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Información sobre la ejecución del soldado testigo contra Gral (r) Rito Alejo del Rio

Derecho de Petición al Fiscal General de la Nación

Javier Giraldo Moreno S.J.

Lunes 28 de noviembre de 2005, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, D. C., nociembre 18 de 2005

Dr. MARIO IGUARÁN
Fiscal General de la Nación
Ciudad

De toda consideración.

Acogiéndome al Artículo 23 de la Constitución Nacional y a los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, respetuosamente elevo ante Usted las siguientes peticiones:

1)Informarme si la Fiscalía ha abierto investigación formal por el asesinato del ex soldado OSWALDO DE JESÚS GIRALDO YEPES, ocurrido en la población de Yarumal, departamento de Antioquia, el sábado 2 de abril de 2005 y bajo qué número de radicación se encuentra.

2)Informarme si, de acuerdo a los datos suministrados ante la Fiscalía por el padre de la víctima, ha sido inspeccionada la hacienda La Carolina, del corregimiento de Los Llanos de Cuivá, del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, hacienda que se dice es propiedad del Señor Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, así como la base militar aledaña, y si han sido identificados allí los ejecutores del crimen.

3)Informarme si la Fiscalía ha incorporado a la investigación por este crimen toda la información suministrada por la víctima dentro del proceso 5767 avocado por el despacho del Fiscal General, particularmente las amenazas contra su vida; las presiones a que fue sometido por el abogado del General Rito Alejo del Río, Dr. Orlando Perdomo; las solicitudes elevadas por la Parte Civil para que se investigara a quienes lo presionaron hasta obligarlo a una retractación extorsiva; las solicitudes para su protección, etc. y si la Fiscalía vinculará a la investigación por este asesinato a quienes desde la misma Fiscalía se negaron a investigar dichas presiones, evaluaron injustamente sus testimonios y se negaron a protegerlo, cuando todo hacía presumir una muerte anunciada.

Motiva este ejercicio del Derecho Constitucional de Petición el hecho de haberme constituido como Parte Civil dentro del proceso 5767, gracias a la Sentencia T-249 de la Corte Constitucional, del 21 de marzo de 2003, lo que me permitió conocer y valorar el testimonio coherente, rendido repetidas veces sin contradicción alguna, por el ex soldado Oswaldo Giraldo Yepes, y confrontarlo con otras numerosas piezas probatorias.

El conocimiento directo de dicho expediente me permitió a la vez constatar que el despacho del Fiscal General se negó a investigar y a recaudar pruebas elementales a su alcance sobre numerosos crímenes allí denunciados, entre ellos los denunciados por este valeroso ex soldado, de lo cual dejamos constancia en el Derecho Fundamental de Petición radicado en el proceso el 29 de septiembre de 2003, donde se evidencian 150 irregularidades graves del proceso. También me permitió, con gran asombro, constatar que delitos muy graves allí denunciados contra el Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, como el caso de la base paramilitar instalada en su hacienda Guacharacas, del municipio de San Roque, Antioquia, denunciada por un empresario ante fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, el 2 de mayo de 2000, no tuvieron ningún tratamiento procesal. Además, el tratamiento dado al ex soldado Giraldo Yepes, tanto por el hecho de ordenar su detención y procesamiento con fundamento en lo denunciado por él mismo mientras los denunciados no eran objeto de ninguna investigación ni detención, como por la negativa de la Fiscalía a investigar las extorsiones y amenazas que lo llevaron a una “retractación” a todas luces no auténtica, así como las amenazas contra su vida y las conductas más que sospechosas del Dr. Orlando Perdomo, abogado del General Del Río de las cuales la misma víctima dejó constancias en el proceso, como lo hizo notar la Parte Civil, todo esto evidencia la necesidad de vincular a la investigación por este crimen al Fiscal General de entonces y a sus inmediatos colaboradores.

Motiva también este Derecho de Petición el hecho de que ya han transcurrido los 6 meses previstos en el Código de Procedimiento Penal (Art. 325) para que la Fiscalía dicte resolución de apertura o resolución inhibitoria.

Motiva también este Derecho de Petición la convicción de que este crimen no es un crimen aislado ni fortuito. A todas luces constituye una pieza dentro de una estrategia perversa para silenciar y aterrorizar a quienes insistan en denunciar y exigir justicia sobre los centenares de crímenes de lesa humanidad perpetrados por la fuerza pública y los paramilitares en diversas comunidades de Urabá y para mantener al abrigo de toda investigación y sanción a los culpables. Es una pieza que se articula perfectamente con las 150 irregularidades denunciadas en el proceso 5767 para mantener impunes a los criminales, y una estrategia para aterrorizar a quien siga pretendiendo buscar justicia y verdad.

Le agradezco de antemano, Señor Fiscal, su pronta respuesta a la presente, dentro de los términos legales, la que le ruego hacerme llegar a esta dirección: Carrera 5 No. 33-A-08, Bogotá, D. C. Tel: 2456181.

Atentamente,

Javier Giraldo M., S. J.
C. C [ ------------ ]
Dirección: [ --------------------------- ]

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