Desde los márgenes

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Comunidad de Paz San José de Apartadó, Antioquia Colombia

Derecho de Peticion No. 8

Viernes 21 de enero de 2005, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, septiembre 20 de 2004

Doctor
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Casa de Nariño
Ciudad

Ref.:
- Derecho de Petición de 29.07.03 - Rad: 152982
- Derecho de Petición de 15.10.03 - Rad: 195947
- Derecho de Petición de 15.01.04 - Rad: 241719
- Derecho de Petición de 26.02.04 - Rad: 260021
- Derecho de Petición de 05.04.04 - Rad: 279992
- Derecho de Petición de 20.05.04 - Rad: 300313
- Derecho de Petición de 06.07.04 - Rad: 320803
- Oficio 33803 de Secretaría Jurídica de Presidencia

De toda consideración.

Con fecha de 15 de julio de 2004 recibí el oficio No. 33803 remitido por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en el cual se me comunicó que por instrucciones suyas, Señor Presidente, se acusaba recibo del Derecho de Petición del 6 de julio del presente, en el cual también se cuestionaba el trámite dado a los anteriores Derechos de Petición a lo cual dicho oficio se refiere.

La argumentación jurídica que sustenta, en dicho oficio, el trámite dado a mis Derechos de Petición anteriores, consistente en remitir copias a instancias judiciales o disciplinarias del Estado, busca apoyarse en los artículos 6 y 121 de la Constitución y en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, así como en algunas sentencias de la Corte Constitucional. Toda la argumentación, sin embargo, se apoya en el supuesto de que el Presidente de la República no es competente para ejercer funciones que son allí consideradas como competencia de otras ramas del poder público y que, por lo tanto, en acatamiento de los principios constitucionales y legales, su obligación consiste en remitir las peticiones a los funcionarios competentes.

Este enfoque desconoce, sin embargo, la naturaleza de las peticiones dirigidas a Usted, Señor Presidente, desde el 29 de julio de 2003 y citadas en el encabezamiento de este escrito. En todos esos ejercicios del Derecho Constitucional de Petición, referidos a la situación que vive la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los demás pobladores de ese corregimiento, he sido muy explícito en solicitar medidas de carácter administrativo para las cuales la Constitución y las leyes vigentes no solo dotan de atribuciones al Jefe del Estado, sino que, tratándose de los derechos fundamentales de la población, le imponen la obligación de tomar dichas medidas en ejercicio de su deber de garantía y protección, como se evidencia en los artículos de la Constitución y del mismo Código Contencioso Administrativo que he citado reiteradamente.

En efecto, ningún otro funcionario del Estado estaría facultado para tomar medidas de carácter administrativo, con la urgencia que los hechos demandan, ante conductas criminales de comandantes de brigadas, de batallones o de otras unidades de la fuerza pública que colocan en alto riesgo la vida, la integridad y la libertad de poblaciones enteras o que vulneran esos derechos de una manera sistemática, a no ser el Presidente de la República, quien es el nominador de esos cargos de libre nombramiento y remoción, a través de las respectivas cadenas jerárquicas. Esto es tanto más evidente, cuanto en los mismos Derechos de Petición se ha abundado en informaciones y análisis sobre la ineficiencia sistemática de las instancias judiciales y disciplinarias del Estado que han convertido en nugatoria cualquier petición de justicia o de acción disciplinaria que se refiera a la protección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La misma Sentencia T-327/04 de la Corte Constitucional, ampliamente analizada en mi último Derecho de Petición (Rad: 320803), muestra que incluso la Acción de Tutela, como mecanismo de protección constitucional frente a situaciones que ponen en riesgo inminente los derechos fundamentales, ha sido denegada por jueces y magistrados cuando se trata de la población de San José de Apartadó, desconociendo los principios más elementales de lo que es la esencia de la Acción de Tutela, que la distingue de un proceso penal o disciplinario, como lo recalcó la Corte Constitucional.

Los Derechos de Petición referidos han señalado reiterativamente la impunidad sistemática que cobija los centenares de crímenes de que ha sido víctima la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los demás pobladores de la zona, a pesar de los numerosos intentos y clamores para que haya justicia, pero también han sido muy explícitos en señalar que las peticiones apelan a las facultades de carácter administrativo con las que la Constitución reviste al Jefe del Estado con el fin de que pueda cumplir con obligaciones que la misma Constitución le impone, siendo la más pertinente en nuestro caso la de garantizar los derechos a la Vida, a la Integridad y a la Libertad de los ciudadanos, criminalmente agredidos por funcionarios del Estado cuyo nombramiento depende directamente del Jefe del Estado, y por civiles que a todas luces actúan bajo la incentivación, aquiescencia, coordinación, apoyo y protección de esos mismos funcionarios. En este orden de ideas, he citado también reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el deber de garantía que incumbe a los superiores jerárquicos y que tiene consecuencias en la responsabilidad penal de los crímenes perpetrados, pues la Corte afirma que si un superior no evita un delito de lesa humanidad “por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior y no el simple incumplimiento de un deber funcional” (Sentencia SU-1184/01, pg. 31).

Esto explica, Señor Presidente, por qué no considero respondidos “ad rem” los Derechos de Petición referidos en el encabezamiento de este nuevo Derecho de Petición, ya que las respuestas recibidas anteriormente simplemente informan sobre remisión de copias a otras instancias, a pesar de que las PETICIONES han estado dirigidas al Señor Presidente, apelando a obligaciones constitucionales allí citadas y a facultades constitucionales también citadas allí, que miran a posibilitar el cumplimiento de esas obligaciones. Todo esto muestra que no se dan aquí las condiciones de aplicación del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, como lo presupone la última respuesta de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pues, en este caso, el único funcionario competente del Estado, facultado por la misma Constitución para tomar decisiones que atañen a su función de comandante supremo de las fuerzas armadas (Art. 189,3) y para “nombrar y remover libremente a sus agentes” (Art. 189,13), sobre todo cuando las conductas de dichos agentes le exigen en forma apremiante “garantizar los derechos y libertades” de los ciudadanos (Art. 188), dado que se hace responsable de “sus actos u omisiones que violen la Constitución y las Leyes” (Art. 199) es el Presidente de la República, y dado que a esas obligaciones y facultades se han dirigido explícitamente mis Derechos de Petición relativos a la Comunidad de Paz y a los pobladores de San José de Apartadó, salta a la vista que las respuestas recibidas no son pertinentes. Ningún otro funcionario ni ninguna otra instancia del Estado podría conceder o negar las peticiones explícitamente formuladas y asumir jurídicamente las consecuencias de esa concesión o negación.

En cuanto a las instancias judiciales y disciplinarias del Estado, la Comunidad de San José desde hace muchos años ha solicitado numerosas veces, de forma apremiante, la acción de la justicia, con miras a que los hechos sean oficialmente esclarecidos, sus responsables sancionados y sus víctimas reparadas. Aún más, la Comunidad ha colaborado en todo lo que ha estado a su alcance con los funcionarios de la justicia, dentro de las limitaciones propias de víctimas sometidas al terror por unos victimarios que han mantenido y siguen manteniendo un control absoluto de la zona con la aquiescencia y colaboración de las diversas instituciones del Estado, y dentro de los conocimientos que es posible obtener frente a procedimientos que recurren a numerosos tipos de camuflaje y engaño. Sin embargo, como lo he analizado repetidas veces en mis anteriores Derechos de Petición, la justicia no actúa contra los crímenes perpetrados en San José de Apartadó; todos los crímenes allí perpetrados permanecen en la más absoluta impunidad. Y la justicia no actúa, no solamente por la incompetencia o falta de voluntad de los funcionarios concretos que se han sucedido en los cargos, sino por la adopción de métodos investigativos y de procedimientos que estructuralmente e ineludiblemente conducen a la impunidad, como, por ejemplo, el hacer descansar la carga de la prueba en las mismas víctimas, descartando todo procedimiento probatorio que no sea constituido por declaraciones de las mismas víctimas o de quienes configuran su entorno familiar y social. Un análisis de los precarios expedientes existentes es contundente para demostrar esto, y a pesar de ello la Vicepresidencia se ha negado a constituir una comisión de evaluación de la justicia, que la Comunidad ha venido solicitando insistentemente desde hace varios años.

Dado que la situación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se continúa degradando, no obstante las decisiones excepcionales tomadas por la Corte Constitucional en su Sentencia T-327 del 15 de abril de 2004, nuevamente recurro al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, así como en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, para solicitarle, Señor Presidente, medidas urgentes de carácter administrativo que protejan los derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de los pobladores de dicho corregimiento y que restauren de alguna forma los daños y perjuicios graves que agentes de su administración, que dependen de su libre nombramiento y remoción, han causado a dicha población desprotegida, la cual ha hecho esfuerzos muy meritorios por afianzar la paz en un territorio marcado por la violencia.

Los HECHOS ocurridos en el corregimiento de San José de Apartadó con posterioridad al último Derecho de Petición, que demuestran cómo sigue vigente el cuadro sistemático de agresiones contra la población, por parte de militares y paramilitares que actúan de consuno en la región, son los siguientes:

El 28 de junio de 2004 la joven Luz Eneida Delgado, de 24 años, habitante de la zona rural de San José de Apartadó, fue retenida forzadamente por un paramilitar en la Terminal del Transporte de Apartadó, mientras esperaba un vehículo para regresar a San José. Cuando ella quiso acudir a un policía que se encontraba a pocos metros para pedir auxilio, el paramilitar le hizo ver que él portaba armas y podría usarlas contra ella. Fue obligada a subirse a una buseta vacía y minutos después amarrada a una banca de la buseta y vendada. Fue conducida a una finca en cercanías de Chigorodó donde la interrogaron acerca de muchos miembros de la Comunidad de Paz y le preguntaban si la guerrilla tenía presencia en San José. Las presiones se combinaban con ofertas para que trabajara con los paramilitares, ofreciéndole salario y vivienda. En la noche la obligaron a tomar licor, a pesar de su insistente rechazo a tomarlo, y al ingerir un poco de la bebida que le ofrecieron se sintió muy mal. Delante de ella comentaban que esa misma noche se iban a tomar a San José. Al amanecer la hicieron acostar en una cama a la cual la sujetaron con cuerdas. Ante su llanto permanente, al día siguiente la enviaron a Apartadó en un taxi que llegó a la finca. En Apartadó la dejaron libre pero la amenazaron con matarla si contaba algo de lo sucedido.

El 2 de julio de 2004,la Comunidad de Paz de San José de Apartadó le envió un documento a la Vicepresidencia de la República en el cual concretaba dos propuestas que había reiterado oralmente en varias reuniones con entidades del Estado. La primera consiste en una COMISIÓN DE OBSERVACIÓN, conformada por delegados de instituciones del Estado y acompañada por miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual recorrería el territorio de San José y verificaría las condiciones de vida y trabajo de sus gentes, dialogaría con los pobladores y llegaría de improviso a diversos lugares para que comprueben la falsedad de los estigmas con que el gobierno y las fuerzas armadas han marcado y siguen marcando a la comunidad. La segunda propuesta consiste en invitar a la Vicepresidencia y a la Defensoría del Pueblo para que asistan, a través de delegados, al período de intercambio de saberes que ha organizado la Universidad de las Comunidades en Ruptura y Resistencia -RECORRE- y que tendrá lugar en una de las veredas de San José durante todo el mes de agosto. Allí podrán comprobar cómo los campesinos de más de 10 comunidades de diversas zonas del país intercambian conocimientos sobre los problemas agro-alimentarios y se evitará que estigmaticen también ese evento y lo tilden de actividad de la insurgencia, como se hace con todo lo que ocurre allí. En el mismo documento, la Comunidad reiteró su petición de que se conforme una COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA JUSTICIA, que pueda dar recomendaciones técnicas sobre la superación de la impunidad de tantos crímenes de lesa humanidad, propuesta que desde el año 2002 está en manos de la Vicepresidencia pero que no ha merecido ninguna respuesta. Ninguna de las propuestas ha recibido respuesta del gobierno.

El jueves 15 de julio de 2004, el niño Elías Guzmán, de 12 años de edad fue retenido y desaparecido por un contingente de paramilitares que habían subido por la vereda La Esperanza y llegaron a la vereda Las Nieves, disparando allí de manera intermitente durante dos horas. El niño fue raptado cuando se dirigía a llevarle una bestia a su padre quien estaba sembrando fríjol. Su padre, angustiado, encontró al día siguiente la camisa del niño, de la cual había sido despojado violentamente, pues estaba al revés. El niño había sido llevado amarrado a Playa Larga, en el corregimiento de Nueva Antioquia, donde se ha denunciado desde hace 8 años la presencia de una enorme base paramilitar que durante largos períodos ha funcionado a pocos pasos de una base militar, actuando frecuentemente en unidad de acción militares y paramilitares. Luego de 8 días de privación de la libertad, el niño fue entregado a su madre a través de la Cruz Roja Internacional. En algunos momentos sus victimarios comentaron que lo iban a matar y en una ocasión le dispararon un arma junto a los pies. Le robaron sus botas y su reloj y lo presionaron para que informara sobre sus vecinos ofreciéndole dinero si decía dónde escondían los fusiles.

El domingo 18 de julio de 2004, a las 6 horas, fueron allanadas por miembros del ejército cuatro casas de integrantes de la Comunidad de Paz, ubicadas a 10 minutos del caserío de San José en el camino hacia la vereda de La Unión. 15 militares entraron a las casas sin explicación ninguna y comenzaron a requisar y a revolcar todos los enseres de las familias. Luego pidieron documentos de identidad de los pobladores y anotaron nombres y números de cédulas en listas. Cuando algunas familias solicitaron se les mostrara la orden de allanamiento, simplemente respondían que ellos podían hacer lo que quisieran sin que nadie se los impidiera y que la población tenía que acostumbrarse a eso, les gustara o no les gustara. Advirtieron, además, que ya tenían un plan muy bien diseñado para acabar con esa Comunidad y con sus líderes.

El viernes 23 de julio de 2004, hacia las 10 horas, el paramilitar WILMAR DURANGO, quien se encontraba en la Terminal de Transportes de Apartadó, manifestó a pobladores de San José que esperaban un vehículo para su regreso, que los líderes de la Comunidad de Paz de San José van a ser asesinados o judicializados y que están estudiando el momento más oportuno para ejecutar el plan, en el cual él está involucrado personalmente. Nuevamente reiteró que la Comunidad puede poner todas las denuncias que quiera, las cuales a él solo le causan risa, pues él trabaja con el ejército y éste lo ha “limpiado” en la Fiscalía.

El sábado 24 de julio de 2004 llegaron a la Comunidad dos cartas remitidas por el paramilitar WILMAR DURANGO, fechadas el 22 de julio. En una de ellas, dirigida a uno de los miembros del Consejo Interno de la Comunidad, revela los montajes que está haciendo con el ejército para intentar judicializar a los líderes de la Comunidad: quieren acusarlos de relacionarse con la guerrilla y de “mandar a matar” a pobladores de San José, que la guerrilla ciertamente asesinó, en hechos que la Comunidad condenó siempre enérgicamente, como consta en sus pronunciamientos públicos. En otra de las cartas, dirigida al Presidente del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, afirma que la comunidad trabaja con la guerrilla, ya que “por ahí es la única parte por donde pasan la comida para esos desgraciados”, e insiste en encontrarse con él “clandestinamente”. En esta última carta registra el número de la cédula del Presidente del Consejo Interno de la Comunidad, evidenciando una vez más que él participó en el asalto a mano armada del vehículo en que se transportaban los dineros de la Comunidad, el 9 de diciembre de 2003, pues en ese asalto fue robada la cédula cuyo número ahora registra en su misiva.

El viernes 30 de julio de 2004, hacia las 18 horas, fue asesinado el Señor LEONEL SÁNCHEZ OSPINA, de 54 años de edad, en el barrio Mangolo, ubicado en la salida de Apartadó hacia San José. En el momento en que fue agredido bajaba de San José en su camioneta, pues él transportaba y vendía en San José bolsas de agua potable. Un grupo de paramilitares con armas cortas y en trajes civiles lo obligaron a bajarse de la camioneta; lo condujeron a un lado de la carretera y allí lo asesinaron. Esto muestra que continúa el control paramilitar de la carretera entre Apartadó y san José, la cual desde hace 9 años es escenario de acciones violentas conjuntas o alternas de militares y paramilitares.

El sábado 31 de julio de 2004, cuando uno de los integrantes de la Comunidad de Paz transportó un poco de gasolina hacia la vereda Arenas Altas, con el fin de proveer al funcionamiento de una pequeña planta eléctrica que debía servir para las actividades de la Universidad de la Resistencia, la cual congregaría durante todo el mes de agosto a delegados de más de 10 comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de diversas zonas del país, en un intercambio de saberes sobre aspectos agro-alimentarios, los paramilitares amenazaron a la persona que transportaba la gasolina y lo acusaron de llevarla por encargo de la guerrilla. Ese mismo día, hacia las 14 horas, los militares que colocaron un retén en la vereda La Balsa, sobre la carretera que de Apartadó va hacia San José, estuvieron indagando por la persona que transportó la gasolina, afirmando que “según sus informaciones, trabaja con la guerrilla”, a pesar de que la Vicepresidencia de la República y otras instituciones del Gobierno y del Estado estaban informadas sobre las actividades de la Universidad y se habían comprometido a transportar o al menos a facilitar y proteger el transporte de los insumos que se requerían, lo que no hicieron.

En la primera semana de agosto de 2004 se recibieron en la Comunidad de Paz de San José, mensajes enviados por los paramilitares desde Apartadó, según los cuales, se prohibía toda comercialización de la madera, que es uno de los medios de subsistencia de algunas familias. Héctor Gómez, integrante de la Comunidad de Paz, quien compra la madera a algunos campesinos en las veredas para luego venderla en Medellín, fue advertido por los paramilitares de dicha prohibición y amenazado de muerte si continuaba en esa actividad. Con esto se concreta una nueva instancia de bloqueo económico a la Comunidad de San José.

El lunes 2 de agosto de 2004, hacia las 12 horas, un grupo de paramilitares reunió en la Terminal de Transportes de Apartadó a varias personas del corregimiento de San José que esperaban un vehículo para su regreso y les anunciaron que iban a comenzar un nuevo bloqueo económico contra la Comunidad. En su discurso se quejaban de que, a pesar de todo lo que han hecho, no han podido acabar con esa “h.p. comunidad”, pero que les van a cerrar más espacios a ver si aguantan. Nuevamente advirtieron que ya tienen identificados a todos los líderes de la Comunidad, los cuales van a ser asesinados o judicializados, con lo cual pretenden desestabilizar a la Comunidad y luego ellos se tomarán el espacio de San José. Terminaron su discurso advirtiendo: “no se afanen por las muertes que se están produciendo y que se van a producir”, como preparando nuevamente a la comunidad para que “se acostumbre” a soportar asesinatos de sus miembros.

El martes 3 de agosto de 2004, a las 19 horas, fue asesinado el Señor JOAQUÍN RODRÍGUEZ DAVID, en el barrio San Fernando de Apartadó, por paramilitares que llegaron en trajes civiles y con armas cortas. El Señor Rodríguez David vivía en la vereda La Victoria, de San José de Apartadó, donde tenía una tienda. Los victimarios advirtieron que ya habían comenzado lo que habían anunciado contra la Comunidad de San José (el cierre de más espacios; el bloqueo económico, el asesinato o la judicialización de sus líderes e integrantes).

El viernes 6 de agosto de 2004, a la 20 horas, los paramilitares enviaron un mensaje desde Apartadó con un conductor de servicio público que iba hacia San José, en el cual le ordenaban al conductor de un camión que había ido a San José a transportar madera y se encontraba allí recogiéndola y cargándola, que tenía que llevarles a ellos (los paramilitares) esa madera, calculada en 100 rastras; de lo contrario, ellos entrarían violentamente a San José a apoderarse de la madera y matarían al conductor. El bloqueo económico entraba así en su nueva fase. Esta amenaza iba acompañaba de nuevas amenazas para el resto de comerciantes que residen en san José o participan en sus intercambios comerciales.

El lunes 9 de agosto de 2004, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la urgencia de solicitar la presencia del Señor Obispo de Apartadó, Monseñor Germán García, con el fin de proteger al conductor del camión que había ido a transportar la madera, de modo que éste pudiera sacar su vehículo de San José (sin carga de madera) y salvar su vida, a lo cual el Señor Obispo accedió.

El miércoles 11 de agosto de 2004, a las 10 horas, la joven Luz Helena Torres, de 16 años de edad, quien pasaba unos días en San José de Apartadó hospedada en la casa de una familia amiga, descubrió que en un hueco de ladrillo estaba escondido un artefacto que despertó su curiosidad y lo sacó de allí. Era una granada pequeña que el Ejército había dejado en un campo de cultivos de la Comunidad de Paz, en una zona ubicada entre las veredas de La Unión y Arenas, en la primera semana de marzo de 2004, cuando las tropas pasaron por allí y realizaron operativos militares. Cuando los campesinos consultaron a los miembros del Consejo Interno qué hacer con ese artefacto, el Consejo llamó al Defensor del Pueblo de Apartadó, quien se hizo presente y le tomó fotografías al artefacto con el fin de consultar con los militares sobre sus características y la forma de desactivarlo. Según el Defensor, los militares le dijeron que era una granada no peligrosa, pues solo producía humo; esto llevó al Defensor a aconsejarle a la Comunidad que la enterraran o la botaran y que no era necesario trasladarla hasta Apartadó o llevar expertos para desactivarla. Uno de los integrantes del Consejo resolvió, entonces, introducirla en un hueco de ladrillo, en la casa donde él habitaba en ese momento, hasta que la curiosidad de Luz Helena la descubrió allí y se puso a inspeccionarla y a enseñársela a otras personas. Mientras la observaba y la mostraba a otras personas, la granada se le cayó al piso y explotó causando graves heridas a Luz Helena, a la señora de casa, Luz Enit Tuberquia, al hijo de ésta, de 10 años de edad, Deiner Guerra, y a William Ortiz, quien en ese momento le ayudaba a ensillar un caballo a Luz Enit. Luz Enit falleció en Medellín el 13 de agosto a las 17 horas y Luz Helena allí mismo el 14 de agosto a las 9 horas. El niño Deiner quedó con grandes destrozos en su cuerpo y también fue trasladado a Medellín, mientras William fue atendido en el hospital de Apartadó.

El mismo miércoles 11 de agosto de 2004, a las 13 horas, miembros del Ejército y de la Policía llegaron al área urbana de San José y se trasladaron inmediatamente al lugar donde había explotado la granada. Una vez allí, acordonaron el sitio y recogieron los elementos que quisieron, entre ellos los pedazos y esquirlas de la granada que había explotado. Una gran preocupación empezó a acompañar a muchos integrantes de la Comunidad de Paz, al ver que era la fuerza pública, que ha agredido innumerables veces a la Comunidad y ha evidenciado su unidad de acción con los paramilitares desde hace 9 años y que ha enviado cerca de un centenar de mensajes a la Comunidad anunciando que la Comunidad “va a ser destruida” y que sus líderes van a ser judicializados o asesinados, la que iniciaba el proceso investigativo de un hecho tan trágico, al recoger las primeras pruebas judiciales. A todas luces la investigación se iniciaba con una flagrante carencia de imparcialidad e independencia de la justicia, que es uno de los principios elementales y universales de la administración de justicia.

El mismo miércoles 11 de agosto de 2004, a las 17 horas, Luis E. Guerra, esposo de Luz Enit Tuberquia, una de las personas que quedó gravemente herida por la explosión de la granada en horas de la mañana y que fue trasladada al hospital de Apartadó por miembros de la Defensoría del Pueblo quienes se encontraban en esos momentos en San José, llegó a Apartadó a enterarse de la suerte de su esposa y de su hijo Deiner, así como de su huésped Luz Helena Torres. Al llegar al hospital comprobó que las y los heridos no habían sido atendidos como lo exigía su gravedad y protestó por ello ante el personal médico. Se le respondió, entonces, que primero debía hablar con policías y fiscales que lo estaban esperando. Quienes primero lo abordaron fueron miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía -CTI-, quienes le requirieron una declaración pero advirtiéndole que tenía que acusar a alguien como responsable del hecho. Luis se negó a dar declaraciones y les explicó que él no se encontraba en San José cuando ocurrió la tragedia y que sería demasiado irresponsable si declaraba sobre lo que no había presenciado; les dijo, además, que ellos debían trasladarse a San José e iniciar la investigación de acuerdo a la ley. Los agentes del CTI le dijeron que no tenían medios para ir hasta San José y que ya la fuerza pública había practicado las pruebas iniciales. Luis les hizo ver que eso no era correcto, pues había grandes probabilidades de que la responsabilidad recayera sobre el Ejército, ya que patrullas del mismo habían dejado abandonado en la zona el artefacto que explotó y que, entonces, ¿dónde estaban las garantías de imparcialidad en la investigación?. Pero cuando los agentes del CTI concluyeron que no podían sacarle una declaración como la que ellos querían, quisieron obligarlo a firmar un documento en el cual él renunciara al derecho de acusar y demandar por los perjuicios sufridos contra quienes resultaran culpables del hecho trágico, a lo cual él se negó rotundamente, pues lo consideró como un procedimiento contrario a la ley y a la ética, mucho más cuando ello adquiría visos extorsivos, en cuanto se difería el cuidado a las y los heridos, en espera de sus declaraciones. Momentos después, Luis fue abordado por el Coronel Nésto Iván Duque, Comandante del Batallón Bejarano Muñoz del Ejército, que cubreeláreadeSanJosé. El Coronel le insistió a Luis que tenía que acusar a alguien de la Comunidad como responsable del hecho trágico, y lo presionó insistentemente para que acusara a Gildardo Tuberquia, uno de los miembros del Consejo Interno de la Comunidad, ya que unos meses antes él había vivido en la casa donde se produjo la explosión. Más tarde lo presionó para que acusara a William Ortiz, uno de los heridos, quien en el momento de la explosión estaba ayudándole a ensillar un caballo a Luz Enit, la esposa de Luis. Luis le responde repetidas veces que no hay argumento alguno para acusar a esas dos personas a quienes élconoce suficientemente y que los únicos que pueden aclararel hecho de la explosiónson las mismas víctimas que están heridas. Durante un prolongado lapso de tiempo el Coronel se dedica a acusar a la Comunidad de Paz de muchas cosas que son refutadas contundentemente por Luis, pero al final de la conversación el Coronel le afirma a Luis que él y el Ejército están tranquilos, pues “los médicos legistas ya conceptuaron que la causa de la explosión no fue una granada sino un explosivo casero”. Tal afirmación evidenciaba que ya estaba en camino una manipulación de la investigación, pues las y los heridos aún no habían recibido una atención aceptable en el hospital, supuestamente esperando que los dolientes “declararan” de acuerdo a los parámetros que la fuerza pública quería imponer para salvar su responsabilidad en los hechos. Menos aún se habían practicado necropsias que permitieran extraer esquirlas y comprobar si correspondían a fragmentos de granada, pues aún ninguna de las víctimas había fallecido. Esto se corrobora al leer un comunicado público expedido a pocas horas por el comandante de la Policía, en el cual atribuía la tragedia a la explosión de un artefacto casero manipulado por miembros de la Comunidad.

El jueves 12 de agosto de 2004, las y los heridos permanecían en el hospital de Apartadó sin ser trasladados a Medellín a pesar de su extrema gravedad. Funcionarios del hospital le confesaron a miembros de la Comunidad que no entendían esa actitud de las directivas del Hospital, pues desde el primero momento el equipo médico conceptuó que allí no podían hacer nada y sin embargo no gestionaban su traslado. Luego del fallecimiento de dos de las víctimas, funcionarios del Servicio Aérero de Salud de Antioquia le comentaron a algunos familiares que el Servicio no fue contactado oportunamente, pues para ellos hubiera sido fácil trasladarlos en pocos minutos. Entre tanto el Director del Hospital de Apartadó se escudaba en una supuesta negativa de empresas aéreas como Satena, la cual, según él, se negaba a transportar a las víctimas, e insinuó a la familia poner una demanda contra Satena. Solo se logra su traslado a Medellín el viernes 13 de agosto en la mañana. Este mismo día, a las 17 horas, falleció Luz Enit Tuberquia. Inmediatamente agentes del CTI de Medellín se llevaron su cadáver para someterlo a una necropsia y luego le comentaron a los familiares que en realidad ese tipo de heridas corresponden a los efectos de la explosión de una granada. El sábado 14 de agosto, a las 9 horas, fallece también, en Medellín, Luz Helena Torres. La médica que la atendió comentó que solo un médico legista podía determinar las causas de la muerte luego de la necropsia. Los cadáveres de Luz Enit y de Luz Helena fueron trasladados a San José donde el 16 de agosto se les dio sepultura.

El viernes 13 de agosto de 2004 la Comunidad de Paz fue informada de que el Señor Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, quería realizar una visita a San José y reunirse con sus pobladores. La Comunidad le hizo saber que era muy bienvenido pero le solicitó que respetara el Reglamento de la Comunidad de Paz y le ordenara a sus escoltas armados que no ingresaran al área de vivienda y trabajo, considerada Territorio de Paz, por el cual no debe circular arma alguna. Unas horas antes, el Vicepresidente, quien se hizo acompañar de autoridades civiles, militares y judiciales de los órdenes nacional y municipal, convocó a varias organizaciones no gubernamentales a otra reunión en Apartadó, a la cual asistieron algunos funcionarios diplomáticos europeos y delegados de agencias y organizaciones internacionales, participando también algunas ONG nacionales cercanas al paramilitarismo. En dicha reunión el Vicepresidente Santos hizo comentarios públicos sobre lo sucedido el 11 de agosto en San José, descalificando la versión de la Comunidad sobre la trayectoria del artefacto explosivo que causó la tragedia; afirmó que esa versión era “un cuento chimbo”; que nadie podía creer que la explosión fuera ocasionada por un artefacto abandonado por el Ejército meses atrás y que, por el contrario, los informes médicos preliminares indicaban que se trataba de un artefacto de fabricación casera. Era inocultable que el Vicepresidente asumía la versión que se había ido fabricando en la fuerza pública y tomaba partido por ella, a solo dos días de los hechos, sin verificar ni analizar hechos, testimonios ni pruebas. Salta a la vista la parcialidad y la falta de responsabilidad, así como el poder decisivo de los prejuicios y estigmas en las decisiones gubernamentales y en la lectura de realidades virtuales que resultan tan frecuentemente en contravía de la realidad real. Lamentablemente esa toma de posición sistemática, sin ponderación, a favor de un actor del conflicto, que aunque exhiba etiquetas de agente constitucional, demasiado frecuentemente sus comportamientos están en las antípodas de los principios constitucionales, es algo que deslegitima y hace sospechosas de antemano la posiciones del gobierno, toda vez que evidencia su carencia de una imparcialidad elemental y de apertura para aceptar errores que lesionan tan gravemente los derechos que la Constitución le obliga a garantizar.

En horas de la tarde del mismo viernes 13 de agosto de 2004, el Vicepresidente Santos se trasladó en helicóptero a San José de Apartadó e irrespetando las solicitudes de la Comunidad y su Reglamento de Comunidad de Paz, llevó consigo a militares armados, integrantes de la cúpula jerárquica de la Brigada XVI y del Batallón Bejarano Muñoz, que tantos crímenes de lesa humanidad han perpetrado contra la Comunidad de Paz y los pobladores de San José y de la región de Urabá. No valieron las protestas de la Comunidad ni siquiera su último recurso, que fue la petición apremiante de que al menos dejaran sus armas fuera del área de vivienda. Pisoteando todas las súplicas, con arrogancia extrema, los militares entraron con sus armas y se instalaron en el salón de la segunda planta del Centro de Formación de la Comunidad y presionaron incluso a los niños que encontraron a su paso para que ingresaran a la reunión. Nadie entiende cómo una alta funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, quien participaba en la comitiva del Vicepresidente, se sentaba al lado de un Coronel que ha torturado a integrantes de la Comunidad y perpetrado otros numerosos crímenes de lesa humanidad, sin ordenar su captura. No podría alegar “ignorancia” de los hechos, pues de la misma secretaría jurídica de la Presidencia de la República le han remitido copias de documentos donde se relatan sus crímenes, como consta en oficios rotulados. A pesar de tantos atropellos y humillaciones, varios miembros de la Comunidad le relataron a la comitiva del Vicepresidente los vejámenes y crímenes de que siguen siendo víctimas por parte de la alianza Fuerza Pública / Paramilitares. Cuando se denunció la nueva fase del bloqueo económico a través de la prohibición de comercializar madera, el comandante de la Brigada 17 trató de explicar que la madera que se saca debe tener licencia de Corpourabá, pero cuando los pobladores le respondieron que todas las licencias están al día pero que son los paramilitares quienes están ejerciendo el bloqueo y hasta cobrando impuestos por cada trozo de madera que se saca, el General Latorre guardó silencio. El clímax de la ignominia se produjo cuando el Coronel Duque, acusado múltiples veces de tortura y de otros crímenes de lesa humanidad, tomó la palabra para proponer que se conformara un batallón de soldados campesinos, integrado por los mismos jóvenes del pueblo, para que defiendan a la comunidad. Tal propuesta desconocía y ofendía profundamente las opciones de la Comunidad de Paz asumidas desde 1997, en las cuales se expresaba la decisión de no colaborar con ningún actor armado, incluyendo al ejército oficial que es el que ha perpetrado mayor número de asesinatos, desapariciones, masacres, torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, pillajes, amenazas y actos de terrorismo en contra de la Comunidad. El Presidente del Consejo Interno pidió públicamente respeto por los valores que han constituido el patrimonio moral más preciado de la Comunidad de Paz de San José, ante lo cual el Coronel Duque se silenció.

El martes 17 de agosto de 2004, un grupo de fiscales de Apartadó, acompañados por miembros de la Policía, ingresan a San José con el fin de recaudar pruebas sobre la explosión ocurrida allí el 11 de agosto. Intentan recibir versiones de personas de la Comunidad, pero cuando una joven les explica que la explosión fue originada por una granada que el Ejército había dejado abandonada en un área de cultivos de la Comunidad, los funcionarios judiciales se enojan y le responden a la joven que eso es una mentira, que ella no puede afirmar eso. Nueva evidencia de que la investigación sobre los hechos del 11 de agosto se adelanta sin imparcialidad alguna; con violación de los principios procesales y rechazando los elementos que no concuerden con la versión construida por la fuerza pública, contraria a la realidad.

El viernes 20 de agosto de 2004, ingresa al área urbana de San José un grupo de fiscales adscritos a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos. Se dirigen al sitio donde ocurrió la explosión del pasado 11 de agosto y acordonan el lugar, dedicándose a buscar restos dejados por el artefacto explosivo. Incrustada en una puerta de madera descubren una esquirla y otros elementos en los alrededores. Quienes se acercan a ellos a brindarles informaciones les escuchan comentarios, según los cuales, hay gran diferencia entre los hallazgos que acaban de hacer y lo que el Ejército y la Policía, que practicaron las primeras pruebas, le habían entregado a la Fiscalía, que era un montón de puntillas y tachuelas, que permitirían afirmar que se trataba de un “balón bomba”, como estaban afirmando los militares, y no de una granada. Los Fiscales se muestran inconformes al comentar que parece que el Estatuto Antiterrorista, que otorga facultades judiciales a los miembros del Ejército, estuviera ya en vigencia, pues se está aplicando sin ser aprobado, y aludiendo a la manipulación de pruebas que se está evidenciando en este caso, comentan que si eso ocurre “sin Estatuto, cómo será con Estatuto!”.

El sábado 21 de agosto de 2004, un fiscal visita en el hospital donde permanece interno, en Medellín, al niño Deiner Guerra Tuberquia, de 10 años de edad, uno de los heridos sobrevivientes de la explosión del 11 de agosto. Dicho funcionario escucha el relato preciso del niño en el cual describe con muchos detalles el artefacto explosivo que él pudo observar antes de que Luz Helena Torres lo dejara caer al piso y se produjera la explosión. El Fiscal le presenta al niño varias fotografías de artefactos explosivos, para que él señale cuál se acerca más al que él vio en manos de Luz Helena el día de la explosión. El niño señala, sin duda ninguna, una fotografía, la que corresponde a la tomada por el Defensor del Pueblo de Apartadó, en el mes de marzo anterior, cuando fue llamado por la Comunidad de San José para consultarle qué hacer con dicho artefacto que el Ejército había dejado abandonado en un campo de cultivo de la Comunidad. En este mismo fin de semana es dado de alta, en el Hospital de Apartadó, William Ortiz, quien fue la otra persona herida por el artefacto explosivo el 11 de agosto. William le comenta a los miembros del Consejo de la Comunidad, que sale muy preocupado, pues durante su permanencia en el Hospital fue fuertemente presionado por el Coronel Duque para que acusara a Gildardo Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, de ser el responsable de la explosión ocurrida el 11 de agosto, declarando que se trataba de explosivos que se fabricaban en la misma Comunidad. El Coronel le ofreció dinero a William para que trabajara con él, así como trasladarlo a vivir en Apartadó con su familia, donde le iría muy bien económicamente. William rechazó tajantemente todas las presiones. Al esposo de Luz Enit, el mismo Coronel lo había presionado para que acusara a William de llevar los explosivos.

El domingo 22 de agosto de 2004, a las 17 horas, un grupo de paramilitares instalaron un retén en la vía que de Apartadó conduce a San José, en cercanías del barrio Mangolo de Apartadó, donde requisaron e intimidaron a todos los que se dirigían a San José. A poca distancia de allí se encuentra un puesto de control permanente del Ejército. Nuevamente se evidencia el desconocimiento a la Sentencia T-317/04 de la Corte Constitucional, que le encomienda a la comandancia de la Brigada XVII del Ejército la protección de la Comunidad.

El domingo 22 de agosto de 2004, militares y paramilitares que habían entrado a las veredas de Mulatos, La Resbalosa, Caño Seco, Chontalito y Las Nieves desde el 15 de agosto, tuvieron al parecer un enfrentamiento este día con grupos insurgentes. La población civil campesina de la zona solo pudo escuchar explosiones, tiroteos y bombardeos realizados por 3 aviones bombarderos que lograron observar. En medio de esos supuestos enfrentamientos, los contingentes de militares y paramilitares que llegaron conjuntamente a la zona, balearon viviendas, saquearon sus enseres, amenazaron a la gente y obligaron a muchas personas a desplazarse o a internarse en zonas boscosas para protegerse. El domingo 15 de agosto la población de Las Nieves vio entrar a los armados. El martes 17, la población de la Resbalosa vio entrar otros contingentes armados, entre los cuales se mencionaba a un Coronel, al parecer de un Batallón que denominaban “La 33”, proveniente de Carepa. En Chontalito, el día 17 de agosto, los pobladores sintieron fuertes explosiones y observaron que un soldado había sido herido. Ante la zozobra de los pobladores, que corrían buscando refugios, algunos de los armados, desde un cerro, les hicieron señas de que salieran de sus casas, indicándoles con gestos una zona hacia la cual debían dirigirse. Los militares y paramilitares aprovecharon la evacuación de muchas viviendas para hacer registros y pillajes: de muchas viviendas se llevaron gallinas, cerdos, rulas, ropa, vajillas, herramientas y otros enseres. En Caño Seco, el 22 de agosto los militares pasaron por la casa de Don Luis Emilio Osorno. Un día antes había llegado allí un joven de 16 años con un alto grado de fiebre y les pidió hospedaje, a lo cual la familia accedió. Cuando los militares pasaban por su casa, un perro que iba con los soldados apareció con un radio y una pequeña carpa que había descubierto al parecer en algún lugar de su finca o en alguna zona cercana. Los militares preguntaron de quién eran esas cosas y la señora respondió que no sabía; que quizás alguien las habría dejado escondidas en el campo. Los militares se las atribuyeron entonces al muchacho enfermo a quien obligaron a levantarse y se lo llevaron con ellos. También se apropiaron de 3 rulas nuevas, un marrano cuyo valor se calcula en 150.000 pesos y un plástico utilizado para cubrir el maíz. También entraron a la casa de Don Rafael Guerra, a la de su padre, Don Ramón Guerra de donde se llevaron 13 gallinas, una marrana de 4 arrobas, la ropa, la vajilla y las herramientas de trabajo; a la de Doña Resfa Taborda, de donde se llevaron una marrana; a la de Doña Jorja Torres; a una finca administrada por Don Manuel Tuberquia y a la casa de un Señor llamado Andrés. El viernes 24 de agosto, cuando las tropas militares y paramilitares salían en retirada, se llevaron consigo 10 bestias de las familias: una yegua de Don Ramón Guerra; otra de Don Luis Emilio Osorno; 2 mulas de Doña Jorja Torres; 1 macho de Don Manuel Tuberquia y otras bestias cuyos dueños pagaban pasto en una finca administrada por este último. En algunas viviendas dejaron mensajes de amenaza contra sus pobladores. A una mujer que estaba embarazada, le dijeron que seguramente había sido embarazada por un guerrillero y que la próxima vez que pasaran la iban a asesinar. Todo da a entender que las tropas oficiales provenían de la Brigada XVII con sede en Carepa, comandadas por un Coronel y adscritas quizás a una unidad contra-guerrilla No. 33, y las tropas paramilitares provenían del sitio Piedras Blancas, a donde regresaron el 24 o el 25 de agosto y donde tienen una base.

El sábado 18 de septiembre de 2004, hacia las 16:50 horas, llegaron al área urbana de San José varios camiones con cerca de 40 policías quienes llevaban equipos y colchonetas y se ubicaron en casas de la Comunidad. Dijeron que iban a quedarse “por orden presidencial”. Cuando miembros del Consejo hablaron con el comandante del grupo de policías, éste les manifestó que iban a “hacer presencia en la Comunidad por orden presidencial” y que no se preocuparan, pues eso estaba dentro de los planes de la seguridad democrática. Los policías se quedaron toda la noche allí y hacia las 5 horas del domingo 19 de septiembre salieron del caserío. También afirmaron que venían a “hacer muchas amistades” y que ya no era necesaria la Comunidad de Paz pues ellos iban a proteger a la gente. Este hecho desconoce y desafía las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige concertar con la Comunidad las medidas de protección, y constituye una burla a los propósitos del Reglamento y los principios de la Comunidad de Paz de San José que decide no colaborar con ningún actor armado y que ha pedido numerosas veces presencia civil del Estado y no presencia armada, menos de instituciones incursas en numerosos crímenes contra la Comunidad, para los cuales la misma Comunidad ha demandado insistentemente justicia y evaluación de los mecanismos implementados por el poder judicial que hasta ahora solo exhiben como resultado impunidad total.

Como puede ver, Señor Presidente, la agresión sistemática contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra los demás pobladores del corregimiento, continúa siendo de suma gravedad, no obstante las decisiones excepcionales tomadas por la Corte Constitucional el pasado 15 de abril, en su sentencia T-317/04. Se continúa desconociendo las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha solicitado Medidas Provisionales de protección para dicha Comunidad y se continúa evidenciando que en la zona impera una acción coordinada de la fuerza pública con los paramilitares.

En mi anterior ejercicio del Derecho de Petición (Rad:320803) le solicité encarecidamente, Señor Presidente, que removiera de sus cargos, sin prejuzgar los resultados de acciones penales y disciplinarias que se imponen en estos casos, a los comandantes de la Brigada XVII y del Batallón Bejarano Muñoz, con el fin de que las decisiones de la Corte Constitucional no fueran invalidadas en la práctica y de que la Comunidad no continuara expuesta a nuevas agresiones criminales. Motivaba mi petición el solo hecho de tener a la vista la cadena de crímenes que dichos oficiales del ejército han perpetrado contra la Comunidad de San José, y por ello le solicitaba que designara en su reemplazo a oficiales de conducta íntegra que acaten la Constitución y las leyes, el derecho internacional y los principios esenciales de la ética universal. La desatención a dichas peticiones hace descargar en su responsabilidad los crímenes que se han continuado perpetrando.


Así, pues, apelando nuevamente al Derecho Constitucional de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le solicito encarecidamente, Señor Presidente, tomar medidas urgentes de carácter administrativo para detener la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad perpetrados por subalternos suyos de su libre nombramiento y remoción contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra los pobladores de dicho corregimiento. En particular le solicito nuevamente:


    - Remover de la comandancia de la Brigada XVII al General Pauxelino Latorre Gamboa y de la comandancia del Batallón Bejarano Muñoz al Coronel Néstor Iván Duque, y retirarlos de la región, sin prejuzgar los resultados de procesos penales y disciplinarios que deben incoarse, como gesto de buena fe del Jefe de Estado en acatamiento de la Sentencia T-327/04 de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta la enorme cadena de violaciones a los derechos fundamentales de la población que dichos oficiales han perpetrado, ya directamente, ya a través de sus subalternos legales e ilegales, y designar en su reemplazo a militares cuyos antecedentes de rectitud y respeto a la Constitución y las leyes, a los postulados fundamentales del Derecho Internacional y a los principios de la moral pública y de la ética universal puedan garantizar el cumplimiento de las decisiones de la Honorable Corte Constitucional y le devuelva a la Comunidad de San José de Apartadó el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, así como el reconocimiento de su dignidad humana.

    - Rectificar ante la opinión pública nacional e internacional sus palabras del pasado 27 de mayo, pronunciadas en el marco del Consejo de Seguridad llevado a cabo en Apartadó, Antioquia, las cuales estigmatizaron a la Comunidad y la expusieron a otras múltiples acciones de violencia por parte de muchos actores, a la vez que desconocieron sus esfuerzos y aportes a la paz y a la justicia. Así mismo rectificar las acusaciones infundadas contra los acompañantes internacionales de dicha Comunidad de Paz, como las Brigadas Internacionales de Paz y el movimiento Fellowship of Reconciliation -FOR-, lo que causa graves daños a su acción humanitaria llevada a cabo en numerosos países del mundo que sufren el flagelo de la violencia.

    - Reparar urgentemente, por la vía administrativa, sin perjuicio de los dictámenes a que lleguen los tribunales nacionales e internacionales posteriormente, los daños ocasionados por los operativos militares realizados en asocio con paramilitares en las veredas Mulatos, La Esperanza, Las Nieves, La Resbalosa, Caño Seco, en los meses de mayo y agosto de 2004, y en particular restituir cuanto antes los animales robados, las viviendas destruidas, los cultivos arrasados, las herramientas, ropas y enseres robados a los campesinos, lo que forma parte de sus precarios medios de subsistencia que ellos no pueden reconstruir por sí mismos y causa enormes deterioros en sus condiciones de vida. Para ello puede constituirse una comisión de verificación y cuantificación de daños, acompañada por miembros de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

    - Solicitar a organismos internacionales de alta credibilidad una investigación extrajudicial para el esclarecimiento de los hechos del 11 de agosto de 2004 en San José de Apartadó, referidos a la explosión de una granada abandonada por el ejército en campos de cultivo de la Comunidad de Paz, con el fin de evitar que la investigación de esa tragedia quede a merced de manipulaciones que ya se han evidenciado y que le sustraen toda credibilidad a la acción de la justicia.

    - Obligar a la comandancia de la Brigada XVII a devolverle a la Comunidad de Paz los 29 millones y medio de pesos robados en los asaltos a mano armada contra los vehículos que transportaban esos dineros, el 8 de diciembre de 2003 y el 28 de enero de 2004, sobre todo luego de que el Coronel Duque ha manifestado a diversas personas y autoridades que él mismo había diseñado estrategias para impedir la comercialización del cacao de la Comunidad y para controlar los dineros provenientes de la misma, bajo la falsa acusación de que dicho negocio era de la guerrilla, y luego de que a paramilitares que han confesado haber participado en dichos asaltos se les ha visto trabajando en la Brigada XVII y movilizándose con sus tropas por las veredas, y se ha comprobado que utilizan los datos de una cédula que fue robada en uno de dichos asaltos.

    - Dar órdenes perentorias a las unidades de la fuerza pública acantonadas en Urabá, de que cesen en su connivencia y unidad de acción con los grupos paramilitares al margen y contrarios a la Ley, particularmente en el control de la carretera que de Apartadó conduce a San José; en la presencia y control de la Terminal de Transportes de Apartadó, así como de los barrios Mangolo y aledaños de Apartadó y de los caminos que de San José conducen a otras veredas del corregimiento; en el diseño y ejecución de operativos en los cuales se cometen numerosos crímenes, como los que realizan cada cierto número de meses en las veredas de Mulatos y aledañas; en el mantenimiento de bases paramilitares como las de Nueva Antioquia, Piedras Blancas, Tierra Amarilla, Mangolo y otras; en la residencia o presencia frecuente de un número de reconocidos paramilitares en las instalaciones de la brigada XVII y del Batallón Bejarano Muñoz, quienes gozan de remuneraciones públicamente confesadas y se desplazan en compañía de las tropas oficiales vistiendo uniformes y usando armas de uso privativo de la fuerza pública; en la confección de calumnias contra los líderes de la Comunidad de Paz sustentadas por declaraciones remuneradas de paramilitares incursos en numerosos crímenes, con la intención públicamente alardeada de judicializar o hacer asesinar a dichos líderes para poder destruir la Comunidad.

    - Así mismo le reitero, Señor Presidente, las demás peticiones contenidas en los Derechos de Petición de julio 29 de 2003 (Rad: 152982), de octubre 15 de 2003 (Rad: 195947), de enero 15 de 2004 (Rad: 241719), de febrero 26 de 2004 (Rad: 260021), de abril 5 de 2004 (Rad: 279992), de mayo 20 de 2004 (Rad: 300313) y de julio 6 de 2004 (Rad: 320803), que no han obtenido ninguna respuesta “ad rem”.

De antemano le agradezco, Señor Presidente, su atención a estas apremiantes solicitudes y le ruego responderme, dentro de los términos legales, a la siguiente dirección: Carrerea 5 No. 33-A-08, Bogotá, D. C., Tel: 2456181.

Respetuosamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.
C. C. [ ----- ]
Dirección: [ ---------- ]

CC:

- Fiscal General de la Corte Penal Internacional, La Haya, Holanda;
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica;
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, D. C., USA.
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
- Cancillerías de Estados que tienen gobiernos locales o provinciales hermanados con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó;
- Representaciones diplomáticas de esos mismos Estados en Colombia;
- Organismos Internacionales de defensa de los Derechos Humanos;
- Organismos nacionales de defensa de los Derechos Humanos.

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