Desde los márgenes

Página oficial de Javier Giraldo Moreno, S.J.

Portada del sitio > Reflexiones > Respuesta a Mauricio García Villegas

Respuesta a Mauricio García Villegas

Lunes 4 de mayo de 2009, por Javier Giraldo M. , S.J.

Carta de respuesta a la columna de opinión del jurista Maucio García Villegas, publicada en el diario El Espectador en la página 18 de la edición del sábado 18 de abril, titulada “¿Objeción de conciencia?”

Bogotá, abril 27 de 2009

 

Dr. MAURICIO GARCÍA VILLEGAS
Diario El Espectador
Bogotá, D. C.

De toda consideración.

En la página 18 de la edición de El Espectador del sábado 18 de abril, encontré su nota titulada “¿Objeción de conciencia?” , en la cual se refiere críticamente a la posición que he tomado frente a varios requerimientos recientes de la “justicia” colombiana. Le agradezco el respeto y altura con que expresa sus dudas y desacuerdos, estilo muy excepcional en nuestro periodismo fanatizado.

Según entiendo, la objeción de conciencia sería legítima, en su opinión, cuando se interpone contra una norma o acción concretas, pero no cuando significa un rechazo a todo el aparato de justicia o del Estado. Veo, además, que usted considera el aparato judicial actual, incluyendo la Fiscalía , como instrumento de una aplicación imparcial de la Ley , en contraste con el período del Fiscal Osorio. Al referirse al “círculo vicioso” que se crea cuando los ciudadanos no colaboramos con la justicia por no creer en ella, lo cual hace que la justicia no sea operante y lleve a no creer en ella, veo que usted insinúa que el círculo debe romperse mediante la colaboración de los ciudadanos, lo cual llevaría supuestamente a sanear el sistema.

No puedo, Doctor García, aceptar su tesis limitativa de la objeción de conciencia, ni concuerdo con usted en la valoración del actual aparato judicial. Su solución al “círculo vicioso” me deja interrogantes de fondo que quisiera devolverle para contar con los conceptos y luces de un intelectual de tan honesta trayectoria.

Dentro de la filosofía jurídica que predomina en nuestras universidades y ámbitos profesionales del Derecho, donde la doctrina del derecho positivo ha ido eliminando los últimos restos de jusnaturalismo, se ha sacralizado en extremo la Ley y su fundamento: el Estado como estructura de poder, relegando a los territorios de la lúdica discursiva los problemas de la rectitud normativa y de la operatividad ética de las normas. Dentro de tales parámetros ideológicos, uno comprende que los juristas cierren filas en torno a los fundamentos positivos del sistema: el formalismo de las leyes y de los procedimientos, de donde se hace derivar la “legitimidad” de funcionarios y decisiones, en instancias cada vez más cerradas, alejadas e impermeables al escrutinio ético. La máxima latina “ Dura lex, sed lex ”, repetida tan frecuentemente para legitimar fallos corruptos, revela esa sacralidad de la ley que se ha ido imponiendo y arrasando con la vieja sacralidad de los principios éticos universales. Usted comprenderá, Doctor García, que quienes nos hemos formado en otras cosmovisiones donde la ética está por encima de la ley formal, interpretemos el principio constitucional de la objeción de conciencia como un derecho fundamental que mira a salvaguardar elementales convicciones éticas de la humanidad, como las que valoran la verdad y la justicia como algo que debe diferenciarse real y operativamente de la falsedad y de la injusticia, así haya que desconocer los formalismos legales, por más fundamentales que sean para la positividad del sistema. De hecho, el principio consagrado en el artículo 18 de la Constitución no contempla los límites que usted le pone.

Max Weber tuvo la lucidez de desagregar y diferenciar diversas esferas de validez de la razón, y a la vez que le reconoció al Derecho y a la Moral su pertenencia lógica al orden de validez práctico moral, regido por la máxima de la rectitud normativa, también señaló que en la modernidad el Derecho fue cambiando de polaridad racional, pasando progresivamente de la racionalidad con arreglo a valores a la racionalidad con arreglo a fines. Así, la razón instrumental fue invadiendo campos ajenos a su esfera de validez, neutralizando particularmente la ética y asimilando el derecho a formalismos calculables propios de la racionalidad económico administrativa, la que copa todos los órdenes de la vida en la modernidad. De allí que el mayor exponente del positivismo jurídico, Hans Kelsen, fuera tan explícito en su afirmación de la ruptura entre Derecho y Moral: “ Quien considere el Derecho como un sistema de normas válidas, tendrá que prescindir de la Moral , y quien considere la Moral como un sistema de normas válidas, tendrá que prescindir del Derecho ”.

Veo, Doctor García, que usted considera el actual aparato de justicia como aceptable, en contraste con el del período del Fiscal Osorio. Sin negar que unos cuantos fallos recientes de altas instancias, muy publicitados por cierto, hayan reivindicado un ejercicio más honesto de la justicia, es triste comprobar que ésa no es la práctica corriente de los agentes judiciales, menos en las regiones. Lo invito a releer los casos concretos que cito en mi objeción de conciencia y en mi derecho de petición a las altas cortes para el caso de Urabá, donde describo procedimientos y decisiones de una descomunal podredumbre, que lamentablemente no son excepcionales y, peor aún, no han sido corregidos por ninguna instancia de mayor jerarquía, y sus autores permanecen administrando “justicia” en nombre de la república; sus crímenes judiciales en absoluta impunidad y sus víctimas arrastrando las consecuencias de todo orden de esos crímenes. En esos ámbitos se desconoce la Constitución Nacional , los tratados internacionales firmados y ratificados por la Nación , los principios rectores de la administración de justicia que aparecen en el Código de Procedimiento Penal y en otros códigos, como el Disciplinario. Todo converge en una violación sistemática y permanente de los derechos elementales del ser humano.

Pero quizás lo más preocupante de su escrito sea su insinuación de que el círculo vicioso se deba romper por la colaboración de los ciudadanos con la “justicia” y no por un saneamiento previo de la misma.

Quizás haya aquí malentendidos de mi parte, pero me parece difícil creer que una persona de su trayectoria y calidades, esté invitando a colaborar con un aparato judicial que desconoce el principio constitucional de la separación de poderes y a someterse a procedimientos judiciales donde los supuestos “delincuentes” que deben ser perseguidos, los define el poder ejecutivo a través de las brigadas militares y de otros organismos de “seguridad”, así como la misma tipificación de los delitos y los tipos de “pruebas” que deben establecerse o evadirse.

Me niego a creer que una persona de su trayectoria y calidades invite a someterse a un aparato judicial que maneja la prueba testimonial, que ha llegado a ser casi el único mecanismo probatorio dada su altísima aptitud para la manipulación, como una mercancía que se compra y se vende, arrasando con la conciencia moral del país.

Me niego a creer que una persona de su trayectoria y calidades invite a colaborar con un aparato judicial que vulnera y pisotea tan masivamente el debido proceso, en desconocimiento de todo el Derecho Internacional y de todos los principios rectores del mismo derecho interno, sin que las instancias previstas para garantizarlo, como la Procuraduría y la Defensoría , signifiquen ya defensa alguna contra la arbitrariedad, toda vez que se han ido sometiendo al modelo de “justicia” usurpada por el Ejecutivo y convertida en una función más de dicho poder. Quizás todo esto se explique porque usted no conoce los innumerables procesos que configuran “falsos positivos judiciales” a lo largo y ancho del país; quizás tampoco conozca los enormes sufrimientos de las familias de aquellos millares y millares de ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad sin tener medios para defenderse ni para que sus familias subsistan, estigmatizados criminalmente por todos los medios de comunicación llamados “democráticos”, sin que siquiera, al ser reconocida su inocencia luego de meses o años de prisión injusta, se les reparen los daños sufridos en todos los órdenes y sin que los funcionarios que cometieron esas atrocidades sean sancionados o separados de sus cargos. Quizás usted desconozca también la inutilidad de las denuncias por masacres, ejecuciones, desapariciones, torturas, violaciones, destrucciones de viviendas y cultivos, asaltos a mano armada, pillajes, bombardeos indiscriminados, fumigaciones, montajes judiciales, que por millares y millares son “archivadas” en todas nuestras regiones, siguiendo el mismo libreto de buscar sólo las “pruebas” inútiles y evitar las pruebas útiles, para justificar el aparato y los salarios de los funcionarios sin que se corrija en lo más mínimo la criminalidad del Estado.

Me da la impresión de que usted conoce solamente unas pocas decenas de casos que son publicitados para legitimar el aparato, pero que porcentualmente tienen poco peso. Seguramente, en el caso de San José de Apartadó, usted tendrá la impresión, como la mayoría de los colombianos, de que “la justicia ya ha actuado”, porque el proceso por la masacre del 21 de febrero de 2005 ha producido algunas capturas de militares y paramilitares gracias a las represalias económicas gestionadas por un grupo de congresistas estadounidenses, pero quizás usted ignora que hay más de 750 crímenes de lesa humanidad perpetrados contra esa Comunidad de Paz y la población de su entorno, que permanecen en absoluta impunidad. Quizás usted también ignora que todos los agentes judiciales hasta el momento se han negado a aplicar en ese caso los parámetros del derecho internacional en la misma tipificación de las conductas.

Pero lo que me parece más preocupante de su propuesta para romper el círculo vicioso, es que se invite a los ciudadanos a colaborar con la “justicia” sin esperar a que primero la justicia purifique y corrija sus procedimientos criminales; sin que evalúe a fondo sus podredumbres y prescinda de los funcionarios que han prevaricado y envilecido una institución tan vital para cualquier sociedad. ¿No cree, Doctor García, que colaborar con esa “justicia” antes de que se purifique y corrija, equivale a avalar y legitimar sus procedimientos y a hacerse corresponsable de los crímenes de un aparato abandonado a sus inercias y rutinas comprobadamente dañinas?

Usted me dirá que el sistema tiene incorporados mecanismos de corrección y purificación, los cuales habría que activar mediante denuncias y demandas contra los funcionarios corruptos y mediante recursos a los órganos de control disciplinario. Todo eso lo hemos hecho, cosechando fracaso sobre fracaso, pues los controles disciplinarios, al menos en Urabá, son parte importante del problema. El pasado 19 de enero radiqué un derecho de petición a la s Altas Cortes del Estado para que fuera dec la rado “un estado de cosas inconstitucional” en Urabá, luego de un análisis de 13 casos que implican más expedientes, en los cuales se muestra minuciosamente el desconocimiento de la Constitución y de todas la s normas procesales. El resultado, sin embargo, es la mentable: en sus respuestas, la s Altas Cortes expresan su preocupación por la situación, pero consideran que no hay nada que hacer, pues cada una excluye de sus competencias cualquier intervención correctiva. Igual resultado hemos obtenido al acudir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que avoque la conducta delictiva del Presidente Uribe al calumniar públicamente a la Comunidad de Paz y volver añicos su reputación ante todos los medios masivos apoyándose en falsas informaciones. Inútiles fueron nuestras denuncias sobre la corrupción extrema que significó el proceso precluido contra el ex General Del Río, lográndose sólo que quien condujo tan aberrante monumento a la impunidad y a la corrupción, el Doctor Guillermo Mendoza Diago, fuera designado enseguida Vicefiscal General de la Nación. Igual suerte tuvieron nuestras denuncias sobre los prevaricatos que se acumu la ron en la Dirección Nacional de Fiscalías al negarse a investigar más de 300 crímenes de lesa humanidad contra la pob la ción de San José de Apartadó denunciados en 2003, lográndose sólo que quien acumuló prevaricato sobre prevaricato, el Dr. Luis González León, fuera designado enseguida como Director de Fiscalías de Justicia y Paz. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se cansó de solicitar la conformación de una Comisión de Evaluación de la Justicia , en los espacios de interlocución abiertos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sólo logró que el principal promotor de esta iniciativa, Luis Eduardo Guerra, fuera masacrado con su familia el 21 de febrero de 2005.

Estoy seguro de que hay malentendidos de mi parte al examinar su propuesta de ruptura del círculo vicioso, pues una persona de sus calidades jamás invitaría a legitimar semejantes podredumbres sin ningún camino abierto de corrección y purificación. Usted tendrá en mente seguramente correctivos que quizás no se nos han ocurrido a nosotros para que nuestra colaboración con la “justicia” no se convierta en una opción que desconozca y vuelva añicos todos nuestros principios éticos. Por ello quedo a la espera de sus sabias directrices.

Con sentimientos de consideración y aprecio.

 

Javier Giraldo Moreno, S. J.

¿Un mensaje, un comentario?

moderación a priori

Este foro es moderado a priori: su contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio.

¿Quién es usted?
Su mensaje

Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías.