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Solicitud de protección real y efectiva a la Comunidad de Paz San José de Apartadó

Derecho de Petición No. 12 al Presidendente de Colombia

Javier Giraldo Moreno S.J.

Lunes 28 de noviembre de 2005, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, noviembre 21 de 2005

Doctor
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Casa de Nariño
Ciudad

Ref:
Derecho de Petición de 29.07.03 - Rad: 152982
Derecho de Petición de 15.10.03 - Rad: 195947
Derecho de Petición de 15.01.04 - Rad: 241719
Derecho de Petición de 26.02.04 - Rad: 260021
Derecho de Petición de 05.04.04 - Rad: 279992
Derecho de Petición de 20.05.04 - Rad: 300313
Derecho de Petición de 06.07.04 - Rad: 320803
Derecho de Petición de 20.09.04 - Rad: 359840
Derecho de Petición de 19.01.05 - Rad: 399453
Derecho de Petición de 12.05.05 - Rad: 419900
Derecho de Petición de 16.09.05 - Rad: 435971

De toda consideración.

Recurro nuevamente, Señor Presidente, al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, para solicitarle encarecidamente el cese de la cadena de crímenes de lesa humanidad que agentes del Estado, en unidad de acción con grupos delincuenciales al margen de la ley, vienen perpetrando contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y, en general, contra la población civil de la región.

En once ocasiones anteriores he recurrido a este mismo derecho constitucional, en calidad de acompañante desde hace muchos años de la Comunidad de Paz de San José, pero no he recibido ninguna respuesta de su despacho referida a las peticiones concretas que son de su exclusiva competencia constitucional. En efecto, el texto del Artículo 188 de la Carta le impone al Jefe del Estado con toda nitidez el carácter de garante de los derechos fundamentales de los colombianos, y para poder cumplir dicha obligación la misma Carta dota al Presidente de atribuciones suficientes, como la de comandante supremo de las fuerzas armadas (Art. 189,3) y la de nombrar y remover libremente a sus agentes (Art. 189,13). La misma Carta, en sus artículos 6 y 198 señala también la responsabilidad que atañe al Jefe del Estado por las omisiones al cumplimiento de la ley y la Corte Constitucional, en su Sentencia SU-1184/01, establece los alcances de la posición de garante, afirmando que a éste “se le imputa el resultado lesivo del inferior” cuando no evita un crimen de lesa humanidad.

Las obligaciones que el Estado ha contraído con la comunidad internacional al suscribir y ratificar la mayoría de convenciones y tratados que miran a la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidas como de absoluta prevalencia en los artículos 93 y 94 de la Constitución, obligaciones que tienen la misma imperatividad a la luz del derecho internacional consuetudinario, reclaman la intervención directa del Jefe del Estado para detener y corregir situaciones estructuralmente lesivas de la dignidad humana, convertidas en prácticas sistemáticas que se han prolongado por más de una década, y para restablecer los derechos de las víctimas y reparar las lesiones causadas por sus omisiones. No puede alegarse desconocimiento alguno de estas graves situaciones, toda vez que desde el año 1997 se han remitido informes, constancias y reclamos al despacho del Primer Mandatario, de manera permanente.

No obstante las ya numerosas y reiteradas solicitudes ante Usted, Señor Presidente, para que dé cumplimiento a las obligaciones que la Constitución Nacional y el Derecho Internacional le imponen, la agresión sistemática contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó continúa agravándose. Luego del último Derecho de Petición, radicado en su despacho el pasado 16 de septiembre, se han producido las siguientes violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario:

El jueves 15 de septiembre de 2005, hacia las 9:00 horas, fue encontrada asesinada ÁNGELA CORREA en el punto que divide los caminos hacia las veredas Arenas y La Unión, saliendo de San José. Era integrante de una familia vinculada desde el comienzo al proceso de la Comunidad de Paz. Su hermano Diofanor fue víctima en la masacre de La Unión del 8 de julio de 2000, perpetrada por el ejército y los paramilitares, y su padre, también llamado Diofanor, fue desaparecido por paramilitares el 24 de octubre de 2002. Sin embargo, cuando la Comunidad se desplazó del caserío de San José el 1° de abril de 2005, ella permaneció en el caserío con su madre y al instalarse allí la Policía varios agentes comenzaron a frecuentar su casa, a guardar en ella armas y teléfonos y a explotar sus sentimientos humanos. Miembros de la guerrilla que se enteraron de su cercanía progresiva con la Policía y la interpretaron como su conversión en “informante” de la fuerza pública, le enviaron amenazas y la instaron a abandonar el poblado. Al parecer este día la esperaron cuando se desplazaba hacia otra vereda y le dieron muerte. Todos los temores expresados por la Comunidad en las reuniones de concertación con instituciones del Estado, donde se discutió la ubicación de un puesto de policía en San José, se ven trágicamente confirmados. La Comunidad ha sostenido que la presencia de la fuerza pública en los espacios de vida y trabajo de la población civil la convierte en objetivo militar de la insurgencia. También se constata tristemente que los hábitos de la fuerza pública, de explotar los sentimientos de la población civil para convertirla en agente directo o indirecto de la guerra, no han cambiado. La historia le da de nuevo la razón a la comunidad pero con un costo doloroso.

El mismo jueves 15 de septiembre de 2005, hacia las 10:00 horas, el ejército detuvo al niño SAMUEL MORA, de 13 años y a PEDRO GUISAO, en el sitio llamado El Guayabero. Ambos regresaban de trabajar cuando los militares los detuvieron, los amarraron y les colocaron sus camisas en la cabeza, llevándolos así hacia la escuela de Mulatos. Hacia las 18:00 horas llegó allí otra tropa del ejército que traía los cadáveres de un supuesto guerrillero y de una supuesta guerrillera. Los militares soltaron los lazos con que traían amarrados a Samuel y a Pedro y con los mismos lazos los obligaron a amarrar los cadáveres en unas bestias. Con dicha tropa se movilizaban los paramilitares APOLINAR GUERRA y WILLIAM MONTOYA. Apolinar fue forzadamente “reinsertado” por el ejército luego de ser víctima de torturas y montajes judiciales y luego convertido, mediante métodos que deben ser investigados, en torturador, pues unos días antes (el 10 de julio) había sometido a torturas al mismo niño Samuel Mora. Nuevamente este día sometió a torturas a Samuel, a quien además quería castigar por haber denunciado las torturas anteriores. Mientras avanzaban hacia San José, Samuel y Pedro fueron amenazados de muerte y les decían que ya “les había llegado la hora de morir”. Samuel logró escapar en un descuido de sus captores, y Pedro fue llevado a la Brigada 17, en abierta violación de lo preceptuado por la Corte Constitucional en su Sentencia T-327/04, y dejado en libertad el 17 de septiembre.

El martes 20 de septiembre de 2005, hacia las 7:00 horas, fue allanada ilegalmente la vivienda de MIRO GIRALDO, a media hora de San José, por parte del ejército, sin portar ninguna orden judicial, mientras la víctima era insultada y amenazada.

El mismo martes 20 de septiembre de 2005, hacia las 15:0 horas, seis integrantes de la Comunidad de Paz que atravesaban el poblado abandonado de San José llevando alimentación para el Encuentro Internacional que comenzaba en la vereda de La Unión, fueron amenazados de muerte. Los policías y soldados que en ese momento hacían presencia en el caserío abandonado, les anunciaron que los iban a matar y que una vez pasara el Encuentro Internacional la fuerza pública “se desquitaría con la Comunidad”. “Aprovechen el Encuentro - les dijeron- que después nosotros nos aprovechamos de ustedes, porque ustedes son guerrilleros y esa comida que llevan es para la guerrilla”.

El miércoles 28 de septiembre, hacia las 10:00 horas, integrantes de la Comunidad de Paz que atravesaron el caserío abandonado de San José, fueron amenazados por policías y militares que se encontraban allí. Los miembros de la fuerza pública les reiteraron que se proponían matar a dos líderes de la Comunidad de Paz en los próximos días. Pocos días antes, otro integrante de la Comunidad de Paz que pasó por el caserío, escuchó a los miembros de la fuerza pública que se encontraban ocupando una de las viviendas del poblado, comentando sobre el mismo propósito y relacionándolo con el hecho del asesinato, por parte de la guerrilla, de Ángela Correa, el pasado 15 de septiembre. Ellos decían que así como la guerrilla había asesinado a Ángela Correa, sembrando el pánico entre los que aún permanecían en San José y colaboraban con ellos, así ellos iban a tener que matar a dos líderes de la Comunidad de Paz, para sembrar el pánico y obligar a los pobladores de San Josesito a irse de allí, pero que no lo harían como fuerza pública sino que se iban a camuflar como miembros de la guerrilla, utilizando brazaletes de las FARC.

El sábado 1° de octubre de 2005, los medios locales de información de Apartadó transmitieron noticias según las cuales la guerrilla habría ordenado desalojar el caserío de San José. Así mismo informaban que funcionarios de la Alcaldía de Apartadó declararon que se había avanzado en conversaciones entre la fuerza pública y la gente de San Josesito. Esto no tenía ningún fundamento real y posiblemente se quería ocultar a la opinión pública la cantidad de atropellos por parte de la fuerza pública contra la Comunidad de Paz, así como los asesinatos que se han perpetrado en los últimos días y los enfrentamientos entre guerrilla y fuerza pública, lo que más bien mostraría que la zona ha regresado a ser escenario de enfrentamientos donde la guerra se agudiza.

El mismo sábado 1° de octubre de 2005, aparecieron escritos en varias piedras de la vereda La Linda, avisos según los cuales, “vienen los paramilitares” “vienen los mocha-cabezas”, y que iban a “acabar con todos”. Hasta la tarde anterior, del 30 de septiembre, hubo tropas del ejército en ese sitio, lo que hace suponer que ellos escribieron dichos avisos.

El domingo 2 de octubre de 2005, hacia las 12:30 horas, entró el ejército a la cancha de la vereda La Victoria llevando consigo al paramilitar WILLIAM MONTOYA y se llevaron al joven RUBIEL ANTONIO VASCO, quien ya había sido amenazado por la policía el 6 de septiembre anterior. Los militares lo amenazaron nuevamente de muerte “si no se entregaba y se acogía al plan de reinserción”, acusándolo de “ser guerrillero”. Luego de insultarlo, amenazarlo y presionarlo toda la tarde, lo dejaron libre hacia las 18:00 horas, pero le advirtieron que si denunciaba lo ocurrido lo iban a matar. William Montoya, quien lo amenazó más intensamente, había sido capturado como miliciano en Caracolí y luego apareció como “reinsertado”, convirtiéndolo el ejército en falso testigo para acusar a miembros de la Comunidad. Los militares lo llevaron a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el pasado 25 de mayo, donde hizo numerosas afirmaciones falsas que demostraron a las claras el papel que está siendo obligado a cumplir actualmente.

El martes 4 de octubre de 2005, hacia las 8:00 horas, miembros del ejército acompañados por los paramilitares WILLIAM MONTOYA y APOLINAR GUERRA, ingresaron a la casa del joven RUBIEL VASCO, quien ya había sido detenido y amenazado por el ejército y por dichos paramilitares dos días antes. Como Rubiel no se encontraba en la casa, los militares y paramilitares le dijeron a su mamá que Rubiel esa vez se había salvado, pero que “lo tenían que fregar tarde o temprano”. Luego se retiraron. Esa misma tarde el 4 de octubre, hacia las 17:00 horas, los paramilitares WILLIAM MONTOYA y APOLINAR GUERRA, vestidos con trajes civiles y en compañía de otro hombre desconocido, portando todos armas cortas, estuvieron filmando el caserío de San Josesito. Luego abordaron un vehículo de servicio público y obligaron al conductor a seguir tras un camión que había transportado alimentos para la Comunidad. Los paramilitares le decían al conductor que alcanzara el camión porque “iban a matar al conductor”, pero el conductor les respondió que su vehículo no daba más velocidad. Al no poder alcanzar el camión, los paramilitares se bajaron en la platanera, a la salida de Apartadó y comentaron que “tenían que hablar con los ‘paras’ para ver cómo desaparecían a ese h. p. guerrillero, pues todo el que ayude a la Comunidad de Paz es guerrillero y lo vamos a matar”. Así mismo, anunciaron que iba a comenzar un nuevo bloqueo alimentario contra la Comunidad.

El jueves 13 de octubre de 2005, en las horas de la mañana, miembros del ejército ingresaron ilegalmente a la vivienda de BLANCA TORRES, a dos minutos del caserío de San José, allí derribaron los árboles de cacao, dañaron la cosecha de maíz, las matas de plátano y acabaron con todos los sembrados.

El lunes 17 de octubre de 2005, hacia las 14:00 horas, cerca de 40 paramilitares se desplazaron de Apartadó a San José en 20 motocicletas, portando armas. Llegaron a la casa de la cual se ha apoderado el paramilitar apodado “LALO”, quien fue uno de los actores de la masacre del 4 de abril de 1999 en la cual asesinaron al líder educador y autor del Himno de la Comunidad de Paz, Aníbal Jiménez, y que además fue integrante de los retenes militares-paramilitares que estuvieron establecidos en la zona durante el año 2002 donde fueron asesinadas más de 15 personas de la Comunidad. A pesar de portar armas, la Policía acantonada en San José no los requisó sino que, por el contrario, departió amigablemente con ellos en la fiesta que realizaron. Los paramilitares permanecieron en San José hasta las 18:00 horas, cuando descendieron nuevamente en sus motos y con armas hacia Apartadó, sin ser requisados en los retenes.

El viernes 21 de octubre de 2005, hacia las 10:00 horas, dos hombres en moto y con trajes civiles, interceptaron en Apartadó, frente al centro médico del Seguro Social, el vehículo de servicio público que venía de San José y en el cual bajaban dos miembros de la Comunidad. Los armados comenzaron a insultar a los integrantes de la Comunidad y a amenazarlos. Cuando los miembros de la Comunidad le exigieron a los armados identificarse, ellos dijeron ser de la Policía pero se negaron a mostrar sus credenciales, afirmando que “ellos podían hacer lo que les diera la gana, pues este gobierno era un gobierno de ellos y nadie tenía por qué joderlos”. En ese momento, frente al vehículo se encontraba una patrulla de la Policía con dos policías, quienes solo se reían al presenciar los insultos y amenazas que los supuestos policías de civil proferían contra los integrantes de la Comunidad. Luego de esto, dejaron que el vehículo continuara su ruta.

El lunes 24 de octubre de 2005, hacia las 11:00 horas, dos miembros de la Comunidad de Paz fueron abordados en la terminal de transportes de Apartadó por el paramilitar WLMAR DURANGO. Este personaje ha trabajado con el ejército y la policía de la zona participando en numerosos crímenes, entre ellos los asaltos a mano armada a vehículos para robar los dineros de la Comunidad. El mismo Coronel Néstor Iván Duque, del Batallón Bejarano Muñoz - XVII Brigada, así como el Director de la Policía de Urabá, Coronel Yamil Moreno, han reconocido que trabaja con ellos, y a pesar de tener cerca de 7 órdenes de captura en su contra, los fiscales no lo capturan, en abierta complicidad con la fuerza pública. Esta vez, WILMAR les dijo a los miembros de la Comunidad que estaba de nuevo en la zona (pues había sido trasladado unos meses antes, se cree que a Panamá); que tenía pleno respaldo del ejército y que le habían encomendado la misión de comenzar a presionar a la Comunidad en San Josesito para que se desplazaran de allí y desvertebrar también la Comunidad en Arenas Altas, así como habían hecho con las veredas de Mulatos, Las Nieves, La Esperanza, El Porvenir, La Resbalosa (zona toda esta de la masacre de febrero de 2005 y de los atropellos concomitantes). Advirtió WLMAR que ahora lo iban a ver con frecuencia en la zona andando con el ejército. Dijo, además, que a él no le tuvieran tanto miedo, que le debían tener más miedo a “GUACHIPÍN”, a WILLIAM MONTOYA y a APOLINAR GUERRA, pues a éstos les han encomendado preparar un ataque contra la Comunidad. También reconoció WILMAR que él había participado en el asesinato de Yorbelis Restrepo (4 de octubre de 2004) pero que no se arrepentía porque ella “se lo merecía” y que además él estaba respaldado en ese hecho por ejército y policía.

El jueves 27 de octubre de 2005, hacia las 12:18 horas, soldados del Batallón Vélez ingresaron ilegalmente al caserío de La Unión, propiedad privada de la Comunidad, y allí comenzaron a decirle a las personas que se encontraban, que le dijeran a la gente que se fuera de allí si no la quería pasar mal. Estuvieron, además, preguntando dónde vivían los líderes de la Comunidad. Los pobladores se negaron a darles información.

El viernes 28 de octubre de 2005, hacia las 17:00 horas, miembros del ejército pertenecientes al Batallón Vélez, ingresaron ilegalmente al caserío de La Unión, propiedad privada de la Comunidad de Paz, y anunciaron que pronto “vendrían a quemar el caserío”. Dijeron además que el kiosco de la comunidad era “el lugar de reuniones de la comunidad con la guerrilla” y que allí se hacían “las fiestas de la guerrilla”.. Los militares permanecieron 45 minutos insultando a la Comunidad y anunciaron que a varios integrantes de la Comunidad “les van a mochar la lengua vivos” y que a la Comunidad la van a acabar, tarde o temprano.

El sábado 29 de octubre de 2005, hacia las 15:00 horas, tropas del ejército detuvieron ilegalmente a un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz en la vereda de Arenas Altas, ubicada a hora y media de San Josesito. Como el líder se encontraba en ese momento en su cultivo de arroz de la Comunidad, le dijeron que ese arroz era de la guerrilla y que él era un guerrillero así como la Comunidad de Paz. Finalmente le dijeron que “cuando baje la presión, se lo vamos a cobrar bien caro”.

El lunes 31 de octubre de 2005, hacia las 8:00 horas, en la vereda Arenas Bajas fue detenido ilegalmente el Señor FIDEL TUBERQUIA por miembros del ejército. Le dijeron que era guerrillero y que lo iban a matar. Ingresaron a su vivienda y se le robaron las gallinas que tenía. El comandante le dijo que si la guerrilla les llegaba a disparar, regresarían y lo partirían en pedacitos. Luego se retiraron.

El jueves 3 de noviembre de 2005, el General Zapata, Comandante de la Brigada XVII del ejército con sede en Carepa, al recibir a una delegación internacional, le manifestó que el ejército ya tiene casi lista la investigación sobre la masacre del 21 de febrero de este año en las veredas Mulatos y La Resbalosa, la cual se dará a conocer públicamente, y que los resultados de la misma demuestran que fue realizada por la guerrilla. Esto contradice las numerosas evidencias que han llevado a la Comunidad y a investigadores de otros países a la convicción de que fue el ejército el perpetrador de la misma, lográndose incluso demostrar que los datos y mapas de ubicación de tropas del ejército eran falsos a todas luces. Ninguna credibilidad puede tener una investigación realizada por los mismos victimarios.

El viernes 11 de noviembre de 2005, hacia las 16:00 horas, por emisoras de radio en Apartadó se comenzó a leer un listado de más de 30 nombres de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó citándolas a presentarse en la Fiscalía.

El sábado 12 de noviembre de 2005, hacia las 14.20 horas, cuatro personas en trajes civiles, que se presentaron como fiscales, ingresaron forzadamente, violando la propiedad privada, a la hacienda La Holandita, donde se encuentran los desplazados de San José, y comenzaron a preguntar por los líderes de la Comunidad y a filmar a las personas, sus viviendas y sus enseres. Miembros de la Comunidad les dijeron que estaban cometiendo un delito al ingresar sin autorización a una propiedad privada; los supuestos fiscales no respondían a nada y continuaron filmando por cerca de 40 minutos. Afirmaban que eran 18 fiscales que necesitaban testigos de la Comunidad. Los pobladores dijeron que no iban a hablar y menos ante gente que ingresaba de esa forma tan irrespetuosa. Un grupo de policías y más personas en trajes civiles esperaron en la carretera, a la entrada de la finca. Al retirarse dijeron que volverían el miércoles siguiente.

El jueves 17 de noviembre de 2005, hacia las 10:30 horas, en la vereda Arenas Altas, integrante de la Comunidad de Paz, se encontraban varios pobladores desyerbando un cultivo de maíz. Una unidad del ejército que se movilizaba por allí, al verlos, disparó contra ellos varias ráfagas de fusil y luego les lanzó una granada, la cual cayó donde se encontraba ARLEN RODRIGO SALAS DAVID, más conocido entre sus vecinos como Arlén y que prestaba el servicio de COORDINADOR DE LA ZONA HUMANITARIA DE ARENAS, quien quedó gravemente herido. Los otros campesinos no lo pudieron auxiliar porque el ejército continuó disparando y ellos se vieron obligados a resguardarse de las balas entre los árboles. Cuando cesaron los disparos, se acercaron a Rodrigo pero éste ya estaba muerto. Los militares luego continuaron disparando y dirigieron sus ataques contra el caserío de Arenas Altas. Fue herido también HERNÁN GÓEZ, uno de cuyos hermanos, Darío Góez, había sido asesinado por miembros del ejército el 9 de abril de 1998, disparándole en su propia casa y sacándolo a rastras ya herido, prometiéndole a su familia que lo llevarían a un hospital, pero luego la familia lo encontró en la morgue de Turbo, donde los militares llevaron su cadáver vestido de guerrillero reportándolo como “muerto en combate”. El ejército disparó luego contra la escuela de Arenas Altas, donde se encontraba el profesor con los niños quienes se tuvieron que acostar en el piso. Cuando el profesor protestó, los militares dijeron que de la escuela les estaban disparando, lo cual era absolutamente falso, pues allí solo estaban los niños con su profesor. Mediante llamadas telefónicas, integrantes de la Comunidad de Arenas, hacia las 13:00 horas dieron aviso al Consejo Interno de la Comunidad de Paz, en San Josesito, de lo que ocurría. Inmediatamente partieron delegaciones de San Josesito y de La Unión hacia Arenas Altas, con acompañamiento internacional. Al llegar, hacia las 17:00 horas, a la casa de Alberto Rodríguez, el ejército agredió a las comisiones de búsqueda y los obligó a entrar en la casa donde los insultó, les dijo que eran guerrilleros; que el ejército solo había herido a guerrilleros; hicieron tiros al aire para aterrorizarlos y afirmaron que los iban a matar; que a la Comunidad de Paz la van a acabar de todas formas. Las comisiones de búsqueda lograron llegar al caserío de Arenas hacia las 18:30 horas y de allí algunos se desplazaron hacia el cultivo de maíz donde encontraron el cuerpo sin vida de Rodrigo y lo recogieron para transportarlo a San Josesito en una hamaca; también recogieron los restos de la granada que le arrebató la vida a Rodrigo. Hacia las 21:00 horas partieron hacia San Josesito con el cadáver de Rodrigo y llevando a Hernán, herido, en una bestia de carga. Hacia la media noche llegaron a San Josesito y de allí la Defensoría del Pueblo transportó a Hernán y el cadáver de Rodrigo hacia Apartadó.

El viernes 18 de noviembre de 2005, hacia las 13:00 horas, los policías acantonados en San José detuvieron arbitrariamente a ALFREDO VALDERRAMA, quien saca madera para las construcciones de la Comunidad. Los policías le dijeron que tenía que ir donde el comandante de la policía a pedirle permiso para cortar madera, cuando los sitios de donde saca la madera son de la Comunidad, o de sus integrantes o de personas que la comercializan. También le decían que necesitaba permiso de la policía para llevar gasolina para la máquina y que además la policía le iba a hacer algunos encargos. Alfredo les hizo ver que eso era ilegal, pues él era neutral y no podía colaborar con ningún actor armado. Los policías le respondieron que ellos no tenían ley y que la neutralidad no existía: “o colaboran con la policía y el ejército o con la guerrilla”. Cuando se negó a colaborarles, los policías le dijeron que “lo pagaría caro” y lo dejaron irse.

El mismo viernes 18 de noviembre de 2005, hacia las 18:00 horas, cuatro policías de los que hacen presencia en el caserío de San José, acompañados de cuatro hombres en trajes civiles, detuvieron arbitrariamente a cinco integrantes de la Comunidad de Paz. Los cuatro que estaban de civil comenzaron a requisarlos pero los miembros de la Comunidad no se dejaron y le preguntaron a los policías quiénes eran esos civiles y con qué autoridad los requisaban. Los policías se quedaron callados y más tarde les dijeron que la situación de la Comunidad iba a ser peor en adelante; que lo que les acababa de pasar en Arenas no era nada comparado con lo que les iba suceder después. Les dijeron también que aunque denunciaran todo esto a nivel internacional, a ellos solo les daba risa, pues hasta ahora nada les había pasado a pesar de tanta denuncia que se ha hecho. Luego les dijeron que se fueran y que se cuidaran.

El lunes 21 de noviembre de 2005, a las 7:00 horas, la emisora del ejército afirmó que la muerte del campesino Arlén Rodrigo Salas David, en la vereda Arenas Altas de San José de Apartadó, el jueves 17 de noviembre, se produjo por los disparos que le hizo una guerrillera, a la cual luego el ejército le habría disparado dejándola muerta. El jueves anterior, el ejército había reportado combates en la vereda Los Mandarinos, ubicada a una distancia de hora y media de Arenas Altas, donde habrían “dado de baja a una guerrillera”. De hecho las comisiones de búsqueda que llegaron a Arenas Altas el jueves 17 hacia las 17:00 horas, vieron pasar junto con la tropa una bestia en la cual había un envoltorio señalado como el cadáver de la supuesta guerrillera. De allí que la versión resulta tan fantasiosa como si el ejército hubiera transportado el cadáver de la supuesta guerrillera desde Los Mandarinos hasta Arenas Altas, lo hubiera revivido para que asesinara a Rodrigo, para luego ser “dada de baja” por segunda vez por el ejército. Olvidan los militares que a Rodrigo lo mataron lanzándole premeditadamente una granada mientras se dedicaba a labores agrícolas, hecho que fue presenciado y sufrido por al menos seis testigos, y que los disparos hechos contra las viviendas de la Comunidad y contra la escuela y los niños, así como la herida causada a Hernán Góez, son pruebas contundentes de atentados criminales contra la población civil, los cuales, leídos a la luz de las amenazas proferidas ese mismo día contra la Comunidad de Paz, no solo por la tropa que hizo presencia en Arenas Altas sino por los policías acantonados en San José, revelan que todo obedece a un plan premeditado de atentados criminales contra la Comunidad de Paz.

Como puede ver, Señor Presidente, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la población campesina de la zona continúa siendo blanco de crímenes de Estado en forma permanente. Se han incumplido todas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado colombiano a proteger a dicha población y a concertar con ella las formas de protección.

Los hechos reseñados anteriormente revelan varias situaciones en extremo graves, como las siguientes:

a)La persistencia de la unidad de acción entre militares, policías y paramilitares, ahora aún más visible y constatable, dada la presencia en el caserío de San José del paramilitar apodado “LALO”, quien al parecer ejerce como autoridad suprema frente a la misma Policía, pues organiza fiestas con numerosos paramilitares armados con la aquiescencia de la Policía y cuando la Policía pretende desarmar civiles armados que ingresan allí, él lo impide al presentarlos como paramilitares.

Dicha unidad de acción se evidencia también por el retorno del paramilitar WILMAR DURANGO, a quien habían enviado a otro lugar, dado que contra él había 7 órdenes decaptura que no se hacían efectivas gracias al respaldo que dicho delincuente recibe de la fuerza pública; ahora ese respaldo es más evidente, como también lo es la complicidad del poder judicial. Pero la estrategia militar - paramilitar se hace aún más evidente por la vinculación de falsos “reinsertados” que tras torturas y montajes judiciales han sido obligados a “reinsertarse” sin lógica alguna, toda vez que no eran activos de la guerrilla, y luego vinculados a operativos militares e incluso usados como nuevos torturadores. ¿Qué fundamento legal pueden tener tan aberrantes procedimientos?

b)El retorno de la confrontación armada a la zona con sus secuelas de terror y zozobra permanente. Esto se produjo a raíz del ingreso forzado de la Policía a las zonas de vivienda y trabajo de la Comunidad de Paz, lo que militarizó nuevamente la vida cotidiana y volvió a colocar a la población civil como objetivo militar de la insurgencia, motivando el desplazamiento inmediato de los integrantes de la Comunidad de Paz.

En el período de concertación en que los delegados de la Comunidad y los peticionarios participamos en reuniones con las instituciones del Estado, en búsqueda de formas de protección que no lesionaran las opciones de paz que constituyen el fin primario de la Comunidad, concertación que Usted, Señor Presidente, rompió unilateralmente, arruinando a la vez la credibilidad de cualquier nuevo esfuerzo de concertación, se había planteado la necesidad de evitar esa práctica ya rutinaria de policía y ejército, de introducirse en las comunidades para convertir en informantes a los pobladores, particularmente a los niños y a las mujeres jóvenes, abusando de los sentimientos de éstas a través de romances en extremo peligrosos que no pocas veces han resultado fatales. Nuestros temores se vieron confirmados muy rápidamente en la tragedia ocurrida a ÁNGELA CORREA, atrapada sentimentalmente por los policías que ingresaron a San José, quienes llegaron a guardar en su casa armas y celulares, poniéndola rápidamente como objetivo militar de la guerrilla de la cual fue víctima fatal el pasado 15 de septiembre. Ya otro poblador había sufrido similares consecuencias días antes.

Todo da a entender que Usted, Señor Presidente, mantiene como ideal político la militarización de la vida civil en formas de fusión de la fuerza pública con la población, borrando cada vez más las fronteras entre lo civil y lo militar. Ojalá tuviera la capacidad de entender lo trágico que esto resulta para la población civil que busca la paz.

c)La persistencia de una política sistemática de agresión y de terror por parte de la Brigada XVII del ejército y de la policía de la zona contra la Comunidad de Paz.

Falaces resultan sus discursos sobre la “seguridad democrática” y sobre el respeto a los derechos humanos, consignados en textos que cita su Secretario Jurídico, cuando la realidad cruda es que la fuerza pública en la zona se porta como una banda de criminales sin Dios ni ley, que además proclaman en cada crimen que su investidura les permite hacer lo que les venga en gana con la población y que además este gobierno -el presidido por Usted, Señor Presidente Uribe- es “de ellos” (aludiendo a militares y paramilitares) y que, como tienen el poder, no hay barrera alguna que pueda frenar sus arbitrariedades y violencias. Y cuando nuestras constancias y peticiones han sido continuas y apremiantes, sin lograr absolutamente nada de su parte para contener tan inhumana agresión, se hace cada vez más evidente que se da un aval de facto de su parte, y el más eficaz que se puede uno imaginar, a los crímenes que han venido destruyendo y desgarrando a la Comunidad de Paz de San José.

La Corte Constitucional, reproduciendo una tradición jurídica universal, ha señalado muy juiciosamente la responsabilidad del garante, demostrando que el crimen perpetrado por el inferior es imputable plenamente al superior que tiene obligación de actuar y no actúa para impedir el crimen. Por ello, su aval, Señor Presidente, a una práctica criminal tan sistemática y persistente de la Brigada XVII, sin siquiera remover a los comandantes mientras investigaciones independientes e imparciales establecen sus responsabilidades en los crímenes, nos escandaliza en extremo. Si Usted les concede actuar a sus anchas, sin que jamás se produzca una medida administrativa para corregir, frenar y evitar tanta barbarie, ¿quién podría afirmar que en los ultrajes cotidianos de soldados, policías y paramilitares contra la Comunidad de Paz y la población de la zona no está representada su política y su responsabilidad?

Pero esto adquiere contornos más trágicos a la luz de los últimos acontecimientos. Tanto los militares que perpetraron la ejecución extrajudicial de Arlén Rodrigo Salas el pasado 17 de noviembre en Arenas Altas, así como el atentado contra la vida de Hernán Góez y los disparos de fusil contra las viviendas y escuela donde mora la Comunidad de Paz de Arenas Altas y estudian los niños de la zona, como los policías que el 18 de noviembre en compañía de paramilitares detuvieron ilegalmente a cinco integrantes de la Comunidad en el caserío de San José, afirmaron que existe un plan de exterminio de la Comunidad frente al cual los acontecimientos de Arenas Altas no significan nada. Además afirmaron, con escalofriante arrogancia, que las denuncias y las actuaciones de la comunidad internacional no los tocan y solo les producen risa. Acaso todo esto, que no es la primera vez que se afirma, ¿no está confirmando que existe un plan de alto nivel para destruir la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que comporta no solo más crímenes de guerra y de lesa humanidad sino impunidad decidida de antemano al más alto nivel del Estado e inmunidad frente a la justicia de todos los actores de los crímenes?

Pero, acaso, Señor Presidente, ¿no es eso justamente lo que hemos constatado durante al menos los nueve últimos años? ¿Acaso la justicia, desde sus más altos niveles, no se ha negado a aplicar los parámetros del derecho internacional, optando más bien por abrir investigaciones sobre “casos aislados” contra “actores anónimos” que rutinariamente se archivan a los pocos meses, y utilizando como estrategia probatoria el obligar a las víctimas y a sus familiares a rendir declaraciones que nunca se consideran válidas y solo sirven para que los testigos sean asesinados, desplazados, hostigados y amenazados por un bloque de victimarios que involucra confusamente fuerza pública, poder judicial, funcionarios administrativos y bandas paramilitares que se respaldan mutuamente?

Le repito, Señor Presidente, la frase con la cual el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cerró la última audiencia sobre el caso de San José de Apartadó el pasado 15 de marzo en San José de Costa Rica, dirigiéndose a los delegados del gobierno colombiano: “¿Hasta cuándo va a durar esto?”.

Por ello, apelando nuevamente al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le solicito encarecidamente:

Remover de la comandancia de la Brigada XVII al General Zapata, a los comandantes del Batallón y unidades menores que participaron en el crimen que le arrebató la vida a RODRIGO SALAS DAVID, Coordinador de la ZONA HUMANITARIA de Arenas Altas, dejó lesionado a HERNÁN GÓEZ y baleadas las viviendas y la escuela de Arenas Altas el 17 de noviembre de 2005, sin prejuzgar los resultados de las investigaciones penales y disciplinarias que deberían incoarse por parte de tribunales independientes, imparciales y honestos.

Remover de sus cargos y suspender su presencia en la zona, a los miembros de la Policía que hacen presencia en el caserío de San José y ordenar se investiguen sus relaciones con el paramilitar “LALO” quien ejerce como autoridad de facto en el corregimiento, así como con los demás paramilitares que hoy frecuentan el caserío y que incluso requisan a los transeúntes con el acompañamiento de la policía, y exigir que la justicia realice un proceso contra alias “LALO” por su participación en la masacre del 4 e abril de 1999, ojalá por parte de tribunales internacionales, ya que la Fiscalía colombiana ha perdido toda credibilidad moral al mantener en absoluta impunidad más de 550 crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la Comunidad de Paz, e incluso la primera masacre perpetrada en la vereda Mulatos en julio de 1977.

Explicarle al país y a la comunidad internacional cuál es el plan de exterminio que su gobierno ha diseñado contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, plan que es frecuentemente pregonado por soldados y policías que recorren las veredas o hacen presencia en la zona y a los cuales usted se ha negado siempre a controlar a través de sus superiores jerárquicos, plan que en los últimos meses ha sido pregonado con mayor fuerza, y en qué fundamentos legales se apoya.

Reconsiderar su negativa a dar respuestas concretas y efectivas, que se compadezcan con la obligación de garante de los derechos y libertades de los colombianos que la Constitución le impone, a las peticiones elevadas ante su despacho en éste y los anteriores ejercicios del Derecho Constitucional de Petición, de tal modo que se traduzcan en intervenciones concretas, directas y eficaces en la Brigada XVII del ejército y demás unidades de fuerza pública con jurisdicción sobre el corregimiento de San José de Apartadó, a fin de que cesen en su comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra la población civil de su entorno.

Resarcir a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a sus acompañantes y colaboradores, gravemente lesionados por las calumnias e injurias que Usted profirió contra ellos ante los medios masivos de comunicación los días 27 de mayo de 2004 y 20 de marzo de 2005, rectificando por los mismos medios sus palabras, destructivas de su honra y buen nombre y estigmatizantes de los esfuerzos legítimos y laudables que han hecho en la búsqueda de la paz y de la solidaridad en medio de enormes dificultades.

Reconsiderar sus decisiones que rompieron el proceso de concertación entre la Comunidad y las instituciones del Estado en torno a la búsqueda de modalidades razonables de protección y seguridad que fueran compatibles con los Principios de una comunidad que legítimamente se niega a que la involucren en la guerra contra su voluntad, concertación que obedecía a los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que ahora ha perdido sus fundamentos más elementales de buena fe, al ser desconocido unilateralmente todo lo avanzado y la misma representatividad de los agentes del Estado que la conducían.

Reparar mediante mecanismos de orden administrativo, los destrozos perpetrados en los bienes de subsistencia elemental de los campesinos de la zona por parte de militares y paramilitares en su accionar conjunto y/o coordinado, teniendo en cuenta que las víctimas no cuentan con recursos para pagar abogados que entablen procesos de demanda contra el Estado, menos cuando lo poco que poseían para su subsistencia ha sido hurtado o destruido por agentes del Estado.

Restituir los fondos hurtados a la Comunidad de Paz mediante los dos asaltos a mano armada del 8 de diciembre de 2003 y 28 de enero de 2004, hechos en los que a todas luces intervino el Coronel Duque, del Batallón Bejarano Muñoz, como se ha explicado en múltiples documentos de denuncia.

Ordenar que organismos internacionales de plena credibilidad investiguen los procedimientos síquicos que condujeron a que el torturado Apolinar Guerra se convirtiera en torturador, ya que la figura de torturado convertido en torturador exige procedimientos psíquicos excesivamente perversos, cuya utilización por órganos del Estado conmociona y preocupa profundamente a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional.

Dar órdenes perentorias a las unidades de la fuerza pública de la región que respeten las ZONAS HUMANITARIAS que la Comunidad de Paz, respondiendo a solicitudes y consultas de las mismas poblaciones veredales, ha establecido en las veredas: ALTO BONITO, MIRAMAR, ARENAS BAJAS, MULATOS, CRISTALINA Y LA LINDA, BUENOS AIRES y BELLAVISTA, y en acatamiento al concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación el pasado 28 de julio/05 (Of: 1799-111043 - 167341 - ZHH - GQG) donde afirma: “La Procuraduría General de la Nación hace seguimiento y control permanentes a la garantía de seguridad debida por el Estado a las zonas humanitarias, como comunidades especialmente protegidas por organismos internacionales de los Derechos Humanos, uno de ellos la Corte Interamericana (...) La constitución de dichas zonas es una prerrogativa de las comunidades en ejercicio de sus derechos a la organización y participación social, siempre que se haga cumpliendo el marco normativo que rige el país. La Procuraduría, en consecuencia, defenderá, si ésa es la decisión autónoma de la Comunidad, ese derecho y exigirá la seguridad de las zonas humanitarias”

Dar respuesta pública sobre las peticiones que el Programa Presidencial de Derechos Humanos le transmitió al Ministerio de Defensa Nacional, referentes a la remoción del Comandante de la Brigada XVII y al del Batallón Bejarano Muñoz, así como a la restitución de bienes robados a los campesinos de la zona o destruidos por las tropas.

Dar órdenes perentorias a las unidades de la fuerza pública acantonadas en Urabá, de que cesen en su connivencia y unidad de acción con los grupos paramilitares al margen y contrarios a la Ley, particularmente en el control del caserío de San José donde permiten, no solo la presencia del paramilitar apodado “LALO”, partícipe en masacres anteriores de miembros de la Comunidad, sino que se someten a sus directrices; en el control de la carretera que de Apartadó conduce a San José; en la presencia y control de la Terminal de Transportes de Apartadó, así como de los barrios Mangolo y aledaños de Apartadó y de los caminos que de San José conducen a otras veredas del corregimiento; en el diseño y ejecución de operativos en los cuales se cometen numerosos crímenes, como los que realizan cada cierto número de meses en las veredas de Mulatos y aledañas; en el mantenimiento de bases paramilitares como las de Nueva Antioquia, Piedras Blancas, Rodoxallí, Tierra Amarilla, Mangolo y otras; en la residencia o presencia frecuente de un número de reconocidos paramilitares en las instalaciones de la brigada XVII y del Batallón Bejarano Muñoz, quienes gozan de remuneraciones públicamente confesadas y se desplazan en compañía de las tropas oficiales vistiendo uniformes y usando armas de uso privativo de la fuerza pública; en la confección de calumnias contra los líderes de la Comunidad de Paz sustentadas por declaraciones remuneradas de paramilitares incursos en numerosos crímenes, con la intención públicamente alardeada de judicializar o hacer asesinar a dichos líderes para poder destruir la Comunidad.

Así mismo le reitero, Señor Presidente, las demás peticiones contenidas en los Derechos de Petición de julio 29 de 2003 (Rad: 152982), de octubre 15 de 2003 (Rad: 195947), de enero 15 de 2004 (Rad: 241719), de febrero 26 de 2004 (Rad: 260021), de abril 5 de 2004 (Rad: 279992), de mayo 20 de 2004 (Rad: 300313), de julio 6 de 2004 (Rad: 320803), de septiembre 20 de 2004 [Rad: 359840], de enero 19 de 2005 (Rad: 399453), de mayo 12 de 2005 (Rad: 419900) y de septiembre 16 de 2005 (Rad: 435971) que no han obtenido ninguna respuesta compatible con la obligación de garante que la Constitución de la República le impone y con las atribuciones constituciones que para ello le otorga.

De antemano le agradezco, Señor Presidente, su atención a estas apremiantes solicitudes y le ruego responderme, dentro de los términos legales, a la siguiente dirección: [ ---------------- ]

Respetuosamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.
C. C. [ --- ]
Dirección: [ -------- ]

Copias:
Fiscal General de la Corte Penal Internacional
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Cancillerías de Estados que tienen gobiernos locales o provinciales hermanados con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Organismos internacionales de Derechos Humanos
Organismos nacionales de Derechos Humanos

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