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Detener mecanismos de exterminio de la Comunidad de Paz

Miércoles 3 de octubre de 2007, por Javier Giraldo M. , S.J.

Mientras el Ministro del Interior se niega a responder los derechos de petición que se refieren a sus obligaciones en la promoción de la convivencia ciudadana, la fuerza pública, en unión con el paramilitarismo de Urabá y las redes civiles que ha construido en los dos últimos años, avanza en sus planes de exterminio de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Otros pobladores han sido ejecutados; se anuncian nuevas masacres y ejecuciones; el repoblamiento de las zonas rurales con redes de informantes avanza; hay enormes sumas destinadas a una supuesta política de “reconstrucción económica” de la zona y de las familias ‘retornadas’, que en realidad es una oferta de préstamos a quienes se integren a una economía manejada por multinacionales que han financiado los crímenes de los años precedentes y que tiene por objetivo central eliminar las formas de economía solidaria que la Comunidad de Paz ha promovido. La perversidad, al parecer, no tiene límites ni vergüenza.

Bogotá, octubre 1° de 2007

 

 

Dr. CARLOS HOLGUÍN SARDI

Ministro del Interior y de Justicia

E. S. D.

 

De toda consideración.

 
El pasado 28 de mayo, apelando al derecho constitucional de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Admnistrativo, me dirigí a su despacho en demanda de medidas apremiantes, motivadas por la ejecución extrajudicial de FRANCISCO PUERTA, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y coordinador de la Zona Humanitaria de Miramar, asesinado en Apartadó el pasado 14 de mayo, así como por múltiples elementos del contexto de dicho crimen que revelaban la intensificación de una política de Estado que mira al exterminio de la Comunidad de Paz. Con todo, hasta el momento no he recibido respuesta alguna a dicho derecho de petición.

 
Desde entonces, nuevos crímenes han sido perpetrados en la zona y nuevas modalidades en que se encarna la política de exterminio han sido evidenciadas.

 
El
13 de julio pasado, a las 12:15 horas, a cinco minutos de la salida de Apartadó, en la carretera hacia San José, fue interceptado un vehículo de servicio público por dos paramilitares que el día anterior habían estado en el mismo sitio profiriendo amenazas contra la Comunidad de Paz ante los pasajeros de numerosas vehículos que transitaron por allí. Esta vez los paramilitares pararon el vehículo y con armas cortas en las manos obligaron a DAIRO TORRES, otro miembro de la Comunidad de Paz, a bajarse, y luego le dijeron al conductor que continuara su marcha. Momentos después, allí mismo asesinaron a DAIRO. El crimen ocurrió a menos de dos minutos del retén de la Policía en el barrio El Mangolo. Según testigos aún muy atemorizados para hablar, los paramilitares no ocultaron sus rostros y sus rasgos corresponden a dos de los “reinsertados” que frecuentemente patrullan con tropas de la Brigada 17 y ese mismo día, a las 9:10 horas se les había visto departiendo con los policías del retén de El Mangolo. En los días posteriores la fuerza pública quiso desinformar a la opinión afirmando que DAIRO no era miembro de la Comunidad de Paz, apelando a dudosas declaraciones de una hermana de él que no vivía con su familia. De hecho, DAIRO era coordinador de la Zona Humanitaria de Alto Bonito (ubicada a cuatro horas de San Josesito) y como líder de la Comunidad, a la cual estaba integrado desde 2004, participaba activamente en las asambleas y reuniones y era un hombre íntegro, serio, responsable que trabajaba incansablemente por las veredas. Estaba participando en proyectos agroalimentarios de la comunidad y era el encargado de la parte educativa en la vereda de Alto Bonito. Junto con otros líderes, se habían dado cita el 21 de julio para evaluar los avances en los proyectos de soberanía alimentaria.

El día 31 de agosto de 2007, ALFONSO DE JESUS BEDOYA FLOREZ, campesino de 19 años, salió de su casa a las 15:00 horas a recoger leña. Su vivienda está ubicada en la vereda La Miranda (a tres horas de San Josesito). Su hermana se quedó esperándolo en la casa toda la tarde y la noche, ya que no llegó. El día domingo 2 de septiembre fueron avisados sus familiares de que ALFONSO estaba muerto y se encontraba en la morgue del hospital de Apartadó. La familia fue a reclamar su cuerpo, con el apoyo de la Comunidad de Paz, el lunes 3 de septiembre. Allí fueron interrogados por miembros del CTI quienes le preguntaron a la familia “de qué bando era ALFONSO y cual era su alias”. La familia enérgicamente les respondió que su hermano no era de ningún bando ni tenia ningún alias; que era un campesino que estaba recogiendo leña para cocinar cuando fue desaparecido. Los miembros del CTI les revelaron, entonces, que la Brigada XVII era la que había entregado el cuerpo de ALFONSO. El médico forense hizo entrega del cadáver de ALFONSO a su familia y les dijo que había sido muy torturado y que su muerte había ocurrido hacia la mañana del sábado 1° de septiembre. La comunidad le solicitó a la Defensoría Nacional indagar en la Brigada 17 sobre la muerte de ALFONSO y la respuesta que se obtuvo fue que ALFONSO “había sido dado de baja”. ALFONSO había sido buscado en Caracolí (a quince minutos de San Josesito, en dirección a Apartadó) por los paramilitares, el domingo 24 de junio. Al no encontrarlo, le dejaron un mensaje con una hermana suya, según el cual, “lo tenían que matar tarde o temprano”. ALFONSO fue velado y enterrado en la comunidad el 3 de septiembre en la tarde.

El 18 de septiembre hacia la 13:00 horas fue asesinado, frente a la salida del Terminal de Transportes de Apartadó, HECTOR JAIME OROZCO GRISALES, de 26 años de edad. Fue abordado por un hombre de civil con arma corta, quien se le acercó y le hizo varios disparos. A ese hombre se le ha visto continuamente en la Terminal del Transporte departiendo con reconocidos paramilitares. JAIME no era integrante de la Comunidad de Paz pero era un campesino conocido que se dedicaba a aserrar madera, a la agricultura y vivía en la vereda Playas Altas, a treinta minutos de San Josesito. El asesinato ocurrió en medio de un lugar de gran presencia policial.

En las últimas semanas, en diversas veredas de San José de Apartadó se ha estado presionando a los campesinos para que firmen unas cartas, dirigidas a la Comunidad de Paz, en las cuales le exigen que entregue los bienes construidos por la Comunidad en el caserío de San José, hoy en poder de la Policía y de pobladores llevados allí por la fuerza pública y los paramilitares  -a excepción de unas pocas familias que por motivos de penuria económica permanecieron allí cuando el desplazamiento de la Comunidad el 1° de abril de 2005-. En dichas cartas se hace alusión a nuevos proyectos de reactivación económica de la zona, los cuales requerirían de esas instalaciones.

Es de público conocimiento que a partir del mes de abril de 2007 el Gobierno Nacional ha venido publicitando una fuerte inversión económica en la zona, estableciendo allí un supuesto “Centro Piloto para la aplicación de la política pública para la erradicación de la pobreza”. Esto lo hace a través de funcionarios de Acción Social de la Presidencia, quienes han amenazado a los pobladores que demuestran objeciones morales para integrarse a esos planes, ya que están estrechamente coordinados con paramilitares y con empresas multinacionales que han financiado los crímenes de los paramilitares, diciéndoles que todo es coordinado con los paramilitares y si no se integran a esos proyectos tienen que abandonar la zona o serán asesinados. No hay duda de que las “cartas” que se están haciendo firmar de los campesinos en las veredas obedecen a esos proyectos y se suscriben bajo la presión de ofertas de préstamos y donaciones que imponen condiciones a sus eventuales beneficiarios. La “libertad” con que se suscriben esas cartas bien podría compararse a la “libertad” con que se suscriben las “constancias de buen trato” que los militares obligan a firmar a quienes han torturado salvajemente. Hoy día encontrar una constancia de esas en un expediente, es casi prueba evidente de que hubo torturas. Los mismo podría decirse de las mencionadas cartas, suscritas por campesinos que en el pasado apoyaron irrestrictamente los proyectos y propuestas de la Comunidad de Paz y hoy resultan exigiéndole a la Comunidad que entregue todo lo que construyeron, para que los proyectos conjuntos del Gobierno con los paramilitares y las multinacionales que los financiaron puedan usufructuar el trabajo de décadas de los campesinos y eliminar de raíz las formas de economía solidaria y de autonomía comunitaria que la Comunidad de Paz ha impulsado.

La lógica de la agresión no podría ser más perversa: por una lado se continúa exterminando a la población integrante o simpatizante de la Comunidad de Paz mediante ejecuciones extrajudiciales que a todas luces evidencian la unidad de acción entre fuerza pública y paramilitarismo; por otro lado se judicializa a muchos pobladores de la zona a través de procesos penales controlados en todos sus pasos y fases por la fuerza pública y desconociendo todos las normas procesales legales; por otro lado se establecen proyectos de ‘reactivación económica’ con los confesos propósitos de exterminar las formas de economía solidaria que se habían ido desarrollando y de implantar un régimen de control de la economía por el paramilitarismo y las empresas multinacionales que han financiado los crímenes de los paramilitares, llegando hasta el extremo de pedirle a la Comunidad de Paz que les entregue a sus victimarios todo lo que con sus esfuerzos y durante décadas ha construido. Un mínimo de ética sería de rigor, Señor Ministro.

Por todo lo anterior, apelando nuevamente al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y de los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le ruego tomar las medidas más eficaces para revertir tan perversas políticas gubernamentales frente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y establecer correctivos tendientes a respetar los derechos fundamentales de las personas y de la Comunidad.

De nuevo le suplico, Señor Ministro Holguín, que detenga este baño de sangre; que convenza al Señor Presidente para que recapacite y corrija el papel tan criminal que el Estado está jugando contra la Comunidad de Paz. La historia algún día les pedirá cuentas de tánta muerte, de tánta destrucción, de tánta injusticia, de tánta ignominia. En nombre de la humanidad, Señor Ministro, le ruego, le suplico y le imploro que reconsideren sus planes criminales; que recapaciten; que no le oculten por más tiempo la verdad a la Comunidad Internacional y al país; que en lugar de destruir más, reconstruyan y reparen los males que han causado; que le ahorren a gente que ha sufrido tantos horrores, nuevos sufrimientos; que le pongan fin a tántas atrocidades.  

De antemano le agradezco su atención a estas solicitudes angustiosas y le ruego responder, dentro de los términos legales, a la siguiente dirección [-----]

 

Javier Giraldo M., S. J.

C. C. [ ----- ]

Dirección: [ -------- ]

CC: Corte Interamericana de Derechos Humanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Corte Penal Internacional; Corte Cosntitucional; Misiones diplomáticas de Estados en algunos de cuyos distritos hay comunidades hermanadas con la Comunidad de paz de San José de Apartadó; organismos internacionales y

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