Desde los márgenes

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El proceso de paz de Betancur

mirado desde la práctica de las ONG de Derechos Humanos

Sábado 1ro de diciembre de 1984, por Javier Giraldo M. , S.J.

1.Visión retrospectiva del proceso de paz

Puesto que la paz es un proceso, es conveniente reflexionar a partir de hechos que lo han ido configurando. No podemos entender los dinamismos que hoy se están desarrollando sin tener en cuenta, calibrar y evaluar la etapa inmediatamente anterior: el gobierno de Turbay, el cual constituyó una de las etapas más represivas que hemos vivido en Colombia.

Examinemos primero los instrumentos “jurídicos” sobre los cuales pretendió fundamentarse el modelo represivo de Tubay:

1. El Estado de Sitio: Desde 1948 hemos vivido 32 años en Estado de Sitio. Solo han transcurrido sin ese marco legal “de excepción” los años 1962 a 1964, el año 1974 y el 1983. De resto no hay años completos sino meses. Turbay mismo asume el gobierno en Estado de Sitio y un mes después, amparado en el mismo, sanciona el Estatuto de Seguridad.

2. El Estatuto de Seguridad fue precedido por decretos represivos aprobados por el Presidente López Michelsen en 1976, la mayoría de cuyas normas fueron incorporadas al Estatuto: fueron los decretos 2193, 2194, 2195, 2587 y el 0070 de 1978. Estos decretos tenían graves aberraciones jurídicas que saltaban a la vista, como las siguientes:

a. El ofendido quedaba convertido en juez.
b. Desaparecía prácticamente el derecho de defensa.
c. Se difuminaban las fronteras entre el poder ejecutivo y el judicial.
d. Se consagraba la más amplia arbitrariedad; la mera “sospecha” de que se iba a cometer un delito era causa de detención.
e. El derecho a la vida quedaba en alto riesgo (Decreto 0070).

El Estatuto mismo tenía como objetivo fundamental el castigo de los delitos políticos y de los delitos comunes conexos con los anteriores, delitos que las interpretaciones fáciles llevaron a identificar con las formas de protesta social y que también implicaban aberraciones jurídicas como:

El Estatuto mismo tenía como objetivo fundamental el castigo de los delitos políticos y de los delitos comunes conexos con los anteriores, delitos que las interpretaciones fáciles llevaron a identificar con las formas de protesta social y que también implicaban aberraciones jurídicas como:

  • imponer penas que superaban con mucho el carácter “transitorio” de ese tipo de legislación;
  • negar en la práctica el derecho a la defensa y el habeas corpus;
  • amalgamar los delitos políticos con los delitos comunes.

3. Las detenciones arbitrarias: En enero de 1979 se produjo una oleada de detenciones masivas y arbitrarias que buscaron fundarse en el Artículo 28 de la Constitución. Sin embargo no se cumplían los requisitos exigidos por ese mismo artículo, yendo mucho más allá de lo allí permitido. En efecto, se mantenía un secreto absoluto sobre las personas detenidas y sobre los sitios de reclusión; no se consultaba al Consejo de Ministros; no había mandatos escritos que autorizaran las detenciones; se utilizaban sitios no autorizados legalmente como lugares de reclusión. En general, el blanco de esta arremetida eran los sectores populares organizados y la oposición política, lo que lleva a concluir que todo apuntaba a castigar las libertades de asociación y de opinión.

4. La Justicia Militar: Contra lo estipulado en el artículo 170 de la Constitución, según el cual, la justicia militar solo es aplicable a militares en servicio activo y con relación a delitos cometidos en el desarrollo de ese mismo servicio, se aplicaba la justicia militar a los civiles.

La Justicia militar tiene un funcionamiento estructuralmente anti jurídico en el cual se pueden detectar estos rasgos:

  • Es un aparato judicial pero controlado totalmente por el poder ejecutivo y estructurado de acuerdo a una jerarquía militar que dimana del Ministro de Defensa como autoridad suprema, quien designa los integrantes del Tribunal Superior Militar, los jueces de primera instancia y los de instrucción.
  • Los Consejos Verbales de Guerra están estructurados de tal modo que tienen que reproducir fielmente la jerarquía militar, respetando los rangos en la gradación que va de los jueces de primera instancia, los asesores jurídicos, los fiscales, y los vocales, en orden descendente.
  • No respeta la elemental independencia que todo proceso judicial debe contemplar entre los responsables del arresto y la detención; los de la investigación o instrucción y los del enjuiciamiento y la sentencia. Todo en la Justicia castrense queda bajo el control de una misma autoridad que pertenece a la rama administrativa, la cual, en cuanto detentadora del poder político central, es la directamente ofendida por el delito de rebelión y por los demás delitos políticos. De tal forma sofisticada se implementa la figura aberrante de el ofendido convertido en juez.

5. La Tortura: En su misión de investigación en Colombia en 1980, Amnistía Internacional recibió 600 denuncias de casos de tortura documentados; examinó en directo y verificó 60 de ellos hasta llegar a la evidencia, y tuvo conocimiento de registros de alrededor de 6000 casos. Otros organismos internos investigaron torturas perpetradas por funcionarios de la administración Turbay, como: el Instituto de Medicina Legal; la Cámara de Representantes; el Concejo de Bogotá; la Asamblea Departamental de Antioquia; el Foro Nacional por los Derechos Humanos. Todos comprobaron la existencia de una práctica sistemática de la tortura.

Las investigaciones permitieron identificar factores que facilitaban la práctica de la tortura, tales como: la existencia de lugares de detención y de organismos encargados de detenciones que estaban por fuera de la estructura jurídica legal; la incomunicación en que se mantenía a los detenidos; la práctica de vendarle los ojos a los detenidos como garantía de impunidad para los torturadores; el admitir como válidos en los procesos penales los informes elaborados por los torturadores; el hecho de que la misma autoridad bajo la cual se practicaba la tortura era la encargada de supervisar el proceso de instrucción y de juicio, lo que le permitía rechazar la demanda de nulidad de testimonios logrados bajo tortura; el hecho de que la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares estuviera bajo el mismo control militar, asignando para ello ordinariamente a un General del Ejército.

6. Los procesos: el número de prisioneros políticos sometidos a procesos penales, la mayoría en Consejos de Guerra, llegó a niveles insospechados que se pudieron registrar y contar así:

1978 (agosto a diciembre) 2915
1979 (enero a diciembre)4098
1980 (enero a diciembre)6819
1981 (enero a abril)2425
TOTAL 16257

En cada uno de los pasos del proceso eran ordinariamente desconocidos los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Colombia, lo mismo que los principios fundamentales de la Constitución y de los códigos internos. El catálogo de violaciones se refería a : los allanamientos, las capturas, los interrogatorios, las indagatorias, el habeas corpus, los jurados, los juicios, las pruebas, los mecanismos de intimidación a abogados, familiares, visitantes, etc.

Los principios consagrados en los pactos Internacionales de Derechos Humanos exigían: presumir la inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad; que las detenciones se ordenen por escrito, por autoridades competentes y por motivos que las justifiquen de acuerdo a las leyes; informar inmediatamente al detenido las razones de la detención; llevar al detenido inmediatamente a lugares establecidos legalmente como lugares de detención; que los detenidos sean puestos sin dilación a órdenes de jueces competentes; que no se ejerza ninguna presión física, psíquica o moral en los interrogatorios; que el detenido tenga acceso, desde el primer momento, a un abogado de su libre elección; que las personas sean juzgadas por un tribunal independiente, competente e imparcial, en juicio público y con plenas garantías de defensa. La sola enumeración de estas garantías revela la enormidad de las violaciones que se daban, pues todo esto era violado, a pesar de que Colombia había suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos (en noviembre de 1969, asumiéndola en la Ley 16 de 1972 y ratificándola el 31 de julio de 1973), así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al mismo tiempo que su Protocolo Facultativo y el Pacto relativo a Derechos Económicos, Sociales y Culturales (asumidos en la Ley 74 de 1968 y ratificados el 29 de octubre de 1969).

7. Las Zonas Militarizadas: la actitud del ejército en esas zonas se asimila mucho a las prácticas del Genocidio. Este se ha definido como conjuntos de actos que miran a destruir total o parcialmente grupos humanos, sean nacionales, étnicos, raciales o religiosos, ya mediante matanzas directas, ya mediante lesiones a la integridad física o mental de sus integrantes, sometiéndolos a condiciones que llevan a su destrucción como grupo humano.

En el Caquetá, por ejemplo, se instaló el Comando Operativo No. 12 en 1981 y en sus instalaciones, en Florencia, se leía un letrero que decía: “nuestro obetivo: destruir al enemigo”. Se suponía que el “enemigo” era la guerrila, pero los pobladores de la región comprobaban permanentemente que a la guerrilla no se la quería enfrentar directamente sino que se buscaba al campesino desarmado, acusado sistemáticamente de ser “su colaborador”, el cual era ordinariamente la víctima de tortura, allanamientos, saqueos, destrucción de sembrados, detenciones arbitrarias y procesos amañados.
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En síntesis, se puede hablar de un cuatrienio (el del gobierno de Turbay) en el cual se ejerció un dominio militar absoluto sobre la población civil, apoyándose en instrumentos ilegales con apariencia “legal”, con el fin de desarrollar la más amplia ofensiva contra la oposición política.

El registro de esta represión quedó consignado en documentos de varios organismos internacionales que visitaron Colombia en esos años e investigaron numerosas denuncias de violaciones a tratados internacionales. Amnistía Internacional realizó su misión de observación del 15 al 31 de enero de 1980; La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la cual fue invitada apresuradamente por el Gobierno colombiano con la pretensión de contrarrestar el Informe de Amnistía Internacional, aceptó con inusitada rapidez (recibió la petición el 1° de abril de 1980, la respondió al día siguiente, 2 de abril, como caso insólito en su historia ya que siempre tarda meses y hasta años en tomar esas decisiones, y realizó su misión del 21 al 28 de abril del mismo año, produciendo un Informe bastante coincidente con el de Amnistía Internacional. También la Liga Internacional de los Derechos del Hombre (con sede en Francia) en unión con la Comisión internacional de Juristas Católicos, realizó una misión de observación en 1981.

Una EVALUACIÓN POLÍTICA de esa coyuntura, nos permite llegar a conclusiones como éstas:

a) El partido entonces gobernante (el Partido Liberal) fue afectado por una división interna que lo llevó incluso a perder las siguientes elecciones (1982), cuando los analistas políticos lo consideraban instalado ya en el poder para muchas décadas, dado el declive numérico del Partido Conservador. Muchas figuras del Partido aún sensibles a principios liberales, se avergonzaron de un tal régimen y se aglutinaron en una nueva expresión política que se llamó Nuevo Liberalismo. Pero el Partido Liberal fue además rechazado en dos ocasiones, a partir de entonces, por la Internacional Socialista, a la cual quiso afiliarse como estrategia para “limpiar la cara” luego de la administración Turbay, y fue rechazado expresamente como “violador de los derechos humanos”.

b) La clase dirigente del país comenzó a generar grupos de conciencia democrática avergonzada, los cuales tuvieron su mejor expresión en los Foros por los Derechos Humanos y en el Comité Permanente por los Derechos Humanos, al cual se vincularon figuras políticas progresistas, ex ministros, intelectuales, parlamentarios, diputados, concejales, alcaldes y dirigentes sociales de muchas corrientes ideológicas. Era evidente que para el estamento social dirigente del país era difícil esquivar ante la opinión pública nacional e internacional el carácter delincuencial y criminal con el que quedó marcada la administración Turbay y eso explica los mecanismos recurridos para expresar su distancia de la misma. Tampoco en la conciencia ciudadana se pudo borrar esa pesadilla de represión, la que tuvo también consecuencias electorales.

Pero también es posible hacer una EVALUACIÓN MILITAR de ese período, la cual iluminará rincones muy ocultos y de trasfondo del actual proceso de paz.

El objetivo militar del cuatrienio Turbay era muy claro: eliminar de una vez por todas las estructuras de oposición político militares.

En 1981, el estudio de unos analistas alemanes calculaba entre 2000 y 3000 los hombres en armas de dichos grupos. Por su parte, las FARC, en su 13ª Conferencia, calculaban 2000 combatientes y 11 frentes de guerra; el EPL estaba entonces casi inactivo; el ELN también; el M-19 tenía 300 combatientes, la mayoría presos y sometidos a Consejos Verbales de Guerra.

Después de la campaña de exterminio que significó el gobierno Turbay, el General Fernando Landazábal, quizás exagerando demasiado, calculaba, en 1983, en 16300 los alzados en armas. Un cálculo más realista fue hecho por algunos periodistas en 1984. Según ellos, las FARC tendrían 5000 combatientes y 27 frentes de guerra; el EPL, 300 combatientes y 8 regiones; el ELN, 3 frentes y 28 comandos; el M-19, 600 combatientes con armas automáticas y 1500 militantes, para un total de entre 6500 a 7000 combatientes, que debían enfrentar a una fuerza pública compuesta por 112.000 hombres.

Se puede, pues, concluir, que desde el punto de vista militar, la represión de Turbay produjo más bien un contra-efecto: en lugar de exterminar la insurgencia armada, la hizo crecer sin precedentes. Una evaluación confidencial que al parecer las fuerzas armadas le confiaron a un General que recorrió todas las divisiones y brigadas, concluía que el período terminaba con un aumento insólito de la insurgencia y con una simpatía civil hacia la misma, perceptible sobre todo en el ámbito internacional, quizás estimulada por la denuncia de la tortura y de la represión.

Tanto la evaluación política como la militar del período constituía una seria advertencia para cualquier candidato a la presidencia: era urgente un cambio de modelo; el anterior mostraba un rotundo fracaso.

Antes de abordar el proceso de paz de Betancur, vale la pena examinar el comportamiento de los derechos humanos en el último año de Turbay y en el primer año de Betancur, según las modalidades más graves de violaciones, como son las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones y las ejecuciones.

Modalidades de violacionesÚltimo año TurbayPrimer Año Betanc.Segundo Año Betanc.
Detenciones arbitrarias 3998 2231 1705
Torturas 381 619 241
Desapariciones forzadas 145 97 125
Ejecuciones 369 674 530

¿Se pueden descubrir aquí los rasgos de un nuevo modelo represivo a través de tendencias? Todo muestra que la ejecución le va ganando terreno a la detención arbitraria y a la tortura que van en descenso sin desaparecer. Fuera de estas cifras, un ingrediente detectable claramente en el nuevo modelo es el accionar creciente de las estructuras paramilitares.

Nada impide que estas modalidades represivas características de la transición puedan coincidir con el proceso de paz. El nuevo modelo parece caracterizarse por una mayor discreción de los organismos del Estado: en las detenciones tenían que aparecer más abiertamente, sobre todo si se quería darle alguna apariencia legal a ese tipo de violación, pero las desapariciones y ejecuciones comienzan a caracterizarse por tener “autores oscuros” que no se identifican con tanta facilidad, de allí la creciente fuerza de los paramilitares. Hay un abandono sensible de las modalidades represivas de apariencia legal.

Lo más preocupante del modelo es que, a nivel político se maneja el discurso de la paz, del diálogo, de la negociación, de la convivencia, de la búsqueda de mayor justicia social, pero a nivel militar se manejan las nuevas modalidades represivas que eluden o encubren a los responsables con mecanismos muy calculados.

2. El Proceso de Paz
confrontado con interrogantes
planteados por la defensa de los Derechos Humanos

Hay que señalar que las organizaciones y personas que se identifican con la defensa y promoción de los derechos humanos, en la situación concreta de Colombia, se han visto constreñidas a realizar una doble reducción en su gestión humanitaria: la primera es en la cobertura misma de los derechos humanos, y la segunda en el campo de las víctimas.

Según las declaraciones e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, éstos abarcan tanto los derechos básicos: a la vida, a la integridad y a la libertad, como los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales. Casi todos estos derechos son violados en forma generalizada dentro del sistema vigente, pero la responsabilidad de su violación queda diluida en “el sistema”. Por eso la reivindicación de esos derechos está ligada a transformaciones muy profundas de las mismas estructuras o del orden social vigente. De allí que el campo más específico de los derechos humanos se haya ido reduciendo a los más elementales y básicos: vida, integridad y libertad.

Las posibilidades de defensa frente a los agresores que atentan contra los valores elementales del ser humano dan cuenta de la segunda reducción. Los Estados cuentan con medios coercitivos muy poderosos para defenderse ellos mismos, sus instituciones y las capas sociales que tienen mayor afinidad o injerencia en las estructuras del Estado, y con las cuales se siente más solidario, pero los grupos de oposición al Estado y que ordinariamente suelen ser las víctimas del Estado, no cuentan con esos medios coercitivos para defenderse de un agresor como el Estado.

Lo que suele ocurrir con mayor frecuencia es que el Estado, al defenderse, o al defender a los grupos o capas sociales más afines o solidarios con quienes detentan el poder del Estado, se extralimita en su poder de coerción y se convierte en violador de los derechos básicos. Esto quiere decir que, ordinariamente, la represión de los delitos cometidos por la oposición, y no solo los delitos sino conductas legítimas y legales como la protesta social, la oposición política legal, la opinión diferente o la opción legítima por otro modelo de estructuras sociales, lleva a los Estados y a las capas sociales que detentan el poder a perseguir a quienes reivindican esos derechos, llegando a buscar su exterminio.

En último término, para reprimir reivindicaciones de derechos humanos en sentido amplio, el Estado se convierte en violador de derechos humanos en sentido restringido (de los derechos básicos a la vida, integridad y libertad).

Las únicas instancias defensivas que quedan frente a ese tipo de prácticas estatales, son las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que no poseen ningún poder coercitivo sino moral, las cuales se identifican, encarnan y expresan una reserva jurídica de la comunidad internacional que desde tiempos remotos ha considerado que hay un derecho por encima del derecho interno de los Estados: el derecho internacional de los derechos humanos.

Hay que decir que esa reducción en el campo de las víctimas por parte de las ONG, va muchas veces ligada a una opción ética: la opción por los más débiles, por los indefensos, o por quienes representan una causa justa o se oponen a unas estructuras injustas.

La práctica de las ONG de Derechos Humanos nos remite a dos problemas concomitantes muy profundos: la dimensión política de los derechos humanos, por lado, y el problema de la violencia, por otro.

Respecto a la dimensión política de los derechos humanos, hay que decir que los derechos económicos, políticos, sociales y culturales están imbricados en el problema del poder. Su reivindicación, por lo tanto, se articula de ordinario con la lucha contra el poder constituido o contra el “orden establecido”, pues la satisfacción de esos derechos para las mayorías está ligada a un modelo de sociedad igualitaria.

El problema de la VIOLENCIA, tiene sus complejidades y profundidades:

El lenguaje de la violencia se ha ido identificando, en la opinión más común y corriente, con una sola de las formas de violencia: la violencia subversiva.

“Violencia”, en general, es forzar la voluntad de otro para obligarlo a hacer lo que no quiere; a soportar lo que no quiere, lo que le perjudica, lo que le hace daño, por medio de la coerción física o psíquica, causándole dolor o daño.

Una buena definición de la violencia, que abarca los diversos tipos de violencia, es la siguiente: “La violencia es un fenómeno opuesto al movimiento espontáneo o libre de un ser”. Este concepto permite captar formas de violencia que a veces pasan desapercibidas o que son conscientemente encubiertas u ocultas.

El ciclo de la violencia comienza muy atrás:

A) El movimiento o desarrollo espontáneo, natural, de una persona, tiene necesidades básicas, como son: la alimentación, el techo, el cuidado de la salud. Al mismo tiempo su desarrollo social implica satisfacer necesidades fundamentales como la educación, la información, la comunicación, la asociación, etc.

Pero la satisfacción de estas necesidades está sometida al juego de las leyes económicas y al juego de los poderes políticos. Existen al menos dos lecturas de lo económico: la economía ortodoxa tiene como palabra clave el equilibrio: equilibrio entre oferta y demanda, entre precios y costes, etc. ; se ha hablado incluso de una “mano invisible” que va garantizando ese equilibrio por medio del libre juego de oferta y demanda (Adan Smith). Pero en esa lucha por el equilibrio, los economistas clásicos reconocen el conflicto (conflicto de intereses). La otra lectura es la lectura marxista, que no se diferencia de la ortodoxa en el reconocimiento del conflicto entre intereses contradictorios que deben armonizarse; la diferencia estaría en la solución a ese conflicto, que para la tradición marxista estaría en conducir el hecho ineludible de la lucha de clases hacia una sociedad socialista donde “cada uno reciba según sus necesidades”.

Nadie puede negar que en ese juego económico, donde supuestamente se irían armonizando los intereses contradictorios, la mayoría de las veces no se armonizan , sino que las necesidades vitales de grandes capas sociales o de las grandes mayorías son violentadas , negadas, reprimidas.

De allí, entonces, la VIOLENCIA ESTRUCTURAL: la que obliga a grandes capas sociales a soportar lo que no desean; lo que les impide desarrollarse de acuerdo a las exigencias de su propia naturaleza; lo que les duele y les daña; lo que les hace sufrir en su ser más esencial y, muchas veces, morir antinaturalmente; lo que violenta su naturaleza: Es algo que se les impone por las fuerzas de leyes económicas vigentes.

B) Esa violencia estructural provoca otro tipo de violencia concomitante: LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL. Es que las leyes económicas no actúan espontáneamente sino que tienen poderes reguladores, instituciones que mantienen y regulan esas leyes y que resuelven el conflicto de intereses implicado en las estructuras a favor de unos intereses, de una capa social.

C) Pero la violencia estructural y la violencia institucional desatan, a su vez, otra violencia, que se puede llamar VIOLENCIA DEFENSIVA de las víctimas, de los expoliados, de los sometidos o violentados por las anteriores violencias. Esta violencia se expresa en el reclamo, en la presión, en la protesta, en la huelga, en la toma de tierras, en el boicot, etc.

Puede asumir la forma de VIOLENCIA SUBVERSIVA cuando pretende “subvertir” (darle un vuelco) el orden social establecido, por la coacción física o por las armas.

D) A estas dos violencias anteriores responde, a su vez, la VIOLENCIA REPRESIVA, la cual pretende reprimir o aniquilar la protesta social o la subversión.

En todas estas violencias se articulan lo espontáneo y lo calculado, la a-racional, lo racional y lo patológico.

Todo este juego de violencias, con sus factores racionales e irracionales, se expresa en el equilibrio inestable entre política y guerra. Así se entiende la frase de Von Clausewitz: “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, frase que a veces se puede invertir también.

Así, pues, la práctica de la defensa de los derechos humanos de las ONG, con su doble reducción de derechos para efectos prácticos, nos lleva a descubrir ese ciclo de la violencia, o sea, las dimensiones reales de la violencia que hay que tener en cuenta si queremos examinar un proceso de paz.

La violencia que se opone a la paz no es el tableteo arbitrario de ametralladoras, cuya cesación constituiría la paz. Sin embargo, así parecen entenderlo muchos medios de comunicación, muchos comentadores y analistas del proceso de paz, y mucha gente influenciada por esos mismos medios masivos.

Las últimas violencias: la subversiva y la represiva, remiten necesariamente a las otras, que son las que las originan.

En el discurso de Betancur esto parece claro: “No hay paz sin justicia social”, dice frecuentemente el Presidente. Pero ¿estará claro en la práctica?

El cruce de fuegos entre la violencia subversiva y la violencia represiva puede cesar, pero mientras se mantengan las otras violencias, esto no podrá ser sino una solución ilusoria, de apariencia y de superficie.

De allí que debamos plantear interrogantes profundos al PROCESO DE PAZ:

1* ¿Afecta realmente el proceso de paz las violencias fundamentales?

El cese de fuego y la tregua forman un bloque indivisible con el diálogo nacional, con la apertura política y con las reformas económicas y sociales. Esa es la única fórmula que se ha encontrado para enfrentar, de alguna manera, el ciclo de la violencia. Hasta ahora, el camino de las reformas, de la apertura democrática, parece difícil. Quizás nunca como ahora han salido a la superficie resistencias tan profundas a todo cambio social.

2* Dentro del proceso de paz, como está planteado: el cese de fuego primero, la tregua después, parece que constituyen una especie de test que tiene el papel de medir la voluntad de las partes para entrar a desarrollar la dinámica inversa a la frase de Von Clausewitz: continuar la guerra por otros caminos; por la política.

Pero hay algo que preocupa: ¿ha cesado realmente el fuego?; ¿ha cesado la violencia represiva?; ¿ha continuado por otros medios aún más violentos y crueles? Desgraciadamente, así lo demuestran las estadísticas de ejecuciones y desapariciones forzadas.

3* Detrás de la continuidad de la violencia represiva hay que sacar a la superficie un problema que afecta la raíz misma de la violencia: ¿No habremos ido ya demasiado lejos en la militarización de la política? ¿Estaremos ya en un punto de “no retorno”? ¿Hasta qué punto estamos inscritos, a nuestro pesar, (y a pesar de las apariencias democráticas) dentro de un sistema dominado y regido por la ideología de Seguridad Nacional, importada y al servicio de otros intereses?

Hay factores externos e internos que se combinan de una manera preocupante:

La estrategia de los EU en América Central (Cfr. Documento de Santa Fe, Informe Kissinger: todo contra la autodeterminación de los pueblos).
Las reuniones bianuales de los ejércitos latinoamericanos con conclusiones secretas.
Las formulaciones doctrinales que se hacen cada vez más explícitas (ejemplo: los escritos del General landazábal).
Las crisis recurrentes en el gobierno de Betancur, entre el poder civil y las fuerzas armadas.
La autonomía de los gastos militares y de empréstitos externos a éstos.

¿Hasta qué punto no seremos un juguete de una superpotencia que nos maneja a través de mecanismos eminentemente violentos: el sometimiento de las fuerzas armadas a sus intereses económicos?

¿Hasta qué punto no habrá que pensar, antes que todo, en liberarse de una violencia exterior envolvente, condicionante, determinante, para resolver las violencias internas?

Javier Giraldo M., S. J.
Bogotá, diciembre 1° de 1984
Primer Congreso de Egresados de Psicología, Universidad Javeriana.

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