Desde los márgenes

Página oficial de Javier Giraldo Moreno, S.J.

Portada del sitio > Acciones jurídicas > Objeción de conciencia para rendir declaraciones

Objeción de conciencia para rendir declaraciones

Miércoles 3 de octubre de 2007, por Javier Giraldo M. , S.J.

Las solas prácticas anti-jurídicas que allí se han vuelto sistemáticas y rutinarias, impedirían moralmente, a cualquier persona respetuosa del Derecho y de la Constitución, prestar su colaboración a tales indagaciones. Mucho más a una persona con principios éticos arraigados en la más universal tradición ética. En mi caso, como cristiano y como sacerdote, pesan también enormemente, en esta objeción de conciencia, los principios más fundamentales del Cristianismo, no solo los relativos a la verdad y a la transparencia que aquí se ven estructuralmente bloqueadas, sino los relativos a la justicia y a la opción fundamental por los pobres y los indefensos, convencido como estoy de que todos estos mecanismos de perversión y adulteración de la justicia han estado y están al servicio del exterminio de franjas de población pobres e indefensas y de proyectos que se han estructurado alrededor de valores eminentemente cristianos como la justicia y la paz.

Bogotá, julio 16 de 2007

 

Señor Teniente Coronel

CARLOS EDUARDO MORA GÓMEZ

Jefe Sección Control Disciplinario y Administrativo

Inspección del Ejército Nacional – Ministerio de Defensa

Ciudad

 

 Ref.: Oficios 131196-99/MD-CE-IGE-OCDA

 

De toda consideración.

 

Respondo a los oficios de la referencia en los cuales solicita declaraciones juramentadas de mi parte, relacionadas con investigaciones disciplinarias adelantadas por la Décima Séptima Brigada. Al respecto quiero explicarle lo siguiente:
 

  1. En los últimos años me he abstenido de solicitar investigaciones penales y disciplinarias frente a los crímenes de que son víctimas comunidades y personas que acompaño en mis labores religiosas y sociales. He recurrido a peticiones urgentes al Señor Presidente, apoyado en el Derecho Constitucional de Petición y fundado en obligaciones y atribuciones que la Constitución le señala al Jefe del Estado, en demanda de medidas de carácter administrativo que entran en la exclusiva competencia del Presidente de la República. Si dependencias de la Presidencia han remitido a despachos judiciales y disciplinarios los hechos allí registrados, ello se sale del ámbito de las peticiones que he formulado y por ello constituye una adulteración convertirlas en “denuncias penales” o “disciplinarias” de mi responsabilidad, pues su objetivo y carácter ha sido otro.
  1. La razón por la cual me he abstenido de acudir al sistema judicial y al sistema disciplinario ha sido la experiencia de la impunidad sistémica que he comprobado persistentemente en más de 20 años de denuncias formales. No solo he recibido centenares de notificaciones de archivos, preclusiones o remisiones en cadenas infinitas, sin efecto alguno sobre las cadenas de crímenes de Estado y sin aliviar en lo más mínimo los sufrimientos de las poblaciones victimizadas, sino que he ingresado a infinidad de expedientes para mirar de cerca los métodos, mecanismos, estrategias y tácticas concretas en que se apoya tal impunidad sistémica, lo que me han producido la más profunda, progresiva e irreversible repulsión moral.
  1. En casos como el presente, en que la XVII Brigada pretende adelantar indagaciones por algunas de las conductas que seguramente han estado referidas en mis peticiones al Señor Presidente, se vulneran principios universales de investigación, como los que presuponen independencia e imparcialidad en los entes investigativos. Que la misma institución incursa en los crímenes se investigue a sí misma es una figura que vulnera y hiere la más elemental ética jurídica.
  1. Al tratarse específicamente de la Brigada XVII del Ejército, no es permitido olvidar o poner entre paréntesis su terrible trayectoria criminal en varias décadas, la que se ha visto reforzada, facilitada y potenciada por la impunidad que cobija y protege sus conductas criminales. Justamente en esta semana se cumplen 30 años de la horrenda masacre perpetrada por los integrantes de la base militar de La Maporita, con sede en Carepa, precursora de la Brigada XVII, contra campesinos de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó. Ninguno de los criminales fue sancionado, a pesar de los relatos tan transparentes de los sobrevivientes y de haber encontrado una fosa con tres de los cadáveres de víctimas que estaban en poder del Ejército. Allí hubo detenciones y allanamientos ilegales, torturas, despariciones, asesinatos, desplazamientos y todo continúa, después de 30 años, sin un solo acto de justicia. Esa misma trayectoria de impunidad se ha prolongado en estos 30 años. Ni siquiera el escalofriante informe que una comisión interinstitucional que recorrió la zona en septiembre de 1996 y que recogió testimonios directos y señaló la unidad de acción entre militares y paramilitares, tuvo efecto alguno, a pesar de estar conformada por numerosas instituciones del Estado del orden nacional, departamental y municipal. Sus recomendaciones fueron letra muerta. Igual trayectoria de impunidad ha acompañado a los cerca de 600 crímenes de lesa humanidad registrados durante la última década, desde que se conformó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 23 de marzo de 1997. Se puede afirmar, con conocimiento de causa, que desde entonces la impunidad se ha ido consolidado de manera cada vez más atrevida y audaz, con un desprecio hiriente por todos los derechos y sufrimientos de la gente y con modalidades desafiantes de manipulación y violación de todos los principios procesales de la justicia.
  1. Pero la experiencia de la impunidad no ha sido dolorosa y desmoralizante sólo por la recepción de respuestas sin resultados que dejan sin sanción ni corrección los crímenes más horrendos, sino por el análisis de los mecanismos en que se apoya. Muchas veces la Comunidad de Paz ha recibido “informes” del Ministerio de Defensa en los cuales se pretende “dar respuestas” a multitud de crímenes puestos en conocimiento del Señor Presidente, pero esas “respuestas” dejan en claro que el único método de investigación consiste en preguntarle al victimario o a sus jerarquías si el crimen se cometió, y la rutinaria negativa a autoinculparse, que la mayoría de las veces se expresa en la ausencia de registros de los hechos criminales en los informes de las unidades de brigada, se toma como verdad definitiva que remite al archivo los casos. Al mismo tiempo, los centenares de declaraciones rendidas por familiares de las víctimas y por testigos de los hechos, solamente han servido para que los declarantes sean asesinados, amenazados, desplazados, hostigados o sometidos a montajes judiciales que los vinculan falsamente a la insurgencia para poderlos estigmatizar y silenciar, pero jamás para que los autores de los crímenes sean sancionados y los procedimientos criminales corregidos.  En otras ocasiones, las respuestas del Ministerio de Defensa se contentan con enunciar normas o directrices para negar los hechos, como si la enunciación de las normas legales tuviera la virtualidad de hacer desaparecer los hechos, cuando justamente las denuncias demostraban que los hechos eran los que hacían desaparecer las normas; con esta anti-lógica tan explícita se ha bloqueado, por parte del Ejército Nacional y de sus inconsistentes y aparentes mecanismos disciplinarios y penales, el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación de crímenes horrendos cuyo efecto más permanente y terrible (fuera de los perjuicios que han causado innumerables destrozos en las personas y en la Comunidad) ha sido dar vía libre a la continuidad de los crímenes hasta el día de hoy.
  1. Dentro de los mecanismos de la impunidad se destaca, en forma prominente, el envilecimiento del testimonio. Tanto en las “indagaciones internas” de las unidades militares, como en los procesos judiciales de fiscalías, juzgados y tribunales y en los disciplinarios de la Procuraduría, se percibe claramente que la actividad probatoria se centra casi exclusivamente en “testimonios”, abandonando todo otro tipo de método probatorio. Pero entre tanto el testimonio se ha ido envileciendo. Se le manipula por la intimidación o por el soborno, y como último recurso por la “libertad de evaluación de pruebas” que tienen o se atribuyen los agentes judiciclaes, para que sirva a propósitos previos inconfesables de condena o de absolución, que configuran la política judicial del Estado, uncida a la maquinaria de la guerra y de los poderes dominantes. En mi dolorosa experiencia, el envilecimiento del testimonio, convertido prácticamente en una sucia mercancía, constituye el eje de la impunidad sistémica, como también de una avalancha de montajes judiciales contra quienes no aceptan la actual “ética” del poder. La política de recompensas del actual gobierno ha llevado a niveles de envilecimiento extremo el “testimonio”, lo que afecta profundamente todo el sistema judicial y disciplinario.
  1. Pero la década en que hemos tenido que observar más de cerca  -por fuerza de las circunstancias-  el comportamiento de la Brigada XVII, no sólo bajo su actual comandancia sino bajo todas las que se han ido relevando en los últimos 10 años, nos permite evidenciar que allí existe una arraigada práctica sistemática de faltar a la verdad y de ocultamiento, tergiversación e invención de datos con miras a garantizar la impunidad de crímenes horrendos y, por esa vía, a mantener vigentes métodos perversos de destrucción de personas y comunidades. No es posible olvidar ni pasar por alto, por ejemplo, el montaje perpetrado por dicha Brigada el 12 de febrero de 2003, colocando explosivos en una caja que reconocidos paramilitares introdujeron en un vehículo donde viajaban miembros de la Comunidad de Paz, con el propósito inconfesable de estigmatizar ante la opinión pública a la Comunidad; las presiones para que jóvenes de la comunidad declararan ante fiscales ya cooptados, en contra de los líderes de la Comunidad, bajo la amenaza de judicializarlos como “milicianos” si no declaraban; las negación de presencia de tropas en el área de la masacre del 21 de febrero de 2005 y los falsos mapas e informes de “Insitop” que divulgaron y enviaron incluso a congresistas de los Estados Unidos; las audaces declaraciones de que las tropas más cercanas se encontraban “a dos días de camino” mientras más de cien testigos comprobaron que estaban en el área de la masacre; los procedimientos inconfesables a que han sometido a personas torturadas para convertirlas en agentes ilegales del mismo Ejército, vinculándolas, junto con las tropas, a patrullajes en los cuales se han perpetrado crímenes, llegando hasta el extremo de transformar a un torturado en torturador; el pago de declaraciones a paramilitares que rindan falsos testimonios contra integrantes de la Comunidad o contra pobladores de su entorno; las recompensas pagadas a presuntos “reinsertados” que ayuden a preparar masacres, como la perpetrada el 26 de diciembre de 2005 en la vereda La Cristalina, etc. Un cúmulo enorme de episodios registrados en estos 10 años y puestos en conocimiento del Señor Presidente, revelan una práctica sistemática de la mentira, que ya se ha vuelto institucional y rutinaria en la Brigada XVII.
  1. En los últimos meses y semanas ha sido más patente la corrupción de la justicia. El año pasado fueron detenidos sin orden judicial 7 campesinos de veredas del corregimiento, los cuales estaban ya todos retirados de colaboraciones con la guerrilla que en un tiempo tuvieron que asumir como condición para no tener que abandonar sus parcelas. El seguimiento de estos procesos permite revelar el cúmulo de violaciones del Código de Procedimiento Penal así como de principios sustanciales del Derecho Internacional; el primero de ellos es la usurpación del poder judicial por el poder ejecutivo, pues todos los pasos del procedimiento fueron determinados por la Brigada XVII, con la aquiescencia de fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores. Hubo allí reclusiones ilegales en la Brigada; indagatorias ilegales sin abogado; extorsión a los detenidos para que aceptaran los cargos; presentación de testigos falsos remunerados y presentación de pruebas ilegales. En el mes de febrero de este año recibí en directo, en la cárcel de Carepa, el testimonio múltiple de reclusos que fueron presionados por abogados de militares, para que declararan que un líder de la Comunidad de Paz, ejecutado extrajudicialmente, “era guerrillero”, para lo cual les ofrecieron remuneraciones de dos millones de pesos por cada declaración. Cuando en el mismo mes de febrero recibí las denuncias de 7 personas del corregimiento que estaban en una lista para asesinar, según el testimonio de un paramilitar integrado a la Brigada XVII, acudí a diversas autoridades y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar proteger sus vidas, pero a las pocas semanas supe que la mayoría de ellos estaban detenidos; al examinar el expediente, pude comprobar que había allí otro evidente montaje, propiciado por miembros de la fuerza pública con la colaboración de una fiscal. Descubrí, además, que en ese mismo proceso se acusaba a otras tres personas pertenecientes a familias integradas a la Comunidad de Paz, de un atentado terrorista ocurrido en Apartadó en 2004; nuevamente comprobé que se trataba de un proceso construido con falsos testigos pagados y, lo peor, que al presentar un abogado la evidencia del falso testimonio, el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Antioquia continuó valorando como válida la falsa prueba.
  1. Mientras redacto esta respuesta, recibo la dolorosa noticia del asesinato de otro líder de la Comunidad de Paz, DAIRO TORRES, bajado el viernes 13 de julio por dos paramilitares del vehículo publico en que se trasladaba de Apartadó a San Josesito, a dos minutos del retén de la Policía en el barrio El Mangolo, y asesinado allí mismo. Los victimarios habían amenazado a los pasajeros de otro vehículo el día anterior y luego fueron vistos departiendo con la Policía. Mientras esto ocurre, el Gobierno le informa a la comunidad internacional que los paramilitares ya no existen; que la fuerza pública se ocupa de la “seguridad ciudadana”; que no existe ninguna persecución contra la Comunidad de Paz; que cuando se cometen crímenes los autores son investigados y castigados. Todo esto es falso. Uno se pregunta hasta cuándo el Gobierno engañará a la comunidad internacional, pues la unidad de acción entre fuerza pública y los paramilitares no ha disminuido en Apartadó, por el contrario, es cada vez más evidente y desembozada, y militares y paramilitares viven anunciando, sin temor a ninguna investigación ni sanción, que cometerán nuevas masacres y que van a exterminar a la Comunidad de Paz. La repulsión moral que provoca toda esta podredumbre es demasiado profunda.

 
Todas estas razones, que se fundan en una experiencia prolongada y dolorosa y en una confrontación de los hechos con los principios del Derecho, de la Ética y del Cristianismo, me impiden, en conciencia, colaborar, mediante declaraciones juramentadas, con tan perverso y aparente sistema “investigativo”.

 
Las solas prácticas anti-jurídicas que allí se han vuelto sistemáticas y rutinarias, impedirían moralmente, a cualquier persona respetuosa del Derecho y de la Constitución, prestar su colaboración. Mucho más a una persona con principios éticos arraigados en la más universal tradición ética.

 
En mi caso, como cristiano y como sacerdote, pesan también enormemente, en esta objeción de conciencia, los principios más fundamentales del Cristianismo, no solo los relativos a la verdad y a la transparencia que aquí se ven estructuralmente bloqueadas, sino los relativos a la justicia y a la opción fundamental por los pobres y los indefensos, convencido como estoy de que todos estos mecanismos de perversión y adulteración de la justicia han estado y están al servicio del exterminio de franjas de población pobres e indefensas y de proyectos que se han estructurado alrededor de valores eminentemente cristianos como la justicia y la paz.

 

Atentamente,

 

Javier Giraldo Moreno, S. J.

¿Un mensaje, un comentario?

moderación a priori

Este foro es moderado a priori: su contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio.

¿Quién es usted?
Su mensaje

Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías.