Desde los márgenes

Página oficial de Javier Giraldo Moreno, S.J.

Portada del sitio > Acciones jurídicas > Respuestas en el vacío

Respuestas en el vacío

Miércoles 3 de octubre de 2007, por Javier Giraldo M. , S.J.

El presidente Uribe se ha negado sistemáticamente a responder las peticiones que se le han hecho, apelando a sus obligaciones constitucionales, referidas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Sus Ministros de Defensa las han remitido a los comandantes en terreno para que “respondan”, pero sus respuestas dejan más inquietudes que las que motivaron las peticiones: todo indica que los comandantes no tienen mecanismo alguno de control de la conducta de sus subalternos; que lo que no queda en los informes de los operativos es que “no sucedió”; que la mera enunciación de normas existentes tiene la virtualidad de borrar los hechos sucedidos; que se puede negar olímpicamente la realidad simplemente afirmando que lo denunciado “no ocurrió”; que es ético y creíble que las instituciones infractores se investiguen a sí mismas. Y entre tanto, ninguna solución para los sufrimientos reales y tangibles de las víctimas; ninguna corrección de prácticas ilegítimas y criminales; ninguna reparación de lo destruido.

Bogotá, 12 de septiembre de 2007

 

 

Sr. Teniente Coronel

HÉCTOR MIGUEL CRUZ ROCHA

Comandante (E) Departamento Policía Urabá

Carepa, Antioquia

 

 Ref: Oficio No. 452/COMAN ASJUR DEURA

 

De toda consideración.
 

Agradezco su oficio de la referencia en el cual comenta los casos presentados ante el Señor Presidente de la República por el suscrito, en el Derecho de Petición No. 15 interpuesto el pasado 3 de julio.

Ante todo debo manifestarle que los Derechos de Petición presentados ante el Señor Presidente no tienen por objeto solicitar investigaciones internas de los órganos del Estado ni procesos penales o disciplinarios, sino que se sustentan en una obligación que la Constitución Nacional le impone al Jefe del Estado de “garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos” (Art. 188), para lo cual pone en manos del Presidente las atribuciones y facultades suficientes (Art. 189, 3; Art. 189,13), definiendo su responsabibilidad al respecto, tanto por acción como por omisión (Art. 6 y Art. 198). La impunidad que se ha afirmado como única respuesta, durante 30 años, ante los crímenes horrendos que la fuerza pública ha perpetrado contra la popblación campesina de San José de Apartadó, lleva a acudir al Garante Constitucional de los derechos elementales de los colombianos, dotado por la misma Constitución de los instrumentos necesarios y suficientes para depurar las instituciones; para retirar del cargo a los criminales; para redireccionar las prácticas delictivas de los órganos estatales y para reparar a las víctimas, al menos provisionalmente, por vía administrativa.

En el oficio de la referencia, usted trata de dar explicaciones a los numerosos casos de violaciones graves a los derechos humanos, a la Constitución, a las leyes internas, al Derecho Internacional y a los principios fundamentales de la ética universal, perpetrados por miembros de la Policía Nacional. Dado que sus respuestas se enmarcan en pocos modelos repetitivos, prefiero hacerle comentarios a esos modelos, aludiendo solamente, de manera particular, a unos pocos casos que exigen comentarios específicos.

  • Muchas de sus respuestas se apoyan en la afirmación de que “la Policía no fue informada” sobre los hechos ni se le solicitó actuar para impedirlos o para perseguir a los victimarios.

Es muy claro que el comportamiento de la Policía frente a la población civil no inspira ninguna confianza para acudir a sus agentes y suministrarles informaciones o pedirles protección. Son muy numerosos los casos, desde hace muchos  años, en que a los agentes se les ve actuando en coordinación con los criminales e incluso muchas veces se han reído a carcajadas de las víctimas cuando éstas acuden a ellos en búsqueda de protección, mostrando no pocas veces abierta simpatía por los agresores. Desde la Comisión Interinstitucional que recorrió la zona en septiembre de 1996, en cuyo Informe quedó claro que la información recaudada por la fuerza pública era suministrada inmediatamente a los paramilitares, quienes se valían de ella para programar los crímenes más horrendos, la situación no ha cambiado. Muchos detalles de crímenes recientes al menos sugieren que ha habido coordinación con la Policía, así sea para que en el momento del crimen no estén presentes en el retén y dejen actuar a sus anchas a los paramilitares. En general, la Policía no es percibida como un órgano de protección (como debería serlo según la Constitución) sino como un órgano de agresión y esto se sustenta en una experiencia dolorosa de larga trayectoria, al menos de una década. Todos los esfuerzos que se hicieron en el año 2004, en numerosas sesiones de interlocución con el Gobierno, en las cuales la Comunidad hizo propuestas muy bien sustentadas y concretas sobre el tipo de presencia que debería tener la Policía en San José de Apartadó, contemplaban estrategias que hubieran ayudado a cambiar la imagen de la Policía, pero no con mecanismos publicitarios sino con prácticas de reparación sincera de todo lo destruido. Lamentablemente el Presidente Uribe prefirió ignorar toda esa interlocución y romperla unilateralmente, ordenando la entrada violenta de la Policía en San José para pisotear todos los principios elementales de una Comunidad de Paz, que no puede convivir, en sus espacios de vida y trabajo, con ningún actor armado. Las agresiones que se han seguido desde entonces han afianzado más la imagen de un órgano de destrucción que no de protección.

  • En otras muchas de sus respuestas se afirma que la Policía trató de investigar las agresiones pero que los integrantes de la Comunidad no colaboraron con informaciones o declaraciones.

Nuevamente hay que señalar aquí el nivel profundo de desconfianza que tiene la población campesina de la zona frente a una fuerza pública a la que ha visto por varias décadas involucrada en los crímenes más horrendos. Pero también hay que subrayar en este punto la conciencia cada vez más clara que tienen los pobladores de la zona de que las investigaciones no pueden ser hechas por la misma institución a la cual pertenecen los victimarios, pues eso vulnera los principios más fundamentales y universales de toda investigación, que son la imparcialidad y la independencia. Tampoco tienen ya credibilidad entre la población de la zona las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Procuraduría, pues nunca han dado resultado alguno. Más de 600 crímenes de lesa humanidad que han sido registrados y presentados ante todas las instancias del Estado y de la Comunidad Internacional en la última década, permanecen aún en absoluta impuniad. La Comunidad de Paz ha solicitado en diversos momentos (en 1997, en 2000, en 2003, en 2004) que se configuren comisiones especiales que investiguen por qué la justicia no funciona para las víctimas de San José de Apartadó,  pero sólo ha obtenido respuestas de absoluta irresponsabilidad por parte del Estado. Aún más, el seguimiento de los métodos “investigativos” de los pocos y paupérrimos procesos que se han abierto, nos revelan muy claramente que la impunidad es algo buscado intencionalmente. Los pobladores de la zona rindieron centenares de declaraciones hasta que se dieron cuenta de que esos testimonios sólo servían para que algunos declarantes fueran asesinados y otros perseguidos, desplazados, amenazados o víctimas de montajes judiciales, como ocurrió en el más reciente caso de los que en febrero de este año fueronfalsamente acusados de atentar contra Nubar (Elidio) Tuberquia, los cuales han sido víctimas de un burdo montaje judicial que a todas luces involucra a diversos órganos del Estado y que aún los tiene en injusta prisión. Mucho menor credibilidad pueden tener indagaciones que se hacen en el interior de las mismas instituciones implicadas en los crímenes, pues ya hemos comprobado en multitud de casos que tales “investigaciones” consisten en preguntarle a los mismos criminales, a sus compañeros de unidad y a sus líneas de mando, si realmente perpetraron los crímenes, o si los hechos sucedieron como fueron denunciados. Siempre se da una comprensible inhibición para autoinculparse  y ella se convierte entonces en la respuesta definitiva de la institución, la cual niega que los hechos hayan ocurrido de esa forma, archivando en consecuencia los casos y acusando a las víctimas de “querer desprestigiar a la institución”. Todo esto explica que la Comunidad ya no quiera colaborar con mecanismos tan corruptos, inútiles y de fatales consecuencias. Ya es muy claro que la única esperanza de justicia está en órganos internacionales

  • Otras muchas de sus respuestas niegan incluso la ocurrencia de las agresiones.

Es muy revelador que el Comandante regional de una institución como la Policía niegue rotundamente que hechos, que las víctimas han sufrido en carne propia, hayan ocurrido. Las respuestas suyas que niegan hechos, aduciendo que las normas los prohíben, acusan por lo menos una ingenuidad imperdonable, pues pretenden que las normas pueden hacer desaparecer los hechos, cuando todo ocurre justamente a la inversa: los hechos hacen desaparecer las normas. Las respuestas que niegan los hechos alegando que no se han presentado denuncias ante los órganos competentes y con pruebas y testimonios contundentes, revelan un “desconocimiento” de todo lo explicado anteriormente respecto a los órganos investigativos, o sea, de la absoluta inutilidad de las denuncias, ya que durante varias décadas han sido inútiles, o peor aún, contraproducentes y riesgosas, dada la estrecha unidad de las instituciones con el paramilitarismo. ¿Cómo puede un Comandante de Policía “desconocer” los reales efectos de las denuncias durante tanto tiempo: asesinatos de declarantes; retaliaciones violentas; amenazas; desplazamientos; montajes judiciales? Pero la negación de los hechos por parte de las instituciones desgraciadamente no suprime el sufrimiento de las víctimas sino que lo agrava.
 

  • En muchas respuestas usted niega, en particular, que la Policía maltrate a las víctimas; que irrespete su dignidad; que utilice lenguajes soeces; que haga afirmaciones que colocan a los agentes en los antípodas de la ley, tales como: “nosotros hacemos lo que nos dé la gana”; “no son ustedes los que nos van a enseñar de leyes”; “este gobierno es nuestro y por eso nosotros hacemos lo que queramos”, etc., etc.

Aquí su ingenuidad, Señor Coronel,  llega a extremos inconcebobles. Desde el escritorio del Comandante de la Policía no se perciben los tratos degradantes y tampoco desde formalismos internos pretendidamente “investigativos”. Los tratos degradantes se sufren es en las entrañas conmocionadas y en los nervios crispados de las víctimas, en los retenes y estaciones donde la dignidad humana es conculcada. Lo que esta respuesta revela no es solo ingenuidad sino que el Comandante no tiene mecanismos para controlar a sus subalternos. Si niega comportamientos tan rutinarios es porque no implementa mecanismo alguno de control de sus súbditos, lo que no lo exime de responsabilidad sino que, por el contrario, su responsabilidad de garante lo convierte en co-autor de los delitos.
 

Algunas de sus respuestas  exigen comentarios más específicos:
 

  1. El caso de la detención de Amanda Úsuga en el mes de febrero de este año, constituye no solo una arbitrariedad sino una agresión que sobreabunda en infamia sobre una víctima que ya ha sufrido enormes agresión del Estado: su esposo fue asesinado por agentes del Estado, teniendo ella que asumir la carga del sustento de sus hijos. En febrero de 2003 fue detenida injustamente como efecto de un infame montaje que ya está suficientemente esclarecido, obligándola a permanecer cerca de un año en prisión injusta, sin que el Estado haya reparado hasta el momento semejante crimen. En la nueva detención del pasado mes de febrero se atribuyeron mutuamente la responsabilidad la Fiscalía y la Policía, pero hasta ahora no resulta claro cuál institución tuvo la mayor responsabilidad.
  1. En el caso del asesinato de Francisco Puerta, el 14 de mayo de 2007, nos encontramos con una versión oficial y con otra versión de una persona de la Comunidad. Si hemos privilegiado la versión del miembro de la Comunidad, a pesar de sus debilidades y falta de detalles, es porque una enorme cadena de casos nos ha demostrado que las versiones oficiales son las que resultan más falsas. En efecto, las versiones oficiales de la masacre del 21 de febrero de 2005 contaron incluso con declaraciones del Ministro de Defensa, de la cúpula militar, de la Comandancia de la Brigada, del Jefe de Fiscalías de Antioquia, que resultaron absolutamente falsas. En los mismos días, los más de cien testigos que recorrieron a pié la zona del crimen pudieron constatar en vivo y en directo que todas las autoridades estaban mintiendo y que incluso los mapas que le estaban suministrando a los medios internacionales de información, eran falsos. Lo mismo ocurrió con las más recientes ejecuciones de 2006: las de Arlén Rodrígo Salas (17 noviembre/05), de Edilberto Vásquez (12 enero/06) y de Nelly Johana Durango (3 marzo/06), casos en los cuales la fuerza pública adulteró los escenarios de los crímenes y manipuló los mismos cadáveres para confeccionar versiones falsas de sus muertes; las versiones oficiales fueron desmentidas posteriormente por la misma Fiscalía. En la actual cadena de revelaciones que acompaña las versiones libres de grandes criminales, como Salvatore Mancuso, se va comprobando que lo que la Comunidad había denunciado desde hace muchos años y que había sido rotundamente negado por todos los órganos del Estado, es afirmado por estos mismos criminales que participaron en los crímenes al lado de los agentes oficiales. Es probable que dentro de unos años, los paramilitares que han acompañado a la fuerza pública en la perpetración de estos centenares de crímenes contra la Comunidad de Paz de San José, revelen ante tribunales nacionales o internacionales los detalles de todos estos horrores.
  1. En el caso de Don Roberto Monroy, nos queda muy difícil comprobar si lo que allí se afirma en su oficio acerca de la confusión con sus documentos de identidad, es cierto o falso, pero la manera como la fuerza pública de la zona ha tratado a Don Roberto es inicua y criminal, desde la vez que intentaron asesinarlo en Las Nieves, la víspera de la masacre de Mulatos y La Resbalosa (febrero de 2005), hasta las diversas privaciones de su libertad en meses posteriores, en las cuales se revela un tratamiento degradante por su condición de indígena, muestra un racismo abominable en la Policía y el Ejército. Nunca será suficiente nuestra condena moral contra las instituciones del Estado por el ensañamiento contra este humilde trabajador indígena, víctima de tantas y tan degradantes infamias por parte de la fuerza pública, llegando el hostigamiento a obligarlo a un desplazamiento forzado que constituye un nuevo crimen de lesa humanidad.
  1. Respecto a los saqueos de los bienes de los desplazados y la utilización de sus viviendas para prácticas de prostitución de la fuerza pública, se han puesto en conocimiento del Señor Presidente casos concretos con sus fechas y lugares. Es una lástima que no haya una instancia confiable que ejerza verdadera justicia. La destrucción del monumento a las víctimas no puede legitimarse en la construcción de un parque para los niños. La Policía no es dueña del territorio de San José y no puede hacer de él lo que quiera bajo pretexto de estar haciendo “obras sociales”. La Policía debe tener claro que el caserío de San José fue construido durante muchas décadas con el trabajo de toda una población civil que, con plena legitimidad constitucional, se erigió en Comunidad de Paz y exigió no ser involucrada en la guerra contra su voluntad. La presencia de la Policía allí es fruto de una decisión del Presidente Uribe de desconocer esos derechos sustentados en la Constitución y en el Derecho Internacional Humanitario. Es, pues, una presencia que desconoce derechos legítimos y, por lo tanto, violatoria de los mismos. No puede ignorar a la población desplazada y destruir o abusar de lo que ellos construyeron y que algún día, cuando llegue un régimen respetuoso de los derechos humanos, podrá volver a ser utilizado por quienes invirtieron en ello muchos años de su dura existencia. Ninguna excusa, por otra parte, puede ser aceptable, para legitimar agresiones contra la memoria de las víctimas que es sagrada.
  1. La explicación que usted da allí sobre la presencia del paramilitar alias “Lalo” en el caserío de San José desde el ingreso de la Policía, aduciendo que su hoja de vida en los archivos de la justicia está limpia, parece ignorar que esa es la situación de cerca de 30.000 paramilitares que se beneficiaron de la Ley 782/02. Para nadie es un secreto que los paramilitares no utilizaban su nombre propio ni su documento de identidad mientras perpetraban sus crímenes, claramente apoyados o tolerados por las diversas autoridades del Estado. Ni el Gobierno ni el Congreso podían ignorar que quienes inundaron el país de sangre durante varias décadas tenían un blindaje judicial; por eso la política de desmovilización es comprendida a gran escala como una política de impunidad y de legalización de criminales. Pero eso no borra el hecho de bulto de que alias “Lalo” fue visto durante muchos años por la población de la zona actuando en los grupos más criminales que causaron los más agudos sufrimientos a la población de la región y por eso su sola presencia en el caserío constituye una agresión de grandes proporciones, mucho más cuando su establecimiento comercial es el sitio donde departen  Policía y Ejército de manera habitual.
  1. Negar, como allí hace, la ilegalidad de las detenciones de Gildardo Tuberquia y de Braider Úsuga, es algo que va contra toda evidencia. En el caso de Gildardo, privarlo de su libre movilidad y conducirlo al Comando de Policía en Apartadó es un procedimiento que no puede sino llamarse detención, y si se hace por el solo hecho de que le hacía ver a los policías del retén que estaban violando la ley y actuando en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1024/02, no hay cómo justificar esa detención de manera legal. En el caso de Braider, cuando se aduce como pretexto de su detención que preguntó si había mucho ejército en la zona, ello pasa de lo ridículo a lo trágico, pues implica ignorar que la presencia del Ejército, sobre todo para los pobladores de San José, ha sido siempre una presencia agresiva y destructiva y no protectiva como debería ser si se respetara la Constitución. Además, la detención ilegal de Braider reveló a las claras que Policía y Ejército actúan todavía en estrecha unidad de acción con los paramilitares, pues la finca a donde lo llevaron ilegalmente en medio de amenazas e intentando desaparecerlo, estaba ocupada por paramilitares y ellos lo sometieron a prolijos interrogatorios.
  1. La forma como se narra allí el caso de Elidio (Nubar) Tuberquia no coincide en nada con lo que muchos integrantes de la Comunidad que eran sus amigos y vecinos percibieron en directo en sus conversaciones con él. En efecto, él acudió muchas veces a la Comunidad para que le ayudara a denunciar la usurpación de su casa por la Policía y a defender sus derechos. En las últimas semanas antes del atentado insistió en que le ayudaran a denunciar los engaños de la Policía, pues sentía nuevamente que no le iban a cumplir. Su intervención enérgica en la reunión que hubo en el caserío de San José el 11 de noviembre de 2006, seguida, sólo dos días después, por el atentado (noviembre 13/06), sobre todo teniendo en cuenta su intención manifiesta de denunciar los engaños ante una comisión internacional que iba a visitar la zona en esos días, es lo que lleva a interpretar el atentado como un intento de silenciarlo, ya que es muy difícil aceptar que cuatro hombres armados a escasos metros del caserío de San José, pasaran desapercibidos para Policía y Ejército que en gran número controlan un espacio tan pequeño. Atribuirle las frases que allí se le atribuyen contra la Comunidad de Paz es algo que va en contravía de su discurso habitual sobre la Comunidad. Además, afirmar que él temía que la Comunidad atentara contra su vída es algo inconcebible, toda vez que él conoció muy de cerca las dinámicas de la Comunidad, donde siempre se ha estado impulsando la defensa de la vida, incluso de la vida de aquellos que podrían ser sospechosos de estar colaborando con loa agresores de la Comunidad, pues la Comunidad ha estado conformada por víctimas de agresiones contra la vida y por ello aprecia más profundamente el valor de la vida. Hacer ese tipo de afirmaciones y ponerlas en boca de una persona que hoy ya no tiene conciencia, es otra infamia de grandes proporciones contra la Comunidad de Paz.
  1. Interpretar nuestros derechos de petición como un intento de “desprestigiar a la Policía” es un mecanismo al que nos ha acostumbrado el Estado durante muchas décadas. Los grandes crímenes que han conmovido al país durante todos estos años de la estrategia paramilitar han pretendido blindarse frente a la justicia mediante este recurso, acogido en la mayoría de las veces por las mismas instancias judiciales y disciplinarias del Estado: las denuncias sobre el genocidio de la Unión Patriótica; sobre las desapariciones del Palacio de Justicia y los demás millares de desapariciones forzadas; sobre las grandes masacres y horrrores perpetrados por agentes del Estado, fueron siempre atribuidas a intentos de desprestigio del Estado por parte de sus opositores. Sin embargo, la historia ha ido demostrando que las denuncias eran correctas, a pesar de que los denunciantes fueron estigmatizados durante décadas por los mismos medios masivos de información que hoy se arrepienten de ello.
  1. Finalmente, la negativa a suministrar los nombres de los oficiales, suboficiales y agentes que estuvieron presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados los crímenes, es algo incompatible con la Constitución y con el Derecho Internacional. La más elemental filosofía jurídica establece que el servidor público es PÚBLICO y no tiene derecho a clandestinizarse y que su conducta tiene que estar abierta al escrutinio de los ciudadanos, mucho más cuando son sus víctimas. Ocultar la identidad de funcionarios que se supone PÚBLICOS no tiene ningún asidero en la ley y va en contravía también del Derecho Internacional. Encapuchar a los agentes, al más puro estilo paramilitar, es adicionar nuevos mecanismos de impunidad, pero además es impedir que los procedimientod judiciales, tanto los contemplados en el Código de Procedimiento Penal, como en el Estatuto de Roma, puedan tener efecto, ya que, en el primero caso, se utiliza el anonimato de los victimarios para archivar los casos en el término de seis meses, y en el segundo caso, se impide que los casos puedan llenar los requisitos de la denuncia, la cual debe señalar al presunto culpable con su plena identidad. Es lógico que implementar mecanismos de impunidad sea considerado por la Comunidad Internacional como un nuevo Crimen de Lesa Humanidad.

 
Como cristiano y como sacerdote no puedo dejar de exhortarlo, Señor Coronel Cruz, a que detenga tan cruel persecución contra la Comunidad de Paz de San José; a que piense siquiera un momento en los inmensos sufrimientos que está causando en tanta gente que ya ha sufrido horrores por los crímenes del Estado; a que tenga en consideración que también las poblaciones pobres y desprotegidas tienen una dignidad humana que debemos respetar y no pisotearla tan cruelmente como lo hace la Policía de Urabá. Si usted no cree en Dios, pues la fe en Dios es incompatible con afrentas sistemáticas a nuestros semejantes, le ruego que crea al menos en la Ley y en el Estado de Derecho que dice defender, el cual es absolutamente incompatible con los comportamientos que ha tenido el Estado como tal para con estas poblaciones tan victimizadas. Le ruego, pues, y le suplico encarecidamente, que cesen la persecución y los atropellos contra la población de San José; que cesen los anuncios continuos de que la Comunidad va a ser exterminada; que cesen las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los retenes y empadronamientos ilegales, irrespetuosos y degradantes; el irrespeto por los bienes de los desplazados y por la memoria de las víctimas; la estrecha alianza y unidad de acción con los grupos paramilitares; la compra y envilecimiento de testimonios para servir a la mentira y al terror que continuamente infunden en la población. Se lo suplico en nombre de la Humanidad que se siente moralmente lesionada por tales horrores. 

 

Atentamente,

 

 

 

Javier Giraldo M., S. J.

 

 

CC: Presidencia de la República; Ministerio de Defensa; Corte Constitucional; Corte Penal Internacional; Corte Interamericana de Derechos Humanos; comunidades solidarias con la Comunidad de paz de San José de Apartadó.

¿Un mensaje, un comentario?

moderación a priori

Este foro es moderado a priori: su contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio.

¿Quién es usted?
Su mensaje

Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías.