Desde los márgenes

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La Asamblea Constituyente

marzo de 1991, por Javier Giraldo M. , S.J.

Desde el pasado 5 de febrero el país entró en un período de euforias, de zozobras y de nuevas controversias, con la mirada puesta en la actividad de la Asamblea Constituyente.

Desde las páginas de este boletín habíamos hecho votos porque la euforia de las reformas textuales no hiciera olvidar que la tragedia real de Colombia consiste, ante todo, en la violación cotidiana de su Constitución y de sus leyes por parte de sus supuestos guardianes; en el abismo que separa a la política real de la ficción jurídica; en la impunidad monstruosa con que las instancias del Estado protegen a quienes destruyen la vida y la dignidad humana; en síntesis, en el carácter decorativo de las leyes.

Con todo, las controversias levantadas en torno a principios fundamentales que debieran regir la institucionalidad nacional, así como las contradicciones flagrantes entre la confección de los textos y los comportamientos políticos de quienes los sustentan, no dejan de invitar a profundas reflexiones.

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El debate en torno al preámbulo de la nueva Constitución ha dado pié para explicitar posiciones en torno a principios básicos de una filosofía y de una teología políticas.

Más allá de la inclusión o no del vocablo “Dios” en el Preámbulo, dos concepciones de fondo se enfrentan:

Para unos, Dios es la más alta fuente legitimante del poder, como creador y origen último de cuanto existe. Por ello, el Estado, como instancia de poder, debe legitimarse mediante el reconocimiento explícito de la fuente última de toda autoridad.

Para otros, el Estado es una entidad histórica, inseparable de las múltiples formas de dominación y de opresión que en el curso de la historia ha asumido; es una instancia de poder, y como tal, asume necesariamente niveles de violencia. Por ello, constituye una profanación del nombre de Dios proclamarlo como fuente legitimante del poder del Estado. Tal profanación se ve aún más grave en el caso del Estado Colombiano, históricamente cargado de crímenes, de sangre, de corrupción y de violencia.

El Misterio de Dios, como realidad última a la cual accedemos desde la elemental conciencia de nuestra situaciones-límite, ha tenido ciertamente, en la historia, una vertiente interpretativa centrada en el poder: es la proyección de experiencias humanas, según las cuales, los límites humanos se interpretan como carencia de poder. Pero hay otra vertiente interpretativa del Misterio de Dios y del misterio del hombre, indudablemente más cercana al Evangelio. Según ella, los límites humanos se interpretan como carencia de amor, y desde allí se emprende el acceso al Misterio de lo Trascendente.

Sin duda, desde este último trasfondo filosófico-teológico es más fácil entender a Cristo, quien salva desde el no-poder; desde el cuestionamiento profundo a un orden legitimado como teocracia; desde su opción por el oprimido; desde su identidad inconfundible de víctima de los poderes de este mundo.

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El debate en torno a las relaciones entre Estado y Religión suscita también posiciones encontradas, arraigadas en los anteriores principios.

Para unos, el Estado debe amparar con su poder económico y coercitivo la actividad espiritual de la Iglesia. Esto se legitimaría como un reconocimiento al hecho sociológico de la confesionalidad cristiana de la mayoría de los ciudadanos.

Para otros, nunca se puede vivir a la sombra de un poder sin contaminarse de su acción corrosiva; sin solidarizarse de algún modo con sus abusos y excesos; sin contagiarse de su dinámica de dominación; sin pagar precios de silencios y tolerancias que, en determinadas circunstancias, arrasan valores éticos fundamentales como los de verdad y justicia. Para esta posición solo deben reivindicarse, ante la nueva Constitución, las libertades de conciencia y de culto, bases suficientes y preferibles para un desarrollo autónomo de los valores religiosos.

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Pero si se trata de proyectar de algún modo los valores cristianos en las instituciones jurídicas que van a crearse, el campo es demasiado amplio.

San Ireneo de Lyon escribió una frase lapidaria que muchas generaciones cristianas posteriores reconocieron como expresión afortunada y central de su fe: “Gloria Dei, vivens homo” (La gloria de Dios es que el hombre viva). Así, la lucha por una vida digna para todo hombre, llena las páginas más auténticas de la historia del Cristianismo.

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En la historia real (no en la historia sublimada), solo dos fuentes han legitimado los Estados: la fuerza bruta o el consenso en torno a leyes de respeto mutuo. El primer modelo constituye la barbarie (que no es un fenómeno del pasado); el segundo, la convivencia civilizada.

Si, pues, la fuente legitimante de los Estados no bárbaros es el respeto a la vida y dignidad humanas, principio que por ello mismo se erige por encima de toda constitución nacional (pues es lo que la legitima), ello debe asumir una expresión jurídica concreta.

Ninguna respuesta darían los constituyentes a la sed de legitimidad que se levanta desde la realidad de barbarie que vive Colombia, si no acogen las conquistas del Derecho Internacional, formuladas luego de momentos aciagos de la historia, para construir barreras de protección a la más elemental dignidad humana: dar tratamiento jurídico explícito a los Crímenes de Lesa Humanidad (genocidios; asesinatos fuera de combate por motivos ideológicos; desapariciones forzadas; torturas) y adoptar mecanismos eficaces para erradicarlos.

El Derecho Internacional vigente pide que tales crímenes (cuya autoría deslegitima a los Estados):

a)Sean imprescriptibles;

b) Que se castigue no solo a los autores materiales sino también a los instigadores, a los cómplices, a quienes toleran su perpetración y a quienes, por oficio debían impedirlos, y por omisión culpable no los impidieron;

b)Que no sean susceptibles de amnistías ni indultos;

d) Que se reconozca una jurisdicción universal para su enjuiciamiento.

Ningún servicio se haría a una dignidad humana destruida, de facto, por los aberrantes niveles de violencia vigentes en Colombia, si el tratamiento de los Crímenes de Lesa Humanidad se sigue relegando a los códigos penales infra-constitucionales, cuando allí se juega la fuente de legitimidad del Estado.

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En estrecha relación con lo anterior, se da el debate en torno a la reforma de la administración de justicia, eje de la nueva Carta, a juzgar por recurrentes esfuerzos que han hecho los sucesivos gobiernos desde la década del 70 por reformar este capítulo de la Constitución.

Las aristocracias políticas han insistido desde hace años en sustituir el actual sistema inquisitivo de la justicia por el sistema acusatorio, que trasladaría la primera fase de los procesos (la fase investigativa) al poder Ejecutivo.

Muchos países en el mundo, donde la justicia funciona más eficazmente que en Colombia, han adoptado el sistema acusatorio, pero en ellos los niveles de corrupción y de criminalidad del Estado no son tan alarmantes.

Una fase investigativa bajo control del Ejecutivo, en nuestro contexto, se convierte casi irremediablemente en una justicia donde los criterios políticos del grupo o coalición gobernante desplazarán y se impondrán sobre los criterios jurídicos.

Pero en este campo no se trata de explorar nuevos terrenos en búsqueda de una justicia eficaz. El país tiene elementos más que suficientes para saber lo que es una justicia en manos del Ejecutivo y lo puede evaluar en dos campos:

a) En abuso de la figura del Estado de Sitio, el Ejecutivo ha reformado permanentemente (durante casi 5 décadas), a su amaño, la legislación penal; ha introducido numerosos procedimientos especiales de juzgamiento de ciudadanos, sin que se haya aportado nada a la eficacia de la justicia, pero introduciendo, sí, procedimientos altamente violatorios de los Derechos Humanos, lo que ha llevado a un aumento desenfrenado de múltiples formas de violencia.

b) Para enfrentar la delincuencia y el crimen en sus propios funcionarios, los sucesivos gobiernos han contado siempre con el recurso a un Derecho Administrativo que los dota de instrumentos suficientes para purificar el aparato del Estado. Tal derecho ha sido letra muerta, lo que explica la monstruosa impunidad reinante frente a los Crímenes del Estado.

Solo cabría, pues, esperar de tal reforma de la justicia, mayores violaciones de los Derechos Humanos y mayor impunidad, factores, ambos, altamente generadores de violencia y de búsquedas de formas de “justicia” privada.

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Causa profunda preocupación la ausencia de proyectos para redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución, punto neurálgico en que se definen las fronteras entre un Estado de Derecho y un Estado de Barbarie.

Para nadie es un secreto que desde hace muchas décadas el Estado Colombiano optó por combatir el crimen con crimen, deslegitimándose radicalmente como “Estado de Derecho”, aunque el discurso oficial haga profesión constante de “respeto a la ley”, asumiendo conscientemente una contradicción sistemática entre la realidad y las palabras.

Recuperar el control de las armas para ponerlo al servicio de las leyes constituye una necesidad primaria, a todas luces, si se quiere iniciar un camino hacia la democracia. La ausencia de este propósito hace nugatorio cualquier discurso “democrático”.

Un punto fundamental en este campo es la revisión del Fuero Militar, legítimo para el enjuiciamiento de delitos típicamente militares, pero convertido en principalísimo mecanismo de impunidad cuando se extiende a delitos comunes o a Crímenes de Lesa Humanidad.

Nadie ignora que el “Espíritu de Cuerpo” se desarrolla y fortalece en instituciones donde se alimentan solidaridades ideológicas y donde se desarrollan tendencias generalizadas a transgredir la ley en virtud de algún interés corporativo. Tal “Espíritu de Cuerpo” transforma el Fuero Militar en el más aberrante de las figuras “jurídico-penales”: el delincuente convertido en juez de sí mismo.

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La Carta Constitucional en construcción ha sido caracterizada como la “Carta de los Derechos Humanos”. La mayoría de proyectos de reforma han sido generosos en la enumeración de “nuevo derechos”.

Tal generosidad, sin embargo, causa preocupación, porque se da la impresión de estar haciendo grandes reformas e introduciendo “novedades”. Parece olvidarse que el Estado colombiano ha suscrito los más importantes tratados internacionales relativos a la protección de los Derechos Humanos, y que tales tratados están por encima del derecho constitucional interno de los Estados, según la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados (art.27)

Habrían comprendido los constituyentes que la “novedad” no pueden ponerla en las declaraciones de derechos (vigentes desde hace muchas décadas) sino que el país espera medidas eficaces para evitar que se sigan violando ?

Preocupa especialmente que se estén considerando amplias formulaciones de Derechos Humanos, pero que al mismo tiempo estén recibiendo acogida artículos que permiten “suspender” tales derechos en determinas circunstancias.

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La nueva Constitución se anuncia, también, como una “apertura democrática”.

Ya pasaron las épocas en que se creía que un Estado era democrático porque permitía la elección directa de Presidente, de cuerpos legislativos y de alcaldes municipales. Si el voto constituye un “cheque en blanco” para que los elegidos hagan cualquier cosa (como lo consagra el actual artículo 179 de la Constitución vigente); si el voto constituye una mercancía que se paga con una camiseta, un sandwich, una beca o una carta de recomendación; si el voto no está ligado a un programa cuyo incumplimiento autorice la revocatoria del mandato por los electores, las elecciones no son más que una farsa de democracia.

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Capítulo esencial en la construcción de una democracia es el derecho a la información, o en otros términos, el derecho a la verdad.

En Colombia se afianzó la tesis de que el derecho a la información queda satisfecho con la llamada “libertad de prensa”, que permite a los poseedores de grandes capitales “informar” lo que quieran. Así se instituyeron los consorcios de los grandes medios -prensa, radio, televisión- que manipulan la opinión pública con la mentira, el silencio, la tergiversación, las verdades a medias, la propaganda, en servicio a sus propios intereses económicos, políticos e ideológicos. Tales consorcios conquistaron el “mercado de la verdad”, manipulando necesidades sociales que no encuentran otras alternativas de satisfacción.

Si la nueva Constitución no enfrenta estos poderosos consorcios, para democratizar el derecho a la verdad, dejarán intangible una de las más resistentes fortalezas de la anti-democracia.

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Mientras en el Centro de Convenciones se tejen los textos de la nueva Carta, el país se sigue desangrando.

La historia deberá registrar que mientras se refinaban las listas de “nuevos derechos ciudadanos”, afianzaba aún más su poder, en el municipio santandereano de El Carmen de Chucurí, el grupo paramilitar que durante una década desangró su territorio con el más explícito respaldo de las fuerzas armadas del Estado, sin que las denuncias ante las más altas instancias del gobierno lograran nada para detener su acción criminal.

La historia recordará algún día, que, concomitantemente a los discursos proclamatorios de la apertura democrática que soportaron los muros del Centro de Convenciones, el municipio de Trujillo (Valle) continuaba férreamente controlado por quienes, un año antes, masacraron con los más aberrantes grados de sevicia, al Párroco y a más de 20 ciudadanos.

La historia debe consignar que, contemporáneamente a la redacción de preciosos textos sobre la dignidad humana, el binomio Fuerzas Armadas/Paramilitares, sembraba de sangre humana el Putumayo, el Meta, el Cesar, el Magdalena Medio, y la frontera entre Boyacá y Casanare, sin que los clamores ante todas las instancias del Estado lograran detener su frenética consumación de genocidios.

La historia no podrá pasar por alto que las deliberaciones de la Asamblea Constituyente se desarrollaron en un período en que se consumaban 148 asesinatos mensuales, en promedio, por motivos políticos y otros 434 presumiblemente por las mismas razones; en que morían mensualmente 167 colombianos en confrontaciones bélicas; en que los organismos de seguridad del Estado desaparecían mensualmente a 16 ciudadanos y en que se continuaba la práctica inveterada de la tortura en las instalaciones militares y policiales.

El abismo que ha separado la realidad de las palabras, continúa profundizándose.

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Ojalá los Constituyentes comprendieran que la tragedia de Colombia, como la describió en un poema antes de morir el poeta Jorge Robledo Ortiz, la ha convertido en “una orquídea que violan sus propios jardineros”.

Javier Giraldo M., S. J.
Marzo de 1991

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