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Nuevos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en modalidad de “falsos positivos”

Derecho de Petición al Señor Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos

Miércoles 16 de enero de 2008, por Javier Giraldo M. , S.J.

Siempre es posible, Señor Ministro, tomar conciencia de las perversidades y dar un vuelco radical para apartarse del mal.

Bogotá, enero 15 de 2008

Dr. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Ministro de la Defensa Nacional
Ministerio de Defensa
Ciudad

De toda consideración.

Acogiéndome al Derecho de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y ss. del Código Contencioso Administrativo, me permito llamar su atención sobre los graves hechos ocurridos en los últimos días en el territorio de San José de Apartadó, de los cuales surgen peticiones apremiantes que le ruego atender con la mayor urgencia.

El pasado 23 de diciembre, la vivienda de la familia conformada por Doña Margarita Giraldo Úsuga, Don Alberto Jiménez y sus hijos, en la vereda de Arenas Bajas, de San José de Apartadó, fue atacada por unidades militares adscritas a la Brigada XVII. Las granadas y proyectiles que hicieron impacto en la vivienda y en los cultivos obligaron a huir apresuradamente a Don Alberto y a su hija Leidy, quienes se encontraban en los alrededores de la casa. Pasadas algunas horas y silenciadas las explosiones, se acercaron a la vivienda para buscar a Doña Margarita, quien en el momento del ataque se encontraba recogiendo algunas yucas en el campo de cultivo, pero no pudieron encontrarla, mientras sí verificaron numerosas huellas de la violencia militar sobre todas sus pertenencias. Se dirigieron entonces al asentamiento de San Josesito, de la Comunidad de Paz, y denunciaron la desaparición de Doña Margarita.

Tanto los miembros del Consejo de la Comunidad de Paz como organizaciones internacionales acompañantes, indagaron ante los organismos de control del Estado por su paradero sin obtener respuestas satisfactorias. Al día siguiente, 24 de diciembre, el Ejército comenzó a entregar reportes en los que hacía referencia a un “enfrentamiento con la guerrilla” en la zona de Arenas Bajas, del cual habían resultado “dos guerrilleros dados de baja”. La Comunidad de Paz y la familia de Doña Margarita comenzaron a indagar quiénes eran los supuestos “guerrilleros” y el día 25 lograron reconocer, en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de la ciudad de Turbo, que el cadáver de Doña Margarita había sido reportado como el de una “guerrillera muerta en combate”. Luego de difíciles gestiones, el cadáver le fue entregado a la familia momentos antes de ser sepultarlo en una fosa común. Fue entregado en alto grado de descomposición y destrucción. El cuerpo estaba completamente destrozado e irreconocible, lo que evidenciaba huellas de tortura, siendo posible su reconocimiento sólo por la dentadura que también le había sido arrancada. Le habían extraído las vísceras y las habían colocado en niveles superficiales del cuerpo, para acelerar la descomposición del conjunto y hacer difíciles los ritos funerarios. Fue ésta una última afrenta infame contra la dignidad de la víctima, de su familia y de la Comunidad, de lo cual le cabe ineludible responsabilidad a los funcionarios del CTI de Turbo.

La prensa regional, siguiendo su costumbre de hacer un eco mecánico a las falsedades confeccionadas por los victimarios, le transmitió al país la noticia en estos términos: “En Turbo, Urabá antioqueño, soldados del Batallón de Infantería No. 17 sostuvieron combates con integrantes del frente 58 de las Farc. Según reportó la XVII Brigada con sede en Carepa, el enfrentamiento se registró en una zona rural, donde con posterioridad fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos supuestos integrantes de las Farc. No se reportó si en la acción se decomisaron armas u otro tipo de elementos” (Diario “El Colombiano”, 26 de diciembre de 2007, pag. 10 a)

El 28 de diciembre se organizó una amplia comisión de verificación, de al menos 30 personas, incluyendo acompañantes internacionales, que se trasladó a la finca de la víctima. Allí se pudo constatar que la vivienda, un bien civil inconfundible, había sido atacada con proyectiles, pues algunas tablas del cancel del frente de la casa, las tejas de zinc y un árbol que se encuentra a la entrada de la vivienda, estaban atravezados por balas. Se inspeccionó un cerro ubicado en frente de la casa y se comprobó que ése había sido el lugar desde donde el Ejército disparó, pues fueron hallados numerosos casquillos de balas disparadas, bolsas de comida de los militares con sus respectivas etiquetas, baterías y otros elementos militares. El cultivo de yuca, sitio donde fue vista por última vez Doña Margarita, presentaba numerosas matas destruidas por explosiones. Junto a una quebrada, se encontró el conjunto de yucas que ella había recogido, vaciado de su bolsa por los soldados. En medio del yucal fue hallado un trapo blanco con que ella se cubría la cabeza cuando se exponía al sol, con grandes manchas de sangre. Tanto el cuarto utilizado por la familia como dormitorio, como la cocina de la casa, se encontraban con todos los elementos arrojados al piso (ropas, alimentos y enseres). Los soldados habían robado el dinero que encontraron y se llevaron también algunos animales. Los testimonios recibidos daban cuenta de que Doña Margarita había sido sacada viva del yucal y había sido asesinada en otro sitio, aproximadamemente a una hora de distancia, donde se dio un enfrentamiento entre soldados y guerrilleros; luego su cadáver fue reportado como el de una “guerrillera muerta en combate”. Un reporte fotográfico de todos los destrozos causados por el ejército en la humilde vivienda de la víctima, se anexa a esta petición.

La familia de Doña Margarita, que ya había soportado 7 años de desplazamiento forzado a causa del terror que el Ejército sembró en esa zona, luego de pocos días de duelo pasados en el asentamiento de San Josesito, de la Comunidad de Paz, regresó a la finca para reconstruir su vida. Allí, el pasado 6 de enero, hacia las 11:30 horas, fue visitada por miembros del Ejército, quienes llegaron a amenazarlos de muerte por causa de las denuncias que se habían hecho. Al esposo y a la hija de Doña Margarita les dijeron que si no afirmaban ante la Fiscalía que Doña Margarita era una guerrillera, los iban a matar a todos. Don Alberto y Leidy le respondieron a los militares que si los iban a matar, que los mataran, pero que ellos no iban a mentir, pues su esposa y madre no era una guerrillera, como tampoco ellos. Los militares, muy alterados, lanzaron todo tipo de insultos y amenazas contra la Comunidad de Paz, afirmando que las denuncias de la Comunidad son las que tienen perjudicada la zona, ya que no han podido matar a todos los que quieren matar. Nuevamente prometieron que van a exterminar la Comunidad de Paz. Ante la resistencia de la familia frente a las amenazas y chantajes de los militares, éstos les anunciaron que si no abandonan la zona rápidamente, van a ser asesinados por los paramilitares en los próximos días, pues sólo es cuestión de pasarles a éstos sus nombres y los paramilitares los eliminarán fácilmente, ya que para eso están allí.

Luego de un prolongado forcejeo, otro militar llegó a la finca en plan de “negociación” con la familia: les dijo que Doña Margarita ya estaba muerta y ya no la podrían revivir, pero que si ellos aceptaban ante la Fiscalía que ella era una guerrillera, el Ejército podía pagarles una buena cantidad de dinero, y que, además, si ellos aceptaban entrar al plan de los “reinserción”, se ganarían mucho más dinero. Ante la negativa rotunda a aceptar tan sucias propuestas, los militares reiteraron sus amenazas y aseguraron que pronto los van a matar.

Frente a una situación tan grave que revela la audacia y desparpajo con que los agentes del Estado colombiano pisotean todos los derechos humanos, destruyen vidas, construyen mentiras y extorsionan a la población, le solicito, Señor Ministro, detener la ejecución de planes tan criminales por parte de la Brigada XVII y destituir de manera expedita a quienes, actuando a nombre del Estado colombiano, han perpetrado estos crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por añadidura, quieren impedir a toda costa que los criminales sean denunciados, procesados y sancionados.

Como Usted bien lo sabe, Señor Ministro, no es la primera vez que esto sucede en el territorio del corregimiento de San José de Apartadó, donde, durante los 30 últimos años, el Ejército, en evidente unidad de acción con las estructuras paramilitares, ha perpetrado muchos centenares de crímenes similares, todos los cuales permanecen en absoluta impunidad.

También conoce Usted de sobra, Señor Ministro, que ninguna de las “investigaciones” adelantadas en estos 30 años, ni por la Justicia Penal Militar, ni por la Fiscalía, ni por la Procuraduría, han dado resultado alguno, a no ser la eliminación de testigos y denunciantes, o amenazas contundentes como la del caso presente, que han causado centenares de desplazamientos forzados.

También le consta a Usted, Señor Ministro, que de nuestra parte hemos cuestionado la idoneidad de métodos de investigación controlados por las instituciones a las cuales están adscritos los victimarios, consistentes en intentar autoinculpaciones que nunca se dan por obvias razones, derivando la ausencia de autoinculaciones en el cesamiento de procedimientos, archivos y absoluciones, procedimientos todos en los cuales se ha ido afianzando la continuidad y multiplicación de los crímenes.

También le consta a Usted, Señor Ministro, que hemos recurrido infinidad de veces ante el Señor Presidente, a través de derechos de petición y de otros recursos constitucionales y legales, teniendo en cuenta que a él le caben responsabilidades constitucionales indelegables como garante de los derechos humanos fundamentales y quien es el único nominador de las jerarquías de mando responsables de estos crímenes, para que intervenga en la Brigada XVII, remueva a los responsables de los crímenes, revise los procedimientos criminales e imponga controles inaplazables para evitar la repetición de los mismos. Nunca hemos sido escuchados, sin embargo, por el Jefe del Estado, lo que le impone a él una responsabilidad histórica e internacional como co-autor de todos esos crímenes.

También le consta a Usted, Señor Ministro, que le hemos solicitado repetidas veces los nombres, códigos militares, unidades de pertenencia y líneas de mando, de todos los miembros de la fuerza pública que han estado presentes en las fechas, sitios y horas en que han sido perpetrados crímenes de lesa humanidad, y Usted se ha negado a suministrarnos esa información en abierto desconocimiento de la norma constitucional que establece que uno de los principios que rigen el actuar de los servidores PÚBLICOS es justamente la PUBLICIDAD de sus actuaciones (CN. Art. 209), por lo cual ningún agente del Estado tiene derecho alguno a ocultar su identidad o a “encapucharse”, al más repudiable estilo paramilitar, para impedir que al menos los órganos de la justicia universal los investiguen por hechos que ofenden a la humanidad como humanidad, ya que la justicia interna sufre un bloqueo comprobado por 30 años consecutivos, que a todas luces muestra provenir de órdenes del Ejecutivo para que no se toque a quienes atacan a ciertas comunidades que al Gobierno le interesa eliminar.

Una intervención similar le solicito, Señor Ministro, en favor de la viuda y familia del Señor JUAN JAVIER MANCO MOLINA, asesinado el 14 de diciembre en el puesto de control militar ubicado en la vereda La Balsa, de San José de Apartadó, sobre la vía que de Apartadó conduce a San José. Juan Javier salió de su casa, ubicada en un barrio humilde de Chigorodó, a las 5:25 horas, y se dirigió a San José de Apartadó donde se había comprometido a recoger y transportar unos cerdos que otra persona conocida suya había comprado. Al pasar frente al puesto de control militar, los militares le dispararon matándolo en el acto. Quienes pasaron junto al cadáver en los vehículos de servicio público que bajaban de San José hacia Apartadó a horas tempranas, pudieron apreciar que sólo llevaba consigo un portacomidas, donde su esposa le había empacado algunos alimentos. Los que pasaron más tarde por el lugar, observaron que el cadáver de Juan Javier portaba una pistola. Los mismos investigadores de la Fiscalía se negaron a aceptar lo burdo del montaje, pues los militares le habían colocado un arma oxidada e inservible para poderlo “legalizar” como “muerto en combate”.

La esposa de Juan Javier, Doña Delia Ester Mora, quien está en estado avanzado de embarazo y ahora debe responder por 4 niños pequeños, todos enfermos, ha sido víctima de seguimientos e intimidaciones por parte de agentes de inteligencia del Estado, lo que ha agravado su situación de salud. Le solicito encarecidamente, Señor Ministro, ordene a los organismos de inteligencia vinculados a la fuerza pública, cesar su agresión contra una víctima tan indefensa, a quien el mismo Estado ha dejado en condiciones económicas, físicas y psíquicas tan lamentables.

Si bien en los últimos meses las agresiones de militares y paramilitares contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la población campesina de la zona han sido muy numerosas y en su momento serán denunciadas ante la comunidad internacional, le ruego, Señor Ministro, atender de manera urgente y prioritaria a estas peticiones para salvarle la vida a las familias de estas víctimas.

Como sacerdote, no puedo menos que invitarlo, Señor Ministro, y con Usted al Gobierno actual, a cesar prácticas tan repulsivas y criminales que ilegitiman radicalmente el poder vigente, que han convertido a las instituciones diseñadas en la Constitución como ‘protectoras’ de los ciudadanos, en verdaderas bandas de asesinos y asaltantes que con toda razón y derecho son repudiadas por las comunidades, exigiendo que no pisen sus territorios. Igualmente invito al Gobierno a abandonar métodos tan inocuos y falsos de ‘investigación’, que han convertido las instancias de justicia en formalismos diseñados para proteger a los criminales y para destruir, mediante procedimientos de la más repugnante vileza moral, a quienes piden alguna justicia o denuncian a los criminales. Siempre es posible, Señor Ministro, tomar conciencia de las perversidades y dar un vuelco radical para apartarse del mal.

De antemano le agredzco su atención a estas solicitudes y le ruego responder, dentro de los términos legales, a la siguiente dirección: carrera 5 No. 33-A-08 , Bogotá, D. C. – Tel: 2456181.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.
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Anexo: secuencia fotográfica de los destrozos causados en la finca de Doña Margarita Giraldo Úsuga, en la vereda Arenas Bajas, de San José de Apartadó. (6 folios).

CC:

- Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

- Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

- Cancillerías de Estados en cuyos territorios hay provincias, municipali-dades o comunidades hermanadas con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

- Parlamento Europeo –

- Presidencia de la Unión Europea en Colombia

- Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas-

- Organismos internacionales y nacionales de defensa y promoción de los derechos humanos.


Fotografías tomadas por la Comisión de Verificación en la vivienda de Doña Margarita Giraldo Úsuga, vereda de Arenas Bajas, San José de Apartadó, el 28 de diciembre de 2007


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