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IMPUNIDAD HIRIENTE EN SRI LANKA

Lunes 15 de julio de 2019, por Javier Giraldo M. , S.J.

Tamiles sobrevivientes conmemorando el 10 aniversario de la matanza masiva del 18 de mayo de 2009.

Órganos de Naciones Unidas: lucidez en diagnósticos pero ineficiencia total frente a la barbarie de facto - Mullivaikal –Sri Lanka- 10 años después

El 18 de mayo se cumplieron 10 años de haberse difundido por los medios mundiales de información la noticia de que el gobierno de Sri Lanka, con apoyo de otros Estados, habría vencido militarmente a una organización terrorista denominada “Los Tigres por la Liberación de la Patria Tamil”.

En realidad el 18 de mayo de 2009 culminó la etapa más sangrienta de un proceso de exterminio, aún en curso, de una etnia ancestral de Sri Lanka: la etnia Tamil, tan antigua y arraigada territorial y culturalmente como la etnia en el poder: la Cingalesa, en esa isla antes conocida como “Ceylán” y colonizada sucesivamente por portugueses, holandeses y británicos, pero reconocida como Estado independiente en 1948, cuando se comenzó a implementar a sangre y fuego el proyecto político preparado por los británicos (última potencia colonial) de consolidar un Estado único, dominado por la etnia Cingalesa y la religión Budista, negando y reprimiendo progresivamente los derechos de los demás pobladores ancestrales, especialmente los de los Tamiles, cuyo arraigo milenario en ese territorio es incuestionable.
Ya en 1949 se le negaron los derechos a un millón de Tamiles quienes habían sido llevados de la India (del Estado Tamil-Nadú) por los colonos ingleses para trabajar en las plantaciones de té en el centro del país. En 1956 se declaró como única lengua nacional, la cingalesa, lo que fue llevando a una discriminación en la educación y en la participación política. Frente a las protestas pacíficas de los Tamiles, los Cingaleses comenzaron a realizar matanzas programadas; el 6 de junio de 1956 asesinaron a 150 Tamiles en una plantación de caña y desde entonces hasta 2008 se contabilizan 157 masacres de Tamiles, algunas con miles de víctimas. Fue terrible la de julio de 1983 –“el julio negro”- en la cual se calcularon 3000 Tamiles muertos y 200.000 desplazados quienes buscaron refugio fuera del país. La nueva Constitución de 1972 declaró el Budismo como religión de Estado, consolidando un poder central Cingalés-Budista. El 1 de junio de 1981, órganos del gobierno cingalés-budista incineraron la biblioteca de Jaffna, santuario de la cultura ancestral Tamil con 97000 volúmenes, entre ellos manuscritos muy antiguos del patrimonio Tamil.

El incumplimiento continuo unilateral de los acuerdos por parte de las instituciones Cingalesas, la represión violenta de las protestas no violentas, los hostigamientos militares y policiales contra los Tamiles civiles en el Norte y el Este y la detención de líderes Tamiles, todo esto llevó a agudizar más la conciencia política Tamil y entonces la Convención de Vaddukkodai en 1977, apoyada por todos los partidos y grupos Tamiles, exigió reconocer su derecho a la autodeterminación: “en virtud de su gran lengua, sus religiones, su específica cultura y herencia, la historia de su existencia independiente como Estado separado sobre un territorio reconocido durante varios siglos hasta que fueron conquistados por el poder armado de invasores europeos, y sobre todo, por su decisión de existir como entidad separada que se gobierne a sí misma en su propio territorio, son una nación distinta y aparte de la Cingalesa”. En ese tiempo el Frente Unido Tamil por la Liberación –TULF- semilla de los Tigres por la Liberación de la Patria Tamil –LTTE- como estructura armada insurgente, era aún muy pequeño. En los años 80 el LTTE se fortaleció como insurgencia armada debido a la violación progresiva de los derechos del pueblo Tamil y llegó a conformar un Estado de facto de amplio respaldo popular en el territorio ancestral Tamil.

En 1985, bajo la mediación de la India, hubo diálogos entre Cingaleses y Tamiles en Thimbu y allí se concretaron las 4 exigencias fundamentales del pueblo Tamil: reconocimiento de los Tamiles como nación; de su territorio; de su derecho a la autodeterminación y de la ciudadanía Tamil de todos los tamil-parlantes, incluyendo a los Tamil-Nadú traídos de India para las plantaciones de té.

El fracaso de los diálogos incentivó la lucha armada, la cual fue desarrollando formas extremas de violencia desde ambas partes. Con la mediación de Noruega se logró acatar un cese de fuego bilateral para negociaciones de paz en 2002, diálogos respaldados por varios países y que señalaron una posible ruta de entendimiento mediante propuestas federalistas, pero la intervención de Estados Unidos y de Gran Bretaña produjo un boicot en las negociaciones, llevando al gobierno de Sri Lanka a optar por una solución militar, la cual comenzó a implementarse más intensamente a partir de 2006, utilizando métodos proscritos en el derecho internacional. La estrategia contemplaba no enfrentar solamente la estructura militar de Los Tigres, sino avanzar fuertemente en el exterminio de la población civil Tamil, asentada en su territorio ancestral del Norte/Este, continuando e intensificando la cadena de matanzas, destrucciones y usurpaciones iniciada en 1956, cuyo objetivo era el exterminio de la nación Tamil.

Entre 2006 y 2009 los ataques militares al territorio Tamil siguieron una estrategia de confinamientos militares progresivamente estrechos, confinando a toda la población mediante cercos armados que impedían todo escape y obligaban a las poblaciones a concentrarse en espacios cada vez más restringidos para atacarlas con armas letales, empujándolas hacia el mar del Este. La población así confinada y atacada pasó de 300.000 y el éxodo de Tamiles que pudieron abandonar el país pasó de un millón. Antes de los ataques finales (octubre 2008 a mayo 2009), el gobierno de Sri Lanka obligó a todas las organizaciones humanitarias presentes a evacuar la zona con el fin de evitar testigos de la barbarie, aunque unos pocos voluntarios permanecieron y documentaron los crímenes, mientras el gobierno transmitía por los medios masivos informaciones falsas.

Para atrapar con mayor seguridad a sus víctimas, el gobierno fue declarando “Zonas Libres de Fuego” donde la población se concentraba desesperadamente para protegerse de los bombardeos, pero una vez ocupada la “zona protegida”, era también bombardeada. Progresivamente se impidió la provisión de alimentos y medicinas; se improvisaban hospitales de guerra para atender a los heridos, pero cuando los heridos eran trasladados allí, también los hospitales improvisados eran bombardeados. Un sacerdote católico quien acompañaba a la multitud victimizada, escribió el 10 de mayo de 2009 (8 días antes de la matanza final) al Papa Benedicto XVI:

“El balance de la pasada noche es de 3.318 muertos y más de 4.000 heridos- Sufrimos un bombardeo de artillería, proyectiles de mortero, armas de agresión automática y bombas de racimo, armamento que el gobierno de Sri Lanka niega utilizar contra la población civil en la zona protegida. Los lamentos de agonía de bebés y niños, de las mujeres y ancianos, llenaban el cielo contaminado por los gases insalubres y venenosos y se clavaban en los corazones de los padres y madres, de los viejos del lugar, de los campesinos ancianos, de hombres y mujeres de todos los ámbitos de la sociedad. (…) Que se sepa que, bajo la pretensión de erradicar el terrorismo, el gobierno de Sri Lanka ha lanzado una ofensiva para exterminar a la nación Tamil. Es una guerra genocida”.

En esa misma carta al Papa, el Padre G. A. Francis Joseph, cita un párrafo de otra carta del Obispo de Jaffna (Sri Lanka) al Papa Juan Pablo II, escrita el 5 de junio de 1983, en la cual le explicaba el surgimiento de la lucha armada en la zona Tamil: “Una banda de jóvenes dedicados y que están convencidos de que su lucha por la tierra de Eelam es justa, que se consideran ‘luchadores por la libertad’ y no criminales y que creen que el Estado es en sí mismo violento y solo puede enfrentarse con violencia. (…) Declaro que es el terrorismo de Estado el que está alimentando más terrorismo y convirtiendo poco a poco el movimiento de liberación de Eelam en un movimiento popular, dado que el gobierno, diariamente, excluye a más y más gente en el Norte”.

El autor de esta carta, quien había sido Rector del Colegio San Patricio de Jaffna, acompañaba en ese momento a una multitud de 350.000 Tamiles civiles sometidos al más bárbaro cerco de muerte, fue detenido por los organismos de seguridad al pasar por el puesto militar de Omanthai y llevado para ser interrogado, sin que se volviera a tener noticia de su paradero.

Documentos de Naciones Unidas calculan en 70.000 los Tamiles asesinados en los últimos días en la estrecha franja de MULLIVAIKAL (de 1.5 kilómetros cuadrados) donde fueron confinados los últimos sobrevivientes; la Diócesis de Mannar contabilizó entre muertos y desaparecidos: 140.000 en la arremetida final.
Poca gente en el mundo cree que esta barbarie sea posible en nuestro mundo del siglo XXI. El Tribunal Permanente de los Pueblos, luego de examinar numerosos documentos y testimonios, condenó al gobierno de Sri Lanka por el crimen de Genocidio, en una sesión realizada en Bremen, Alemania, del 7 al 10 de diciembre de 2013. Ya antes lo había condenado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en otra sesión convocada en Dublín, Irlanda, del 14 al 16 de enero de 2010. El Tribunal, siguiendo la lógica del mismo autor del concepto de Genocidio en el ámbito del derecho internacional, el polaco Rafael Lemkim, comprende el Genocidio en dos fases inseparables: la negación de la identidad de un pueblo o conjunto humano con rasgos comunes y la imposición a ese pueblo de la identidad de sus opresores. Quizás pocos casos tan evidentes de Genocidio como el que el gobierno de Sri Lanka ha ido perpetrando contra la nación Tamil.

Las falsas informaciones suministradas por el gobierno de Sri Lanka lograron cooptar a la mayoría de Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los cuales acataron y elogiaron la presentación falsa de los hechos que hizo el gobierno genocida y se abstuvieron de designar una comisión independiente e imparcial para investigar lo sucedido (Resolución A/HRC/S-11/1/ del 27 de mayo de 2009). Sin embargo, el 22 de junio de 2010 el Secretario General de la ONU designó una Comisión de Expertos para examinar las responsabilidades en la horrenda matanza. El Informe de los expertos, consignado el 31 de marzo de 2011, recogió y sistematizó abundante información sobre las atrocidades perpetradas, a pesar de habérsele negado a dicha Comisión el permiso para ingresar al país. Entre los hechos ligados a la última etapa de ataque, documentó el asesinato de decenas de miles de civiles mediante amplios bombardeos; el ataque aéreo a los hospitales; la privación de ayuda humanitaria y la violación generalizada de los derechos humanos de las víctimas y los sobrevivientes.

La Comisión examinó también las obligaciones del Estado de Sri Lanka frente a la Comunidad Internacional: Sri Lanka es parte en los Convenios de Ginebra de 1949 y por lo tanto le obliga respetar el artículo 3 común; es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por lo tanto le obliga respetar todo el elenco de derechos ligado a la dignidad humana; aunque no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sin embargo la tipificación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que allí se contiene se identifica con las normas del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, sistematizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 2005, las cuales tiene carácter imperativo universal sin estar supeditadas a pactos convencionales.

Al examinar le legislación interna de Sri Lanka, la Comisión evidenció los mecanismos institucionales de impunidad y comprobó la falta total de voluntad política por parte del gobierno de Sri Lanka para reconocer las responsabilidades y para hacer justicia. Ante los diversos requerimientos de las Naciones Unidas, el gobierno de Sri Lanka se ha escudado en la creación de una “Comisión de Lecciones Aprendidas y Reconciliación”, presentada como modelo de justicia transicional, centrada en el olvido del pasado, procesamiento y rehabilitación de insurgentes e investigación de las responsabilidades políticas de los gobiernos en la no protección de los ciudadanos frente al terrorismo. La Comisión de Expertos dejó en claro que tal instrumento no es una opción aceptable de justicia transicional y que es una clara violación de las obligaciones internacionales del gobierno de Sri Lanka, anotando que ninguna Comisión de la Verdad, en ningún país, ha eludido la responsabilidad penal de quienes perpetraron crímenes de derecho internacional. (No. 284- 285), pero señalando también las falencias metodológicas e ideológicas de dicha comisión, en su trabajo parcializado, sesgado y poco abierto a las víctimas de los crímenes de Estado, fuera de que sus mismos integrantes no era imparciales ni independientes. Por su parte, el sistema judicial nacional, según la Comisión de Expertos, tiene fallas estructurales que le impiden enfrentar lo ocurrido con el genocidio y persecución a los Tamiles: contempla una inmunidad absoluta del Presidente por hechos y omisiones oficiales y personales; incorpora un régimen de medidas de emergencia cuya aplicación exonera de responsabilidad ante la ley a sus ejecutores y que autoriza detenciones arbitrarias prolongadas, seguimientos, control de reuniones, publicaciones, armamentos y afectación de propiedades, todo bajo pretexto de seguridad y prevención del terrorismo. Tampoco contempla un mecanismo legal para establecer la responsabilidad por desapariciones forzadas, a pesar de que Sri Lanka ha llevado el record mundial de este crimen en algunos períodos.

La Comisión de Expertos afirma: “Al negar que decenas de miles de vidas fueron eliminadas en la zona de Vani, el gobierno envía el mensaje de que las vidas de esos habitantes de Sri Lanka allí asesinados, la mayoría Tamiles, no tenían valor alguno para la sociedad. Al negar que sus acciones militares ocasionaron decenas de miles de civiles muertos y al intimidar y amenazar a quienes se oponían a esto, el gobierno cierra efectivamente la oportunidad de abrir un serio diálogo nacional sobre el pasado reciente y sobre las necesidades futuras. Mientras se reconoce que el extremismo y el triunfalismo constituyen fuertes restricciones, para la Comisión de Expertos es claro que en el futuro Sri Lanka necesita derribar estas barreras e iniciar un examen sincero del pasado. (…) La exclusión política, social y económica basada en la etnicidad, supuesta o real, está en el corazón del conflicto de Sri Lanka. La reconciliación en Sri Lanka exige el reconocimiento de los derechos de todas las comunidades, incluyendo a los Tamiles y a los Musulmanes como ciudadanos en plenitud. Las políticas futuras tienen que ser inclusivas para prevenir el potencial resurgimiento de la violencia como manera de explicitar la protesta.” (No. 403 – 404)

En sus recomendaciones, la Comisión de Expertos formuló medidas urgentes que alivien la situación de las víctimas pero insistió en que “los pasos internacionales para asegurar la responsabilidad no queden atrapados en los lentos e inútiles y además inefectivos esfuerzos nacionales, como lo afirma el Secretario General en su Informe sobre la Protección de Civiles en Conflictos Armados. Así, aunque las autoridades de Sri Lanka se embarcaran inmediatamente en una investigación auténtica de las violaciones denunciadas en este informe, la Comisión considera que un abordaje independiente y complementario internacional es imperativo (…) El abordaje normal del gobierno a la responsabilidad de los hechos no se corresponde con los estándares internacionales fundamentales que enfatizan la verdad, la justicia y las reparaciones a las víctimas” (No. 441 – 442).

La Comisión de Expertos, en su última recomendación y en un memorando posterior dirigido al Secretario General, sugiere que las Naciones Unidas revisen su comportamiento, a la luz de sus mandatos, en los sucesos de Sri Lanka, insinuando que sus agencias y Estados Miembros desconocieron principios fundamentales de derechos humanos y dieron la impresión de esforzarse más bien por evitar enfrentamientos con el gobierno de Sri Lanka. Por ello el Secretario General nombró otro Panel de Revisión Interna de la Actuación de la ONU en Sri Lanka, comisión que trabajó entre abril y noviembre de 2012 y señaló fallas graves de las Naciones Unidas en su abordaje del genocidio de Sri Lanka.

Quizás por ello, el Concejo de Derechos Humanos de la ONU, en su Resolución 25/1 de marzo de 2014, le solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos adelantar una amplia investigación de las denuncias de violaciones de derechos humanos en Sri Lanka. Su Informe, consignado el 16 de septiembre de 2015, recogió una amplia información sobre los crímenes, examinó minuciosamente los estándares de justicia e impunidad a nivel interno y en sus recomendaciones señala la necesidad de promover numerosas reformas institucionales en Sri Lanka para adaptarse a los conceptos del derecho internacional de los derechos humanos, adoptando las tipificaciones de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y acogiendo la presencia y colaboración de diversos órganos de la ONU. Su principal propuesta consiste en establecer un tribunal especial ad hoc de carácter híbrido, integrando jueces, fiscales, juristas e investigadores internacionales, cuyo mandato sea el procesamiento de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo crímenes de abuso sexual y contra los niños, con órganos independientes de investigación y sanción, oficinas de defensa y programas de protección de testigos y de víctimas, de modo que sea posible enjuiciar a los responsables.(No. 1278 – versión sintética No. 88).

En los últimos años, varias Comisiones de las Naciones Unidas han logrado entrar a Sri Lanka, dialogar con instituciones oficiales y hacer recomendaciones, la mayoría de las cuales son acogidas con promesas de cambio que no se cumplen. Sin embargo, los informes de esas visitas revelan claramente que las estructuras criminales continúan vigentes. El informe de la Relatora Especial sobre Derechos Humanos y Antiterrorismo (14 de julio de 2017) muestra que la tortura sistemática se sigue apoyando en un armazón institucional difícil de cambiar; igual conclusión se saca del Informe del Relator sobre la Tortura (22 de diciembre de 2016) y del de la Relatora Especial sobre Minorías (31 de enero de 2017).

La realidad que contextúa el 10 aniversario del despliegue genocida de Mullivaikal (18 de mayo de 2009) es la de un territorio Tamil ocupado militarmente por un ejército enemigo que ha perpetrado crímenes horrendos contra la etnia Tamil y que no ha sido procesado por quienes han recibido la misión universal de proteger a los humanos de la barbarie. La tierras de los Tamiles siguen usurpadas por los militares y cingaleses-budistas; la tortura, la desaparición forzada y el abuso sexual siguen estando protegidos institucionalmente como medios de represión brutal contra la población civil Tamil, a la cual se detiene y se procesa bajo leyes de “prevención del terrorismo” que no resisten un mínimo examen de legitimidad; el control militar y policial de la población Tamil en su territorio ancestral usurpado, es asfixiante y desesperante; no existe una sola medida que favorezca el retorno de los exiliados. No hay duda alguna que el exterminio de la población Tamil, de su hábitat, de su territorio, de su cultura, de su autonomía, avanza de múltiples maneras, paulatinamente, ante la tolerancia disimulada de las Naciones Unidas, de sus Estados miembros y de sus órganos especializados, secretarías, relatores y grupos de expertos. No hay esfuerzos por someter a los victimarios a investigación, juicio y sanción y para lograr esclarecimiento y verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mientras ello no ocurra, el poder consolidado de los genocidas se seguirá prolongando su sus crímenes y sus efectos. Un derecho internacional construido en tantas décadas como protección de la especie humana queda reducido a viento ante la inacción de los órganos creados. Todo se hunde en el marasmo de la ineficiencia, a pesar de que los análisis de los expertos compitan en erudición jurídica y humanitaria.

La queja profunda de un antiguo Ministro Tamil, al pronunciarse ante los participantes en el noveno aniversario de Mullivaikal (18 de mayo de 2018), en la impresionante explanada arenosa que cubre decenas de miles de cadáveres de Tamiles, acertaba en su grito lastimero: JUSTICIA RETARDADA ES CLARAMENTE JUSTICIA NEGADA.

Ojalá un clamor universal obligara al Consejo de Seguridad de la ONU a crear el tribunal ad hoc; a devolver a la población Tamil sus territorios y a protegerlos por medio de cascos azules relevando al ejército genocida de esa tarea; a organizar un retorno multitudinario de los desterrados y a asegurarles su protección y vida digna en su patria milenaria; a construir un gigantesco monumento sobre los sepulcros de las decenas de miles de Tamiles sacrificados tan bárbaramente, para que la humanidad del futuro entienda que esos crímenes no se pueden volver a repetir NUNCA MÁS.

Desde Colombia
Javier Giraldo Moreno, S.J(1).


(1) El autor, sacerdote jesuita y coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular /Programa por la Paz dela Compañía de Jesús en Colom-bia, entre 1988 y 2019, visitó Sri Lanka en mayo de 2019, participó en el 10º aniversario de la masacre genocida de 2009, dialogó con diversos grupos de investigadores y de víctimas y asistió a una reunión con delgados de todas las religiones, a pocos días de los ataques con explosivos a iglesias cristianas de Colombo y Negombo, percibiendo el peligroso intento de crear el mito de una guerra inter-religiosa que haga olvidar el horrendo genocidio de los Tamiles.

[Inglés]

Bodies of the United Nations: clarity in their analysis but completely ineffectual in the face of de facto barbarism - Mullivaikal - Sri Lanka - ten years later

The 18th of May was the 10th birthday of the broadcasting of news on international media that the Sri Lankan government, with the support of other states, had defeated the terrorist organization named ‘Liberation Tigers of Tamil Eelam’.

In reality, the 18th of May 2009 was the end to the most bloody chapter of an extermination process, still being carried out, of an ancestral ethnic group in Sri Lanka, the Tamil ethnicity, as old and as settled culturally and territorially as the ethnicity in power: the Sinhalese, on this island formally known as ‘Ceylon’ and colonised successively by the Portuguese, Dutch and British, but recognised as an independent state in 1948, when the British (the last colonial power) political program of creating an only state, dominated by the Sinhalese of Buddhist religion, was put into action by fire and sword, progressively negating and suppressing the rights of other ancestral inhabitants, specially the Tamils, whose ancestral attachment to this territory is unquestionable.

In 1949 the rights of a million Tamils who had been brought over from India (from the state of Tamil Nadu) by British colonisers were already negated when they were not allowed to work the tea plantations in the centre of the country. In 1956 Sinhalese was declared the only national language, which led to discrimination in access to education and political participation. Faced with the pacific protests of the Tamil, the Sinhalese began running programmed slaughters, on the 6th of June 1956 they murdered 150 Tamils in a sugar plantation and from that date until 2008 there have been 157 counted massacres of Tamils, some of which with thousands of victims. Notable was that of July 1983 “Black July” in which an estimated 3000 Tamils were murdered and 200000 were displaced, looking for refuge in other countries. The new constitution of 197 declared Buddhism the state religion, consolidating a Buddhist-Sinhalese central power. On the 1st of June 1981, members of this Sinhalese-Buddhist state set fire to the Jaffna library, sanctuary of Tamil ancestral culture with 97000 volumes, some of which being ancient manuscripts of Tamil patrimony.

The continuous unilateral non-fulfilment of the agreements by Sinhalese institutions, the violent repression of non-violent protests, military and police harassment against Tamil civilians in the North and East of the country, and the detention of Tamil leaders, all lead to the growth of the Tamil political consciousness and the following Convention of Vaddukkodai in 1977, supported by all the Tamil groups and political parties, demanded the recognition of their right to self-determination: “in virtue of their great language, their religions, their specific culture and heritage, the history of their independent existence as a separate state in a recognised territory over various centuries until they were conquered by the armed power of invading Europeans, and above all, due to their decision to exist as a separate entity that governs itself in its own territory, there are a different nation from the Sinhalese”. In these times, the Tamil United Liberation Front (TULF), spark of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) as an insurgent armed structure, was still very small. In the 80’s the LTTE strengthened as an armed insurgency due to the progressive violation of the Tamil people’s rights and ended up conforming a de facto state with widespread popular backing in the Tamil ancestral territory.

In 1985, with the mediation of India, dialogues took place between Sinhalese and Tamils in Thimbu and there 4 fundamental demands of the Tamil people were put forward: recognition of the Tamil people as a nation; of their territory; of their rights of autodetermination and Tamil citizenship of all Tamil speaking people, including the Tamil-Nadu brought over from India for the tea plantations.

The failure of the dialogues incentivised the armed conflict, which developed extreme forms of violence from both parts. With Norwegian mediation a bilateral ceasefire was accomplished for peace negotiations to be held in 2002, backed by various countries that offered a possible route of understanding through federalist proposals, but the intervention of the United States and Great Britain lead to a boicot of the negotiations, leading the Sri Lankan government to look for a military solution, which was implemented with more force from 2006 onwards, using prohibited methods by international human rights. The strategy aimed to not only confront the military structure of the Tigers, but to make serious advances in the extermination of the Tamil people, established in their North-Eastern ancestral territory, continuing and intensifying the chain of murders, destruction and usurpations started in 1956, the objective of which was the extermination of the Tamil nation.

Between 2006 and 2009 the military attacks on the Tamil territory followed a strategy of the progressively tighter military confinements, confining the population through armed with an armed siege that prevented escape and forced the population to concentrate in ever more restricted spaces to attack them with lethal weapons, pushing them towards the East sea. The population, as a result of this attack and confinement, grew to 300.000 and the Tamil exodus of people that could leave the country passed a million. Before the final attacks (from October 2008 to May 2009), the Sri Lankan government forced all humanitarian organizations in the area to evacuate in order to avoid witnesses of the barbaric violence, although a few volunteers stayed and documented the crimes, while the government transmitted false information on mass media.

The ensure trapping their victims, the government declared “Fire-free Zones” where the population congregated desperately to protect themselves from the bombings, but once the “Protected Zones” were occupied, they were also bombed. The provision of foods and medicine was progressively impeded; war hospitals were improvised to attend to the wounded, but when the wounded were transported there, the improvised hospitals were also bombed. A catholic priest that accompanied the victimized masses, wrote to Pope Benedict XVI on the 10th of May 2009 (8 days before the final slaughter):

“The balance of last night is of 3.318 dead and over 4.000 wounded. We suffered an artillery bombing, mortar shells, automatic weapons of aggression and cluster bombs, weapons that the Sri Lankan government denies using against civilians in the protection zones. The agonizing cries of babies and mothers, women and elders, filled the sky contaminated with poisonous gases and filled the hearts of mothers and fathers, of the elderly, of the old farmers, of men and women of all walks of life...Let it be known that under the pretence of eradicating terrorism, the Sri Lankan government has launched an offensive to exterminate the Tamil nation. This is a genocidal war.

In this same letter to the Pope, Father G.A. Francis Joseph, cites a paragraph from another letter by the Bishop of Jaffna (Sri Lanka) to Pope John Paul II, written on June 5th 1983, in which he explains the development of armed conflict in the Tamil region: “A group of dedicated youths that are convinced that their fight for the land of Eelam is just, that consider themselves ‘fighters for liberty’ and not criminals and who believe that the state is in itself violent and can only face it with violence (…) I declare that state terrorism is feeding the terrorism and is progressively making the movement for the liberation of Eelam a popular movement, as the government, daily, excludes more and more people in the North”.

The author of this letter, who had been Rector of the San Patrick School in Jaffna, accompanied in this moment a multitude of 350.000 Tamil civilians subdued to the most barbaric siege of death, was arrested by security organisms when passing a military outpost in Omanthai and was taken in for interrogation, never again knowing of his whereabouts.

United Nations documents calculate that 70.000 Tamils were assassinated in the last days in the narrow straight of MULLIVAIKAL (of 1.5 square kilometres) where the last survivors were confined; the Mannar Diocesis counted 140.000 dead and disappeared in the final onset.

Few people in the world believe that this barbarity is possible in our world in the 21st Century. The Permanent People’s Tribunal, after examining numerous documents and testimonies, condemned the Sri Lankan government for the crime of Genocide, is a session in Bremen, Germany, carried out from the 7th to the 10th of December 2013. Even before, it had been condemned for war crimes and crimes against humanity in another session carried out in Dublin, Ireland, from the 14th to the 16th of January 2010. The tribunal, following the logic of the intellectual author of the concept of genocide in the scope of international rights, Polish Rafael Lemkin, understanding genocide in two inseparable phases: the negation of the identity of a people or a group of humans with common features, and imposing the identity of their oppressors on those people. There are possibly few more evident examples of genocide as that carried out by the Sri Lankan government against the Tamil people.

The false information offered by the Sri Lankan government managed to co-opt the majority of member states of the Human Rights Council of the U.N., who abided and praised the false presentation of facts made by the genocidal government and abstained from designating an independent and impartial commission to investigate what happened (Resolution A/HRC/S-11/1/ 27th of May 2019). Nevertheless, on the 22nd of July 2010 the General Secretary of the U.N. appointed a Commission of Experts to examine those responsible of these terrible massacres. The expert’s report, consigned on the 31st of March 2011, gathered and systematised abundant information about the perpetrated atrocities, even with the access of this commission to the country being denied. Between the acts of this last period of the attack, they documented the murders of tens of thousands of civilians with widespread bombing, the aerial attack on hospitals; the deprivation of humanitarian aid and the generalised violation of human rights of the victims and survivors.

The Commission also examined the obligations of the Sri Lankan state towards the International Community: Sri Lanka is a part of the 1949 Geneva Convention and therefore is obligated to respect article 3; it is a part of the International Pact on Civil and Political Rights and therefore is obligated to respect all rights associated with human dignity; although it isn’t a part of the Statute of Rome in the International Penal Court, However, the definition of war crimes and crimes against humanity contained therein is identified with the norms of the International Humanitarian Law, systematized by the International Committee of the Red Cross in 2005, which have a universal imperative nature without being subject to conventional pacts.

In examining Sri Lanka’s domestic legislation, the Commission highlighted the institutional mechanisms of impunity and verified the total lack of political will on the part of the Sri Lankan government to recognize responsibilities and to do justice. In response to the various requirements of the United Nations, the government of Sri Lanka has taken refuge in the creation of a "Commission of Lessons Learned and Reconciliation", presented as a model of transitional justice, focused on forgetting the past, processing and rehabilitating insurgents and investigation of the political responsibilities of governments in the non-protection of citizens against terrorism.

The Committee of Experts made it clear that such an instrument is not an acceptable option of transitional justice and that it is a clear violation of the international obligations of the government of Sri Lanka, noting that no Truth Commission, in any country, has shirked responsibility of those who perpetrated crimes under international law. (No. 284-285), but also pointing out the methodological and ideological flaws of said commission, in its biased, slanted and non-accessible work for the victims of State crimes, even without taking into account that its members were not impartial or independent. For its part, the national judicial system, according to the Committee of Experts, has structural flaws that prevent it from facing what happened with the genocide and persecution of the Tamils: it offers full immunity to the President for official and personal acts and omissions; it incorporates a regime of emergency measures the application of which exempts the executors from any legal liability and authorizes prolonged arbitrary detention, monitoring, control of meetings, publications, weapons and property damage, all under the pretext of security and terrorism prevention. Nor does it contemplate a legal mechanism to establish responsibility for forced disappearances, even though Sri Lanka has held the world record for this crime in some periods.

The Committee of Experts states: "By denying that tens of thousands of lives were taken in the Vani area, the government sends the message that the lives of those Sri Lankan inhabitants killed there, most of them Tamils, had no value for society. By denying that their military actions caused tens of thousands of civilian deaths and intimidating and threatening those who opposed this, the government effectively closes the opportunity to open a serious national dialogue on the recent past and on future needs. While it is recognized that extremism and triumphalism are strong constraints, it is clear to the Committee of Experts that in the future Sri Lanka needs to break down these barriers and initiate a sincere examination of the past. (...) Political, social and economic exclusion based on ethnicity, supposed or real, is at the heart of the conflict in Sri Lanka. Reconciliation in Sri Lanka requires the recognition of the rights as full citizens of all communities, including the Tamils and Muslims. Future policies must be inclusive to prevent the potential resurgence of violence as a way of making protests explicit. "(No. 403 – 404).

In its recommendations, the Committee of Experts formulated urgent measures to alleviate the situation of the victims but insisted that the "international steps to ensure responsibility are not caught in the slow, useless and ineffective national efforts, as stated by the Secretary General in his Report on the Protection of Civilians in Armed Conflicts. Thus, although the Sri Lankan authorities immediately embarked on an authentic investigation of the violations denounced in this report, the Commission considers that an independent and complementary international approach is imperative (...) The normal approach of the government to the responsibility of these acts does not correspond with the fundamental international standards that emphasize truth, justice and reparations to victims " (No. 441 - 442).

The Committee of Experts, in its latest recommendation and in a subsequent memorandum to the Secretary-General, suggests that the United Nations review its behavior, in light of its mandates, with regards to the events in Sri Lanka, implying that its agencies and Member States were unaware of fundamental principles of human rights and gave the impression of striving to avoid confrontations with the Sri Lankan government. For this reason, the Secretary General appointed another Internal Review Panel of the UN Action in Sri Lanka, a commission that worked between April and November 2012 and pointed out serious flaws in the United Nations’ approach to Sri Lankan genocide.

Perhaps for this reason, the UN Human Rights Council, in its Resolution 25/1 of March 2014, requested the Office of the UN High Commissioner for Human Rights to carry out a broad investigation of the allegations of human rights violations in Sri Lanka. Its report, recorded on September 16, 2015, gathered extensive information on the crimes, thoroughly examined the standards of justice and impunity at an internal level and in its recommendations points out the need to promote numerous institutional reforms in Sri Lanka to adapt to the concepts of international human rights law, adopting the definitions of war crimes and crimes against humanity and welcoming the presence and collaboration of various UN bodies. Its main proposal is to establish a special ad hoc tribunal with a hybrid nature, comprising of judges, prosecutors, lawyers and international investigators, whose mandate is the prosecution of war crimes and crimes against humanity, including crimes of sexual abuse and against children, with independent investigative and sanctioning bodies, defense offices and programs for the protection of witnesses and victims, so that those responsible can be prosecuted (No. 1278 - synthetic version No. 88).

In recent years, several United Nations Commissions have managed to enter Sri Lanka, dialogue with official institutions and make recommendations, most of which are received with promises of change that are not met. However, the reports of these visits clearly reveal that the criminal structures continue in place. The report of the Special Rapporteur on Human Rights and Antiterrorism (July 14, 2017) shows that systematic torture continues to be supported by an institutional framework that is difficult to change; The same conclusion is drawn from the Report of the Rapporteur on Torture (December 22, 2016) and that of the Special Rapporteur on Minorities (January 31, 2017).

The reality that surrounds the 10th anniversary of the genocidal deployment of Mullivaikal (May 18, 2009) is that of a Tamil territory militarily occupied by an enemy army that has perpetrated horrendous crimes against the Tamil ethnic group and that has not been prosecuted by those who have received the universal mission to protect humans from barbarism. The lands of the Tamils continue to be usurped by the military and Sinhalese-Buddhists; torture, forced disappearance and sexual abuse continue to be institutionally protected as means of brutal repression against the Tamil civilian population, which is stopped and prosecuted under "terrorism prevention" laws that do not withstand a minimum legitimacy examination; the military and police control of the Tamil population in their ancestral usurped territory is suffocating and exasperating; there is no single measure that favors the return of exiles. There is no doubt that the extermination of the Tamil population, its habitat, its territory, its culture, its autonomy, progresses in many ways, gradually, with the dissimulated tolerance of the United Nations, its Member States and its specialized bodies, secretariats, rapporteurs and expert groups. There are no efforts to subject the perpetrators to investigation, trial and punishment and to achieve clarification and truth, justice, reparation and guarantees of non-repetition. If this does not happen, the consolidated power of the genocide will continue to prolong its crimes and its effects. An international right constructed over so many decades as protection of the human species is reduced to nothing as a result of lack of action of the created organs. Everything collapses in a paralysis of inefficiency, even though the experts’ analyzes compete in legal and humanitarian erudition.

A former Tamil minister was right in his plaintive cry, when speaking out in front of participants of the ninth anniversary of Mullivaikal (May 18, 2018), in the impressive sandy esplanade that covers tens of thousands of corpses of Tamils: JUSTICE DELAYED IS CLEARLY DENIED JUSTICE.

I wish a universal clamour would force the UN Security Council to create the ad hoc tribunal; to return their territories to the Tamil population and to protect them by means of blue helmets relieving the genocidal army of that task; to organize a mass return of the exiles and to ensure their protection and dignified life in their millenary homeland; to build a gigantic monument on the tombs of the tens of thousands of Tamils sacrificed so barbarously, so that the humanity of the future understands that these crimes can not be repeated NEVER AGAIN.
From Colombia

Javier Giraldo Moreno, S. J (1) .


(1) The author, Jesuit priest and coordinator of the Human Rights and Political Violence Data Bank of the Popular Research and Education Center / Peace Program of the Society of Jesus in Colombia, between 1988 and 2019, visited Sri Lanka in May 2019, participated in the 10th anniversary of the 2009 genocidal massacre, he spoke with various groups of investi-gators and victims and attended a meeting with representatives of all religions, a few days after the explosive attacks on Christian churches in Colombo and Negombo, a dangerous attempt to create the myth of an inter-religious war that makes forget the horrendous genocide of the Tamils.