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Oficio 59160, de septiembre 23 / 05

Respuesta al Secretario de la Presidencia de la República

Javier Giraldo Moreno S.J.

Lunes 28 de noviembre de 2005, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, D. C., noviembre 21 de 2005

Doctor
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Secretario Jurídico de la Presidencia
Ciudad

Ref.: Oficio 59160, de septiembre 23 / 05

De toda consideración.

Respondo al oficio de la referencia mediante el cual Usted al parecer trata de responder al Derecho de Petición elevado ante el Señor Presidente el pasado 16 de septiembre, sin dar, sin embargo, ninguna respuesta concreta a ninguna de las peticiones; evadiendo todo el sustento jurídico constitucional y dejando sin solución la grave situación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

En su respuesta Usted desarrolla 6 puntos que no se compadecen con la realidad que se expresa en el Derecho de Petición:

1)El Señor Presidente no tendría un “poder de mando” para intervenir en la dirección y ejecución de labores de las fuerzas armadas, sino un “poder de disposición” para “definir políticas generales”.
2)La política de “seguridad democrática” del actual gobierno comportaría lineamientos destinados a la fuerza pública en orden a respetar y proteger los derechos humanos y a sancionar sus violaciones.
3)Los responsables de violaciones a los derechos humanos serían sometidos a un proceso constitucionalmente protegido, proceso que el Presidente debe respetar.
4)La Corte Constitucional impartió órdenes a la Brigada XVII del ejército para garantizar los derechos de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y proteger su seguridad.
5)La Corte Constitucional también definió que es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que coordina la ejecución de las medidas cautelares y no debe limitarse a una labor de información de uno y otro lado.
6)Se niega a atender la petición de rectificación del Presidente de las calumnias proferidas en dos ocasiones contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, alegando que no cometió dicho delito.

Todos estos puntos revelan, Doctor González, un abismo infranqueable entre los textos y la realidad.

En efecto, la distinción entre “poder de mando” y “poder de disposición” en la dirección de las acciones de la fuerza pública, para el caso solo tiene un aspecto retórico y evasivo. De hecho, por Constitución es el Presidente el que designa a los altos mandos y los llama a calificar servicios, de acuerdo con la orientación que quiere darle a su política y a sus planes de gobierno. Cuando el Presidente designa a determinado oficial para comandar una brigada o división y sabe que en el desempeño de sus funciones está en contravía de principios ejes de la Constitución y del Derecho Internacional y no obstante lo mantiene en su cargo, el Presidente está avalando su conducta de la manera más eficaz posible y está asumiendo la responsabilidad de las conductas de ese oficial. En múltiples ocasiones el Presidente ha intervenido para remover o llamar a calificar servicios a altos oficiales cuyo desempeño no satisface sus preferencias. En la misma Brigada 17, a comienzos de este año, removió al General Héctor J. Fandiño porque supuso que había actuado con negligencia en la respuesta a un ataque de las FARC, y luego lo restableció en su cargo. Así que la distinción de poderes que Usted aduce, no viene al caso. Además, la Corte Constitucional, en su sentencia SU-1184/01 dejó muy claro el deber de garantía, deber que la Constitución le asigna sin ningún lugar a dudas al Presidente, en referencia a la protección de los derechos humanos (Art. 188). En dicha sentencia, la Corte muestra que los peligros para los bienes jurídicos de cuya garantía es responsable determinado funcionario, provienen de objetos o personas bajo su control, como es el caso de quien tiene un perro rabioso y lo suelta frente a personas indefensas, haciéndose evidentemente responsable de los daños que el perro ocasiones a sus víctimas; de igual manera, un Presidente que ha sido informado multitud de veces que los comandantes de la Brigada 17 desarrollan una política de violación masiva de los derechos humanos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y sin embargo los sostiene en su cargo y no interviene para modificar esa política, a todas luces se hace él mismo responsable de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por esa unidad militar. La Corte Constitucional lo establece con absoluta nitidez: “en las relaciones de jerarquía, el superior con autoridad o mando, tiene el deber de tomar medidas especiales (deberes de seguridad en el tráfico) para evitar que personas que se encuentran bajo su efectivo control, realicen conductas que vulneren los derechos fundamentales (...) Si el superior no evita -pudiendo hacerlo- que un soldado cometa (...) en general un delito de lesa humanidad, por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior”.

La multitud de denuncias, constancias, derechos de petición, acciones urgentes de numerosos organismos internaciones y de gobiernos de otros países hermanados con la Comunidad de Paz de San José, que han llegado al despacho del Señor Presidente, no lo eximirán jamás de responsabilidad en los crímenes perpetrados en San José de Apartadó, dadas sus obligaciones constitucionales.

Respecto al segundo punto de su oficio, si bien el discurso de la “seguridad democrática” puede tener afirmaciones como las que Usted cita, la realidad está demostrando una contradicción flagrante con ese discurso. Es incluso más grave que mediante un discurso que no se corresponde con los hechos, se trate de ocultar políticas tan criminales como las que se llevan a cabo contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, tales como masacres, asesinatos, persecución permanente (que según el Estatuto de Roma y otros instrumentos de derecho internacional, implica un cuadro de violación sistemática de múltiples derechos), actos de terrorismo de Estado, violaciones sexuales, incineración de viviendas, bombardeos indiscriminados, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, saqueo y pillaje permanente de las casas y enseres de subsistencia de los campesinos, detenciones arbitrarias, empadronamientos ilegales con fines de terror, violaciones de domicilios privados, filmaciones y grabaciones ilegales, interceptación ilegal de comunicaciones, amenazas, connivencia permanente y desafiante de la fuerza pública con bandas paramilitares, etc. todo refrendado y agravado por una impunidad total y un desempeño en extremo corrupto del poder judicial.

Respecto al tercer punto, siempre en los derechos de petición se le ha advertido al Señor Presidente que las peticiones no comportan la elusión del debido proceso para los violadores y que por ello no se quiere prejuzgar los resultados a que eventualmente puedan llegar investigaciones penales y disciplinarias que deberían incoarse. Se le ha pedido asumir la responsabilidad constitucional propia de su cargo y proteger, mediante MEDIDAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, derechos que de no encontrar ese tipo de protección urgente y apremiante, tendrían consecuencias trágicas para las víctimas. Así, por ejemplo, el aval eficaz del Presidente a la Brigada 17 y en general a la fuerza pública de la zona, cuya connivencia con el paramilitarismo es más que evidente, deviene en este momento en otro crimen atroz como el perpetrado por los militares el 17 de noviembre al asesinar con una granada, lanzada directa y premeditadamente contra Rodrigo Salas, Coordinador de la Zona Humanitaria de Arenas Altas, y un grupo de campesinos que se encontraban en labores de cultivo, muriendo Rodrigo y quedando herido otro poblador. ¿Quién podrá afirmar, entonces, que el Señor Presidente no es responsable del crimen de Rodrigo, luego de haber mantenido en su cargo y avalado al General Zapata, no obstante las numerosas denuncias de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por su unidad y puestas en conocimiento del Señor Presidente?

Negarse a tomar medidas administrativas inmediatas frente a estos hechos lleva a situaciones tan irracionales como éstas: exigir que los campesinos victimizados, despojados criminalmente por los militares de sus animales de carga, herramientas de trabajo, enseres y animales domésticos, único patrimonio de sobrevivencia en condiciones de extrema pobreza, tengan que buscar abogados para instaurar procesos penales, disciplinarios y administrativos que cuestan altas sumas de dinero. ¿De dónde sacarán recursos para ello, Doctor González, una vez que el Estado les ha robado el único animal de carga que poseían para sacar a vender su cacao y su maíz?. Pero además, cualquiera sabe que esos procesos tardan décadas en resolverse, la inmensa mayoría de las veces en favor de los victimarios, y ¿entre tanto cómo se protegen los campesinos y quién responde por los despojos y destrucciones? Desgraciadamente todo esto se da, por añadidura, en un contexto en que el aparato judicial exhibe niveles inconcebibles de ineficacia y corrupción. ¿Sabe Usted, Doctor González, que de los más de 550 crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la población de San José de Apartadó, que los miembros de la Comunidad de Paz han podido dejar registrados, no hay todavía un solo acto de justicia ni de reparación? Además, ¿qué ha hecho el gobierno para corregir una situación denunciada desde 1996 por una Comisión interinstitucional que recorrió la zona, que revela que las informaciones recaudadas por agentes del Estado circulan inmediatamente entre las bandas paramilitares? ¿Ignora Usted, Doctor González, que varias personas que se han atrevido a rendir declaraciones ante la Fiscalía han sido asesinadas luego?.

Todo esto muestra la apremiante urgencia de MEDIDAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, tomadas por el Jefe del Estado que tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos fundamentales y que tiene todas las herramientas jurídicas en sus manos para hacerlo.

Respecto al cuarto punto, es cierto que la Corte Constitucional le exigió al Comandante de la Brigada 17 proteger los derechos de la Comunidad de Paz y además le prohibió llevar en adelante a las instalaciones de la Brigada a algún miembro de la Comunidad de San José o a persona alguna que preste algún servicio a la Comunidad. Todos sabemos que esto se ha violado repetidas veces y que el documento que la Brigada elaboró, respondiendo a dichos requerimientos, no es ningún documento de protección a los integrantes de la Comunidad. La Brigada 17 no ha hecho sino violar las medidas exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en lugar de proteger, agrede permanentemente a la Comunidad y a la población circundante. Los Derechos de Petición elevados ante el Señor Presidente le mostrarán, Doctor González, la cantidad y la gravedad de esas violaciones.

Respecto al punto quinto, conocemos y hemos citado dicha jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero hemos tenido la experiencia directa, durante muchos años, de la ineficiencia absoluta de la Cancillería. Continúa siendo una oficina de correo que no resuelve nada sino que da traslado a todos los documentos en diferentes vías. Pero esa responsabilidad que la Corte Constitucional le asigna, en nada exime al Jefe del Estado de sus obligaciones constitucionales mencionadas en el primer punto.

Respecto del punto sexto, reitero que las dos intervenciones públicas del Señor Presidente Uribe configuran el delito de calumnia, injuria y difamación de la Comunidad de Paz, de sus integrantes, de sus acompañantes y colaboradores. Lo hemos explicado minuciosamente examinando punto por punto cada afirmación y sus fundamentos y así lo hemos sustentado ante el Procurador General de la Nación, quien remitió la denuncia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, todo examinado a la luz de la Sentencia T-1191/04 de la Corte Constitucional, cuya jurisprudencia se aplica muy precisamente a este caso en todas sus especificaciones, recomendando la Corte para casos como éste recurrir a mecanismos de control político, de control ciudadano, de control judicial bajo diversas modalidades, incluyendo este último el recurso a tribunales internacionales. De allí que la rectificación que se le solicita al Señor Presidente es de elemental justicia.

Respondo así, Doctor González, a los puntos tratados en su oficio del 23 de septiembre, y dado que la situación de agresión contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se continúa intensificando por parte de la fuerza pública y sus auxiliares paramilitares, espero que su despacho afronte las peticiones sin eludir la realidad dramática de los hechos que muchas veces se encuentran a años luz de los textos con que se pretende cubrirlos.

Atentamente,

Javier Giraldo M., S. J.
C. C. [ ---- ]
Dirección [ --------- ]

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