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Comunidad de Paz San José de Apartadó

Décimo Derecho de Petición al Presidente de la República

Javier Giraldo Moreno, s.j.

Jueves 12 de mayo de 2005, por Javier Giraldo M. , S.J.

En nueve ocasiones anteriores he recurrido al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constituciòn Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, para solicitarle, Señor Presidente, medidas urgentes de carácter administrativo de su exclusiva competencia constitucional, que hagan cesar tan inhumana cadena de crímenes de lesa humanidad que se vienen perpetrando desde hace muchos años contra la Comunidad de Paz de San José de Aparatadó y demás pobladores de esa zona, por parte de agentes del Estado que actúan en connivencia, coordinación y estrecha colaboración con grupos que tienen el delito como profesión.

En ninguna de las mencionadas ocasiones anteriores he recibido respuesta alguna “ad rem” sino solamente acuses de recibo por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, acompañados de notificaciones de remisión de las peticiones a otras instancias del Estado, lo que considero fuera de toda pertinencia, pues si he recurrido a Usted, Señor Presidente, ha sido por la convicción de que la Constitución Nacional le impone al Jefe del Estado una serie de obligaciones primarias en relación con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, obligaciones que se consideran inherentes al mismo acto de jurar el cumplimiento de la Constitución (Artículo 188), imponiéndole la misma Constitución la responsabilidad por “actos u omisiones que violen la Constitución y las leyes” (Artículo 199), de donde legítimamemente la Corte Constitucional ha deducido el “Deber de Garantía”, afirmando que si un superior no evita un delito de lesa humanidad “por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior y no el simple incumplimiento de un deber funcional” (Sentencia SU-1184/01, pg. 31). Para el cabal cumplimiento de dichas obligaciones, la Constitución misma provee al Jefe del Estado de la facultad de retirar a funcionarios de libre nombramiento y remoción (Artículo 189,13) y de tomar medidas urgentes e impostergables en unidades de la fuerza pública que solo puede tomar quien esté revestido del carácter de “Comandante Supremo” (Artículo 189,3). De allí que los argumentos aducidos por el Secretario Jurídico de la Presidencia para negar que el Jefe del Estado tenga competencia en estos casos y justificar por lo tanto su remisión a otras instituciones (Oficios 33803 del 15 de julio de 2004 y 38609 del 27 de septiembre de 2004) no son de ningún recibo, mucho menos cuando la Fiscalía no ha investigado adecuadamente ninguna de las más de quinientas agresiones constitutivas de crímenes de lesa humanidad perpetradas contra dicha comunidad desde 1996, cuando se comenzó a gestar la Comunidad de Paz, desconociendo el mismo Fiscal General, Dr. Luis Camilo Osorio, todos los principios rectores del Código de Procedimiento Penal y las normas procesales cuando se le solicitó formalmente, el 12 de noviembre de 2003, la investigación, acorde con los preceptos del Derecho Internacional, de más de 300 crímenes de lesa humanidad perpetrados contra dicha Comunidad.

Quiero llamar su atención de manera especial, Señor Presidente, sobre las graves consecuencias que ha tenido la desatención de su parte a los anteriores Derechos de Petición, que se traduce en más vidas humanas sacrificadas y en la continuidad de un marco persistentemente agravado de violaciones a los derechos fundamentales de la población de la zona. La comunidad nacional e internacional se ha horrorizado frente a la masacre perpetrada por el ejército el pasado 21 de febrero en las veredas Mulatos y La Resbalosa, crímenes acompañados de otros muchos, como amenazas terroristas contra los pobladores; atropellos inconfesables contra la dignidad de quienes arriesgaron sus vidas para ir a buscar los cadáveres de sus compañeros y a establecer la suerte de los desaparecidos; detenciones y confinamientos inhumanos y arbitrarios; bombardeos indiscriminados; desplazamientos forzados; pillajes y saqueos de las moradas de los pobladores.

Al menos desde julio de 2003 era de su pleno conocimiento, Señor Presidente, como se comprueba por los Derechos de Petición radicados en su despacho, el comportamiento de las jerarquías y personal militar adscrito a la Brigada XVII del ejército y sus prácticas sistemáticas gravemente violatorias de los derechos humanos y de la legalidad nacional e internacional. Por esto no hay duda de su plena responsabilidad de garante en los crímenes que se han sucedido desde entonces, los cuales reclaman y seguirán reclamando a lo largo de la historia, verdad, justicia y reparación, exigida por la especie humana como tal y por los tribunales internacionales que de alguna manera traducen la solidaridad de la especie ante la barbarie de poderes que desconocen la dignidad elemental del ser humano.

No puedo dejar de lamentar profundamente también su desatención, Señor Presidente, a las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual exigió Medidas Provisionales a favor de esta Comunidad de Paz desde el 9 de octubre de 2000, reiterándolas cada vez con mayor énfasis y con exigencias cada vez más concretas, el 24 de noviembre de 2000, el 18 de junio de 2002, el 17 de noviembre de 2004 y el 14 de marzo de 2005, así como su desatención a los requerimientos contenidos en la Sentencia T-327/04 de la Corte Constitucional de Colombia.

Tampoco puedo dejar de deplorar profundamente las calumnias que Usted lanzó contra la Comunidad de Paz de San José el pasado 20 de marzo por todos los medios masivos de comunicación, que faltan gravemente a la verdad y exigirían, en justicia, sanciones penales, si en el país existiera una aparato de justicia honesto y fiable.

Es muy de lamentar, Señor Presidente, que Usted haya desconocido el proceso de concertación que se había venido desarrollando, a pesar de sus enormes fallas y tropiezos, entre la Comunidad de Paz de San José y un conjunto de instituciones del Estado coordinadas por el Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, en seguimiento de las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno se pregunta si quienes participaron en dicho proceso tenían realmente el aval de su gobierno o estaban más bien realizando una ficción dilatoria. El desconocimiento abrupto por parte del Jefe del Estado, de lo que se había avanzado, deja en cuestión la credibilidad de cualquier otra eventual comisión de concertación.

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