Desde los márgenes

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Violencias con rótulos de “paz”

Viernes 25 de mayo de 2018, por Javier Giraldo M. , S.J.

Muchas evaluaciones se están haciendo hoy en Colombia del proceso de paz que ha tomado cerca de 6 años para poner fin a la lucha armada del grupo rebelde considerado más numeroso y antiguo: las FARC-EP. Abundan las frustraciones y desencantos, a pesar de haber producido uno de los textos más extensos de compromisos (297 páginas sin contar el arsenal legislativo proyectado) y de haber involucrado a tanta gente, instituciones, gobiernos extranjeros y entidades internacionales. La “paz” que se exhibe como resultado es muy formal y abstracta y está interferida por múltiples violencias, antiguas y nuevas, armadas y desarmadas.

Uno se pregunta si se trata de una secuela “normal” que sucede a un conflicto violento prolongado por tantas décadas y que poco a poco irá consolidando sus verdaderos frutos, o si es que tal proceso “se fue por las ramas” y no tocó la esencia del conflicto.

Muchos elementos apuntan a la segunda hipótesis. En efecto, la “paz” que se anunciaba, prometía ir a las raíces del conflicto y por eso la agenda enfocó temas raizales como los de tierra y democracia, sin dejar de lado los problemas levantados durante décadas por el conflicto mismo, como los de víctimas, justicia y tráfico de estupefacientes. El lenguaje adoptado en la Mesa de Negociaciones, aunque no el del Presidente Santos ni el de muchos de sus alfiles políticos y mediáticos, permitió hablar de diálogo y negociación y no de rendición. Se buscaron consensos, muchas veces con mediadores extraordinarios, para dejar las armas y emprender vías democráticas para lograr una justicia territorial y participativa cuyas posibilidades deberían quedar abiertas si se derrumbaban los obstáculos más infranqueables, y se pactó un resarcimiento de las víctimas del conflicto que cobijara por igual a las víctimas de ambos bandos de la guerra en su excesos, acomodándose a los desarrollos modernos del Derecho de Guerra, no sin concederse mutuamente algunas licencias extrajurídicas donde imperó la razón política. Este fue el marco que se nos vendió, pero en las intimidades de la Mesa las cosas no fueron tan transparentes ni tan lógicas.

Las 100 propuestas de las FARC sobre el problema de la TIERRA se centraron en mecanismos para desconcentrar la propiedad de la tierra y abolir o regular estrechamente el latifundio; en nuevos criterios de ordenamiento territorial enfocados a la producción de alimentos y protección del medio ambiente, implicando restricciones drásticas a los proyectos minero-energéticos que están arruinando la ecología; la reversión de muchas concesiones, licencias y tratados anti-nacionales y destructivos; el freno a la extranjerización de la tierra, las aguas y los recursos naturales y asegurar los derechos del campesinado productor de alimentos blindándolos frente al mercado y con la cobertura jurídica de las Zonas de Reserva. Nada de esto fue aceptado por la delegación del gobierno bajo la consigna de que “el modelo no se toca”.

Después de muchos meses se impuso la propuesta del gobierno de proyectar un “fondo de tierras” para repartir y otra cantidad de tierra para regularizar, detrás de lo cual estaba el interés empresarial de volcar al mercado, con títulos legales, cantidades de tierras ofertadas a la voracidad de los gestores de un desarrollo centrado en el lucro insaciable, adornándolo con la enumeración rutinaria pre-electoral de construir carreteras, escuelas, centros de salud etc., en promesas carentes de responsables, tiempos, espacios y modos, para poderlas incumplir. Las propuestas de las FARC fueron guardadas en un congelador, en espera de que la participación electoral le abriría puertas a las FARC para que algún día la sociedad colombiana se entusiasmara por esas propuestas y los premiara con una votación masiva.

Las 100 propuestas de las FARC sobre DEMOCRACIA o participación política, enfrentaban ante todo la corrupción del aparato estatal hundido en el clientelismo y en el poder invasivo de una élite que acapara todas las instancias decisorias y contagia en su misma corrupción al parlamento, la justicia, los partidos, la fuerza pública y el aparato electoral, dejando sin garantías a los grupos de oposición, sólo como objetos de la brutalidad represiva. También abordaban el problema de la información y comunicación igualmente en manos de los más poderosos carteles, así como el aparato electoral, la discriminación de las regiones, la carencia de espacios de participación de los sectores urbanos populares y de las etnias marginadas. Nuevamente la consigna innegociable del gobierno: “el modelo no se toca”, aplastó todas estas propuestas y las convirtió en propuestas para que las FARC y todos los sectores marginados se asimilaran al sistema político en la forma de participación más tradicional y corrupta: los partidos y las elecciones, léase el clientelismo y la corrupción. El documento fue adornado con párrafos de exaltación de la democracia participativa con derrochadora retórica y nuevamente se dejaban todas las propuestas en el congelador para ser extraídas el día en que las FARC lograran un triunfo electoral apabullante que les permitiera recoger un respaldo masivo para dichas transformaciones.

Difícil fue la negociación de la justicia y demás derechos de las víctimas, pues las FARC habían anticipado que, si bien reconocían de su parte haber cometido delitos de guerra, no se someterían al aparato judicial colombiano, dada su proverbial corrupción, parcialidad y politización, lo que lo identifica como una “justicia” del enemigo y que no gozaría de la más elemental independencia para enjuiciar al polo estatal de la guerra, incurso en un universo mil veces mayor de crímenes, no solo “de Guerra” sino de “Lesa Humanidad”. Luego de muchas crisis, una comisión extra de alto nivel hizo una propuesta aceptada por ambas partes, creando una Jurisdicción Especial que se ocupara del enjuiciamiento, con un significativo componente de jueces internacionales (dado que se trataba de delitos de carácter internacional) y tomando como referentes sólo los tratados internacionales, jurisdicción que podía aplicar criterios de Justicia Transicional, como era obvio.

No obstante el desconocimiento de algunos principios jurídicos universales, debido a concesiones mutuas entre las FARC y el gobierno, la solución parecía aceptable a pocos días de la firma del Acuerdo en La Habana (24 de agosto de 2016). Sin embargo, primero el Plebiscito no previsto ni necesario y manipulado en niveles de extrema perversión por le élite en el poder y las fuerzas de extrema derecha, forzó una re-negociación del Acuerdo, el cual fue entregado luego por el gobierno al Congreso para ser refrendado, sufriendo en ambas revisiones cambios fundamentales que lo desnaturalizaron por completo. Entre tanto el gobierno se las arregló, a través de las revisiones sucesivas y aún antes, para consolidar niveles extremos de impunidad para su fuerza pública y su empresariado aliado. Más tarde el incumplimiento de lo acordado para garantizar la desmovilización de los combatientes, así como la reactivación de los mecanismos tradicionales en Colombia para enfrentar un proceso de paz (pues ya se cuentan muchos “procesos de paz”): la eliminación de los ex combatientes, todo ha ido dando al traste con la “paz” anunciada.

Resta analizar si la hipótesis bajo la cual fueron negadas todas las propuestas de las FARC en el proceso de negociación: la viabilidad política de su nuevo partido dentro del funcionamiento del aparato político vigente, podía ser válida. Ningún buen conocedor del Statu quo podría considerarla válida. Para que una fuerza política, sobre todo una que emerge de décadas de intensa estigmatización mediática, pueda ser viable, necesitaría reformas previas a su irrupción y con períodos prudenciales de aclimatación de esas reformas: una democratización elemental de los medios de información y una reforma radical del aparato y de las costumbres electorales, además de una reforma judicial que avoque fundamentalmente el problema del delito político en clave democrática y del tratamiento a la protesta social. Sin estos prerrequisitos una fuerza política de ese tipo no es viable y la realidad lo ha ido evidenciando en los últimos meses: el Establecimiento busca eliminarla, como es ya su tradición de siglos.

Todos los movimientos insurgentes de nuestra historia se han legitimado denunciando la ilegitimidad del sistema imperante dada su injusticia estructural y mostrando el cierre de vías democráticas para reformarlo. Abordar un proceso de paz serio implicaría enfrentar las raíces de las injusticias estructurales o concertar vías democráticas efectivas para las reformas necesarias. No se hizo ni lo uno ni lo otro, de allí las profundas frustraciones y desencantos.

El conjunto de hechos violentos aterradores que compila este número de Noche y Niebla, perpetrados en el segundo semestre de 2017, nos muestra que nada ha cambiado sino que muchos fenómenos de violencia se han agudizado. La persecución a sectores populares organizados continúa en niveles aterradores; causa indignación extrema la criminalidad del ESMAD, un cuerpo represivo que goza de extrema impunidad mientras sus crímenes sistemáticos son atroces; la proliferación de grupos y acciones paramilitares estremece y deprime, pues dichos grupos han ido tomando control de numerosas zonas del país abandonadas por las FARC, donde se afirman como autoridad despótica; amenazan de muerte y asesinan a quienes no se les quieren someter; roban, cobran impuestos y extorsionan; anuncian la eliminación de todo movimiento social y organización popular que no siga sus directrices; tejen alianzas con el empresariado más despojador de tierras y opresor y gozan de plena tolerancia, aquiescencia y colaboración multiforme de la fuerza pública.

En este contexto se desarrolla el diálogo con el ELN en Quito, Ecuador, en medio de grandes tensiones. Cualquiera comprende que lo ocurrido con las FARC no ofrece ningún antecedente confiable para una nueva búsqueda de paz. El ELN planteó desde un comienzo que lo que tendría que solucionar un proceso de paz no le atañe sólo a su militancia sino a las mayorías colombianas oprimidas y por ello exige involucrarlas en el diálogo de modo que sus consensos tengan fuerza vinculante y que el diálogo sea aclimatado por un cese bilateral de fuego y de hostilidades, verificable y sin trampas, extensivo a las víctimas del movimiento social y a los prisioneros de guerra cuyas persecuciones y tratos inhumanos deben cesar. Nada de esto ha logrado aceptación hasta ahora en la delegación del gobierno a pesar de su justeza. 

¿Dónde buscar referentes para tantos desencantos?

Un analista muy lúcido de nuestros procesos sociales, ANTONIO GARCÍA NOSSA (1912-1982) al pasar revista a la “trama histórica de las luchas sociales en Colombia”,[1] recuerda los momentos en que el pueblo colombiano de base estuvo a punto de transformar su realidad opresiva pero siempre fue traicionado. Identifica como un sustrato de filosofía social que subyace a todos los movimientos populares de nuestra historia, este núcleo: “la sustitución de la economía de privilegios por una economía democrática; la (sustitución de) la propiedad latifundista de la tierra por la propiedad en manos de cultivadores directos; (la sustitución) del sistema señorial de representación por un sistema de representación auténticamente popular; modificar el contenido social de la política, desarrollando el principio revolucionario de que la libertad carece de sentido cuando no se fundamenta en la igualdad y en la justicia económica[2] .

-  Esta filosofía animó al Movimiento Comunero en 1781, una montonera insurreccional que tomó el carácter de un pueblo en armas, llegando a negociar en Zipaquirá como soberano con otro soberano (pueblo y rey) poniendo en entredicho el sistema colonial, pero fue traicionado por la deserción de las amedrentadas clases medias de provincia y la ideología conciliadora del patriciado criollo, terminando con el descuartizamiento de los líderes Galán, Ortiz y Alcantuz.

-  La misma filosofía animó las guerras de la independencia, pero al instaurarse la primera república primó la gravitación política de la fuerza que había engendrado la contienda con sus ejércitos libertadores: una democracia de cuartel y una oligarquía cívico-militar incapaz de entender el problema del Estado representativo y la liberación social y política.

-  La misma filosofía animó a las sociedades democráticas del artesanado a mediados del siglo XIX, revolucionando las grandes aldeas y protegiendo con las Guardias Nacionales la economía de los talleres, motivándose en los ideales de la segunda revolución francesa de los socialistas utópicos, movimiento que fue traicionado por la deserción de Obando y de los intelectuales radicales y por el golpe de Estado a Melo y la persecución de los constitucionalistas liberales que restablecieron la hegemonía de la clase dirigente.

- Algo de esa filosofía se insinuó en el alzamiento político militar y la desamortización de los bienes de manos muertas en 1861, pero la tierra expropiada a la Iglesia y a las colectividades no fue a parar a manos de campesinos e indígenas sino que fue comprada con devaluados bonos de deuda pública por una nueva aristocracia territorial, resultando así que un movimiento iniciado aparentemente como de reforma agraria, sirvió para ampliar las bases del viejo orden señorial latifundista.

-  De la Colombia Federal (1863-1886), que potenció las oligarquías locales, García destaca la colonización que se dio en Caldas por campesinos antioqueños y tolimenses sin tierra, quienes realizaron en una zona abandonada a la arriería y al despojo de tumbas indígenas la única reforma agraria de la historia nacional: establecieron cultivos de autoabastecimiento y plantaciones cafeteras sin fundar la propiedad en títulos inscritos sino sobre el trabajo directo de la tierra, el cultivo intensivo y una gran red de aldeas democráticas. Sin embargo, una vez valorizada la tierra por el trabajo campesino colonizador, los propietarios de títulos se apoderaron de ella.

-  La Contrarrevolución de 1886 restableció un Estado colonial mediante el centralismo burocrático, la eliminación de las libertades, la hegemonía latifundista, el arbitrismo fiscal y el poder cultural eclesiástico. El partido de gobierno (Conservador) se fundió con el Estado copando todas las instituciones y el Liberalismo no tenía siquiera la condición de minoría. Cegadas todas las fuentes de representación, la guerra civil se convirtió en el único medio de la actividad política: la lucha armada fue sucedánea inevitable de la confrontación electoral en la Guerra de los Mil Días.

-  Nuevas luchas sociales irrumpieron sólo después de la Primera Guerra Mundial (1918-1932): insurrección indígena en las haciendas caucanas; luchas campesinas en Tolima y Cundinamarca; penetración del Comunismo en capas obreras; huelga de las bananeras; nacimiento de partidos revolucionarios; movimiento estudiantil etc., pero la cosecha de todas estas luchas la recogieron los líderes liberales “centenaristas”: Olaya Herrera y López Pumarejo, para facilitar el regreso del Liberalismo al poder y dedicarse a modernizar la fachada del Estado pero no a transformarlo. La proclamada reforma agraria de López sirvió en realidad a los latifundistas quienes limpiaron sus títulos de propiedad al reconocer las mejoras de sus colonos, arrendatarios y aparceros y resolver sus pleitos con todos los que habían valorizado sus tierras con su trabajo. El auge del sindicalismo en esta época lo convirtió en un rodaje electoral del liberalismo o de otros partidos, quitándole su condición de órgano de lucha de la clase trabajadora: mientras más crecía el sindicalismo más se burocratizaba y ampliaba las bases de sustento de los partidos.

-  La descomposición de la “República Liberal” fue progresiva en los años 40 del siglo XX y esa crisis la aprovecharon las corporaciones que concentraban los grandes intereses económicos. Los partidos omniclasistas que asociaban clases con intereses antagónicos, facilitaron la insurgencia dinástica de los 40. El pueblo le había entregado todas sus fuerzas al Liberalismo pero nunca se preguntó por qué el Liberalismo, con el poder en las manos, no hacía ninguna revolución y ni siquiera cambiaba sustancialmente su vida; era que para el liberalismo había algo más importante que los salarios, la vivienda, el bienestar, la cultura, la tierra y ese algo era el aniquilamiento del Conservatismo; tan falso objetivo le impedía ver que el pueblo conservador tenía los mismos problemas de pobreza y desamparo y que la fuerza conservadora más peligrosa estaba ya entronizada en los mandos de su propio partido. La ausencia de una conciencia política formada le impedía al pueblo entender todo eso y se admiraba de que las reformas sociales de la Constitución de 1936, como la función social de la propiedad, la protección del trabajo, etc., no estaban destinadas a transformar la realidad sino a conservarla. Para que ese fraude funcionara fue necesario que el partido de gobierno se fusionara burocráticamente con el Estado y que los sindicatos se convirtieran en sustento del sistema de dominación. El Partido Liberal se limitó a limpiar u ocultar las peores manchas del gobierno ya dominado por las nuevas oligarquías burguesas y terratenientes.

-  En medio de la crisis y la violencia surgió Gaitán como caudillo popular. Las reformas que propuso fueron derrotadas en un Congreso de mayoría liberal, pues ya tenían el poder las grandes corporaciones capitalistas como ANDI y FENALCO y se habían reforzado las de los terratenientes (Sociedad Colombiana de Agricultores). Gaitán denunció la conjura contra el pueblo ejercida desde el Estado por los “hombres homogéneos” (de los dos partidos). A Gaitán se le elimina, causando un gran levantamiento popular caótico y anárquico, aprovechado por los patricios liberales para lograr cuotas de poder en un gobierno lleno de pánico que buscaba calmar la indignación desbordada.

-  Luego de la pausa dictatorial que le dio la mano a la ingobernabilidad de la insurgencia dinástica, el Frente Nacional prohibió constitucionalmente los movimientos de ideología comunista (Acto legislativo 6 de 1954 y Decreto 434 de 1956), rótulo que en adelante y hasta el presente se le aplicaría a todo movimiento popular para estigmatizarlo y declararlo incompatible con la nacionalidad (Genocidio).

-  El Frente Unido del Pueblo del Padre Camilo Torres logró aglutinar las más inédita concentración de masas empobrecidas en un tiempo record, trascendiendo las militancias partidistas de derecha e izquierda, pero cuando proclamó la abstención electoral, desafiando el mecanismo de control más afianzado y refinado para dominar a las masas, sus fuerzas se dispersaron.

-  El primer proceso de paz logrado por el Presidente Betancur con las FARC logró el compromiso de “cambiar balas por votos” (1984-1986) pero apenas se perfiló una votación significativa en su favor, el genocidio más despiadado dio cuenta de los miles de militantes de la Unión Patriótica.

Si bien, como afirma Antonio García Nossa, hay como una corriente subterránea que reaparece periódicamente para expresar los anhelos profundos del pueblo, también hay una técnica fraudulenta patentada y siempre reeditada para frustrar y aplastar esas aspiraciones.

 

Javier Giraldo Moreno, S. J.

Marzo de 2018.

 

 


[1] GARCÍA NOSSA, Antonio: “Gaitán: apogeo y crisis de la república liberal”, Tercer Mundo, Bogotá, 1983- Ver capítulo sobre La Trama Histórica de la Luchas Sociales en Colombia (pg. 56) y ss.

[2] O. c. pg. 71