Desde los márgenes

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La Justicia en Venta

septiembre de 1992, por Javier Giraldo M. , S.J.

Leyes, decretos, proyectos de leyes, declaraciones y directrices de altos funcionarios del Ejecutivo, así como fallos y comportamientos de la rama judicial y de los medios de comunicación, han ido evidenciando el sometimiento de la Justicia a las leyes del Mercado.

La economía de mercado no opera exclusivamente en el ámbito de las transacciones económicas. Condiciona evidentemente las relaciones sociales, y de una manera más soterrada, se proyecta al campo jurídico y filosófico para desde allí desbloquear obstáculos que, arraigados en la ética social, entraban la operatividad del mercado.

La economía de mercado se funda en la ley vertebral de la rentabilidad, donde toda transferencia de bienes está condicionada al mejor beneficio que reporte, excluyendo de los mismos a quienes no tengan posibilidades de retribuirlos rentablemente.

A nadie se le escapa que tal ley consagra radicalmente la desigualdad y el dominio de los más acaudalados.

Nuestra sociedad se acostumbró desde tiempos inmemoriales a convivir con estas reglas de juego en los ámbitos de la economía y de la política, pero siempre ha mantenido la ilusión de que en el ámbito del Derecho y la Justicia operen otros principios.

La racionalidad de un Estado de Derecho se fundamenta, en efecto, en que las leyes y su operatividad no son vendibles ni están sujetas a la rentabilidad, pues justamente el Estado de Derecho se rigió como alternativa a la Barbarie, donde el más fuerte (en armas, en dinero, en fuerza bruta o en capacidad de chantaje) podía imponer sus reglas de juego a los demás. El Estado de Derecho apareció como instancia de salvaguarda de la igualdad radical de todos los ciudadanos ante la Ley y para conjurar la arbitrariedad de la Justicia, causa evidente de todo retorno a la Barbarie.

Uno de los criterios para examinar el nivel de proyección de la economía de mercado sobre el Derecho y la Justicia, es el análisis del tratamiento que se adopta para los delitos cometidos por los propietarios de grandes riquezas, en contraste con el que se adopta para los delitos cometidos por los sectores empobrecidos de la sociedad. La primera clase de delincuentes, por su gran capacidad económica, política y militar, pueden imponer condiciones de benignidad. Los segundos deben someterse a los rigores de penalización y escarnio, que aumentan coyunturalmente en sociedades asediadas por la estigmatización internacional, como es el caso de Colombia.

Otro criterio esclarecedor es el tratamiento de los delitos cuyas víctimas potenciales o actuales suelen ser las capas adineradas de la sociedad, en contraste con el tratamiento que se da a aquellos otros delitos cuyas víctimas potenciales o actuales, suelen ser los sectores carentes de riqueza y de poder.

Un papel nada despreciable, sino por el contrario casi equivalente a los sistemas penales y penitenciarios, cumplen los medios masivos de comunicación en el campo moral. Acusan, absuelven y condenan, encubren, rehabilitan y arruinan moralmente a personas, grupos y entidades, obedeciendo a los mismo criterios que impone la proyección de las leyes del mercado sobre la justicia. Ante su tribunal salen absueltos los depositarios de grandes riquezas y poder que pueden invertir millonarias sumas en publicidad pagada, única forma de controvertir sus denigrantes calumnias. Los que no pueden hacerlo, se ven obligados a convivir de por vida con los perjuicios morales que los medios les imponen implacablemente a su amaño.

Estos grandes contrastes son significativos, y en el caso de Colombia son cada vez más alarmantes y constituyen signos de derrumbamiento de la filosofía fundamental que sirve de sustento a un Estado de Derecho.

Desde 1990 el Gobierno de Colombia diseñó la POLÍTICA DE SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA, a través de decretos de Estado de Sitio que luego convirtió en legislación permanente, en octubre de 1992, gracias a la Comisión Especial Legislativa o Congresito. El objetivo de estos decretos y leyes era atemperar las normas penales aplicables al comercio de droga, ofreciéndoles atractivos privilegios a los narcotraficantes al crearles un espacio de Justicia especial.

En efecto, como alternativa a las brutales capturas de usanza en el país, se les propuso una entrega digna y voluntaria; se les eximió de antemano de someterse a los tratados vigentes de Extradición (art.6, Decreto 3030/90); se premia la confesión libre con rebajas de penas (art.1, Decreto 3030/90); se rodea su proceso con una vigilancia privilegiada de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos (art.2, Decreto 3030/90); se unifican todos los procesos contra el sindicado bajo un solo juez (art.7, Decreto 3030/90); se dan plazos cortos y perentorios para que otros países entreguen pruebas -si los delitos fueron cometidos en el exterior- para no perturbar los términos de la calificación del sumario (art.8, Decreto 3030/90); cuando solo se confiesa porte ilegal de armas o asociación para delinquir, pueden ser beneficiarios de libertad inmediata (art.1, Decreto 2372/90); pueden ser beneficiarios de excarcelación si transcurre un año desde la primera resolución acusatoria sin que se haya dictado sentencia (art.2, Decreto 2047/90)

Bajo esta cobertura legal ampliamente divulgada, se desarrollaron negociaciones secretas con narcotraficantes, solo filtradas al público a raíz de la escandalosa fuga de Pablo Escobar de la prisión de Envigado el 21 de Julio/92. Todo mostraba que el Sometimiento a la Justicia, se había concretado, en la práctica, en el privilegio de una prisión dorada donde abundaron lujos y libertades.

Contrasta terriblemente tal ejercicio de la Justicia con el caso de 115 campesinos que trabajaban como jornaleros en una zona rural del municipio de Simití (Bolivar), en un cultivo de coca, donde les ofrecieron pagarles cerca de $ 2.000,oo (dos mil pesos) más de jornal de lo que habitualmente ganaban. La Brigada Móvil del Ejército los capturó el 17 de octubre de 1990 y los acusó de narcotraficantes, lo que ameritó pasarlos a la Jurisdicción de Orden Público, o sea, al reino de los Jueces Sin Rostro. Trasladados a cárceles infrahumanas mientras sus familias morían de hambre, sus procesos no fueron vigilados por ninguna otra instancia de la Justicia. Ninguna respuesta merecieron sus denuncias ante los presidentes de la Asamblea Constituyente (Abril/91) ni ante el Congreso y la Presidencia de la República (Enero/92), ni ante el Consejero Presidencial para la Paz. Puesto que son campesinos pobres, tributarios de la marginalidad y la miseria, deben resignarse a que la Justicia no opere para ellos, aunque se les califique de narcos.

El 26 de Agosto de 1992, a través de medios masivos de comunicación el país conoció el texto de un PROYECTO DE LEY ANTISECUESTRO, presentado al parlamento por la “Fundación País Libre”.

En los meses anteriores, la prensa publicó constantemente avisos publicitarios, dentro de una intensiva campaña que invitaba a suscribir la iniciativa. La radio y la televisión transmitieron a su vez innumerables cuñas publicitarias destinadas a hacer ganar respaldo al proyecto. Un millón de firmas, se dice, fueron aportadas al Congreso, lo que presionó su trámite inmediato.

El proyecto da al Secuestro el tratamiento típico de Crimen de Lesa Humanidad: lo castiga con las más elevadas penas; penaliza las conductas coadyuvantes del delito, incluso la omisión de información; proscribe las amnistías, indultos y rebajas de penas para sus autores y cómplices y prevé medidas radicales para evitar el pago de rescates.

Nadie podrá negar que el Secuestro es un delito grave, que constituye un verdadero flagelo de nuestra sociedad y que es laudable buscar medidas eficaces para erradicarlo. Pero contrasta enormemente este interés, con la ausencia absoluta de medidas y campañas para erradicar la Desaparición Forzada de personas.

Si bien el Secuestro es un delito grave, no puede considerársele Crimen de Lesa Humanidad, pues una de las notas constitutivas del Crimen de Lesa Humanidad es que sea perpetrado por agentes del Estado o por particulares que actúan con la aquiescencia, el consentimiento, la colaboración, o por instigación de los agentes del Estado. La razón de esto es que el Crimen de Lesa Humanidad se considera una violación extrema de los Derechos Humanos Fundamentales, y el concepto de Derechos Humanos está referido siempre a la relación: Ciudadano-Estado. Además, el Crimen de Lesa Humanidad es tal por lesionar los principios elementales de la convivencia civilizada, principios que interesan no solo a los Estados particulares como tales sino a la humanidad como humanidad, pero cuyos garantes son los Estados, toda vez que el primer principio legitimante de éstos es el de garantizar los Derechos Humanos Fundamentales de todos sus asociados por igual; si el Estado no garantiza tales Derechos ( y para ellos se compromete ante la Comunidad Internacional al suscribir los Pactos Internacionales de Derechos Humanos), éstos solo serían protegibles por los ciudadanos o grupos privados más fuertes, lo que produciría, sin remedio, el rápido retorno a la Barbarie, o sea, a la Ley del Más Fuerte, destruyendo las bases del Estado de Derecho.

Pero, además, si se comparan los bienes comprometidos en el secuestro y en la Desaparición Forzada de personas, no se ve ninguna proporcionalidad. El secuestro afecta el patrimonio económico y la libertad temporal de las víctimas. En cambio, la Desaparición Forzada afecta la vida misma y la integridad de la persona, implicando allí la violación de todos sus demás derechos. Como lo subrayó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas: “La Desaparición constituye la negación más absoluta de los Derechos Humanos en nuestra época, pues ocasiona infinita zozobra de las víctimas, tiene consecuencias nefastas para las familias, tanto social como psicológicamente, y causa estragos morales a las sociedades donde se produce. Es realmente una forma horrible de violación de los Derechos Humanos....” (Doc.E-CN.4/11985/15, pg.85 ONU)

Como las víctimas potenciales actuales del Secuestro son justamente las personas más acaudaladas, la Fundación País Libre tuvo a su servicio todos los medios de comunicación; pudo pagar las multimillonarias sumas de publicidad en prensa, radio y televisión; pudo asalariar a todo el contingente de empleados para recoger firmas; contó con los poderes Ejecutivo y Legislativo para darle la más extraordinaria prioridad al proyecto, cuyo trámite hizo postergar todo el desarrollo legislativo de la nueva Constitución.

Pero como las víctimas potenciales o actuales de la Desaparición Forzada son personas sin poder económico ni político, aún más, con la mayor frecuencia son personas que, impulsadas por sus precarias condiciones de vida, se inscriben en los movimientos de oposición al sistema o apoyan denuncias y protestas sociales, ninguna fuerza, apoyo, atención ni publicidad han merecido todas las tentativas de presentar proyectos de ley para tipificar la Desaparición forzada y para penalizarla, teniendo, ésta sí, las notas constitutivas del Crimen de Lesa Humanidad.

El 15 de Agosto de 1992, ante un centenar de grandes empresarios, reunidos para participar en el foro Amigos 80 , el Ministro de Defensa Nacional invitó a crear GRUPOS ARMADOS DE SEGURIDAD, en el interior de cada empresa urbana o rural. El día 23 del mismo mes, el Viceministro de Gobierno declaró en Cartagena que había que perderle el miedo a la palabra Autodefensas.

Quiere esto decir que el Estado le entrega a los particulares el cuidado de la seguridad ciudadana y -lo que es inseparable- la justiciabilidad efectiva de ciertos delitos?

Según el diario El Tiempo (Ag.27/92), el Ministro estaba particularmente impresionado por un dramático diagnóstico, según el cual, de las 2.400 grandes empresas, solo 280 tenían organizados departamentos de seguridad.

Nadie ignora que, si bien el debate público es nuevo, el accionar práctico de Grupos de Autodefensa -legítimamente llamados PARAMILITARES, puesto que actúan en estrecha coordinación y con el respaldo, entrenamiento, suministro de armas, protección y garantía de impunidad por parte de las Fuerzas Armadas, es antiguo. Nadie ignora tampoco que estos grupos asesinan, torturan, desaparecen, saquean, y someten a sus víctimas a las más repugnantes condiciones de degradación e impotencia.

Contrasta este aval del Estado a este tipo de grupos de Seguridad destinados a proteger a las empresas más poderosas (pues las pequeñas empresas nunca podrán financiar tales Departamentos de Seguridad), con las políticas de protección a los sectores deprimidos de la sociedad. El caso del sector de Ciudad Bolívar, en Santafé de Bogotá, es alarmante: el desangre diario por asesinatos de pobladores de la zona -en su mayoría jóvenes- no ha recibido más respuesta del Estado que el envío de patrullas de Policía, sobre las que recaen todos los indicios de ser los autores de las permanentes masacres. Puesto que estas gentes viven en la miseria, no merecen más protección que la de aumentar el número de sus victimarios.

El pasado 14 de septiembre, el Tribunal Superior del Distrito Judicial-Sala Civil, de Santafé de Bogotá, aceptó la ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández para resolver un recurso de Tutela, interpuesto por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz en contra del diario el Tiempo, a causa de sus afirmaciones infames contra la misma Comisión, aparecidas en la edición dominical del 14 de junio/92. El Tribunal obligó al citado diario a publicar una rectificación en edición dominical y en la Sección A, pero se negó a atender la solicitud del demandante, de que tal rectificación se hiciese en condiciones de equidad: con el mismo despliegue con que se divulgó la infamia y permitiendo rebatir el manipulado armazón de datos falsos que la sustentaba.

El Tiempo acató literalmente el Fallo del Tribunal, publicando un microscópico párrafo de rectificación, ocultándolo tras un título distractor, aprovechando así la ocasión dorada que el Tribunal le brindaba para mantener inmunes las dimensiones, alcances y efectos de su infamia.

Es este un caso entre muchos donde se revelan las características de la acción de la Justicia en el ámbito de los Medios. Si la víctima no tiene millonarias sumas disponibles para utilizar otros Medios en su defensa, tiene que someterse a convivir con las lesiones morales que le causen estos, pues la Administración de Justicia está también al servicio de los Medios sin ética pero poderosos.

Javier Giraldo, S. J.
Septiembre de 1992

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