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septiembre 16 de 2005

Onceavo Derecho de Petición al Presidente sobre San José

Javier Giraldo Moreno, s.j.

Viernes 16 de septiembre de 2005, por Javier Giraldo M. , S.J.

Extraño sería considerar como “respuestas” a los derechos de petición eleva-dos anteriormente, los comentarios recibidos del Ministerio de Defensa (OFI05-20246/ MDNDHDIHALAIGDHDIH- 725, fechado el 10 de mayo/05) o del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Presidencia (OFI05- 44487/ AUV 21200, fechado el 28 de junio/05) dado que los niveles de compe-tencia y/o imparcialidad de las entidades y funcionarios que responden, no se compadecen con las peticiones elevadas. Solo el Jefe de Estado, quien tiene el poder de nombrar y remover a sus más altos funcionarios cuyas decisiones, a través de cadenas de mando, han devenido en lesiones graves y sistemáticas a la dignidad y derechos humanos fundamentales de los integrantes de toda una población civil, es quien tiene la obligación ineludible de tomar los correctivos y hacerse responsable de sus omisiones, y éstas son las respuestas que se le reclaman desde la plena legitimidad que a esos requerimientos le dan, tanto la Constitución de la República, como el Derecho Internacional.

La población civil del corregimiento de San José de Apartadó continúa siendo víctima de atropellos permanentes perpetrados por la fuerza pública y particu-larmente quienes se han integrado a la Comunidad de Paz desde 1997 conti-núan bajo una inhumana persecución. Casi todas las semanas se registran episodios de detenciones arbitrarias, retenes e interrogatorios ilegales, pillajes de bienes de subsistencia y anuncios permanentes, proferidos en lenguajes inaceptables en agentes del Estado dada su extrema vulgaridad, de que la co-munidad va a ser exterminada, sus líderes asesinados o judicializados y sus derechos y legítimos principios que los han constituido en Comunidad de Paz, desconocidos.

Los dolorosos acontecimientos de este año: tanto la masacre del 21 de febrero en las veredas Mulatos y La Resbalosa, como el ingreso forzado de fuerza pú-blica a los espacios de vivienda y trabajo de la Comunidad, lo que motivó su desplazamiento forzado, han deteriorado extremadamente la vigencia de los derechos fundamentales de esta población, así como el nivel de confianza que debería tener en el Estado en cuanto garante de sus derechos y dignidad, co-mo lo contempla la Constitución. A esta lamentable situación contribuyó espe-cialmente la ruptura de la concertación que se venía desarrollando en torno a modalidades razonables de protección estatal que no desconocieran sus Prin-cipios de comunidad que rechaza ser involucrada en la guerra, concertación exigida por las medidas provisionales tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal ruptura de la concertación, que se produjo como con-secuencia de las medidas que Usted, Señor Presidente, tomó unilateralmente, desconociendo todo lo avanzado en el proceso de concertación, evidenciando que éste no era asumido seriamente o que los funcionarios que en su nombre lo conducían no tenían su aval, ha dejado en una sinsalida esta grave situa-ción.

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