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Carta al Ministro de Defensa de Colombia

Viernes 27 de abril de 2007, por Javier Giraldo M. , S.J.

Si denunciar crímenes tan horrendos y solicitar, mediante mecanismos legales fundados en evidentes principios constitucionales, que se aporten los elementos imprescindibles para incoar procesos tendientes a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, no por las trilladas vías ineficaces, corruptas y encubridoras que ya muestran hasta la saciedad su carencia de resultados, sino ensayando otros mecanismos abiertos por el derecho internacional, constituye una vulneración del “derecho al buen nombre” de la fuerza pública y de quienes estuvieron incursos en los crímenes, es porque su Despacho, Señor Ministro, considera que el “buen nombre” debe construirse y protegerse mediante políticas de encubrimiento y no con políticas de justicia.

Bogotá, abril 23 de 2007

 

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa
Ciudad

De toda consideración.

En el pasado mes de febrero, acogiéndome al derecho constitucional de petición, le solicité una copia de la respuesta que su Despacho había dirigido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 23 de mayo de 2006, para que obrara en el expediente de Acción de Tutela No. 25866. En respuesta recibí el Oficio OFI07-7890 MDNOAJGNGIJ-34 fechado el 13 de febrero de 2007 con la copia del documento solicitado en anexo, lo cual le agradezco.

En efecto, ante las persistentes negativas del Ministerio de Defensa a suministrar los nombres de oficiales, suboficiales, soldados y policías, así como sus líneas de mando, que estuvieron presentes en sitios, fechas y horas precisas en las cuales se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de pobladores de la zona, interpuse una Acción de Tutela como protección al derecho a la justicia, la cual fue fallada negativamente el 23 de junio de 2006 por el Magistrado Fernando Maldonado Cala, del Tribunal Superior de Bogotá, quien, para eximirse de examinar el principio constitucional en el cual se fundaba el recurso, como era el carácter público de las actuaciones de los servidores públicos , cambió, por su propia iniciativa, el bien jurídico que se pedía tutelar, poniendo en su lugar el derecho a obtener respuestas cuando se ejerce el derecho constitucional de petición, lo cual no era el objeto de dicha Acción de Tutela.

Conocido ahora el texto integral de la respuesta enviada por su Despacho para solicitar que no se tutelaran los derechos vulnerados que eran objeto de dicha Acción de Tutela, no puedo menos, Señor Ministro, que manifestarle mis profundas preocupaciones por las tesis que allí se defienden.

    1. En primer lugar, el Ministerio de Defensa afirma que todas las peticiones formuladas por el suscrito fueron atendidas y satisfactoriamente respondidas, en la medida en que siempre se informaba que todos esos hechos habían sido puestos en conocimiento de organismos de control e investigación para que se adelantaran investigaciones serias y transparentes.

Frente a esto hay que subrayar de nuevo que la Acción interpuesta no buscaba tutelar el derecho a obtener respuestas, pues siempre se han recibido respuestas que no son pertinentes; que no se compadecen con los principios y derechos constitucionales invocados; que no ofrecen ninguna solución a los altos riesgos de repetición de los crímenes que afectan a las víctimas ni a la situación de destrucción de sus medios de subsistencia en que las han dejado los crímenes del Estado; que no respetan las competencias invocadas en las peticiones, sustentadas en evidentes principios de la Constitución , de las leyes internas y del Derecho Internacional. Si hubiera querido reivindicar el derecho de todo ciudadano a que se le respondan su peticiones, como lo contempla la Constitución , no me hubiera quejado de ausencia de respuestas sino que hubiera solicitado a la Magistratura que se pronunciara sobre si las respuestas no pertinentes pueden considerarse como cumplimiento válido del deber de responder a las peticiones legítimas. Sin embargo, ese no era el objetivo de la Acción de Tutela y por eso no me explico cómo podría haber buena fe en el cambio del contenido de la Tutela que hizo el Magistrado Maldonado Cala, cuando nada en el texto lo autorizaba a ello.

    2. En segundo lugar, cuando el Ministerio de Defensa se refiere al contenido de las peticiones elevadas repetidas veces y negadas, aduce que ya todos esos hechos están siendo investigados por organismos de control e investigación, como si ello fuese una razón válida para ocultar las identidades de los servidores públicos que estuvieron presentes en los sitios, fechas, horas y circunstancias que rodearon los crímenes.

De hecho, en muchas de las respuestas dadas al suscrito, así como a la Comisión y a la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales, se mencionan números de radición de investigaciones, la inmensa mayoría de carácter disciplinario interno adelantadas por las mismas unidades incursas en los crímenes, así como una que otra que cursan en la Procuraduría o en la Fiscalía. Al hacer un seguimiento riguroso de los informes dados al peticionario y a la Comisión y a la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, se puede evidenciar que esas investigaciones van siguiendo una trayectoria rutinaria de apertura y archivo rápido, sin que en la última década ninguna de ellas haya culminado en sanción, exceptuando la “sanción” al General Rodríguez Laverde (2006) que no puede evaluarse sino como un insulto a la justicia y una burla a la víctimas y a la humanidad.

El suscrito ha sostenido múltiples veces ante su Despacho, Señor Ministro, así como ante numerosos organismos judiciales y disciplinarios, que investigaciones adelantadas por las mismas instituciones incursas en los crímenes no tienen legitimidad y erosionan profundamente la legitimidad misma del Estado, toda vez que allí no se cumplen las más mínimas condiciones de independencia e imparcialidad que exigen los principios universales de administración de justicia. Aún más, en las instancias disciplinarias y penales de la jurisdicción militar se desconoce conscientemente la tipificación del Crimen de Lesa Humanidad, a pesar de que el Estado colombiano suscribió el Estatuto de Roma, y para ello se niegan a aplicar los criterios de conexidad que están previstos y definidos en el Código de Procedimiento Penal. Tampoco se respeta en dicha jurisdicción el principio rector contemplado en el Art. 21 del Código de Procedimiento Penal y por ello jamás avocan la investigación de los factores institucionales que inciden en el carácter sistemático de los crímenes cuando revelan políticas de Estado, es decir, cuando a pesar de los relevos periódicos de comandantes y demás jerarquías de brigadas y batallones, continúan obedeciendo al mismo libreto. Lo que hemos constatado en muchos años es que las supuestas “investigaciones” se agotan en preguntas hechas a los mismos victimarios sobre su participación en los crímenes y sus respuestas –evidentemente de no autoinculpación- se transmiten a las víctimas y a la comunidad internacional como resultado definitivo de “investigaciones” que por tal motivo se archivan o precluyen. Al consultarle a una funcionaria del Ministerio de Defensa sobre la validez de tales “investigaciones”, ella respondió que eso era preocupante pero que no veía alternativas.

Desgraciadamente, Señor Ministro, no es muy diferente el comportamiento de los organismos civiles de control, como la Procuraduría y la Fiscalía , lo cual explica la absoluta impunidad en que permanecen los cerca de 600 crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra los pobladores de esa zona. No solo en los diez años que lleva de existencia la Comunidad de Paz, la cual se ha propuesto de manera explícita no transigir con la impunidad, sino en las décadas anteriores, no hay un solo acto de justicia. Considere, Señor Ministro, la horrenda masacre del 7 de julio de 1977 en las veredas Mulatos y La Resbalosa , en los mismos sitios en que el Ejército perpeteró la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005; ambas están aún en absoluta impunidad, al igual que los centenares de crímenes que llenan el intervalo de 30 años que las separa.

El acceso a expedientes que se han abierto y/o cerrado y que son documentos públicos, evidencia, Señor Ministro, el colapso ético que afecta a la administración de justicia en Colombia. Hemos tenido oportunidad de analizar los mecanismos probatorios; la degradación en que ha caido el testimonio ya convertido prácticamente en “prueba única” sin que su carácter cada vez más mercantilizado preocupe a ningún funcionario judicial; los enormes espacios para la arbitrariedad de evaluación de pruebas que cada vez son más anchos; la eliminación de criterios de independencia e imparcialidad cuando son los mismos victimarios los que se juzgan a sí mismos o se autoatribuyen funciones judiciales vetadas por la Constitución y las leyes pero permitidas “de facto” por todos los estamentos del Estado; la fabricación de pruebas ilícitas contra aquellos cuya libertad quieren eliminar por no acoplarse a la ideología del gobierno de turno, mediante allanamientos ilegales; detenciones ilegales; montajes; torturas; pago de falsos testimonios; incidencia en fiscalías, procuradurías, juzgados y tribunales mediante presiones inconfesables, etc. Todo esto, Señor Ministro, impide que sean de recibo las respuestas de su Despacho que se refieren a “investigaciones en curso” como pretexto para ocultar la identidad de quienes ejercen un servicio PÚBLICO y que, por lo tanto, lo deben ejercer ante el pleno y legítimo escrutinio de toda la ciudadanía y, con mayor razón, de sus víctimas y de la comunidad internacional cuando incurren en crímenes de derecho internacional.

    3. En tercer lugar, el Ministerio de Defensa reivindica el “ derecho al buen nombre” de los miembros de la fuerza pública y de su misma institución y lo contrapone, en superioridad, al derecho que tienen las víctimas a conocer la identidad de aquellos que, en nombre y bajo la autoridad del Estado, han vulnerado sus derechos más elementales, las han sometido a violencias extremas que dejan secuelas dolorosas en sus vidas y de paso ilegitiman las instituciones y el Estado mismo.

Esta tesis, Señor Ministro, no tiene sustentabilidad alguna. La Constitución Nacional en su Artículo 209 establece la PUBLICIDAD como uno de los principios de la administración pública, y lo contrario no sería coherente con un Estado De Derecho dentro del cual el servicio público está fundamentalmente al servicio de los ciudadanos que son los constituyentes primarios y la razón de ser de todo el aparato del Estado.

En la fundamentación de la Acción de Tutela apelé, Señor Ministro, a otros numerosos principios del Derecho Internacional, donde cada vez más se exige la transparencia de los servidores públicos y el escrutinio permanente de la ciudadanía sobre los potenciales violadores de los derechos humanos fundamentales, como premisas de aplicación del Derecho a la VERDAD y del Derecho a la JUSTICIA.

Pero, como Usted bien lo sabe, Señor Ministro, la legislación penal colombiana contempla ciertos términos y otros requisitos para estructurar un proceso penal. Si la denuncia no individualiza al actor del ilícito dando su nombre e identidad precisa, el funcionario judicial tiene solo seis meses para individualizarlo, lo cual casi ningún funcionario judicial hace en Colombia, como lo comprobamos día a día, pues esa carga han decidido echarla sobre las espaldas de las víctimas, a consciencia de que éstas no tienen los medios para hacerlo, y este es uno de los mecanismos más rutinarios, perversos y seguros de la impunidad. Por ello, cuando Usted se niega, Señor Ministro, a suministrar las identidades, cargos y líneas de mando de los miembros del Ejército y de la Policía que estuvieron presentes en los sitios, fechas y horas precisas de perpetración de los crímenes de lesa humanidad, está obstruyendo en sus posibilidades más elementales el ejercicio de la justicia y le está poniendo una coraza de acero a la impunidad.

La experiencia que está viviendo el país en la actual coyuntura, cuando gracias a la las leyes 782/02 y 975/05 los paramilitares que han inundado el país de sangre y que gracias a que han protegido su identidad con nombres ficticios o con capuchas y pasamontañas, con toda la complicidad de la fuerza pública, no han sido tocados por la justicia e incluso han podido reciclarse en su accionar violento, debería llevarlo a reflexionar, Señor Ministro, sobre su contumacia en encapuchar a sus súbditos al más típico estilo paramilitar, no obstante estar ello tan evidentemente prohibido por la Constitución Nacional , garantizando así su impunidad y dejando al páis desprotegido frente al enorme riesgo de la repetición de esos horrores por parte de quienes evaden la justicia gracias a su encapuchamiento. Así se comprende cómo se han sentido con las manos libres para continuar perpetrando crímenes y reconfigurando estructuras paramilitares, dado el anonimato protector que el gobierno les otorga y garantiza.

    4. En cuarto lugar, el oficio dirigido por su Despacho al Magistrado que debía fallar la Acción de Tutela, solicita que se nieguen las pretensiones y afirma que el “ objetivo final del accionante es denunciar ante la Corte Penal Internacional a los miembros de la Fuerza Pública , por supuestos crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desconociendo de plano el derecho al buen nombre del cual son titulares, sin que hasta la fecha ni siquiera hayan sido vinculados a las investigaciones en curso y mucho menos sin que se haya proferido fallo condenatorio en su contra. Es por eso que el Ministerio no encuentra procedente suministrar la información solicitada, en los escritos del accionante ..

Me impresiona descubrir, Señor Ministro, que su contumaz negativa a reconocer el carácter público de los servidores públicos tenga por motivación explícita impedir que se lleven denuncias a la Corte Penal Internacional. Esto es mucho más grave cuando tal motivación lleva a no suministrar informaciones que todo ciudadano tiene derecho a exigir dentro de un Estado de Derecho, más aún cuando se trata de informaciones elementales e imprescindibles para poder iniciar un proceso penal que defienda a pobladores sometidos por décadas a todo tipo de vejámenes por parte de la fuerza pública, so pena de que el proceso penal –en instancias nacionales o internacionales- no se pueda incoar o esté fatalmente destinado al archivo en un plazo de seis meses.

No encuentro coherente, Señor Ministro, que el Estado colombiano suscriba y ratifique un tratato internacional como el Estatuto de Roma y luego obstruya su aplicación, de una manera tan explícita. ¿Se quiso, entonces, firmar algo que no se iba a permitir poner en práctica? ¿Es eso honestidad frente a la comunidad internacional? Los reglamentos de la C.P .I. no permiten denuncias contra personas anónimas. Si el Estado colombiano oculta la identidad de sus funcionarios incursos en crímenes de lesa humanidad, está bloqueando, con toda evidencia, la puesta en práctica del Estatuto de Roma. ¿Qué pretende con esto, Señor Ministro? ¿Acaso pretende que los casos sigan sometidos exclusivamente a un aparato judicial que en tres décadas no ha sancionado a un solo actor de crímenes tan horrendos y tan sistemáticos como masacres, centenares de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, bombardeos indiscriminados, desplazamientos forzados, incineración de viviendas, violación de mujeres, amenazas, operativos militares/paramilitares brutales, destrucción de cultivos, asaltos a mano armada para robar los ahorros de la Comunidad destinados a proyectos sociales, reclutamiento de paramilitares mediante el soborno, calumnias contra la comunidad proferidas por el propio Jefe del Estado sin reparación alguna a las víctimas, difamación por todos los medios de comunicación social, amenazas, destrucción de las memorias de las víctimas en los rústicos monumentos construidos en medio de la miseria y el despojo, robos de los bienes de los desplazados, de sus animales de carga y de sus herramientas de trabajo y enseres domésticos, pillajes, utilización de los inmuebles de los desplazados para prácticas de prostitución de soldados y policías, anuncios permanentes de nuevas masacres, etc., etc? ¿Quiere, Señor Ministro, que todos estos centenares de crímenes continúen sometidos, sin que nadie más interfiera, a un aparato de justicia tan corrupto como el colombiano, donde no se respeta la independencia ni la imparcialidad ni el debido proceso, donde el testimonio se ha envilecido a niveles tan altos gracias a políticas de Estado de compra de testimonios; donde el poder ejecutivo incide de forma tan determinante e ilegítima en los fallos de la “justicia”; donde la impunidad es la moneda más corriente y donde las trampas procedimentales son los inventos cotidianos que los abogados deben aprender cada día para no desactualizarse?

He interpretado, Señor Ministro, toda esa presión de su Despacho para que las pretensiones fueran negadas en la Acción de Tutela, como la fuerza más determinante que llevó al Magistrado Maldonado Cala a cambiar el objeto de la Tutela con el fin de ni siquiera tener que pronunciarse sobre la vigencia del principio constitucional de la PUBLICIDAD del servicio de los servidores PÚBLICOS e inventarse como objeto de la misma el derecho a obtener respuesta a las peticiones.

    5. En el oficio enviado por el Ministerio de Defensa al Magistrado ponente, se me acusa repetidas veces de vulnerar el derecho al buen nombre de la fuerza pública con mis quejas sobre los crímenes perpetrados en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Tal acusación es coherente con la tesis que se esgrimen a lo largo de todo el oficio: la superioridad del derecho al buen nombre de los miembros de la fuerza pública sobre el derecho de los ciudadanos a conocer la identidad de quienes vulneran sus derechos en nombre de y con la autoridad y fuerza contundente (armada) del Estado; la superioridad del derecho al buen nombre de los victimarios sobre el derecho a la vida, integridad y libertad de las víctimas.

Tan indefendible considero esta tesis, Señor Ministro, cuanto encierra un sofisma que no es difícil de sacar a la luz: sequiere cobijar con una imagen neutral de un militar o policía que supuestamente cumple su deber, a aquellos que no solo no lo cumplen sino que se aprovechan de su estatus para cometer crímenes contra la población, llegando en este caso a identificarse “su derecho al buen nombre” con la impunidad de sus crímenes y con la negación del derecho de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a protegerse contra la repitición indefinida de los crímenes, garantizada por el encapuchamiento de la identidad del victimario y por una ausencia de justicia amparada en “el derecho al buen nombre de los criminales”.

Si denunciar crímenes tan horrendos y solicitar, mediante mecanismos legales fundados en evidentes principios constitucionales, que se aporten los elementos imprescindibles para incoar procesos tendientes a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, no por las trilladas vías ineficaces, corruptas y encubridoras que ya muestran hasta la saciedad su carencia de resultados, sino ensayando otros mecanismos abiertos por el derecho internacional, constituye una vulneración del “derecho al buen nombre” de la fuerza pública y de quienes estuvieron incursos en los crímenes, es porque su Despacho, Señor Ministro, considera que el “buen nombre” debe construirse y protegerse mediante políticas de encubrimiento y no con políticas de justicia.

Considero, pues, Señor Ministro, inaceptables las tesis esgrimidas en el oficio enviado por su Despacho al Magistrado ponente de la Acción de Tutela No. 25866 del Tribunal Superior de Bogotá, fallada además mediante el recurso malintencionado de modificación del bien a tutelar.

Quisiera invitarlo nuevamente, Señor Ministro, a suministrar toda la información solicitada en mis derechos de petición, ya que su contumacia en negarla viola, de toda evidencia, los principios constitucionales y numerosas normas del Derecho Internacional.

 

Atentamente,

 

Javier Giraldo M., S. J.

 

CC:

  • Corte Penal Internacional
  • Corte Interamericana de Derechos Humanos
  • Comisión Interamericana de derechos Humanos
  • Corte Constitucional de Colombia
  • Cancillerías de Estados donde existen comunidades estatales o locales hermanadas con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
  • Organismos internacionales de Defensa de los Derechos Humanos
  • Organismos nacionales de Defensa de los Derechos Humanos.

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