Portada del sitio > Acciones jurídicashola > Derechos de Peticiónhola > Derecho de Petición al Ministro de Defensa Gabriel Silva Luján
  • articulo

  Derecho de Petición al Ministro de Defensa Gabriel Silva Luján

Viernes 16 de octubre de 2009, por Javier Giraldo M. , S.J.

"Tanto ensañamiento exige preguntarle, Señor Ministro, ¿qué buscan con ello las Fuerzas Armadas? ¿Acaso el cúmulo de omisiones, evasivas, silencios, tolerancias, respaldos y condescendencias con todos los actores de tan perversa e inicua persecución, no revela a las claras que existe una decisión del Ministerio de Defensa de eliminarlo física o moralmente? ¿Va a continuar el Ministerio de Defensa evadiendo explicaciones sobre el caso ante la Comunidad de Paz, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comunidad Internacional?"

Bogotá, septiembre 28 de 2009 

 

 

Dr. GABRIEL SILVA LUJÁN

Ministro de Defensa Nacional

Ministerio de Defensa

Ciudad

 

 

De toda consideración.

 

Por medio de este escrito, recurriendo al derecho constitucional de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, me permito solicitar a su despacho atender diversos requerimientos relacionados con las agresiones sufridas por los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

 

En primer lugar quiero transmitirle las peticiones elevadas por los participantes en la Universidad de Verano que sesionó en Monte Cerro, municipalidad de Colos, Estado de Portugal, el pasado mes de agosto, donde 226 ciudadanos de 22 nacionalidades quisieron dirigirse a las autoridades colombianas más directamente implicadas en la situación que vive la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Provenían ellas y ellos de: Alemania, Portugal, Estados Unidos, Suiza, Israel, España, Austria, Palestina, Italia, Francia, México, Grecia, Holanda, Irlanda, Suecia, Dinamarca, India, Nueva Zelanda, Brasil, Cataluña, Inglaterra y Panamá.

 

La 4 peticiones que consideraron más urgentes dichas 226 personas y que sustentan con sus firmas son las siguientes: 1) Poner fin a la persecución que el Gobierno colombiano mantiene activa desde hace años contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y que se mide en numerosos asesinatos, desapariciones, torturas, encarcelamientos injustos, desplazamientos forzados, amenazas y destrucción de sus bienes. 2) Rectificar públicamente, por los medios masivos de información, las falsas informaciones que han sido difundidas en diversas campañas de difamación impulsadas por el Gobierno colombiano en los últimos 12 años, y particularmente la dirigida por el Ejército Nacional en los últimos meses, al utilizar a un desertor de la guerrilla para difundir numerosas falsedades sobre la Comunidad de Paz, atacando a sus líderes y acompañantes; afirmando que la Comunidad es una fachada de la guerrilla; refiriéndose a enormes ayudas económicas que la Comunidad nunca ha recibido y presentando la experiencia comunitaria como si fuera un campo de concentración, sin que el Gobierno ni los medios masivos hayan atendido las respuestas minuciosas dadas a todas esas falsedades por la Comunidad de Paz. 3) Permitir a los integrantes de la Comunidad de Paz conocer todos los documentos que se han elaborado en su contra a través de espionajes ilegales, acatando lo preceptuado por el Artículo 15 de la Constitución Colombiana, ya que el pasado mes de mayo la misma Fiscalía colombiana reveló que 10 personas de la Comunidad de Paz eran sometidas a espionajes ilegales, en compañía de centenares de personas de oposición al Gobierno. 4) Aceptar la creación de una Comisión de Evaluación de la Justicia, solicitada repetidas veces por la Comunidad de Paz, ya que hay evidencia de que centenares de crímenes que han sido perpetrados contra la Comunidad de Paz permanecen en absoluta impunidad.

 

En anexo que consta de 19 folios le transmito los textos originales de las peticiones, en español y en inglés, así como las firmas de todas las personas que las suscribieron.

 

En segundo lugar quiero llamar su atención sobre peticiones anteriores que recibieron respuestas provisionales de su despacho, con promesas de que el Ministerio haría los esfuerzos necesarios por esclarecer los crímenes y por sancionar a los responsables, sin que se haya tenido ninguna respuesta posterior, lo que revierte en la continuidad de los riesgos enormes que corren las víctimas.

 

  • El 1° de octubre de 2007 fue presentado un Derecho de Petición al Ministerio de Defensa, en relación con lo ocurrido en la Escuela de Cadetes José María Córdova contra EDUAR LANCHERO, acompañante de la Comunidad de Paz, al presentarlo ante los estudiantes de la Escuela como “un guerrillero al que hay que asesinar” y sus escritos y los de la Comunidad de Paz como objetos de estudio para entender “cómo piensa un guerrillero”. Dicho Derecho de Petición sólo fue objeto de respuestas formales y dilatorias que no han abordado en profundidad en problema. En efecto, el 12 de octubre de 2007, el Ministerio de Defensa, mediante Oficio 68141/MDD-HH-725, prometió avocar el caso e informar en el plazo de dos meses. El 10 de diciembre de 2007 el Ministerio nos remitió una respuesta del Director de la Escuela de Cadetes, en la cual niega todos los hechos de manera bastante irracional y promete abrir una indagación preliminar disciplinaria. El 24 de marzo de 2008 el suscrito es citado por el Mayor Marino Valencia, de la misma Escuela de Cadetes, como “funcionario de instrucción” para rendir declaración. El 7 de abril de 2008 el suscrito le responde al Ministro denunciando las irregularidades investigativas que implican que la institución se investigue a sí misma y citando a personas que no estuvieron implicadas en el caso. En esa misma denuncia se le hace saber al Ministro que se han producido nuevas amenazas contra Eduar Lanchero y además contra Jesús Emilio Tuberquia, Representante Legal de la Comunidad de Paz, y contra Reinaldo Areiza, otro miembro de la Comunidad. Sin embargo, el 18 de abril de 2008, el Mayor Valencia envía una nueva citación a declarar, la cual es respondida el 22 de mayo señalándole las irregularidades de base que en ello están implicadas. El 8 de mayo de 2008, el Inspector General del Ejército respondió (Oficio 4410 MD-CEIGE-DDHH-DIH) que, “por competencia” le remitía el caso al Comando de la Séptima División. El 12 de mayo de 2008, el Jefe del Estado Mayor de la Séptima División (Oficio 32241/CCON1-DIV07-CJ-DH-ASJ-22,1), respondió a su vez que “por competencia” remitía el caso al Comando de la Decimoséptima Brigada. El 20 de mayo de 2008, el Comandante de la Decimoséptima Brigada (Oficio 11400/MDN-FFMM-CE-DIV07-BR17-DH-22,1) respondió con su tradicional rutina de negar todos los hechos, afirmando que “por parte del Comando de esta Unidad Operativa Menor no se ha concebido e implementado un plan para ejecutar actos criminales en contra de los señores Eduar Lanchero, Jesús Emilio Tuberquia, Reinaldo Areiza o cualquier otro representante, dirigente, acompañante o miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de las personas que les prestan servicios”. Este alto oficial incluso se atrevió a negar, en el citado oficio, que la Brigada empleara grupos auxiliares paramilitares, mientras la población entera los ve patrullando juntos con los militares, y negaba también que un alto oficial de la Brigada le hubiera manifestado, en la última semana de marzo de 2008, a acompañantes internacionales de la Comunidad, que había sido un error no detener a Eduar Lanchero ya que éste era un guerrillero. Mientras se producía tal cadena de dilaciones, remisiones, evasivas y negaciones de la realidad, Eduar Lanchero ha sido sometido a una secuencia de agresiones que vale la pena mostrar en su conjunto para que se vea la perversidad extrema de la persecución que se adelanta contra él:

 

Ya el 24 de mayo de 1998 un grupo de militares de la Brigada XVII prometió descuartizarlo, de la misma manera que descuartizaron una vaca que se robaron y mataron a bala ese mismo día.

El 2 de diciembre de 2002, Eduar fue detenido arbitrariamente, junto con Luis Eduardo Guerra (masacrado el 21 de febrero de 2005) y otros miembros de la Comunidad de Paz, por la Policía de Carreteras, en cercanías de Tunja, siendo despojado de su celular, de sus documentos y carpetas de trabajo. Lo que enfureció a los agentes de inteligencia que lo interrogaron con extrema grosería aquel día, fue encontrar en sus papeles documentos relativos a los derechos humanos y actas de reuniones en la Cancillería sobre las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmando los miembros de la fuerza pública que los grupos de derechos humanos eran los que tenían tan mal a Colombia. 

En febrero de 2003, las víctimas del montaje que preparó la Brigada XVII, al colocar una caja de explosivos en el vehículo en que viajarían miembros del Consejo de la Comunidad de Paz, fueron todos interrogados sobre el paradero y las actividades de Eduar.

En agosto de 2007, gracias a la deserción de un cadete de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, de Bogotá, se supo que el Capitán NELSON GUTIÉRREZ MARIÑO les mostraba a sus alumnos un video de montajes donde aparecía Eduar, invitándolos a memorizar su imagen como la de alguien a quien había que eliminar pronto. A un cadete de dicha Escuela lo utilizó el mismo Capitán para conseguir documentos de Eduar sobre la Comunidad de Paz, con el fin de que sus alumnos aprendieran “cómo piensa un guerrillero”.

A finales de 2007, los paramilitares domiciliados en la Brigada XVII enviaron numerosos mensajes a la Comunidad de Paz, anunciando que iban a eliminar a algunos líderes, y que Eduar figuraba como cabeza de lista.

El 16 de enero de 2008 Eduar fue detenido en el caserío de San José de Apartadó por miembros de la Policía, en compañía de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, y ambos fueron sometidos a interrogatorios ilegales vedados por la Corte Constitucional. Ante la mención de la Sentencia C-1024 de la Corte, los policías manifestaron que para ellos la Corte Constitucional no tenía ningún valor y que ellos hacían allí lo que les diera la gana. Pocos días después, un alto oficial de la Brigada XVII le manifestó a una delegación internacional, que había sido un error dejar en libertad a Eduar el 16 de enero, pues él era “un guerrillero”. En esa misma semana, los paramilitares domiciliados en la Brigada XVII le manifestaron a pobladores de San José, en Apartadó, que se había perdido allí una oportunidad preciosa para matar a Eduar y que ello había sido un error de la Policía.

El 22 de febrero de 2009, hombres armados que revelaban por muchos detalles sus vínculos con el Ejército, estuvieron buscando a Eduar entre los asistentes a la ceremonia de aniversario de la masacre del 21 de febrero de 2005, en las veredas Mulatos, La Resbalosa y Chontalito, preguntando insistentemente por sus rutas de salida.

El 28 de mayo de 2009, el guerrillero desertor de las FARC, alias “SAMIR”, quien había estado ya más de 6 mese domiciliado ilegalmente en la Brigada XVII donde en el pasado se habían elaborado numerosos montajes contra la Comunidad de Paz, en un entrevista dirigida y manipulada por el ex Ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos, transmitida por la cadena radial “Super”, lanzó numerosas calumnias contra Eduar, presentándolo como un miembro del Partido Comunista que provenía de la Universidad Nacional, que habría llegado a San José de Apartadó en estrecha coordinación con comandantes de las FARC cuyo programa estratégico dominaba y le habría dado orientaciones al mismo “Samir” en su papel de comandante de la Compañía “Otoniel Álvarez” del Frente V de las FARC. Es difícil encontrar tantas mentiras juntas y de tal magnitud: ni Eduar estuvo nunca en la Universidad Nacional; ni militó jamás en el Partido Comunista; ni compartió jamás plan alguno de las FARC toda vez que colaboró en la elaboración del proyecto de Comunidad de Paz que implica negativa a cualquier colaboración con actores armados; nunca ha sido miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz; y sus encuentros con alias “Samir” fueron tan conflictivos, que el mismo “Samir” lo trató repetidas veces de “paramilitar” y quiso siempre asesinarlo. Pero las calumnias proferidas por alias “Samir” tienen el sello inconfundible de las que se han preparado durante doce años en la Brigada XVII, siempre con intenciones de exterminar, vía militar, paramilitar o judicial, a la Comunidad de Paz.

No queda, pues, ninguna duda, de que existe un plan de vieja data de asesinar a Eduar, compartido por diversas instituciones del Estado y las huestes del Para Estado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la gestión de las Medidas Provisionales que benefician a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, requirió al Gobierno de Colombia el 10 de octubre de 2007, mediante el Oficio CDH-S/1981, para que entregara explicaciones sobre la persecución contra Eduar Lanchero y luego contra Jesús Emilio Tuberquia y Reinaldo Areiza. No obstante haberle dado la Corte un último plazo hasta el 10 de mayo de 2008 para que diera explicaciones sobre esta persecución, el Gobierno colombiano desconoció estos requerimientos, lo cual reviste mayor gravedad si se tiene en cuenta que la persecución contra estas tres personas se ha intensificado de manera alarmante en los últimos meses.

 

Tanto ensañamiento exige preguntarle, Señor Ministro, ¿qué buscan con ello las Fuerzas Armadas? ¿Acaso el cúmulo de omisiones, evasivas, silencios, tolerancias, respaldos y condescendencias con todos los actores de tan perversa e inicua persecución, no revela a las claras que existe una decisión del Ministerio de Defensa de eliminarlo física o moralmente? ¿Va a continuar el Ministerio de Defensa evadiendo explicaciones sobre el caso ante la Comunidad de Paz, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comunidad Internacional?

 

· Otra solicitud apremiante que el Gobierno colombiano se ha negado a responderle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la relativa al plan revelado por el paramilitar Elkin Tuberquia [de quien se ha comprobado por múltiples hechos contundentes que trabaja con la Brigada XVII y fue buscado por la misma Vicepresidencia de la República en marzo de 2005 para entregarle al Cuerpo Diplomático versiones falsas sobre la masacre del 21 de febrero de 2005] para asesinar a 7 pobladores ampliamente conocidos en San José de Apartadó. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (REF.: CDH-S/470) exigió al Gobierno que presentara observaciones sobre este hecho a más tardar el 22 de marzo de 2007, lo cual el Gobierno nunca hizo. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos humanos se pronunció el 22 de marzo de 2007 y afirmó: “corresponde enfatizar la obligación del Estado de respetar los derechos protegidos en la Convención Americana y adoptar las medidas necesarias para asegurar su plena vigencia mediante la protección del derecho a la vida de los habitantes de la zona y el debido esclarecimiento judicial de cualquier acto que atente en contra o amenace la vigencia de dicho derecho”. El Gobierno de Colombia no se pronunció al respecto, ni dio explicación alguna en sus siguientes informes [Información adicional al 25° informe: marzo 26 de 2007; vigésimo sexto informe: 13 de junio de 2007; vigésimo séptimo informe –registrado como 26°-: 29 de octubre de 2007; vigésimo octavo informe: 30 de mayo de 2008]. Lo más preocupante de este caso es que a muy pocos días de que la Corte solicitara explicaciones al Gobierno colombiano, el 13 de abril de 2007, cuatro de los sentenciados a muerte aparecieron privados de su libertad y vinculados a un proceso penal (Rad: 1.029.235 - Fiscal 51 Especializada de Medellín) acusados de múltiples delitos. A este mismo proceso ya habían sido vinculados otros campesinos de San José de Apartadó y se había comprobado que los agentes de inteligencia militar que confeccionaron todas las acusaciones y “pruebas” que obraban en dicho expediente, habían comprado testimonios falsos hasta por cinco millones de pesos, lo cual fue denunciado y puede verificarse mediante piezas del mismo expediente. Para acusar a estos últimos que estaban en la lista del Ejército para matar, recurrieron al paramilitar Apolinar Guerra, a quien le pidieron “ampliar su indagatoria” y él aceptó hacer cargos sin fechas, sin nombres, sin circunstancias, sin prueba alguna, contra varias de las víctimas, cargos que la Fiscal Mejía Muñetón, en un acto absolutamente contrario a la ley, aceptó como base para librar órdenes de captura. Las víctimas aún permanecen privadas de la libertad y su proceso evidencia que el poder ejecutivo ha usurpado, a todas luces, el poder judicial, en casos que afectan a pobladores de San José de Apartadó, manipulándolos con procedimientos contrarios a toda la normatividad jurídica, así quienes figuren como responsables de los procesos exhiban la etiqueta de “fiscales” o “jueces”. Las retractaciones de los mismos falsos testigos, quienes halagados por el dinero de los sobornos militares, habían aceptado acusar a quienes estaban sentenciados a muerte por la Brigada, dejan en completa evidencia, no sólo el montaje tan infame de que fueron víctimas los campesinos, sino la corrupción tan profunda de un poder judicial que de hecho está usurpado por la Brigada XVII.

· En el último período, la Brigada XVII ha perpetrado varias ejecuciones extrajudiciales que siguen al pié de la letra el libreto de los falsos positivos. En nombre de la Comunidad de Paz y en cuanto representante suyo ante la Corte Interamericana de derechos Humanos y otros órganos internacionales, solicité oportunamente al Ministerio de Defensa las explicaciones pertinentes, como también lo hizo la Corte Interamericana de derechos Humanos. Tampoco en estos casos el Gobierno ha respondido a los requerimientos de la Corte y ha omitido o evadido toda explicación a dicho tribunal. A nivel interno, el Oficio 14611/MDD-HH-725 del 4 de marzo de 2008, dirigido por el CORONEL JUAN CARLOS GÓMEZ, Director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, a la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo, incluía 3 anexos de la Inspección General del Ejército, en los cuales se adoptaban versiones completamente falsas sobre las últimas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en San José de Apartadó.

Así, la ejecución de ALFONSO DE JESÚS BEDOYA FLOREZ, joven de la vereda La Miranda, perpetrada el 1 de septiembre de 2007 luego de desaparecerlo y torturarlo, es reportada como muerte en combate dentro de la “Misión Táctica Afrodita” realizada por el Batallón Voltígeros, afirmando que “se presentó un cruce de disparos con bandidos de las FARC … dando como resultado un bandido muerto con su respectiva arma larga”. Sin embargo, la Procuraduría ya elevó pliegos de cargos a miembros de la Brigada XVII por este crimen de ejecución extrajudicial.

La ejecución de JUAN JAVIER MANCO MOLINA, perpetrada el 14 de diciembre de 2007 en la vereda La Balsa por el Batallón Voltígeros en su “Misión Táctica Dionisio”, mientras se dirigía a San José a recoger unos cerdos que un amigo suyo había comprado y le pidió a él recibirlos, es presentada como muerte en combate, afirmando que “se vio venir un sujeto, se le grita alto¡ y éste responde con fuego, reaccionando nosotros al ataque armado”. A nuestro entender, la misma Fiscalía local descartó los elementos del montaje y ni siquiera inventarió el arma inservible que le pusieron al cadáver, luego de que los primeros testigos hubieran comprobado que donde los militares pusieron el arma, había un portacomidas que su esposa le había preparado para el viaje.

Le ejecución de Doña MARGARITA GIRALDO ÚSUGA, perpetrada el 23 de diciembre de 2007 en la vereda Arenas Bajas por el Batallón Vélez en su “Misión Táctica Derrotador-254”, mientras se hallaba en el yucal de su propiedad recogiendo unas yucas, es presentada también como muerte en combate, afirmando que “se sostuvo combate armado con terroristas de la Compañía ALCONIDES SERNA del Frente 58 FARC. Duración de combate entre 10 y 15 minutos. Terminado este sea realizó registro por medio del cual encontramos a un hombre de piel morena sin identificar (…) Posteriormente se efectúa otro registro en profundidad y encontramos otro cuerpo sin vida de sexo femenino sin identificar, quien portaba un arma larga Fusil AK 5.56 mm..”.  También en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió explicaciones al Gobierno colombiano y le puso como plazo para darlas, la audiencia pública a celebrarse el 4 de febrero de 2008” (Ref: CDH-S/117). Sin embargo, el representante del Gobierno en dicha audiencia, fuera de repetir las calumnias con que los militares pretendieron justificar el horrendo crimen, no dio ninguna explicación compatible con las pruebas fotográficas que la Comunidad de Paz le había hecho llegar al Ministro de Defensa, ni explicó en absoluto las amenazas de muerte de que fue objeto la familia de la víctima el 6 de enero de 2008, por parte de miembros del Ejército, quienes les anunciaron que si no declaraban que ella era una guerrillera, los iban a asesinar a todos, conminándolos al tiempo a abandonar la región. Tampoco se informó sobre medida alguna que el Gobierno nacional estuviera tomando para impedir la ejecución del plan criminal contra dicha familia. Tampoco en informes posteriores, el Gobierno da explicación alguna sobre este horrendo caso a la Corte Interamericana.

Para quienes vivimos esos crímenes en cercanía de sus familiares y dolientes e hicimos esfuerzos por investigar lo que había ocurrido antes de denunciarlo con firmeza, este cúmulo de falsedades oficiales con que se quiere cubrir tales “falsos positivos” es demasiado indignante.

En un oficio anterior (1714/MD-EJC-DIV07-BR17-DH) fechado el 13 de marzo de 2007, el Segundo Comandante de la Brigada XVII y Jefe del Estado Mayor, Coronel JORGE ARTURO SALGADO RESTREPO, se refirió a la ejecución de EDILBERTO VÁSQUEZ [12.01.06] coordinador de la Zona Humanitaria de Arenas Altas, y a la de ARLÉN RODRIGO SALAS DAVID (17.11.05], anterior coordinador de la misma Zona Humanitaria, como “muertes en combate”. Las denuncias y detalles entregados por la Comunidad de Paz a los organismos internacionales fueron contundentes para demostrar que se trataba de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército, pero estos montajes los inscriben dentro de los “falsos positivos” que causan una profunda indignación e ilegitiman profundamente a un Gobierno que actúa con falsedades tan atrevidas. El mismo Comandante de la Brigada XVII, General JORGE RODRÍGUEZ CLAVIJO, en oficio dirigido al Viceministro de Defensa el 26 de enero de 2008, repitió varias de estas falsas versiones, añadiendo otras completamente falsas sobre las ejecuciones de FRANCISCO PUERTA y de DAIRO TORRES. De hecho, en el caso de EDILBERTO VÁSQUEZ el Juzgado Segundo Penal de Apartadó dictó sentencia condenatoria el pasado 26 de marzo de 2009, condenando a 30 años de prisión a 7 militares de bajo rango de la Brigada XVII, dejando sin juzgar a sus autores intelectuales y a quienes tenían la responsabilidad de mando, pero iguales circunstancias rodearon las ejecuciones de Arlén Rodrigo, de Francisco y de Dairo y muy probablemente se llegará a condenas. Es incomprensible que el Ministerio no tome medidas para que quienes tuvieron responsabilidad de mando sean excluidos del servicio.

Si en los últimos meses el Gobierno ha querido dar una imagen de rectitud a la Comunidad Internacional destituyendo a altos oficiales responsables de “falsos positivos” en otras regiones del país, es ineludible preguntarse por qué no ha destituido a los responsables de los “falsos positivos” perpetrados en San José de Apartadó? ¿Acaso eso no revela que frente a los crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz hay una actitud diferente, permisiva, del Ministerio de Defensa y del Presidente de la República? ¿Y acaso esa permisividad no confirma, a su vez, el plan de exterminio del Gobierno contra la Comunidad de Paz? ¿Por qué permanecen en sus cargos los Generales LUIS ALFONSO ZAPATA, JORGE RODRÍGUEZ CLAVIJO, HÉCTOR EDUARDO PEÑA PORRAS y HERNÁN GIRALDO? ¿Acaso no les incumbe responsabilidad de mando en todos estos “falsos positivos”.

· Otra petición al Ministerio de Defensa que no ha tenido una respuesta pertinente y responsable, fue la elevada el 16 de diciembre de 2008, en la cual se denunciaba el saqueo a que han venido siendo sometidas las viviendas de los desplazados de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que quedaron clausuradas en el caserío de San José de Apartadó, un espacio tan reducido y tan intensamente militarizado, donde se ha saqueado los bienes de los desplazados, infringiendo los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos sancionados por las Naciones Unidas. Solicité se indemnizara a las familias de Doña Ofelia David, de Doña María Isabel Osorio y de Don Elías Úsuga por los robos sufridos. Sin embargo, en su respuesta del 15 de enero de 2009, el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, afirma que deben mediar procesos contenciosos para que las víctimas puedan ser indemnizadas. Aquí el Ministerio de Defensa comete una injusticia mayúscula, pues se trata de familias demasiado pobres, obligadas además a un desplazamiento forzado por una política criminal del Estado que desconoció los principios legítimos de una Comunidad de Paz, y además de despojarlos de esa manera violenta de su bienes de subsistencia, encima les roba sus bienes guardados y por añadidura les exige costear abogados para reclamar sus bienes. ¿De dónde van a sacar dinero para contratar un abogado, luego de haber sido despojados de todo por el mismo Estado? ¿No le parece, Señor Ministro, una injusticia monstruosa? Le suplico, Señor Ministro, subsanar tal monstruosidad a la mayor brevedad posible.

· Hechos similares de saqueo de bienes, que tienen la gravedad adicional de ocurrir con posterioridad al Derecho de Petición interpuesto en diciembre de 2008, fueron los ocurridos en febrero y en marzo de 2009 en la vereda La Resbalosa, cuando miembros de la Brigada XVII del Ejército ingresaron ilegal y violentamente a viviendas de miembros de la Comunidad de Paz, robaron sus provisiones alimenticias y dañaron sus cultivos:

El 23 de febrero de 2009 tropas del Ejército ingresaron ilegalmente a la vivienda de Don ARÓN DAVID, en la vereda La Resbalosa, y dañaron o tomaron para sí 200 palos de yuca, 60 kilos de fríjol, 200 matas de caña de azúcar y robaron un hacha, una rubla, un cuchillo y una cacerola de cocinar. Si se tiene en cuenta que cada palo de yuca contiene en promedio 14 kilos, los cuales se venden a $ 900,oo el kilo, el robo en ese rubro equivale a $ 2.520.000,oo (dos millones quinientos veinte mil pesos). Si se tiene en cuenta que el kilo de fríjol costaba en el momento $ 5.000,oo (cinco mil pesos), el robo en ese rubro equivale a $ 300.000,oo (trescientos mil pesos). Si se tiene en cuenta que la mata de caña estaba produciendo en el momento $ 1.000,oo cada una (mil pesos), el robo en ese rubro fue de # 200.000,oo (doscientos mil pesos). Calculándose el valor de las herramientas robadas en $ 60.000,oo (sesenta mil pesos), el total del daño material causado a Don Arón fue de $ 3.080.000,oo (tres millones ochenta mil pesos). El daño moral también fue significativo y los responsables deben ser sancionados por toda la ilegalidad y violencia delictiva de sus actuaciones.

Entre el 7 y 13 de marzo de 2009, el Ejército hizo presencia nuevamente en la vereda La Resbalosa. Allí destruyeron varias cosechas; entraron a las casas y se llevaron la comida que tenían las familias; amenazaron a la profesora de la Comunidad que trabaja allí y a varias familias les dijeron que eran “guerrilleros” y que los iban a matar. A cinco familias del asentamiento de la Comunidad de Paz en La Resbalosa les destruyeron sus cultivos de alimentos, representados en hectáreas de plátano y yuca, habiéndose calculado lo destruido y lo robado en $ 9.395.000,oo (Nueve millones trescientos noventa y cinco mil pesos). A Don MARCOS PARRA le destruyeron media hectárea de plátano. Si se tiene en cuenta que la rosada de media hectárea implica el pago de 15 jornales; que la siembra de la misma extensión implica 12 jornales y la limpiada del terreno hasta la producción implica 35 jornales, y que cada jornal costaba en ese momento $ 16.000,oo (dieciséis mil pesos), la pérdida en sólo jornales equivale a $ 992.000,oo (novecientos noventa y dos mil pesos), a lo cual hay que sumarle la pérdida del producto mismo que se calculaba en 200 kilos semanales avaluados en $ 320.000,oo (trescientos veinte mil pesos), llegando a ser la pérdida mínima de $ 1.312.000,oo (un millón trescientos doce mil pesos). A Don ARNOLDO VALDERRAMA le destruyeron 1000 palos de yuca. Si se calcula que en la rosada invirtió 15 jornales, en la siembra 12 jornales y en la limpiada 25 jornales, en sólo jornales el daño se calcula en $ 832.000,oo (ochocientos treinta y dos mil pesos), debiendo sumársele la producción, calculada en 20 cargas de yuca ó 2.800 kilos, cada uno de los cuales se vendía en el momento a $ 1.200,oo (mil doscientos pesos), lo cual equivale a una pérdida en venta de $ 3.360.000,oo (tres millones trescientos sesenta mil pesos) y a una pérdida total de $ 4.242.000,oo (cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil pesos). A Don ARÓN DAVID nuevamente le destruyeron una hectárea de plátano y 500 palos de yuca, equivalente la pérdida en la media hectárea de plátano a $ 1.320.000,oo (un millón trescientos veinte mil pesos) y en los 500 palos de yuca a $ 2.121.000 (dos millones ciento veinte y un mil pesos), lo que suma una pérdida total de $ 3.441.000,oo (tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil pesos). A Don LUIS GRACIANO los soldados le robaron un mercado que tenía en su cocina, avaluado en $ 150.000,oo (ciento cincuenta mil pesos) y a Don JULIO GUISAO un mercado avaluado en $ 250.000,oo (doscientos cincuenta mil pesos). Las pérdidas de las cinco familias damnificadas en la semana del 7 al 23 de marzo en la vereda La Resbalosa, por hurto o destrucción de cosechas perpetradas por los integrantes del Ejército, asciende, pues, a $ 9.395.000,oo (nueve millones, trescientos noventa y cinco mil pesos).

Le solicito encarecidamente, Señor Ministro, reparar lo más rápidamente estos daños. Se trata de familias sumamente pobres que han hecho grandes esfuerzos por retornar a las tierras de las cuales las había desplazado violenta y criminalmente el Estado, habiendo trabajado muy duramente para volver a poner a producir sus parcelas. Es imperativo que el Ejército renuncie a continuar perpetrando crímenes tan repudiables; que los culpables sean excluidos de cualquier servicio público en adelante y que el Ejército repare cuanto antes los daños causados.

· Otra petición que me permito hacerle, Señor Ministro, es la de revisar el comportamiento del Ministerio de Defensa en el cumplimiento de las obligaciones que le impuso la Corte Constitucional en su Sentencia T-1025/07, que incluían el envío de un informe quincenal, dirigido al Defensor Nacional del Pueblo, en el cual se dé cuenta de las medidas tomadas para proteger la vida y los derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de las personas que les prestan algún servicio. El Ministerio de Defensa, desde mediados de 2008, ha estado enviando textos formales casi idénticos cada quince días, en los cuales se limita a repetir que realiza “misiones tácticas de control” y que imparte cursos de capacitación en derechos humanos a sus tropas, pero jamás da razón de los crímenes que continúa cometiendo en el área, ni de su apoyo a las enormes huestes paramilitares que recorren la zona, ni explica por qué sus efectivos continúan anunciando masacres y el exterminio de la Comunidad de Paz. El papel de la Defensoría del Pueblo ha sido excesivamente pasivo, reducido a un rol de agente de correos: recibiendo y remitiendo oficios de una parte a otra, pero sin realizar evaluaciones de fondo sobre el proceso y sin tomar partido frente a lo que sucede en la zona. Su único aporte fue el Informe de Riesgo No. 003 de 2009, el cual fue objeto de un ataque virulento por parte de la fuerza pública para evitar que se convirtiera en una “Alerta Temprana”. La Corte Constitucional no ha realizado ningún seguimiento de esta deplorable situación, y aunque le hemos suplicado a la Defensoría del Pueblo que solicite a la Corte una urgente audiencia de seguimiento, no se ha querido hacer. Sobre las operaciones militares que el Ejército realiza en la zona donde se encuentran los asentamientos de la Comunidad de Paz, siempre hemos sostenido que dichos operativos no son de protección sino de agresión y que la Comunidad no se siente protegida cuando se realizan esos operativos sino que cuando se percibe la movilización de tropas, más bien se renueva el terror que ha acompañado al campesinado durante estos doce años, pues se teme que vengan nuevas masacres, desapariciones, torturas, violaciones sexuales, pillajes, robos, bombardeos, destrucción de cultivos y de viviendas, montajes judiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, amenazas, anuncios de exterminio, apoyo a los paramilitares, etc., prácticas que han caracterizado el paso de las tropas oficiales durante más de una década. Y desafortunadamente así continúa siendo, como puede observarse en la cronología de agresiones que se coloca más adelante. Esas “misiones tácticas” que eufemísticamente se califican en los informes como “actividades de vigilancia y control”, como teóricamente orientadas a la protección de la Comunidad de Paz, en la práctica han servido para que las tropas realicen crímenes de tortura, como lo hicieron el pasado 20 de julio con uno de los líderes de la Comunidad en la vereda La Resbalosa, ensañándose contra JULIO GUISAO, coordinador de dicho asentamiento, quien ya sufría desde hace años limitaciones físicas como secuelas de otra agresión anterior; o como lo hicieron el pasado 14 de marzo al querer violar a LUZ TATIANA PUERTA y torturar a ISAAC TORRES; o como lo hicieron el 13 de marzo al destruir los cultivos de las familias de La Resbalosa. Entre tanto, como puede verse en la cronología, las tropas han ido anunciando numerosas veces el próximo exterminio de la Comunidad de Paz, discurso que concuerda y se identifica con el de las numerosas huestes paramilitares que recorren la zona. Los Consejos de Seguridad que se han realizado en la zona, desafortunadamente no han tenido por objetivo examinar de manera imparcial y objetiva la situación de riesgo de la Comunidad de Paz, sino, por el contrario, se han propuesto desvirtuar las denuncias que hace la Comunidad y tratar de legitimar las agresiones de las instituciones del Estado. Es sintomático que en el Consejo de Seguridad de febrero de 2009, tanto los delegados de la fuerza pública como de la Alcaldía, hayan arremetido de manera tan virulenta contra el Informe de Riesgo elaborado por la Defensoría del Pueblo, texto que para la Comunidad de Paz reflejaba objetivamente lo que estaba ocurriendo. En el “Consejo de Seguridad” del mes de enero, en lugar de analizar objetivamente el atentado de que fue víctima el Representante Legal de la Comunidad de Paz el 1° de noviembre de 2008, se estudió la manera de desviar las investigaciones para que el atentado no pudiera ser atribuido a los paramilitares que durante años han actuado bajo la dirección de la Brigada y de la Policía, a pesar de que el atentado fue anunciado repetidas veces por dichos actores y el libreto y las expresiones del mismo delataban su autoría. Esto evidencia lo sesgados que son dichos “Consejos de Seguridad”, que no se pueden considerar como mecanismo de protección de la Comunidad sino todo lo contrario.

· Otra petición apremiante que le dirijo, Señor Ministro, tiene que ver con el intenso accionar de los grupos paramilitares en la zona y el amplio respaldo, protección, colaboración y apoyo que les brinda la fuerza pública. Dichos grupos han continuado perpetrando crímenes contra la Comunidad de Paz y contra el campesinado del entorno, gracias a dicho respaldo, apoyo y protección. El principal asentamiento y base lo tienen en el poblado de NUEVO ANTIOQUIA, donde hay intensa presencia de Ejército y Policía. En vano le hemos suplicado al Presidente Uribe que intervenga en la línea de mando para erradicar ese foco de crímenes permanentes, pero nunca hemos sido escuchados. Es evidente que el Presidente Uribe carga con la responsabilidad de mando de los ya numerosísimos crímenes perpetrados por las estructuras paramilitares que allí tienen asiento, pues no una sino multitud de veces le hemos hecho la relación de los horrores que allí se cometen y le hemos suplicado de manera encarecida y apremiante que intervenga en la línea de mando y destituya y sancione a los comandantes. Al no hacerlo, durante tantos años, no obstante las reiteradas y apremiantes peticiones, él ha asumido ante la comunidad internacional la responsabilidad de esos crímenes y tendrá que responder un día penalmente ante tribunales internacionales por haber patrocinado con su aquiescencia y asentimiento tantos crímenes de lesa humanidad. En las últimas semanas, como se describe en la cronología de más adelante, los paramilitares han demostrado hasta la saciedad que cuentan con el apoyo de las unidades de Ejército y Policía acantonados en NUEVO ANTIOQUIA, y se pasean en grupos numerosos, uniformados y armados, con brazaletes de “AUC”, de “ACCU” o de “Autodefensas Gaitanistas”, por las veredas de La Esperanza, Playa Larga, Rodoxalí, La Hoz, La Resbalosa, Mulatos, El Porvenir, Sabaleta y Las Flores. Unidades de la OEA y diversos observadores internacionales ha comprobado en vivo y en directo la presencia de dichos criminales en la zona y la protección de que gozan por parte de la fuerza pública en Nuevo Antioquia. A su responsabilidad revertirán también, Señor Ministro, los crímenes que continúen cometiendo. Le vuelvo a suplicar que acate la Constitución en esa materia y que quede constancia histórica de que usted conocía esa ignominia.

Dado que el accionar conjunto de militares y paramilitares no ha cesa de causar sufrimientos a los integrantes de la Comunidad de Paz y a la población campesina del entorno, le transcribo la cronología de denuncias que las comunidades de víctimas han ido transmitiendo, limitándome a los hechos correspondientes al año en curso:

 

El sábado 17 de enero de 2009, REINALDO AREIZA, miembro de la Comunidad de Paz, recibió una llamada telefónica de Wilfer Higuita, un joven que habitaba antes en la vereda La Unión, quien le dijo que sabía que varios de los líderes y acompañantes de la Comunidad de Paz tenían problemas muy serios con la Fiscalia, pero que había una persona que podría ayudarles a solucionar esos problemas. Reinaldo le respondió que él no tenía ningún problema con la Ficalia y que por lo tanto no necesitaba hablar con nadie. Menos de cinco minutos después, Reinaldo recibió una llamada del celular No. 312-7206117, de alguien que se identificó como un Coronel de la Brigada XVII, quien le dijo que quería conversar con él sobre problemas de la Comunidad. Como Reinaldo le respondió que no tenía nada que hablar con ellos y que la Comunidad no tenía problemas judiciales, el Coronel le manifestó que buscaban su ayuda para destruir la Comunidad de Paz, para lo cual le ofrecerían mucho dinero. También le pidió ayuda para la entrega de dos guerrilleras que querían entregarse al Ejército, ofreciéndole dos millones de pesos por cada gestión. Frente a la solicitud de encontrarse para concretar las ofertas, Reinaldo se negó rotundamente a cualquier concertación.

 

 

 Durante los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, miembros y acompañantes de la Comunidad de Paz recibieron muchos mensajes de alerta por parte de personas que tienen contactos con funcionarios del Estado, a nivel local, departamental y nacional, quienes afirmaron que a raíz de la entrega del guerrillero alias "SAMIR", quien fuera comandante de una compañía del Quinto Frente de las FARC que ha operado en cercanías de San José de Apartadó, la Brigada XVII, en unidad de acción con la Fiscalia, preparaba montajes de grandes proporciones contra líderes de la Comunidad de Paz y contra varios de sus acompañantes. El hecho mismo de que la entrega de alias "SAMIR" se hubiera mantenido en secreto por parte de todos los medios de información durante varios meses, mientras dicho desmovilizado era mantenido ilegalmente en las instalaciones de la Brigada XVII en preparación del montaje, respondía al plan de utilizarlo como "testigo" contra la Comunidad de Paz. Pero esta no era la primera vez que el Ejército, en unidad de acción con la Fiscalia,trataba de confeccionar montajes partiendo de "testimonios" de desmovilizados de la guerrilla o de las milicias de la zona. Sobre todo a partir de la política de "desmovilizaciones" del actual gobierno, la Brigada XVII comenzó a transformar el plan de exterminio de la Comunidad de Paz mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, masacres, bombardeos y desplazamientos masivos, por procesos judiciales amañados, para lo cual ha venido ejerciendo un control riguroso de la administración de justicia en la región, usurpando las atribuciones del poder judicial.

 

En los primeros meses de 2009, REINALDO AREIZA, quien fue miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz en años anteriores continuó siendo acosado de manera insistente por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, Comandante del Batallón Voltígeros, quien le anunció que si no colaboraba en la destrucción definitiva de la Comunidad de Paz, sería judicializado como “financista del Frente 58 de las FARC” y como “traficante de droga”, para lo cual ya había conseguido “testigos”, como lo ha venido haciendo la Brigada desde hace décadas, remunerando delincuentes para lograr sus objetivos criminales. Desde que Reinaldo y la Comunidad pusieron este chantaje en conocimiento de muchas autoridades y de la comunidad internacional, miembros del Ejército y paramilitares han buscado a Reinaldo desesperadamente por la zona y le han manifestado su enorme enojo por haber denunciado el chantaje. No se trata de tácticas nuevas ni aisladas del Ejército: en esos mismos días los militares acantonados en zona rural de Dabeiba estaban acosando a una joven campesina, anunciándole que si se negaba a acostarse con ellos la iban a judicializar como “guerrillera” o “miliciana”. También en 2003 chantajearon de igual manera a otro joven de la Comunidad de Paz, diciéndole que si no declaraba en la Fiscalia que todos los líderes de la Comunidad de Paz eran guerrilleros, lo iban a judicializar a él como “miliciano”, para lo cual le mostraron una “lista” elaborada por ellos mismos y le aseguraron que ya tenían “testigos” para acusarlo. Numerosos casos similares han sido denunciados sin que las autoridades hagan algo para sancionar a quienes así proceden. El Coronel Rojas continúa, sin embargo, en su puesto.

 

El martes 17 de febrero de 2009, hacia las 3 p.m., cuatro paramilitares que se presentaron como “Águilas Negras” y que venían de Nuevo Antioquia, vestidos de civil y con armas cortas, hicieron presencia en la vereda Naín, en las viviendas de dos familias de la Comunidad de Paz. Allí estuvieron preguntando por los lugares de la comunidad y sobre cómo se mueven los líderes. Afirmaron que necesitan exterminar la comunidad como sea y conminaron a dichas familias a retirarse de la comunidad. Al no recibir respuestas de las familias amenazadas, se mostraron furiosos y se alejaron reconfirmando que acabarán con la comunidad a toda costa.

 

El domingo 22 de febrero de 2009, en la vereda Mulatos – Cabecera, hacia las 19:00 horas, hombres armados preguntaron por un acompañante de la Comunidad de Paz, insistiendo en que se les dijera dónde estaba, cómo se movilizaba y cuáles eran sus movimientos en esos días. El lunes 23 de febrero, en el filo conocido como Chontalito, varios hombres armados abordaron a los diversos grupos de personas que regresaban de las ceremonias de aniversario de la masacre del 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa, haciendo las mismas preguntas sobre el acompañante de la Comunidad de Paz. Muy cerca de la zona por donde se movilizaban dichos hombres armados, había patrullas del Ejército.

El lunes 23 de febrero de 2009, hacia las 8:30 horas, en la vereda La Resbalosa fue detenido en su propia casa, por espacio de una hora, un miembro de la Comunidad de Paz e integrante del Consejo Interno. Los militares le decían que él era un guerrillero, como lo eran todos los integrantes de esa h.p. comunidad de paz, la cual tenía que ser exterminada. Los miembros del Ejército que ocuparon su finca le dañaron los sembrados de caña y fríjol que tenía.

 

El martes 24 de febrero de 2009, hacia las 10 a.m., en la vereda Las Nieves fue detenido ilegal y arbitrariamente por el Ejército un miembro de la Comunidad de Paz que se dirigía de la vereda la Esperanza a la vereda La Unión. El Ejército le preguntó por Reinaldo Areiza, a lo cual él respondió que no sabía dónde estaba. Ellos le dijeron que Reinaldo ya se había ganado la muerte; que le iba a ocurrir lo que le ocurrió a Arturo David, pues se había puesto a “abrir la boca” cuando se le había dado la oportunidad de vivir bien. El miembro de la Comunidad les respondió que se trataba de casos distintos, pues Arturo David, quien había pertenecido a la Comunidad y se había retirado, había muerto en un combate, mientras que Reinaldo era un campesino que nada tenía que ver con grupos armados. Los militares le contestaron que en la zona todos los campesinos son guerrilleros y que así Reinaldo sea campesino, ya se ganó la muerte con ellos. Más tarde lo dejaron seguir su camino.

 

El domingo 1° de marzo de 2009 hacia las 14:00 horas, una moto con dos hombres encapuchados y con armas cortas entró y dio vueltas por todo el caserío de San José, sembrando terror entre los pobladores.

 

Los días 1°, 2 y 3 de marzo de 2009, los paramilitares realizaron retenes a la salida del poblado de Nuevo Antioquia hacia la vereda La Esperanza, vestidos de camuflado, con armas largas y con brazaletes de “Autodefensas”; hicieron requisas y le decían a la gente que estaba prohibido pasar más de $ 50.000 en alimentos.

 

El 9 y 10 de marzo de 2009 fueron repartidos en Apartado y San José de Apartadó panfletos firmados por los paramilitares con listas de personas a quienes se les advertía que tenían que irse de la zona o serían asesinadas, afirmando que iban a realizar, según ellos, una “limpieza social”.

 

Entre el 7 y 13 de marzo de 2009, el Ejército hizo presencia en la vereda La Resbalosa. Allí destruyeron varias cosechas; entraron a las casas y se llevaron la comida que tenían las familias; amenazaron a la profesora de la Comunidad que trabaja allí y a varias familias les dijeron que eran “guerrilleros” y que los iban a acabar. A cinco familias del asentamiento de la Comunidad de Paz en La Resbalosa les destruyeron sus cultivos de alimentos, representados en hectáreas de plátano y yuca, habiéndose calculado lo destruido y lo robado en $ 9.395.000,oo (Nueve millones trescientos noventa y cinco mil pesos).

 

El 14 de marzo de 2009, a las 12:00 horas, en la vereda Mulatos – Cabecera, tropas del Ejército intentaron violar a Luz Tatiana Puerta. Ella se defendió como pudo y gritó pidiendo auxilio. Al no poderla violar, la amenazaron de muerte y de judicializarla como guerrillera. Al mismo tiempo, a Isaac Torres, quien venía con ella, lo hicieron a un lado y le pasaban un machete por la mejilla diciéndole que le iban a quitar el cuero y a sacar los ojos; le decían que él era un guerrillero y lo iban a matar. Isaac les respondía que hicieran lo que quisieran. Después de tenerlo más de media hora en esa tortura psicológica, lo soltaron, lo mismo que a Luz Tatiana, advirtiéndoles que si contaban lo sucedido les iría muy mal.

 

El viernes 3 de abril de 2009 el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía rindió un informe a la Fiscalia Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (Rad: 11 001 60 00686 2009 00002), en el cual registraba numerosas acciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- consistentes en un largo espionaje contra organizaciones, grupos y personas, incluyendo altos funcionarios del Estado como magistrados de las altas cortes. Entre las 104 carpetas en que se contenían los documentos de los espionajes, en la CARPETA 33-2004, folio 157, se registran las órdenes de espionaje contra 10 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la mayoría de los cuales han sido líderes e integrantes de su Consejo Interno: Jesús Emilio Tuberquia Zapata (actual Representante Legal); Aníbal Durango, Ana (sic) [o Diana] Patricia Valderrama Taborda, María Bertilda Tuberquia Quintero, Wilson David Higuita (anterior Representante Legal), Miguel Ángel Graciano Úsuga, María Brígida González de Cartagena, Gildardo Tuberquia Úsuga, Eduar José Lanchero Jiménez (acompañante de la Comunidad) y Bernardo Antonio Sepúlveda Puerta. En el folio 40 de la misma carpeta se menciona una orden impartida por el Subdirector de Operaciones del DAS, Carlos Alberto Arzayus Guerrero, de “hacer seguimiento a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de restringir o neutralizar su accionar”. En el mismo folio 157 se ordena consultar toda fuente de información sobre los mencionados líderes de la Comunidad de Paz, tales como: bases de datos de la Registraduría; teléfonos; Cámara de Comercio; Instituto Agustín Codazzi (propiedades de tierras); organismos de inteligencia; CIFIN; Datacrédito; archivos de Catastro. En los folios 218 a 220 de la misma carpeta se registra una reunión del Grupo G-3 el 25 de julio de 2005 en la cual se ordena un espionaje de “inteligencia ofensiva” contra el P. Javier Giraldo, acompañante de la Comunidad de Paz, designando para ello a los detectives Deicy Carolina Cancino y Carlos Alberto Herrera. Hay que anotar que, según lo establece la Fiscalía, el Grupo G-3., creado dentro del DAS, era un grupo ilegal. El mismo informe registra que el teléfono celular 315 7273772 citado en varias carpetas así como el correo electrónico cdpsanjose@hotmail.com, ambos, teléfono y correo electrónico de la Comunidad de Paz, son objeto de control por parte del ilegal grupo G-3. Al conocerse este espionaje ilegal, se interpuso derecho de petición ante el actual Director del DAS, FELIPE MUÑOZ, y ante el Presidente Uribe, ya que el DAS es organismo asignado a la Presidencia de la República, pero ambos se negaron a dar aplicación al artículo 15 de la Constitución que establece que todo ciudadano tiene derecho a conocer las informaciones que se hayan recogido sobre él en bancos de datos o archivos de entidades públicas y privadas. Todo esto esclarece muchos antecedentes que han sido puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República en numerosos derechos de petición radicados en el despacho presidencial y relativos a lo vivido por la Comunidad. Se esclarece particularmente el afán de judicializar a todos sus miembros y especialmente a los miembros de su Consejo Interno, sus líderes y acompañantes, lo cual ha quedado evidente en los procesos cuyo análisis fue puesto a consideración de todas las Altas Cortes del Estado el pasado 19 de enero de 2009, donde se demuestra que hay una verdadera usurpación del poder judicial por el poder ejecutivo en Urabá, pues es la Brigada XVII del Ejército, la cual también depende de la Presidencia en cuanto el Jefe del Estado es investido por la Constitución como “comandante supremo de las fuerzas armadas” (Constitución Nacional, art. 189, 3), la que dirige y controla el ejercicio de la “justicia” en Urabá, con criterios de persecución política contra quienes piensan distinto. Se esclarecen también, de manera muy evidente, los últimos episodios de ataque a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en su patrimonio ético y político, mediante la manipulación del ex comandante de la Compañía Otoniel Álvarez del Frente 5 de las FARC, quien se entregó al Ejército en noviembre de 2008, ha permanecido ilegalmente en la Brigada XVII y ha sido utilizado para difundir las más infames calumnias contra la Comunidad de Paz por los medios masivos de de información, con la colaboración del ex Ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos.

 

El domingo 10 de mayo de 2009, en la vereda Playa Larga, hacia las 14:00 horas, cuando un grupo de pobladores de la zona, entre ellos varios integrantes de la Comunidad de Paz, jugaban un partido de fútbol, llegaron doce paramilitares con armas largas y vestidos de camuflado y se presentaron como “Autodefensas Gaitanistas”, afirmando que en el filo de Playa Larga eran más de doscientos, que estaban allí para controlar la zona; que las personas que llegaran a estar contra ellos, serían exterminadas. Después de ello se fueron. En efecto, los pobladores afirman que ven gran cantidad de paramilitares recorriendo las veredas.

 

El día sábado 23 de mayo de 2009, en la vereda El Porvenir se presentaron combates entre los paramilitares y la guerrilla, estos se dieron entre las 6:30 y las 8:00 horas. Una familia de El Porvenir quedó en medio del fuego cruzado.

 

El jueves 28 de mayo de 2009, el guerrillero desmovilizado alias “Samir”, antes comandante de la Compañía Otoniel Álvarez del V Frente de las FARC, fue entrevistado en el programa “La Hora de la Verdad”, difundido por la cadena radial “Super” dirigido por el ex Ministro del Interior del Presidente Uribe, Fernando Londoño Hoyos. En dicha entrevista hizo una serie de señalamientos contra líderes, acompañantes y el conjunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Se ensañó especialmente contra el acompañante de la Comunidad, Eduar Lanchero, contra la ex Alcaldesa de Apartadó, Dra. Gloria Cuartas, y contra otros líderes de la Comunidad de Paz. Valiéndose de relatos y datos completamente falsos, seguramente inventados por la Brigada XVII donde permaneció ilegalmente 6 meses antes de la entrevista preparando el montaje, quiso presentar a la Comunidad de Paz y a sus acompañantes y líderes como colaboradores de las FARC; como beneficiarios de inmensas ayudas financieras internacionales que estarían destinadas al desarrollo de la región pero son robadas por los líderes, y como déspotas que mantienen a los integrantes de la Comunidad de Paz en “campos de concentración”, obligados a realizar “trabajos forzados”. Ya muchas personas e incluso funcionarios del Gobierno a diversos niveles habían prevenido sobre el montaje que se preparaba, pero si bien sus declaraciones fueron burdas e imposibles de creer para quien conozca mínimamente la historia de la Comunidad de Paz, sin embargo, las grandes masas que no tienen acceso a información directa y que son manipuladas por los medios, asimilan las calumnias destrozando la honra de la Comunidad.

 

El viernes 12 de junio de 2009, hacia las 8:30 horas, el Ejército llegó a la casa de ORLANDO GUISAO, en la vereda La Resbalosa. Los militares comenzaron a insultarlo diciéndole que tenía que saber dónde estaba la guerrilla; que él era uno de ellos y que lo tenían en la mira para matarlo.

 

El domingo 14 de junio de 2009, hacia las 10 horas, un grupo de más de 100 paramilitares llegaron hasta la vereda La Esperanza, con armas largas, uniformados y portando brazaletes que decían “Autodefensas Gaitanistas”. Dijeron a las familias que estarían patrullando en la zona y que la gente tenía que acogerse a lo que ellos decían; que el que no estuviera de acuerdo, o se iba o se moría.

 

El lunes 22 de junio de 2009, hacia las 10 horas, mientras JAIRO TUBERQUIA estaba trabajando en su parcela, en la vereda La Resbalosa, llegó el Ejército y comenzó a insultarlo diciéndole que era un guerrillero y que tenía que irse si no quería que le fuera mal. Como Jairo estaba con su compañera, a ella también la insultaron y amenazaron. Les dijeron que los iban a sacar de la zona como fuera

 

El viernes 26 de junio de 2009, hacia las 6:00 horas, fue allanada la casa de JESÚS URREGO por parte del Ejército, en la vereda La Resbalosa. Los militares llegaron y entraron a su casa, sin llevar orden judicial alguna, revolcaron todos los enseres de la familia y le dijeron a Jesús que él y su familia eran guerrilleros. Les decían que mejor se fueran de la zona antes de que tuvieran que acabarlos, porque las cosas ahora sí se iban a agravar; que las cosas ya les estaban saliendo a ellos bien y que esa Comunidad de Paz no iba a durar mucho. Le dijeron que tenía que guardar silencio sobre lo ocurrido si no quería que volvieran por él y se arrepintiera de abrir la boca. Después de insultarlo un buen rato, se fueron.

 

El martes 30 de junio de 2009, a las 11:40 horas, ingresaron a San Josesito, por espacio de 45 minutos, 3 personas en trajes civiles, una mujer y dos hombres, quienes se identificaron en un primer momento como personal de la SIJIN ; luego como del CTI de la Fiscalia; más tarde, como de la “Policía Judicial”, pero no suministraron ningún nombre ni carné. Sólo dijeron que cumplían órdenes de un supuesto Fiscal PEDRO DUARTE RINCÓN. Dos miembros de la Comunidad les solicitaron que se retiraran del caserío, el cual es propiedad privada, mostrándoles la valla donde se indica de manera muy visible, al borde de la carretera, que es una PROPIEDAD PRIVADA, pero ellos, en forma airada y con agresiones verbales, manifestaron que podían estar en cualquier parte del territorio nacional y que, además, ¿quién era la comunidad para no permitirles el ingreso? Los dos miembros de la Comunidad les informaron nuevamente que no los podían atender, y mucho menos dejarlos entrar al caserío. Exigían que se les firmara unos documentos y que se presentaran algunos miembros de la Comunidad para rendir declaraciones sobre constancias públicas que la Comunidad ha dejado. Al respecto, ellos, de forma altanera y grosera y con tono airado, calificaron de “ineficaces” las denuncias de la Comunidad, diciendo que eso no tiene sentido; que para qué los ponen a trabajar si la Comunidad no va a declarar; que no hagan más denuncias públicas. Inmediatamente procedieron a fotografiar y a filmar a la gente diciendo que ellos podían tomar las fotos que quisieran y que no le temían a nadie. Amenazaron que podían traer la fuerza pública y hacer lo que les diera gana. La Comunidad ya hace tiempo que se cansó de hacer denuncias formales ante órganos de la justicia colombiana, luego de comprobar durante más de una década que no servían para nada, o solamente para que las víctimas, sus familias y los testigos fueran asesinados, amenazados u obligados a desplazarse, mientras los expedientes permanecían inactivos dejando en absoluta impunidad más de 700 crímenes de lesa humanidad. Pero lo que es peor, la Comunidad le ha presentado a todas las Altas Cortes del Estado una petición apremiante para que declare un “estado de cosas inconstitucional en Urabá” dada la podredumbre y corrupción extrema de la administración de justicia, demostrándoles minuciosamente a través de casi 20 expedientes, cómo se viola la Constitución, los códigos procesales, el Derecho Internacional, las normas del debido proceso y los principios éticos más básicos implicados en la administración de justicia. Allí están señalados, con nombres propios, los fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores que han recurrido a tan bajos procedimientos de corrupción, los cuales continúan en sus cargos y no han sido sancionados en absoluto. Colaborar con tal podredumbre es un imposible ético. Se le ha suplicado al menos, a la Fiscalía y otras autoridades del Estado, que se acepte una Comisión de Evaluación de la Justicia, pero nunca ha habido respuesta alguna.

 

 

Desde el Jueves 2 de Julio de 2009, el Ejército estuvo en la quebrada La Resbalosa realizando empadronamientos a todos los que pasaron por allí. El sábado 4 de julio humillaron al señor YONY EDILSON URREGO MORA, acusándolo de ser guerrillero y amenazándolo; a la compañera de él le ofrecieron comodidades y que se la llevaban para la ciudad si acusaba de guerrillero a su esposo (Yony Edilson). Durante la permanencia del Ejército en La Resbalosa, constantemente estuvieron preguntando quién es el que esta informando a la Comunidad de Paz sobre lo que pasa en La Resbalosa y señalando a esa o esas personas que informan de ser guerrilleros; ellos (el Ejército) estuvieron acantonados en el interior de la casa del señor Jesús Urrego.

 

El jueves 2 de julio de 2009, a las 14: 20 horas, GIRLEIDA GRACIANO, integrante de la Comunidad de Paz, y FLOR MARÍA, sobrina de un miembro de la Comunidad, quienes habitan en la vereda La Esperanza, mientras se dirigían de Nuevo Antioquia hacia la Esperanza fueron perseguidas por dos hombres de civil quienes portaban armas cortas, por espacio de 20 minutos. Luego les ordenaron esperar en un sitio hasta que llegara el jefe de ellos quien se encontraba en esos momentos en Nuevo Antioquia. Luego de hacer una llamada, prosiguieron con ellas y momentos más tarde se encontraron con paramilitares en trajes de camuflado militar y con brazaletes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, fuertemente armados, quienes se las llevaron obligadas, desviándolas del camino, hasta un filo. Allí las amenazaron y las señalaron de ser informantes de la guerrilla; las obligaron a estar allí hasta que subiera el jefe paramilitar. Más tarde los paramilitares las obligaron a que les dieran el número del celular de un miembro de la Comunidad que vive en La Esperanza. Ellas fueron retenidas bajo amenazas y señalamientos contra la Comunidad de Paz. En horas de la mañana del día siguiente, fueron puestas en libertad, advirtiéndoles que no las querían ver más por allí.

 

El viernes 3 de julio de 2009, hubo una reunión en las oficinas del Programa Presidencial para la Acción Social en Apartadó, con el objetivo de coordinar la programación de una visita inter-agencial que se estaría preparando en San José de Apartadó para el 22 de julio. Dicha visita pretendería mostrar los "cambios positivos” que ha tenido San José de Apartadó a partir de las inversiones que se han realizado allí, ocultando toda la barbarie que el Estado y sus instituciones han empleado contra la Comunidad de Paz, su plan de exterminio de la misma, sus campañas difamatorias, sus montajes judiciales, sus sobornos a los campesinos para que se retiren o se alejen de la Comunidad de Paz si quieren recibir dinero y servicios del Estado.

 

El viernes 3 de julio de 2009, hacia las 14 horas, miembros del Ejército llegaron a la casa de dos familias de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa y las conminaron a desplazarse de la vereda cuanto antes, si no querían que pasara lo que pasó en 2005 (la masacre de febrero de 2005); que mejor se fueran para no tener que matarlos. Después de ello, los militares se ubicaron en una de las casas de la vereda donde permanecieron más de tres días, pese a las solicitudes que los pobladores les hacían de que salieran de las casas, ya que permanecer allí era colocar en riesgo a las familias, debido a la confrontación armada que vive la zona. Sin embargo, los militares sólo se burlaban y acusaban a las familias y a la Comunidad de ser guerrilleros y anunciaban el próximo exterminio de la Comunidad de Paz.

 

El viernes 10 de julio de 2009, hacia las 12 horas, en la vereda La Unión, hombres del Ejército hablaron con un joven de la vereda que se encontraba en su casa, quien les suplicó que se fueran, pues su presencia era un riesgo para su vida. Uno de los militares le preguntó si era miembro de la Comunidad de Paz; él le contesto que no; ellos le dijeron que menos mal, pues esa Comunidad iba a ser exterminada y los paramilitares se iban a encargar de ello; afirmaron, además, que el único estorbo en la zona, para su trabajo, era “esa h.p. comunidad guerrillera”. Le dijeron al joven que ellos se iban, pero que no se le ocurriera meterse a esa comunidad.

 

El domingo 19 de julio de 2009, hacia las 8 horas, miembros del Ejército ingresaron ilegalmente a varias viviendas de la vereda La Resbalosa de donde hurtaron el mercado que las familias tenían en sus humildes cocinas, así como elementos de vajilla y productos alimenticios que habían cosechado en los últimos días, como fríjol y maíz.

 

El lunes 20 de julio de 2009 hacia las 11.30 horas, miembros del Ejército ubicados en la vereda Mulatos, detuvieron a JULIO GUISAO, coordinador de la Comunidad en el asentamiento de La Resbalosa, lo sometieron a torturas golpeándolo muy fuertemente en la cara, a pesar de que él tiene incapacidades físicas como efecto de anteriores agresiones, y luego lo amenazaron de muerte diciéndole que tenía que irse o “desmovilizarse”, como si fuera integrante o colaborador de algún grupo armado. Cuando él les explicaba que era integrante de la Comunidad de Paz, lo golpeaban con mayor saña y le decían que ellos iban a acabar “con esa h.p. comunidad guerrillera”. Lo tuvieron bajo insultos y golpes hasta las 13:30 horas.

 

El viernes 31 de julio de 2009, hacia las 18:00 horas, paramilitares asesinaron en la salida de la vereda Batata, de Tierralta (Córdoba), a poca distancia de uno de los asentamientos de la Comunidad de Paz, a JAVIER LOZANO REDONDO, quien iba acompañado de su esposa y de su hija de tres años. Los paramilitares le salieron al camino cuando se dirigía a su casa en la vereda El Tesoro; al pasar por el retén paramilitar le dispararon por la espalda y le dijeron a su esposa que tenía que desaparecerse y callarse si quería vivir; así mismo, que si esa h.p. Comunidad de Paz seguía denunciando, iban a exterminar a varios de sus líderes para acabarla. Este asesinato generó desplazamientos de más de diez familias en las veredas Murmullo Alto y Murmullo Medio.

 

Los días viernes 31 de julio, en Mulatos, y sábado 8 de agosto, en Arenas, de este mismo año 2009, se han presentado combates entre el Ejército y la Guerrilla, sin respetar el territorio de paz y las súplicas que la Comunidad de Paz ha hecho durante 12 años de que no circulen armas por los espacios de vida y trabajo de su territorio ni se derrame una sola gota de sangre en el territorio de paz.

 

El sábado 8 de agosto de 2009, en horas de la mañana, fue asesinado en la vereda La Cristalina el señor JESUS RIVERA. No se tiene hasta el momento claridad alguna sobre los autores ni sobre los móviles de dicho crimen, solamente se sabe que fue sacado de su casa y asesinado en forma brutal. Versiones dadas por la Defensoría del Pueblo y entregadas por el Ejército, afirman que se habría tratado de un caso de delincuencia común relacionado con conflictos sentimentales; sin embargo, personas cercanas a Jesús Rivera han manifestado que había sido víctima de amenazas previas, tanto por parte del Ejército, como por parte de la Guerrilla.

 

El lunes 10 de agosto de 2009, hacia las 7:00 horas, miembros del Ejército abordaron a miembros de la Comunidad de Paz en la vereda El Guineo y les dijeron que la Comunidad era guerrillera y que como fuera tenían que exterminarla. Después de insultarlos por varios minutos, los dejaron ir.

 

El jueves 13 de agosto de 2009, en horas de la mañana, se encontró una persona asesinada en la vereda la Unión. Dicha persona no era conocida en la zona. Inmediatamente la comunidad dio aviso a la Defensoría del Pueblo para que solicitara el levantamiento del cadáver y las investigaciones de ley. La Comunidad se viene preguntando qué significa manchar de sangre nuestros espacios y qué pretenden esos crímenes, fuera de sus ya perversos efectos.

 

El miércoles 26 de agosto de 2009, hacia las 11:00 horas, dos hombres en trajes civiles y con armas cortas detuvieron, en el poblado de Nuevo Antioquia, a MARCOS DURANGO, WILTON BERRÍO y RAÚL BERRÍO, integrantes de la Comunidad de La Esperanza. Los armados les manifestaron que eran paramilitares y que tenían que acompañarlos. Como los armados se desplazaban en bicicletas, al salir del poblado con sus víctimas pasaron por la Estación de Policía y le pidieron a los policías que les cuidaran sus bicicletas mientras regresaban, lo que evidenciaba una relación de colaboración y solidaridad entre Policía y paramilitares. A la salida del poblado, los armados también se saludaron amistosamente con los miembros del Ejército allí acantonados, lo que evidenciaba su estrecha relación con los mismos. Los paramilitares condujeron a sus víctimas a un sitio distante 30 minutos de Nuevo Antioquia, donde tenían una Base Paramilitar con presencia de al menos 200 paramilitares dotados de armas largas y uniformes de camuflaje. El comandante paramilitar le dijo a las víctimas que los iban a matar; los amarraron y los sometieron a largos interrogatorios sobre la Comunidad de Paz, sobre sus líderes y sobre sus acompañantes: indagaron largamente por Eduar Lanchero, acompañante de la Comunidad, por “El Negro”, Representante Legal de la Comunidad, y por Reinaldo Areiza, quien fue víctima de extorsión por parte del Coronel Germán Rojas Díaz, comandante del Batallón Voltígeros, el pasado mes de enero, amenazándolo con judicializarlo como guerrillero y como narcotraficante si no colaboraba en la destrucción de la Comunidad de Paz; de todos ellos dijeron que “los iban a acabar como fuera”; también les preguntaron qué impacto habían tenido en la Comunidad las declaraciones de “Samir” (ver hechos del 28 de mayo de 2009); también les preguntaron por los acompañantes y la gente que apoya la Comunidad de Paz. Los paramilitares se enfurecían ante el silencio de las víctimas y afirmaban en tono enérgico que la Comunidad de Paz es el principal estorbo en Urabá y que había un acuerdo en la necesidad de exterminarla; les colocaban armas en la cabeza y hacían simulacros de dispararlas (aunque al parecer no tenían munición). Así los mantuvieron hasta el medio día del jueves 27, volviendo siempre sobre las mismas preguntas y bajo continuas amenazas de muerte, cuando les dijeron que no los podían asesinar debido a que “esa comunidad guerrillera ya había denunciado su captura ante la Defensoría”. Los dejaron ir el jueves 27 hacia las 13:00 horas.

 

El miércoles 2 de septiembre de 2009, tropas del Ejército que ingresaron a la vereda El Guineo interrogaron a sus habitantes por el paradero y las actividades de Eduar Lanchero, acompañante de la Comunidad de Paz que se ha convertido en el blanco principal de las calumnia y montajes preparados por la Brigada XVII para ser asumidos por el desmovilizado comandante de una compañía de las FARC, alias “Samir”. También preguntaron por Jesús Emilio Tuberquia, Representante Legal de la Comunidad de Paz. Cuando los pobladores decían no saber nada de ellos, los militares se ponían furiosos y los trataban de “guerrilleros”, afirmando que esa gente es la que le hace mal al país y por ello hay que eliminarla para que la zona se mejore.

 

El martes 15 de septiembre hacia las 10:30 horas y el sábado 19 de septiembre hacia las 01:00 hora de la madrugada, se presentaron combates entre el Ejército y la guerrilla en el caserío de san José de Apartadó por espacio de 10 y 20 minutos respectivamente. Estos enfrentamientos evidencian aún más que allí se presenta una situación idéntica a la que llevó a la Corte Constitucional, en su Sentencia T-1206/01 a ordenar el retiro de un Puesto de Policía que estaba ubicado en medio de la población civil.

 

·  No puedo menos que llamar su atención, Señor Ministro, sobre una realidad que no sólo preocupa a quien tenga sensibilidad frente a los sufrimientos de sectores tan vulnerables de la población, como el campesinado de la zona, sino que escandaliza profundamente a quien tenga algún sentido de la democracia, del derecho y de la justicia, y es la extrema condescendencia con el crimen que ha demostrado el actual Gobierno, sin que los anteriores sean tampoco excusables. En 17 ocasiones le he expuesto al Presidente Uribe la dramática realidad de violaciones permanentes de los derechos humanos más elementales perpetradas por las tropas del Ejército, la Policía y otras instituciones del Estado, y a través del Derecho Constitucional de Petición le he suplicado actuar de acuerdo con obligaciones explícitas que le impone la Constitución y usando atribuciones explícitas que le otorga la Constitución, pero él ha preferido mantener intactas las jerarquías y prácticas criminales que allí se observan. Un ejemplo patético es lo que ha ido revelando el único caso investigativo que la Fiscalía ha avanzado (entre más de 700 crímenes de lesa humanidad absolutamente impunes), por presión de un grupo de congresistas estadounidenses: la masacre de 8 miembros de la Comunidad de Paz en las veredas Mulatos y La Resbalosa, el 21 de febrero de 2005, con rasgos de crueldad tan extremos como el descuartizamiento de niños de muy corta edad. Revelaciones y confesiones que eran imprevisibles, mostraron que desde hacía mucho tiempo la Brigada XVII actuaba en unidad de acción con los escuadrones terroristas del comandante paramilitar alias “Don Berna” y que con algunas de sus unidades planificaron esta masacre, en cuyo diseño participaron altos oficiales, incluyendo al Comandante de Brigada y varios coroneles, mayores, capitanes y otros oficiales, en alianza con destacamentos paramilitares de la más arraigada barbarie. Destaca el papel del Coronel Néstor Iván Duque, por mucho tiempo comandante del Batallón Bejarano Muñoz, al que correspondía por jurisdicción el corregimiento de San José de Apartadó y quien se hizo responsable de infinidad de crímenes, a quien sus mismos colegas militares le atribuyen la más perversa planificación de la masacre. Destaca el papel del Vicepresidente Santos, quien buscó testigos falsos para convencer al Cuerpo Diplomático de que la masacre había sido obra de las FARC, lo mismo que el papel encubridor del entonces Ministro de Defensa, Dr. Jorge Alberto Uribe. Causa estupor que, tanto el Presidente como el Ministro de Defensa, hubieran estado al tanto (por nuestros mismos derechos de petición) de los horrores que ocurrían, y hubieran sostenido con su respaldo a toda esa oficialidad que se hizo responsable de la barbarie. Vale la pena reflexionar que, para sanear tales podredumbres, de nada sirve la multiplicación de cursos de derechos humanos y de DIH a la oficialidad de la Brigada, pues mientras los soldados, suboficiales y oficiales experimenten que pueden cometer toda clase de crímenes sin ser sancionados ni excluidos del servicio ni perder sus ascensos ni distinciones, toda otra medida es exclusivamente cosmética. Por ello nos escandaliza, Señor Ministro, que un Coronel como el Coronel Duque, o ahora el CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ, quien tuvo el descaro de amenazar el pasado mes de enero a Reinaldo Areiza, de inventarle un proceso judicial como guerrillero y como narcotraficante si no le colaboraba en la destrucción de la Comunidad de Paz, continúe gozando del respaldo del Señor Presidente y de toda la alta oficialidad. Igual escándalo nos produce el que los Generales bajo cuya responsabilidad de mando se perpetraron tantos “falsos positivos”, como los Generales Héctor J. Fandiño, Luis Alfonso Zapata, Jorge Rodríguez, Héctor Eduardo Porras y Hernán Giraldo, continúen ascendiendo en las filas castrenses, sin ser excluidos de la institución. Igual escándalo nos produce el que el General Hernán Giraldo, que acoge de manera tan ilegal al desertor alias “Samir” y lo entrena en su Brigada para confeccionar montajes tan perversos contra la Comunidad de Paz y orquestar su campaña difamatoria, en coherencia con los mensajes que dejan soldados y paramilitares por todas las veredas que recorren, siga gozando del respaldo y apoyo de todas sus jerarquías, mientras sus tropas saquean las despensas miserables de los retornados, destruyen sus cultivos, violan sus mujeres y torturan a los ya discapacitados por otros atropellos, respaldándolos de la manera más eficaz que es negando olímpicamente que todo ello haya ocurrido.

De manera apremiante le solicito, Señor Ministro, acogiéndome al Derecho Constitucional de Petición, responder y esclarecer todas estas situaciones e informarme sobre las medidas de reparación y las medidas que eviten eficazmente su repetición.

De antemano le agradezco, Señor Ministro, su respuesta dentro de los términos legales y le ruego remitirla a la dirección que acompaña mi firma.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

 

 

Anexos:

· Anexo 1: Carta de los participantes en la Universidad de Verano, en Tamera, Monte Cerro, Colos, Portugal – 19 folios.

· Anexo 2: Comunicado de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sobre las declaraciones difamatorias del ex guerrillero alias “Samir”: “El Colapso ético de la “justicia” se proyecta a los medios de “información”- 20 folios.

 

CC:

- Corte Interamericana de Derechos Humanos;
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
- Corte penal Internacional;
- Corte Constitucional;
- Organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos;
- Sociedad Civil Colombiana.

 

 

 


WWW.JAVIERGIRALDO.ORG