Desde los márgenes

Página oficial de Javier Giraldo Moreno, S.J.

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Balance de la administración Gaviria

1990-1994

agosto de 1994, por Javier Giraldo M. , S.J.

Al terminar la administra­ción Gaviria se impone hacer un balance desde la realidad de los derechos humanos que este gobierno deja.
El gobierno que lo precedió -el de Virgilio Barco- dentro del cual el Presidente Gaviria había ocupado sucesivamente los ministerios más influyentes, los de hacienda y de gobierno, se desarrolló den­tro de un impresionante baño de sangre. Las cifras de víctimas de la violencia política llegaron a ni­veles aterradores entre 1986 y 1990. El modelo paramilitar, que potenció la violencia represiva del Estado proyectándola a redes clandestinas de actores que desa­parecían y asesinaban sin recato,
amparados por una calculada y segura impunidad, se vio reforza­do por el dinero del narcotráfico, que consolidó su alianza con el paramilitarismo entre 1985/86, proveyendo a éste de armamen­tos modernos, de sofisticados sis­temas de comunicación, de finan­ciación de los más cotizados mer­cenarios internacionales corno en­trenadores, y de dinero suficiente para asalariar extensas redes de sicarios y para sobornar e intimi­dar a quien fuera necesario.

Un ilustre poeta antioqueño: Jor­ge Robledo Ortiz, expresó el do­lor y la esperanza con que el pue­blo colombiano recibió al nuevo gobierno de Gaviria, con estas pa­labras:

"De sobra sabes, Presidente,
que regaron azufre en la heredad;
que en tierra buena somos mala gen­te;
que el honor tiene sed;
que está vetada la simiente;
que es un dogal la duda;
que se murieron de hambre las ciga­rras
en las noches de luna;
que tienen sal de lágrimas las fuentes
y que hay pólvora en la harina para el pan.

De ti depende, Presidente,
que a nuestros hijos les regrese el al­ma;
que no sepan a plomo las naranjas
ni la paterna bendición a muerte;

En tus manos dejamos, Presidente,
esta noche de tumbas
para que tú la vuelvas madrugada.
(Carta de Jorge Robledo Ortiz al Dr. César Gaviria, el 7 de agosto de 1990, día de su posesión co­mo nuevo Presidente de Colom­bia)

El poeta murió pocos meses des­pués y cabría evocar junto a su tumba otros de sus más famosos versos:

"Siquiera se murieron los abuelos ... sin ver los cascos sobre los jazmines ...
Siquiera se murie­ron los abuelos ...sin sospechar el vergonzoso eclipse ...
Siquiera se murieron los abuelos... con esa muerte elemental y simple".

La misma candidatura presiden­cial de Gaviria hizo pie sobre va­rios catafalcos que quedaron en el piso de una de las más ensan­grentadas campañas de nuestra historia: los de Galán, Jaramillo y Pizarro, candidatos asesinados durante el mismo proceso electo­ral.

Tanta sangre derramada hacía que el país mirara hacia el nuevo gobierno con súplica y esperanza por un cese de violencia. Sin em­bargo, de la administración Gavi­ria queda un saldo de 14.856 muertes violentas relacionadas con el conflicto social y político, así como 5.043 prisioneros políti­cos. El gobier­no de Barco había dejado un sal­do un poco inferior: 13.635 vícti­mas por las mismas causas.

Toda comparación es repug­nante. Sin embargo, la co­yuntura nos obliga a mirar las épocas más oscuras de las dic­taduras militares del continente, que llenaron de sangre y de tum­bas otros países hermanos, para medir de alguna manera las di­mensiones de nuestra tragedia:

URUGUAY: 16 años de dictadu­ra, dejaron 220 víctimas fatales, desaparecidas o muertas bajo la tortura, y un promedio de 5.000 prisioneros políticos por año du­rante la década de 1968-78, la in­mensa mayoría de los cuales so­portaron la tortura.

En ARGENTINA, durante 8 años de dictadura fueron registrados 9.000 casos de desaparición forza­da.

En BRASIL, durante 15 años de dictadura se supo que 7.367 per­sonas pasaron por procesos mili­tares, la mayoría de los cuales fueron torturados, y que hubo 125 desapariciones documentadas.

En BOLIVIA, en un lapso de 17 años que cobijaron 6 gobiernos militares, hubo 1.778 muertes vio­lentas por motivos políticos, 243 desaparecidos y 8293 prisioneros políticos.

En CHILE, la Comisión "Verdad y Reconciliación" recibió 2.666 de­nuncias por desaparición o asesi­nato, perpetrados durante los 17 años de dictadura militar.

La imagen del gobierno Ga­viria, sin embargo, no fue moldeada ni afectada signi­ficativamente por estas cifras de asesinatos y desapariciones que su régimen fue consolidando, ci­fras que no ocuparon ningún sitio importante en los mass media, ni nacionales ni internacionales. Más bien la imagen que predominó del gobierno Gaviria fue la de un gobierno "democrático", que con­vocó a una Asamblea Constitu­yente; que proclamó una nueva Constitución amplia, con una ex­haustiva carta de derechos; que combatió el narcotráfico hasta ca­zar y dar muerte a Pablo Escobar; que logró desmovilizar a varios grupos guerrilleros y que liberali­zó y modernizó la economía, abriéndola incondicionalmente al capital internacional.

Estas fueron las imágenes que ali­mentaron el marketing informati­vo sobre Colombia y que pudie­ron venderse gracias a que los re­ceptores ya solo admiten "verda­des" simplificadas y abultadas, empaquetadas y etiquetadas por "firmas confiables", de esas que saben controlar la "información"
masiva debido a sus holgadas fi­nanzas transnacionales.

El 4 de julio de 1991, 11 me­ses después de su posesión, el gobierno Gaviria corona­ba precozmente una de sus gran­des metas: la nueva Constitución Nacional.

No se puede negar que la carta de derechos allí incluida fue amplia y generosa, lo que llevó a publici­tar el nuevo texto como la Constitución de los Derechos Humanos. Hubo mecanismos nuevos de protección de los derechos, co­mo la Defensoría del Pueblo y la Acción de Tutela, dentro de un conjunto de reformas que abrían espacios a formas de participac­ión democrática.

Tal imagen de bulto sólo pudo sembrar inquietudes en quienes fueron siguiendo, en lo cotidiano,
el ya no publicitado desarrollo legislativo de la Constitución y la traducción a la práctica de la nue­va institucionalidad. El tiempo fue revelando, además, varias trampas protuberantes que la nueva Constitución traía incluidas y que tenían la virtualidad de invalidar en la práctica sus más democráticas conquistas. Esas trampas eran: la reforma de la justicia; los estados de excepción; el Artículo 8 Transitorio, y el stat­us de las fuerzas armadas.

La reforma de la Justicia aportada por la nueva Constitución fue nefasta. La Rama Judicial quedó más cruda­mente politizada, permitiendo la injerencia del Ejecutivo en el nombramiento del Fiscal General (art. 249), de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicat­ura (art. 256) y de la Corte Constit­ucional (art. 239), acabando así con la precaria independencia del poder judicial.

Al adoptar el sistema acusatorio para sustituir el sistema inquisi­tivo, concentró en la persona del Fiscal General poderes excesivos y exentos de controles, que inclu­so desbordan en alto grado la función acusatoria, haciendo de­pender la marcha de la justicia de los criterios, mentalidad, ideolo­gía y simpatías políticas y perso­nales de una sola persona, quien puede decidir qué se persigue y qué no se persigue y dónde y cómo se concentran los recursos de la Fiscalía. (Y si algo dejó muy en claro el primer Fiscal General, fue que investigar crímenes de milita­res o de paramilitares no entraba ni de lejos en sus simpatías).

Las normas relativas a los Estados de Excepción (art. 212-215) y la Ley Estatuta­ria correspondiente (Ley 137 de 1994) reciclaron las estructuras de la "dictadura civil" que imperó en Colombia durante los últimos 50 años bajo la figura del "Estado de Sitio". Un análisis a fondo de esta normatividad muestra que solo hubo un cambio de nombre. La duración del "Estado de Conmo­ción Interior" puede nuevamente ser permanente (nada impide que luego de los 270 días constitucio­nales, al día siguiente de su levan­tamiento se vuelva a implantar). Su uso no solo puede ser nueva­mente abusivo y arbitrario, a pe­sar de los "controles" previstos, si­no que de hecho ya lo ha sido desde su inmediato estreno, como lo denunciaron la Comisión Inte­ramericana de Derechos Huma­nos y otras entidades internacio­nales. Su vigencia y proyección resultó de nuevo mentirosamente "excepcional" y. "transitoria", al utilizar la coartada de convertir en legislación permanente los de­cretos "excepcionales y transito­rios" emitidos bajo su paraguas. Tan escandaloso fue el abuso de esta figura, que la misma Corte Constitucional invalidó la última declaratoria de Estado de Conmo­ción (mayo/94) porque fue utili­zada para suplir la ineficiencia de la Fiscalía, violando elementales derechos constitucionales.

Pero no sólo la normatividad de los Estados de Excep­ción abrió amplias avenidas para invalidar la "democratici­dad" de la nueva Constitución; el Artículo 8 Transitorio abrió el más descomunal túnel por donde hizo pasar, del antiguo al "nuevo" régimen, toda la legislación represiva de los últimos 8 años de Esta­do de Sitio (1984-1991) convirtien­do todos esos decretos en leyes permanentes, las primeras entro­nizadas como tales dentro de la nueva era "democrática".

La combinación de estas "refor­mas" y recicla mientas produjo, entonces, una justicia paralela, adoptada corno parte de la justi­cia "ordinaria", ya no llamada Jus­ticia de Orden Público (pues el cambio de nombres constituyó uno de los recursos más favoreci­dos de la transición), sino "Justicia Regional".

Allí se abrió un amplio espacio para procedimientos que sólo so­portan los regímenes totalitarios, que no los De Derecho: jueces se­cretos; testigos secretos; pruebas secretas; "delaciones" pagadas; detenciones previas a toda inves­tigación o prueba; validación de "informes de inteligencia" no sus­tentables ni controvertibles; inje­rencia decisoria de militares en los procesos penales; modifica­ción permanente de tipos penales y de procedimientos penales a través de decretos de Estados de Excepción enseguida convertidos en leyes permanentes; largos pe­ríodos de prisión sin juicio ni acu­saciones controvertibles, etc.

Las Fuerzas Armadas, cuyo historial violatorio de los derechos humanos elemen­tales ha llenado gruesos y trági­cos volúmenes y cuya compene­tración con una ideología criminal -la "Doctrina de la Seguridad Nacional"- nadie ignora, habían encontrado en el privilegio de juzgarse a sí mismas, con espíritu de cuerpo, uno de los más tenaces mecanismos para mantener sus comportamientos y para no adap­tarlos a los de un Estado de Derecho. Sin embargo, el art. 221 de la nueva Constitución, no sólo dejó intacto el Fuero Militar, sino que lo amplió a la Policía Nacional. Además, el art. 91 consagró el principio de "Obediencia Debida", en contra de todos los postulados del Derecho Internacional y de las recomendaciones de todos los ór­ganos de la ONU y de la OEA que han diagnosticado el caso Co­lombia.

Dejando ya el campo de lo constitucional, donde las mejores conquistas de­mocráticas fueron invalidadas in­ternamente por estas 4 protube­rantes trampas de enormes conse­cuencias prácticas, otras facetas de la administración Gaviria se relacionan también estrechamente con la problemática de los dere­chos humanos:

Su estrategia frente al narcotráfi­co; su política de Guerra y Paz; el tratamiento dado a las instancias gubernamentales de derechos hu­manos; su posición ante el para­militarismo; su política de impu­nidad y su actitud ante los orga­nismos internacionales de dere­chos humanos.

Toda lo relacionado con el comercio de la droga tiene un carácter eminentemente clandestino. No obstante esto, el ciudadano común puede formar­se ideas de lo que ocurre con este fenómeno, apoyándose en sus di­mensiones observables.

Ya es bastante común esta carac­terización de los grandes carteles de la droga en Colombia: uno de origen popular; ostentoso en su riqueza; con tendencias tipo "Ro­bin Hood" a realizar obras socia­les entre sectores marginados; con un poderío militar ajeno al del Es­tado y desafiante y violento frente a éste (Cartel de Medellín).

El otro, de origen aristocrático; discreto y cuidadoso de mimeti­zar su riqueza con la de la gran industria o la del gran comercio; infiltrado en todas las instancias del poder del Estado, y con un poderío militar aliado y coordina­do con el de las fuerzas del mis­mo Estado (Cartel de Cali).

La administración Gaviria impul­só en sus comienzos la política de "Sometimiento a la Justicia", dise­ñada al final del gobierno Barco, aunque sólo la aplicó a los miem­bros poderosos de los carteles. Es ilustrativo el caso de 153 campesi­nos detenidos por la Brigada Mó­vil en Simití (Bolívar) el 17 de octubre/90, por laborar como jorna­leros en un cultivo de coca, a los cuales se les dio el tratamiento de "narcotraficantes" y se les sometió a la "Justicia Sin Rostro", sin gozar de ningún privilegio de la Política de Sometimiento a la Justicia.

Pero luego de la fuga de Escobar de su cárcel dorada (julio 22/92), la persecución contra el Cartel de Medellín fue real y efectiva. Un "Bloque de Búsqueda" compuesto primero por 6.000 hombres y lue­go por 4.000, lo persiguió durante año y medio, a un costo de $ 22.000.000,00 diarios, o sea, de más de ocho mil millones por año en su período más reducido. Durante esa persecución no hubo contemplaciones con los derechos humanos: muchas torturas, desa­pariciones y retenciones ilegales fueron denunciadas contra el Blo­que de Búsqueda y éste reconoció haber dado muerte a 120 perso­nas durante la cacería de Escobar. En ese mismo período se revela­ron dos nuevas organizaciones paramilitares: "Los Pepes" (ene­ro/93) y "Colombia Libre" (febr./93), cuyo actuar peculiar los delataba como aliados o "pan­tallas" de las fuerzas oficiales.

Muerto Escobar y desarticulada su estructura organizativa, el país Comenzó a percibir más nítida­mente el contrastante tratamiento dado al Cartel de Cali. El caso de Urdinola, cuyas penas fueron re­bajadas de 17 a 4 años, revelaba el trato preferencial que beneficiaba a este cartel, la mayoría de cuyos líderes están además incursos en horrendas masacres, perpetradas en estrecha alianza con las fuer­zas armadas en el sur occidente del país. Más escandaloso aún es el dominio territorial absoluto que ejercen otros capos del narco­tráfico en el Urabá antioqueño y en el Meta, donde comandan poderosas estructuras paramilitares en estrecha alianza con las jerar­quías castrenses.

La política de "Guerra" y "Paz" constituyó otra de las estrategias importantes de la administración Gaviria.

En los primeros meses de su go­bierno se firmaron Acuerdos apresurados con el M-19, con el EPL, con el Movimiento Indígena Armado "Quintín Lame" y con el PRT, presionándolos a participar, desmovilizados, en la Asamblea Nacional Constituyente y ofre­ciéndoles algunos privilegios electorales.

Una revisión de los textos de los Acuerdos muestra, sin embargo, que el gobierno sólo prestó aten­ción a las cuotas de poder, a los escoltas y dineros pactados en las negociaciones de reinserción, mas no a los compromisos adquiridos frente a los problemas sociales de carácter nacional (agrarios, labo­rales, ecológicos, de vivienda, sa­lud y seguridad social: Acuerdo con el M-19, cap. III) y menos aún los que se relacionaban con derechos humanos.
En efecto, el compromiso pactado de revisar la tipificación del "te­rrorismo" (Acuerdo con el M-19, V-2) que ha servido como instrumento clave para criminalizar la protesta social, no se cumplió; tampoco se dio cumplimiento a lo pactado respecto a los grupos pa­ramilitares (Acuerdo con el M-19, IV-3; Acuerdo con el PRT, X-lO).

Respecto a la Comisión de Supe­ración de la Violencia (Acuerdo con el EPL, IX, l-3; Acuerdo con el Quintín Lame IV), si bien la Co­misión se constituyó y presentó su informe, sus conclusiones no fueron atendidas por el gobierno.
Tampoco se cumplió lo estipula­do en el Acuerdo con el PRT (VIII,8) sobre una franja de televi­sión en la que los organismos ofic­iales informaran o pidieran in­formación sobre los desaparecidos.

Más lamentable aún fue la ruptur­a del proceso de negociación con la Coordinadora Guerrillera, pues las Actas de Caracas (nov./91) plantearon un cese de fuego y de hostilidades bilateral, verificable, evaluable y fiscalizable por orga­nismos internacionales (puntos 1 a 5); un examen a fondo del paramilitarismo, el secuestro y el res­peto a la población civil (puntos 7 a 9); un estudio de las garantías para las partes (puntos 11 a 14) y foros sobre los grandes proble­mas nacionales (punto 15). El plan de intensificación de la gue­rra que el gobierno fue imple­mentando mientras mantenía los diálogos en Caracas y en Tlaxcala hizo fracasar estas negociaciones en 1992.

La declaratoria de "guerra inte­gral" de octubre/92 puso en plena ejecución dos estrategias que el gobierno venía preparando desde su inicio: un modelo de acción bé­lica modernizada y un modelo de "Justicia" especializada, diseñada como arma de guerra.

Para lo primero, elevó consider­ablemente el presupuesto militar y lo complementó con diversos "impuestos de guerra"; multiplicó los "soldados profesionales"; sa­neó los problemas administrati­vos de las fuerzas armadas con un Ministro civil de talante geren­cial, lo que llevó a modernizar ar­mamentos y utilizar mejor los re­cursos bélicos. Ya desde la pre­sentación del proyecto de presu­puesto para el 93, los gastos de personal correspondientes a "Se­guridad Nacional", "Defensa Na­cional" y “Policía Nacional" repre­sentaban el 46.7% del total de Ser­vicios Personales del Sector Cen­tral Nacional, y los gastos de fun­cionamiento de los mismos items ascendían a 59.3% del total de Gastos Generales del Sector Cen­tral Nacional.

Los soldados profesionales fueron reemplazando los temporales y, entre 1992-93 aumentaron de 2.000 a 23.000. En cada batallón se fue creando una "Unidad Contra­guerrilla", y los sueldos, arma­mentos y vituallas aumentaron o se modernizaron. Pero además el Decreto 446/93 de "Conmoción Interior" incrementó el presu­puesto militar en $ 143.410.000.000,oo y los "impuestos de guerra" que otras medidas de excepción permitieron recau­dar, ascendieron a $ 221.000.000.000,oo adicionales.

El gasto diario de la guerra se cal­culó en cinco mil millones; el gas­to por hora en doscientos diez mi­llones, y el gasto por minuto en tres millones quinientos mil pe­sos. En promedio, cada colombia­no aportó $ 272.000,00 para la in­dustria oficial de la muerte.
Para lo segundo, una vez procla­mada la "Constitución de los De­rechos Humanos", el gobierno acudió a la "Comisión Especial Legislativa" (o "Congresito") para introducir como leyes permanen­tes, dentro de la nueva era demo­crática, todos los decretos de Esta­do de Sitio del último período (1984-91) y con ello confeccionó la estrategia de JUDICIALIZACION DEL CONFLICTO ARMADO, la cual, según el Consejero Presiden­cial de Derechos Humanos, mira­ba a sustituir muertos y desapa­recidos por presos políticos. Tal estrategia logró ciertamente au­mentar exhorbitantemente el nú­mero de prisioneros políticos, pe­ro no logró disminuir ni los asesi­natos ni las desapariciones forza­das.

Los viejos decretos de Estado de Sitio, combinados con otros com­plementarios emitidos bajo el "Es­tado de Conmoción Interior" es­trenado precozmente antes de cualquier reglamentación, fueron avalados por el nuevo Código de Procedimiento Penal (1991) que abrió campo dentro de su normatividad para soportar una justicia de excepción, admitida como par­te de la "Justicia ordinaria", den­tro de la cual se consagraron to­das las aberraciones jurídicas imaginables violatorias de los de­rechos procesales y donde tuvie­ron cabida prácticas tan inmora­les como la compra legalizada de "testimonios".

No sobra anotar aquí (aunque se volverá sobre eso) que la "guerra integral" declarada por la admi­nistración Gaviria, no perdió los rasgos de "guerra sucia" que ca­racterizaban, particularmente desde la década del 80, la represión oficial. El paramilitarismo se incrementó escandalosamente du­rante la administración Gaviria y la tortura en guarniciones mili ta­s (donde casi todo preso político fue llevado por 36 horas -ilegalmente pero con la complicidad omisiva de todos los órganos "de control" del Estado) volvió a ser pan de cada día".

Si ya desde la administra­ción Barco habían comen­zado a multiplicarse las insta­ncias gubernamentales de "de­fensa y promoción" de los derechos humanos, la administración Gaviria, nueva Constitución med­iante, los multiplicó aún más.
Esta estrategia no dejaría de ser positiva si la carencia de voluntad política, que atravesó como un viento helado el campo de los der­echos humanos congelando toda virtualidad institucional que allí surgía, no hubiera convertido to­los esos recursos en fachadas publicitarias o en dinamismos impo­tentes.

La Defensoría del Pueblo, la Cons­ejería Presidencial de Derechos Humanos, las Personerías munic­ipales y algunas instancias de la Procuraduría recibieron tratamiento de ONG por parte del gobierno. En vano se pronunció el Defensor del Pueblo sobre proble­mas cruciales corno el Fuero Mili­tar, la Impunidad, la Ley Estatu­taria de los Estados de Excepción, ciertos decretos de Estado de Conmoción, la tipificación del "Terrorismo", la criminalización de la protesta social, los efectos de la apertura económica neoliberal, etc etc. Fueron palabras echadas al viento que no merecieron si­quiera respuestas de cortesía.
Los Personeros municipales sa­bían que si cumplían ciertos debe­res legales serían acusados corno "colaboradores de la guerrilla" y serían "empapelados" con abun­dancia de "testigos" secretos. La mayoría prefirieron no hacerlo.
Supuestamente la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos tenía la función de informar al Presidente sobre situaciones graves para que éste tomara medidas urgentes según sus atribuciones, y la de asesorar al gobierno en materia de derechos humanos; sin embargo, por la Consejería desfilaron durante los 4 años infinidad de víctimas que destaparon conductas criminales de numerosos agentes del Estado, sin que esto hubiera tenido el más mínimo efecto en la estabilidad de esos funcionarios ni en sus ascensos ni en sus condecoraciones.

El más bochornoso incidente en este campo coronó el cuatrienio Gaviria: el Consejero había acom­pañado la redacción del proyecto de Ley sobre Desaparición Forza­da de Personas, en largos proce­sos de discusión entre ONG y ponentes del Congreso, hasta llegar a un texto supuestamente avalado por el gobierno; pero una vez aprobado el texto por el Par­lamento, el Presidente Gaviria lo objetó, desautorizando vergonzo­samente toda la labor pública de "su Consejero", pese a que dicho texto se limitaba a tipificar el deli­to en concordancia relativa con el Derecho Internacional, sin tomar ninguna medida práctica par en­frentar los métodos concretos uti­lizados por los desaparecedores.

Para quienes trasegaban diaria­mente por las instancias ofíciales de "defensa y protección" de los derechos humanos, la experiencia no pudo ser más frustrante: todas esas instancias se sentían con ple­nas atribuciones para remitirse mutuamente las denuncias, en un interminable ir y venir de oficios lacrados, de una oficina a otra, sin que ninguna de esas instancias se sintiera con atribuciones efectivas para solucionar el problema. Al menos los enormes costos de pa­peles membreteados, sellos, foto­copias y correos, se hubieran po­dido ahorrar al Fisco nacional.

El Paramilitarismo, corno estrategia consistente en encomendar a redes de civiles armados no vinculados orgánicamente a la fuerza pública, tareas de represión claramente ilegales y criminales, bajo una dirección clandestina de agentes del Estado, se desarrolló ampliamente en la década del 80. Altos militares re­conocieron públicamente que esos grupos tenían fundamento legal en la Ley 48/68, pero ya des­de la administración Barco se de­rogó el artículo que erróneamente alegaban como soporte legal de tales grupos. .

El gobierno Gaviria recuperó de­cretos del Estado de Sitio anterior para "contrarrestar" esos grupos (Decretos 813, 814, 815/89) Y en su discurso siempre los presentó co­mo "ilegales" y como proscritos por su gobierno. Su práctica, sin embargo, caminó siempre en ab­soluta contravía de su discurso: escogió para los más altos cargos de las fuerzas armadas a militares cuya hoja de vida revelaba el más acendrado compromiso con la es­trategia paramilitar, incluso pú­blicamente censurados por el Par­lamento y por la Procuraduría co­rno fundadores de las estructuras paramilitares más tozudas.
La geografía nacional, durante la administración Gaviria, se fue lle­nando de nuevas estructuras paramilitares: Urabá, Córdoba, Suc­re, Magdalena, Cesar, Boyacá, Casanare, Arauca, Meta, Santan­eres, Nordeste antioqueño, Magd­alena Medio, Valle, Cauca, Nariñ­o, Putumayo, conocieron, durante la administración Gaviria, una expansión escandalosa del paramilitarismo.

Un caso de antología fue el del modelo paramilitar implantado en los municipios santandereanos de El Carmen y San Vicente de Chucurí, donde la estrategia de obligar a la población de la zona a involucrarse compulsivamente en la lucha contra la guerrilla, mediante la compra de armas (distri­buidas por el ejército), patrullajes obligatorios y cobro de impuestos ilegales para financiar el grupo, tuvo el más tozudo y desafiante respaldo institucional al más alto nivel, sin que los clamores para que se investigara y se sancionara a los autores de tantos crímenes (cerca de 300 asesinatos y varios miles de desplazados) tuvieran respaldo alguno, ni en la Justicia, ni en la Procuraduría, ni en el Parlamento, ni en el Ejecutivo.
La población de esta zona fue puesta ante esta triple alternativa: someterse a las reglas de juego del paramilitarismo, o irse de la región, o morir. Cerca de 300 no aceptaron las dos primeras alter­nativas y fueron asesinados; varios miles aceptaron la segunda y quedaron sin medios de subsis­tencia; la mayoría aceptó la pri­mera y quedó bajo el dominio de militares y "masetos" (nombre da­do a los paramilitares que allí operan).
Cuando un juez honesto y solita­rio emitió 26 órdenes de captura contra los principales líderes del grupo (abril/92), el ejército reac­cionó primero con una asonada para impedir las capturas y luego protegiendo a los sindicados en una zona bajo su total control. La Fiscalía y la Procuraduría dieron luego el aval de la omisión de jus­ticia y el Ejecutivo el más eficaz de sostener en sus cargos a todos los responsables y protectores, manteniéndoles su más alta con­fianza.

En el norte del Valle, en el Urabá antioqueño, en Córdoba y en el Meta, altos capos del narcotráfico que devinieron altos jerarcas del paramilitarismo, se mueven "co­mo Pedro por su casa" en zonas altamente militarizadas.

Para las ONG de derechos hu­manos, la cotidianidad fue revelando, durante la administración Gaviria, que no sólo era inútil si­no también altamente riesgoso denunciar a los paramilitares y exigir que sus crímenes fueran in­vestigados y sancionados, toda vez que tras sus estructuras visi­bles, los resortes más secretos iban a perderse en las más altas jerarquías del Estado.

La impunidad fue nota ca­racterística de la adminis­tración Gaviria. En un foro sobre la Justicia (abril/94), el Director de Planeación Nacional revelaba que de cada 100 delitos que se cometen en Colombia, ape­nas 21 son denunciados, y que de éstos, 14 prescriben por diferentes causas y sólo 3 terminan con sen­tencia. Esto arroja una cifra neta de impunidad de un 97%.

El último Informe del Procurador sobre derechos humanos (ju­nio/93) reconocía que menos del 10% de las quejas presentadas an­te la Procuraduría son investiga­das, y que de éstas, sólo el 21 % culminan enunfallo,yquede es­tosfallos,enelcaso de las fuerzas militares, el 56% son absolutorios.

Si estas cifras sobre la impunidad en general son aterradoras, la im­punidad de los Crímenes de Lesa Humanidad sí es total. Cuando la Procuraduría llega a algún fallo sancionatorio, muy excepcional, que demanda destitución del car­go,no se da de ordinario proceso penal, o las sanciones no se apli­can, o se les rinde homenajes na­cionales (caso Arias Cabrales), o se le exige renuncia al Procurador (caso Gómez Méndez)¡ o se llama previamente al sancionado a "calificar servicios" (caso Becerra Bohórquez).

El gobierno Gaviria presentó como instrumento de lucha contra la impunidad la "reforma" y el "fortalecimiento" de la Justicia. Pero si algo dejó bien claro la Fiscalía General de la Nación duran te el período, fue que dentro d sus atribuciones omnímodas para perseguir sólo los delitos que no le simpatizaran al Fiscal, los Crímenes de Lesa Humanidad no entraban ni remotamente en el área de sus intereses. La única efectiva fue la "Justicia Sin Rostro" para juzgar a los enemigos del Estado con los más aberrante1 métodos de arbitrariedad y de parcialidad.

Frente a métodos de Terrorismo de Estado que afinaron durante más de una década mecanismos
para ocultar la identidad de los victimarios, la Procuraduría se atrincheró en exigir plena prueba judicial para elevar pliegos de cargos y tales pruebas las exigió a las víctimas, a sus familiares o a las ONG de derechos humanos, que no a sus investigadores.
Si no se aportaba un video del cri­men donde pudieran identificarse plenamente los victimarios, se po­día estar seguro de que la decisión final sería de "archivo del ca­so por falta de pruebas". Muchos casos de antología podrían citar­se, como el del asesinato de la misionera suiza Hilgard Feldmann, dentro del cual la Procuraduría rechazó 24 declaraciones coincidentes de testigos, que fueron rendidas en distintas fechas, en distintos sitios y ante distintos funcionarios, y aceptó la versión de 4 militares, 3 de ellos incursos en el crimen y uno que no fue tes­tigo, con el absurdo argumento de que "el interés del ofendido lo puede llevar a distorsionar la ver­dad", pero el testimonio de los victimarios es incuestionable.

Increíbles fueron también los fa­llos absolutorios (judicial y disciplinario) sobre la masacre de Tru­jillo (1991) donde fueron descuart­izadas con los métodos más crueles de tortura más de 60 personas, incluyendo al Párroco y a varios de su colaboradores. En este caso la Procuraduría absolvió a todos los victimarios apoyándose en el ar­gumento de que al principal testi­go presencial (un paramilitar arrepentido) le fue diagnosticado un "desequilibrio psíquico" por el Instituto de Medicina Legal, no obstante que su testimonio era plenamente coincidente con el de muchos otros declarantes y con la forma como fueron hallados los cadáveres.

Pero la actitud del Presidente Ga­viria, revestido por la Constitu­ción de amplias facultades admi­nistrativas para nombrar y remo­ver libremente a los funcionarios del Estado, fue el puntal más efi­caz de la impunidad. Fuera de es­coger para los más altos cargos de la fuerza pública a fundadores y auspiciadores del paramilitarismo, le dio carácter de fachada a sus asesores de derechos huma­nos: su Consejero en el ramo no ignoró numerosos casos de tortu­ras perpetradas en batallones y brigadas militares, sin que la más mínima decisión administrativa se produjera, avalando así, de la manera más eficaz, la reiteración de los crímenes.

Alos organismos interna­cionales de derechos hu­manos, tanto los intergu­bernamentales como los no gu­bernamentales, se les permitió ha­cer visitas al país para diagnosti­car el problema de los derechos humanos.

Hay que reconocer que en esto no hubo impedimentos. Los Repor­tes que se fueron sucediendo en el cuatrienio, fueron aterradores: Grupo de Trabajo sobre Desapari­ciones Forzadas e Involuntarias, de la ONU; Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, de la ONU; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA; Amnesty International; Americas Watch; WOLA; Law­yers Committee for Human Rights; Comisión Ecuménica de Inglaterra; Misión SETA, de la Unión Europea; International Council of Voluntary Agencies ­ICVA-; Interchurches Committee for Human Rights in Latin Ame­rica, del Canadá, etc.

La respuesta del gobierno fue do­ble: negar la realidad, atribuyen­do las violencias al narcotráfico y a la guerrilla, y hacer caso omiso de las recomendaciones.

En el caso de los organismos in­tergubernamentales que actúan como veedores de Pactos Interna­cionales suscritos por los Estados, tales actitudes son a la vez un desconocimiento de esos Pactos.

El último Informe de la OEA re­procha duramente al gobierno co­lombiano el no cumplimiento de sus resoluciones cuando falla so­bre algún caso: "Resultaría absur­do -afirma la CIDH- que la norma internacional concediese facultades a la Comisión para formular recomendaciones a los Estados que estos no tuvieran que cum­plir" (pg.67). "La Comisión ve con honda preocupación que el gobierno colombiano haya hecho caso omiso de tales recomenda­ciones y por tal motivo lo exhorta nuevamente para que les de cumplimiento" (pg. 243).

Peor sucedió con las recomenda­ciones de la ONU sobre Desapari­ciones Forzadas y Ejecuciones Ex­trajudiciales. Y nada se diga de las ONG internacionales. A estas el gobierno les ha respondido que sólo pretenden "hacer daño a la imagen del país" y que "se apo­yan en hechos del pasado", ne­gándose a discutir los casos con­cretos que todas estas organiza­ciones denuncian.

La actitud más bochornosa se dio al final del gobierno Gaviria, cuando la multiplicación de infor­mes alarmantes sobre la situación de derechos humanos en Colombia comenzó a poner en riesgo al­gunos pactos comerciales y ayu­das internacionales. El Procura­dor General fue el primero en dar la voz de alarma, exigiéndole al gobierno una "campaña para me­jorar su imagen internacional", dado que ésta iba a tener graves consecuencias comerciales.

En mayo /94 el gobierno se vio obligado a llamar a todos sus em­bajadores ante los países euro­peos para darles instrucciones so­bre "limpieza de imagen", como si el problema fuera de imagen y no de realidad. Es una vergüenza mayúscula que la problemática de los derechos humanos haya pasado a formar parte de la agen­da de los Ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores y no de las instancias de la justicia. Mu­chos millones ha gastado el go­bierno en los últimos meses en viajes internacionales de "limpie­za de imagen", sin que le preocu­pe lo más mínimo la limpieza de la realidad.

Nadie se explica, finalmente, có­mo se elige para Secretario Gene­ral de la OEA a un jefe de Estado que despreció tan olímpicamente al organismo que le da a la OEA su carácter esencialmente legiti­mante: la Comisión Interamerica­na de Derechos Humanos.

Javier Giraldo M., S. J.
Agosto de 1994

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