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Derecho de Petición al Ministro de Defensa de Colombia

Persecución de lesa humanidad contra población civil de Puerto Rico Caquetá

Jueves 24 de mayo de 2007, por Javier Giraldo M. , S.J.

No se trata de conductas aisladas ni esporádicas. La diversidad de tropas que así se están comportando; la amplitud territorial donde operan; la persistencia temporal reiterativa de los mismos comportamientos, no permiten hablar de casos excepcionales sino de conductas sistemáticas. Por otra parte, los bienes jurídicos que son destruidos o puestos en alto riesgo no permiten catalogar los hechos como de orden o rango secundario. Se está atacando “in esse” el derecho a la vida; el derecho a la integridad; el derecho a la propiedad; el derecho a la alimentación; el derecho a la intimidad; el derecho a la movilidad; el derecho a la justicia; el derecho a la presunción de inocencia; el derecho al trato digno y humano; el derecho al trabajo; el derecho a la libertad; el derecho al debido proceso; el derecho a la educación; el derecho a la asociación; el derecho al buen nombre, y detrás de todos estos derechos, el derecho inalienable a la más elemental dignidad humana.

Bogotá, mayo 22 de 2007

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de Defensa Nacional
Ciudad

De toda consideración.

Por medio de este escrito, acogiéndome al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, quiero poner en su conocimiento situaciones graves vividas por campesinos y comunidades campesinas del departamento del Caquetá y solicitarle soluciones urgentes que está en el marco de su competencia ministerial.

El sábado 7 de abril de 2007 (Sábado Santo), entre las 13:00 y las 16:00 horas, tropas del Batallón Cazadores, con sede en San Vicente del Caguán, ingresaron a la vereda Villanueva, del corregimiento de Aguililla, del municipio de Puerto Rico (Caquetá). Unidades de dichas tropas se dirigieron a la vivienda de los esposos Libardo Guzmán y Disney González, quienes no se encontraban allí en ese momento. Los militares violaron, entonces, las cerraduras, y procedieron a saquear la vivienda; destrozaron los colchones, la ropa de la familia, los implementos de cocina y enseres domésticos. Se apoderaron de la cocina donde cocinaron las gallinas que tenía la familia. En la noche utilizaron las camas de la vivienda para dormir e incluso debajo de un colchón dejaron olvidado un gorro militar que fue posteriormente entregado a autoridades de la región. Cuando partieron de allí, el domingo 8 de abril, se llevaron consigo las provisiones alimenticias que tenía la familia (arroz, panela, fríjol, chocolate, café, huevos, gaseosas), un cordero que le habían regalado a la familia, muchas piezas de ropa, las joyas que encontraron, una cámara fotográfica, dos radios, videos y CD de música, otros enseres domésticos, fotografías de la familia y los bolsos que utilizan los niños para ir a estudiar, mientras destrozaron sus cuadernos de estudio. En el camino encontraron al trabajador Juan Bautista Villada, quien se dirigía hacia la casa que saquearon y le dijeron que habían esperado toda la noche a los dueños de esa casa para masacrarlos porque “son de la guerrilla”; le mostraron una foto de Disney que habían sacado de su casa y le dijeron que la esperarían en el retén. Al trabajador lo requisaron, lo amenazaron y lo sometieron a vejámenes durante 30 minutos.

Como en dicha vivienda funciona una de las 80 Boticas Comunitarias impulsadas por el Vicariato Apostólico de San Vicente / Puerto Leguízamo, financiadas por organismos internacionales, los militares violaron también las cerraduras de los armarios de la botica y saquearon las cajas de medicamentos, de instrumental quirúrgico y de implementos de enfermería, llevándose numerosos medicamentos y destrozando algunos instrumentos. También se llevaron los documentos donde constan las autorizaciones del Vicariato y del Ejército para transportar los medicamentos, así como los cuadernos de contabilidad y los registros de créditos de los habitantes de la zona. En general los elementos saqueados fueron avaluados en un millón cien mil pesos.

Al parecer, con la tropa que llegó a la vereda Villanueva se movilizaba el Señor Jesús Arnulfo Gómez, antiguo integrante de la Acción Comunal de la vereda, pero que 2 meses antes se había retirado, amenazando a los demás miembros porque le cobraron 140.000 pesos que debía por concepto de bebidas consumidas en una fiesta. Según datos suministrados por los pobladores, sus sentimientos de venganza lo llevaron a fingirse como “reinsertado”, afirmando falsamente que “pertenecía a las Farc” y ofreciéndose al Ejército como informante, para presentar falsos informes que hicieran considerar a la comunidad como simpatizante de la guerrilla y lograr así su venganza.

El sábado 14 de abril de 2007, ante la alarma generalizada de los campesinos por los atropellos del Ejército, se convocó a una reunión en la escuela de la vereda Villanueva, a la cual acudieron también campesinos de las veredas El Cóndor, El Retorno y La Nutria. La mayoría de los participantes se quejaron de los vejámenes a que son sometidos por el Ejército, tales como amenazas, insultos con las palabras más soeces, saqueos y pillajes de sus viviendas, intimidaciones y acoso psicológico para obligar a los pobladores a entregarles comida, aves de corral, huevos y gaseosas. Para no pagar nada de eso, los tildan de “guerrilleros”, como forma de intimidación y chantaje. En los retenes saquean los mercados y sólo les dejan pasar una cantidad de alimentos equivalente a cien mil pesos, alegando que “esa comida es para la guerrilla”; lo demás se lo roban.

En los mismos días de la Semana Santa, el Ejército perpetró atropellos contra las familias de Doña Carmen Rosa Cabezas, Doña Mariela Lasso, Don Ancízar García, Don Arbey Rivas y Don Hubert García. A todas estas familias las maltrataron intimidándolas con armas para exigirles que informaran lo que no sabían.

A Doña Carmen Rosa le llegaron a su casa preguntando por su ex marido, de nombre Pedro. Cuando ella les explicó que hacía tiempo se habían separado, comenzaron a saquear la casa, destrozaron casi toda la ropa que encontraron y algunas prendas se las ponían a ella en la cabeza sometiéndola a vejámenes. Como ella está construyendo una nueva casita, le dijeron que cuando la terminara, vendrían a quemarla. La interrogaron preguntándole por un radio de la guerrilla y por coca y dinero; como ella no sabía de nada, la amenazaron con llevársela detenida y mostraban permanentemente unas esposas para ponérselas.

A Don Ancízar García le quitaron su remesa el 1° de abril en el retén de Rancho Quemao; luego de que él fue a protestar a la base militar, se la entregaron incompleta, robándose los soldados algunos víveres y los dulces de los niños de la escuela.

A Don Arbey le hurtaron $ 150.000 pesos.

A Don Hubert se le entraron en su casa y lo encerraron en una habitación. Mientras le preguntaban por un “radio de la guerrilla” le daban patadas y lo amenazaban con las armas. Requisaron la casa dejando todo por el suelo.

El jueves 5 de abril de 2007 (Jueves Santo), a las 7:15 horas, mientras el Señor Luis Gabriel Bonilla se desplazaba de su vereda El Cóndor hacia el caserío de Aguililla, fue retenido por un grupo de militares quienes lo trataron de “miliciano de las Farc”, le dieron puñetazos, lo amenazaron con los fusiles, lo requisaron, anotaron su número de cédula y lo insultaron.

El domingo 8 de abril de 2007 (Domingo de Pascua), a las 12:00 horas, mientras el Señor Isidro Vera se dirigía de San Vicente del Caguán hacia su vereda El Cóndor, fue retenido a la altura de la vereda El Retorno, lo sometieron a insultos y vejámenes y le pasaban por su cara prendas interiores de dama que los soldados traían en sus manos. Durante tres horas lo obligaron a sentarse en un pozo de agua sucia. Hacia las 17:00 horas lo obligaron a firmar un papel “de buen trato”, le tomaron fotografías y lo dejaron irse. Cuando al día siguiente llegó a su casa, se enteró de que el día anterior los militares se habían llevado a su hijo Alexander, de 16 años, hacia una quebrada donde querían obligarlo a estar arrodillado, pero él se negó y les dijo a los soldados que si lo iban a matar, lo hicieran de una vez. Los soldados entonces lo llevaron a su casa y la saquearon, dejaron revolcado lo que no se llevaron. Cuando encontraron un poco de harina de achira, le dijeron que “eso era metralla para fabricar bombas para la guerrilla”. Se llevaron comida, ropa, herramientas e implementos de aseo.

El mismo domingo 8 de abril de 2007 (Domingo de Pascua) a las 16:00 horas, militares ingresaron a la vivienda de Doña Inés Narváez, quien se encontraba con otras dos familiares, y les preguntaron por la guerrilla. Entre tanto uno de los soldados les hurtó $ 150.000 pesos que tenían guardados.

El miércoles 11 de abril de 2007, hacia las 9:00 horas, en la vereda El Retorno fue retenido por el Ejército Don Efraín Ávila, mientras se dirigía a su casa. Lo encañonaron con sus armas, le exigieron que informara sobre la guerrilla, pero como no sabía nada, lo sometieron a vejámenes hasta las 14:30 horas, cuando lo obligaron a firmar un papel “de buen trato” y lo dejaron irse.

El mismo miércoles 11 de abril de 2007, hacia las 9:30 horas, fue retenido también por el Ejército, Don Libardo Urriago, en la vereda El Retorno, cuando se dirigía a su trabajo. Al interrogarlo sobre el paradero de la guerrilla y viendo que no lo conocía, lo sometieron a torturas psicológicas hasta las 14:00 horas, fingiendo que lo iban a matar. Le ponían peinillas u rulas en el cuello en ademán de cortarlo, le apuntaban con sus fusiles; amenazaban de cortarle la vena yugular; lo obligaban a agacharse juntando las rodillas en el pecho, y finalmente le tomaron fotografías y lo obligaron a firmar un papel de “buen trato”.

El mismo miércoles 11 de abril de 2007, fue retenido por el Ejército Don William Peña mientras iba por el camino. Los soldados lo obligaron a desnudarse y a sentarse sobre un hormiguero, obligándolo a estar allí un buen rato. Luego lo dejaron seguir su camino.

En asamblea comunitaria realizada el 7 de abril de 2007, en la cual participaron pobladores de las veredas La Unión No. 2 y Alto Avance, del corregimiento de Guayabal, del municipio de San Vicente del Caguán, fueron denunciados también hechos graves perpetrados por tropas del Ejército presentes en dichas veredas entre el 21 y el 27 de marzo de 2007:

El miércoles 21 de marzo de 2007, a las 12:00 horas dicha tropa detuvo a una señora con su hijo de 12 años amenazándolos de muerte con machetes que portaban, si no reveleban dónde estaba la guerrilla. Al niño lo amenazaban de colgarlo de los testículos y castrarlo y a ambos de cortarles la cabeza. Al mismo tiempo detuvieron a tres campesinos que pasaban por el lugar, los sometieron a insultos y amenazas, les tomaron fotografías y tomaron nota de sus documentos de identidad. Este mismo día allanaron una vivienda, sin orden judicial, revolcando toda la ropa de los niños y de la dueña de casa.

El jueves 22 de marzo de 2007, a las 8:30 horas, los militares detuvieron a otras dos personas acusándolas de ser “guerrilleros” o “bandidos”. También los requisaron en medio de insultos y amenazas y anotaron los números de sus documentos de identidad. Una de esas personas fue llevada a otro lugar donde la obligaron a acostarse en el piso boca abajo, mientras la amenazaban de muerte y le anunciaban que si en el futuro algo le pasaba, ya sabía por qué, y que un día lo llevarían más hacia abajo y lo dejarían “con la boca abierta” (muerto).

El lunes 26 de marzo de 2007 la tropa ingresó al internado de la vereda La Unión No. 2 violentando una de las puertas. Partieron los palos de las escobas que había allí y con ellos sacaron colchonetas donadas por la Cruz Roja Internacional y se las robaron.

El martes 27 de marzo de 2007 la tropa ingresó a otra vivienda de la vereda violando sus cerraduras y robó ollas donadas por la Cruz Roja Internacional, herramientas de trabajo de carpintería y aves de corral de un proyecto de cría que administraba la familia.

En la citada asamblea comunitaria del 7 de abril de 2007 se analizaron citaciones enviadas por la Brigada IX del Ejército con sede en Neiva, para rendir allí declaraciones. Los pobladores manifestaron que no tenían recursos económicos para trasladarse hasta Neiva, pero a la vez se preguntaron por qué se les cita en una jurisdicción militar, siendo población civil y estando la institución militar implicada en todos estos crímenes.

Antecedentes: Enero de 2006 – Febrero de 2007:

Desafortunadamente, Señor Ministro, los crímenes perpetrados entre marzo y abril de 2007 por las tropas acantonadas entre los departamentos de Caquetá y Meta, no constituyen conductas aisladas o esporádicas sino qe tienen antecedentes igualmente graves.

En efecto, ante organismos nacionales e internacionales ya habían llegado graves denuncias, que yo tuve ocasión de comprobar en conversaciones con testigos directos y que revelan una conducta institucional y sistemática:

En enero de 2006 ya los pobladores comprobaron una intensa presencia de tropas del Ejército en la región de El Pato, limítrofe entre los departamentos de Meta y Caquetá, al mando de un Mayor de apellido CADENA. Dichas tropas incursionaron en 25 comunidades de El Pato y en 11 comunidades de la Inspección de Guacamayas, de San Vicente del Caguán. Desde entonces comenzaron a ser denunciados atropellos y vejámenes contra los campesinos, muchos de los cuales prefirieron huir de sus fincas, lo que causó un daño enorme a la producción agrícola que es el medio de sobrevivencia del campesinado.

A mediados de julio de 2006 una patrulla del Ejército asesinó a un joven ordeñador de una finca y transportó su cadáver a Neiva presentándolo como “muerto en combate”.

El 15 de agosto de 2006 las tropas al mando del MAYOR CADENA llegaron a las veredas La Unión No. 2 y Alto Avance donde detuvieron ilegalmente a 16 personas sometiéndolas a tratos degradantes bajo la falsa acusación de ser “guerrilleros”.

El 28 de agosto de 2006 esas mismas tropas ejecutaron al campesino JAIME AMARILES, de 24 años, a otro campesino de nombre ENRIQUE, de 45 años, y desaparecieron al joven JABER ESAÚ ANGRINO POLO, de 19 años y quien sufre retardo mental. Cuando el Mayor Cadena irrumpió violentamente en una asamblea de la comunidad campesina, en la escuela de La Unión No. 2, el 1° de septiembre de 2006, y se le exigió dar cuenta de dichos crímenes, afirmó que Jaime Amariles “era un bandido dado de baja en combate y lo podían reclamar en Neiva”. Los pobladores sabían que no era guerrillero ni había muerto en combate. Respecto al Señor Enrique, el Mayor Cadena afirmó que “era un caso confuso”. Y sobre la desaparición de Jaber Esaú Angrino, primero afirmó “no saber nada al respecto”, pero cuando familiares y vecinos le insistieron en que dijera la verdad y no mintiera, entonces reconoció que tenía en su poder a Jaber Esaú, pero bajo el pretexto de que el joven “había pedido protección al Ejército” y asegurando que “ya estaba libre”, lo cual resultó ser falso. Posteriormente, gracias a testigos, se pudo establecer que Jaber Esaú había sido llevado en un helicóptero militar a Neiva y que los militares lo habían querido utilizar como “testigo” (a pesar de, o valiéndose de, su retardo mental) para acusar al Señor Henry García, ampliamente conocido como comerciante de carnes en el lugar, a quien las tropas querían hacer aparecer como “guerrillero”. En efecto, a mediados de septiembre, cuando miembros de su familia y campesinos de la zona se enteraron de que habría una audiencia en la Fiscalía de Neiva contra el Señor García, viajaron a Neiva para ver si en dicha Fiscalía les daban razón del paradero de Jaber Esaú. Con asombro vieron ingresar a la audiencia a militares acompañando a Jaber Esaú, quien debía actuar como “testigo”. Al ver a su padre entre la audiencia, él quedó inhibido y mudo, y el Señor García tuvo que ser puesto en libertad ante el derrumbamiento de la “prueba”. Sin embargo, el joven Angrino no fue devuelto a su familia y su paradero continúa siendo un misterio.

El 1° de septiembre de 2006, tropas al mando, primero de un oficial de tez morena de apellido RENTERÏA y luego al mando del Mayor CADENA, interrumpieron la asamblea de las comunidades de La Unión No. 2 y Alto Avance, reseñaron a todos los participantes en medio de gritos y ultrajes y los trataron a todos de “guerrilleros”. El Mayor Cadena, en un discurso de una hora y cuarenta y cinco minutos, les gritaba que “se entregaran” y “entregaran las armas”. Afirmó que en 15 días de operativos “había dado de baja a muchos guerrilleros”. Las comunidades lo increparon por las muertes de campesinos conocidos que no tenían nada que ver con la guerrilla, así como detenciones arbitrarias de campesinos que eran sacados de sus cultivos mientras los militares alegaban que los habían detenido “en medio de combates”. Las falsas explicaciones que dio ante los hechos concretos, le dejaron claro al campesinado que dicho oficial utilizaba la mentira y el montaje para presentar ante el Gobierno resultados bélicos “positivos”, que en realidad eran crímenes aleves. Le solicitaron garantías para poder trabajar en sus parcelas sin la zozobra que esos operativos estaba causando, pero él respondió que “ni siquiera a su madre le brindaría esas garantías”. Los campesinos resolvieron entontes concentrarse en la escuela de La Unión para proteger sus vidas. Allí estuvieron hacinadas 125 personas entre el 1° de septiembre de 2006 hasta el 20 de enero de 2007, padeciendo hambre y enfermedades y viendo arruinarse sus cultivos y perderse sus enseres. Las tropas comenzaron a robarse las herramientas de trabajo de las fincas y a consumir los pocos alimentos que se cosechaban. Las cosechas de café, fríjol y maíz, que eran la base de sustento de los campesinos, se arruinaron y los soldados consumieron lo poco que se pudo cosechar.

En octubre de 2006, otras dos personas, cuyos nombres no ha sido posible registrar, fueron asesinadas por la tropa, no en combate. Esta vez, la tropa se adelantó a preguntar al día siguiente a los campesinos, si sabían quién los había matado. Los campesinos sabían que era la misma tropa pero percibieron malas intenciones en dicha indagación y para no ser víctimas de represalias, no lo dijeron.

El miércoles 6 de diciembre de 2007, tropas que se identificaron como del Batallón de Contraguerrilla No. 55 Taironas, ejecutaron a tres trabajadores a 1500 metros de distancia del caserío La Sombra, en la vereda San Francisco de la Sombra, del municipio de San Vicente del Caguán. Cuando los trabajadores GERMÁN ECHEVERRY MEJÍA y LEIDER ADÁMEZ RODRÍGUEZ regresaban de su trabajo en una finca del sector, los soldados, al verlos pasar en la moto de Leider, les dispararon. Momentos después, cuando los militares estaban moviendo los cadáveres, vieron venir por el mismo camino, a caballo, al vaquero MAURICIO ROZO y también le dispararon, al parecer porque él había sido testigo de los otros dos asesinatos. Los militares se apoderaron del caballo y de una mula que llevaba Mauricio de cabestro, así como de los aperos, dinero, documentos y demás objetos de la víctima; también se llevaron la moto de Leider y su billetera donde tenía sus documentos, y sin embargo lo hicieron aparecer como un N.N. A las 15:45 horas del mismo 6 de diciembre, los militares obligaron a un conductor de Transyarí a llevar los cadáveres hasta San Vicente, luego de quitarle las llaves y amenazarlo; los 13 pasajeros que iban en el vehículo suscribieron un documento donde dejaron constancia del hecho. El cuerpo de Mauricio fue necesario sepultarlo en la misma finca, pues los militares impidieron llevárselo. Los de Germán y Leider fueron sepultados como N. N. y sus familias los descubrieron el 26 de diciembre en fotografías de la DIJIN y exigieron exhumarlos para trasladarlos a Puerto Rico, donde se oficiaron sus funerales. A los tres, los militares los hicieron aparecer ante la opinión pública como “guerrilleros muertos en combate”.

El 9 de febrero de 2007, las mismas tropas que habían perpetrado los anteriores crímenes en las veredas La Unión No. 2 y Alto Avance, quemaron la casa de dos plantas de Don Isaac Pinto Pulido, en la vereda La Abeja, de la Inspección de Guayabal. Al día siguiente madrugaron a hacerle firmar un documento en el cual se afirmaba que su casa había sido incinerada por la guerrilla, documento que él se negó a firmar.

El mismo 9 de febrero de 2007, en coincidencia con la presencia masiva de tropas al mando del Mayor Cadena en las veredas de El Oso y Rovira, de la Inspección de Guayabal, muchas casas y sitios públicos aparecieron marcados con grafitos que anunciaban la presencia de las “Águilas Negras” en la zona. Todas las veces que el campsinado de la zona ha ido a hacerle reclamos al Mayor Cadena por sus crímenes, él responde que bien pueden ir a denunciarlo, pues él “ya sabe cómo manejar a la Fiscalía”..

Otro antecedente grave en la región, fue el robo en 2005, por parte de tropas del Ejército, al parecer esa vez provenientes de La Macarena, del microscopio con el cual se examinaban las muestras de sangre para el diagnóstico del paludismo, de la botica de la vereda Brasilia del Losada, del municipio de San Vicente del Caguán. Los perjuicios en la salud de los campesinos de esa zona, han sido enormes.

A pesar de la gravedad de los hechos, hasta ahora ninguna denuncia ante los órganos de control del Estado ha servido para proteger la vida, integridad y demás derechos de los campesinos. Todas las declaraciones, testimonios y peticiones interpuestas, tanto a nivel local como nacional, han corrido la misma suerte de impunidad absoluta por parte de las instituciones oficiales y de desprotección absoluta por parte de los entes que tienen obligación constitucional de salvaguardar la vida y los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, mientras la Personera de San Vicente se negaba a dar copias de sus denuncias a los campesinos y alegaba que todo había sido remitido a la Procuraduría Nacional, los campesinos pudieron comprobar el 16 de febrero de 2007 que nada había llegado a la Procuraduría Nacional. Es difícil saber, en cada caso, si tal ausencia de justicia y protección es debida a complicidad con los perpetradores o a miedo a sus represalias. Como se ha visto, solo llegan citaciones a declarar, provenientes de la Brigada de Neiva, lo cual, en lugar de tranquilizar a las víctimas, constituye un motivo adicional de zozobra, pues cualquiera ve como ilegítima una investigación conducida por la institución responsable de los crímenes, donde la información recaudada sólo serviría como base de represalias contra los denunciantes, tal como se ha comprobado en los hechos, a lo largo y ancho del país.

Como puede ver, Señor Ministro, no se trata de conductas aisladas ni esporádicas. La diversidad de tropas que así se están comportando; la amplitud territorial donde operan; la persistencia temporal reiterativa de los mismos comportamientos, no permiten hablar de casos excepcionales sino de conductas sistemáticas. Por otra parte, los bienes jurídicos que son destruidos o puestos en alto riesgo no permiten catalogar los hechos como de orden o rango secundario. Se está atacando “in esse” el derecho a la vida; el derecho a la integridad; el derecho a la propiedad; el derecho a la alimentación; el derecho a la intimidad; el derecho a la movilidad; el derecho a la justicia; el derecho a la presunción de inocencia; el derecho al trato digno y humano; el derecho al trabajo; el derecho a la libertad; el derecho al debido proceso; el derecho a la educación; el derecho a la asociación; el derecho al buen nombre, y detrás de todos estos derechos, el derecho inalienable a la más elemental dignidad humana.

La Constitución ha diseñado el papel de la fuerza pública, en consonancia con todos sus principios rectores, como una fuerza protectora de esos derechos. Convertir esa fuerza pública en grupos de asaltantes, ladrones y foragidos que pisotean todos los derechos que supuestamente debieran defender, coloca a los responsables en los antípodas de la legalidad constitucional e ilegitima profundamente al Estado que avala con su autoridad a los foragidos uniformados.

Pero dado que los derechos vulnerados en forma tan sistemática pertenecen al núcleo que la comunidad internacional ha querido proteger como base fundamental de la solidaridad de la especie, a través de numerosos pactos, tratados y principios de “ius cogens” absolutamente imperativos, los cuales se sitúan por encima de la legalidad interna de los Estados, los crímenes aquí registrados, Señor Ministro, interesan a la Comunidad Internacional y constituyen una afrenta a la humanidad como tal. Por eso su tratamiento judicial trasciende con creces lo doméstico y, por naturaleza, tiene que quedar abierto al escrutinio supraestatal.

Tanto las ejecuciones extrajudiciales como la amenaza de perpetrarlas; las prácticas de tortura física y psíquica; las privaciones ilegales y arbitrarias de la libertad, son Crímenes de Derecho Internacional cuando revelan conductas sistemáticas o amparadas por políticas incentivadas o toleradas por las autoridades del Estado. El pillaje de los bienes, esta vez no sólo de los muertos sino de los vivos, cuando trata de justificarse en estrategias “de guerra”, constituye un Crimen de Guerra, claramente tipificado en el Derecho Internacional. El sometimiento de poblaciones enteras a cuadros de coacción habitual que impiden el ejercicio de múltiples derechos, está tipificado desde los principios de Nüremberg (1946) y ahora más explícitamente en el Estatuto de Roma, como el Crimen de Lesa Humanidad de Persecución.

Por lo tanto, Señor Ministro, sin necesidad de hacerme “Parte Civil” en ningún proceso de los que nunca han llegado a producir efectos de protección ni a evitar nuevos crímenes anunciados, apelando al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Cosntitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le solicito encarecida y urgentemente, en nombre de la humanidad, lo siguiente:

  • Suministrarme los nombres de los oficiales, suboficiales y soldados, así como sus líneas de mando, que hicieron presencia en las veredas Villanueva, El Cóndor y El Retorno, del corregimiento de Aguililla, del municipio de Puerto Rico, del departamento del Caquetá, entre el domingo 1° de abril de 2007 y el miércoles 11 de abril de 2007.
  • Suministrarme los nombres de los oficiales, suboficiales y soldados, así como sus líneas de mando, que hicieron presencia en algún momento en las veredas La Unión No. 2 y Alto Avance, de la Inspección de Guayabal, del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, entre el mes de julio de 2006 y el mes de marzo de 2007.
  • Suministrarme los nombres de los oficiales, suboficiales y soldados, así como sus líneas de mando, que hicieron presencia en las veredas de San Francisco de la Sombra y Playa Rica – La Ye, del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, el 6 de diciembre de 2006.
  • Retirar de sus funciones y de cualquier responsabilidad militar en la zona, a todos los anteriores, sin perjuicio de que órganos de control absolutamente independientes del estamento militar, investiguen sus responsabilidades individuales en los crímenes mencionados.
  • Informarle a la comunidad internacional sobre la protección de que gozarán en adelante los campesinos de los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán, del departamento del Caquetá, para que puedan ejercer los derechos que la Comunidad Internacional y la Constitución de Colombia les reconocen en teoría.
  • Constituir una comisión de alta credibilidad ética que valore los daños infligidos a los campesinos de las veredas mencionadas y repararlos inmediatamente con base en las normas consagradas en el Título II de la Ley 782 de 2002.
  • Restituir, con mayor urgencia, los medicamentos robados por ej Ejército de la botica de la vereda Villanueva, así como el instrumental quirúrgico e implementos de enfermería, y el microscopio robado en 2005 de la botica de la vereda Brasilia del Losada, utilizado para los diagnósticos del paludismo.
  • Solicitar a la Corte Penal Internacional que asuma la investigación de los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, homicidios intencionales de personas protegidas, torturas físicas y psíquicas, privaciones arbitrarias de la libertad, procesos judiciales amañados, pillaje de bienes de subsistencia y crimen de persecución a poblaciones específicas, en cuando constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados en dicha zona, ya que los órganos de control del Estado no revelan la más mínima garantía de una investigación efectiva, imparcial y reparadora.

Le agradezco de antemano, Señor Ministro, su atención a estas solicitudes y le ruego responder, dentro de los términos legales.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

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