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San Jose de Apartadó

Derecho de Petición No. 13 al Presidente Uribe

Javier Giraldo Moreno S.J.

Jueves 16 de marzo de 2006, por Javier Giraldo M. , S.J.

Señor Presidente,
En doce ocasiones anteriores he recurrido a este mismo derecho constitucional, en calidad de acompañante desde hace muchos años de la Comunidad de Paz de San José, pero no he recibido ninguna respuesta de su despacho referida a las peticiones concretas que son de su exclusiva competencia constitucional. En efecto, el texto del Artículo 188 de la Carta le impone al Jefe del Estado con toda nitidez el carácter de garante de los derechos fundamentales de los colombianos, y para poder cumplir dicha obligación la misma Carta dota al Presidente de atribuciones suficientes, como la de comandante supremo de las fuerzas armadas (Art. 189,3) y la de nombrar y remover libremente a sus agentes (Art. 189,13). La misma Carta, en sus artículos 6 y 198 señala también la responsabilidad que atañe al Jefe del Estado por las omisiones al cumplimiento de la ley. Por su parte, la Corte Constitucional, en su Sentencia SU-1184/01, establece los alcances de la posición de garante, afirmando que “en las relaciones de jerarquía, el superior con autoridad o mando, tiene el deber de tomar medidas especiales (deberes de seguridad en el tráfico) para evitar que personas que se encuentran bajo su efectivo con-trol, realicen conductas que vulneran los derechos fundamentales .. por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior y no el simple incumplimiento de un deber funcional”. Además, la tradición jurídica universal converge en la imputación de resultados dañosos a un individuo que no los ha producido directamente, cuando los actos que hubieran evitado el resultado eran jurídicamente exigibles.

Las obligaciones que el Estado ha contraído con la comunidad internacional al suscribir y ratificar la mayoría de convenciones y tratados que miran a la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidas como de absolu-ta prevalencia en los artículos 93 y 94 de la Constitución, obligaciones que tienen la misma imperatividad a la luz del derecho internacional consuetudinario, reclaman la intervención directa del Jefe del Estado para detener y co-rregir situaciones estructuralmente lesivas de la dignidad humana, convertidas en prácticas sistemáticas que se han prolongado por más de una década, para restablecer los derechos de las víctimas y para reparar las lesiones causadas por sus omisiones. No puede alegarse desconocimiento alguno de estas graves situaciones, toda vez que desde el año 1997 se han remitido informes, constancias y reclamos al despacho del Primer Mandatario, de manera permanente.

No obstante las ya numerosas y reiteradas solicitudes ante Usted, Señor Presidente, para que dé cumplimiento a las obligaciones que la Constitución Nacional y el Derecho Internacional le imponen, la agresión sistemática contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó continúa agravándose.

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