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Derecho de Petición al Presidente de Colombia, No. 14

Martes 19 de septiembre de 2006, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, septiembre 18 de 2006

Doctor
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Casa de Nariño
Ciudad

Ref:
• Derecho de Petición de 29.07.03 - Rad: 152982
• Derecho de Petición de 15.10.03 - Rad: 195947
• Derecho de Petición de 15.01.04 - Rad: 241719
• Derecho de Petición de 26.02.04 - Rad: 260021
• Derecho de Petición de 05.04.04 - Rad: 279992
• Derecho de Petición de 20.05.04 - Rad: 300313
• Derecho de Petición de 06.07.04 - Rad: 320803
• Derecho de Petición de 20.09.04 - Rad: 359840
• Derecho de Petición de 19.01.05 - Rad: 399453
• Derecho de Petición de 12.05.05 - Rad: 419900
• Derecho de Petición de 16.09.05 - Rad: 435971
• Derecho de Petición de 21.11.05 - Rad: 442212
• Derecho de Petición de 16.03.06 - Rad: 06-26397

De toda consideración.

De nuevo recurro, Señor Presidente, al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, para suplicarle de manera apremiante que cese la sistemática comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de agentes del Estado en unidad de acción con grupos paramilitares, contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra los pobladores de esa zona geográfica.

Anteriormente en otras trece ocasiones recurrí a este mismo derecho constitucional, radicando en su despacho peticiones urgentes y elementales, sin obtener ninguna respuesta pertinente de su parte ni de ningún otro órgano del Gobierno o del Estado y sin que se modifiquen los parámetros de agresión criminal contra la población civil, ni se sancione a ninguno de los perpetradores ni a sus líneas de mando, ni se repare a las víctimas al menos en las carencias más graves que les han dejado los crímenes y que lesionan profundamente sus derechos y las privan de elementos esenciales para su subsistencia.

El Artículo 188 de la Constitución Nacional le impone al Jefe del Estado con toda nitidez el carácter de garante de los derechos fundamentales de los colombianos, y para poder cumplir dicha obligación la misma Carta dota al Presidente de atribuciones suficientes, como la de comandante supremo de las fuerzas armadas (Art. 189,3) y la de nombrar y remover libremente a sus agentes (Art. 189,13). La misma Carta, en sus artículos 6 y 198 señala también la responsabilidad que atañe al Jefe del Estado por las omisiones en el cumplimiento de la ley. Por su parte, la Corte Constitucional, en su Sentencia SU-1184/01, establece los alcances de la posición de garante, afirmando que “en las relaciones de jerarquía, el superior con autoridad o mando, tiene el deber de tomar medidas especiales (deberes de seguridad en el tráfico) para evitar que personas que se encuentran bajo su efectivo control, realicen conductas que vulneran los derechos fundamentales .. por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior y no el simple incumplimiento de un deber funcional”.

También la tradición jurídica universal converge en la imputación de resultados dañosos a un individuo que no los ha producido directamente, cuando los actos que hubieran evitado el resultado eran jurídicamente exigibles.

Las obligaciones que el Estado colombiano ha contraído con la comunidad internacional al suscribir y ratificar la mayoría de convenciones y tratados que miran a la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidas como de absoluta prevalencia en los artículos 93 y 94 de la Constitución, obligaciones que tienen la misma imperatividad a la luz del derecho internacional consuetudinario, reclaman la intervención directa del Jefe del Estado para detener y corregir situaciones estructuralmente lesivas de la dignidad humana, convertidas en prácticas sistemáticas que se han prolongado por más de una década, para restablecer los derechos de las víctimas y para reparar las lesiones causadas por sus omisiones.

Desde 1997 ningún presidente puede aducir desconocimiento alguno de estas graves situaciones, toda vez que desde ese año se han remitido informes, constancias y reclamos al despacho del Primer Mandatario, de manera permanente y acompañadas de peticiones apremiantes como lo reclama la gravedad de las situaciones denunciadas.

No obstante las ya numerosas y reiteradas solicitudes ante Usted, Señor Presidente, para que dé cumplimiento a las obligaciones que la Constitución Nacional y el Derecho Internacional le imponen, la agresión sistemática contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó continúa agravándose. Con posterioridad a los hechos consignados en el último Derecho de Petición, radicado en su despacho el 16 de marzo de 2006, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la población civil de la zona han sufrido las siguientes agresiones por parte de agentes directos o indirectos del Estado y sus clamores han recibido las respuestas que en seguida consigno.

Ver el texto completo de Derecho de Petición No. 14 en el documento adjunto

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