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  Apelación Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia

Sábado 5 de julio de 2008

El 30 de abril de 2008, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, decidió archivar la acusación por injuria y calumnia que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó había presentado ante dicha corporación contra el Presidente Uribe, delitos que se evidencian en el comunicado emitido por el Presidente en Carepa, Antioquia, el 20 de marzo de 2005, al confrontarlo con la doctrina de la Corte Constitucional expuesta en su Sentencia T-1191/04. El representante de la Comunidad de Paz apeló la decisión de la Comisión de Acusaciones-

El 30 de abril de 2008, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, decidió archivar la acusación por injuria y calumnia que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó había presentado ante dicha corporación contra el Presidente Uribe, delitos que se evidencian en el comunicado emitido por el Presidente en Carepa, Antioquia, el 20 de marzo de 2005, al confrontarlo con la doctrina de la Corte Constitucional expuesta en su Sentencia T-1191/04. El representante de la Comunidad de Paz apeló la decisión de la Comisión de Acusaciones-

 

 

Bogotá, junio 3 de 2008

 

 

Dra.

AMANDA RICARDO

Presidenta

Dr. REINALDO DUQUE GONZÁLEZ

Secretario General

COMISIÓN DE ACUSACIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Ciudad

 

Ref: Not. Exp. 1712 , abril 30 de 2008

De toda consideración.

He recibido de su parte la nota del 30 de abril de 2008 mediante la cual me comunican que en la sesión del 30 de abril se aprobó “ ordenar el archivo definitivo ” de la acusación que desde el año 2005 había elevado ante esa Comisión contra el Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de injuria y calumnia contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

 

Por medio de este escrito apelo dicha decisión por considerar que desconoce y vulnera disposiciones muy claras de la Corte Constitucional en su Sentencia T-1191/04.

Los hechos que motivaron la acusación son evidentes y fueron transmitidos a la opinión pública nacional e internacional, como los cito enseguida, así como evidentes son los argumentos de la Corte Constitucional para considerarlos como delitos por los cuales el autor, como Jefe del Estado, debe responder penalmente, disciplinariamente, administrativamente e internacionalmente.

En efecto: El domingo 20 de marzo de 2005 , el Señor Presidente de la República ÁLVARO URIBE VÉLEZ, al concluir un consejo de seguridad en Carepa, Antioquia, en las instalaciones de la Brigada XVII , emitió un comunicado en el cual afirma: “ Las comunidades de paz tienen derecho a instalarse en Colombia gracias a nuestro régimen de libertades. Pero no pueden, como lo practica la de San José de Apartadó, obstruir la justicia, rechazar la Fuerza Pública , prohibir el comercio de artículos lícitos ni coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen. En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista ”. (El Colombiano, 21.03.05, pg. 2d). Sobre estas cinco acusaciones que faltan gravemente a la verdad, pretendía, al parecer, el Señor Presidente, justificar la orden dada a la fuerza pública ese mismo día, de ingresar a la comunidad antes de 20 días.

Ni la Comunidad ha obstruido jamás la justicia, ni ha impedido que la fuerza pública cumpla con sus deberes constitucionales, ni ha prohibido jamás el comercio de artículos lícitos, ni ha coartado jamás la libertad de los ciudadanos allí residentes, ni sus integrantes y menos sus líderes y acompañantes apoyan a ninguna organización armada, definiendo, por el contrario, su identidad comunitaria, en la no colaboración con ningún grupo que porte armas.

 

  • Otra cosa es que se interprete perversamente como “ obstrucción de la justicia ” su lucha transparente contra la desvergonzada corrupción de fiscales, jueces, magistrados y procuradores que han dejado en la impunidad centenares de crímenes de lesa humanidad y sus clamores y exigencias para que comisiones internacionales vengan a hacer una evaluación profunda y transparente de tan corrupto aparato de “justicia”.
  • Otra cosa es que se interprete como “ rechazo a la fuerza pública ” el rechazo a sus crímenes contra la Comunidad que ya se cuentan por centenares, o el rechazo a su unidad de acción con el paramilitarismo que allí se ejerce sin pudor alguno, o el rechazo a su pretensión de involucrar forzadamente en la guerra a la población civil o a utilizarla criminalmente como escudo.
  • Otra cosa es que se interprete como “ prohibición del comercio de artículos lícitos ” la concertación libre y voluntaria que se ha hecho con la mayoría de los tenderos para que no vendan licor, dado que la embriaguez en una zona de guerra genera conflictos que con frecuencia producen desenlaces fatales.
  • Otra cosa es que se interprete como “ coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen ” el régimen de sanciones a que voluntariamente se acogen quienes libremente se inscriben en la Comunidad de Paz, único medio que permite garantizar el cumplimiento del Reglamento que identifica a la Comunidad de Paz como tal.
  • Otra cosa es que se interprete como “ señalamientos de ser auxiliadores de las FARC ” el conjunto de “declaraciones” contra líderes y miembros de la Comunidad , arrancadas por oficiales del ejército adscritos a la Brigada XVII , muchas veces bajo crueles torturas, otras bajo extorsiones, sobornos y montajes, como se ha denunciado y documentado repetidas veces en los anteriores Derechos de Petición.

De allí que las afirmaciones del Señor Presidente no solo no tienen sustento alguno, faltando gravemente a la verdad, sino que pretenden apoyarse en mecanismos perversos de distorsión, tanto más dañinos cuanto buscan revestir de apariencia de “ mal” lo que constituye una defensa esforzada de bienes jurídicos que emanan del núcleo más preciado de la Constitución y del Derecho Internacional.

Incurre, pues, a todas luces, el Jefe del Estado, en los delitos de calumnia e injuria, agravados por el propósito no oculto de destruir en sus valores y prácticas esenciales, una Comunidad que se identifica por un esfuerzo nada común de hacer realidad el precepto del artículo 22 de la Constitución y de haber ideado mecanismos de defensa de la vida, la integridad y la libertad, dentro de un contexto bélico que pone en alto riesgo esos derechos esenciales de humanidad.

Ya la Corte Constitucional , en su Sentencia T-1191/04, examinó a la luz de la Carta la juridicidad de los pronunciamientos públicos de un Presidente. La Corte sostiene que cuando el mandatario informa , no puede violar el derecho de todo ciudadano, consagrado en el artículo 20 de la Constitución , “ a recibir información veraz e imparcial ”, y cuando trata simplemente de comunicar a otros su propio pensamiento , “ la libertad de opinión debe, así mismo, respetar las nociones de veracidad e imparcialidad por que propugna la Carta Política de 1991. Esto por cuanto que, aunque en principio la libertad de pensamiento no conoce restricciones, cuando la opinión expresada se fundamenta sobre hechos no veraces, ésta se desnaturaliza al no versar sobre una interpretación o valoración de hechos ciertos o pensamientos verídicamente conocidos, generándose, entonces, una vulneración a los derechos de información en cabeza de los receptores de la opinión, así como una eventual amenaza injusta a los derechos a la honra y al buen nombre del sujeto o sujetos objetos de la opinión ” (cita además de la Sentencia T-1202 de 2000).

Pero un comunicado como el emitido en Carepa el 20 de marzo de 2005 por el Señor Presidente, se inscribe en un tipo de comunicaciones del mandatario con los ciudadanos acerca de problemas nacionales. Allí entran en juego otros derechos concernientes más directamente a la autoridad como tal, como lo subraya la Corte Constitucional : “ De otro lado, en ejercicio de este poder-deber de mantener una comunicación permanente con la ciudadanía, las declaraciones del Presidente deben ceñirse a las obligaciones que la misma Constitución le asigna, en especial las señaladas en el artículo 2° que dispone: ‘las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’; así mismo, las contenidas en el artículo 188 que señala ‘El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos’. Así pues, como a todas las autoridades, al Presidente compete una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, que hace que cuando se dirija a los ciudadanos deba abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de derechos. Esta obligación adquiere mayor relevancia tratándose de sujetos de especial protección constitucional tales como los defensores de derechos humanos, los reinsertados, los desplazados por la violencia o los miembros de comunidades de paz (Sentencia T-588 de 2003 y T-327 de 2004), quienes debido al estado de vulnerabilidad en el que se encuentran, que se manifiesta en un mayor nivel de exposición a riesgos de carácter extraordinario y de amenaza de sus derechos fundamentales, especialmente de los derechos a la seguridad personal, a la integridad física y a la vida, merecen un tratamiento especial y la adopción de medidas reforzadas de protección”.

 La Corte Constitucional , consciente de la gravedad de los daños que el Presidente puede producir en alocuciones que transgreden los límites enunciados, señala también los mecanismos de control político y jurídico que pueden ejercerse: “ Existiendo la posibilidad de que declaraciones públicas emitidas por el primer mandatario puedan transmitir información inexacta o no objetiva, o desconocer derechos fundamentales de personas o grupos, las mismas pueden ser objeto de diferentes controles: en efecto, cabe en primer lugar un control político en el seno del Congreso de la República , (...); cabe también un control político ciudadano , ejercido a través de los mecanismos de participación especialmente diseñados para ello, como puede serlo el que se lleva a cabo a través de las veedurías ciudadanas; es posible también un control judicial , especialmente mediante acciones penales cuando sea el caso de la comisión de los delitos de calumnia o injuria, o de la acción de tutela cuando se trate de la defensa de los derechos fundamentales que puedan verse amenazados o desconocidos por las manifestaciones presidenciales; finalmente, los ciudadanos tienen también la posibilidad de acudir ante los tribunales internacionales de que Colombia sea parte , establecidos para la defensa de los derechos humanos que eventualmente pudieran ser desconocidos ” (Sentencia T-1191/04, Parte II, No. 4.2, subrayados fuera del texto original).

La Corte Constitucional subraya también el agravante que se sigue cuando esas alocuciones presidenciales faltan a la verdad o violan derechos fundamentales, por la circunstancia de ser difundidas a través de medios masivos de comunicación, como televisión, radio, prensa, etc.: “ El empleo de estos medios genera una responsabilidad mayor en cabeza del Primer Mandatario, en atención a la gran capacidad de penetración en todas las esferas de la sociedad que éstos poseen, al número considerable de receptores a los que pueden llegar, al impacto inmediato que poseen sobre la formación de la opinión pública e, incluso, sobre los comportamientos y reacciones de los individuos, debido a que el espacio de reflexión de las noticias que se reciben a diario, y a las mínimas posibilidades de defensa que tienen aquellos sujetos que puedan resultar afectados por las informaciones que se transmiten (...) el empleo de esta categoría de medios genera en el Presidente, como en cualquier otra autoridad particular, una mayor responsabilidad que aquella que deviene de la utilización de otros sistemas de comunicación no masivos ” (ibid. Parte II, No. 4.3).

Siendo tan evidentes los delitos de calumnia e injuria, constituidos por cinco afirmaciones falsas y apoyadas en falsos testigos, lo que eleva la gravedad y perversidad de los hechos, y siendo tan nítida la valoración jurídica que la Corte Constitucional hace de ese tipo de hechos, considero que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes faltaría gravemente a su deber si elude el enjuiciamiento de esos delitos por condescendencia con quien ejerce un influjo político sobre la mayoría de los miembros de la Comisión.

Si bien la Comunidad de Paz de san José de Apartadó trató de ser disuadida por mucha gente de llevar el caso ante un ente que se ha distinguido en las últimas décadas por una ineficiencia proverbial, también tuvo en cuenta el hecho de que el ordenamiento legal del país no le dejaba otras alternativas en su búsqueda de justicia, ya que la Comisión de Acusaciones de la Cámara es el único ente que puede investigar y valorar tales delitos cuando son perpetrados por el Jefe del Estado.

Ruego a los miembros de la Comisión que pongan ante sí, con sinceridad y honestidad, el daño que el Señor Presidente le ha causado a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó al destruir su buen nombre y su reputación a nivel nacional e internacional, mediante falsas afirmaciones que a todas luces pretendían legitimar nuevas modalidades represivas contra los integrantes de la Comunidad , la cual ha sufrido ya más de 600 crímenes de lesa humanidad cuya totalidad permanece aún en absoluta impunidad (Cfr. Sentencia T-1025 de la Corte Constitucional del 3 de diciembre de 2007). A nadie se le oculta que todas esas estigmatizaciones hacen parte de un perverso plan de destrucción violenta, teniendo en cuenta, además, la unidad de acción que durante mucho más de una década se ha denunciado entre fuerza pública y grupos paramilitares, constituyéndose éstos últimos en los principales ejecutores de una barbarie que trata de legitimarse en comunicados oficiales que falsifican gravemente la realidad. La decisión de “archivo” de este caso, convierte, a todas luces, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en un cómplice más de la barbarie que desde el Estado se ha ejercido contra la Comunidad de Paz.

Todo lleva a pensar que la decisión de archivo de este caso se apoya en la condición humilde, pobre y victimizada de la Comunidad de Paz, que no tiene poder político ni económico para realizar cabildeos ante las fuerzas pólíticas inluyentes en el Parlamento. Les ruego, de manera apremiante, que actúen “en derecho” y apoyados en principios éticos que sustentan la vigencia de los derechos fundamentales de los humildes y de los sin poder.

Les ruego, pues, y les suplico encarecida y apremiantemente que reconsideren su decisión de archivo de este caso y más bien le den la prioridad que merece, de modo que los derechos fundamentales de una Comunidad tan horrendamente victimizada puedan ser restablecidos con prontitud.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S, J


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