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Derecho de Petición No. 2 al Presidente Juan Manuel Santos

Por: Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Viernes 21 de enero de 2011, por Javier Giraldo M. , S.J.

Hasta ahora, todos los derechos de petición han naufragado en remisiones inter-minables de una entidad a otra, como si el Estado estuviera constituido solamente por oficinas de correo, sin que ninguna entidad haya aportado solución alguna o se considere competente para aportarla.

La PETICIÓN fundamental que le dirijo, Señor Presidente, apunta a que Usted reconsidere su decisión de remitir a otras instancias del Gobierno o del Estado la solución de la barbarie que el Estado ha venido perpetrando contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en los últimos 15 años, y que avoque usted mismo la solución a dicha barbarie. De hecho, ninguno de sus subalternos tiene atribuciones constitucionales para encontrar soluciones concretas y eficaces. Muchas veces hemos recibido respuestas de entidades del Estado a las cuales la Presidencia les remite nuestros derechos de petición, afirmando que ellas “no tienen competencia” para aplicar soluciones.

Hasta ahora, todos los derechos de petición han naufragado en remisiones inter-minables de una entidad a otra, como si el Estado estuviera constituido solamente por oficinas de correo, sin que ninguna entidad haya aportado solución alguna o se considere competente para aportarla.

El Derecho de Petición radicado en su despacho el pasado 3 de noviembre, fue remitido por la Oficina Jurídica de la Presidencia al Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, en esa semana tuvimos una audiencia con un delegado de la Vicepresidencia quien nos prometió ocuparse de manera urgente de estos problemas. Sin embargo nadie ha actuado en absoluto hasta el momento, y creemos que no tendrán las atribuciones constitucionales suficientes para implantar soluciones.

Al menos quisiéramos saber si su Gobierno va a continuar la misma estrategia de remisiones sin fin a instancias que remiten a su vez a otras las peticiones, sin que ninguna haga nada, como mecanismo ya patentado de impunidad cortesana, o nos puede dar alguna esperanza de que el Estado va a acatar las sentencias de la Corte Constitucional y las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos, así como los principios jurídicos universales y los cánones ineludibles de una ética universal.

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