Desde los márgenes

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Derrumbe de la Moral Pública

El derrumbe de la moral pública

septiembre de 1995, por Javier Giraldo M. , S.J.

Desde hace meses la coyuntura nacional está saturada de escánda­los que afectan a los detentadores de altos poderes públicos.

Los mass media entraron desde entonces en una ardua competencia por la venta publicitaria de la más reciente revelación probato­ria y forcejean por involucrar a la ciudadanía en artificiosos tribunales éticos, a través de manipuladas "encuestas de opi­nión".

El discurso moral parece haber pasado a primer plano, escondiendo entre sus repliegues antipatías, resentimientos y contradicciones partidistas de vieja y de nueva data.

El viciado ambiente que se respira, donde campean los malos humores, se asimila a un río revuelto agitado por remolinos y oleajes, que arroja a sus orillas podredumbres y tesoros. Al mismo tiempo que se amontonan cuentas de cobro arrastradas por corrientes de bajos sentimientos, salen a flote también radiogra­fías profundas que revelan con nitidez nuestras deformaciones estruc­turales.

Algunas de esas radiografías invitan a un análisis de fondo sobre los principios morales que rigen "de facto" el ejercicio del poder político y el manejo del Estado en Colombia.

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En el centro del huracán actual se ha situado el debate sobre la legalidad y la moralidad del uso de dineros provenientes del narcotráfico en las campañas políticas, debate que ha llegado a poner en cuestión la legitimidad del actual gobierno.

Ha sido justamente un autorizado exponente de la clase política colombiana, el ex Ministro de Gobierno de la administración Lleras Restrepo, Carlos Augusto Noriega, quien ha logrado darle una nítida expresión al problema. Se trata, en verdad, de un experto en el "problema electoral" en Colombia, pues la historia recuerda su controvertida actuación el 19 de abril de 1970, cuando apareció por las pantallas de la televisión ordenando la suspensión de toda transmisión de información sobre los resulta­dos electorales, mientras anunciaba adicionalmente la declarato­ria de "Estado de Sitio", de "Toque de Queda" y de otras numero­sas medidas represivas contra el movimiento masivo que reclamaba el triunfo electoral de Rojas Pinilla. El Doctor Noriega se pronuncia sobre la actual coyuntura nacional en su artículo "Autoridad y Legitimación del Poder", publicado en las Lecturas Dominicales del diario El Tiempo, el 3 de septiembre de 1995.

El Dr. Noriega califica el actual escándalo desatado por la infiltración de dineros del narcotráfico en la política, como una "ausencia de lógica política, de ética auténtica, de rigor conceptual". De su argumentación se infiere que la moralidad solo puede calibrarse por los fines que se buscan, no por los medios que se utilizan.

El FIN, en este caso, lo define así: "Aspirar al poder es la más noble ambición del ser humano, sobre todo si es político, naturalmente cuando este calificativo también se impregna de exigente nobleza. Una hipótesis extrema: qué sería de un país en el que nadie quisiera disputar por la jefatura del Estado, o alcanzar la investidura de legislador, de mandatario regional o local. Sería el regreso al imperio tribal de la fuerza."

Pero la conquista de ese fin tan noble no puede ser ilegitimada por el uso de MEDIOS perversos. "Para escándalo de los impolutos guardianes de la moralidad ofendida -afirma el Dr. Noriega- vamos a aplicarle a la crisis este escueto raciocinio de validez incontrastable: al poder lo legitima su ejercicio, como lo ilegitima su abuso, sin que sea relevante escudriñar los medios empleados para alcanzarlo".

Tanto menos se deben escudriñar esos MEDIOS, según el Dr. Noriega, si esos medios fueron "los al uso, los consagrados por la costumbre". "Si los medios impuestos por el sistema y consa­grados por la costumbre, para hacer política, consistían en el empleo de fuertes cantidades de dinero, el "estiércol del diablo" había que ir a buscarlo hasta en las más hediondas pocilgas".

Si bien el Dr. Noriega afirma que el sistema según el cual cada nueva elección le exige mayores y más exorbitantes gastos a quien aspira al poder, es un sistema perverso que hay que desmontar, afirma que ese sistema rige entre nosotros "de vieja data, no de ayer ni del año pasado, desde hace años ... consentido por todos y por todos admitido..."

Al Dr. Noriega se le abona la sinceridad. Si en aquel 19 de abril de 1970 fue un maestro en tapar la manipulación palaciega de los resultados electorales, en este artículo ha sido un maestro en destapar los verdaderos cánones morales de la clase política.

El artículo nos hace concluir que al "estiércol del demonio", como supuesto MEDIO LEGITIMO de hacer política, venga de donde viniere, no hay que examinarle su grado de hediondez, pues la nobleza de los fines perseguidos purifica de antemano su putre­facción. Para el Dr. Noriega, esta crisis es "un descomunal homenaje a la más interesada hipocresía", pues, según dice más adelante: "No nos digamos mentiras: estos eran los mismos medios de hacer política de que todo el mundo hablaba en voz alta hace unos años, en voz baja, casi inaudible, algo después, y a los que en este momento todos, ojalá no en forma farisaica, a gritos quieren arrojar a la hoguera. Lo que hay que hacer ya, cuanto antes, sin concesiones ni demoras, pero sin atropellar valores institucionales que sustentan lo que tenemos de sociedad civili­zada".

Se deduce que lo que está haciendo crisis en este momento es el grado de hediondez del mencionado "estiércol del demonio", al revelar como su ingrediente fundamental, tan descaradamente, el producto escremental del tráfico de estupefacientes, cuyo carácter destructor y violento es tan difícil de esconder. Pero los elementos de análisis que salen aquí a flote apuntan a problemas más profundos.

El Estado se devela aquí como una mercancía comprada por el mejor postor. El costo, cada vez más exorbitante de las campañas electorales, ¿no hace acaso que solo los dueños y gestores de las más elevadas concentraciones de dinero puedan aspirar a comprar esa mercancía cada vez más costosa?

* ¿Acaso el poder político no ha funcionado entre nosotros siempre así?. ¿No han sido acaso las capas más adineradas de la sociedad (llámense, por su turno, industriales, cafeteros, ganaderos, comerciantes) quienes, a través de los aparatos de los partidos políticos, han tenido acceso a esa codiciada y costosa mercancía?. ¿Y la comprarán por "altruismo" o por los altos índices de rentabilidad que tal mercancía les reporta?.

* ¿Acaso quienes han analizado de cerca los procesos electorales desde la óptica de los sectores populares, no habían descubierto desde hace mucho tiempo que el "voto" popular es una mercancía que se vende por un sandwich, un paseo en bus, una recomendación para la entrada del hijo al colegio o a un empleo, la instalación de un servicio de energía , la pavimentación de una calle , un manojo de billetes o un cheque?.

* ¿Acaso no es ya una profesión lucrativa entre nosotros el "Marketing electoral", que maneja como secreto profesional las ecuaciones descubiertas entre determinado número de vallas, de cuñas radiales, de páginas publicitarias en la prensa etc. y el número de "votos" cautivos?

* ¿Pueden, acaso, mediante este sistema, competir políticamente los que no tienen exorbitantes sumas de dinero; los que podrían agitar ideas en favor de las capas empobrecidas? (Jamás).

El "Estiércol del Demonio" no es un MEDIO neutral, cuya moralidad no cuenta ni hay que examinar cuando los fines son "nobles". Razón tenía San Juan Crisóstomo al afirmar:

"Ahora díganme ustedes de dónde proceden sus riquezas. ¿De quién las han recibido? "De mis abuelos por medio de mi padre". ¿Pueden entonces mostrarme que han sido adquiridas justamente, remontándose por la familia?. No pueden. El principio y raíz de ellas proceden forzosamente de iniqui­dad. ¿Por qué? Porque, al principio, Dios no hizo rico a uno y pobre a otro; ni mostró al uno grandes tesoros y al otro le privó de este hallazgo; Dios puso delante de todos la misma tierra. ¿Cómo, pues, siendo común, tu posees yugadas infinitas y el otro ni un terrón?. "Me las trasmitió mi padre", me contestarás. Y él, ¿de quién las recibió?. "De sus antepasados¡". Pero es inevitable, remontándonos más arriba, llegar al principio." (Homilía sobre la Carta a Timoteo - M.G. 62, 563).

El "Estiércol del Demonio" impregna con su hediondez lo que toca a su paso, aunque nuestro olfato se haya acostumbrado tanto a esa hediondez que ya ni la percibimos. En el caso que nos ocupa ha logrado con creces su objetivo perverso: saturando progresiva e insensiblemente los MEDIOS de la "Democracia", logró eliminar "inocentemente" la misma Democracia.

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Pero la crisis actual ha logrado levantar otra problemática, aunque con menor énfasis. Una vez iniciado el enjuiciamiento jurídico, ético y político, a la presencia de narco-dineros en la política, se pone en tela de juicio la veracidad o falsedad de la información que circula alrededor de esos juicios.

Mientras los mass media compiten arduamente por la exclusividad de la última noticia escandalosa, la que les reportará enormes ganancias económicas dada la ansiedad creada en la "opinión pública" por ellos mismos, destacados dirigentes de la clase política censuran a los Medios por su "manipulación informativa" y por convertirse, "de facto", en jueces que condenan implacable­mente ante la opinión pública, con "pruebas" cuyas fuentes no tienen que revelar y que por lo tanto pueden manipular a su antojo, y con sentencias que son más destructivas de la honra y dignidad que las mismas sentencias judiciales.

Pero quien puede observar desde las barreras este debate sobre la moralidad de la información, comprueba que este tipo de contro­versia está saltando ciertas barreras de censura solo porque se están tocando personas y grupos que detentan altos niveles de poder. Para el observador no implicado emotivamente en el debate, resulta incluso "divertido" observar los malabarismos ideológicos de los grandes Medios, que dejan asomar inconscientemente su conflicto interno de fidelidades políticas y económicas y las fluctuaciones a que éstas los someten, en búsqueda de "quedar bien ubicados" frente al "nuevo poder" que se vislumbra, sin perder la "buena ubicación" frente al actual poder si éste logra superar la tormenta. De todos modos la "información" se moldea, en su estructura básica y fundamental, sobre una matriz que es ajena al problema de la veracidad o falsedad de los contenidos. Estos son seleccionados primordialmente en respuesta a unos intereses y la confección de su "verdad" constituye un complicado arte, donde es necesario combinar en dosis diversificadas: silencios, omisiones, deformaciones, tergiversaciones, manipula­ciones, énfasis, inflaciones, maquillajes, encubrimientos, oportunismos, etc.

Pero la "diversión" que puede causar el observar ese ingenioso arte de construcción de "verdades" por los grandes Medios, produce más bien escalofrío cuando se toma conciencia de sus alcances en la sociedad y en la conciencia de la gente. El hombre de nuestra época es, en gran medida, un "hombre-espectador". Vive en un agitado afán por la supervivencia, pero su visión del mundo y de la realidad que le circunda la consume pasivamente en la "información" que le proporcionan los grandes Medios. Su misma posición ética frente a los fenómenos políticos que lo envuelven la construye subconscientemente con los ingredientes de "informa­ción" sobre la realidad y con las valoraciones subliminales que de ésta le imponen los mass media.

Los Medios son capaces de convencer a la sociedad de la no existencia de lo que existe, aunque eso que realmente existe actúe con poderes altamente mortales. Fueron capaces, por ejemplo, de negar la existencia de una fuerte estructura parami­litar en El Carmen y San Vicente de Chucurí, activada y coordina­da por el Ejército Nacional. Para ello se valieron de un simula­cro de "verificación", presentando ante las pantallas y las primeras páginas de los grandes diarios a un grupo de militantes e incondicionales de esa estructura criminal, bajo el rótulo de "campesinos" de la región que "negaban" dicha realidad, combinan­do este procedimiento con el ocultamiento de la información sobre más de 300 asesinatos perpetrados por dicho grupo, sin contar los otros centenares de crímenes. Este procedimiento de ocultamiento de información combinado con el de la manipulación de otra, añadido al procedimiento ilegal de negarse a rectificar y al aún más perverso de calumniar a los denunciantes presentándolos como "colaboradores de la guerrilla", produjo una "verdad" socialmente consumida por las grandes masas, las que nunca tuvieron acceso a la información real. Pero gracias a esa "verdad" masivamente consumida, dicha estructura paramilitar pudo continuar su marcha triunfal por el Magdalena Medio santandeareano, produciendo muertos, desaparecidos, torturados, desplazados, mujeres violadas y ruinas de comunidades destruidas, realidades que "no existen" en la "verdad" de consumo masivo.

Los Medios crean gratuitamente "delincuentes" y convierten a delincuentes reales en "patriotas" y "héroes". Los grandes diarios convirtieron al Párroco de El Carmen de Chucurí, así como al Procurador Delegado de los Derechos Humanos, en "fugitivos de la justicia", transformando acusaciones perversas fabricadas por los criminales a quienes ellos denunciaron, en "sentencias judiciales", gracias a la ignorancia jurídica de las grandes masas, que nunca podrán leer los expedientes y que no tienen elementos para discernir entre una acusación fabricada por el criminal denunciado y una sindicación con fundamentos reales y jurídicos.

Los Medios construyen, en la medida de los intereses a los cuales sirven, los "actores de la violencia". Aquí los procedimientos son mucho más simples: silenciar unos hechos y magnificar otros. El solo efecto de repetición de "informaciones" sobre hechos de violencia atribuidos a determinados actores, produce subconscien­temente un rechazo masivo hacia esos "actores", aunque no sean ciertas sus responsabilidades. La selección de fuentes de información se convierte aquí en un mecanismo clave. Mediante igual procedimiento se transforma a los más peligrosos criminales en "benefactores" y en "héroes", simplemente silenciando sus crímenes o presentándolos incluso como "triunfos contra el crimen". Los Medios crean "demonios" y "ángeles" a su arbitrio y mediante esto inducen subliminalmente las opciones políticas, éticas y sociales de las masas.

Pero todo este debate sobre la moralidad de la información nos remite al problema del Derecho a la Verdad, como uno de los derechos humanos fundamentales y elemento básico de todo régimen democrático. El MEDIO fundamental que nuestros regímenes "demo­cráticos" han encontrado para garantizar ese derecho, ha sido el de la "Libertad de Prensa" o "Libertad de Información".

Pero ¿quién puede ejercer esa libertad de información? Desgracia­damente, solo quien posea exorbitantes cantidades de dinero.

Un reconocido periodista e intelectual, el Dr. Juan Diego Jarami­llo, lo expresó sin ambages, hace unos años, en su columna en el diario El Tiempo: la libertad de prensa consiste en que, quien tiene dinero para crear un medio de información u opinión, lo haga y exprese o informe allí lo que quiera. Nuevamente el "estiércol del demonio" se devela como pilar fundamental de la "democracia", esta vez en el ámbito del "derecho a la informa­ción". Quienes no tienen dinero, y en exorbitantes cantidades, no tienen derecho a informar, solo tienen derecho a consumir mentiras que estructu­ren, subrepticiamente, su posición frente a la realidad. El MEDIO escogido para garantizar el DERECHO A LA VERDAD, destruyó, pues, este mismo derecho.

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Otra dimensión de la actual crisis es la que afecta a la "Justi­cia". Los procesos judiciales abiertos a propósito de la presen­cia de dineros relacionados con el narcotráfico en las campañas electorales, han producido escepticismo en muchos sectores de opinión y cuestionamientos al desempeño de la "Justicia" en sectores de la clase política , actual o potencialmente enjuicia­dos.

Se duda de la imparcialidad que pudieren tener para ejercer funciones judiciales los miembros del Congreso, muchos de los cuales se beneficiaron de los mismos o similares medios finan­cieros en sus campañas electorales, o al menos serían tributarios de una solidaridad partidista.

Por su parte, ministros, congresistas y líderes políticos han protagonizado virulentos ataques a la Fiscalía, aduciendo "violaciones al debido proceso". Una fuerte corriente de parla­mentarios ha promovido, incluso, la abolición de la "Justicia sin Rostro" que durante varios años habían avalado, cuando les asistía la convicción de que su investidura los protegería siempre de ser sus víctimas.

En un ambiente en que se cuestiona, desde muchos ángulos, la posibilidad real de llegar a la Verdad y a la Justicia, la Conferencia Episcopal señaló, en una muy afortunada expresión, los límites y debilidades de la "verdad" jurídica:

"El pueblo colombiano tiene derecho a conocer sin tapujos la verdad de los hechos denunciados. Un documento puede ser imperfecto jurídicamente y, sin embargo, ofrecer certeza moral; otras veces un documento puede tener validez jurídica sin que tenga valor moral porque no siempre lo puramente legal es moralmente bueno. No pocas veces se puede llegar a la certeza moral sin que se puedan allegar pruebas suficien­tes." (Comunicado del Comité Permanente del Episcopado colombiano, 9 de septiembre de 1995)

Los Obispos pusieron "el dedo en la llaga" en tan escueta y acertada radiografía de la "Justicia". Hay, en efecto, distancias abismales entre la VERDAD PROCESAL y la VERDAD REAL. Esto es lo que hace que nuestra "Justicia" no sea confiable.

La "verdad" procesal es una verdad raquítica, maltrecha, trauma­tizada y escandalosamente manipulada. La "verdad" que logra allegarse a los expedientes judiciales, tiene que atravesar infinitos campos de obstáculos, de amenazas, de presiones y de manipulaciones, donde ordinariamente muere, y cuando no, arriba a los expedientes con profundos traumas y deformaciones.

A las amenazas de muerte que pesan sobre testigos, familiares y abogados de las víctimas, intimidaciones que ordinariamente provienen de los victimarios, se suman la desidia, la parciali­dad, el miedo y la cobardía de fiscales, jueces y procuradores, el "espíritu de cuerpo", el prevaricato y la venalidad, que culminan en las más aberrantes arbitrariedades en el momento de la valoración de las pruebas. Todo esto hace que la "verdad" procesal sea tan ajena a la verdad real.

Pero como si esto fuera poco, los últimos gobiernos han optado por destruir aún más radicalmente esa "verdad" procesal, convir­tiéndola en una mercancía. Recompensas tasadas en miles de millones de pesos se ofrecen descaradamente por las pantallas de la televisión, a quien suministre información sobre el paradero de supuestos sindicados. Sistemas de recompensas monetarias a "informantes" o "colaboradores de la justicia" han llegado a penetrar el mismo Código de Procedimiento Penal. El pequeño paso que de allí había que dar para construir "pruebas" rentables no se hizo esperar, y el sistema de "testigos secretos", adoptado en el mismo Código, fue el mejor aliciente para ello.

Se multiplicaron, entonces, los "informantes" pagados que, en calidad de "testigos secretos", fabricaron "pruebas" a la carta, ciñéndose a los intereses de quien quería ejercer alguna venganza personal, o a los de los organismos de seguridad del Estado que de vieja data hacían esfuerzos por destruir toda organización social , humanitaria o política que tuviera visos críticos o de oposición al statu quo. Dichos testigos-secretos-pagados empeza­ron también a prestar el servicio de desvirtuar, mediante declara­ciones en contrario, las escasas pruebas de los verdaderos testigos, que habían logrado llegar a los expedientes heroicamen­te, saltando las barreras de amenazas y atentados.

Nunca se podrá ponderar suficientemente el golpe mortal a la conciencia moral de una sociedad, que constituye la mercantiliza­ción de la "justicia". Cuando los móviles éticos, que son la única credencial válida para entrar en el santuario de la Justicia, se transforman (¡y por obra de instrumentos "lega­les"!) en móviles económicos, se ha destruido en su misma esencia la Justicia y es un abuso imperdonable continuar llamándola "Justicia". Pero el daño es de mayores proporciones, en cuanto vicia la moralidad misma , o la conciencia moral de la sociedad, una de cuyas expresiones más visibles y tangibles debería ser la institución de la Justicia.

Nuevamente el "estiércol del demonio", infiltrado como MEDIO para "agilizar" el ejercicio de la "Justicia", logró destruir lo poco que de "verdad procesal" era accesible.

Y la certeza moral ha quedado, como bien lo anotó el Episcopado, cada vez más afuera y más lejos de la "verdad" jurídica.

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Pero la crisis de la "Justicia" arrastra consigo otra crisis colateral que es la que afecta a la acción del Estado frente al delito y frente a la violencia. Pues, si la Justicia no funciona o se pervierte, la sociedad y el mismo Estado, en su caos, fuerzan la aparición de sustitutos de la Justicia.

El delito, el crimen organizado y las múltiples formas de violencia han llegado, en efecto, a niveles alarmantes. Colombia ha llegado a ser el país más violento del mundo si se mira su tasa anual de muertes violentas por cada cien mil habitantes en la última década (tasa que cuadruplica a las de los 3 países que la siguen).

Es deber primordial del Estado enfrentar la criminalidad y la violencia, y en las políticas que adopte para este efecto se juega también la protección de los derechos humanos fundamenta­les, que es el primer principio legitimante de un Estado de Derecho. Pero los MEDIOS escogidos para enfrentar la criminalidad y la violencia en Colombia no pueden ser más desastrosos. Es una praxis que se apoya en el principio de "combatir crimen con crimen".

Para combatir la violencia guerrillera, el Estado adoptó desde hace 15 años la estrategia paramilitar, la que combinó y articuló estrechamente a prácticas criminales de las Fuerzas Armadas regulares, como el asesinato, la desaparición forzada, la tortura y las retenciones arbitrarias. La Fuerza Pública ha aplicado desde tiempos más antiguos el principio de "responsabilidad colectiva", mediante el cual descarga la fuerza del terror sobre la población civil que habita en territorios frecuentados por las guerrillas, considerando "responsable" a dichas poblaciones civiles de la existencia y del accionar de las guerrillas. Cuando las denuncias sobre estas prácticas criminales tuvieron algún alcance, el Estado comenzó a utilizar mercenarios que continuaran el desarrollo de la estrategia , para proteger a las instituciones armadas de denuncias que ilegitimaban progresiva­mente al conjunto del Estado ante la Comunidad Internacional. Luego involucró forzadamente a poblaciones civiles de diversas regiones en las estructuras paramilitares, manteniendo sobre éstas una dirección clandestina, aunque en los lugares donde más se han afianzado estas estructuras la dirección es abierta y visible.

En los últimos 15 años el Paramilitarismo ha constituido una tozuda política de Estado, mantenida en pié a sangre y fuego por encima de todos los debates jurídicos y políticos, nacionales e internacionales. Los diversos poderes del Estado la han sosteni­do, cada uno desde su especificidad: la Fuerza Pública imponién­dola por doquier; el Ejecutivo y el Legislativo asintiéndola mediante la abdicación de funciones de control y ascendiendo a los más altos cargos y grados a todos sus gestores; los poderes Judicial y Disciplinario absteniéndose de investigar y sancionar a sus actores, sin importar la monstruosidad de sus crímenes ni la cantidad de estos. Para financiar este descomunal aparato de muerte, cuyos costos difícilmente podrían justificarse "legalmen­te" dentro de los egresos del erario público, el Estado no ha dudado en aliarse con poderosos capos del narcotráfico que sostienen esas estructuras bajo la apariencia de "ejércitos privados", pagándoles con una absoluta inmunidad frente a la "Justicia".

Frente a la delincuencia común el Estado ha consentido desde hace años la llamada "limpieza social" agenciada principalmente por la Policía. Las conocidas dificultades probatorias y procesales para investigar y sancionar el delito callejero de las capas deshuma­nizadas de la población, han llevado a numerosísimos agentes de la Policía y a escuadrones de la muerte que actúan en estrecha coordinación con ellos, a optar por eliminar a los pequeños delincuentes como ratas de alcantarilla. Pero en momentos en que la delincuencia calleje­ra es asfixiante, la acción del Estado para enfrentarla busca nuevamente MEDIOS desastrosos: recortar los derechos procesales, abrir amplias avenidas a la arbitrarie­dad policial y judicial e incluso equiparar la imputabilidad de los menores delincuentes a la de los adultos , procedi­mientos que no pueden sino llevar a condenar a numerosos inocen­tes. Estas han sido, en sustancia, las medidas adoptadas bajo la reciente declaratoria de "Estado de Conmoción Interior". En la medida en que crezca la miseria, secuela ineludible de la ya canonizada política neolibe­ral, esta lógica impondrá necesa­riamente la abolición progresiva de los derechos procesales.

Poco quedaría por decir sobre los MEDIOS adoptados para enfrentar la violencia del narcotráfico. Una gran vertiente de esta violencia se fue articulando progresivamente a la de las estruc­turas paramilitares, hallando así cobijo y protección a la sombra del Estado. Otra parte, que se colocó voluntariamente en la otra orilla (léase: gran parte del Cartel de Medellín), fue enfrentada con la brutalidad animal de los "bloques de búsqueda". No puede ser más expresiva de esta brutalidad, y de las concepciones del Hombre y del Estado que a través de ella se expresan, la fotogra­fía revelada recientemente, (carátula del semanario "Cambio 16", edición No 118, del 11 al 18 de septiembre de 1995) que muestra el momento en que el Coronel de la Policía Hugo Aguilar agarraba entre sus manos, sobre un tejado, el cadáver ensangren­tado de Pablo Escobar, posando para un fotógrafo solicitado, con un gesto escalo­friante de vulgar hilaridad, que hiere rudamente la sensibilidad de cualquiera que tenga algún mínimo sentido de la dignidad humana.

En la coyuntura actual, la zona de Urabá revela niveles escanda­losos de violencia que involucra a diversos actores. La respuesta del Estado a la violencia de Urabá está reflejada en el Informe final de la COMISION VERIFICADORA DE LOS ACTORES VIOLENTOS EN URABA (Septiembre de 1995), avalada por los gobiernos local, departamental y nacional y en la cual participaron diversas entidades del Estado, del Gobierno y de la Iglesia. En sus conclusiones sobre la acción del Estado, el Informe afirma:

"La Fuerza Pública no se ha ganado la confianza del común de los ciudadanos de Urabá, porque no cumple eficientemente su deber de proteger y garantizar la vida, honra y bienes de éstos; antes, ha sido cuestionada por su relación conflicti­va y agresiva con las comunidades; además, esta realidad afecta las tareas de investigación que no arroja los mejores resultados.

La Fuerza Pública no comprende la situación del campesino en pleno conflicto armado, quien por momentos colabora por miedo a perder su vida, sus bienes, la tranquilidad de su familia, por su apego a la tierra, etc. Busca la prueba penal e información atacando a las comunidades, presionándo­las, como todos los demás actores armados -guerrilla, auto­defensas-. La población civil sufre las demandas y atrope­llos de todos los actores, nadie le reconoce sus derechos.

Si bien es cierto que existen combates de la Fuerza Pública con el movimiento alzado en armas, la historia muestra el asentamiento permanente de la guerrilla con una gran vocación de ataque y retirada, con presencia política legal, con dominio y alta influencia en la región, lo que evidente­mente señala la falta de integración, de inserción en las comunidades por parte de las Fuerzas Armadas, así como de reprimir con más eficacia a los actores armados.

Pero la actuación de las autodefensas hace 3 años en el norte de Urabá, combatiendo por momentos a la guerrilla, destruyendo caseríos, pequeños asentamientos humanos, asesinando a presuntos colaboradores de la guerrilla, sin jamás combatir con el Ejército, muestra en los hechos los nexos entre ambos actores; nexos comprobables por testimo­nios que indican acciones conjuntas, prácticas de allana­mientos irregulares, insultos, atropellos, hurtos a bienes de la población.

( ... )

La Comisión recibió testimonios concordantes que hablan de varios vehículos ocupados por civiles armados transitando la región. Igualmente escuchó testimonios de la presencia de miembros del Ejército Nacional en bases o campamentos estables de las llamadas Autodefensas; de que estos funcio­narios no combaten a dichos actores violentos paraestatales, a pesar de cohabitar por varios años en el mismo terreno; generalmente no efectúan capturas ni retenciones de miembros de esta agrupación y en el evento de realizarlas, entregan informes de inteligencia con calificación de porte ilegal de armas, sin aportar datos que permitan deducir sus acciones terroristas y/o asociación para delinquir.

( ... )

La Comisión recibió informaciones sobre otra modalidad de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por miembros de las unidades militares en donde por acciones se ven compro­metidos estos agentes estatales. Es así mismo como se recibió información de hechos como el ocurrido el 17 de junio de 1995 en la vereda Quebrada de Indios, del municipio de Turbo, en donde miembros del Ejército Nacional, acompaña­dos de dos informantes ex guerrilleros, irrumpieron de manera violenta en el mencionado caserío. En la acción fueron quemadas varias viviendas y los habitantes del lugar fueron reunidos mientras que a una mujer se le obligó a desnudarse para una requisa en busca de armas. En la vereda fue fusilada una de las víctimas y posteriormente se le vistió con uniformes camuflados y granadas de fragmentación. Luego de someter a tres víctimas más, se las llevaron consigo y sus cuerpos aparecieron en la vereda Manuel Cuello, cuyos nombres eran: Javier Higuita, Juan de la Cruz Borja y Nicolás Rueda.

( ... )

Definitivamente, en campo abierto en zonas de conflicto armado, el campesino está desamparado y la conducta colecti­va de la Fuerza Pública no cambia respecto del trato con la población, aunque muestre algunos resultados cuantitativos de lucha contra el delito. La Policía igualmente ha oculta­do, simulado investigar y ha actuado en complicidad con miembros de grupos de Autodefensas en contra de ciudadanos, conducta reprochable que la muestra a la luz pública, violando su deber de respeto y garantía"

Todo muestra que el Estado sigue atrapado en el mismo principio inconfesable: combatir crimen con crimen.

Con gran acierto, el investigador social Alejandro Reyes Posada, señalaba hace pocos días en su columna en El Espectador titulada: "Cascos azules: única salida para detener la matanza de Urabá".

"Tampoco se detendrá la guerra por territorios en Urabá reforzando las mismas estrategias que la han alimentado hasta el punto de no retorno al que ha llegado. Esas estrategias, en dosis crecientes, han sido: mayor militari­zación, más allanamientos y detenciones con menos garantías civiles, más retenes y requisas, más armas y vehículos y radios para más grupos de autodefensa, mayor número de jueces y cárceles que tramiten más condenas, mayores recompensas para lograr más delaciones.

Todas esas medidas, multiplicadas al infinito, se practican sola y reiteradamente sobre la misma población no combatien­te, y por tanto los convierte, además de víctimas de los señores de la guerra, en víctimas de los señores encargados de parar la guerra, es decir, de la fuerza pública que los debería proteger. Para huir de esa protección, la población no combatiente no tiene otra salida que refugiarse en brazos de los combatientes, entregándoles su vida y su libertad y renunciando a sus derechos ..."

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La tesis según la cual, "el fin justifica los medios", se revela en este recorrido como principio inconfesable de nuestro "Estado de Derecho", subyacente a todas las grandes estrategias que configuran el accionar del Estado y que, por lo tanto, encarnan y caracterizan la MORAL del mismo.

Pero este triste recorrido nos revela, al mismo tiempo, que los MEDIOS no son a-morales y que pueden llegar, más bien, a aniqui­lar los FINES presuntamente buscados.

Javier Giraldo, S. J.
Septiembre de 1995

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