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Consecuencias jurídicas y políticas de la impunidad

Sábado 26 de abril de 1997, por Javier Giraldo M. , S.J.

En los últimos años hemos ido percibiendo un movimiento progresivo de desjuridización de los derechos humanos. Creo que nadie ha estado ajeno a este debate. Los Estados y sus intelectuales orgánicos han ido transfiriendo a la sociedad en su conjunto la responsabilidad garante de la vigencia de los derechos humanos, sacando el concepto mismo de su marco histórico-jurídico, referido a las relaciones ciudadanos/Estado, para reubicarlo en el campo infinito de las relaciones ciudadanos/ciudadanos, campo que antes estaba reservado a la ética social.

Es evidente que entonces el mismo concepto de derecho queda puesto en cuestión: o el "derecho" es una enunciación de principios que apela al comportamiento ético de los ciudadanos, o es un instrumento de exigibilidad, protegido por un sistema concreto y funcional de garantías que tiene fuerza vinculante para el Estado.

Pero este movimiento de desjuridización de los derechos humanos no aparece como un caso a-típido dentro de la coyuntura mundial: los Estados se están "desestatizando" y están transfiriendo a sectores de la sociedad, particularmente a los que tienen injerencia decisiva en el mercado, las decisiones más fundamentales que afectan la vida social y aún lo que antaño se llamó "soberanía", es decir, el manejo autónomo de sus recursos dentro de sus fronteras. Tal "desestatización" -todos lo sabemos- es el vector fundamental del Neoliberalismo o de la llamada globalización de la economía.

Los Estados muestran, entonces, una tendencia a irresponsabilizarse; a liberarse de una o de otra manera de la fuerza vinculante que tienen para ellos los "derechos humanos"; a transferir esas responsabilidades a otras instancias difusas o a entidades no estatales; a rediseñar su papel y su imagen. A veces asumen características de "víctimas" de las violaciones a los derechos humanos; a veces simulan el papel de "árbitros de buena voluntad" entre los ciudadanos, etc. En esta tendencia a la irresponsabilidad hay que encontrar una de las raíces más profundas de la impunidad.

En esa imagen de un Estado que "no es ya el garante", y, por lo tanto, el violador potencial, en estricto sentido, de los derechos humanos, se apoya la tendencia consecuente de restarle importancia, de relegar a bajo rango la función de investigar, enjuiciar y sancionar a los agentes del Estado comprometidos en violaciones graves a los derechos humanos.

Dicha tendencia general es implementada en estrategias mucho más operativas que convergen en el Para-estatismo. Así como se privatizan progresivamente las diversas funciones, empresas y servicios que eran estatales, también se privatiza la "violación a los derechos humanos" y, por la misma vía, se privatiza la seguridad ciudadana, llegando ya a los umbrales de la privatización de la justicia, que comenzará, como se ha anunciado, con la privatización de la administración penitenciaria.

Una de la manifestaciones más atrevidas del Para-Estado es justamente el Paramilitarismo, cuyo origen y fundamento se asientan en la necesidad de encubrir las acciones del Estado que no se ajustan a la ley y que por lo tanto deben aparecer como "ajenas al Estado".

Pero el Paramilitarismo ha ido pasando, en el curso de menos de dos décadas, de "escuadrón de la muerte", al cual se podían transferir con estrategias de imagen y de encubrimiento todos los crímenes de Estado, a ser leído como una instancia "justiciera", única que se va mostrando "eficaz" en el campo de una "justicia vindicativa", y que va ganando vertiginosamente terreno en el campo de la legitimación social: sus líderes gozan de amplio poder de expresión en los mass media, de tolerancia e impunidad absoluta, y sus cuarteles generales son fortalezas protegidas por todos los poderes del Estado. Son ya "interlocutores políticos" para el Estado y la clase empresarial los mira ya casi como único sistema de "justicia" operativo, aunque en el discurso público se guarde todavía algún recato al respecto.

Cuando constatamos estas tendencias imperantes, sobre todo en los sectores sociales que son las reales instancias de decisión, tenemos que preguntarnos: ¿y entonces qué es del sistema judicial?; ¿en qué ha parado, o en qué va a parar la administración de justicia?; ¿qué queda de la estructura jurídica del Estado, de sus principios, de sus instrumentos, de sus instituciones, de su racionalidad, de sus prácticas?; ¿cree alguien todavía en la "justicia"?; ¿funciona todavía la justicia?; ¿tienen un futuro la justicia y el Derecho?.

Son preguntas demasiado densas y graves. No podemos eludirlas, pero quizás, a veces, da miedo enfrentarlas. Sería mil veces preferible continuar creyendo que el "Estado del Derecho" continúa siendo un "Estado de Derecho". Esto nos daría más seguridad como seres humanos, y sobre todo como intelectuales para quienes la vigencia de realidades racionalmente aceptables es tan vital, casi una necesidad de supervivencia, al menos de equilibrio psíquico elemental.

No quiero desconocer el Estado de Derecho, pero tampoco puedo dejar de tener en cuenta lo profundamente erosionado que se encuentra, aunque continúe siendo el fundamento de nuestros discursos y convicciones.

Si me perdonan la expresión pleonástica, hay que decir que la impunidad no ha transitado impunemente por nuestros caminos. Ha dejado huellas profundas. Ha erosionado instituciones y estructuras; ha afectado profundamente el mundo de las relaciones sociales y políticas; ha rediseñado el Estado; ha resquebrajado peligrosamente el pedestal del Derecho y la Justicia pulverizando una de las columnas más fundamentales de su base: la de su operatividad.

Si para el mundo empresarial se va erigiendo como única "justicia" operativa aquella del Para-Estado, o sea el Paramilitarismo, para el mundo de las víctimas simplemente la justicia "no existe".

Continúan existiendo cortes, tribunales, juzgados y fiscalías. Sus presupuestos crecen vertiginosamente para asimilar las nuevas tecnologías electrónicas. Los expedientes se acumulan en grandes depósitos que comienzan a explorar la posibilidad de tranformarse en archivos informáticos. Pero los métodos para llegar a la verdad y a la justicia van en contravía de dicho "progreso".

El refinamiento para deformar la verdad y para evadir la justicia también ha progresado. En la puerta de entrada de los expedientes se fueron atrincherando el atentado, la intimidación y el soborno. La ""Justicia" Sin Rostro" y los decretos de "recompensas" hicieron del testimonio humano una mercancía envilecida que se compra y se vende, unas veces para "acusar", otras para "exonerar". Los investigadores judiciales descubrieron que podían llenar voluminosos cuadernos interrogando a quienes no vieron ni oyeron, y así salvar sus compromisos laborales, pero absteniéndose de interrogar a quienes vieron, oyeron y participaron. Aquella expresión clásica que antes manifestaba la satisfacción de un juez que había descubierto una verdad: "según las reglas de la sana crítica", sigue figurando en las sentencias, desvergonzadamente, como preámbulo de las más absurdas argumentaciones que pisotean la lógica y la ética. El principio de "cosa juzgada", en lugar de proteger a víctimas de injustas persecuciones, se utiliza para cerrar como en un cofre de acero las más aberrantes y corruptas sentencias. Las leyes de "descongestión de la justicia" no han hecho sino refinar los mecanismos de impunidad y favorecer que el paso inactivo del tiempo, en espera de la prescripción, se pueda calificar como "administración de justicia". La "Justicia" Penal Militar continúa dándole vigencia a una de las figuras más antijurídicas de la historia, como es la del sindicado convertido en juez de sí mismo. Los escenarios del conflicto armado acostumbraron al actor armado estatal a actuar como juez de lo divino y de lo humano sobre su "adversario", a quien proyecta en la población civil desarmada para compensar sus frustraciones bélicas y para ejercer una venganza visceral contra enemigos indeterminados. Todo ha sido intentado para trastocar la justicia: el cambio de las identidades de las víctimas y el ocultamiento de las identidades de los victimarios; la transformación de los escenarios de los crímenes; el control por parte de los victimarios de las pruebas fundamentales; la eliminación o intimidación de testigos, familiares y abogados. Todo culmina con el "broche de oro" de un proceso penal contra el denunciante, única "acción judicial" que resulta efectiva en numerosos casos.

¿Quién puede aún creer en la justicia?

Hoy día, en Colombia, a quien busque alguna verdad, lo último que se le ocurriría sería recurrir a un expediente judicial. Ninguna "verdad" más lejana de la verdad que la "verdad procesal".

La impunidad dio al traste con la justicia. La secuestró, la puso a su servicio, la violó y la destruyó; la convirtió en una prostituta que da lástima, cuya regeneración parece ya imposible.

Esta es la realidad que, creo, da miedo enfrentar: los destrozos causados por la impunidad en el ámbito de la Justicia; en el ámbito del Estado de Derecho; en el ámbito del Derecho mismo, haciéndolo nugatorio.

¿Cómo reparar los destrozos jurídicos causados por la impunidad? Creo que no se nos ocurren sino soluciones que quedan atrapadas en el mismo túnel donde la impunidad mantiene encadenada a la Justicia. Solo si la impunidad fuera erradicada, la Justicia tendría alguna opción de reconstruirse. Sin embargo, todo da a entender que el Estado posmoderno escogió como uno de sus pilares justamente la impunidad.

Esto nos lleva a reflexionar en el carácter de medio y de instrumento que tiene la justicia en cuanto institución. En el conjunto de su instrumental y de sus rituales ciertamente la humanidad ha invertido muchos siglos para buscar cómo convertirla en un medio de convivencia y en una expresión de principios éticos de aceptación bastante universal. Sin embargo, lo que hoy constatamos en nuestras sociedades carcomidas por la impunidad es que la justicia sufrió una ruptura interna entre los fines y principios que supuestamente la regían y el uso de su instrumental o de sus medios más característicos. Aquí es donde se manifiesta el fondo de la crisis. Sus medios e instrumentos fueron domesticados por otros intereses, por otras fuerzas, por poderes que realmente dominan la sociedad pero que rechazan los principios éticos que regían la institución de la justicia.

Y La sociedad que se está expresando en la crisis de la justicia es una sociedad en la que sus capas dominantes o sus instancias decisorias han logrado un alto nivel de encubrimiento y de domesticación de la ruptura entre lo real y lo formal. Es una sociedad que ha logrado hacer convivir pacíficamente, durante períodos nada despreciables, formalidades y discursos democráticos con impresionantes mecanismos de opresión de grandes capas sociales. Es una sociedad donde el discurso y la normatividad protectora de la "dignidad humana" y de los "derechos humanos" logró convivir con las más despiadadas formas de genocidio, de exterminio de posiciones disidentes, de "guerras" contra "enemigos internos" que constituían las mayorías nacionales, de todo tipo de discriminaciones y de crímenes de lesa humanidad.

Y esa ruptura nos está advirtiendo dramáticamente que los valores que se buscaba proteger a través del aparato de la justicia, ya no se pueden proteger por esos medios. Nos está diciendo dramáticamente que hay necesidad de reinventar caminos para acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación y, de paso, rediseñar el Estado.

Y, por lo menos mientras el Estado se reconstruye o se reinventa, la sociedad civil tiene el desafío de no claudicar en la búsqueda de la verdad (por fuera de los expedientes y de los procesos judiciales); en la búsqueda de una pedagogía social sancionatoria, regeneradora y reconciliadora, y en la búsqueda de procesos de reparación o de reconstrucción de lo que se destruyó.

Las Comisiones de Verdad han sido un paso, nada satisfactorio, en esa búsqueda de la verdad. Los poderes estatales les han limitado al máximo su potencialidades, pero han abierto un camino. ¿No habrá que pensar ya en su total autonomía frente a aparatos de Estado totalmente erosionados, deshechos e ilegitimados por la impunidad?

Los Tribunales de Opinión, los Tribunales éticos, e incluso los Tribunales Penales Internacionales con todas sus limitaciones, ¿no han abierto también caminos en el campo de las sanciones sociales, en el campo de la solidaridad internacional, en el de una jurisdicción universal para todo aquello que afecte la dignidad y seguridad fundamentales del ser humano como tal?

Las experiencias de solidaridad internacional en la reconstrucción de comunidades y pueblos destruidos, ¿no ha abierto también caminos en el terreno de una reconstrucción de tejidos sociales y de destrozos morales?

Creo que todo esto nos muestra que tampoco la sociedad civil se ha cruzado de brazos ante la crisis de la justicia. Pero todos estos caminos son aún tímidos, balbucientes, inseguros, temerosos, marginales y a veces vergonzantes. Quizás nos falta enfrentar con más decisión un juicio a la justicia misma. ¿No será ya el momento de llevar a la justicia ante tribunales formales y tomar distancia, de una forma explícita y decidida, de sus corruptos desempeños que la hacen un instrumento de impunidad?

Pasando a las consecuencias políticas de la impunidad, quiero señalar, en primer lugar, uno de los efectos más profundos, y quizás al mismo tiempo más invisibles, que la impunidad tiene sobre una sociedad, y es el condicionamiento de su futuro.

Por encima de todo, la impunidad condiciona a la sociedad frente al futuro, haciendo que ese futuro sea moldeado fundamentalmente de acuerdo con los principios, con la ideología y con el modelo de ordenamiento social queridos por los victimarios.

En general, los crímenes de lesa humanidad tienen unos efectos psicosociales muy profundos, que no son fáciles de percibir. Las mismas víctimas y sus allegados, en su gran mayoría, no son conscientes del efecto que los crímenes tienen en sus opciones políticas, en sus opciones ideológicas, en sus opciones éticas y aún estéticas y religiosas y en la misma opción profesional o laboral hacia el futuro, pues tales efectos actúan principalmente en niveles inconscientes.

Podríamos expresar esos efectos en una frase simbólica, puesta en boca de las víctimas o de sus familiares, allegados o amigos: "nunca transitaremos por los mismos caminos por donde transitaron los desaparecidos, los asesinados, los torturados o los prisioneros". Este es el precio necesario que hay que pagar al instinto de conservación, pero que se oculta tras multitud de opciones aparentemente sin relación alguna con los crímenes o con su impunidad y que, desde ese nivel casi imperceptible, moldea y determina la sociedad del futuro a la medida querida y señalada por los victimarios.

Este me parece que es el efecto más grave y profundo de la impunidad.

Para contrarrestar efectos tan hondos y tan graves, la sociedad necesita una deslegitimación muy profunda de los crímenes del pasado y de los mecanismos que los facilitaron. Necesita estigmatizarlos y exorcizarlos, y esto no se logra de ninguna manera sin una sanción social muy firme, muy profunda y muy prolongada.

Es claro que la sanción sola, desligada de procesos de reparación y de reconstrucción del tejido social destruido, puede cargar el acento sobre aspectos vindicativos de la justicia y promover revanchismos y retaliaciones. Por ello es tan importante también examinar qué fue lo que se destruyó, para poder emprender procesos reales de reconstrucción - reparación. Si examinamos con sinceridad y profundidad esas ruinas que es necesario reparar, encontraremos allí cosas muy importantes que fueron destruidas y que tienen relaciones muy profundas con la democracia: la confianza entre los miembros de las mismas comunidades; la libertad de conciencia, de palabra y de opinión; la dignidad del ser humano y la inviolabilidad de sus derechos fundamentales; la viabilidad de las organizaciones de base; las posibilidades de protesta social; la concepción teórico práctica del poder público como garante de los derechos humanos; las relaciones ciudadanos/Estado. Si todas estas ruinas no se reconstruyen, la impunidad logra sus efectos más perversos: condicionar la sociedad del futuro a la medida de las pretensiones de los victimarios.

Uno de los eslóganes en boga, que vehiculan inconscientemente la impunidad, es el que afirma que mejor que reconstruir ruinas es edificar cosas nuevas. La novedad y lo novedoso siempre tiene atractivos subyugantes para las personas y las sociedades. Pero tenemos que caer en la cuenta de que esas "nuevas edificaciones" fueron diseñadas en las tinieblas del inconsciente colectivo y hechas atractivas mediante mecanismos subliminales, por los mismos victimarios que destruyeron con saña las utopías que dieron sentido a la vida y a las luchas de las víctimas.

¿Cómo defendernos de esos atractivos de "lo nuevo" que estigmatiza tan fácilmente el pasado como "lo equivocado", "lo anticuado", "lo pasado de moda", "lo desfasado", "lo que solo trajo destrucción y muerte", "lo quijotesco", "lo ilusorio", "lo irrealista", "lo utópico", y a través de todos esos epítetos avergonzantes sella, silencia y sepulta la memoria de las víctimas con sus proyectos históricos, esterilizándolos frente al futuro?

Es aquí donde se impone profundizar sobre el papel de la memoria histórica y sobre su fecundidad política. Ya al menos en los documentos de trabajo de la Subcomisión de la ONU para La Prevención De Discriminaciones y Protección de Minorías, se ha comenzado a afirmar este principio: "La memoria de sus sufrimientos es algo que pertenece al patrimonio cultural de todo pueblo". También el Papa Juan Pablo II, al conmemorar el 50 Aniversario de la Segunda Guerra Mundial, el 11 de junio de 1995, afirmaba: "Mantener vivo el recuerdo de cuanto sucedió es una exigencia no solo histórica, sino también moral. No hay que olvidar. No hay futuro sin memoria. No hay paz sin memoria."

Una de las estrategia más acariciadas de los victimarios, una vez consumados los crímenes, es la del olvido. Las leyes de amnistía para los victimarios han logrado darle a la amnesia un status jurídico que consagra la impunidad en el registro específico del Derecho, pero eso no basta ni es lo principal. El papel de la amnesia, en la estrategia de los victimarios, mira ante todo a la esterilización política de las víctimas, de sus proyectos, de sus sueños y de sus utopías. Tal cauterización del pasado es necesaria para que pueda imponerse el proyecto socio/político de los victimarios sin alternativas que le compitan.

Todavía son débiles nuestros análisis concretos sobre la relación entre la amnesia y los modelos de sociedad. La Memoria ha llegado a tener gran importancia en el mercadeo de la informática: se nos ha convencido, en el mundo del marketing, de la importancia de expandir progresivamente la "memoria Ram" y la "memoria Rom", pues, si no la expandimos, ¿cómo podrán asegurar su rentabilidad las multinacionales de la informática? Pero nadie nos invita a expandir nuestra memoria histórica, única manera de desesterilizar a nuestras víctimas frente al futuro; único antídoto que nos impediría asimilar desde el inconsciente el modelo de sociedad que imponen los victimarios; único lente que nos permite contemplar los destrozos y las ruinas de humanidad que es necesario y urgente reconstruir.

La memoria de las víctimas; la memoria de los crímenes; la memoria de las luchas y contextos dentro de los cuales se produjeron tantas injusticias y tantos sufrimientos, es una interpelación permanente a nuestras sociedades; es una toma de conciencia sobre lo que NUNCA MAS debe volverse a tolerar; es una toma de conciencia sobre los valores que fueron destruidos y sobre lo que es necesario reconstruir y reparar.

A mi modo de ver, este es el gran desafío para enfrentar los efectos políticos de la impunidad. Responder a la estrategia del olvido con la estrategia de la memoria.

Javier Giraldo M. S.J
Santafé de Bogotá, abril 26 de 1997
Asamblea Internacional sobre la Desaparición Forzada, convocada por ASFADDES-

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