todas estas alertas no tuvieron efecto sobre el veredicto democrático que se expresó en las urnas. Las empresas encuestadoras de opinión pudieron ratificar que sus métodos de sondeo eran científicos, y los analistas políticos han abundado en discursos que muestran a la sociedad colombiana como decidida por un modelo en el que la autoridad del Estado se imponga sobre los violentos para que la democracia pueda funcionar.

No hay duda de que la realidad de la violencia, inseparablemente de las lecturas que de ella se hacen, constituye la base de las decisiones políticas en Colombia desde hace muchos años. Cuando Andrés Pastrana triunfó en las elecciones de 1998, no pocos analistas afirmaron que el triunfo se lo debía a Manuel Marulanda, el líder guerrillero de las FARC, pues éste afirmó que veía más fácil firmar la paz con Pastrana que con el candidato liberal Horacio Serpa, a quien ya habían experimentado como negociador engañoso de la paz. El país estaba entonces sediento de paz, luego de un cuatrienio en que no hubo ninguna negociación formal con la guerrilla, como fue el gobierno de Samper (1994-98). Pero el fracaso rotundo del proceso de paz de Pastrana (1998-2002) llevó a muchos analistas a afirmar que, esta vez, quien tuviera el aval de los paramilitares ganaría las elecciones. Y así fue.

Quienes tratan de captar la lógica simple y pragmática que orienta las decisiones de las grandes masas, piensan que éstas razonan más o menos así: si la vía del diálogo no ha podido funcionar para acabar con esta violencia asfixiante que ya no es tolerable por más tiempo, habrá que intentar la vía de la mano dura, aunque sea con el sacrificio de muchas vidas, para que esto se pacifique pronto.

Hay que tener en cuenta que actualmente hay en Colombia al menos 3 millones de desplazados reconocidos, y quizás varios millones más no reconocidos; que desde hace 15 años se producen entre 70 y 90 muertes violentas anuales por cada cien mil habitantes, lo que en los últimos años arroja cifras cercanas a 30.000 por año, y que de éstas, cerca de la tercera parte tienen sus móviles en el conflicto social y político; que el país arrastra cifras de más de 4000 desaparecidos que se acrecientan cada año en varios centenares; que todos los departamentos tienen amplias zonas rurales casi despobladas a causa de la violencia y que casi todo el territorio nacional hoy día es considerado como zona de conflicto.

Ciertamente para entender el mundo de lo político en Colombia es necesario entender el conflicto armado que lo atraviesa, pero entender el conflicto armado implica sumergirse en el laberinto de sus lecturas, mediadas por las presiones de los grandes poderes mundiales que se proyectan en este microcosmos. Entre esos grandes poderes está el de los mass media, que confecciona rejas de lectura de consumo mundial y masivo, de las cuales es a veces casi imposible liberarse.

La imagen que se le ha vendido al mundo del conflicto colombiano es la del clásico enfrentamiento entre dos demonios que quieren eliminarse mutuamente, pero cometen el gran pecado de poner como escudo a la sociedad civil, la cual no tiene ningún interés en ese conflicto y se ha convertido en víctima inocente de la insania infernal de los violentos. Esos dos demonios son: la guerrilla y los paramilitares. El Estado quiere proteger a su sociedad civil de esa guerra absurda, pero sus recursos son tan limitados, frente a unos actores violentos que se nutren de las exorbitantes riquezas del narcotráfico, que se hace necesaria la solidaridad internacional, para que incluso intervenga militarmente en la solución del conflicto, ya que está de por medio el delito internacional de narcotráfico fusionado con el de terrorismo.

Esta lectura ha penetrado hasta en los círculos teóricamente más preparados para resistirla, como serían los estudiosos sobre Colombia en otros países. En noviembre de 2000 se reunieron en París 30 intelectuales europeos de gran prestigio, todos estudiosos sobre la problemática colombiana, y firmaron un comunicado en el cual se caracterizaba el conflicto como una guerra contra la sociedad. [2]

Uno se pregunta cómo se nutren de información y de elementos de análisis esos intelectuales colombianistas, y hay que registrar con tristeza que es difícil encontrar fuentes que les permitan llegar a otras conclusiones. Si hay algo que conduce, dirige y determina un conflicto en sus niveles más profundos y decisivos, es el manejo de la información y de los niveles de comunicación entre los sujetos activos y pasivos, lo que configura la sintaxis y la semántica de su lectura.

Si uno sintoniza una emisora radial o un canal televisivo en Colombia, se encuentra con discursos que se ciñen a una sintaxis y a una semántica rígidas, pero cuyas reglas solo son perceptibles por quienes, desde posiciones profundamente críticas, hacen esfuerzos por acercarse en directo al mundo de las víctimas que no tienen poder ni palabra. Solo desde allí se perciben los intereses que impiden llamar por su nombre a determinados actores; que obligan a ocultar determinadas estrategias; a privilegiar a determinadas víctimas; a entrevistar a determinados personajes evitando cualquier contra-interrogatorio, y a utilizar determinados apelativos.

La terminología ha sido minuciosamente decantada desde la óptica de los efectos emocionales. En la información sobre la guerra desaparecieron desde hace mucho tiempo términos como combatiente, insurgente, guerrillero o subversivo, para ser reemplazados por los de bandido, delincuente o terrorista, la mayoría de las veces adicionados con el prefijo narco. Los emisores de los mensajes son cuidadosamente seleccionados entre personajes de la clase dirigente y frente a ellos se apostan reporteros ingenuos, o estúpidos, o amordazados, que fingen ignorar lo que gran parte del país conoce o sospecha, para eximirse de contra-interrogar. Así se confecciona la verdad de consumo masivo sobre el esquema de la guerra entre los dos demonios, que a fuerza de repeticiones legitima y estigmatiza posiciones que configuran finalmente los dogmas que inspiran las opciones de las masas. Las lecturas disidentes son seleccionadas o editadas; transmitidas en horarios desiertos; sometidas al bombardeo repetitivo de la versión contraria, o puestas en contextos tales que faciliten su cooptación por los esquemas dominantes.

Gracias a estos mecanismos de lectura, el conflicto armado colombiano sería un conflicto “ajeno a la sociedad”, como lo conceptuaron los intelectuales europeos en París, en noviembre /2000. No obstante, el proceso de paz o de negociación entre el gobierno de Pastrana y las guerrillas de las FARC y del ELN, produjo discursos contrarios a esto. Tanto el Presidente Pastrana como muchos altos funcionarios, embajadores europeos y agentes de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, reconocieron, en momentos cruciales del proceso, que allí estaba en juego la construcción de un país más justo, pues toda esta lucha giraba alrededor de reformas estructurales que corrigieran injusticias de décadas o siglos.

Frente al lobby desarrollado en los últimos meses por el mismo Presidente Pastrana ante la Unión Europea y ante los Estados Unidos, para que declaren terroristas a las guerrillas de las FARC y del ELN, una vez roto el proceso de paz en febrero de 2002, muchas personas se preguntan cuál es la diferencia que existe entre lo que hacían las FARC antes de febrero /02, cuando el gobierno de Pastrana les reconocía un carácter político, y lo que hacen después de febrero/02, cuando son incluidos en las listas internacionales de las organizaciones terroristas.

Cuando este debate adquiere niveles más serios, se va centrando en el problema de los métodos de lucha. Nadie podría negar que los métodos utilizados por las guerrillas colombianas son métodos repugnantes. Entre ellos se cuentan el secuestro de personas adineradas para obligarlas a dar aportes financieros; la utilización de armas artesanales que producen efectos difíciles de controlar, como los cilindros de gas llenos de explosivos; el sabotaje o destrucción de elementos neurálgicos de la economía; el ataque a muchas personas que no son combatientes. Muchas normas del Derecho Internacional Humanitario son desconocidas en forma sistemática.

Sin embargo, el problema no es solucionable con la simpleza con que quieren abordarlo muchos gobiernos y mediadores internacionales, incluyendo expertos de las Naciones Unidas. Se piensa que una negociación de paz debe llevar a que las guerrillas se conviertan en una fuerza política legal, y que el gobierno debe facilitarles su participación en unas elecciones para que se reinserten en la democracia. Ciertamente las guerrillas no identifican democracia con elecciones sino con estructuras económicas y sociales no discriminatorias, y además tienen en su historial intentos de participación electoral cuyos limitadísimos éxitos fueron ahogados en sangre o audazmente negados mediante el fraude. [3] Quienes registramos los hechos de violencia día a día en bancos de datos, sabemos muy bien que aquí se mata, no a quienes han optado por la lucha armada, sino a quienes optan en sus sueños por otro modelo de sociedad menos inhumana. Solo un pequeño porcentaje de las muertes violentas de carácter político se dan entre combatientes. La inmensa mayoría de las víctimas no ha manejado nunca un arma.

Desde fuera es fácil impulsar la consigna de que la población civil sea excluida de la guerra, cuando se piensa, con los colombianistas de París, que esta guerra es ajena a la sociedad .... (y) contra la sociedad. Sin embargo, en esto se corre el riesgo de recomendar remedios para el Sida que solo sirven para el cáncer. Otros análisis nos demuestran que esta guerra fue diseñada, desde sus orígenes y desde ambas orillas, como una guerra que tenía que involucrar progresivamente a toda la sociedad, bajo la pena de perder toda su lógica y su sentido.

Desde la orilla de las guerrillas no es difícil descubrir que lo que buscan no es propiamente derrocar a un gobierno, ni apoderarse de un territorio, ni derrotar a un ejército. El blanco de su lucha es el modelo de sociedad vigente que debe ser saboteado permanentemente en su funcionamiento y en los puntales más neurálgicos de su economía, hasta que no resista más su desgaste e integre a la fuerza a las capas excluidas. El discurso masivo trata de proyectar estos objetivos al pasado y presentarlos como ya corrompidos en el presente, pero incoherentemente le atribuye a las guerrillas la incentivación clandestina de toda protesta social y a los líderes de éstas los procesa judicialmente por rebelión aunque no tengan ningún vínculo real con la insurgencia.

Pero es más difícil descubrir el carácter civilista de la lucha armada del Estado. En el discurso y en los ámbitos diplomáticos, el Estado colombiano sostiene el principio del monopolio de las armas por el Estado, lo que llevaría a pensar que solo se permite el uso de las armas por parte de un ejército profesional que debe responder por su uso. Nada más ajeno a la realidad. Desde 1962, antes de que se conformaran las guerrillas actuales (que datan de 1964/65), hubo directrices secretas del gobierno de los Estados Unidos (hoy conocidas), que obligaban a involucrar a la población civil como combatiente, dentro de un modelo de guerra que tenía como blanco, no unos ejércitos guerrilleros que entonces no existían, sino una manera de pensar o diseñar la sociedad. Y para eliminar esas ideologías, había que recurrir a “ actividades terroristas paramilitares  [4].

A partir de entonces es posible rastrear el desarrollo del paramilitarismo como una estrategia oficial del Estado colombiano, a través de los manuales de contrainsurgencia, que han permanecido en gran parte secretos, pero que dan las pautas para conformar y apoyar estructuras de civiles armados sobre las cuales deben descansar muchas tareas de la guerra [5]. En los últimos 40 años las formas del paramilitarismo han variado en sus instrumentos legales o semi-legales, en sus formas de actuar, en sus relaciones más o menos clandestinas o más o menos abiertas con las jerarquías militares y con los diversos poderes del Establecimiento, pero lo que nunca se podrá afirmar es que la población civil haya sido “ajena” a la lucha armada agenciada desde el Estado. La ha involucrado como combatiente, ya voluntariamente, ya forzadamente, y la ha involucrado como objetivo de la guerra, pues el blanco del accionar armado militar/paramilitar no son los insurgentes armados sino lo que se ha llamado reiterativamente la “insurgencia civil”: los sectores populares y políticos organizados alrededor de otra sociedad posible.

El Presidente electo, Álvaro Uribe Vélez, en las semanas siguientes a su elección no ha cerrado las puertas a un reinicio de las negociaciones con la guerrilla, pero ha puesto como condición un cese de fuego por parte de la guerrilla y se ha inclinado a pedir una mediación de las Naciones Unidas. Ninguno de estos dos anuncios son garantía de esperanza. Por una parte, ya se han ensayado cortos ceses de fuego unilaterales que solo han servido para descartar este mecanismo. En un país inundado de grupos de civiles armados que actúan como escuadrones de la muerte y que cuentan con un respaldo total de las fuerzas armadas para tener las manos libres, y de un poder judicial que solo persigue excepcionalmente a uno que otro paramilitar de los más bajos rangos, un cese unilateral de fuego equivale a atarse la manos para dejarse masacrar. Por otra parte, el “Modelo ONU” de negociación se ha desprestigiado enormemente, luego de los fracasos de Centroamérica, donde los pactos fueron incumplidos y las realidades sociales son hoy peores que en la guerra.

Pero lo que más preocupa es el corazón grande del nuevo Presidente. Lo que hay dentro de ese gran corazón es una profunda simpatía por la solución paramilitar. Es difícil olvidar que el 29 de abril de 1999 él fue el orador central de un gran banquete con el cual la extrema derecha del país le rendía homenaje a dos generales del Ejército, tan comprometidos en la organización de escuadrones de la muerte, que la Fiscalía, por fuertes presiones internacionales, había pedido su exclusión de las Fuerzas Armadas. También es difícil dejar de tener en cuenta las denuncias del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Antioquia, en las que muestra cómo la familia Uribe Vélez solucionó un conflicto laboral y de tierras en una de sus haciendas, mediante una persecución militar/paramilitar que ha dejado un saldo de 12 muertos o desaparecidos entre 1983 y 1997 [6]..

Cuando el Presidente electo promete “seguridad” a los colombianos mediante estrategias que conecten a la población civil con las Fuerzas Armadas, es difícil no imaginarse lo que él lleva tan hondo en su “gran corazón”: los escuadrones de la muerte que han inundado de sangre este país.

Javier Giraldo, S. J.
Bogotá, junio de 2002
Para la revista italiana “América Latina” -


[1Contreras, Joseph, Biografía no autorizada de Alvaro Uribe Vélez (El Señor de las Sombras), Editorial Oveja Negra, Bogotá, 2002, ISBN 958-06-1017-4

[2Cfr. documento “Llamado por Colombia”, emitido en París el 28 de noviembre de 2000, tras un encuentro promovido por el Comité Universitario Francés Pro Colombia.

[3El 19 de abril de 1970 un movimiento opuesto a las clases dirigentes y agrupado en torno a un antiguo dictador militar populista, de la estirpe del Argentino J.D. Perón, ganó las elecciones presidenciales pero se produjo un visible fraude para no entregarle el poder, como lo reconocería 28 años después en un libro el entonces Ministro del Interior Carlos Augusto Noriega: “Fraude en la Elección de Pastrana Borrero”, Editorial Oveja Negra, Bogotá 1998, ISBN 84-8-280-252-3. En 1985, como producto de los primeros diálogos de las FARC con el Presidente Betancur, se creó el partido político UNION PATROTICA, el cual, luego de su primera participación electoral que tuvo un relativo éxito, fue aniquilado: todos sus líderes electos fueron asesinados, con muy contadas excepciones, y gran parte de su militancia asesinada o desaparecida (cerca de 3500 militantes).

[4Ese texto está archivado en la casilla 319 de los Archivos de Seguridad Nacional, Biblioteca Kennedy, y está citado por McClintock, Michael, “Instruments of Statecraft”, Panteón Books, New York, 1992, pg. 222. El texto correponde al informe secreto de una visita a Colombia en febrero de 1962, del General Yarbourough, de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, Carolina del Norte. Allí conceptúa que debe iniciarse inmediatamente el entrenamiento de grupos mixtos, civiles y militares, para desarrollar una estructura represiva cívico-militar que reprima a los partidarios de la ideología comunista.

[5Entre los manuales de contrainsurgencia pueden citarse el de 1962 (traducción del FM-31-1-15 del Ejército de los Estados Unidos); el manual sobre la Guerra Moderna, del francés Roger Trinquier (# 12 de la Biblioteca del Ejército); el EJC J-10 aprobado por el Comando General de las Fuerzas Armadas en 1969; el editado por la Ayudantía del Ejército en 1979; el EJC-3-101 aprobado por el Comando del Ejército en junio de de 1982, y el EJC-2-10 aprobado por el Comando de las Fuerzas Militares en noviembre de 1987. Todos ellos aportan directrices precisas para la conformación de grupos paramilitares que funcionen en estrecha coordinación con el Ejército.

[6Cfr. Comunicado a la Opinión Pública, del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Departamento de Antioquia, de abril/2002, en el que hacen el recuento de la persecución sufrida por las 50 familias de la hacienda La Mundial, del municipio de Maceo (Antioquia), propiedad de la familia Uribe Vélez, que por haber reclamado derechos laborales y de tierras en 1979, y a pasar de haber ganado judicialmente la propiedad de esa hacienda, tuvieron que abandonarla tras la persecución ensañada de estructuras paramilitares que actúan unidas al Ejército, que han producido ya 12 muertes o desapariciones, además de numerosos allanamientos y amenazas

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