Desde los márgenes

Página oficial de Javier Giraldo Moreno, S.J.

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Samper y la Pena de Muerte

marzo de 1996, por Javier Giraldo M. , S.J.

Hasta ahora los gobiernos de Colombia se han destacado por su ingeniosidad para mantener una legalidad compatible con la proscripción de la pena de muerte, mientras sostienen y lubrican permanentemente la más monstruosa maquinaria de muerte imbricada en los diversos engranajes del Estado. Sin embargo, esto no parece satisfacer la necrofilia gubernamental. El Presidente Samper escogió justamente un territorio inundado de sangre, como el departamento del Meta, para anunciar, el pasado 21 de febrero, desde su capital Villavicencio, que su gobierno busca reimplantar la privación "legal" de la vida.

El escenario y el contexto fueron, al parecer, cuidadosamente seleccionados para amortiguar el impacto: la liturgia cristiana del Miércoles de Ceniza fue escogida como "aperitivo" del discurso presidencial y éste se inició con la evocación de la carta de un niño llanero que habría suplicado a su Presidente ir a Villavicencio "para liberar a todos los niños que están secuestrados". En efecto, el tema del secuestro de niños copó varios párrafos del discurso presidencial, en los cuales se mezclaron la ternura y la plegaria, que a la manera de bebida edulcorada debió cumplir el cometido de relajar los esófagos mentales para que pasara el "trago amargo" del anuncio así formula­do:

"En las próximas sesiones del Congreso presentaré, como lo señalé hace algunos meses, al decretar el Estado de Conmo­ción Interior, un proyecto de reforma, que previa la denuncia de algunos compromisos internacionales y unas obligadas consultas institucionales que comenzaré a realizar esta misma semana, nos permita establecer en Colombia la pena de muerte para delitos como el secuestro, las masacres o los homicidios en cabeza de personas totalmente indefen­sas". (Cfr. diario El Colom­biano, 22.02.96, pg. 6A)

Pasado el trago amargo, el cierre del discurso fue inmediato y saturado nuevamente de dulce e infantil emotividad:

"Los convoco a todos. Convoco su apoyo para ganar esta batalla. Que se pronuncien todos los colombianos de buena voluntad y en todas partes. Que salgan los niños y los jóvenes a la calle a pedir por su país. Que salgan también las mujeres que son las guardianas de la paz en Colombia. Que se sienta la energía positiva de todas las oraciones. Vamos a derrotar las fuerzas del mal que se están tratando de tomar a Colombia y lo vamos a hacer con las armas que tenemos a nuestro alcance, con la fe, con la verdad, con la dignidad y con el profundo orgullo que debemos sentir todos, sin excepción, de vivir en el país que quieren los niños de Villavicencio que me invitaron a venir esta mañana y a esta plaza" (ibid.)

La concurrencia, marcada en su mayoría con cruces de ceniza en sus frentes, debió tardar horas, días o semanas para asimilar el signifi­cado letal de este anuncio, nimbado con imágenes de niños que clamaban a su Presidente por soluciones tales, y asordinado por los cantos y plegarias penitenciales de un Miércoles de Ceniza.

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La trampa semántica hábilmente utilizada en el discurso presiden­cial, que ataba con hilos disimulados la petición del niño llanero de "liberar a todos los niños secuestrados" con la respuesta presidencial de "establecer en Colombia la pena de muerte para delitos como el secuestro..." y con el horizonte utópico de "vivir en el país que quieren los niños de Villavicen­cio", brinda un ejemplo claro de los sofismas y recursos emocio­nales con que se suele manipu­lar la conciencia de las masas.

Pero no hay duda de que otras articulaciones simplistas entre problemas, medios y fines, llevan ordinariamente a muchos colombianos a "estar de acuerdo" con la reimplantación de la pena de muerte. Muchos, hastiados de los ríos de sangre que nos inundan, atribuidos a una "aplicación ilegal de la pena de muerte", abogan y suspiran por una "aplicación legal" de la misma, con la ilusión de que ésta última acabará con la primera y estará rodeada de algunas garantías de defensa y -muy probable­mente- de condiciones menos inhumanas que las actuales para morir. Otros, como aquellos "niños llaneros" a quienes el Presidente escucha y cuya voluntad interpreta, piensan que condenando a muerte a los secuestradores, el flagelo del secues­tro desaparecerá. Todas estas posiciones se inspiran en pragma­tismos simplistas, haciendo caso omiso de toda consideración ética, lógica, jurídica, antropológica, sociológica y política (y menos caso aún de toda consideración teológica).

En un medio, como el colombiano, saturado de privaciones violen­tas de la vida, que se dan por decenas de millares anualmente y que responden a prácticas sistemáticas, muchas de ellas social­men­te "legitimadas" y otras implícitamente oficializadas mediante múltiples mecanismos de tolerancia, anuencia y aquiescencia estatal, no produce escándalo hablar de "pena de muerte". ¿No es esto acaso lo más cotidiano de nuestra cotidianidad?

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Matar ilegalmente es una práctica históricamente afianzada en el Estado colombiano. Pero nunca lo ha sido a la manera "salvaje", o sea mediante la única justificación de la fuerza o el poder. Siempre se han encontrado métodos que den a esas muertes "apa­riencia legal". Y dentro de un "Estado de Derecho", que además abolió en su ordenamiento jurídico interno la pena de muerte desde 1910, la única manera de encontrarles "apariencias legales" a esas muertes es introduciéndolas forzadamente en un escenario de "guerra"; si esto no resulta posible, los agentes estatales se disfrazan entonces de "delincuencia organizada ajena al Estado". Lo que importa es lograr el objetivo: privar de la vida a quienes resultan insumisos.

Hace muy pocos días el país vivió un hecho altamente demostrati­vo. El 4 de marzo/96 a las 11 p.m. fue "dado de baja" (término utilizado por organismos del Estado para significar que a una muerte violenta no la consideran "ilegal") el conocido narcotra­ficante JOSE SANTACRUZ LONDOÑO. El Presidente Samper fue desper­tado de su incipiente sueño para recibir la "buena noticia" transmitida telefónicamente por el Director General de la Policía, General Rosso José Serrano. Una hora después, por invitación presidencial, se reunían en la Casa Privada de Palacio, la cúpula de la Policía, el Director del DAS y diversos asesores del Presidente, para festejar el hecho. Según la revista Semana, brindaron con Whiskies. Los mass media reseñaron al día siguiente los festejos, entre ellos las insóli­tas ovaciones tributadas por la Policía al General Serrano, quien asumió verdadera pose de "héroe". A medida que se fueron cono­ciendo, con fuertes limitaciones, los detalles del operativo policial que terminó "dando de baja" al "número tres del Cartel de Cali", el hecho fue apareciendo descarnadamente como un verdadero asesinato ilegal. A pesar de las incongruentes versio­nes de los mass media, pocas personas pudieron creer que el conductor y un fuerte contingente de guardaespaldas de Santacruz "lograron escapar" y que él solo se hubiera enfrentado, con una pequeña pistola, a un enorme contingente de organismos de seguridad del Estado fuerte­mente armados, obligando a éstos a "darle de baja" como mecanis­mo de "legítima defensa". Más tarde se trató de explicar que "los guardaespaldas lo habrían entrega­do" y por eso "huyeron sin combatir". Razón de más para ilegiti­mar esa muerte: si "lo entregaron", lo tuvieron que haber entregado vivo. Acosado por algunos de estos cuestionamientos, el General Serrano optó por regañar a quienes lo cuestionaban, con inocultable furia, negando incluso la legitimidad de cuestiona­miento al abogado de la familia Santacruz, señalándolo como cómplice del narcotráfico, utilizando la misma lógica de los demás órganos del Estado, que acusan de "cómplices de la guerri­lla" a quienes cuestionan las falsas "muertes en combate".

El mensaje fuerte de un Presidente festejando de inmediato una muerte violenta, en compañía de altos funcionarios del Estado, an­tes de someter a examen alguno las circunstan­cias, razones o imperativos que la hicieron "necesaria", revela claramente lo connatural que se ha hecho al Estado, en sus instituciones y agentes, el matar ilegalmente y lo superfluo y baladí que ha llegado a ser el buscarle apariencias legales a esas muertes.

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Pero el Caso Santacruz no es un caso "de rutina". Su elevada posición dentro del Cartel de Cali y el influjo que al parecer éste tenía en la clase política colombiana, a juzgar por los desarrollos del "Proceso 8.000", hace que incluso muchas personas sensibles al valor de la lealtad entre amigos por encima de la moralidad pública, hayan cuestionado duramente al Jefe del Estado por el "festejo de Palacio", viendo en éste una manifestación de "ingratitud" frente a un hombre que habría aportado grandes sumas de dinero para elevarlo al solio presidencial.

Lo públicamente conocido del Proceso 8.000, hace pensar que la "guerra contra el narcotráfico" ha sido una guerra más bien inducida desde el exterior que asumida desde adentro con profun­das convicciones. Los asesinatos a los que se les busca aparien­cia legal "legitimándolos" como "hechos de guerra" son, en su gran mayoría, de otro carácter: se relacionan principalmente con la oposición política o con la descomposición social.

Matar al opositor político o a miembros de organizaciones de masas que se ubican ideológicamente en "la izquierda", o a poblaciones campesinas que habitan en áreas de influjo de frentes guerrilleros, son hechos más fáciles de "legitimar" como hechos de "guerra", acusando a las víctimas de ser "militantes encubier­tos" de organizaciones insurgentes que finalmente se habrían enfrenta­do con la fuerza pública. Las circunstancias en que son "dados de baja" los opositores políticos, jamás tienen la accesibilidad investigativa que tuvo la muerte de Santacruz.

Muchas circunstancias facilitan esta estrategia: el control del área por parte de los victima­rios, quienes pueden acomodar el escenario a su versión de los hechos (vestir de "guerrilleros" a sus víctimas; colocar armas y panfletos junto a sus cadáveres; fabricar las primeras "pruebas" etc.); la inoperancia de la justicia o el control, en gran medida, por parte de los victima­rios, de los procesos judiciales y disciplinarios en orden a su impunidad; la capacidad de los mismos victimarios de neutralizar a víctimas, testigos, familia­res, abogados, fiscales, jueces y procuradores mediante el terror. Pero por encima de todos los mecanismos concretos que han facilitado la caracterización de millares de muertes ilegales como "muertes en combate" (o sea, "legales"), hay que considerar el gran arraigo que aún tiene la ideología de la Seguridad Nacional, en cuyos princi­pios fue formada la actual capa dirigen­te de la fuerza pública colombiana, que tipifica como "enemigos internos" a quienes simpatizan con el socialismo o se oponen a un modelo de Estado de corte "occiden­tal". Dentro de este ámbito doctrinario, "matar a izquierdistas" fue un "derecho" o tarea incuestionable de la fuerza pública hasta los años 80; entonces, las primeras inter­venciones de la Comuni­dad Internacional en defensa de los derechos humanos, llevaron al Estado a diseñar la estrategia paramilitar, la que permitió continuar la matanza ilegal desde una apariencia de "no responsabilidad" del Estado.

Otro blanco persistente de matanza ilegal han sido las víctimas de la descomposición social, que cargan sobre sí las secuelas de la marginación y de la miseria o de los desequili­brios psíquicos y morales que producen estructuras sociales deshumanizantes. Se le ha dado a esta práctica el nombre de "limpieza social" y traduce el "facilismo" con que el Estado quiere resolver los problemas de descomposición y deshumanización extremas: extermi­nando a sus víctimas.

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La práctica de la privación ilegal de la vida, asumida invetera­da­mente por el Estado colombiano frente a sus "enemigos internos" y demás elementos "disfuncionales", legitimada a través de mediaciones ideológicas o mediante estratagemas de "apariencias de legalidad" o de "apariencias de no responsabilidad", ha sido realmente una práctica "exitosa". Gracias a ella, el Estado colombiano ha ido consolidando un modelo de sociedad sin alterna­tiva: eliminó varias generaciones ideológicas y condicionó al menos a la generación siguiente por el terror, para que no vuelva a pensar en cambio estructural alguno; exterminó todos los movi­mientos campesinos y todos los partidos legales de izquierda; acabó con innumerables sindicatos y reestructuró la práctica de los sobrevivientes; vació innumerables zonas rurales, obligando a desplazarse a sus habitantes como prófugos aferrados a la vida y forzados a sumergirse en los cordones de miseria de las ciudades, despojados de todo medio de subsistencia, donde deben permanecer en silencio, si quieren vivir; eliminó incluso a notables líderes religiosos que tomaron muy en serio la lucha por la justicia.

Ahora pocos entienden que el Gobierno quiera retomar la práctica de la privación "legal" de la vida, abandonada constitucionalmen­te desde hace 86 años, cuando sus "éxitos" los ha cosechado a través de las matanzas ilegales. Si el Estado hubiera ingresado en un franco proceso de reflujo de estas prácticas, quizás se entendería que quisiera "substituirlas" por matanzas "lega­les". Pero No. El paramilitarismo y el militarismo, la "limpieza social" y la impunidad, han recibido fuertes espaldarazos del Gobierno Samper, lo que invalida la anterior hipótesis. Solo queda una explicación: el Gobierno quiere matar también "legal­mente" .

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Reimplantar la pena de muerte en el ordenamiento legal colombiano tiene requisitos que el Presidente Samper no ignora. En su discurso de Villavicencio lo manifestó explícitamente cuando dijo que previamente a la presentación al Congreso del proyecto de reforma, se daría la "denuncia de algunos compromisos interna­cionales".

En efecto, Colombia suscribió el 22 de noviembre de 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos, la que fue convertida en legislación interna por la Ley 16 de 1972 y ratificada el 31 de julio de 1973. En el artículo 4, numeral 3, de dicha Conven­ción, se lee: "No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido". Es cierto que Colombia, como cualquier país, tendría el derecho a denunciar la Convención (retirarse de ella), pero tiene que respetar el procedimiento de denuncia previsto en el artículo 78 de la misma: "mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes", pero "dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto".

Además, Colombia suscribió, el 21 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dentro del sistema de la Organización de Naciones Unidas, el cual fue aprobado mediante la Ley 74 de 1968 y ratificado el 29 de octubre de 1969. Tanto este Pacto, como la Convención Americana antes mencionada, imponen restricciones expresas a la pena de muerte, "en los países que no hayan abolido la pena capital"(art. 6,1 del Pacto):

* Las restricciones se refieren a los países "que no la han abolido". Ambos convenios presuponen que debe abolirse (Pacto, 6,2; Convención, 4, 2-3.).

* Solo puede imponerse por los delitos más graves (Pacto, 6,2; Convención, 4,2)

* Solo puede aplicarse mediante sentencia ejecutoriada de un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito y que no sea contraria al Pacto ni a la Conven­ción (Pacto, 6,2; Convención, 4,2)

* No se puede extender a delitos a los cuales no se aplicaba al adoptarse la Convención, ni se puede restablecer en países que la hayan abolido (Convención, 4,2-3)

* No se aplicará en ningún caso a delitos políticos ni a delitos comunes conexos con los políticos (Conven­ción, 4,4).

* Toda persona condenada a pena de muerte tiene derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de la pena ante autoridad competente (Convención, 4,6).

* No se puede imponer en ningún caso a quienes tengan menos de 16 años en el momento de cometer el delito (o menos de 18 años para la Convención), ni a mujeres embaraza­das (Pacto, 6,5; Convención 4,5) ni a mayores de 70 años (Convención 4,5)

No hay duda que la filosofía, tanto del Pacto como de la Conven­ción, es abolicionista. Pero frente a la realidad de muchos países que aún conservan la pena de muerte, ambos convenios prevén fuertes restricciones.

La Resolución No. 2857 de la Asamblea General de la ONU, del 20 de diciembre de 1971, afirmaba:

"para garantizar plenamente el derecho a la vida, consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el objetivo principal que debe buscarse es reducir progresivamente el número de delitos a los que se pueda imponer la pena capital, habida cuenta de la conveniencia de abolir esa pena en todos los países".

El 15 de diciembre de 1989, la ONU adoptó el SEGUNDO PROTOLOCO FACULTATIVO AL PACTO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS CON MIRAS A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE. Esta decisión contó con el voto favorable de Colombia, entre otros 60 países. Sin embargo, Colombia no firmó ni ratificó posteriormente dicho Protocolo.

El anuncio hecho por el Presidente Samper en Villavicencio implica, pues, denunciar los principales tratados internacionales de derechos humanos; derribar importantísimas barreras jurídicas de protección a los derechos fundamentales del ser humano; colocarse de espaldas a la filosofía de los mismos y aislarse de la comunidad internacional en esta materia.

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Cuando se toman posiciones despectivas frente al Derecho Interna­cional de los Derechos Humanos o frente al Derecho Internacional Humanitario, no solo se pisan terrenos jurídicos en que se discuten conveniencias o inconveniencias de determinadas normas, sino que hay, en el fondo, discrepancias radicales en torno a la legiti­mación del Estado.

Superadas las épocas históricas en que los Estados se "legitima­ron" en cuanto estructuras de dominación de unos grupos o capas sobre otras, se fue erigiendo como único Estado legítimo aquel que se afirma como estructura garante de los derechos iguales de todos los asociados.

Tal filosofía del Estado implica reconocer que, por encima de lo que cualquier Estado pueda construir como ordenamiento jurídico interno, existe una juridicidad superior que limita y condiciona el poder del Estado y en obediencia a la cual todo Estado funda su primer principio legitimante: la salvaguarda del ser humano en su esencialidad, o sea, el respeto y garantía de sus derechos fundamentales.

Tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como el Derecho Internacional Humanitario constituyen instrumentos que, si bien no son las expresiones perfectas de dicha juridicidad superior, son las expresiones más acabadas de consenso de la Comunidad Interna­cional sobre esa juridicidad trascendente a los Estados, conquis­tadas tras prolongados procesos históricos en que ha sido necesario vencer enormes resistencias e inercias, afinar los fundamentos teóricos en infinidad de simposios y debates y superar innumerables prejuicios, condicionamientos y desconfian­zas. La sola Convención Internacional contra la Tortura supuso 20 años de trabajos intensos en búsqueda de consenso internacional.

Colocarse, pues, de espaldas a esa filosofía, es resbalarse por la peligrosa pendiente que coloca al Estado por encima de la salvaguarda del ser humano, poniendo ésta al servicio de aquél. Sobre este principio se construyeron todos los absolutismos antihumanos.

Y dentro de ese cuerpo de juridicidad superior, que trasciende los poderes del Estado y al servicio del cual debe colocarse éste, ocupa lugar primordial el DERECHO A LA VIDA DE TODO SER HUMANO (Cfr. Declaración Universal, art. 3; Declaración America­na, art.1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 6; Convención Americana de Derechos Humanos, art. 4; Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, art. 3 común.)

Privar de la vida, mediante procedimientos ajustados a las leyes internas de los Estados, no deja de ser una práctica profundamen­te contradictoria con esa juridicidad superior, práctica que ha mostrado tener "cara dura" en la historia humana, pero cuya "legitimación" ya no encuentra argumentos válidos. Numerosos documentos de las Naciones Unidas insisten en que dicha práctica debe abolirse y que si se ha tolerado por resistencias políticas aún no supera­das, no lo ha sido porque sea, en alguna medida, éticamente aceptable.

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Se suelen esgrimir diversas justificaciones de la pena de muerte:

* Para algunos, hay crímenes tan horrendos que el único castigo equitativo sería la pena de muerte. ¿Cómo sancionar, por ejemplo, de una manera justa, a quien ha destruido varias o numerosas vidas humanas? La única manera de "hacer justicia", en casos como estos, sería aplicando la pena de muerte.

A este argumento subyace una concepción de la acción punitiva del Estado que la identifica con la venganza, o con el principio de "ojo por ojo". Si el castigo debe buscar equipararse al crimen y tener como único fin hacer sentir al delincuente el mismo mal que él causó a la víctima, la justicia queda irremediablemente atrapada en el esquema de la venganza. Pero justamente para evitar esto, que además sumergiría a la sociedad en una cadena sin fin de venganzas, en un Estado de Derecho es el Estado el que ejerce la justicia buscando el bien de la sociedad, evitando que los particulares la ejerzan por su propia mano en búsqueda de satisfacción de sus instintos de venganza y envuelvan al cuerpo social en cadenas infinitas de retaliaciones.

En los Estados democráticos se concibe como fin primordial de la justicia: la regeneración y resocialización del delincuente y no su destrucción, sin dejar de lado el carácter de castigo, pero enfocando éste, pedagógicamente, en función de aquel.

Es cierto que en Colombia el sistema penitenciario está lejísimo de regenerar o resocializar, llevando más bien a la degeneración total del delincuente. También es cierto que la corrupción proverbial de nuestra justicia y de nuestro sistema penitenciario conducen a una impunidad tal, que revierte en el más eficaz aval y fomento de la criminalidad.

¿Qué hacer ante esto? ¿Propender por una destrucción más radical de los delincuentes y por la introducción de dinámicas de venganza en la sociedad, mediante la implantación de la pena de muerte, o invertir esas energías en el impulso a políticas de regeneración y de resocialización?

La solución de este dilema no puede darse en el solo marco de criterios jurídicos, sociológicos o políticos. Allí se imponen, sin lugar a dudas, criterios éticos, filosóficos y teológicos. Está de por medio la valoración del ser humano.

* Otro argumento que se esgrime en favor de la pena de muerte es el "efecto disuasivo" que ésta tendría sobre otros delincuentes y, por lo tanto, su carácter de "muro de contención" frente a la multiplicación de los crímenes.

Este argumento ha resultado bastante ilusorio. Ni las estadísti­cas ni la psicología lo respaldan. La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de América, en un documento de 1976, afirmaba: "No existe ninguna prueba convincente que apoye la afirmación según la cual la pena de muerte sería ejemplar, o para usar términos modernos, disuasiva. Los estudios no han podido descu­brir ninguna correlación significativa entre la presencia de la pena de muerte y las tasas de criminalidad".

Quien haya profundizado algo en la psicología de los delincuen­tes, sabe, además, que en ellos el cálculo de las consecuencias no tiene un peso motivacional importante en la ejecución del delito, como sí lo tienen ciertos impulsos o pasiones, ciertos intereses o ciertos condi­cionamientos ideológicos.

* Un argumento más de fondo presenta la pena de muerte como un "derecho" de la sociedad a "defenderse" de quienes perturban el orden público o la paz social.

Este argumento ha sido el más favorecido en los debates filosófi­co/jurídicos e incluso teológicos. Sus formulaciones se remontan a la Edad Media y tuvieron acogida incluso en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. No hay que olvidar, sin embargo, que el entramado ideológico que le sirvió de telón de fondo fue una filosofía/teología del poder, que puso el énfasis en la defensa y aún "sacralización" de los poderes constituidos o del "princi­pio de autoridad", haciendo bastante caso omiso de los derechos de los "súbditos" y de la legitimación misma del poder en cuanto garante de estos derechos.

Para no pocos juristas, filósofos y teólogos, este argumento conserva aún su plena validez. La misma Iglesia Católica temió desprenderse totalmente del mismo al redactar el último Catecismo en 1992 (cfr.No. 2266), aunque le puso extremas restricciones y lo rodeó de condiciones que lo invalidan en la práctica.

Este argumento implica que, el "derecho de defensa de la socie­dad" exige colocar al agresor en la imposibilidad de agredir, y cuando el riesgo de agresión es grave o permanente, la defensa de la sociedad exige eliminar al agresor. A esto se añade que las penas deber ser proporcionadas a la gravedad del delito, y que si los delitos son extremadamente graves, solo la pena de muerte les sería proporcional.

La primera parte del argumento no tiene validez alguna cuando se trata de los Estados, pues estos tienen todos los medios a su disposición para colocar al agresor en la imposibilidad de agredir. ¿Cuál es, si no ésta, la función de los sistemas penitenciarios y de las legislaciones penales? La falla habría que buscarla en estos sistemas o en esas estructuras legales. El argumen­to solo tendría validez para instancias de poder no estatales, que ven en los Estados o poderes constituidos "agreso­res" de la sociedad y no tienen otros medios de colocar al agresor en la imposibilidad de agredir.

La segunda parte del argumento nos remite de nuevo a sistemas penales fundamentados en la venganza o la retaliación. Si la función de la pena es "vengar" a la víctima, o hacer sentir al delincuente las mismas consecuencias que él produjo en su víctima, el argumento sería plenamente válido, pero entonces la sociedad se vería sumergida en la dinámica de la venganza y la retaliación en cadenas infinitas. ¿Qué argumento impediría, entonces, que los parientes del condenado a muerte exigieran dar muerte también a quien le aplicó a aquél la pena de muerte? Lo lógico sería que pudieran exigirlo. En este punto justamente el Catecismo Católico de 1992 ilegitima el recurso a la pena de muerte tolerado en el párrafo anterior, al establecer los fines que deben tener las penas: a) "compensar el desorden introducido por la falta"; b) "preservar el orden público y la seguridad de las personas"; c) "valor medicinal ... contribuir a la enmienda del culpable" (Cfr. No. 2266, par. 2).

Las reacciones producidas en el mundo cristiano por el párrafo 2266 del Catecismo católico de 1992, llevaron al Papa Juan Pablo II y a sus asesores a explicar mejor su posición en la Encíclica Evangelium Vitae de 1995: "La medida y la calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente, sin que se deba llegar a la medida extrema de la eliminación del reo, salvo en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo. Hoy, sin embargo, gracias a la organización cada vez más adecuada de la institución penal, estos casos son ya muy raros, por no decir prácticamente inexis­tentes" (Evangelium Vitae, No. 56). Como se vio antes, para los Estados estos casos no existen, y si existieren, la falla estaría en la institución penal y sería ésta la que habría que refor­mar.

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El hecho crudo de privar de la vida a un ser humano mediante un acto consciente o "legal", puede apoyarse en muchas "justifica­ciones", como se ha visto, pero ninguna de ellas puede hacer caso omiso del acto en sí mismo, de su cruda materialidad y objetivi­dad, así se tome como medio "necesario" o "lícito" para lograr fines "válidos". A nuestro modo de ver, la materialidad misma del acto pone en cuestión cualquier tipo de justificaciones.

Las justificaciones están siempre sujetas a posiciones ideológi­cas que llevan incluso a concebir de maneras antagónicas los supuestos "agresores" de la sociedad. Para unos, agrede gravemen­te a la sociedad el que se insubordina frente al orden estableci­do y utiliza la violencia armada contra el mismo; para otros, agrede gravemente a la sociedad el que fomenta y controla estructuras económicas, políticas y culturales discriminatorias que mantienen en situaciones infrahumanas a grandes capas sociales. Tampoco el concepto de "poder legítimamente constitui­do", que debería detentar el monopolio de las armas en bien del cuerpo social, es un concepto unánime. Los conceptos de "leyes justas" y de "guerra justa" hoy son ampliamente discutidos.

La "legitimación democrática" del poder atraviesa hoy por serios cuestionamientos, toda vez que el desarrollo escandaloso de mecanismos de manipulación de las conciencias en el mundo actual, a través de los mass media y de las grandes concentraciones de capital, ponen en cuestión la libertad electoral (la actual coyuntura colombiana es demostración dramática de esto). Desde el siglo pasado, la sociología del Estado ha ido desvelando las falencias estructurales de este aparato, que difícilmente escapa a la caracterización como instrumento de poder de una capa social en contra de otras.

Una vez abierta la compuerta de la muerte, al permitir que la privación de la vida tenga carácter de medio, el acto de matar podrá ser feriado "legítimamente" en la plaza multicolor de los fines.

El acto de matar debe ser enfrentado en sí mismo, en su cruda materialidad, antes de revestirlo con la máscara de un "medio". Consiste en destruir una vida humana de la misma naturaleza que la mía. Al contradecir, en su esencia, con ese acto, el valor que atribuyo a mi propia vida cuya imagen especu­lar es la del otro, me sitúo objetivamente al margen de lo humano, en el terreno de lo in-humano. Y si el "derecho" expresa lo que la naturaleza demanda como exigencia congénita, cuando me sitúo en el terreno de lo in-humano el "derecho" desaparece: no puede existir "derecho" alguno a privar a otro de la vida. No puede existir "derecho" alguno a propinar penas in-humanas.

Cuando en 1992, una comisión de juristas franceses, a petición del Ministro de Relaciones Extranjeras de Francia, elaboró un documento que serviría de base para la creación de un Tribunal Penal Internacional que avocara los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el territorio de la antigua Yugoslavia, al considerar la posibilidad de sugerir, entre las penas aplicables, la pena de muerte, la Comisión se expresó así:

"El Comité se ha opuesto decididamente a la pena de muerte. Por abominables que sean los crímenes, utilizar contra los terroristas la misma lógica de muerte que ellos practican sin piedad, equivale, para una democracia, a hacer suyos los valores de los mismos terroristas" (Comité de Reflexion sur la creation d’un Tribunal Penal International appelé a juger des crimes commis dans l’Ex-Yugoslavie, 1993, pg. 32)

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En la tradición cristiana, el valor de la vida humana tiene un carácter absoluto. Sobre el derecho a la vida y sobre el valor de la vida se construyen los demás derechos y valores. Por ello es inviolable. El cristiano es consciente de no haber sido el autor de su propia vida y por ello la vive como un don y como un misterio que le franquea la comunión con una realidad que lo trasciende. En la humanidad de Cristo esa trascendencia se humaniza pero al mismo tiempo "divinizando" al hombre: "todo lo que hicisteis con alguno de estos, mis más humildes hermanos, conmigo lo hicisteis" (Mt. 25,40)

Diversas iglesias cristianas se han pronunciado sobre la pena de muerte inspiradas en su fe:

* "Si el Estado castiga el asesinato cometiéndolo él mismo, el efecto sobre la sociedad es envilecedor y tiende a impulsar la violencia que trata de impedir" (Quákeros, 1956)

* "Trabajamos por la abolición de la pena de muerte, pues esta viola el carácter sagrado de la vida humana y está en contradic­ción con nuestra fe en la capacidad que tiene el hombre de transformarse ...

La pena de muerte es una violación del derecho fundamental a la vida; es un castigo cruel e inhumano que deshumaniza a todos los que se implican en su ejecución" (Quákeros, 1989)

* "la destrucción de una vida humana por el Estado excluye la redención y la reconciliación del culpable y por ello es contra­ria a la noción del amor cristiano, tal como se nos revela en el Nuevo Testamento ...

la pena de muerte es irreversible, y por ello mismo es cualitati­vamente diferente, por su misma naturaleza, a todo otro casti­go" (Consejo Ecuménico de las Iglesias, 1990).

* "toda vida humana es un don de Dios y ningún hombre tiene derecho alguno a suprimirla mediante una acción judicial ...

la pena de muerte viola el derecho fundamental a la vida de todo ser humano. Es irreversible e impide toda posibilidad de reinte­gración del culpable a la sociedad" (Conferencia de las Iglesias de Europa, 1991)

* "no es permitido matar y es necesario tomar distancia, decidi­damente, de todo aquel que alimenta perspectivas de muerte. El mal no vence al mal; la muerte no se vence con muerte: ella se vence mediante la fuerza y la inteligencia del amor" (Conferencia Episcopal de Italia, 1981)

* "El hecho de matar a un ser humano, sea culpable o inocente, es un crimen y un grave pecado ante Dios. La pena de muerte no ha solucionado el problema del aumento de la criminalidad. Con frecuencia vemos la gravedad de los crímenes, lo discutimos, juzgamos y condenamos a los criminales, pero no nos interrogamos sobre lo que impulsa a la persona a cometer el crimen" (Iglesia Ortodoxa de Georgia, URSS, 1990, carta del Patriarca a Gorbatchev por la abolición de la pena de muerte).

* "No corresponde a los hombres fijar el momento de la muerte de una creatura humana. Por culpable que sea un hombre, por quien Cristo murió, no puede ser privado del tiempo de la paciencia y del arrepentimiento que Dios ofrece al pecador...

Siendo la justicia humana relativa, no puede tomar decisiones irreversibles que solo pertenecen al juicio de Dios...

Las tasas de criminalidad no parecen estar relacionadas a la aplicación o no aplicación de la pena de muerte" (Federación Protestante de Francia, 1963)

* "Desde que el Hijo de Dios se hizo hombre, Jesucristo se perfila tras el rostro de cada hombre, cualquiera sea la gravedad de su pecado, y lo llama a la salvación ..

En el curso de su historia, el pueblo de Dios ha tomado progresi­vamente consciencia, de manera cada vez más viva, sobre la profundidad del llamado a respetar al hombre, imagen e hijo de Dios. En la época contemporánea, la Iglesia, mediante diversas intervenciones, testifica que dicho llamado debe ser entendido sin reserva. A través de su rostro ella quiere que sea reconocido cada vez más el rostro de Jesús, quien no vino a condenar sino a salvar... la pena de muerte debe ser abolida" (Comisión Social del Episcopado Francés, 1978)

"Y dijo Dios:
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ...

y creó Dios al hombre a su imagen
a imagen de Dios lo creó
varón y mujer los creó

Y los bendijo Dios ...

Y vio Dios lo que había hecho
y era muy bueno.

(Gen.,1, 26 - 31)

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