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Ponencia

Casanare: exhumando el genocidio” Yopal, noviembre 1 de 2009

Por: Javier Giraldo M., S.J

Miércoles 4 de noviembre de 2009, por Javier Giraldo M. , S.J.


Peregrinación Nacional al Casanare
Casanare: exhumando el genocidio

Clausura de la Peregrinación al Casanare
y lanzamiento del Informe: “Casanare: exhumando el genocidio”
Yopal, noviembre 1° de 2009

Desde hace aproximadamente un año, algunas organizaciones relacionadas con la promoción y defensa de los derechos humanos nos hemos acercado al Casanare, bajo la inquietud de descubrimientos progresivos que nos mostraban que aquí había muchos crímenes sepultados en el silencio.

El contacto directo con las víctimas nos fue revelando poco a poco la magnitud de la tragedia del Casanare. Sin hacer lecturas precipitadas ni fundadas en prejuicios ideológicos, el registro paulatino de casos, con sus fechas, sitios, identidades y circunstancias, fue hablando por sí mismo. La realidad fue apabullante.

Hay una práctica tozuda en el aparato colombiano de la justicia, de considerar todo crimen como un hecho aislado y fortuito, y de negarse a establecer y decretar conexidades que permitan esclarecer el eventual carácter sistemático de los crímenes; sus escalas de repetición en tiempos y espacios; sus constantes metodológicas, y dirigir la mirada inquisitiva a las estructuras que los diseñan y ejecutan; a la participación activa y pasiva de instituciones oficiales y para-oficiales; a los contextos nacionales, regionales y locales; a los perfiles de las víctimas seriadas; a los intereses en conflicto; a las intencionalidades explícitas o implícitas. Nos ha quedado claro que la impunidad, amparada en numerosos mecanismos directos e indirectos, ha cobijado la casi totalidad de los crímenes que han sido perpetrados en el Casanare en los últimos 20 años.

Algún funcionario podría argumentar que ha habido una generalizada carencia de denuncias. Y esto podría ser cierto. Pero hay que preguntarse por qué. Los métodos de terror utilizados por los victimarios contemplaron mecanismos contundentes para bloquear las denuncias. Muchas víctimas pagaron con su propia vida tímidos intentos de denuncia y quizás el ejemplo más patético fue el del Doctor Geiner Munive, médico de Recetor, quien luego de atender a víctimas de la tortura y comprobar la barbarie que se estaba practicando, se presentó a un Consejo de Seguridad para suplicar que se actuara con energía frente a tanta barbarie, siendo desaparecido pocos días después.

El minucioso estudio estadístico de investigadores de Benetech, llegó a la conclusión de que en los 20 años transcurridos entre 1986 y 2007 fueron desparecidas 2.553 personas en el Casanare, anotando que entre el 30 y el 40% de las víctimas no fueron registradas en las 11 bases de datos que se tomaron como referencia. Esto revela un índice de desaparición de 128 casos por año que constituye un verdadero sistema de terror digno de la atención más minuciosa y drástica de la comunidad internacional.

Las ejecuciones extrajudiciales que pudieron ser documentadas revelaron niveles de crueldad aterradores. No puedo dejar de mencionar el caso del joven Romel Alberto Morales, quemado vivo por miembros del Ejército en la vereda Centro Sur de Chámeza, el 12 de diciembre de 2000, mientras los pobladores escuchaban sus gritos desgarradores antes de que su vida se extinguiera en medio de tan crueles tormentos. La ejecución de los hermanos Luis Álvaro y Jairo Antonio Acosta Cely en Chámeza, hace justamente 20 años, hecho que se convirtió en referencia simbólica de esta peregrinación, fue perpetrada también en medio de horrendas torturas que despertaron la indignación y resistencia de todo el poblado que acudió masivamente a su funeral, mientras los militares encañonaban el cortejo fúnebre con filas de ametralladoras. Cómo no mencionar también la ejecución de Doña Custodia Hernández, de 60 años, en la vereda La Palma, de Chámeza, en noviembre de 2001, cuyo cuerpo fue despedazado y sus partes regadas por los caminos de su vereda.

Pero si algo fue quedando fuera de duda es que todo este festín de horrores y crueldades tenía intencionalidades precisas que derivaban, con meridiana claridad, de políticas de Estado, en contubernio con intereses de grandes capitales. La misma superposición de calendarios muestra la coincidencia irrefutable del establecimiento de multinacionales petroleras en la región y el desarrollo del terror. Aún más, las guarniciones militares se establecieron en la región en marcada coincidencia con la explotación petrolera y con el terrorismo estatal y para-estatal ejercido contra las poblaciones más humildes y desprotegidas.

El descubrimiento de grandes yacimientos de hidrocarburos en la región, pudo haber tenido desarrollos que favorecieran la solución de grandes necesidades sociales con la participación de la población autóctona, de sus organizaciones y proyectos solidarios en procura de una calidad de vida más elevada, pero también pudo tener desarrollos que contemplaran la concentración de las ganancias como incentivos a la corrupción de capas privilegiadas y excluyentes, para lo cual era necesario eliminar todo movimiento social y político que contemplara políticas redistributivas de economía solidaria. No hay ninguna duda que se optó por la segunda vía y que los instrumentos fueron la alianza entre multinacionales, oligocracias corruptas, fuerza pública y paramilitares, y que sus efectos más contundentes fueron la eliminación de todo movimiento social y de núcleos poblacionales que pudieran simpatizar con ellos, sin excluir del exterminio los más humildes niveles organizativos como las juntas comunales que defendían intereses de sobrevivencia.

Para las comunidades étnicas originarias, como los U’was, todo este festín económico sangriento representaba, además, una agresión injustificable a la madre tierra que esconde en sus entrañas energías aún no comprendidas, cuya extracción industrializada implica destrozos ecológicos y sociales de proporciones enormes que
causan la más profunda indignación y protesta. La ejecución del Cacique U’wa, Álvaro Salón Archila, el 23 de abril de 2007, entre Sácama y Tame, no puede juzgarse sino como un intento de silenciamiento de una de las voces de resistencia más conscientes, que le cerró el paso a ese modelo inhumano de explotación del petróleo en sus territorios ancestrales.

El Informe que hoy presentamos ante el país y el mundo, en nombre de COSPACC y el Banco de Datos de derechos Humanos del CINEP, recoge sólo un conglomerado de casos cuya memoria fue rescatada no sin grandes dificultades, pero que fueron puertas de entrada al conocimiento de una barbarie que nunca imaginamos, adicionada con el crimen del silencio, de cuya responsabilidad no puede exonerarse a los medios masivos de información del país. En muchos casos sólo fue posible registrar el signo NN del anonimato, porque al menos se recordaban hechos cuyas víctimas y dolientes habían sufrido los efectos más aterradores del exterminio y del silencio.

Esta peregrinación ha querido descorrer al menos en parte el velo que cubría esta barbarie; exorcizar el silencio; hacer un llamado al país y al mundo; denunciar la impunidad que cubre tan horrendos crímenes e invocar la presencia y la acción urgente de la justicia universal.

 

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