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  Carta al Embajador de EE.UU en Colombia PETER MICHAEL MCKENLEY

Jueves 6 de octubre de 2011, por Javier Giraldo M. , S.J.

Quiero llamar respetuosamente su atención sobre los sentimientos que tal decisión suscita en las mayorías desprotegidas, vulnerables y vulneradas de este país y en las organizaciones, grupos y movimientos comprometidos con la defensa de los derechos elementales del ser humano.

Es lógico suponer que usted ha jugado un papel de capital importancia en esa decisión, ya que históricamente la representación diplomática que Usted ahora ejerce ha incidido de manera determinante, no sólo en los parámetros de la política de los Estados Unidos hacia Colombia, sino también en la de muchos otros países. Por ello, al tiempo que me permito señalarle muchas realidades que quizás usted no conoce, también le solicito de manera encarecida que le transmita al Presidente Obama nuestra conmoción y nuestra petición apremiante de reconsiderar tal decisión.

Bogotá, septiembre 20 de 2011

 

Excelencia
PETER MICHAEL MCKENLEY
Embajador de los Estados Unidos de América en Colombia
Calle 24 Bis No. 48-50
BOGOTÁ, D. C.

 

De toda consideración.

Hace pocos días los medios masivos de información registraron la decisión de su Gobierno de certificar como aceptable el comportamiento del Gobierno colombiano en el campo de los Derechos Humanos y en consecuencia desbloquear una ayuda militar de 20 millones de dólares asignada a Colombia.

Quiero llamar respetuosamente su atención sobre los sentimientos que tal decisión suscita en las mayorías desprotegidas, vulnerables y vulneradas de este país y en las organizaciones, grupos y movimientos comprometidos con la defensa de los derechos elementales del ser humano.

Es lógico suponer que usted ha jugado un papel de capital importancia en esa decisión, ya que históricamente la representación diplomática que Usted ahora ejerce ha incidido de manera determinante, no sólo en los parámetros de la política de los Estados Unidos hacia Colombia, sino también en la de muchos otros países. Por ello, al tiempo que me permito señalarle muchas realidades que quizás usted no conoce, también le solicito de manera encarecida que le transmita al Presidente Obama nuestra conmoción y nuestra petición apremiante de reconsiderar tal decisión.

En lo primero que pienso, personalmente, es en el efecto que esa decisión y esa nueva ayuda militar va a tener en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Como Usted bien lo sabe, dicha Comunidad ha sido víctima de más de mil crímenes de lesa humanidad desde su conformación en 1997. Este año ese accionar criminal se ha incrementado. Estructuras paramilitares que actúan en estrecha unidad con el Ejército y la Policía, quieren expulsar violentamente a quienes poseen tierras en el área donde se proyecta construir una segunda represa Urrá 2. Este año han asesinado a más de 12 campesinos del área de San José y continuamente exhiben listas de más gente para matar en inmediaciones de retenes militares y policiales, al tiempo que violan otros muchos derechos civiles de esa población y anuncian el exterminio total de la Comunidad, sin que el Presidente Santos se digne responder siquiera ni tomar medidas urgentes ante los clamores angustiosos que radicamos continuamente en su despacho. Usted bien conoce, Excelencia, los derechos de petición y las constancias de la Comunidad de Paz, que continúan siendo un “clamor en el desierto”, sin respuesta alguna. Varios líderes paramilitares de alto rango han confesado que ellos actuaron siempre con la aprobación y colaboración de todos los comandantes de la Brigada XVII, la cual ha gozado por décadas de ayuda militar estadounidense, pero ninguno de ellos ha sido sancionado. Los actuales comandantes participan de la misma inmunidad e impunidad y la ayuda de su Gobierno sólo los fortalecerá en su accionar criminal.

También pienso en muchas otras situaciones dramáticas de los sectores más vulnerables, cuyos sufrimientos se han incrementado enormemente:

Las comunidades del bajo Atrato (Chocó), particularmente las del Curvaradó y el Jiguamiandó, han sido víctimas de nuevas estrategias de despojo y exterminio. Es cierto que la Corte Constitucional y la Fiscalía han tomado decisiones jurídicas para devolverles sus territorios colectivos, pero ¿qué efectividad tiene eso, cuando los empresarios y paramilitares que los desplazaron tan violentamente, ahora cuentan con el apoyo del Gobierno en su fuerza pública para invadirles nuevamente sus tierras y someterlos al terror? Es un hecho que la Corte Constitucional ha agotado las medidas jurídicas de protección para esas comunidades, pero el Gobierno no las acata ni las hace respetar sino que, a través de su fuerza pública, se une con los criminales para volverlos a despojar. ¿No cree, Excelencia, que la nueva ayuda militar de su Gobierno, hará sentir a la fuerza pública más fortalecida y validada en sus políticas de apoyo al nuevo despojo?

Quienes trabajamos de alguna manera en el campo de los derechos humanos, percibimos con claridad que los discursos sobre una desactivación del paramilitarismo no corresponden a la verdad. Se quiere presentar a las estructuras paramilitares que actúan intensamente hoy en día, como agrupaciones de delincuencia común, sin objetivos políticos y sin relación con la fuerza pública ni con los demás poderes del Estado ni con la clase política. Pero, ¿por qué será, Excelencia, que dichas estructuras, con nuevos nombres, envían permanentemente mensajes amenazantes a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos, en un lenguaje de respaldo a las políticas oficiales? ¿No ha percibido, Señor Embajador McKenley, cómo muchas de esas amenazas se cumplen implacablemente en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y exilios, quedando, como siempre, la autoría de tales crímenes en la penumbra?

Me angustia profundamente, Excelencia, que la nueva ayuda militar de su Gobierno fortalezca y le suministre nuevos recursos al Ejército y a la Policía para transgredir, como lo han venido haciendo, las normas del Derecho Internacional Humanitario en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo,  especialmente en las zonas indígenas y campesinas, desconociendo los espacios de la población civil; involucrándola en la guerra contra su voluntad; colocándolos como escudos contra sus enemigos bélicos; produciendo destrozos en sus viviendas y cultivos además de víctimas inocentes a quienes pretenden presentar falsamente como combatientes. Todo esto sin contar la violación de los derechos de los grupos étnicos a la consulta previa sobre proyectos que los afectan y destruyen su hábitat, sus recursos, su autonomía y sus mismas vidas.

Tanto la certificación como la ayuda militar favorece a un Gobierno que ha perpetrado en las últimas décadas uno de los crímenes más horrendos, de forma sistemática y continuada, desde las más altas instituciones del Estado, como son los llamados “falsos positivos”, o sea, ejecuciones de ciudadanos inocentes, en su mayoría muy pobres, para disfrazarlos de combatientes abatidos y así dar una imagen de triunfo militar sobre estructuras armadas o delincuenciales, pagando grandes sumas de dinero y otras recompensas por tales falsos “resultados”. Usted bien sabe, Excelencia, que esa estrategia no se ha erradicado; que continuamente se denuncian nuevos casos; que si bien la Fiscalía ha contabilizado más de 3.500 víctimas, la justicia no ha tocado ni al 1% de los victimarios; que muchos de éstos permanecen en altos puestos de mando, o si ya se han retirado, gozan de enormes privilegios; que dicha estrategia no se ha manifestado en “casos aislados”, como lo denunció el Relator de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, sino que ha involucrado a casi todos los departamentos del país y a todas las brigadas militares. ¿Cree Usted, Excelencia, que es desatinado pensar que muchos “resultados bélicos” que su Gobierno ha registrado como “éxitos” que merecen ser premiados con nuevas ayudas militares, son, en realidad, crímenes contra la humanidad, de los que la fuerza pública colombiana ha perpetrado por millares, con la anuencia o tolerancia de los demás poderes estatales? ¿No cree, Señor Embajador McKenley, que la nueva ayuda militar va a fortalecer esa criminalidad tan arraigada en la fuerza pública, puesto que hay millares de esos crímenes sin esclarecer ni sancionar, dando pie para que se sigan perpetrando?

Supongo, Excelencia, que Usted no ignora que la estrategia paramilitar fue recomendada por el Gobierno de los Estados Unidos en la Misión Yarborough en febrero de 1962, con el fin de configurar estructuras mixtas civiles/militares para realizar atentados terroristas que no dañaran la imagen del gobierno pero que destruyeran a los simpatizantes del comunismo, tal como lo establece el informe secreto de aquella Misión. ¿No cree, Señor Embajador, que esa misma estrategia se está aplicando para identificar mediáticamente a las “BACRIM”? ¿Por qué será, Excelencia, que el Ministerio de Defensa se ha negado reiterativamente a entregar copia del documento EJC- 3-10, aprobado por la Resolución 05 de 1969 del Comando de las Fuerzas Armadas, en el cual figuran los grupos paramilitares de “Autodefensas” en el organigrama oficial, alegando ante los tribunales que ese documento aún está en vigencia, a pesar de haber pasado mucho más de 30 años, límite máximo legal en Colombia para que un documento pueda tenerse como “reservado”?

Me preocupa también profundamente, Excelencia, que la ayuda militar de su Gobierno, la que el Gobierno colombiano quiere destinar en forma privilegiada a las llamadas “Zonas de Consolidación”, vaya a fortalecer esas zonas donde hay millares de tumbas anónimas, como en el municipio de La Macarena, del departamento del Meta, donde hasta el momento se han identificado varios centenares de sepulturas de NN adosadas a una base militar, cuerpos que según los pobladores han sido enterrados con violación de todas las normas legales, que exigen identificar a los occisos y entregar los restos a sus familias, incluso los de los combatientes. ¿Cree, Excelencia, que es acertado certificar, como garante de los derechos humanos, a un Gobierno que mantiene millares de tumbas anónimas por todo el territorio nacional, que están revelando la magnitud del crimen sistemático de la desaparición forzada de personas, que según organismos nacionales e internacionales afecta actualmente a más de 50.000 familias?

Al desbloquear la ayuda militar y emitir la aludida certificación, su Gobierno ha mencionado la Ley de Víctimas, como signo de una mejoría en el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué no esperar a que dicha ley se traduzca en hechos concretos, no sea que lleve a un nuevo fracaso como el de la “Ley de Justicia y Paz”, que sólo produjo una sentencia en firme en seis años, cuando han sido denunciados más de cien mil crímenes? Usted bien sabe, Excelencia, que lo único que ha producido hasta ahora la “Ley de Víctimas” es la muerte violenta de muchos campesinos que han querido recuperar sus tierras, ya que la ley no se ha proyectado en ninguna estrategia de erradicación real del paramilitarismo ni de sus estrechas relaciones con la fuerza pública. ¿No cree, Excelencia, que a veces se quiere exorcizar realidades tan aterradoras como la colombiana, con la emisión de leyes que no pueden funcionar en el contesto real? ¿Cree sinceramente, Señor Embajador Mc Kenley, que puede funcionar una ley, como la “Ley de Víctimas”, sin un proceso de paz concomitante y sin una depuración muy profunda de la enorme corrupción que afecta a nuestras instituciones? ¿Cree, por ejemplo, Excelencia, que los tribunales administrativos de los departamentos, los cuales han producido tantísimas sentencias corruptas durante décadas, ahora van a dirimir “en justicia” la devolución de las tierras robadas (como lo contempla la Ley de Víctimas) sin que sean profundamente depurados?

Pero la mencionada certificación y desbloqueo de la ayuda militar se produce en un momento en que la política económica de este Gobierno está dando signos alarmantes de desconocimiento de los derechos colectivos más fundamentales de las poblaciones más vulnerables. Las licencias de explotación minera otorgadas a numerosas empresas transnacionales, han activado enormemente el paramilitarismo y el conflicto armado y están dejando sin tierras ni recursos a enormes poblaciones pobres. La destrucción del medio ambiente y la destrucción de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que dichos proyectos están produciendo, levantan resistencias de todo género y hacen que la seguridad de esas empresas y de sus proyectos destructivos sólo sean viables con la escolta de enormes contingentes de paramilitares cooptados secretamente por la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado, para lo cual no dudan en asesinar a los líderes de esas resistencias. El asesinato del Padre Reinel Restrepo, Párroco de Marmato, departamento de Caldas, el pasado 2 de septiembre (2011) es una muestra patética de esto. También lo es el genocidio permanente que se está perpetrando en Buenaventura, donde los barrios populares y los Consejos Comunitarios aledaños al puerto, están invadidos de paramilitares apoyados o tolerados por la fuerza pública, quienes descuartizan con crueldad aterradora, arrojando al mar sus restos, a quienes se atreven a resistir al megaproyecto del nuevo puerto, que implica la expulsión de los sectores más empobrecidos e incluso la expropiación de terrenos que en medio de su miseria ellos han creado durante décadas sobre basureros, para poder sobrevivir.

Para que un Gobierno pueda ser evaluado a la luz de los más elementales parámetros de respeto a los derechos humanos, y certificarlo en ese campo, un punto fundamental es la justicia. Sin embargo, como Usted bien lo sabe, Excelencia, en Colombia no es dable actualmente esperar justicia respecto a crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados contra no participantes en las estructuras o ideologías políticas dominantes. Si bien se han dado unas pocas sentencias ejemplares en los últimos meses, ¿qué significa eso frente a los millones de procesos que reposan desde hace muchos años, cobijados por la impunidad y la corrupción sistémica? ¿Tiene, acaso, la “Ley de Víctimas” algún mecanismo de corrección de las estructuras de impunidad y corrupción de la justicia, para proteger el derecho a la justicia, siquiera de una parte significativa del 99% de víctimas afectadas por la impunidad proverbial vigente? Pero igualmente grave es la sistematicidad aterradora que ha ganado el montaje judicial. La cantidad de inocentes que son juzgados y condenados es enorme, debido en gran parte a la intromisión inconstitucional del poder ejecutivo en la justicia (“falsos positivos judiciales”), y en parte a las opciones políticas o intereses de todo orden de los agentes judiciales de todos los niveles. Hace poco un Vice Fiscal General calculaba en 5000 las detenciones ilegales que se producen por año. Los grupos de abogados calculan en más de 7000 los prisioneros que han sido privados de su libertad arbitrariamente, por sus maneras de pensar o por sus actividades democráticas. ¿Cree, Excelencia, que un Gobierno que mantiene ese desastroso panorama de justicia y de atentados contra la libertad, merece una certificación en derechos humanos?

No ignorará Usted, Señor Embajador McKenley, que lo poco que han destapado recientemente algunos medios de comunicación es suficiente para evaluar unas prácticas estatales que llevan muchos años, y de las cuales participó el actual Presidente, que revelan un desconocimiento radical de los derechos ciudadanos, como los espionajes de opositores políticos, de los mismos agentes judiciales que resultan molestos, de los defensores de derechos humanos y de periodistas no cooptados; la corrupción tan aterradora que ha caracterizado el sistema electoral y particularmente la modificación constitucional hacia la reelección presidencial; la orientación de los organismos de inteligencia dentro de unos parámetros de verdadera criminalidad; la cooptación corrupta del Parlamento; el control de las elecciones por el paramilitarismo y el narcotráfico; los pactos entre paramilitarismo y clase política para reformar y controlar el Estado en función de sus intereses, así como muchas otras formas de corrupción que han hecho funcionar el Estado en servicio de las clases más pudientes y delincuentes, situación que sigue vigente en la medida en que la clase política no ha variado en lo esencial en sus mecanismos de control del Estado.

Es muy preocupante, Excelencia, que Usted ignore tantas cosas al asesorar a su Gobierno para otorgar certificaciones y ayudas militares que sólo pueden redundar en mayor violación de los derechos humanos. Quizás Usted, Señor Embajador McKenley, se rige por lo que en Colombia informan los medios masivos de comunicación o los mismos integrantes de la clase política que ha tolerado de manera  tan indolente tantas atrocidades. ¿Cuándo ha comprobado Usted, por ejemplo, que las atrocidades perpetradas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sean denunciadas en algún periódico o medio masivo de información?  Quizás algunas han sido reseñadas en el diario El Colombiano, cuando le sirven de ocasión para calumniar a la Comunidad, a través de alguno de sus columnistas avezados en la mentira. El derecho a una información objetiva y el derecho a la verdad, no sólo son derechos desconocidos sino que son la clave para mantener situaciones que contradicen toda ética y todo principio de humanidad. Por ello le aconsejo, Excelencia, discernir muy bien sus fuentes de información.

Finalmente le reitero mi petición formal de que le transmita al Presidente Obama mi rechazo ético a su decisión y mi petición apremiante de que la reconsidere.

Respetuosamente,

 

 

Javier Giraldo Moreno, S. J.


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