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Peticiones al Estado

Nuevo Derecho de Petición al Ministro de Defensa de Colombia

Javier Giraldo Moreno S.J.

Martes 21 de marzo de 2006, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, D. C., marzo 21 de 2006

Dr. CAMILO OSPINA BERNAL
Ministro de Defensa Nacional
Ciudad

    Ref.: Derecho de Petición de 12.12.05
    Oficio 27504 CEOJU-NG-743 de 01.01.06
    Oficio 7601/ MDH - 725 de 23.02.06

De toda consideración.

El pasado 12 de diciembre interpuse en su despacho un derecho de petición, fundado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículoas 5 y siguientes de Código Contencioso Administrativo, con el fin de solicitar una serie de informaciones que sigo considerando básicas para poder utilizar medios previstos en la Constitución y en el Derecho Internacional para la defensa y protección de los derechos fundamentales de poblaciones cruelmente victimizadas.

El 1° de enero, mediante el oficio 27504 CEOJU-NG-743 suscrito por el Coronel Víctor Manuel Pulido Rodríguez, Ayudante General del Comando del Ejército, se me informó que el requerimiento se había enviado a la Inspección General del Ejército Nacional con Oficio CEOJU-JEF-743 27503 de enero 1 de 2006, “con instrucciones para que se otorgue la respuesta que en derecho corresponda”.

Posteriormente recibí el Oficio 7601/MDH-725 fechado el 23 de febrero de 2006 y suscrito por el Vicemisnistro Hernán Sanín Posada, en el cual alude a respuestas recibidas mediante oficios 766 COMAN-DEURA de diciembre 30 de 2005 y 5307 MDH-725 del 9 de febrero de 2006, según las cuales los hechos son objeto de investigación, afirmando luego que “una vez se establezcan responsabilidades, si existe mérito para ello, se podría suministrar la información por usted requerida. Entretanto, es necesario acogerse a los principios fundamentales del debido proceso y la presunción de inocencia”.

Acogiéndome nuevamente al derecho constitucional de petición, fundamentado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le solicito, Señor Ministro, reconsiderar su decisión y suministrar lo más pronto posible la información solicitada. Esta petición se apoya en las siguientes razones:

1. El derecho de todo ciudadano a identificar plenamente a quienes dicen ser agentes del Estado, ya que, según la Constitución Nacional, los servidores públicos no solo son responsables por infringir la Constitución y las leyes sino también por la omisión o extralimitación de funciones (Artículo 6).

2. Frente a infracciones a la ley, omisiones o extralimitaciones de los servidores públicos que ocasionan graves perjuicios a los ciudadanos y a las colectividades, el único recurso que tienen las víctimas es poder ejercer el derecho a denunciar y a solicitar sanciones y reparación por parte de las autoridades competentes, pero tal derecho se ve anulado cuando los servidores públicos ocultan sus identidades y códigos, y peor aún, cuando en esto son respaldados por sus superiores jerárquicos, llegando a configurar un servicio público no público o clandestino, que no solo hace imposible el ejercicio del derecho ciudadano a la denuncia y a la protección y reparación por parte del Estado sino que que anula los mecanismos de protección del Estado y de la Comunidad Internacional haciendo imposible que se tomen medidas que eviten la repetición de las infracciones, omisiones o extralimitaciones, facilitando más bien la reiteración de los hechos delictivos y dejando sin protección a las víctimas.

3. No sería del caso responder a lo anterior que bastan las denuncias anónimas o institucionales, toda vez que una es la responsabilidad institucional, la cual tiene sus normas específicas que hacen recaer la culpabilidad principal en el/los garantes, y otra es la responsabilidad individual que es de carácter personal. La jurisprudencia nacional e internacional han excluído desde hace mucho tiempo, del género de delitos relacionados con el servicio y que por lo tanto podrían ser de competencia de la justicia penal militar o cobijarse de alguna manera bajo responsabilidades institucionales, las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, como son los perpetrados durante la última década contra los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la población de la zona, dada su sistematicidad y escala. Por ello no son pertinentes las respuestas que remiten a investigaciones internas de sus propias instituciones, como medio para evadir una denuncia ante otras instancias de justicia, nacionales o internacionales.

4. Cuando el Capítulo V de la Constitución Nacional define el perfil de la rama ejecutiva, en su Artículo 209 señala, entre sus principios fundamentales, el de la PUBLICIDAD. No cabe, pues, dentro de los principios constitucionales, ninguna clandestinidad o encubrimiento de los servidores PUBLICOS. Ocultar el nombre y el código oficial no es, pues, permitido por la Constitución colombiana. Esto asume perfiles más graves cuando es respaldado por superiores jerárquicos, y aún más grave cuando con ello se pretende impedir el derecho a la denuncia y a la demanda de justicia y reparación que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos le reconocen, no solo a todo ciudadano, sino a todo ser humano.

5. No sería del caso aducir que las instituciones a las cuales pertenecen los servidores “públicos” cuya identidad se solicita, están adelantando investigaciones internas, ya displinarias, ya penales, de acuerdo al Código de Justicia penal Militar. Fuera de los argumentos ya expuestos, según los cuales la Justicia Penal Militar no se aplica en absoluto en este tipo de casos, una larga experiencia nos ha demostrado hasta la saciedad que, al menos en la Brigada XVII del ejército nacional, en el Departamento de Policía Urabá y en otros organismos de seguridad del Estado que operan en esa región, nunca se producen resultados y todos los crímenes quedan en la impunidad absoluta. Hemos mencionado crímenes perpetrados desde hace 29 años que aún continúan impunes a pesar de haber sido evidente la responsabilidad del ejército (masacre de julio de 1977 en Mulatos). También hemos detectado y denunciado el método rutinariamente utilizado en las “investigaciones”, consistente en preguntarle a los implicados (individuos y superiores jerárquicos) si los crímenes habían sido cometidos, recibiendo siempre respuestas negativas que la sicología y la sociología criminal saben explicar perfectamente, dándole a ese tipo de respuestas valor definitivo que luego se transmite como la “verdad oficial” que precluye cualquier otro avance de la justicia. He podido confirmar con funcionarios del mismo Ministerio de Defensa, encargados de enviar y recibir las respuestas, que este es el método corriente.

6. Colombia suscribió y ratificó el tratado que dio vida jurídica al Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. La aplicación de dicho tratado abre el camino para que dicha Corte Internacional, que no juzga instituciones sino personas, pueda recibir denuncias sobre agentes de los Estados signatarios que han perpetrado crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra. Evidentemente cuando un Estado se niega a suministrar los nombres de sus agentes que han participado en hechos y operativos dentro de los cuales fueron perpetrados crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio, o crímenes de guerra, dicho Estado está bloqueando y entravando la aplicación del tratado y el desempeño de la Corte.

7. El anonimato u ocultación de nombres y códigos de los agentes del Estado que participan en operativos que han devenido crímenes tipificados en el derecho penal nacional o internacional, ha sido ya identificado como uno de los mecanismos de impunidad más monstruosos, particularmente en Colombia. Hace pocos días el Consejo Superior de la Judicatura declaraba que de la primera lista de 3615 paramilitares “desmovilizados” que el Gobierno le había pasado, solo 27 de ellos tenían acusaciones penales (el 0.7%). A nadie se le oculta que el mecanismo patentado para llegar a esta impunidad tan monstruosa es justamente el anonimato en que dichos genocidas han actuado, utilizando solo nombres ficticios, lo que permite que sus nombres reales no sean tocados por investigaciones judiciales a pesar de haber inundado el país de sangre durante 40 años. Por ello, el procedimiento de ocultación del nombre que ahora el Ministerio de Defensa protege, fuera de ser abiertamente inconstitucional, es desde todo punto de vista condenable en un país inundado de muertos que está viendo cómo todas las expectativas de verdad, justicia y reparación se le esfuman, gracias a procedimientos tan repugnantes e ilegales como la ocultación de los nombres.

8. Tampoco cabe aducir aquí el principio de “obediencia debida”, toda vez que los crímenes en los que han participado los agentes del Estado requeridos, son crímenes que tienen el carácter de tales en Colombia o en cualquier lugar del mundo y no pueden eximir del deber de desobediencia a cualquier agente a quien eventualmente se le hubiera dado la orden de cometerlo.

9. Menos cabe aducir aquí, como excusa para ocultar los nombres de los agentes del Estado que participaron en hechos gravemente lesivos para la humanidad, el argumento del “debido proceso”. Todo proceso se incicia, bien por investigaciones de oficio de un funcionario judicial, bien por la denuncia de los perjudicados. Lo primero no solo no se da, al menos en Urabá, sino que se evita a toda costa. Lo segundo, en la inmensa mayoría de los casos, solo es posible mediante denuncias anónimas, donde el victimario no es identificado. Si éste es paramilitar, no se le puede identificar porque nunca utiliza su propio nombre sino nombres ficticios, a pesar de que se mueva armado con tropas oficiales o pase por retenes militares o policiales donde nunca le exigen la identificación, como se ha comprobado infinidad de veces (recientemente a San José de Apartadó suben armados y pasan por todos los retenes, los parmilitares amigos del paramilitar “Lalo”, con el cual departe cotidianamente la policía allí asentada). Si el victimario es militar, no suministra su identidad a pesar de que sea ilegal encubrirse en un anonimato que equivale a la capucha de los criminales. Así, los fiscales, procuradores o jueces, salvan su responsabilidad de archivar el caso a los seis meses, lo cual constituye ya la rutina, alegando que “no fue posible identificar al autor de los hechos”. Todos ellos se benefician de la ruina económica en que quedan las víctimas, despojadas de sus medios de subsistencia por los mismos agentes del Estado que perpetran los crímenes, siendo imposible pagar los servicios de un abogado para defender sus derechos. Así la impunidad queda consumada.

Por todas estas razones, acogiéndome nuevamente al Derecho Constitucional de Petición, fundamentado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le reitero respetuosamente, Señor Ministro, las peticiones elevadas el 12 de diciembre de 2005, solicitando las mismas informaciones que transcribo nuevamente a continuación:

1) Nombres de los oficiales, suboficiales y soldados que el 15 de septiembre de 2005 se encontraban en el área de San José de Apartadó y se movilizaron por la vereda Mulatos de dicho corregimiento, en compañía de los paramilitares Apolinar Guerra y William Montoya. Cuáles son sus códigos, las unidades a las cuales están inscritos y a órdenes de quién estaban.

2) Nombres completos de los oficiales, suboficiales y soldados que el 20 de septiembre de 2005 allanaron la vivienda de Miro Giraldo, en el área de San José de Apartadó, a media hora de su centro urbano; sus códigos institucionales, unidades de pertenenecia y línea de mando.

3) Nombres completos de los oficiales, suboficiales y soldados del ejército, oficiales, suboficiales y agentes de la policía que los días 20 y 28 de septiembre de 2005 se encontraban custodiando el centro urbano de San José de Apartadó; sus códigos institucionales, unidades de pertenencia y línea de mando.

4) Nombres completos de los oficiales, suboficiales y soldados que el 2 de octubre de 2005, a las 12:30 del día pasaron por la cancha deportiva de la vereda La Victoria, de San José de Apartadó, en compañía del paramilitar William Montoya, deteniendo ilegalmente al joven Rubiel Antonio Vasco; sus códigos institucionales, sus unidades de pertenencia y la línea de mando.

5) Nombres completos de los oficiales, suboficiales y soldados que estuvieron presentes en la vereda La Linda, del corregimiento de San José de Apartadó, hasta el 30 de septiembre de 2005; sus códigos institucionales, unidades de pertenencia y línea de mando.

6) Nombres completos de los oficiales, suboficiales y soldados que el 4 de octubre de 2005 ingresaron a la vivienda de Rubiel Antonio Vasco en compañía de los paramilitares William Montoya y Apolinar Guerra; sus códigos institucionales, unidades de pertenencia y línea de mando.

7) Nombres de los oficiales, suboficiales y soldados que el 13 de octubre de 2005 ingresaron a la vivienda de la Señora Blanca Torres, a 2 minutos del área urbana de San José de Apartadó, y destruyeron sus cultivos; sus códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando.

8) Nombres completos, códigos institucionales y línea de mando de los integrantes de la Policía Nacional que se encontraban el 17 de octubre de 2005 custodiando el caserío de San José de Apartadó, cuando ingresaron 40 paramilitares en motocicletas para realizar allí una fiesta y departir amigablemente con la Policía con la mediación del líder paramilitar apodado “Lalo”.

9) Nombres completos de los miembros de la Policía Nacional que interceptaron un vehículo proveniente de San José de Apartadó el 21 de octubre de 2005, frente al centro médico del Seguro Social de Apartadó, así como de los dos miembros de la Policía que ocupaban una patrulla de la institución que en ese momento se encontraba en el mismo lugar; sus códigos institucionales y sus línea de mando.

10) Nombres completos de los oficiales, suboficiales y soldados que el 27 de octubre de 2005 a las 12:18 horas y el 28 de octubre de 2005 a las 17:00 horas ingresaron al caserío de La Unión, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; sus códigos institucionales, unidades de pertenencia y línea de mando.

11) Nombres completos de los oficiales, suboficiales y soldados que los días 29 y 31 de octubre de 2005 se movilizaron por las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas, de San José de Apartadó, quienes el día 31 detuvieron ilegalmente al Señor Fidel Tuberquia y les saquearon sus haberes en Arenas Bajas; sus códigos institucionales, unidades de pertenencia y línea de mando.

12) Nombres completos de los oficiales, suboficiales y soldados que el 17 de noviembre de 2005 se desplazaban por las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas, quienes dieron muerte al Coordinador de la Zona Humanitaria de Arenas Altas Arlén Rodrigo Salas David, mientras en compañía de otros miembros de la Comunidad de Paz se dedicaba a desyerbar un cultivo de maíz, hirieron a Hernán Góez mientras se encontraba en su propia casa de habitación en Arenas Altas, balearon otras viviendas y la escuela; sus códigos institucionales, sus unidades de pertenencia y su línea de mando.

13) Nombres completos de los miembros de la Policía Nacional que el 18 de noviembre de 2005 se encontraban en el caserío de San José de Apartadó, quienes detuvieron ilegalmente y extorsionaron al Señor Alfredo Valderrama; sus códigos institucionales, unidades de pertenencia y línea de mando.

14) Nombres completos de los miembros de la Policía Nacional que el 18 de noviembre de 2005 se encontraban en el caserío de San José de Apartadó y que en compañía de cuatro paramilitares sometieron a requisas ilegales y amenazas de muerte a cinco integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; sus códigos institucionales, unidades de pertenencia y línea de mando.

15) Fundamentos legales en los cuales se basa la presencia, con uniformes y armas privativas de la fuerza pública, de los paramilitares William Montoya y Apolinar Guerra, quienes se movilizan con unidades del ejército nacional por áreas rurales de San José de Apartadó cometiendo ilícitos.

Dado que las agresiones de miembros de la fuerza pública contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se han agravado en los últimos meses, acogiéndome nuevamente al Derecho Constitucional de Petición, fundado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le solicito encarecidamente las siguientes informaciones adicionales a las anteriores:

16) Nombres y códigos de los comandantes de la estación de policía asentada en el caserío de San José de Apartadó desde el 1 de abril de 2005, que han permitido el saqueo de las viviendas de familias desplazadas, cuyas cerraduras han sido violadas o destruidas, siendo algunas viviendas utilizadas para relaciones sexuales o prácticas de prostitución de los mismos policías o soldados que por allí transitan.

17) Nombres, códigos y línea de mando de los policías responsables de la seguridad en la Terminal del Transporte de Apartadó entre octubre y diciembre de 2005, que permitieron la presencia y acción delincuencial del paramilitar Wilmar Durango, quien públicamente amenazaba a grupos integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que utilizaban los servicios de transporte público en dicha Terminal.

18) Nombres, códigos y línea de mando de los oficiales, suboficiales y soldados acantonados en el mes de abril de 2005 en la base militar del corregimiento de Los Llanos de Cuivá, del municipio de Sanrta Rosa de Osos, ubicada en las cercanías de la Hacienda La Carolina.

19) Nombres, códigos y línea de mando de los oficiales, suboficiales o soldados que intervinieron en la muerte del paramilitar Wilmar Durango en la noche del 14 de diciembre de 2005, el cual, según los noticieros de la emisora del ejército del 16 de diciembre, fue dado de baja por el ejército.

20) Nombre, códigos y línea de mando de los miembros de la Policía que se encontraban en el retén del barrio El Mangolo el 23 de diciembre de 2005 hacia las 5:45 p.m., quienes detuvieron sin orden judicial al joven Jairo Úsuga y que esa misma tarde anunciaron a los pasajeros de un vehículo de servicio público que en el asentamiento de San Josesito iba a pasar algo grave.

21) Nombres, códigos y línea de mando de los oficiales, suboficiales y soldados que participaron en el falso enfrentamiento de la vereda La Cristalina, el 26 de diciembre de 2005, que en realidad fue una masacre perpetrada contra seis jóvenes que dormían.

22) Nombres, códigos y línea de mando de los oficiales, suboficiales y soldados que negociaron con el miliciano Ovidio Cardona Borja la muerte de seis personas en La Cristalina a cambio de una remuneración de 24 millones de pesos.

23) Nombre, código y línea de mando del agente de la policía que estaba en el caserío de San José el 31 de diciembre de 2005 y que tomó fotografías a un poblador de San Josesito que ingresó a una tienda a hacer compras, profiriendo amenazas contra él.

24) Nombres, códigos y línea de mando de los oficiales, suboficiales y soldados que se encontraban en el retén militar de La Balsa, sobre la carretera que de Apartadó conduce a San José, el 1 de enero de 2006, en compañía de los paramilitares Ovidio Cardona Borja, Albeiro cardona Borja y Lubín Cardona Borja, quienes usaban uniformes y armas privativas de las fuerzas armadas y públicamente amenazaron a varios pobladores.

25) Nombres, códigos y línea de mando de los miembros de la policía presentes en el retén del barrio El Mangolo el 2 de enero de 2006 a las 10:00 a.m. y a las 2:00 p.m., quienes se encontraban en compañía del reconocido paramilitar Jailer Sepúlveda, vistiendo éste uniforme privativo de la policía, quien extorsionaba a los pasajeros de los vehículos de servicio público, hacía apología del paramilitarismo como fuerza en el poder en unidad de acción con la fuerza pública y exigía impuestos ilegales a favor del paramilitarismo en presencia de los policías responsables del retén.

26) Nombres,códigos y línea de mando de los policías que se encontraban en el retén del barrio El Mangolo el 7 de enero a las 5:00 p.m., quienes detuvieron ilegalmente al Señor Julio Morales y le estropearon sus alimentos que había comprado.

27) Nombres, códigos y línea de mando de los policías que se encontraban en el retén del barrio El Mangolo el 8 de enero de 2006 a la 1:00 p.m., quienes bajaron del vehículo en que se movilizaba al señor Mario Echeverry, le regaron su mercado, lo insultaron y lo amenazaron.

28) Nombres, códigos y línea de mando de los oficiales, suboficiales y soldados que el 12 de enero de 2006 antes de las 7:00 a.m. detuvieron ilegalmente en su casa al Señor Edilberto Vásquez Cardona, se lo llevaron y lo asesinaron, fingiendo un combate y colocando elementos sobre su cadáver que llevaran a creer que era un guerrillero armado, y que luego dispararon y lanzaron granadas contra otra casa de habitación cercana a la de Don Edilberto.

29) Nombres y códigos de los policías que estaban de servicio en el caserío de San José de Apartadó entre el 15 y el 31 de enero de 2006, que le impidieron acercarse a trabajar en sus parcelas a varias familias desplazadas en San Josesito, alegando que esas parcelas estaban minadas.

30) Nombres, códigos y línea de mando de los oficiales, suboficiales y soldados que se movilizaban por la vereda Arenas Altas el 7 de febrero de 2006 hacia las 3:00 p.m., quienes detuvieron ilegalmente a un campesino y anunciaron la destrucción de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

31) Nombres, códigos y línea de mando de los agentes de la policía que han hecho presencia en el retén del barrio El Mangolo durante el mes de febrero de 2006, los cuales han violado reiteradamente lo preceptuado por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024 del 26 de noviembre de 2002, la cual prohíbe registrar en instituciones del Estado informaciones relativas a lugares de trabajo, de vivienda o actividades o datos personales de las pobladores, exceptuando su identidad legal; han ultrajado y amenazado a quienes les exigen el cumplimiento de la ley; han insultado a los mismos organismos de control del Estado y han afirmado reiteradamente que “ellos son la ley”, “que hacen lo que les dé la gana”, que “seguirán haciendo lo mismo” y que “no les importa nada que los denuncien”.

32) Nombres, códigos y línea de mando de los oficiales, suboficiales y soldados que en la noche del 13 de febrero de 2006, en la vereda La Cristalina allanaron varias viviendas ilegalmente y detuvieron a varias personas ilegalmente, conduciendo a varias de ellas, como a Arcelio Zapata y a Diego David, a las instalaciones de la Brigada XVII, en flagrante violación de lo preceptuado por la Corte Constitucional en su sentencia T-327 de 2004 y destruyendo las pertenencias de algunas familias, como sucedió en la casa de Doña Orfilia Bermúdez.

33) Nombres, códigos y línea de mando de los policías que hacían presencia en el caserío de San José de Apartadó el 18 de febrero de 2006 a las 3:30 p.m., quienes luego de requisar de manera ultrajante a Eliécer Guzmán, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, le anunciaron que iban a destruir el caserío de La Unión.

34) Nombre, código y línea de mando del policía que el 20 de febrero de 2006, a las 9:30 a.m., escondido entre la maleza, en las afueras del caserío de San José de Apartadó, junto al río, filmó la caravana de participantes nacionales e internacionales que se desplazó hacia las veredas Mulatos y La Resbalosa, para conmemorar el primer año de la masacre del 21 de febrero de 2005, e informar qué destino tienen esas filmaciones.

35) Nombres, códigos y línea de mando de los oficiales, suboficiales y soldados que el 22 de febrero de 2006, en las primeras horas de la tarde invadieron el caserío de La Unión y anunciaron que iban a hacer un allanamiento de todas las viviendas, sin poseer ninguna orden judicial ni razón alguna para ello.

36) Nombres, códigos y línea de mando de los oficiales, suboficiales y soldados que el 25 de febrero de 2006 hicieron presencia en la vereda La Unión, consumieron los productos de subsistencia de la Comunidad en sus parcelas de cultivos y destruyeron gran parte de los cultivos.

37) Nombres, códigos y línea de mando de los policías que hacían presencia en el retén del barrio El Mangolo el 26 de febrero de 2006 a la 1:00 p.m. que ultrajaron y amenazaron a un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y a su familia por exigirles que explicaran por qué estaban violando lo preceptuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2002 y profirieron insultos contra la Procuraduría y otros organismos de control del Estado, afirmando que ellos pueden violar la ley y “hacer lo que les dé la gana”.

38) Nombres y códigos de los comandantes de la estación de policía ubicada en el caserío de San José de Apartadó durante el segundo semestre de 2005 y primeros meses de 2006, que han cohonestado con líderes paramilitares que reúnen a propietarios y a comerciantes en el caserío y les exigen pagar impuestos ilegales y extorsivos a favor de los paramilitares, amenazándolos de muerte o de desplazamiento si no lo hacen, y que han tolerado la presencia del paramilitar alias “lalo”, en cuyo establecimiento comercial se hacen muchas de las reuniones de los paramilitares.

39) Nombres, códigos y líneas de mando de los oficiales, suboficiales y soldados, al parecer de la Brigada XI del ejército, que el 3 de marzo de 2006, a las 5:00 p.m, sacaron de su casa violentamente, en la vereda La Resbalosa, a Nelly Johana Durango, de 18 años, y se la llevaron consigo quedando en calidad de desaparecida, toda vez que el ejército se negó a reconocer ante los organismos de control que en esa zona había tropas, apareciendo luego su cadáver en el municipio de Tierralta (Córdoba) el 15 de marzo de 2006, y que intentaron llevarse a otra pobladora con su niña de la misma vereda y ultrajaron a otros pobladores y destruyeron una vivienda y enseres domésticos.

40) Nombres, códigos y línea de mando de los policías que estaban presentes en el caserío de San José de Apartadó el 5 de marzo de 2006 a las 9:00 a.m., quienes detuvieron ilegalmente al Señor Roberto Monroy por el solo hecho de solo llevar consigo el desprendible de la cédula, lo esposaron y lo llevaron a las instalaciones de la Brigada XVII en flagrante violación a lo preceptuado por la Corte Constitucional en su sentencia T-327 de 2004, amenazándolo con “entregarlo a los reinsertados para que le hicieran daño”.

41) Nombres, códigos y línea de mando de los policías que hacían presencia en el retén del barrio El Mangolo el 8 de marzo de 2006, quienes continuaron violando lo preceptuado por la Corte Constitucional en su sentencia C-1024 de 2002 y que respondieron a los pobaldores que se lo reclamaron que ellos “hacían lo que les diera la gana y no les importaba que los denunciaran”.

Igualmente le ruego, Señor Ministro, proporcionarme los nombres, códigos y línea de mando de los oficiales de la Brigada XVII que negociaron con el supuesto miliciano o guerrillero OVIDIO CARDONA BORJA, su entrega al ejército a cambio de organizar una fiesta como marco para perpetrar una masacre de jóvenes por la cual le pagaron 24 millones de pesos, permitiéndole luego, a él y a sus hermanos ALBEIRO y LUBÍN usar uniformes y armas privativas de las fuerzas armadas del Estado, patrullar junto con tropas oficiales, permanecer en los retenes amenazando a los pobladores; ingresar a la cárcel de Apartadó para amenazar de muerte a personas que él mismo ha hecho detener; amenazar en los caminos a familiares de las personas anteriores que las visitan en la cárcel de Apartadó, todo esto acompañado por militares y con la aquiescencia y protección de la Brigada XVII.

De antemano le agradezco, Señor Ministro, su respuesta a estas peticiones dentro de los términos legales, la cual le ruego enviar a la siguiente dirección: [...]

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.
C. C. [ .... ]
Dirección: [ ...... ]

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