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No extraditar al ciudadano Diego León Montoya Sánchez Co-autor de la masacre de Trujillo

Miércoles 3 de octubre de 2007, por Javier Giraldo M. , S.J.

La captura del narcotraficante y líder paramilitar Diego León Montoya ha sido referida, en los medios masivos, principalmente a sus responsabilidades en el tráfico de narcóticos, pero los mismos medios han relegado a segundo plano u olvidado totalmente su participación en crímenes de lesa humanidad. Hay allí un mensaje excesivamente perverso: considerar el delito de narcotráfico, cuya sanción interesa principalmente a los Estados Unidos, “más grave” que el cri-men de lesa humanidad. Extraditarlo sería negar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de centenares de víctimas.

Bogotá, septiembre 30 de 2007

 

 

Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ


Presidente de la República

Casa de Nariño


Ciudad

 
De toda consideración.

 

Acongiéndome al derecho constitucional de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, me permito solicitarle encarecidamente no permitir la extradición del narcotraficante Diego León Montoya Sánchez a los Estados Unidos.

Habiendo representado a numerosas familias de víctimas de la masacre de Trujillo (Valle) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 11.007 abierto por dicha masacre, y habiendo suscrito en Washington con delegados del Gobierno de Colombia, el 26 de septiembre de 1994, el ACTA DE ENTENDIMIENTO que dio origen al Decreto 2771 del 20 de diciembre de 1994 en el cual se creaba la COMISIÓN ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS CORRESPONDIENTES AL CASO 11.007 DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,  siento la obligación, Señor Presidente, de recordarle que dicha Comisión registró y avaló pruebas de extrema gravedad que comprometen a dicho ciudadano en la perpetración de crímenes de lesa humanidad.

En efecto, según testimonios que la Comisión consideró fidedignos, en la hacienda “Las Violetas”, propiedad del ciudadano Diego Montoya Sánchez, ubicada entre los corregimientos de Andinapolis y Salónica, (municipios de Trujillo y Riofrío, Valle), en la noche del 31 de marzo al 1° de abril de 1990 fueron descuartizadas con motosierra al menos 10 personas y al menos otras 5 el día 2 de abril, aunque posteriormente se ha comprobado que las víctimas fueron más numerosas. Un gran contingente de criminales, conformado por tropas del Ejército, integrantes de organismos de seguridad del Estado y asesinos civiles rentados, ocupó dicha hacienda por muchos días en complicidad con su propietario y en coordinación con el también narcotraficante Henry Loaiza Ceballos, en medio de un contexto de horrendos crímenes que segaron la vida de varios centenares de pobladores de Trujillo, Riofrío y Bolívar en el transcurso de varios años.

El Gobierno de Colombia aceptó las responsabilidades que le incumbían por los hechos violentos de Trujillo al recibir el Informe Final de dicha Comisión y se comprometió a tomar “todas las acciones necesarias para que se honren las recomendaciones contenidas en el Informe de Trujillo” (Discurso del Presidente Samper el 31 de enero de 1995 al recibir el Informe). Y Entre dichas Recomendaciones, que posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 88° período de sesiones en febrero de 1995  hizo suyas”, la primera afirma: “A las instancias penales y disciplinarias competentes, investigar penal y disciplinariamente a los servidores públicos y a los particulares involucrados en los sucesos violentos de Trujillo, y enjuiciar y sancionar, si hubiere mérito para ello, a los responsables de los homicidios, las torturas, las desapariciones forzadas, las lesiones personales y las detenciones arbitrarias de que fueron víctimas directas las 107 personas relacionadas en el presente Informe, y las que resulten identificadas en investigaciones posteriores”. De acuerdo con la última “Recomendación Especial”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mantenido el caso abierto, dado que las víctimas han sido muy numerosas.

A pesar de los compromisos solemnes que el Gobierno colombiano formuló ante la comunidad internacional en 1995, para nadie es un secreto que el Señor Diego León Montoya Sánchez continuó actuando como líder paramilitar durante estos 12 años que nos separan del Informe de la Comisión Trujillo, ejerciendo como máximo jefe del grupo “Los Machos” que ha continuado sembrando de muerte los territorios del norte del Valle, sin que la justicia colombiana haya avocado aún los numerosos crímenes de lesa humanidad por él perpetrados en connivencia con numerosos agentes e instituciones del Estado.

Frente a estas realidades, darle prioridad a acusaciones formuladas contra él por el Gobierno de los Estados Unidos, por el delito de narcotráfico, vulnera, en primer lugar, la legislación interna, como la prevista en el Artículo 504 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), según el cual, “el funcionario judicial de conocimiento o el director del establecimiento donde estuviere recluido el interno, pondrá a órdenes del gobierno al solicitado en extradición, tan pronto como cese el motivo para la reclusión en Colombia” , situación que necesariamente tendrá que ponderar el Señor Presidente al considerar la solicitud de extradición, teniendo en cuenta que las penas por crímenes de lesa humanidad se extienden al menos a varias décadas. Pero, además, una decisión de extradición en este caso, implicaría reconocerle mayor gravedad al delito de narcotráfico que al crimen de lesa humanidad, lo cual hiere profundamente la conciencia moral de la humanidad.

En efecto, si bien los narcotraficantes han fundado su accionar en la “ley de la oferta y la demanda” impuesta por los países capitalistas como principio eje de la economía internacional, sin consideración alguna por los daños que puedan ocasionar sus mercancías, tal como lo hacen innumerables países al fabricar y comercializar armamentos y sustancias tóxicas y destructivas y ofrecerlas en venta a los mejores postores en el comercio abierto, sus actividades han sido más decisivamente estimuladas por una demanda creciente que ofrece precios descomunales y que no es controlada ni penalizada con eficacia alguna en los países más ricos, abogando los Estados Unidos sólo por una penalización de los oferentes, que no de los demandantes y consumidores, seguramente porque esto determina  precios descomunales para la droga, que alimentan fortunas ilegales insospechadas las cuales permanecen en más de un 95% en su territorio y que de todas formas irrigan su economía. Estas características y contexto del delito del narcotráfico evidencian que su gravedad no puede compararse ni de lejos con la de los crímenes de lesa humanidad, mucho menos cuando éstos han sido perpetrados con tan altísimos grados de crueldad como lo fueron los que configuraron la masacre de Trujillo.

En un eventual caso de extradición a los Estados Unidos del ciudadano Diego León Montoya Sánchez, éste no tendría que responder allá por los crímenes perpetrados en Trujillo y en el norte del Valle durante todos estos años, pues es evidente que tales crímenes no fueron perpetrados en los Estados Unidos. Así, entonces, las víctimas de la masacre de Trujillo, verían una vez más denegado su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación.

Apoyado en las anteriores consideraciones le ruego, pues, Señor Presidente, que se abstenga de conceder la extradición del ciudadano Diego león Montoya Sánchez antes de que cumpla, en Colombia, las penas contempladas en la ley por los numerosos crímenes de lesa humanidad que perpetró en compañía, connivencia y coordinación con múltiples agentes e instituciones del Estado.

De antemano le agradezco su atención a esta apremianet solicitud en la cual me acompañan 44 familiares de víctimas de la masacre de Trujillo, cuyos documentos de identidad aparecen referidos al lado de sus firmas.

 

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

C. C. [------- ]

Dirección [-------]

Anexo: Firmas de 44 familiares de víctimas (2 folios)

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