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Denuncia sobre San José de Apartadó

Miércoles 12 de noviembre de 2003, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, noviembre 12 de 2003

Doctor
LUIS CAMILO OSORIO
Fiscal General de la Nación
E. S. D.

De toda consideración.

Javier Giraldo Moreno, S. J.,[----------------------------------------] me dirijo a Usted como jefe del ente investigativo del sistema judicial, en el marco de la Resolución emitida por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS el 18 de junio de 2002, referida a la COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ, con el fin de solicitarle que los crímenes de que ha sido víctima dicha Comunidad de Paz y que serán reseñados en este escrito, sean sometidos a una investigación imparcial, integral, rápida y eficaz, con observancia plena de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano, de los principios que rigen el Derecho Internacional Consuetudinario así como de los tratados internacionales que miran a la protección de la dignidad y derechos fundamentales del ser humano, que tienen carácter imperativo para todo Estado pero que Colombia los ha integrado en un bloque de constitucionalidad, como lo expresan los artículos 93 y 94 de su Constitución Política.

En efecto, la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de junio de 2002, en el numeral 3 de su parte resolutiva establece:

"Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la ampliación de estas medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes".

Ya en una Resolución anterior, emitida el 24 de noviembre de 2000, la Corte Interamericana había decidido también, en su numeral 4:

"Requerir al Estado de Colombia que investigue los hechos que motivaron la adopción de las medidas provisionales con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes, e informar sobre la situación de las personas indicadas en los puntos resolutivos anteriores".

En la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte Interamericana el 13 de junio de 2002, el Estado colombiano, por medio de sus delegados allí presentes, hizo la propuesta, recogida en el mismo texto de la Resolución del 18 de junio de 2002, de la " creación de una comisión de fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de agilizar las investigaciones que están en curso ".

Y aunque desde el año 2000 se había creado una "Comisión de Impulso a las Investigaciones" que no produjo ningún resultado y que ha motivado el persistente reclamo de la Comunidad de Paz de que la actividad de dicha Comisión de Impulso sea evaluada por un comité imparcial, en el cual participen miembros de organismos internacionales de derechos humanos, con el fin de identificar las causas que impiden que haya justicia frente a crímenes tan sistemáticos y horrendos, sin embargo no se ha encontrado disponibilidad alguna para dicha evaluación en las reuniones interinstitucionales convocadas por la Vicepresidencia de la República.

En recientes visitas a Colombia de miembros de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS se ha vuelto a urgir al Estado colombiano el ejercicio de la justicia frente a los crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, razón por la cual el Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República ha solicitado nuevos contactos entre los representantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer bases de colaboración para el desarrollo de las investigaciones penales.

En la última reunión realizada en la sede de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, los representantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se negaron a seleccionar unos pocos casos para que fueran investigados por dicha Unidad, con preferencia a los demás, dado que eso vulnera los principios de igualdad ante la justicia, de la igual dignidad y derechos de los seres humanos en cuanto tales, así como los principios de "ius cogens" de investigar las agresiones sistemáticas contra franjas específicas de poblaciones humanas como crímenes de lesa humanidad, cuya tipificación y tratamiento judicial debe estar sometido a normas establecidas por la comunidad internacional, dado su carácter de Crímenes de Derecho Internacional.

Por eso, aunque la mayoría o la casi totalidad de las conductas criminales que a continuación van a ser reseñadas, han sido ya objeto individualizadamente de "investigaciones previas" que han pasado casi invariablemente al archivo, hasta ahora los entes investigadores del Estado no han tomado en cuenta la SISTEMATICIDAD de los crímenes perpetrados contra esta Comunidad de Paz, lo que los convierte prácticamente en un solo crimen colectivo que responde al tipo penal del GENOCIDIO, o bien del CRIMEN DE LESA HUMANIDAD en sus modalidades de PERSECUCIÓN y/o EXTERMINIO, integrando numerosas conductas reiterativas de EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, DESAPARICIONES FORZADAS, TORTURAS, PRIVACIONES GRAVES DE LA LIBERTAD FÍSICA EN VIOLACIÓN DE NORMAS FUNDAMENTALES DE DERECHO INTERNACIONAL, VIOLENCIA SEXUAL y TRASLADO FORZOSO DE POBLACIÓN, tal como han quedado tipificadas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Artículos 6 y 7), adoptado en Colombia por la Ley 742 del 5 de junio de 2002, pero cuyos principios sustanciales hacían parte del Derecho Internacional Consuetudinario y habían sido adoptados por La Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas desde 1950.

No hay duda de que el ensañamiento criminal que los agentes del Estado en unidad de acción con grupos paramilitares ilegales han desarrollado en contra de esta Comunidad de Paz, responde también al tipo penal de Terrorismo , definido en el Código Penal Colombiano, art. 343, como conducta que "provoca o mantiene en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que ponen en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos".

Sin embargo, cuando todas estas conductas perpetradas por el Estado y sus grupos auxiliares ilegales tienen el carácter de una estrategia o política, lo cual es evidente al prolongarse por más de 8 años y al negarse todas las autoridades del Estado a hacer cesar la agresión a pesar de tan numerosas denuncias y clamores nacionales e internacionales como se demuestra en las pruebas aquí anexas, dichas conductas se constituyen prioritariamente, para los efectos de las investigaciones penales, en CRÍMENES DE CARÁCTER INTERNACIONAL, mucho más cuando el interés de la Comunidad Internacional se ha explicitado ya a través de los requerimientos de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y además por la circunstancia de que el Estado como tal, en sus más altas instancias, está involucrado, a través de sus autoridades administrativas y judiciales, en la ejecución, tolerancia, permisividad, impunidad y protección de los victimarios, conductas que determinan, con la mayor de las eficacias, la persistencia sistemática de dicha política criminal.

El mayor error de las investigaciones anteriores desarrolladas por la Fiscalía frente a este caso, ha sido separar las investigaciones como si se tratara de conductas aisladas o dispersas, adoptando una posición que pretende desconocer la SISTEMATICIDAD de una agresión que se prolonga a través de ocho años, de centenares de hechos que obedecen a los mismos parámetros y provienen de las mismas instituciones y revelan unas mismas intenciones perversas. No cabe duda de que esas investigaciones anteriores han violado los artículos 89 y 90 del Código de Procedimiento Penal que exigen que "las conductas punibles conexas se investiguen y juzguen conjuntamente" y que trazan los parámetros precisos que permiten identificar la conexidad, todos los cuales se aplican en este caso con total evidencia.

Nadie ignora que una investigación penal que no avoque el accionar de las instituciones a las cuales pertenecen los victimarios que cometen crímenes idénticos durante 8 años continuos, siguiendo parámetros uniformes, no obstante el continuo relevo de las personas, es una investigación destinada a la inutilidad, y que por otra parte viola una de las normas rectoras consagradas en el Código de Procedimiento Penal (Art. 21) que exige al funcionario judicial adoptar las medidas necesarias para que "cesen los efectos creados por la conducta punible"; para que "las cosas vuelvan a su estado anterior", y para que "se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible".

Otro error de las investigaciones anteriores de la Fiscalía sobre este caso, ha sido la elección de medios probatorios, tomando casi como medio exclusivo el TESTIMONIO, y éste buscado exclusivamente en el entorno familiar o social de las víctimas. Los funcionarios judiciales parecen no entender que la víctima, sus familiares o sus vecinos, no pueden identificar plenamente a unos victimarios que esconden sus placas oficiales, que usan capuchas o pinturas, que intimidan y amenazan, muchísimas veces por anticipado, a todo el que los denuncie; que han demostrado su capacidad de venganza asesinando a varios denunciantes; que muestran relaciones tales con los agentes de la justicia que habitualmente aparecen acompañando a éstos para obligar a las víctimas a declarar en presencia de sus victimarios para asegurarse de que el terror de las retaliaciones les impedirá declarar lo que en realidad sucedió. La Fiscalía se ha mostrado persistentemente insensible ante los riesgos de las víctimas en el proceso judicial y en ocasiones se ha servido de ese terror para acusar a las mismas víctimas como "culpables de la impunidad" por no rendir declaraciones. Por su parte, las víctimas en varias ocasiones han corrido riesgos con la esperanza de que se haga justicia y han rendido declaraciones que los mismos funcionarios consideran como "inútiles", pues los funcionarios les exigen ordinariamente que declaren lo que ellos no saben, haciendo descansar la carga de la prueba sobre las mismas víctimas, como mecanismo de impunidad. Inútiles han sido hasta ahora los clamores para que la Fiscalía compruebe en vivo y en directo, mediante inspecciones prolongadas "in situ", el accionar conjunto de militares y paramilitares en retenes que han durado semanas, meses y hasta años; en bases paramilitares establecidas en las inmediaciones de bases militares, etc.

En el marco, pues, de las reiteradas peticiones de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS para que los crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no queden en la impunidad; de las promesas del Estado colombiano de que hará justicia; de la insistencia del Programa Presidencial de Derechos Humanos para que se entre en interlocución con la Fiscalía con el fin de que se renueven los esfuerzos para que todos estos crímenes no permanezcan en la impunidad, le solicito, Señor Fiscal General de la Nación, reiniciar una investigación que corrija los desenfoques del pasado, los que hasta el presente han operado como mecanismos eficaces de impunidad.

I


H E C H O S:

  1. Pobladores de la vereda Mulatos, perteneciente al corregimiento de San José de Apartadó, conservan aún viva la memoria de los hechos sucedidos a partir del martes 12 de julio de 1977, cuando llegaron de la base militar La Maporita, (Carepa, Antioquia) 16 soldados al mando del Teniente Gualdrón y de los Cabos Cruz y Peñalosa, y desde las 05:00 horas ordenaron a los campesinos salir de sus casas, los amarraron y los mantuvieron en ese estado varios días, exigiéndoles que les dieran informaciones sobre movimientos de guerrilla, cuando muchos de ellos no tenían conocimiento alguno de qué era una guerrilla, y luego de 8 días de interrogatorios y torturas, los fueron asesinando a tiros. Así murieron: LUCIANO GRACIANO, de 16 años; LUIS EMILIO GIRALDO, de 30 años; JAIRO ORTIZ, de 25 años; JUAN DE JESÚS TORO AMAYA, de 22 años; TULIO GUERRA, de 35 años; ARTURO GRACIANO, de 18 años; NANDO GRACIANO, de 23 años y OSCAR GARCÍA, de 21 años. Luego de un primer desplazamiento masivo durante el cual se denunció la masacre, un juez militar subió a investigar los hechos sin que 26 años después se tenga noticia alguna de actos de justicia.
  2. El 18 de junio de 1996, 811 campesinos de las veredas Arenas Bajas, Arenas Altas, Cabecera de El Limón, Guineo Alto, Guineo Bajo, La Resbalosa, Mulatos, Las Palmeras, Hacienda Currulao, Mulatos Alto, El Salto, Oviedo, El Porvenir, Arcua Arriba, Arcua Central, Caraballo, Caraballito, Aguas Frías, El Gas, Los Mandarinos, Represa, Areneras, El Congo, Perancio, Zabaleta y La Galleta, y del Corregimiento de San José de Apartadó, adscritas a los municipios de Turbo y Apartadó, se desplazaron hacia la cabecera municipal de Apartadó a raíz de la sistemática violación de sus derechos humanos de que venían siendo víctima toda la región. (Prueba No. 1º).
  3. Como respuesta del Estado Colombiano para habilitar el retorno de los labriegos, varias instituciones estatales se comprometieron a conformar una COMISIÓN DE VERIFICACIÓN en la que participaron el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo, en asocio con organizaciones no gubernamentales como el CINEP, ANDAS, FEDES, la Cruz Roja Colombiana, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Grupo de Atención a Desplazados (GAD) y FENSUAGRO. (Prueba No. 2).
  4. La Comisión de Verificación presentó un informe del trabajo de campo sobre los acuerdos referenciados, indicando que los días 3 y 4 de Septiembre hizo el recorrido Apartadó, San José de Apartadó, veredas Buenos Aires, Mulatos Cabecera, Alto de Mulatos y La Resbalosa, donde se expresa que "Diversos testimonios recogidos por la Comisión dieron cuenta de la acción conjunta de tropas regulares y unidades paramilitares, en ocasiones acompañadas de "guías" (exguerrilleros del EPL y de las FARC) en contra de la población campesina. En todos los casos se hace referencia al porte de armas y prendas militares. Entre las quejas recibidas, se reiteran hechos como allanamientos irregulares, amenazas, torturas, destrucción y quema de viviendas y bienes comunales, homicidios y desapariciones" (Prueba No. 1 pg 2).
  5. En dicho informe, además de narrar operativos militares por parte del Batallón Cacique Coyará de la Brigada XI, en conjunto con efectivos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, del 17 de noviembre de 1991 y del 9 de diciembre de 1994 en la vereda La Resbalosa, obtuvieron información sobre un operativo ocurrido el 20 de mayo de 1996, "donde unidades adscritas al mismo Batallón, ocuparon nuevamente el área central del caserío. Con la llegada de los helicópteros, casi todos los tejados se volaron por efecto del sobrevuelo de los mismos. La Comunidad manifestó que los militares usaron como campamento algunas viviendas y la escuela, en la cual destrozaron muebles y la biblioteca escolar donadas por el Ministerio de Educación. Se presentaron nuevos casos de hurto de semovientes y objetos personales, así como la destrucción de enseres familiares y comunitarios. La Comunidad da testimonio de diversas formas de presión sicológica por parte de los miembros del Ejército.....". Estos hechos motivaron el desplazamiento forzado de los campesinos que se asentaron en el Coliseo Antonio Roldán Betancur, de Apartadó. (Prueba No. 1 pg 2)
  6. Efectivamente, el 20 de mayo de 1996, unidades de los Batallones de Contraguerrilla Nros. 33 y 35 adscritos a la Brigada XI, incursionaron en la vereda La Resbalosa y "entraron a la finca de una señora, donde obligaron a la familia a salir de la casa y les preguntaron agresivamente por el paradero de la guerrilla. Horas después lanzaron algunas granadas alrededor de la vivienda, resultando muerta una yegua. El 27 de julio regresó la tropa a la casa como a las 7:30 a.m.; la señora huyó con sus hijos. Los soldados permanecieron por el espacio de tres días en esa casa, destrozando parcialmente la vivienda y objetos personales. Los animales de pluma (unas 28 gallinas) ya no estaban. La señora a su regreso reclamó al Comandante de la Tropa y éste le contestó que le pidiera a los "perros" de la guerrilla que le pagaran los daños porque ellos sí tenían los medios para hacerlo. La casa había sido comprada recientemente por un valor de $250.000." (Prueba No. 1 pg. 7).
  7. "El día 27 de julio en la vereda La Resbalosa, presuntamente la misma tropa del caso anterior dañó la casa de un campesino con disparos y varios de sus bienes hurtados. Efectivos de la tropa permanecieron en la casa hasta el 28 de agosto. Se perdieron 28 gallinas y un cultivo de maíz resultó destrozado" (Prueba No. 1 pg. 7).
  8. El día 27 de julio, la misma tropa del caso anterior incursionó en otra finca cercana y según la queja recibida, mataron un marrano" (Prueba No. 1 pg. 7).
  9. El día 27 de julio, efectivos de la misma tropa se acantonaron en la escuela veredal, ocasionando daños en pupitres y tableros. Los libros de la biblioteca básica donada por el Ministerio de Educación fue destrozada al parecer, por militares. (Prueba No. 1 pg. 7).
  10. El 9 de diciembre de 1994 la tienda de La Resbalosa fue robada, de acuerdo con la queja recibida, por efectivos del Ejército que iban con civiles armados. Un Teniente le recomendó cerrar el establecimiento para que no le siguieran robando. El 20 de mayo de 1996, la tienda fue nuevamente asaltada, al parecer por miembros del Ejército Nacional. La Comisión había recibido denuncias en el sentido de que en ambas fechas, esto es, 9 de diciembre de 1994 y 20 de mayo de 1996, se habían registrado dos operativos militares a cargo del Batallón Cacique Coyará de la Brigada XI del Ejército en conjunto con las ACCU denominados "Los Mochacabezas". (Prueba No. 1 pg 4).
  11. El 18 de agosto de 1996, fue asesinado el Señor JORGE ENRIQUE ARIAS en Mulatos Cabecera, al parecer por miembros de un grupo paramilitar de Carepa. Entre los agresores, participó un desertor de la guerrilla reconocido en la región. Una tienda de propiedad del occiso fue incendiada. Su cadáver fue enterrado en Alto de Mulatos por parte de la Comunidad sin que mediara trámite judicial (Prueba No. 1 pg. 7).
  12. El 19 de agosto de 1996, en la vereda Arenas Bajas, una tropa del Ejército acompañada de paramilitares llegó a una casa y le manifestaron a su propietaria que tenía 15 minutos para indicar el paradero de la guerrilla. Ella dijo no haberlos visto. La tropa la agredió verbalmente y le dijeron que era la costurera de la guerrilla. A sus hijos (cinco menores de edad) que lloraban, les gritaban "cállense HP que a ustedes también les damos". Un paramilitar pateó a la señora y sacó una peinilla; el Comandante militar lo calmó y le recordó que le habían dado 15 minutos para que hablara. Minutos después procedieron a revolcar los objetos de la casa y se llevaron varios de ellos. La mujer dijo que los paramilitares iban vestidos con camuflados distintos a los que llevaba el Ejército con capuchas rojas y negras. (Prueba No. 1 pg 8).
  13. El 19 de agosto de 1996 en Arenas Bajas, un señor fue golpeado por la misma tropa que se encontraba en la zona. Le apuntaban a su hija menor y le decían a la pequeña que tenía que decir que las monturas que había en la casa eran de la guerrilla. (Prueba No. 1 pg 8).
  14. El 23 de agosto de 1996, en Arenas Bajas este mismo grupo retuvo a un señor de 60 años, lo amarraron y con una toalla le apretaron el cuello para que dijera cuál era el paradero de la guerrilla. (Prueba No. 1 pg 8).
  15. El 26 de agosto de 1996, el Ejército retuvo a un señor hacia las 8:00 p.m. en la vereda Arenas Bajas. Lo torturaron y lo presionaron para que informara sobre el paradero de unos guerrilleros. Le ofrecieron hasta la suma de $3.000.000 por la información. Uno de los soldados sacó una peinilla (machete) y le produjo una incisión en el cuello, lo arrastraron cerca de una vivienda y lo echaron sobre un colchón y encima le colocaron unas láminas de zinc. Afortunadamente el señor logró escaparse. La Comisión recogió prueba fotográfica. (Prueba No. 1 pg 8).
  16. En esta área donde se configuran diversos Crímenes de Lesa Humanidad hacen presencia "Unidades de las Brigadas XVII con sede en Carepa y XI con sede en Monteria; no existen bases fijas sino que actúan mediante operativos temporales apoyados por tropas helitransportadas y sobre cuyo accionar proliferan las quejas de la población civil. En cuanto a grupos irregulares, se sabe de la presencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, cuyas unidades provienen de Córdoba y del Municipio de San Pedro (Antioquia), y, al parecer, los Comandos Populares, que vienen del Municipio de Carepa. Por parte de la insurgencia, se conoce de la antigua presencia de Comisiones del V Frente de las FARC". (Prueba No. 1 pg 3).
  17. En el recorrido de la Comisión Verificadora de los Acuerdos, por las veredas Arcua, Arcua Medio, Arcua Central, Arcua Arriba, Piedecuesta, Aguas Frías, Mandarinos, Arenera, La Galleta, Caraballo, Caraballito y Oviedo, pudieron constatar "acciones punitivas contra líderes comunitarios, con la consiguiente notificación para que la población abandone sus viviendas, han condicionado un masivo desplazamiento, desestructurando el tejido social de esta subzona. La Comisión recibió testimonios de la ocurrencia reiterada de hechos tales como destrucción de plataneras, quema de viviendas, asalto a tiendas, y otros establecimientos públicos, ofrecimiento de recompensas por delación bajo presión y amenaza, homicidios, retenciones ilegales durante las cuales inflingen tratos crueles e inhumanos, situaciones tras las cuales las victimas en muchas ocasiones son obligadas a firmar documentos en los que declaran haber recibido buen trato". Este tipo de prácticas originó el éxodo de los habitantes de estas veredas. (Prueba No. 1 pg 5).
  18. Dice la Comisión que "las fuentes consultadas coinciden en afirmar que tanto unidades militares como paramilitares manejan listas de personas de la región, las cuales son verificadas en los retenes que se instalan a lo largo de la zona, más allá de las veredas de residencia habitual. El sistema de listas permitiría inferir que en algunas ocasiones existe un trabajo coordinado entre regulares e irregulares en tres niveles: veredas, de corregimiento y cabecera municipal" (Prueba No. 1 pg 5).
  19. El 22 de mayo de 1996, presuntos paramilitares incendiaron la vivienda de una señora en la vereda Caraballo. Los hombres se llevaron ocho animales. El mismo día, los agresores se llevaron la planta eléctrica de la vereda, donada por el Sena. (Prueba No. 1 pg. 7).
  20. El mismo día 22 de mayo en la vereda Caraballo, paramilitares sacaron de su casa al señor JULIO SIERRA. Luego de ser asesinado, le abrieron la región toráxica y lo rellenaron de arena. Al señor Sierra, quien era propietario de una tienda, el Ejército le había decomisado una remesa para su establecimiento de comercio, alegando que iba dirigida a la guerrilla. Por esos días, los agresores se llevaron unas 700 reses de las veredas Caraballo y Galleta. (Prueba No. 1 pg 7)
  21. En el mes de mayo de 1996, el Ejército realizó bombardeos y ametrallamientos aéreos sobre la vereda Oviedo. Una bomba cayó sobre una casa produciendo daños materiales cuantiosos. (Prueba No, 1 pg 8).
  22. El 9 de julio de 1996, un día después del retorno de los campesinos del éxodo a la vereda Arenera, fue asesinado JUAN BAUTISTA ATILANO. Se encontraba en la calle cuando efectivos del Batallón Vélez y paramilitares lo cogieron y por la vía que conduce a la vereda La Galleta lo mataron. Ese mismo día, los mismos hombres asaltaron una tienda, consumieron todas las bebidas frías y el resto de los víveres fue pateado. (Prueba No. 1 pg 7).
  23. Durante el éxodo, la vereda Arenera estuvo desocupada completamente; los paramilitares entraron en varios camiones y saquearon todas las viviendas y establecimientos públicos.
  24. El 11 de julio de 1996, en Arcua Medio - sitio La Arenera- se produjo un enfrentamiento entre la guerrilla y tropas del Ejército. El combate se libró prácticamente por encima de una vivienda. El impacto de una granada mató una gallina. Momentos después del combate, el comandante de la tropa militar fue a verificar que ningún habitante de la casa hubiera resultado herido. Dos guerrilleros resultaron muertos. Un civil herido durante el referido combate fue asesinado semanas después. Como resultado de estas situaciones se ha producido el éxodo de la población de la zona. (Prueba No. 1 pg 7).
  25. El 9 de agosto de 1996, en la vereda Los Mandarinos fueron detenidos en un retén militar un campesino y su madre de 60 años de edad. En el sitio había más personas. Permanecieron seis horas al sol y sin consumir líquido. Hacia las 3:00 p.m. fueron dejados en libertad, no sin antes hacerlos firmar constancias de "buen trato". (Prueba No. 1 pg 8)
  26. El 23 de agosto en la vereda Arenera, presuntos paramilitares asesinaron a JORGE ELIÉCER BERRIO, quien era aserrador y en esa semana le habían asesinado a los trabajadores cuando venían de Turbo.
  27. El 24 de agosto de 1996, en la vereda Caraballo, efectivos del Ejército conjuntamente con paramilitares, retuvieron a un hombre y una mujer. Al joven le amarraron las manos y le produjeron heridas con ácido. Le dijeron que no lo mataban para que pudiera seguir trabajando. A la mujer la hicieron desnudar. (Prueba No. 1 pg 7).
  28. El 25 de agosto, en la vereda Caraballito, la misma tropa del Ejército y paramilitares que se encontraba en el área, asesinó a JESUS MARÍN, luego de haberlo torturado y arrastrado alrededor de su vivienda, la cual quedó destrozada. (Prueba No. 1 pg 7)
  29. El 25 de agosto de 1996, en la vereda Caraballito, en el Sitio Tres Piedras, a la media noche, presuntamente los mismos hombres del hecho anterior, mataron a un trabajador de una finca (no identificado porque estaba recién llegado al lugar). A una muchacha la amenazaron con quemarla; ella y su familia se desplazaron a Currulao, donde nuevamente fueron amenazados (Prueba No. 1 pg 7)
  30. El 27 de agosto en la vereda El Gas, por la vía a Los Mandarinos, un señor que transitaba por allí con su compañera, al encontrarse con una tropa del Ejército, fueron detenidos. El campesino llevaba consigo una marca de ganado, la cual guardó; sin embargo le dijeron que eso era un arma. Un soldado exhibió una y dijo que era del campesino. Finalmente lose dejaron proseguir.
  31. El 28 de agosto de 1996, en Nueva Antioquia, paramilitares detuvieron y desaparecieron a N. VEGA y a otra persona cuya identidad se desconoce. A la altura de la vereda La Galleta, varias personas los vieron: iban amarrados y con señales de haber sido golpeados. Esa noche los paramilitares pernoctaron con los retenidos en la vivienda de un Campesino de la vereda Galleta. (Prueba No. 1 pg 7)
  32. El 29 de Agosto de 1996, en Arcua Central, presuntos paramilitares destrozaron una platanera. La vivienda de esa familia fue parcialmente saqueada y varios objetos revolcados. La señora fue amenazada y tuvo que abandonar la Vereda con sus hijos. Los responsables se movilizaban en una camioneta blanca. A la entrada del caserío de Arcua había un retén militar, por donde los agresores necesariamente tuvieron que pasar. (Prueba No. 1 pg. 7).
  33. El 31 de agosto de 1996, el señor CESAR FLOREZ se encontraba con otros tres campesinos rozando para sembrar en una finca ubicada en Arcua Medio. Horas después, en compañía de uno de estos otros campesinos, un señor se dirigía a su casa a buscar bestias y una gallina. En Arcua Arriba se toparon con una tropa del Ejército acantonada en la Escuela de Arcua Arriba. De acuerdo con testimonios recaudados, los militares los obligaron a bajarse de las bestias; obligaron al señor Florez a quedarse y le dijeron a su acompañante que se fuera para su casa. El Ejército anduvo con él aproximadamente 20 minutos hacia Arcua Medio, donde fue asesinado de un tiro en la cabeza. El cadáver fue llevado a Turbo, donde fue presentado como baja en combate. Minutos antes de su muerte, un indígena se topó con ellos y vio que el señor Florez iba vestido con prendas militares. Sus compañeros de trabajo aseguran que ese día tenía una camiseta naranjada de esqueleto y pantalón de blue jean. (Prueba No. 1 pgs. 7 y 8).
  34. El 1º de septiembre de 1996, en la Empacadora La Llave ubicada en la vía Recta del Oso, hacia Apartadó y Turbo, un campesino fue retenido por efectivos del Ejército. Le preguntaron si tenía armas escondidas en un rastrojo; ante su negativa, lo mantuvieron retenido, indagándole por la guerrilla y por armamento. Le ofrecieron dinero por patrullar con el Ejército por la noche. Por cada guerrillero señalado le darían $900.000 y por cada auxiliador la suma de $400.000. (Prueba No. 1 pg. 8).
  35. Manifestó la Comisión que "En esta Subzona hace presencia el Batallón Vélez, adscrito a la Brigada XVII con sede en Carepa. Se conoce igualmente la presencia de un importante pie de fuerza de carácter paramilitar (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), apoyado por grupos de exguerrilleros del EPL y desertores de las FARC. Por otra parte, estas veredas registran la presencia desde tiempo atrás de Columnas del V Frente de las FARC" (Prueba No. 1 pg 6).
  36. Encontrándose la Comisión en plena labor de Verificación de la grave problemática de derechos humanos, se presentó la masacre de campesinos y líderes del proceso de retorno de los desplazados, el día 7 de septiembre de 1996. En efecto, efectivos del Batallón Nro. 35 Contraguerrilla acompañados de una mujer desertora de las FARC, incursionaron en el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó y de sus propias casas de habitación sacaron violentamente a SAMUEL ARIAS de 53 años de edad, Presidente de la Cooperativa Balsamar; GUSTAVO LOAIZA, Presidente de la Junta de Acción Comunal de San José y los miembros principales de la misma, MARIA EUGENIA USUGA de 19 años con cuatro meses de embarazo y JUAN GONZALEZ de 30 años de edad. A raíz de estos hechos se verificó plenamente el inicio de un nuevo éxodo de la población civil. (Prueba No. 1. pg 6).
  37. El 16 de agosto de 1996 había sido asesinado en la Terminal del Transporte de Apartadó el fundador del corregimiento de San José de Apartadó, líder comunitario y Concejal de Apartadó por la Unión Patriótica, BARTOLOMÉ CATAÑO. Había apoyado el éxodo de campesinos hacia el coliseo de Apartadó.

    Desde el mes de marzo anterior (1996) tropas del Ejército estaban incursionando en el caserío de San José y reunían con frecuencia a la comunidad para acusarla de ser colaboradora de la guerrilla. Los hostigamientos se fueron aumentando hasta provocar el éxodo. Si bien en el texto mismo del ACTA firmada el 4 de julio de 1996 en el Coliseo de Apartadó, se lee que "Para el retorno, el General Rito Alejo del Río, Comandante de la Decimoséptima Brigada, se comprometió a que la tropa que se encuentra en las veredas no hostigará a la población campesina de las mismas, particularmente a aquella que participó en el desplazamiento, ni manejará listas o material fotográfico de las personas en mención", sin embargo, varios campesinos que participaron en las negociaciones luego declararon ante la Procuraduría Departamental de Antioquia que el General Del Río los había tratado de "guerrilleros camuflados de campesinos", lo que les explicaba por qué, una vez retornados, había comenzado la matanza de los participantes (Expediente de Procuraduría 001-14956, fol. 85). En agosto de 1996, tropas del Ejército ingresaban a las casas de San José de Apartadó preguntando especialmente por los líderes de la comunidad y del éxodo campesino. Cuando un día el General Rito Alejo Del Río visitó el caserío, un Teniente le dijo al General, en presencia de pobladores, que "había que acabar con todos porque eran una manada de hampones". Otros militares, al observar el cementerio del caserío, comentaron que "estaba muy pequeño y que no iban a caber los muertos". Mientras se realizaba la velación del cadáver de Don Bartolomé Cataño, tropas del Ejército se dirigieron al caserío de San José, al parecer con intenciones de realizar una masacre, pero fueron atacadas por la guerrilla en el caserío de La Balsa y se replegaron.

  38. En el mes de septiembre de 1996 fue asesinado en Apartadó GUSTAVO DE JESÚS MAZO, poblador de San José, por un grupo de paramilitares.
  39. A raíz de la serie sistemática de agresiones contra la población civil y tras la iniciativa del entonces Obispo de Apartadó, Monseñor Isaías Duarte Cancino, los pobladores de San José comenzaron a diseñar un modelo de comunidad no comprometida con ningún actor armado, que pudiera reivindicar transparentemente su condición de población civil y exigirle a todos los actores armados respetarla como tal. Esto se fue haciendo realidad desde finales de 1996 y se oficializó el 23 de marzo de 1997 en una ceremonia pública en la cual se firmaron los compromisos, la que contó con presencia de personalidades de otros países. (Prueba No. 3)
  40. El 6 de febrero de 1997, CÉSAR WACA MURCIA fue llevado por hombres armados que ingresaron al área urbana de San José, al parecer integrantes de un comando de las FARC. Su cadáver apareció 3 días después en cercanías del caserío.
  41. El 7 de febrero de 1997, RAFAEL GUTIÉRREZ, desplazado de Nueva Antioquia, fue bajado del vehículo de servicio público en que se desplazaba, por paramilitares que establecieron un retén en la vía entre Apartadó y San José. Horas después su cadáver apareció en la vía.
  42. Ya en el desarrollo del proceso de construcción de la Comunidad de Paz, el 28 de febrero de 1997 siendo las 06:00 horas, RUBÉN ANTONIO VILLA ALVAREZ, su hijo ANTONIO VILLA, MIGUEL ANGEL LAYOS CASTAÑEDA y GUILLERMO SERNA, pobladores del corregimiento de San José de Apartadó, fueron asesinados por un grupo paramilitar que los retuvo y sepultó sus cuerpos en la carretera que de Apartadó conduce a San José.

    Rubén Antonio, su hijo Antonio y Miguel Ángel fueron detenidos por un grupo paramilitar que entró al caserío de San José de Apartadó, obligó a todos los pobladores a salir de sus casas y a ponerse en fila en la calle principal, luego revisó sus documentos de identidad y se los llevó consigo. Más tarde bajaron de un vehículo de transporte público a GUILLERMO SERNA y se lo llevaron también. Luego aparecieron asesinadas y sepultadas a la orilla de la carretera. (Prueba No. 4)

    Un retén paramilitar, ubicado cerca del poblado y a pocos minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, desde hacía varias semanas cometía atropellos diarios contra los pobladores.

    La Fiscalía se negó repetidas veces a exhumar los cadáveres para hacer los levantamientos, y sólo a instancias de la Alcaldesa de Apartadó, Dra. Gloria Isabel Cuartas, se accedió finalmente a ir con una fuerte escolta militar y policial, encontrando junto a la fosa a un numeroso grupo de paramilitares con quienes los miembros de la fuerza pública se saludaron efusivamente dándose el trato de "primos". Esta connivencia tan explícita de la fuerza pública con grupos ilegales y delincuentes, causó tal repugnancia a la Alcaldesa y a las familias de las víctimas, que se retiraron inmediatamente a esperar los cadáveres en la morgue de Apartadó. (Prueba No. 4)

  43. El 29 de marzo de 1997, el joven JOSE DAVID, discapacitado mental, fue asesinado en la vereda La Unión, corregimiento de San José de Apartadó, en una acción conjunta del Ejército y los paramilitares, quienes lo retuvieron desde el día 27 de marzo cuando se encontraba trabajando en una siembra de yuca. Su cadáver fue vestido con prendas militares y llevado a una planicie de La Unión. Al lugar llegó un helicóptero del Ejército para trasladar el cadáver a otro lugar. Los campesinos indicaron que el Ejército y los paramilitares se identificaron y les manifestaron que estaban unidos para "acabarlos a todos".

    El 28 de marzo, el Ejército ingresó al caserío de la Unión y obligó bajo amenazas a los pobladores, unas 40 familias, a desplazarse. Ocho días antes, el 23 de marzo, 1200 personas se habían constituido en Comunidad de Paz como mecanismo para reivindicarse como población civil en medio del conflicto armado y buscar el respeto de los actores armados a las normas del Derecho Internacional Humanitario. (Prueba No. 5)

  44. El 29 de marzo de 1997, ELIAS ZAPATA de 18 años, HELIODORO ZAPATA, ALBERTO VALLE de 35 años FELIX ANTONIO VALLE, de 14 años de edad, CARLOS TORRES de 18 años y dos NN, una mujer y un hombre, fueron asesinados en la vereda Las Nieves, del Corregimiento de San José de Apartadó, por personal del Ejército que se encontraba en la zona realizando operativos militares en compañía de un contingente paramilitar, ambos grupos provenientes de bases establecidas en Nueva Antioquia, a poca distancia una de otra.

    Los hermanos ELIAS y HELIODORO ZAPATA salieron de su casa a comprar algo para el desayuno; como no regresaron hacia el medio día, ALBERTO VALLE y su hijo FELIX ANTONIO VALLE, familiares de los anteriores, salieron en su búsqueda. Ellos tampoco regresaron, entonces un trabajador de la finca, CARLOS TORRES, salió a buscarlos y tampoco regresó. La madre de los hermanos ZAPATA salió más tarde en búsqueda de todos. A ella le dispararon pero logró salvarse y en el camino encontró la ropa y los papeles de algunos de ellos semi-incinerados.
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    A los anteriores los asesinaron con otras dos personas - una pareja- de quienes se desconocen los nombres y a varios de ellos les colocaron prendas de camuflado y armamento. En un helicóptero del Ejército fueron llevados sus cadáveres y presentados como "guerrilleros muertos en combate", aunque el cadáver de uno de ellos no apareció. Después de esto los paramilitares le dijeron a los pobladores que tenían cinco días para abandonar las veredas, y si no, los matarían. (Prueba No. 5)

  45. El 30 de marzo de 1997, DIDIER RESTREPO de 18 años de edad, fue herido en un retén ubicado en el sitio conocido como Caracolí, en la carretera que conduce de Apartadó a San José, por personal del Ejército y paramilitares que comenzaron a disparar contra varios campesinos.

    Con antelación, es decir, el 27 de marzo de 1997, paramilitares habían incursionado en el casco urbano de San José amenazando a la comunidad y simularon un enfrentamiento en el Sitio La Balsa, por la misma carretera que de Apartadó conduce a San José. (Prueba No. 5)

  46. En marzo de 1997 también fue asesinado mientras se desplazaba de San José hacia la vereda de La Unión, MIGUEL ARANGO. Su asesinato se atribuyó a integrantes de las FARC.
  47. El 1º de abril de 1997, a las 06:00 horas, JOSE LEONARDO PANESSO CARVAJAL de 25 años y BERNARDO PANESSO de 18 años, fueron asesinados en un lugar llamado La Antena, de la vereda El Guineo, del corregimiento de San José de Apartadó, por miembros del Ejército acompañados por integrantes de una organización paramilitar. (Prueba No. 5)
  48. El 2 de abril de 1997, JUAN N, fue detenido en la vereda La Unión por el Ejército que se encontraba realizando operativos de bombarderos y ametrallamientos en la zona.. (Prueba No. 5)
  49. El 5 de abril de 1997, el joven CÉSAR PÉREZ fue asesinado en la vía que de Apartadó conduce el corregimiento de San José, a pocos metros de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, por paramilitares quienes tenían instalado allí un retén desde semanas antes.

    Los pobladores huyeron aterrorizados de las veredas hacia el caserío de San José pues se ven sin qué comer, ya que en dichos retenes se decomisan los alimentos y las drogas. (Prueba No. 6)

  50. El 6 de abril de 1997, el joven evangélico OVIDIO TORRES fue detenido desaparecido en la vía que de Apartadó conduce el corregimiento de San José, a pocos metros de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, por paramilitares quienes tenían instalado allí un retén.

    El día anterior en ese mismo retén fue retenido y luego asesinado CÉSAR PÉREZ (Prueba No. 6)

  51. El 10 de abril de 1997, los hermanos MIGUEL y BERTHA GUISAO fueron detenidos desaparecidos en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó, por un grupo conformado por militares y paramilitares que realizaban un operativo conjunto en la zona.

    El grupo de victimarios había ingresado a la vereda ARENAS BAJAS, del corregimiento de San José de Apartadó, y "dio 48 horas de plazo a sus pobladores para abandonar sus parcelas", mientras retenía e intimidaba en forma más contundente a muchos de ellos. Los habitantes, aterrorizados, tuvieron que refugiarse en otros sitios. Al día siguiente, 10 de abril, fueron retenidos Miguel y Berta Guisao, quienes salieron con unas mulas cargadas de la vecina vereda de Arenas Altas. Varios pobladores observaron el momento en que eran retenidos por militares y paramilitares y conducidos hacía un cerro. (Prueba No. 7)

  52. El 10 de abril de 1997, hacia las 13:00 horas, los hermanos GILBERTO RAMÍREZ GIRALDO, de 49 años, y MIGUEL RAMIREZ GIRALDO, de 42 años, fueron torturados y asesinados en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó por los paramilitares que se pasean por la zona con plena libertad de acción y cuya presencia ha sido sistemáticamente anunciada en los operativos militares, afirmando que "detrás de nosotros vienen los que parten a la gente en pedacitos". (Prueba No. 8)

    A Gilberto y Miguel les quitaron sus machetes y con los mismos les cercenaron los dedos de las manos, luego los arrastraron unos 100 metros y los ataron a unos palos de cerca, les abrieron las entrañas con los machetes y les enterraban éstos en diferentes partes del cuerpo; finalmente los decapitaron. (Prueba No. 8)

  53. El 13 de abril de 1997, hacia las 17:00 horas, JOSE ANTONIO GRACIANO ÚSUGA, de 24 años, y JAIRO VALENCIA VANEGAS, de 22 años, fueron torturados y asesinados en el barrio Vélez de Apartadó, por unidades paramilitares que los habían retenido en la Terminal de Trasportes de Apartadó y subido a varias motos. (Prueba No. 8)

    Las víctimas eran desplazados forzados de la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, desde una semana antes.

    Los paramilitares habían anunciado en las veredas del corregimiento, que "los desplazados de San José de Apartadó serían buscados y asesinados".

  54. El 14 de abril de 1997, hacia las 17.30 horas, un joven de apellido GRACIANO, también desplazado de la vereda Las Nieves del corregimiento de Apartadó, fue asesinado por tres paramilitares en Apartadó, en presencia de su madre (Prueba No. 8)

    El día anterior habían sido torturados y asesinados José Antonio Graciano Úsuga y Jairo Valencia Vanegas por paramilitares en el barrio Vélez de Apartadó, también desplazados de la vereda Las Nieves y sobre ellos pesaba una amenaza proferida por los paramilitares de que "los desplazados de San José de Apartadó serían buscados y asesinados".

  55. El 21 de abril de 1997, MIGUEL N fue asesinado y ALBEIRO USMA resultó herido luego de que fueran detenidos en la vereda La Unión, del corregimiento de San José de Apartadó, por paramilitares que los amarraron a unos palos.

    A Miguel lo asesinaron propinándole múltiples heridas con machetes y Albeiro logró escapar herido luego de recibir también varios machetazos. (Prueba No. 8)

  56. El 21 de abril de 1997, un nutrido grupo de paramilitares siguió de cerca a un grupo de campesinos refugiados en el caserío de San José de Apartadó, mientras se dirigían a la vereda Arenas Altas para cosechar algunos alimentos. Durante todo el día rodearon al grupo de desplazados en forma amenazante y los encañonaron con sus armas. Avisado el Teniente que comanda el destacamento militar acantonado desde hace varios días en el caserío de San José, no tomó ninguna medida para proteger a los desplazados.

    Ese mismo día en la vereda La Unión fueron detenidos Miguel N y Albeiro Usma, el primero de los cuales fue asesinado y el otro tras huir salvó su vida. Y en la vereda Playas fue retenido el gobernador indígena Jorge Domicó quien gracias a la intervención de la Comunidad se salvó de ser desaparecido o asesinado. (Prueba No. 8)

  57. El 21 de abril de 1997, JORGE DOMICÓ, Gobernador indígena del Resguardo de Patadó, de la vereda La Playa, de San José de Apartadó, fue detenido arbitrariamente en la Carretera que de Apartadó conduce a San José, en un retén que mantienen los paramilitares desde hace varios meses a 5 minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó.

    Gracias a la inmediata reacción de la comunidad indígena que hizo presencia masiva en el retén minutos después, el Gobernador no fue desaparecido o asesinado como lo han sido los demás. (Prueba No. 8)

  58. El 4 de mayo de 1997, los miembros de la Comunidad de Paz fueron amenazados sicológicamente mediante símbolos macabros dejados detrás de la escuela del caserío de San José, como una calavera real con atuendos militares y letreros amenazantes, por un contingente del Ejército Nacional que durante varias semanas había ocupado el casco urbano de San José de Apartadó, pero que se negó siempre a atender cualquier denuncia que hacían los pobladores sobre las incursiones, retenes y atentados perpetrados por los paramilitares en los alrededores del caserío.

    Este mismo día fue asesinada, al parecer por la guerrilla, la joven LILIANA LONDOÑO DÍAZ, quien era novia de un Teniente del Ejército que se encontraba al mando de la tropa en el Caserío de San José de Apartadó. (Prueba No. 9)

  59. El 14 de mayo de 1997, DIOFANOR SANCHEZ CELADA, de 23 años de edad y con síntomas de retardo mental, fue asesinado, y LUIS HERNANDO DAVID HUIGUITA y ELKIN EMILIO TUBERQUIA SEPULVEDA, fueron torturados, golpeados y amenazados de ser decapitados con machetes, por paramilitares que se encontraban a 10 minutos del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó.

    Al alejarse un poco los paramilitares, las víctimas pidieron ayuda al Ejército que se encontraba allí acantonado; los soldados los llevaron encañonados, como escudos humanos, hasta el sitio donde estaba el cadáver de Diofanor. Aunque fue posible divisar de allí el grupo de 100 paramilitares que rodeaba el caserío, el Ejército no hizo nada contra ellos. (Prueba No. 7)

  60. El 15 de mayo de 1997, el joven RAMON ALFREDO JIMENEZ DUARTE, de 26 años, fue torturado y asesinado en la vereda Arenas Bajas, del Corregimiento de San José de Apartadó, por militares y paramilitares. Su cadáver apareció con visibles muestras de torturas el 21 de mayo de 1997. (Prueba No. 7)
  61. El 16 de mayo de 1997, miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fueron intimidados y fueron allanadas varias viviendas ilegalmente por un contingente militar que ocupaba el caserío de San José, donde se asentaban los desplazados de varias veredas de dicho corregimiento.

    Los militares practicaron una requisa sin orden legal de autoridad competente y le advirtieron a los pobladores que "se metieran temprano en sus casas", aumentando así el terror reinante. (Prueba No. 7)

  62. El 17 de mayo de 1997, a las 10.00 a.m. FRANCISCO TABARQUINO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue asesinado mientras se desplazaba en un vehículo de transporte público hacia Apartadó, tras ser bajado en el retén paramilitar que desde hace meses está instalado a 4 minutos de la base militar del barrio Policarpa,

    Horas más tarde su cadáver baleado fue arrojado sobre la vía que de Apartadó conduce a San José. Francisco había abandonado su parcela de la vereda El Guineo unas semanas antes, luego de que los paramilitares ingresaran a su casa e intentaran decapitarlo durante varias horas, pasándose el machete de mano en mano para ver quién lo ejecutaba, delante de su esposa y sus niños. El día anterior a su asesinato, el Ejército había ingresado al caserío de San José a practicar allanamientos y requisas sin orden judicial y amenazó a los pobladores desplazados que se encontraban asentados en ese lugar. (Prueba No. 7)

    El día 4 de julio de 1997, se efectúo un cambio de tropa del Ejército que estaba asentada en el caserío de San José de Apartadó. Entre los "soldados" que ingresaron fueron reconocidos varios de los "paramilitares" que asesinaron a Francisco Tabarquino el 17 de mayo de ese mismo año en el "retén paramilitar" ubicado en la carretera, a pocos minutos de la base militar del barrio Policarpa.

    Varios de los mandos militares fueron identificados como: Te. Valderrama, Te. Correa y Te. Villa. (prueba No. 9)

  63. Durante el mes de junio de 1997, 30 personas, pobladores de las veredas Alto Bonito y la Resbalosa que aún no se habían desplazado, fueron obligadas a desplazarse de la zona (Prueba No. 10)
  64. El 7 de Junio de 1997, ALFA DELIA HIGUITA TUBERQUIA, de 14 años y con tres meses de embarazo y LUZ HELENA VALLE ORTIZ, de 17 años, fueron asesinadas en el sector de Los Mandarinos, del Corregimiento de San José de Apartadó, por miembros del Ejército que el día 8 de junio las reportó como muertas en combate.

    Momentos antes de la detención de las jóvenes, habían retenido a un jornalero de 60 años a quien conminaron a abandonar la región bajo amenazas de muerte. Luego, cuando subían hacia su casa ubicada en la vereda de Arenas Altas, de San José de Apartadó, las dos mujeres fueron bajadas de las mulas en que se transportaban, amarradas y conducidas hacia una trocha fuera del camino. Poco después se escucharon varias detonaciones y al día siguiente el Ejército llevó sus cadáveres a la morgue del hospital de Turbo, reportándolas como "guerrilleras dadas de baja en combate". (Prueba No. 10)

  65. El 17 de junio de 1997, cuando se disponía a abordar un vehículo en la Terminal de Transportes de Apartadó, para viajar a Medellín, fue asesinado el poblador de San José HELMER DURANGO.
  66. El mismo día 17 de junio de 1997, GILMA ROSA DUARTE, de 29 años, JUAN DE JESÚS CAÑAS, de 80 años), CLARA ROSA HERNÁNDEZ DE CAÑAS, de 70 años, fueron asesinados en la vereda Los Mandarinos, de de la inspección de Ríogrande, municipio de Apartadó, por efectivos del Ejército que realizaban operativos militares en la zona.

    El personal uniformado, al parecer de la base militar del Ejército situada en Ríogrande, a 5 minutos del escenario de los hechos, penetró a la casa de la Señora Gilma Rosa Duarte y la ahorcaron con una cadena en presencia de sus 5 hijos menores de edad, entre 11 y 4 años, le quemaron su casa y arrasaron los cultivos. Su esposo llegó dos días después y encontró todo desolado, viéndose obligado a abandonar la región. El mismo día, los mismos uniformados asesinaron a machetazos a los ancianos Juan Cañas y su esposa Clara Rosa Hernández, quienes fueron degollados. Eran vecinos de la Señora Gilma Rosa Duarte y probablemente testigos de los hechos anteriores. También quemaron la casa y los cultivos de Ramiro Gutiérrez. (Prueba No. 10).

  67. En Junio 21 de 1997, el campesino ALVARO ENRIQUE SANTOS BAQUERO, de 33 años, fue asesinado en el retén paramilitar instalado desde meses antes en la carretera que de Apartadó conduce a San José.

    Álvaro Enrique se había desplazado pocos días antes de la vereda Caracolí, de San José de Apartadó, hacia el barrio La Paz, de Apartadó. Su cuerpo fue dejado en la carretera, cerca del retén. Ni la Fiscalía ni la Policía quisieron hacer el levantamiento del cadáver. (Prueba No. 10)

  68. El 27 de Junio de 1997, REINALDO TUBERQUIA fue detenido arbitrariamente y fueron saqueados los mercados de los campesinos en el retén paramilitar establecido en la Carretera que de Apartadó conduce a San José desde el mes de marzo, ubicado a menos de 5 minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó. (Prueba No. 10)
  69. En el mes de junio de 1997 fue asesinado en su casa, en la vereda Mulatos, por tropas del Ejército, el campesino EDISON RENDÓN MAZO.
  70. En el mismo mes de junio de 1997 fue asesinado, en el retén establecido por paramilitares desde comienzos de ese año en la carretera entre Apartadó y San José, a menos de 5 minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, el comerciante de San José EVELIO GONZÁLEZ, luego de ser bajado del vehículo en que se movilizaba. En este mismo mes y en el mismo retén paramilitar, fue bajado y asesinado el comerciante en ganado ANTONIO AGUIRRE.
  71. El 3 de Julio de 1997 fueron desalojadas por los paramilitares las veredas Miramar y La Victoria y sus pobladores forzados a desplazarse. (Prueba No. 10).
  72. El 5 de julio de 1997 un comando paramilitar asesinó en Apartadó al poblador de San José DIACORIDES MAZO.
  73. El 13 de julio de 1997, ARTURO TASCÓN fue detenido arbitrariamente por los paramilitares en el retén instalado en la carretera que de Apartadó conduce a San José. (Prueba No. 10)
  74. El 26 de julio de 1997, JULIO AGUIRRE fue asesinado por paramilitares en el barrio Policarpa del Municipio de Apartadó.

    En inmediaciones de dicho barrio se encuentra asentada una base del Ejército.

  75. El 31 de julio de 1997, JOHN JAIRO ZAPATA, trabajador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA- y asesor de los campesinos desplazados en el caserío de San José de Apartadó en lo relativo a cultivos comunitarios de autosubsistencia, fue asesinado en Apartadó por un comando paramilitar. (Prueba No. 11)
  76. El 30 de julio de 1997 fue asesinada en la vereda El Guineo, la joven MARÍA RUBIELA MAZO DUARTE, de 20 años de edad. Cinco paramilitares llegaron a su casa y se la llevaron, asesinándola a unos 100 metros de la vivienda.
  77. El 31 de julio de 1997, ADIELA MAZO fue asesinada en el barrio El Mangolo de Apartadó, por paramilitares
  78. En el mes de julio de 1997, UVERLINA ARANGO, fue asesinada en la vereda La Resbalosa, por paramilitares.
  79. En el mes de julio de 1997, LUIS TREJOS, fue detenido en la vereda Playas por un grupo de paramilitares.
  80. El 13 de septiembre de 1997, ISAÍAS JÍMENEZ fue asesinado en el barrio Santa María, de Apartadó, por paramilitares.
  81. El 20 de Septiembre de 1997, LUZ MARINA GÓMEZ fue asesinada en el barrio Santa María de Apartadó, por paramilitares.
  82. El 24 de septiembre de 1997, a las 17.00 horas, ELIBERTO DAVID fue asesinado en el barrio Diana Cardona de Apartadó, luego de que hubiera sido retenido el mismo día a las 07:00 horas en el retén que los paramilitares instalaron en la vía entre Apartadó y San José, a 5 minutos de la base militar del barrio Policarpa, desde el anterior mes de marzo/97, sin que los llamados apremiantes a todas las autoridades del Estado hubieran merecido atención al caso.
  83. El 6 de octubre de 1997, en la vereda La Cristalina, cuando regresaban de un trabajo comunitario hacia el caserío de San José, fueron retenidos por miembros del Frente 58 de las FARC los miembros de la Comunidad de Paz: RAMIRO CORREA, LUIS FERNENDO ESPINOZA y FERNANDO AGUIRRE. Al parecer los insurgentes manifestaron su descontento porque la Comunidad no les vendía alimentos, como a ningún grupo armado, y los asesinaron. Ramiro era uno de los líderes de la Comunidad de Paz.
  84. El 25 de noviembre de 1997, CONRADO ANTONIO GÓEZ fue sacado de su casa, ubicada en el camino que de San José conduce a la vereda La Unión, por un grupo de paramilitares, desconociéndose desde entonces su paradero.
  85. En noviembre de 1997 fue asesinada en Dabeiba, Antioquia, por paramilitares, ROSALBA ÚSUGA, de la comunidad veredal de Arenas Altas, de San José de Apartadó, quien se hallaba pasajeramente en Dabeiba.
  86. El 12 de diciembre de 1997, DARIO GEORGIA de 33 años y DAYLA ZÚÑIGA coordinadora de la vereda Las Nieves, fueron detenidos y desaparecidos en la carretera que conduce de Apartadó al corregimiento de San José, a poca distancia de la base militar que tiene instalada la Brigada XVII, por paramilitares.

    Las víctimas fueron obligadas a subirse a una camioneta blanca con hombres armados. Previamente a su detención habían pasado por el reten militar. (Prueba No. 12)

  87. El 24 de diciembre de 1997, los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó fueron amenazados con la inminencia de una incursión paramilitar que ingresaría al caserío de San José. (Prueba No. 12)
  88. El 29 de diciembre de 1997, a las 15:30 horas, ANTONIO TUBERQUIA, BLANCA LIBIA GUZMÁN y HERIBERTO ÚSUGA fueron retenidos por 3 hombres armados y uniformados, mientras recogían cacao en la vereda La Unión, para la subsistencia de su comunidad; fueron vendados y llevados a sitios diferentes donde fueron interrogados, golpeados y amenazados, mientras los soldados se paraban encima de sus cuerpos tendidos en el piso, conminándolos finalmente a que no contaran nada de lo sucedido, pues lo pagarían con su vida. (Prueba No. 12)
  89. El 6 de enero de 1998, LUZ MÉLIDA ÚSUGA de 18 años de edad y BEATRIZ ELENA ÚSUGA de 14 años de edad, fueron detenidas arbitrariamente, por paramilitares en un retén instalado en la carretera que de Apartadó conduce a San José. (Prueba No. 13)
  90. El 10 de enero de 1998, las miembros de la Comunidad de Paz fueron amenazados e intimidados por militares en estado de embriaguez que se encontraban asentados en el caserío. (Prueba No. 13)
  91. El 18 de enero de 1998, GEOVANY LORA, de 26 años de edad, fue asesinado al parecer por miembros de las FARC EP. (Prueba No. 13)
  92. El 5 de febrero de 1998, JESÚS EMILIO TUBERQUIA, de 35 años, JOAQUIN GRACIANO, de 55 años, OVIDIO ANTONIO TUBERQUIA, de 16 años, y ARNULFO TUBERQUIA, de 14 años, fueron retenidos a escasos 20 minutos de camino entre el caserío de San José de Apartadó y la vereda La Unión hacia donde se dirigían a atender sus cosechas. Los hombres armados que los retuvieron, los obligaron a desnudarse, los despojaron de sus machetes, los hicieron tender en el piso y los torturaron largo rato haciendo ademanes para decapitarlos y dispararles, mientras lanzaban amenazas contra toda la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. (Prueba no. 13)
  93. El 12 de febrero de 1998 hacia las 17:00 horas, MANUEL ZAPATA, de 50 años de edad, integrante de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue retenido arbitrariamente y torturado en la vereda Arenas Altas por miembros del Ejército, cuando bajaba hacia San José, luego de haber trabajado en su finca, y sometido a una noche entera de torturas en que amenazaban decapitarlo con cuchillos, mientras los soldados le insistían al Teniente al mando que lo asesinara. (Prueba no. 14)
  94. El 15 de febrero de 1998, entre las 17:30 y 19:.00 horas, JOSE EUSEBIO CARO, de 38 años de edad y RAMÓN EMILIO VÉLEZ, de 78 años de edad, miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fueron retenidos arbitrariamente en la vereda Arenas Altas por miembros del Ejército acompañados de paramilitares.

    Fueron amarrados y sometidos a golpes durante toda la noche, y dejados en libertad a las 07:00 horas del día siguiente, bañados en sangre y en estado lamentable, obligándolos antes a firmar una constancia de "haber recibido buen trato". (Prueba No. 14)

  95. El 15 de febrero de 1998, HUBERT GALVIS, CONSUELO DE GALVIS y LUIS HERNANDO GÓEZ, miembros de la comunidad de San José de Apartadó, fueron detenidos arbitrariamente en la vereda Arenas Altas de San José de Apartadó, por miembros de la XVII Brigada del Ejército.

    A los primeros los amarraron y golpearon toda una noche y luego los militares mataron todos los animales domésticos que ellos tenían y les incendiaron su vivienda. A HERNANDO GÓEZ, de 34 años, lo ataron de pies y manos, lo llevaron a un monte y con palas en la mano le dijeron que allí lo matarían y lo enterrarían sin que nadie se enterara; lo amenazaron con decapitarlo y dispararle, mientras calificaban a toda la Comunidad de Paz como integrada por "guerrilleros" y proferían amenazas contra ella. (Pruebas Nros. 14 y 15)

  96. El 7 de marzo de 1998, REYNALDO LARA RAMOS, de 60 años de edad, JUANITA OSORIO DE LARA, de 58, y MIGUEL LARA, de 17 años fueron torturados y asesinados en la vereda Caño Seco, de San José de Apartadó, por miembros del Ejército Nacional y de grupos paramilitares que se encontraban en la zona. (Prueba No. 15)
  97. El 10 de marzo de 1998, por el camino que lleva a la vereda Riogrande, el campesino OMAR DE JESÚS DAVID fue detenido por tropas del Ejército. Los militares le quitaron su ropa y lo vistieron de guerrillero y lo pasearon así por varias partes. Finalmente lo asesinaron. Su cadáver fue recogido en un helicóptero militar y presentado públicamente como "guerrillero muerto en combate".
  98. El 13 de marzo de 1998 a las 15.00 horas., GERARDO DE JESÚS HIDALGO, de 58 años de edad, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue asesinado luego de ser bajado del vehículo del servicio público en que se transportaba de Apartadó al caserío de San José, por hombres armados que se movilizaban en una camioneta roja sin placas, a una cuadra de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, siendo vistos los asesinos, minutos después del crimen, departiendo con los militares que se encontraban en la Base en ese momento. (Prueba No. 15)
  99. El 19 de marzo de 1998, GILDARDO TUBERQUIA fue retenido ilegalmente, golpeado, ultrajado y despojado de sus pertenencias en la vereda La Unión, de San José de Apartadó, por miembros de la XVII Brigada del Ejército nacional. (Prueba No. 15)
  100. El 26 de marzo de 1998, a las 12:00 horas, ARGEMIRO JIMÉNEZ, de 52 años de edad, su esposa ROSMIRA TABARES, de 38 años de edad, y sus hijos NAVIER ANTONIO, de 7 años, JORGE, de 13 años, y DORELY, de 4 años, fueron heridos y obligados a desplazarse forzadamente de la vereda Alto Bonito, de San José de Apartadó, por efectivos de la Brigada XVII del Ejército que atacaron la vivienda familiar.

    Los atacantes obligaron a los habitantes de las veredas vecinas también a desplazarse forzadamente. (Prueba No. 15)

  101. Entre los días 31 de marzo y 1º de abril de 1998, los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó fueron amenazados por efectivos de la XVII Brigada del Ejército Nacional quienes en compañía de grupos paramilitares se introdujeron en el caserío e insultaron a todos los pobladores, anunciándoles que iban a "acabar con ellos y obligar a huir a los que quedaran vivos" (Prueba No. 15).
  102. El 9 de abril de 1998, a las 08:00 horas, DARÍO GÓEZ, de 42 años, fue herido, torturado y posteriormente asesinado, en la Vereda Arenas Altas de San José de Apartadó, por soldados del Ejército que llegaron al lugar.

    Darío fue atacado a bala mientras se encontraba en su casa con su familia y algunos vecinos, entre ellos varios menores de edad, resultando herido en una pierna y sacado a rastras y separado de su familia y vecinos, quienes fueron obligados a abandonar la zona, con la promesa de los militares de que curarían al herido y lo atenderían, siendo encontrado su cadáver algunos días después en la morgue de Turbo, donde había sido llevado por el Ejército y reportado como "guerrillero muerto en combate". (Prueba No. 15)

  103. El 24 de mayo de 1998, EDUAR LANCHERO, misionero de Justicia y Paz en la Comunidad de Paz, fue amenazado por miembros del Ejército Nacional que llegaron a una hacienda cercana al caserío de San José de Apartadó, hurtaron una vaca, le dieron muerte a tiros y la descuartizaron mientras afirmaban ante todos los presentes que de la misma manera iban a descuartizar a Eduar. (Prueba No. 16)
  104. El 22 de mayo de 1998, ORLANDO GRACIANO fue asesinado en la vía que de Apartadó conduce a San José, vereda Caracolí, en un retén paramilitar. Era de la comunidad veredal de La Resbalosa. (Prueba No. 16)
  105. El 1º de agosto de 1998, los miembros de la Comunidad de Paz habitantes de la vereda La Unión, fueron intimidados por bombardeos y ametrallamientos del Ejército, el que luego se instaló en el caserío y acampó en las casas de los pobladores.
  106. El 13 de agosto de 1998 fue asesinado en Apartadó por unidades combinadas de militares y paramilitares CARLOS RUIZ. Su padre bajó de San José para asistir al funeral, y al regresar, al día siguiente, fue asesinado en el camino. Su hermana Edilma Ruiz sería asesinada luego de declarar en la Fiscalía lo que ella sabía sobre la masacre perpetrada en La Unión en julio de 2000.
  107. El 14 de agosto de 1998, LUIS HERNÁN RUIZ, de 60 años de edad, fue asesinado en el retén paramilitar instalado en la carretera que de Apartadó conduce a San José. Don Luis Hernán regresaba del funeral de su hijo Carlos, asesinado el día anterior en Apartadó. Su hija Edilma sería asesinada luego de declarar en la Fiscalía lo que sabía de la masacre perpetrada en La Unión en julio de 2000.
  108. El 26 de agosto de 1998, los pobladores de las Veredas Arenas Altas, Arenas Bajas, La Cristalina, Las Nieves, Buenos Aires y La Linda, del Corregimiento de San José de Apartadó, fueron bombardeados y ametrallados por el Ejército.
  109. El 11 de septiembre de 1998, ARNULFO MORA fue detenido arbitrariamente y asesinado por el Ejército. FLOR MARÍA MARTÍNEZ GARZÓN, OMAR DE JESUS MONTOYA, WILDER JOSÉ GONZALEZ, su esposa y su hija de cuatro años de edad, GILBERTO ANTONIO GRACIANO y FABIO MOLINA y su esposa, fueron detenidos arbitrariamente.

    A las 08:00 horas, en el sitio La Sucia, de la vereda Buenos Aires, de San José de Apartadó, fueron detenidos por el Ejército WILDER JOSÉ GONZÁLEZ, de 27 años y GILBERTO ANTONIO GRACIANO, de 42 años, quienes habían salido a las 07:00 horas a trabajar, desde la casa de Don Fabio Molina, donde estaban viviendo. Los militares los obligaron a quitarse las botas, les dijeron que eran guerrilleros y los sometieron a muchas afrentas: les daban golpes; les colocaban el machete en el cuello para decapitarlos, y a Gilberto le rociaron gasolina en la cabeza para prenderlo vivo. Hacia las 09:00 horas los condujeron hacia la casa de Don FABIO MOLINA, obligándolos a cargar equipos de los militares y en el camino se encontraron con otra tropa, dentro de la cual iba un reconocido paramilitar apodado "Guacharaco". Militares y paramilitares le aseguraban a los detenidos que ese día iban a morir. Más adelante detuvieron a OMAR DE JESÚS MONTOYA, de 25 años, quien se encontraba trabajando en un cultivo de cacao y lo sometieron a los mismos tratos. Luego llegaron a la casa de Don FABIO MOLINA, donde también detuvieron a éste, a su esposa, a la esposa de Wilder y a su niña de 4 años.
    Ese mismo día, a las 07:00 horas, en la vereda Buenos Aires se encontraban echándole el piso a una casita ARNULFO MORA, su compañera FLOR MARÍA MARTÍNEZ y EDUAR MORLAES. Cuando a las 10:00 horas escucharon tiros y bombas, pues a esa hora se inició un fuerte bombardeo del Ejército contra las veredas Buenos Aires, parte de La Unión, La Cristalina, La Linda y Bella Vista, decidieron encaminarse hacia la casa donde estaban viviendo, pero en el camino se encontraron con tropas del Ejército. Los militares obligaron a Arnulfo a bajarse del mulo, lo trataron de guerrillero y le dispararon ráfagas en el costado y en la cabeza, muriendo inmediatamente. Flor María intentó correr pero fue detenida por los militares quienes también la trataron a ella de guerrillera. Más tarde le mostraron un revólver y le dijeron que se lo habían encontrado a Arnulfo, lo que era falso. A ella le dijeron que tenía que señalar dónde estaban las armas y si no la iban a matar. Entre tanto tomaron nota de su nombre y le preguntaron muchos otros datos personales.

    Luego de asesinar a Arnulfo, un soldado llegó al sitio donde tenían detenidos a los otros campesinos y le dijo al Teniente que "habían matado a un guerrillero y tenían a una guerrillera que se había entregado". Luego les decía a los campesinos detenidos que "se entregaran y trabajaran con el Ejército".

    Hacia las 12:00 horas, los militares llevaron a los campesinos detenidos hasta donde estaba el cadáver de Arnulfo. Allí llamaron aparte a Wilder y le dijeron que se lo iban a llevar en un helicóptero para que trabajara con el Ejército y que la pagarían buena cantidad de dinero. Luego tomaron los datos de todos los detenidos y les hicieron firmar un documento en el cual se afirmaba que Arnulfo era conocido como guerrillero. Luego los obligaron a que tomaran el cadáver de Arnulfo y lo llevaran a San José y se lo entregaran a la Comunidad y a sus acompañantes, con una nota en que les decían que ahí le enviaban a esa comunidad guerrillera el cadáver de un guerrillero para que le dieran sepultura. Hacia las 16:00 horas los campesinos llegaron a San José con el Cadáver de Arnulfo y contaron lo que les había ocurrido. La Comunidad puso inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía tan delictivos procedimientos, sin que se hubiera hecho nunca justicia.

  110. El 24 de octubre de 1998, ELKIN SEPÚLVEDA, miembro de la Comunidad de Paz, fue asesinado en San José de Apartadó, al parecer por un comando de las FARC.
  111. El 14 de diciembre de 1998, LEONEL MAZO, de San José, fue asesinado por paramilitares en el barrio Policarpa de Apartadó.
  112. El 15 de diciembre de 1998 fue asesinada en Apartadó por un grupo de paramilitares KELLY JOHANA MAZO, de San José.
  113. El 28 de febrero de 1999, los miembros de la Comunidad de Paz fueron acusados de ser guerrilleros por personal del Ejército que ingresó al caserío de San José de Apartadó.

    El 11 de febrero de ese mismo año los paramilitares habían ingresado a una vivienda ubicada en la vereda Caracolí de San José de Apartadó, buscando supuestamente guerrilleros y acusando a la Comunidad de Paz de San José y al Equipo Misionero de Justicia y Paz, como guerrilleros; el 21 de febrero se subieron a un vehículo de servicio público haciéndose pasar por guerrilleros. Desde el 5 de enero se había reinstalado el retén paramilitar en la carretera que de Apartadó conduce a San José.

  114. El 7 de marzo de 1999 fue asesinado en la Terminal de Transportes de Apartadó, por hombres que se movilizaban en una moto, al parecer paramilitares, JESÚS ANTONIO ARIZA, poblador de San José.
  115. El 4 de abril de 1999, ANÍBAL JIMÉNEZ, GABRIEL GRACIANO y DANIEL PINO, fueron asesinados, y tres personas más quedaron heridas en una incursión paramilitar que llegó al casco urbano de San José de Apartadó.

    Dos días antes de la incursión paramilitar, el Ejército había instalado un retén militar. Los ejecutores de la masacre fueron observados el día 6 de abril en el sitio La Balsa, en la carretera que conduce de Apartadó a San José, montando un retén en conjunto con miembros del Ejército.

    Aníbal, uno de los líderes de la Comunidad de Paz y autor del Himno de la misma, fue buscado en su casa y asesinado ante sus hijos pequeños. Daniel, que fue retenido en la carretera y llevado por los victimarios hasta el caserío de San José, fue eviscerado con un machete, agonizando durante una hora y tratando de impedir que sus vísceras se regaran por el suelo. Acompañantes internacionales de la Comunidad pudieron observar esa noche la barbarie que jamás había cabido en su imaginación y dieron testimonio de ello ante numerosos grupos solidarios que desde remotos países siguen paso a paso el martirio de esta Comunidad de Paz.

  116. El 5 de mayo de 1999, EDUARDO MORALES fue detenido arbitrariamente y su vivienda allanada y destruidos sus enseres, en la vereda Buenos Aires del corregimiento de San José de Apartadó, por personal del Ejército que se encontraban en compañía de Armando Pérez, ex guerrillero de las FARC EP.
  117. El 6 de mayo de 1999, cuatro campesinos fueron detenidos arbitrariamente en la Vereda Arenas Altas, por miembros del Ejército que llevaban dentro de la tropa a tres reconocidos paramilitares conocidos como Alias "Perro de Monte", "Wilson" y "Cordillera".
  118. El 10 de mayo de 1999, los integrantes de la Comunidad de Paz fueron amenazados por Jaime García, ex guerrillero de las FARC EP que se había entregado al Ejército en días anteriores.

    Este ex guerrillero había sido quien dio muerte a LILIANA LONDOÑO DÍAZ, novia de un Teniente del Ejército, el 4 de mayo de 1997.

  119. El 9 de agosto de 1999, EDUARDO MORALES y LUIS HIDALGO fueron detenidos y torturados en la vereda Buenos Aires del corregimiento de San José de Apartadó, por parte de personal del Ejército que había ingresado a la vereda desde el día anterior.

    Eduardo había sido también víctima de detención y allanamiento de su vivienda el día 5 de mayo de 1999 por parte de soldados del Ejército.

  120. El 16 de septiembre de 1999, miembros de la Comunidad fueron intimidados por la presencia del Ejército que ingresó al caserío de San José de Apartadó en compañía de alías Gerardo, reconocido paramilitar.

    El 12 de septiembre el Ejército también había ingresado al caserío de San José averiguando por una supuesta masacre.

  121. El 19 de septiembre de 1999, LUIS ENRIQUE ÚSUGA, fue asesinado en el barrio El Mangolo, por paramilitares.

    En esos días se había instalado nuevamente el reten paramilitar en la carretera que de Apartadó conduce a San José amenazando permanentemente a la Comunidad de Paz.

  122. El 20 de septiembre de 1999, el indígena MIGUEL BAILARÍN fue detenido arbitrariamente en San José de Apartadó, por los paramilitares en el retén instalado en la vía hacia Apartadó.
  123. El 8 de noviembre de 1999, a las 11:30 horas, a 10 minutos del casco urbano de San José, efectivos del Ejército dispararon contra los hermanos LUIS CARDONA BORJA y ALBEIRO DE JESÚS CARDONA BORJA, que bajaban de su casa en la vereda La Cristalina con unas cargas de maíz para vender. Luego los detuvieron y los acusaron de ser guerrilleros.
  124. El 9 de noviembre de 1999, OVIDIO CARDONA y RONEIRO JIMENEZ fueron detenidos arbitrariamente en la vereda La Linda, por miembros del Ejército que realizaban operativos militares en la Vereda.

    La Brigada XVII efectúo bombardeos en la zona y reportó la muerte de un guerrillero y la captura de otros nueve.

  125. El 12 de enero de 2000, en horas de la mañana, el campesino DUVALIER TORRES fue asesinado en la vereda El Cuchillo, por un grupo armado que se sospecha era de la insurgencia.
  126. El 12 de enero de 2000, en horas de la noche, el campesino WILSON MARTÍNEZ PATERNINA fue asesinado, en la vereda El Cuchillo, por un grupo armado. (Prueba No. 17). En la mañana de ese mismo día había sido asesinado Duvalier Torres.
  127. El 19 de febrero de 2000, ALBEIRO MONTOYA, LUIS CIRO, ALFONSO JIMENEZ, MARIO URREGO y UVALDO QUINTERO fueron asesinados y RIGO QUINTERO y JAIRO PINEDA heridos por paramilitares que ingresaron al casco urbano de San José de Apartadó. La carretera por donde se movilizaban estaba fuertemente militarizada.

    Miembros del Batallón Vélez del Ejército se encontraban con dos ex guerrilleros, alías Cordillera y alías El Bizco , en la carretera que de Apartadó conduce a San José, al momento de la masacre. A las 11:00 horas detuvieron a varios campesinos en esa carretera. A las 18:45 horas llegaron al caserío de San José con estos retenidos y entre las 19:35 y 20:00 horas se efectuó la masacre.

    El 2 de enero de ese año, la cadena radial RCN había afirmado públicamente que "por informes de inteligencia trasmitidos por el Comandante del Ejército, General Fernando Tapias Stahelin, las comunidades de paz han sido utilizadas por las FARC".

  128. El 23 de febrero de 2000, los miembros de la Comunidad de Paz fueron amenazados en los retenes instalados por el Ejército donde son hostigados permanentemente.
  129. En febrero de 2000, un comando insurgente que incursionó en la vereda Buenos Aires, asesinó a JAIME GARCÍA. Se dice que Jaime había militado en las FARC y luego se entregó al Ejército, con el cual fue visto recorriendo muchas veredas. Durante su militancia guerrillera había asesinado a Liliana Londoño Díaz, novia de un Teniente del Ejército que comandaba tropas en la zona, el 4 de mayo de 1997.
  130. El 12 de marzo de 2000 desde las 07:30 hasta las 13:00 horas, los miembros de la Comunidad de Paz fueron intimidados por el Ejército que hizo disparos, lanzó dos bombas en medio de la población civil y profirió acusaciones contra la comunidad afirmando que van a acabar con ella.
  131. El 14 de marzo de 2000, entre las 7:30 y las 13:00 horas, los integrantes de la Comunidad de Paz fueron amenazados por personal del Ejército que ingresó al caserío de San José y manifestó que "la Comunidad se va a acabar".
  132. El 15 de marzo de 2000, los pobladores de la vereda Buenos Aires observaron a personal del Ejército en compañía de alías "El Bizco", ex guerrillero de las FARC, y saquearon una vivienda manifestando que volverían.
  133. El sábado 18 de marzo de 2000, hacia las 08:00 horas, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ POSSO salió del casco urbano de San José hacia su casa ubicada en la vereda La Linda, vestido con sus habituales ropas de trabajo. Media hora antes se había producido un simulacro de combate por parte de efectivos del Ejército presentes en la zona. Al día siguiente los pobladores vieron bajar su cadáver en una hamaca, vestido de camuflado militar, transportado por militares hasta la vereda Caracolí donde lo entregaron a la Fiscalía.
  134. El 25 de marzo de 2000, los pobladores de la vereda Arenas Altas que pensaban retornar a sus parcelas, fueron amenazados por paramilitares que se instalaron en un retén en los sitios Los Mandarinos y El Salto, a menos de una hora del lugar del nuevo asentamiento adonde pretendían retornar los desplazados de la vereda Arenas Altas. Por esta razón se suspendió el retorno.

    El mismo día 25 de marzo, los pobladores de San José pudieron observar que con las tropas del Ejército que llegaron a la finca La Cooperativa iba un reconocido paramilitar apodado "Paludismo", cuyo nombre era Alcibíades Ávila, originario de Córdoba, quien había trabajado como campesino en la vereda Mulatos entre 1994 y 1996, cuando ingresó a la organización de los paramilitares.

  135. El 6 de abril de 2000, los pobladores de la vereda La Miranda fueron intimidados por un grupo de paramilitares que ingresó al caserío, ofreciéndole a los jóvenes "garantías " para el ingreso al grupo. Manifestaban que devengarían $500.000 mensuales y tendrían atención médica del Ejército, en caso de enfermedad o de resultar heridos, un pago de dinero adicional mientras se recuperaban y apoyo logístico del Ejército por tierra y aire en los operativos, así como el uso de helicópteros en caso de cualquier movilización rápida.

    Así mismo manifestaron que esperaban la orden de Carlos Castaño para atacar a la Comunidad, porque según sus palabras "ese pueblo es guerrillero". Al día siguiente ese grupo se dirigió al sitio Piedras Blancas. (Prueba No. 18)

  136. El 13 de mayo de 2000, hacía las 16:00 horas, el campesino JOSMEN BENITEZ fue asesinado en el barrio Policarpa de Apartadó, por paramilitares.

    Josmen se movilizaba en un vehículo de servicio público que fue interceptado en la vía que de Apartadó comunica con San José, en el barrio El Mangolo, por paramilitares vestidos de civil y portando armas de corto alcance. Lo bajaron del automotor, lo golpearon y lo obligaron a abordar otro vehículo Jeep en el que ellos se trasportaban. Su cuerpo apareció sin vida al día siguiente en el barrio Policarpa de Apartadó.

    Desde el día 11 de mayo se encontraba instalado el reten paramilitar en el barrio El Mangolo, sin restricciones de parte del personal militar que permanece en la zona. (Prueba No. 19)

  137. El 14 de mayo de 2000, los integrantes de la Comunidad de Paz de San José fueron amenazados por unidades del Ejército a través de manifestaciones tales como que "la Comunidad es guerrillera y nos vamos a meter para acabarla".

    Ese mismo día, en el sitio Caracolí, sobre la carretera que de San José conduce a Apartadó, miembros del Ejército fueron vistos con dos personas encapuchadas vestidas con prendas de uso privativo de las fuerzas militares. (Prueba No. 19)

  138. El 30 de mayo de 2000, los campesinos RIGOBERTO VASQUEZ CARDONA de 36 años, ERNESTO DAVID de 78 años, HERIBERTO FLOREZ de 58 años, TEODORO LOPEZ de 25 años, fueron detenidos arbitrariamente, en la vereda Guineo Alto, del corregimiento de San José de Apartadó, por efectivos del Ejército que se encontraban en el área. (Prueba No. 20)

    Desde el 15 de mayo de 2000 se había instalado un grueso numero de cerca de 100 paramilitares en la vereda Guineo Bajo, ubicada a dos horas aproximadamente del caserío de San José. (Prueba No. 19)

    El 1º de junio se pusieron en conocimiento de la Defensoría del Pueblo estos hechos sin que se lograra establecer el paradero de los retenidos.

  139. El 8 de julio de 2000, los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, RIGOBERTO GUZMAN, ELODINO RIVERA, DIOFANOR CORREA, HUMBERTO SEPULVEDA, JAIME GUZMAN y PEDRO ZAPATA fueron asesinados en el caserío de la vereda La Unión del Corregimiento de San José de Apartadó, por paramilitares.

    En los alrededores del caserío de la Unión se encontraban tropas del Ejército y desde ese lugar, aproximadamente a las 15:00 horas, unos 20 encapuchados ingresaron al caserío. Mientras tanto, un helicóptero de la Brigada XVII sobrevolaba la vereda. Los paramilitares habían ingresado al área procedentes de Currulao, pasando por Riogrande, Los Mandarinos, La Balsa, Guineo Bajo y de ahí hasta llegar al filo de la vereda La Unión.

    Entraron primero a la casa de habitación de las Hermanas Misioneras y cortaron el teléfono. Citaron a todos los habitantes a una reunión en el centro del caserío, preguntaron por los líderes y la tienda comunitaria. Hicieron separar a las mujeres y los niños y dispararon en contra de los hombres.

    Amenazaron a la Comunidad dándole un plazo de 20 días para abandonar la zona y antes de salir del caserío prendieron fuego a la casa comunitaria donde se encontraba instalado el teléfono público.

    Mientras esto ocurría en la vereda La Unión, en el casco urbano de San José de Apartadó, en la carretera de Apartadó a San José, el Ejército detuvo a varios campesinos, entre los cuales se encontraba William Ortiz y los amenazó con terminar con todo, porque en San José se encontraba la guerrilla. Entre el grupo de militares estaban, vestidos de civiles, Ferney León, alías Alfredo y alías Cordillera, desertores de las FARC. Finalmente las personas retenidas fueron dejadas en libertad.

    Dos días antes de la masacre en la Unión, el Ejército había dejado en una cacaotera de la Comunidad dos granadas de fragmentación. Al ser requeridos por los integrantes de la Comunidad, manifestaron que "la Comunidad es guerrillera y vamos a ingresar con paramilitares".

    En el momento en que la Fiscalía recepcionaba testimonios, dos militares de apellidos Garzón y Soriano interpelaban a los declarantes porque incriminaban al Ejército.

    Efectos: 63 familias de la vereda La Unión a raíz de estos hechos iniciaron el desplazamiento forzado, al que se sumaron los pobladores de la vereda Arenas Altas. (Prueba No.21)

  140. El 9 de julio de 2000, el campesino MANUEL HERRERA, fue amenazado y su vivienda ubicada en la vereda La Linda, del corregimiento de San José de Apartadó, saqueada y algunos bienes hurtados por personal del Ejército que se encontraba en el área junto con alias Patricia, alías Alfredo y Alias Gerardo, desertores de las FARC que se habían entregado al Ejército.

    Los militares le manifestaron a Manuel Herrera que "vamos a seguir asesinando, ya no solo a bala como en La Unión, sino que les vamos a mochar la cabeza". La presencia de militares en conjunto con paramilitares se ha extendido a las veredas Bellavista, Mulatos, La Linda y La Cristalina. (Prueba No. 22)

  141. El 16 de julio de 2000, FREDY MAZO, de 18 años de edad, fue asesinado tras haber sido sacado por la fuerza del caserío de San José de Apartadó, por integrantes de la guerrilla de las FARC. (Prueba No. 23)
  142. El 25 de agosto de 2000, IGNACIO ARENAS fue asesinado en la carretera que de Apartadó conduce a San José, en inmediaciones del barrio El Mangolo de Apartadó, en un retén paramilitar, luego de ser bajado de un vehículo de servicio público en que se movilizaba. La carretera se encontraba fuertemente militarizada (Prueba No. 23)
  143. El 19 de septiembre de 2000, LUIS ENRIQUE ÚSUGA fue asesinado en inmediaciones del barrio El Mangolo, en la carretera que de Apartadó conduce a San José, por paramilitares que tenían instalado un retén, luego de bajarlo del vehículo de servicio público en que se movilizaba. Su cuerpo apareció en el barrio La Chinita de Apartadó.

    La Carretera se encontraba fuertemente militarizada. El 25 de agosto en ese mismo retén paramilitar habían asesinado a Ignacio Arenas. (Prueba No. 23)

  144. El 22 de septiembre de 2000, el indígena MIGUEL BAILARÍN, fue asesinado y su cuerpo apareció en la finca Bajo del Oso junto con el cadáver de una mujer NN, supuestamente guerrillera, que fue bajada de un vehículo de la Cruz Roja Internacional, en la carretera que de Apartadó conduce a San José, por paramilitares.

    Miguel también había sido retenido por los paramilitares en un retén que tenían instalado en la vía que de Apartadó conduce a San José. En el mismo en que el 25 de agosto y el 19 de septiembre habían asesinado a Ignacio Arenas y a Luis Enrique Úsuga respectivamente.

    La situación de terror que se impuso con el retén paramilitar ubicado en la carretera de acceso a San José de Apartadó se complementaba con acciones por parte del Ejército. Así fue como el 12 de septiembre, a las 15:10 horas, 17 militares ingresaron al caserío con la excusa de investigar una supuesta masacre; sin embargo se les vio fue haciendo averiguaciones por los negocios y el comercio del lugar. Y el día 14 de septiembre, a las 16:30 horas, también ingresaron llevando consigo a alias Gerardo, ex guerrillero de las FARC que se había entregado al Ejército y venía realizando operativos con los soldados y había participado en la masacre del 19 de febrero de 2000. (Prueba No. 23)

  145. El 23 de septiembre de 2000, LUZ ANALIA ARENAS ROMAN de 20 años, HERNANDO ARENAS de 18 años, y DUVER ANTONIO ROMAN de 15 años, fueron asesinados en su vivienda ubicada a cinco minutos aproximadamente del casco urbano de San José, por seis hombres en trajes militares, mientras tropas del Ejército se encontraban a dos minutos del lugar del crimen.

    Después del 8 de julio de 2000, fecha de la masacre en la vereda La Unión, el Ejército instaló retenes a 150 metros del casco urbano de San José y otro en La Balsa, sobre la carretera. En ellos pedían los documentos de identidad, hacían registros en libros y controlaban los víveres y alimentos. Sin embargo, el retén paramilitar persistió en el sector del barrio El Mangolo haciendo bajar a los pasajeros de los vehículos de servicio público, requiriéndoles sus documentos de identidad. (Prueba No. 23).

  146. El 8 de octubre de 2000, siendo las 15:25 horas, miembros del Ejército al mando del Sargento Mahecha, ingresaron al caserío de San José de Apartadó diciendo que habían recibido información de que allí se encontraba gente rara armada y que necesitaban conocer a la gente de la Comunidad de Paz para brindarle protección; que habían sido enviados por orden de la Vicepresidencia y del General Vargas de la Brigada XVII para anotar los nombres de todos los integrantes de la Comunidad; que no había territorio vedado para ellos, salvo El Caguán, y que por eso podían ingresar sin cortapisas a los espacios vitales de la Comunidad. (Prueba No. 24)
  147. En el mes de septiembre de 2000 fue asesinado también ALBERTO RESTREPO, se cree que por integrantes de las FARC, a 15 minutos del caserío de San José, mientras tropas del Ejército se encontraban en sus alrededores.
  148. El 18 de octubre de 2000, los pobladores de las veredas El Porvenir y La Unión, fueron sorprendidos con bombardeos y ametrallamientos por parte del Ejército, los cuales destruyeron la escuela de El Porvenir y los cultivos comunitarios de lulo de los habitantes de La Unión. (Prueba No. 24)
  149. El 22 de octubre de 2000, siendo las 17:20 aproximadamente, los pasajeros de un vehículo de servicio público que se movilizaban por la carretera que conduce de Apartadó a San José, en el barrio El Consejo de Apartadó, fueron retenidos por los paramilitares que los requisaron, exigieron documentos de identidad y hurtaron los víveres y alimentos que llevaban. (Prueba No. 24)
  150. El 24 de octubre de 2000, hacia las 18:00 horas, una mujer integrante de la Comunidad de Paz fue detenida en la carretera de Apartadó a San José, en la vereda La Balsa, por efectivos del Ejército que tenían instalado un retén.Le retuvieron los mercados y le manifestaron: "la tienda comunitaria es un nido de la guerrilla; lo que allí ustedes dicen que es para la Comunidad de Paz es para la guerrilla. Varios de esa Comunidad de Paz son guerrilleros". Amenazaron con entrar y "acabar con esos hijueputas de la Comunidad de Paz.

    Decían también: "eso es un plato de manzanas donde existen varias podridas y si se dejan las podridas se dañan las demás; nosotros vamos a acabar con la Comunidad de Paz; díganle a esa gente, a sus misioneros y a los internacionales que no nos importa que denuncien; ustedes denuncian pero nosotros seguimos haciendo lo que queremos; vayan y díganles que a nosotros no nos importa nada". (Prueba No. 24)

  151. El 11 de noviembre de 2000, siendo las 12:30 horas, los integrantes de la Comunidad de Paz fueron amenazados por parte de paramilitares que efectuaron un reten en la vía que conduce de Apartadó a San José, al detener un grupo de personas que se movilizaban en un vehículo de servicio público y obligarlas a desviarse hacía el barrio El Consejo de Apartadó. Allí amenazaron a los miembros de la Comunidad con un bloqueo económico y despojaron a los pasajeros de los mercados y víveres dentro de los cuales se encontraban los destinados al Hogar Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque según ellos eran destinados a la guerrilla.

    Los paramilitares amenazaron con asesinar a los integrantes de la Comunidad de Paz y hacerlos morir de hambre. Al conductor le advirtieron que si continuaba movilizando mercados lo asesinaban. Posteriormente los dejaron continuar el viaje.

    A cinco minutos del lugar donde los tenían retenidos, habían instalado un reten militar, en el barrio El Mangolo, y al pasar le manifestaron a los ocupantes "sigan, ya no hay necesidad de requisar el vehículo". (Prueba No. 25)

  152. El 14 de noviembre de 2000, a las 12:55 horas, los pasajeros de un vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó a San José fueron abordados en un reten paramilitar y les hurtaron los mercados y víveres que llevaban. Posteriormente siguieron el camino y se encontraron con un reten militar en el barrio El Mangolo. (Prueba No. 25)
  153. El 24 de noviembre de 2000, a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó le fue hurtada la suma de $13.800.000,oo obtenidos de la venta de los productos agrícolas que se cultivan comunitariamente. (Prueba No. 26)
  154. El 14 de diciembre de 2000 fue asesinada por integrantes de un grupo paramilitar, en el barrio La Cadena de Apartadó, MARIELA GIRALDO, de cerca de 70 años, proveniente de San José de Apartadó.
  155. El 22 de diciembre de 2000, siendo las 09:00 horas, la Comunidad de Paz fue sorprendida por el ingreso de personal militar al caserío de San José, manifestando que estaban cerca unos 100 paramilitares con el propósito de atacar a la Comunidad y acabarla y que si la Comunidad les pedía a ellos, los militares, que se retiraran, serían responsables de lo que les hicieran los paramilitares. (Prueba No. 27)
  156. El 22 de diciembre de 2000, siendo las 13:15 horas, los pasajeros de un vehículo de servicio público que se movilizaba por la carretera de Apartadó a San José fueron retenidos por una hora, en el sector del barrio El Mangolo, de Apartadó, por militares que instalaron un retén en el cual hurtaron mercados y víveres por valor de $350.000, argumentando que tenían orden de no dejar pasar alimentos.

    Este bloqueo alimentario por parte del Ejército duró hasta el día 6 de enero de 2001, exigiendo facturas y aduciendo que esos mercados eran para la guerrilla. (Prueba No, 27)

  157. El 5 de enero de 2001, siendo las 13:10 horas, el joven campesino EUTIQUIO VÁSQUEZ de 16 años de edad, resultó lesionado por la explosión de una mina antipersonal abandonada por el Ejército en los cultivos comunitarios de la Comunidad, en inmediaciones del casco urbano de San José de Apartadó.

    Al paso de Eutiquio por la zona de trabajo comunitario explotó el artefacto y le ocasionó heridas en las dos extremidades inferiores y en un brazo. El artefacto estaba instalado en un área donde se encontraba acampando tropa de los batallones Bejarano Muñoz y Vélez, de la Brigada XVII del Ejército, y efectuaban permanentemente retenes a los campesinos impidiendo el acceso de alimentos, aduciendo que eran para la guerrilla (Prueba No. 27).

  158. El 21 de enero de 2001, los pobladores de la vereda La Esperanza, del Corregimiento de San José de Apartadó, fueron acusados por integrantes del Batallón 26 Contraguerrilla del Ejército de ser guerrilleros. Integrantes del Batallón 26 de Contraguerrilla del Ejército detuvieron a un joven de la Comunidad de Paz a quien obligaron a servir de guía para luego ingresar al caserío de La Unión, afirmando que si la guerrilla los atacaba sería la Comunidad la que sufriría las consecuencias. (Prueba No. 27)
  159. El 20 de febrero de 2001, a las mujeres de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó les fueron hurtados 120 palos de yucas que tenían sembradas comunitariamente, por miembros del Ejército. (Prueba No. 28)
  160. El 20 de febrero de 2001, siendo las 12:00 horas, el campesino, integrante de la Comunidad de Paz, ANIBAL HOLGUIN, fue detenido y torturado sicológicamente, en la vereda Buenos Aires, del corregimiento de San José de Apartado, por efectivos del Batallón 35 Contraguerrilla de la Brigada XVII del Ejército.

    Los militares lo intimidaron y amenazaron con asesinarlo si no informaba de la presencia guerrillera. Le decían que lo amarrarían y le introducirían una aguja por los dedos si no "cantaba" . Antes de dejarlo en libertad, le tomaron las huellas de sus dedos índice, y anotaron su nombre e identificación completa. (Prueba No. 28)

  161. El 22 de febrero de 2001, los miembros de la Comunidad de Paz fueron amenazados de ser víctimas de una masacre que sería perpetrada por los paramilitares, porque, según decían, la Comunidad debía pagar por las acciones de la guerrilla. (Prueba No. 29)
  162. El 25 de febrero de 2001, a las 11:00 horas, ALBEIRO OSORNO fue detenido arbitrariamente en el sitio El Chontalito, en inmediaciones de la vereda Mulatos, del Corregimiento de San José de Apartadó, por miembros del Ejército. Los militares se encontraban en el área con alías Gerardo, ex guerrillero de las FARC que se había entregado a la fuerza pública y venía sirviéndoles de informante.

    Albeiro fue interrogado sobre la localización de la guerrilla, los comandantes del grupo insurgente y sobre la vinculación de la Comunidad de Paz con los guerrilleros. Los militares señalaban que la Comunidad era auxiliadora de la guerrilla y el Capitán Ibarra, al mando de la tropa del Ejército, manifestó: "nosotros con los paramilitares a esos perros hipueputas los tenemos que acabar. A sangre y fuego, tarde o temprano nos vamos a tomar a San José y toda la zona". "Ustedes los campesinos saben cual es la metodología que utilizamos". "Todos en esa Comunidad son guerrilleros y tenemos que acabarlos".

    El Capitán Ibarra le ofrecía a Albeiro trabajar para el Ejército, donde podría ganar dinero fácil entregando información y ya ellos se encargaban de hacer el trabajito sucio de asesinar. Sólo fue dejado en libertad hacia las 18:00 horas, gracias a la labor de una misionera religiosa e integrantes de Brigadas Internacionales de Paz. (Prueba No, 28)

  163. Entre el 26 de febrero y el 7 de marzo de 2001, los militares ingresan periódicamente al casco urbano de San José y exigen a los miembros de la Comunidad que les vendan víveres y la utilización del teléfono comunitario. Se instalan en zonas de cultivos de la Comunidad e impiden que desarrollen sus labores agrícolas. En los retenes que tienen instalados manifiestan permanentemente que acabarán con la Comunidad de Paz. (Prueba No, 28)
  164. El 5 de marzo de 2001, a los miembros de la Comunidad de Paz les fueron incineradas trece viviendas en el caserío de San José de Apartadó, por paramilitares que ingresaron e intentaron quemar la Bodega Comunitaria (Prueba No. 28).

    Se trataba de un grupo de entre 10 y 15 hombres armados con fusiles Galil y AK y uniformados con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, que ingresaron al caserío provenientes de los alrededores de la finca del campesino Orlando Herrera, donde hasta las 18:30 horas había acampado tropas del Ejército de la Brigada XVII, luego de dispersarse en pequeños grupos por las inmediaciones del área.

    El Comando armado que ingresó al caserío, se dividió en pequeños grupos. Uno de ellos controló la Bodega Comunitaria, donde se encuentra ubicada la tienda comunitaria y la casa de las Misioneras. Una vez en el lugar, impidieron que se utilizaran las alarmas y amenazaron de muerte si las activaban. Los asaltantes manifestaron que se trataba de un operativo militar, porque no iban a matar a nadie, pero que tenían orden de acabar con esa "mierda". Preguntaban por el teléfono, cuando lo encontraron lo destruyeron al igual que un equipo de sonido. Preguntaban por un dinero, el cual buscaban insistentemente en los colchones y cajones de los escritorios.

    Antes de abandonar la Bodega Comunitaria expresaron "esto desde mañana debe estar desocupado, tiene que ser un pueblo fantasma. Vamos a incendiar todo, se tienen que largar de aquí, la próxima vez no respetamos a nadie, ni a mujeres ni a niños". Luego prendieron fuego a la puerta de la Bodega.

    Los restantes hombres armados ingresaron a 20 viviendas y a 13 de ellas les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Luego, mientras huían, le gritaban a los pobladores que se tenían que ir, que necesitaban que todos se fueran del pueblo. "Esto tiene que quedar solo, la próxima vez se empieza por las mujeres y los niños".

    El ataque duró aproximadamente 25 minutos y los agresores salieron por la misma dirección por donde ingresaron. Entre los partícipes del hecho, fueron reconocidos integrantes de las Fuerzas Militares, uno de ellos prestaba servicio en el Retén instalado en el sector de La Balsa, en la carretera entre Apartadó y San José. Otro de ellos, reconocido porque su mano izquierda presentaba cicatrices de una leishmaniasis, una cruz verde tatuada cerca del hombro y en el antebrazo otro tatuaje.

    Hacía las 20:45 horas por el mismo lugar por donde ingresaron y salieron los atacantes, llegó un grupo de militares de la Brigada XVII. A las 22:00 horas se hizo presente el Coronel Hernández, acompañado de un Juez Penal Militar, unidades de la Policía, la Sijin y al parecer de la Fiscalía.

    Unos diez minutos después de haberse iniciado la agresión en contra de la Comunidad, y aún estando los atacantes en el poblado, se avisó a la Brigada XVII lo que estaba ocurriendo por parte de los organismos acompañantes y una ONG internacional, sin embargo el Ejército informó que al momento del arribo de los miembros del Batallón Bejarano Muñoz se encontraban las casas en llamas y los agresores habían huido por el sector de la vereda La Cristalina.

    Con anterioridad se habían presentado una serie de acontecimientos que estaban haciendo previsible una agresión contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En efecto, el 13 de febrero de 2001, a las 15:00 horas dos integrantes de la Comunidad fueron abordados por varios hombres vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, con identificaciones de la Brigada XVII, uno de ellos era un reconocido paramilitar que en la época de los retenes paramilitares en 1997 solía caracterizarse por llevar sobre su cuello un mico; estas personas interrogaron a los campesinos sobre su presencia en las plataneras de la Comunidad, lo que es un lugar de trabajo comunitario, y los militares con frecuencia solían acampar en esa zona.

    El 17 de febrero, a las 15:00 horas, un grupo de militares que se encontraban con un ex guerrillero de las FARC conocido con el alías de El Bizco, saludó a varios de los campesinos de la Comunidad en el sitio La Platanera y les manifestó: "estamos por aquí porque estamos planeando otra entrada a San José". El 20 de febrero, los militares hurtaron 120 palos de yuca del grupo de producción de las mujeres.

    El 20 de febrero, el campesino Aníbal Holguín fue detenido y torturado por integrantes del Batallón 35 de la Brigada XVII, a quien acusaban de ser guerrillero, y le preguntaban por los movimientos de la guerrilla o de lo contrario lo mataban. A la vereda la Esperanza también se dirigieron tropas del Batallón Contraguerrilla el día 21 de febrero, donde intimidaron a los campesinos, los acusaban de ser cómplices de la guerrilla y amenazaron a uno de ellos con asesinarlo. El 25 de febrero, en el Sitio Chontalito, detuvieron al campesino Albeiro Osorno, los efectivos militares que se encontraban con un ex guerrillero de las FARC identificado como alías Gerardo e igualmente lo interrogaron sobre la insurgencia y lo intimidaron, al igual que profirieron amenazas y señalamientos en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

    Un capitán del Ejército de apellido Ibarra, quien había detenido a Albeiro Osorno el día 27 de febrero en el casco urbano de San José, no permitió el paso de campesinos que se dirigían a un terreno colectivo, debido a que tropa bajo su mando se encontraba acampando en ese lugar.

    Desde el 26 de febrero al 1º de marzo, soldados vestidos de civil y armados recorrieron el casco urbano de San José de Apartadó exigiendo a los miembros de la Comunidad que les vendieran víveres y buscando el teléfono comunitario. Y el 7 de marzo, los militares manifestaron a pobladores "acabaremos con todo San José".

    Después del incendio, los militares, desde el sitio La Antena, el 16 de marzo lanzaron bombas que cayeron en las veredas Mulatos y Buenos Aires, causando mayor temor a la Comunidad, después de haber sido víctimas de atropellos en el casco urbano. Como consecuencia de los bombardeos se destruyó una casa y mató a tres animales. (Prueba No. 30)

    La incursión paramilitar al Caserío de San José de Apartadó quemando varias viviendas e intimidando a los miembros de la Comunidad de Paz, fue presentada por el Alcalde de Apartadó, Mario Agudelo, como "cometida por un actor armado sin identificar, llámese guerrilla o paramilitares y cuestionó públicamente "la neutralidad de la Comunidad de Paz advirtiendo que es un "obstáculo para poderles brindar seguridad". Este funcionario público municipal también expresó a través del periódico El Colombiano que iba "a proponer a la Comunidad de Paz replantear las normas que los rigen para que acepten la presencia de las autoridades legítimamente constituidas"

    Por su parte el General Pablo Alberto Rodríguez Laverde, Comandante de la Brigada XVII, cuestionó el papel de la Comunidad de Paz después de los hechos aduciendo que "al lugar de los hechos se desplazaron inmediatamente al igual que las tropas del Ejército, los demás organismos de Control y Seguridad del Estado, como el Comandante de la Policía de Urabá, una Juez Penal Militar, el Director del CTI y Fiscalía de Apartadó entre otros, cuya acción se dificultó por el impedimento para ingresar a la Comunidad por parte de algunos pobladores y miembros de acompañamiento de la misma que permanecen allí". Esto mismo lo insistió a través del periódico El Colombiano reafirmando que "una vez tuvo conocimiento de los hechos, se desplazó a la zona una comisión a quienes se les impidió el ingreso por parte de algunos pobladores y acompañantes de la Comunidad". (Pruebas Nros. 31, 32 y 33)

  165. El 16 de marzo de 2001, las comunidades de las veredas Buenos Aires y Mulatos fueron objeto del lanzamiento de bombas que destruyeron una casa de habitación y mataron tres animales, desde el sitio La Antena, por parte del Ejército. (Prueba No. 34)
  166. El 26 de marzo de 2001, los integrantes de la Comunidad de Paz fueron sorprendidos por la explosión de una granada, los disparos y ráfagas de fusil, a una distancia aproximada de 3 minutos del caserío de San José de Apartado, por parte de efectivos del Ejército que simulaban un enfrentamiento. (Pruebas Nros. 35 y 36)
  167. El 28 de marzo de 2001 a las 18:00 horas, los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó fueron amenazados de muerte, por paramilitares que reunieron a pobladores del barrio Policarpa anunciándoles que iban a acabar con San José de Apartadó; que tenían una lista grande para hacer una masacre.

    Decían en dicha reunión que sí encontraban muertos o escuchaban disparos no se asustaran, pues era mientras cuadraban bien el trabajito de acabar con San José de Apartadó. (Prueba No. 36)

  168. El 3 de abril de 2001, siendo las 15:30 horas, pasajeros de un vehículo de servicio público que se movilizaba de Apartadó a San José fueron interceptados por dos paramilitares que tenían instalado un retén. Requisaron a todos los ocupantes y sus mercados y los amenazaron con asesinarlos. (Prueba No. 36)

    En ese momento dos soldados que iban vestidos de civil dialogaron con los paramilitares y posteriormente hicieron subir a los pasajeros y al conductor para que continuaran el viaje. A tres minutos aproximadamente estaba instalado un retén militar.

    El 28 de marzo, los paramilitares habían realizado una reunión en el barrio Policarpa donde anunciaron la presión que ejercerían sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

  169. El 8 de abril de 2001, los ocupantes de un vehículo de servicio público que se dirigían de Apartadó hacia San José, fueron interceptados por paramilitares y el vehículo desviado hacia el barrio Policarpa. Durante una hora fueron interrogados y los paramilitares amenazaron con una larga lista de personas de la Comunidad que iban a asesinar. (Prueba No. 37)

    El 28 de marzo, los paramilitares habían realizado una reunión en el barrio Policarpa, donde anunciaron la presión que ejercerían sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Y el 3 de abril de 2001, se instaló un retén paramilitar dedicado a detener los vehículos de servicio público en la carretera.

  170. El 17 de abril de 2001, los ocupantes de un vehículo de servicio público que se movilizaban por la carretera que de Apartadó conduce hacia San José, fueron interceptados por paramilitares. Interrogaron a un joven acerca de dónde vivía y hacia donde se dirigía. (Prueba No. 38)

    Los paramilitares luego fueron vistos pasar por un retén que tenía instalado el Ejército en el barrio El Mangolo, sin ser repelidos o aprehendidos por los soldados.

    El 28 de marzo, los paramilitares habían realizado una reunión en el barrio Policarpa donde anunciaron la presión que ejercerían sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El 3 de abril de 2001 se instaló un retén paramilitar dedicado a detener los vehículos de servicio público en la carretera, el mismo que también el día 8 de abril volvió a operar sin ser repelidos por las autoridades militares que también mantenían control sobre la vía en el barrio El Mangolo,

  171. El 20 de abril de 2001, HUMBERTO MORA fue bajado de un vehículo de servicio público y asesinado en un reten paramilitar ubicado a escasos 50 metros de un reten militar. En ese retén también fueron amenazadas dos mujeres que se movilizaban en el automotor.

    El 28 de marzo, los paramilitares habían realizado una reunión en el barrio Policarpa donde anunciaron la presión que ejercerían sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El 3 de abril de 2001 se instaló un retén paramilitar dedicado a detener los vehículos de servicio público en la carretera, el mismo que también el día 8 de abril volvió a operar sin ser repelidos por las autoridades militares que también mantenían control sobre la vía en el barrio El Mangolo,

    Luego de asesinar a Humberto, el vehículo fue obligado a seguir su marcha, debiendo pasar por el retén militar, sin que los soldados hicieran alguna acción destinada a aprehender a los autores del crimen (Prueba No. 38).

  172. El 13 de mayo de 2001, siendo las 13:30 horas, fue detenida una campesina integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el barrio El Mangolo, sobre la carretera que de Apartadó conduce a San José, por efectivos del Ejército, en un retén que tienen instalado y no dejan pasar víveres para la Comunidad aduciendo que son para la guerrilla.

    Los militares manifestaron que la campesina llevaba mucha comida y que no iban a dejar pasar más. Que no creían en la Comunidad de Paz y que "a esa hijueputa Comunidad de Paz tenemos que acabarla porque es guerrillera". (Prueba No. 38)

  173. El 24 de mayo de 2001, siendo las 22:15 horas, los miembros de la Comunidad de Paz fueron sorprendidos por disparos de ráfagas que el Ejército realizó en el propio interior del caserío de San José de Apartadó, provocando pánico y terror.

    El Ejército adujo que se trataba de entrenamientos y "ejercicios tácticos preventivos" en medio de la población civil. (Prueba No. 39)

  174. El 5 de junio de 2001, los integrantes de la Comunidad de Paz fueron sometidos a intensas requisas de los pasajeros de los vehículos que se movilizan por la carretera que de Apartadó conduce a San José, en un retén militar instalado en el barrio El Mangolo.

    A las personas las hacen descender de los vehículos, hacer filas y exhibir los documentos de identidad que son comparados con listas que manejan los uniformados y controlan el ingreso de alimentos, aduciendo que es mucha la cantidad de comida que transportan para la Comunidad, (Prueba No. 40)

  175. El 13 de junio de 2001, siendo las 10:00 horas, un integrante de la Comunidad de Paz y un conductor de un vehículo de servicio público fueron interceptados en un retén militar instalado en el sitio La Balsa, en la carretera Apartadó - San José.

    Los militares afirmaron que a la Comunidad de Paz la guerrilla nunca les quitaba los productos porque la Comunidad tenía con ellos un acuerdo, agregando que eso se iba a arreglar; decían que "se acabó eso de que no les roban ni les hacen nada". También preguntaron por los integrantes del Consejo Interno y los acompañantes nacionales e internacionales. (Prueba No. 40)

  176. El 2 de julio de 2001, siendo las 08:00 horas, los habitantes de una casa campesina, ubicada a cinco minutos aproximadamente del caserío de San José sobre la vía que conduce a la vereda La Unión, del corregimiento de San José de Apartadó, fueron sorprendidos por un grupo de uniformados que llegaron haciéndose pasar por guerrilleros, diciendo que "si llega a pasar una masacre ya habrían de saber que no somos nosotros, porque nosotros no hacemos eso". Luego preguntaron por algunas personas y líderes.

    En esa casa permanecieron hasta las 13:00 horas retornando hasta un puesto de control y vigilancia del Ejército. Los militares manifestaron que no habían podido cumplir con el objetivo de entrar a San José porque los había cogido el día, ya que venían desde muy lejos. (Prueba No. 41)

  177. El 8 de julio de 2001, entre las 09:00 y las 10:00 horas aproximadamente, los pobladores de la vereda Mulatos fueron intimidados y amenazados; una vivienda fue saqueada, sacrificados varios animales y obligados a desplazarse forzadamente, por un grueso número de militares y paramilitares que habían ingresado a la zona desde el día anterior.

    El día 7 de julio, a eso de las 12:00 horas, un grupo de unos 300 paramilitares ingresó junto con efectivos de la Brigada XVII del Ejército a la vereda La Resbalosa del corregimiento de San José de Apartadó, en ese momento aterrizó un helicóptero oficial en el lugar donde se encontraban los militares. (Prueba No. 41)

  178. El 9 de julio de 2001, la casa de habitación de ALONSO BOLIVAR TUBERQUIA fue incinerada, en la vereda Mulatos por efectivos de la Brigada XVII.

    El Ejército se encontraba en el área desde el día 7 de julio. Ya en la vereda Mulatos también habían saqueado una vivienda y sacrificado animales. (Prueba No. 42)

  179. El 11 de julio de 2001, a las 10:00 horas, JULIO CESAR GUISAO de 25 años de edad, fue herido y AQUILINO PEREZ y GUILLERMO PADIERNA BORJA fueron detenidos en la vereda La Resbalosa, por personal del Ejército que se encontraba en operativos militares en esa vereda y en Mulatos. Una vez trasladado al hospital fue hostigado y amenazado por efectivos del Ejército y de la Policía en Apartadó, acusándolo de ser guerrillero

    En estos operativos los militares habían incinerado varias viviendas en estas veredas. Los militares provenían de Tierralta, Córdoba, y pasaron por la vereda Murmullo, del corregimiento de Batata, en el municipio de Valencia. (Prueba No. 42)

  180. El 13 de julio de 1999, AQUILINO PEREZ fue asesinado a machetazos por personal militar que se encontraba realizando operativos en las veredas La Resbalosa y Mulatos. Su cuerpo fue despedazado. Aquilino, quien dejo 3 hijos menores, de 11, 9 y 5 años, había sido retenido junto con Guillermo Padierna Borja y Julio Cesar Guisao, quien resultó herido por la acción de los soldados, pero fueron dejados en libertad. (Prueba No. 43)
  181. El 11 de julio de 2001, a las 12:20 horas, a la Comunidad de Paz le fue hurtado un cacao que era trasportado para ser vendido en la ciudad de Medellín, en inmediaciones de la finca Coldesa, ubicada sobre la vía principal que une a Apartadó con Medellín, por paramilitares.

    Los paramilitares detuvieron el camión y obligaron a su conductor y ocupantes a bajarse en la carretera. Dos paramilitares se subieron al vehículo y lo regresaron a Apartadó. Otros dos internaron a los ocupantes a caminar durante 25 minutos hacia una finca que se conoce como Nueva Vida, donde permanecieron retenidos hasta las 15:00 horas. Pasado ese tiempo fueron puestos en libertad, indicándoles que el camión estaba ya en el camino sin carga y que "su objetivo ya estaba cumplido".

    A las 15:20 horas, en el corregimiento de Currulao, municipio de Turbo, unidades militares que patrullaban la carretera principal fueron vistos dialogando con dos de los paramilitares involucrados en el hurto de los productos comunitarios.

    Entre los participes del hecho fue identificado un militar que 15 días atrás había conformado un grupo de soldados que realizaban operativos de control en la vereda La Balsa, o sea el 13 de junio de 2001. (Prueba No. 42)

  182. El 19 de julio de 2001, a campesinos de la Comunidad de Paz les fue impedido el paso para movilizarse hacia un área de trabajo comunitario ubicada a cinco minutos del caserío de San José por la carretera que se dirige a Apartadó, por militares que tenían instalado un retén. (Prueba No. 43)
  183. El 22 de julio de 2001, siendo la 01:40 horas los integrantes de la Comunidad de Paz fueron sorprendidos con los ruidos de disparos y a eso de las 02:20 horas con el lanzamiento de luces de bengala en el propio caserío de San José de Apartadó, por militares que se encontraban en el lugar desde días atrás.

    Los militares habían puesto un sitio de control e impedían el paso a los campesinos a sus lugares de trabajo comunitario. (Prueba No. 43)

  184. El 30 de julio de 2001, ALEXANDER GUZMÁN, campesino de 16 años de edad, fue herido y posteriormente murió como consecuencia de esas heridas, en hechos sucedidos en la vereda La Unión, del corregimiento de San José de Apartadó, por militares de las Brigadas XVII y XI del Ejército que venían realizando operativos militares por varias Veredas.

    Desde el 25 de julio los militares llegaron a la vereda Piedras Blancas y allí acamparon. El 26 de julio se trasladaron a la vereda La Cristalina; el 27 a la vereda Buenos Aires y el 29 de julio a la vereda La Linda, para llegar el 30 a la vereda La Unión.

    En esta última vereda, llegaron unos 15 hombres fuertemente armados, se acercaron al caserío y citaron obligadamente a todos sus pobladores a una reunión. Muchos de los habitantes se negaron a salir, aduciendo su condición de neutralidad como Comunidad de Paz, sin embargo fueron amenazados y algunos golpeados para que concurrieran a la citación, diciéndoles que "si no salen, los matamos".

    Una de las personas retenidas fue Alexander Guzmán, quien en un descuido de sus captores intentó huir, pero fue alcanzado por ráfagas de fusil, y no obstante herido logró esconderse. .

    Los militares en la reunión con los pobladores les manifestaron "no corran que todo el caserío está rodeado. En la Unión estamos 300 hombres y otros 200 se encuentran ubicados en Nueva Antioquia. Somos 5000 hombres para dominar la Serranía de Abibe". Aseguraron que ellos habían cometido la masacre de la Unión del 8 de julio de 2000 porque eran puros guerrilleros, que querían que la Comunidad trabajara con ellos, porque iban a instalar una base militar en esa zona e iban a controlar el paso de mercados.

    Preguntaron por los líderes de la Comunidad y por la persona encargada del manejo del teléfono comunitario y de los sistemas de comunicación radial. Robaron dinero y víveres de la Comunidad.

    Esta situación provocó el desplazamiento forzado de 55 familias campesinas que pertenecen al proceso de la Comunidad de Paz. (Prueba No. 44)

    Alexander, luego de correr por un corto trayecto, herido, fue a acostarse junto a una quebrada donde falleció. Su cadáver fue hallado por miembros de la Comunidad, una vez se alejaron los victimarios.

  185. El 18 de agosto de 2001, siendo las 9:00 horas, un campesino de la Comunidad de Paz fue detenido arbitrariamente, en la finca La Roncona, casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó, por militares. (Prueba No. 45)
  186. El 18 de agosto de 2001, siendo las 11:00 horas, un campesino de la Comunidad de Paz fue detenido arbitrariamente, en el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó, por militares. (Prueba No. 45)

    A las 9:00 horas de ese mismo día, en la finca La Roncona los militares también habían detenido arbitrariamente a otro campesino.

  187. El 18 de agosto de 2001 siendo las 13:00 horas, un conductor de un carro distribuidor de gaseosas que surtía a San José de Apartadó y su esposa, cuyos nombres no fue posible establecer, fueron asesinados en un puente ubicado en el sitio Caracolí, por la carretera Apartadó - San José, cuando fue interceptado el vehículo por un grupo de hombres armados. Unos metros más adelante de donde sucedió el hecho, se encontraba instalado un reten militar.

    El vehículo fue interceptado por varios hombres armados con fusiles, uno vestido con prendas militares y otro de civil. Momentos antes estos individuos habían interceptado en el mismo lugar una chiva de servicio público que se dirigía a San José. Delante de todos sus pasajeros, los agresores desviaron el camión de gaseosas, dieron muerte a sus ocupantes y prendieron fuego al automotor.

    Cinco minutos después, la Chiva fue retenida nuevamente por militares que tenían instalado un retén en la Empacadora de la Comunidad de Paz, muy cercana al lugar de los hechos. (Prueba No. 45)

  188. El 23 de agosto de 2001, siendo las 10:00 horas, un campesino miembro de la Comunidad de Paz fue detenido arbitrariamente y amenazado en la vereda La Unión, del corregimiento de San José de Apartadó, por militares.

    Los militares que llegaron al caserío se identificaron sin embargo con carnés de las AUC y tras pasarle un machete por el cuello al campesino lo amenazaron diciéndole que "somos expertos en masacres en la zona", "Nuestra meta es acabar con la Comunidad de Paz". Insistentemente le preguntaban por los nombres de los líderes comunitarios.

    A las 13:15 horas se pudo confirmar que en la vereda La Unión se encontraban militares pertenecientes a la Brigada XVII al mando del Teniente Cevallos y según la Vicepresidencia de la República "se trataba de una acción oficial". El campesino sólo fue dejado en libertad hacia las 15:00 horas.

    Este día 23 de agosto se había dado el retorno de los desplazados que habían tenido que abandonar la vereda, después de los hechos ocurridos el 30 de julio de 2001, cuando fue asesinado Alexander Guzmán. (Prueba No. 45)

  189. El 29 de agosto de 2001, siendo las 13:00 horas, fue interceptado un vehículo de servicio público en el barrio El Mangolo en la carretera que de Apartadó conduce a San José, por agentes de la Policía que se movilizaban en motocicleta, diciéndole a los pasajeros que "hombres armados de civil que se encontraban en el puente eran agentes de Seguridad del Estado". Estos dos hombres han actuado en anteriores hechos contra habitantes de la zona, identificándose como miembros de las AUC. (Prueba No. 46).
  190. El domingo 23 de septiembre de 2001, hacia las 15:30 horas, fue retenido un vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó a San José, en un retén militar instalado a la altura de la vereda La Balsa. Los militares sometieron a interrogatorios a dos personas que llevaban mercado y les preguntaban quiénes vendían comida en San José. Luego los militares le manifestaron a los ocupantes del vehículo que ellos "tenían que darle a todos los que estaban al frente de esa h.p comunidad, para poder acabarla"; que "siguieran pasándole comida a la guerrilla por un rato", pues "próximamente vamos a gozar nosotros cuando veamos acabar y matar a todo el mundo en San José, para que no se pueda volver a levantar esa h.p. comunidad". Luego los dejaron continuar su camino.
  191. El 16 de noviembre de 2001 fue retenida en un retén militar, en la vereda Los Mandarinos, HILDA RUIZ MONTOYA, siendo luego asesinada por los mismos militares. Había declarado repetidas veces en la Fiscalía y ante la Comisión de Impulso a las Investigaciones que fue creada en el año 2000 con participación de varios organismos de control del Estado, acerca de la masacre perpetrada en la vereda de La Unión el 8 de julio de 2000. Todo indica que esa fue la causa de su asesinato.
  192. El 23 de noviembre de 2001, siendo las 15:00 horas, la menor de edad LUZ ELENA GARCÍA fue detenida arbitrariamente cuando viajaba por el camino que cruza la quebrada La Sucia en la vereda La Linda, del corregimiento de San José de Apartadó, por militares que actuaban en compañía de un encapuchado que la acusaba de ser guerrillera.

    Los militares habían instalado un retén en donde tenían al encapuchado. Al ser retenida la menor, éste la acusaba de ser guerrillera, lo que ella desmintió y le decían, "no mienta, toda la gente por aquí es guerrillera. Esa Comunidad de Paz es pura guerrilla". Finalmente los militares la dejaron en libertad pero le advirtieron "esta vez no la matamos, pero si la volvemos a ver, ahí se va a saber qué le pasa" (Prueba No. 47)

  193. El 23 de noviembre de 2001, siendo las 16:00 horas, el menor de edad RODRIGO ÚSUGA fue detenido arbitrariamente cuando viajaba por el camino que del caserío del corregimiento de San José de Apartadó conduce a la vereda La Unión, por militares que lo acusaban de ser guerrillero.

    Los militares habían instalado un retén donde le preguntaron por su nombre y lo anotaron en un cuaderno y lo compararon con un listado y le decían al menor "estamos anotando estos nombres para tener toda la lista de los guerrilleros. Todo el mundo aquí es guerrillero"

    Durante los días posteriores, 24 y 25 de noviembre, se repitieron las requisas y controles a los campesinos. (Prueba No. 47)

  194. El 2 de diciembre de 2001, a las 13:00 horas, una campesina del corregimiento de San José de Apartadó fue detenida arbitrariamente en el sitio Caracoli por efectivos del Ejército que tenían instalado allí un retén militar.

    La campesina se movilizaba en un vehículo de servicio público y llevaba mercado, razón por la cual le decían los militares que era para la guerrilla. "Dígale a la guerrilla que baje por el mercado, en esa Comunidad lo que existen son guerrilleros, nosotros sabemos que están pasando mucho mercado para la guerrilla" (Prueba No. 47)

  195. El 5 de diciembre de 2001, a las 16:30 horas, la vivienda del campesino RODRIGO GONZALEZ, ubicada en el camino que del caserío de San José conduce al de La Unión, fue allanada ilegalmente por efectivos del Ejército, quienes también lo interrogaron por su pertenencia a la Comunidad de Paz y señalaron que ésta era una comunidad guerrillera. (Prueba No. 47)
  196. El 15 de diciembre de 2001, a las 19:30 horas, HENRY TUBERQUIA LONDOÑO fue asesinado en el interior de su vivienda, ubicada en el casco urbano de San José de Apartadó, por tres hombre armados y vestidos con prendas de uso privativo de las FFMM que le dispararon en repetidas ocasiones. Según la necropsia, el cadáver presentaba 10 impactos de arma de fuego.

    A escasos tres minutos del caserío había presencia militar ubicada sobre la carretera que de San José conduce a Apartadó y por ese mismo lugar entraron y salieron los agresores. (Prueba No. 48)

  197. El 17 de diciembre de 2001, a las 13:00, la campesina ENADIS LUGO sufrió un intento de violación carnal en su propia vivienda, ubicada en la vereda Buenos Aires del corregimiento de San José de Apartadó, por un soldado que llegó cuando Enadis se encontraba en compañía de sus pequeños hijos y tras forcejear ella logró huir.

    El militar ingresó a la fuerza empujando a Enadis diciéndole: "te voy a violar, te voy a hacer el amor", empezando un forcejeo en el que ayudaron los hijos menores de la víctima, logrando escapar después del lugar.

    En el sitio La Sucia, ubicado a cinco minutos de la residencia de Enadis, había presencia del Ejército.

    Enadis había puesto en conocimiento de las autoridades de control, como la Procuraduría, la denuncia de los hechos, en la visita que funcionarios de esta entidad hicieron a la Comunidad entre el 12 y 13 de febrero. El día 20 de febrero de 2002, personal militar, entre 15 y 20 hombres, se acercaron hasta su vivienda buscándola, con su nombre completo e identificación personal, lo que provocó el desplazamiento forzado de su familia.

    Igualmente, el 15 de marzo de 2002, soldados del Batallón Bejarano Muñoz se trasladaron hasta la residencia de Enadis preguntando por ella. (Pruebas 49, 50 y 51)

  198. El 18 de diciembre de 2001, a las 18:40 horas, el campesino GILBERTO SALAS fue golpeado e intentaron asesinarlo cuando fue bajado de un vehículo de servicio público en el que se movilizaba por la carretera Apartadó - San José, paramilitares que lo acusaban de ser guerrillero.

    Los paramilitares le exigieron a todos los 13 ocupantes del vehículo que se identificaran para registrarlos en un cuaderno. Luego les dieron la orden de continuar la marcha. 500 metros más adelante volvieron a detener el automotor y obligaron a Gilberto a descender, lo golpearon y lo arrojaron a un pantano y lo amenazaban de muerte. Le decían a todos los pasajeros que se voltearan porque "vamos a matarlo, nosotros no vamos a jugar, vamos a acabar con todo San José".

    Le apuntan a Gilberto y dicen que van a empezar, cuando a menos de 30 metros apareció un camión del Ejército y provocó que los paramilitares salieran huyendo mientras le decían a la gente "vamos a estar aquí, mirando duro". Al llegar los soldados le dijeron a los pasajeros "súbanse tranquilos que aquí no pasó nada", pero tampoco salieron en persecución de los agresores. (Prueba No. 49)

  199. El 1º de enero de 2002, a las 9:00 horas, la campesina MARIA GRIMANESA FLOREZ VINASCO, de 15 años de edad, fue violada en el camino que del caserío de San José conduce a la vereda Miramar, en el sitio La Sucia, por un uniformado del Ejército que la retuvo a la fuerza. La víctima llevaba consigo un bebé de escasos meses de nacido.

    El soldado salió al camino cuando ella caminaba con su hijo de seis meses de nacido, la interceptó y con un fusil la amenazó y la obligó a desvestirse y luego la sometió a acceso carnal violento.

    El día anterior, el Ejército había pasado por el caserío de San José de Apartadó. (Prueba No. 52)

  200. El 2 de enero de 2002, a las 19:30 horas, IVÁN VELÁSQUEZ fue asesinado en su vivienda, ubicada en el sitio conocido como La Batea, del corregimiento de San José de Apartado, por paramilitares que se movilizaban en una camioneta.

    A las 15:00 horas, dos hombres en una motocicleta, vestidos de civil, encapuchados y con armas cortas, habían llegado hasta el lugar. Más tarde, regresan en una camioneta siete hombres que hicieron tender en el piso a todos los moradores, mientras subían al vehículo bultos de cacao, fríjol, maíz, diversos artículos de una tienda familiar que poseía Iván, y dinero en efectivo.

    Luego de asegurar en la camioneta la carga, obligaron a Iván a trasladarse con ellos y al poco tiempo se escucharon varios disparos. Los paramilitares tomaron rumbo al Barrio Policarpa, ubicado a 10 minutos del lugar de los hechos, en el cual hay fuerte presencia paramilitar. (Prueba No. 53)

    Una vez llegaron al sitio los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, lanzaron frases intimidatorias contra los familiares de la víctima y juicios de valor contra éste. (Prueba No. 54)

  201. El 10 de enero de 2002 a las 06:00 horas, a la Comunidad de Paz le fue hurtada una carga de 10.300 kilos de cacao y 40 kilos de pasilla en el sitio Coldesa, del corregimiento El Tres, del municipio de Turbo, por paramilitares.

    La carga era movilizada en un camión de la Empresa Trasportadora La Sierra, con dirección a la ciudad de Medellín, cuando varios hombres armados y en una especie de retén, pararon el vehículo y lo desviaron de la carretera principal hacia una platanera, a unos 30 minutos de camino. Luego hicieron bajar al conductor y al ayudante manteniéndolos privados de la libertad hasta las 13:00 horas.

    Una funcionaria de la Empresa de Trasportes La Sierra se comunicó con la Comunidad de Paz y les informó que los paramilitares habían dicho que esos productos eran de la guerrilla y que para devolverlos tenían que hablar con ellos, a lo que se negó la Comunidad.

    Hacia las 20:00 horas apareció el vehículo sin la mercancía. (Prueba No. 53)

  202. El 14 de febrero de 2002, la campesina MORELIA DE JESUS GIRALDO TUBERQUIA, de 33 años de edad, fue detenida desaparecida cuando se dirigía de la Terminal de Trasportes a la Plaza de Mercado de Apartadó, por dos hombres uniformados.

    Dos días antes, el 12 de febrero, Morelia había sido abordada en la misma Terminal de Trasportes por alías Torolo, cuya identidad es Heliodoro Benítez, quien le manifestó que deseaba conversar con ella. (Prueba No. 55)

  203. El 1º de marzo de 2002, a las 14:15 horas, los pasajeros de un vehículo de servicio público que se dirigían hacia San José de Apartadó, fueron interceptados y hurtados los mercados, en un retén paramilitar que se instaló en el sitio Tierra Amarilla, en la carretera que de Apartadó conduce a San José.

    Entre los autores de los hechos se encontraba alías Torolo, cuya identidad es Helidoro Benítez. Obligaron a los pasajeros a descender del vehículo y se apoderaron de dos de los mercados. Manifestaron que habían convocado a una reunión a los comerciantes de San José y que estos no habían asistido y les advirtieron que controlarían los alimentos desde la Terminal de Trasportes. (Prueba No. 56)

  204. El 30 de marzo de 2002 a las 01:40 horas, GILMA ROSA GRACIANO fue asesinada por paramilitares y su cuerpo apareció en el sitio Nueva Colonia, del municipio de Turbo, el día 31 de marzo.

    Gilma había sido bajada de un vehículo de servicio público que transitaba por la carretera entre Apartadó y San José, en el sitio Tierra Amarilla, junto con Orfidia Sánchez y una religiosa, quienes lograron huir del control paramilitar. A escasos 4 minutos de este lugar existía un retén militar que habían cruzado con antelación.

    Los paramilitares les manifestaron a los demás pasajeros del vehículo, después de revisar sus documentos de identidad, que podían seguir la marcha "que no tienen problema, pues el problema es con éstas" y se las llevaron.

    Minutos antes de los hechos, el señor Éulises Trejos quien transportaba bebidas y dulces hacia San José, fue detenido por el mismo grupo de paramilitares, obligándolo a devolverse hacia Apartadó. En el trayecto fue abordado nuevamente por un hombre de civil y armado que lo presionó a movilizarlo hacia el corregimiento de Currulao en Turbo. En un lugar de control militar fue visto en conversación con los uniformados el reconocido paramilitar alías Torolo, cuyo nombre es Heliodoro Benítez.

    A Gilma sus captores la llevaron por un potrero, de allí a una platanera que se encuentra al terminar el barrio El Mangolo. Luego de cruzar el retén militar, la subieron a un carro rojo que se encontraba estacionado a 40 metros del retén militar. De allí la movilizaron por la carretera principal de Apartadó a Turbo.

    Desde el 1º de marzo de 2002 se había instalado en el sitio Tierra Amarilla un periódico retén paramilitar controlando las personas y los víveres de los habitantes de San José de Apartadó. A escasos minutos de ese lugar permanecía un retén del Ejército en el barrio El Mangolo, (Pruebas Nros. 57 y 58)

  205. El 4 de abril de 2002 a las 16:00 horas, REYNEL ALVAREZ, conductor de uno de los vehículos afiliados a la Cooperativa que prestaba servicio a la Comunidad de Paz, fue asesinado en la carretera que de Apartadó conduce a San José, a 100 metros del sitio Tierra Amarilla, por paramilitares.

    Fue obligado a descender del automotor que conducía por dos hombres vestidos de civil, con cachuchas y armados, quienes luego de tratarlo mal de palabra, le dieron la espalda y le dispararon en cinco ocasiones.

    Reynel era quien conducía el vehículo el día 30 de marzo del cual bajaron a Gilma Rosa Graciano y a Orfidia Sánchez, a la primera de las cuales asesinaron. (Prueba No. 59)

  206. El 12 de abril de 2002, OSIEL MONTOYA conductor de uno de los vehículos afiliados a la Cooperativa que presta servicio a la Comunidad de Paz, fue asesinado en la carretera que de Apartadó conduce a San José en el sitio Tierra Amarilla, por paramilitares.

    En menos de 15 días, en este mismo lugar se han producido con éste tres asesinatos, en idénticas circunstancias. Las otras víctimas son Gilma Rosa Graciano y Reynel Álvarez. Igualmente civiles armados de la estrategia encubierta del Estado realizan retenes y controlan las personas y los víveres, los cuales se vienen agravanado desde el 1º de marzo de 2002.

    El 10 de abril a las 14:15 horas, siete hombres de civil y armados retuvieron un vehículo de trasporte público y exigieron a todos los pasajeros los documentos de identificación, luego los dejaron seguir. Ese mismo día a las 18:00 horas, ese vehículo fue nuevamente retenido por los paramilitares quienes manifestaron que "si siguen subiendo alimentos, así sea acompañados por policías y militares, los matamos".

    Estos hechos dieron lugar a que desde ese momento se suspendiera todo servicio de trasporte público y al bloqueo alimentario que afectaría a toda la Comunidad de Paz y a los habitantes del Corregimiento de San José de Apartadó. (Prueba No. 60)

  207. El 16 de abril de 2002, GONZALO TREJO, conductor de uno de los vehículos afiliados a la Cooperativa que presta servicio a la Comunidad de Paz, fue asesinado en su casa de habitación ubicada en el barrio Alfonso López, del municipio de Apartadó.

    A raíz de este nuevo asesinato de conductores, se disolvió la Cooperativa de Trasportadores formada para solucionar el problema de trasporte hacia la Comunidad de Paz de San José.

    Este nuevo hecho agrava el bloqueo alimentario ya que los comerciantes también se niegan a vender productos para la Comunidad de Paz. El Alcalde manifestó que prestaría una volqueta del municipio pero que no había conductores disponibles para trasladar los alimentos que donaría la Cruz Roja Internacional. Finalmente el día 24 de abril, ingresó un camión con víveres a cargo de diversas entidades gubernamentales, sin embargo, soldados del Batallón Bejarano Muñoz filmaron a los campesinos cuando recibían los alimentos. Posteriormente esas fotografías circularían en algunas embajadas, como "pruebas" de que la Comunidad de San José le lleva mercados a la guerrilla. (Pruebas Nros. 61 y 62)

  208. El 29 de abril de 2002 entre las 06:00 y las 07:00 horas, FERNANDO PUERTA, campesino, miembro de la Comunidad de Paz e integrante de un grupo de producción comunitaria, fue asesinado en la vereda Playas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó, por un grupo de paramilitares. (pruebas 63 y 64)
  209. El 1º de mayo de 2002, DARIO GRACIANO USUGA, ALEXANDER GRACIANO CARDONA y SAMUEL GRACIANO POZO, campesinos, fueron asesinados en la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó, por un grupo paramilitar que se encontraba en la zona desde días atrás.

    Los paramilitares eran aproximadamente unos 200, vestidos con uniformes camuflados y brazaletes de las AUC que ingresaban a las casas de los campesinos y los señalaban como guerrilleros.

    No obstante darse aviso a las autoridades, la Fiscalía no quiso realizar las diligencias de levantamiento de los cadáveres y los familiares tuvieron que inhumar los cuerpos.

    El grupo de paramilitares continuó tranquilamente su marcha por las veredas y se reportaron explosiones y posibles enfrentamientos en el área. Esto provocó que los pobladores se desplazaran forzadamente. (Prueba No. 65)

  210. El 4 de mayo de 2002, a las 11:15 horas, a los campesinos de la vereda La Unión, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, les fue hurtada ropa, víveres y animales, por un grupo de paramilitares que ingresó al caserío procedente de la vereda El Porvenir.

    Los paramilitares saquearon 12 viviendas hurtando prendas de vestir, utensilios, dinero, toda la alimentación que habían obtenido por la ayuda otorgada a raíz del bloqueo alimentario, 10 mulas, aves de corral, sillas de montar y aparejos.

    Ya en las veredas Playas Altas y El Porvenir habían asesinado a Fernando Puerta, el 29 de abril y Darío Graciano Úsuga, Alexander Graciano Cardona y Samuel Graciano Pozo, el 1° de mayo de 2002, por lo cual se encontraban los campesinos desplazados, debido a esto tal vez no se presentó ninguna víctima mortal en la vereda La Unión.

    El grupo de paramilitares salió de la vereda La Unión y advirtieron que iban para San José a "acabar con esos guerrilleros".

    Las autoridades nacionales fueron informadas de todos estos hechos el día 4 de mayo a las 13:00 horas, sin embargo, el grupo de paramilitares se trasladó del área sin ninguna respuesta de la Fuerza Pública. En efecto, un grupo salió por La Unión en dirección a la vereda El Guineo, y otro por el camino real que de La Unión conduce al Caserío de San José. (Prueba No. 65)

  211. El 5 de mayo de 2002, a las 07:00 horas, FABIO LEON GRACIANO CARDONA, HELIODORO LOPEZ y LUIS ALFONSO RUIZ MONROY, campesinos, fueron detenidos arbitrariamente en la vereda El Guineo, del corregimiento de San José de Apartadó, por el grupo de paramilitares que venía incursionando por las veredas El Porvenir y La Unión, obligándolos a servir de guías para salir de la zona hacia Turbo, a donde llegaron y fueron recibidos por camiones en la carretera.

    Estos camiones recibieron a los heridos y los cadáveres y demás uniformados, así como a los animales y objetos sustraídos del caserío de La Unión el 4 de mayo.

    Los campesinos fueron dejados en libertad hacia las 10:00 horas de la mañana. (Prueba No. 65)

  212. El 6 de mayo de 2002, MOISÉS SEPÚLVEDA, de 48 años de edad, fue detenido desaparecido en el casco urbano del municipio de Apartadó, por paramilitares.

    La última vez que fue visto fue hacia las 15:00 horas cuando hacía compras de mercado en el Supermercado "El Consumo" ubicado a la salida de Apartadó, donde usualmente permanecen los paramilitares intimidando a los campesinos y controlando la adquisición de víveres. Un caballo en el cual se transportaba Moisés fue entregado a un familiar el día 8 de mayo a las 11:00 horas, al haberlo encontrado amarrado en la carretera central. (Prueba No. 65)

  213. El 13 de mayo de 2002, un joven NN de 14 años de edad, fue asesinado en la vereda Mulatos, y a varios pobladores de esa misma vereda les fueron incendiadas tres casas de habitación y la escuela rural, por el Ejército, durante enfrentamientos registrados con las FARC que duraron hasta el 25 de mayo.

    Las viviendas destruidas pertenecían a Myriam Tuberquia, a quien además le sacaron la ropa y la quemaron en el patio y se llevaron una vajilla, 45 gallinas y 5 marranos. La de Simeón Durango, que quedó totalmente incinerada y se le llevaron todos sus animales, al igual que las de Tulio Osorno, Leo Osorno, Gilberto Arias, Arnulfo Oliveros y a Darío Tuberquia, a quienes les robaron ropa, animales, una vajilla y mercado. (Prueba No. 66)

  214. El 15 de mayo de 2002, a las 18:45 horas, los habitantes del caserío de San José fueron sorprendidos por explosiones y luces de artefactos que eran disparados desde la finca La Cooperativa, ubicada en la carretera que de Apartadó conduce a San José, por militares que habían llegado 15 minutos antes, procedentes de La Victoria, en dos vehículos.

    Los artefactos explosivos hicieron impacto en 8 casas y la escuela rural del caserío de la vereda Bellavista y en La Cristalina. (Prueba No. 64)

  215. El 18 de mayo de 2002, a las 13:00 horas, FABIO N. conductor de vehículos de servicio público que prestan servicios a la comunidad, fue asesinado en la carretera que de Apartadó conduce a San José, en el sitio Tierra Amarilla, por los paramilitares que mantienen el bloqueo económico y que desde hace mucho tiempo permanecen en ese lugar.

    El vehículo en el que se movilizaba en el momento de los hechos había sido asignado por la Alcaldía de Apartadó para trasportar personal docente y un médico hacia la Comunidad de Paz de San José. Y era el mismo automotor de donde bajaron y asesinaron a Reynel Álvarez el 9 de abril de 2002.

    Los paramilitares habían dicho públicamente, el 17 de mayo, que si la Comunidad de Paz necesitaba médicos y profesores que bajen hasta el casco urbano de Apartadó. A todos estos impedimentos para que la Comunidad tenga acceso a servicios de salud y educación se suma el sistemático bloqueo económico que se ha agudizado desde el 1º de marzo de 2002.. (Prueba No. 66)

  216. El 16 de junio de 2002, a las 12:30 horas, MIGUEL ÁNGEL OSORIO DAVID, de 44 años de edad, campesino que participaba en proyectos de auto- sostenibilidad económica promovidos por la Comunidad, fue asesinado en la Terminal de Trasportes de Apartadó, por paramilitares.

    La Terminal de Trasportes de Apartadó es un sitio de fuerte control paramilitar y donde se hace permanente seguimiento a los miembros de la Comunidad de Paz y pobladores de San José. (prueba No. 67)

  217. El 21 de junio de 2002 fue desaparecida, en cercanías del caserío de San José de Apartadó, ALEIDA ARIZA. Se cree que este crimen fue ejecutado por integrantes de las FARC.
  218. El 24 de junio de 2002, a las 11:30 horas, JAIME OVIDIO HIGUITA TORRES, miembro de la Comunidad de Paz, fue asesinado en la Terminal de Trasportes de Apartadó, por paramilitares.

    La terminal de Trasportes de Apartadó es un sitio de fuerte control paramilitar y donde se hace permanente seguimiento a los miembros de la Comunidad de Paz y pobladores de San José. El 16 de junio había sido asesinado Miguel Ángel Osorio David en idénticas circunstancias. (Prueba No. 68)

  219. En el mes de junio de 2002, en el barrio Las Brisas de Apartadó, cuando ya se dirigía de regreso a San José, fue asesinado por paramilitares GUILLERMO CALLE.
  220. El 26 de julio de 2002, JOSE ALIRIO GONZALEZ, residente en el caserío de San José, fue asesinado en inmediaciones de la Terminal de Trasportes de Apartadó, por paramilitares

    La víctima se había dirigido a Apartadó a vender un bulto de limones, cuando fue retenido y asesinado con un machete, degollándolo. Veinte días antes de su muerte, José Alirio había sido interrogado por un hombre desconocido en la Terminal de Trasportes acerca de su lugar de residencia, sus actividades y advirtiéndole que ya se tendrían que volver a ver. (Prueba No. 69)

  221. El 28 de julio de 2002, entre las 19:30 y las 19:45 horas, JORGE ELIÉCER ATEHORTUA fue asesinado y su cuerpo apareció cerca del cementerio del caserío de San José de Apartadó. Se atribuye el crimen a insurgentes de las FARC, pese a que en ese lugar es frecuente la presencia de personal militar. (Prueba No, 70)
  222. En el mes de julio de 2002 fue asesinado PEDRO VARGAS, al parecer por un comando insurgente.
  223. El 20 de octubre de 2002, ARNULFO TUBERQUIA, campesino, fue detenido desaparecido, en la vereda La Unión, y LUIS ARNOLDO DAVID fue detenido ilegalmente en la vereda El Porvenir, por unos cincuenta paramilitares que ingresaron a la zona procedentes de Nueva Antioquia, a eso de las 15.:30 horas.

    En el caserío de La Unión permanecieron los paramilitares hasta las 21:00 horas. Reunieron a los pobladores, los ultrajaron de palabra y los amenazaron, hurtaron grabadoras, alhajas y ropa. A la salida, se llevaron a Arnulfo, del cual se desconoce su paradero.

    En el recorrido, en la vereda El Porvenir, distante de La Unión unas dos horas, detuvieron a LUIS ARNOLDO DAVID, a quien dejaron en libertad el 21 de octubre a eso de las 11:30 horas. (Pruebas Nros. 71 y 72)

  224. El 21 de octubre de 2002, a las 13:30 horas, los campesinos NELSON ÚSUGA y CARLOS ALCARAZ, fueron detenidos arbitrariamente en la vereda El Porvenir, por los paramilitares que ingresaron desde el día domingo 20 de octubre a la vereda La Unión, del corregimiento de San José de Apartadó, y siguieron su recorrido hacia la vereda El Porvenir.

    Los campesinos solo recobraron su libertad ese mismo día hacia las 19:30 horas, ya de noche. (Pruebas Nros. 71, 72 y 73)

  225. El 24 de octubre de 2002, DIOFANOR CORREA, campesino, fue detenido desaparecido en la vereda Las Nieves, del corregimiento de San José de Apartadó, por los paramilitares que estaban incursionando en la zona y habían ingresado a la vereda La Unión.

    Ese mismo día ingresó un contingente del Ejército y se tomó el caserío de La Unión, que estaba desocupado debido al desplazamiento de sus pobladores, motivado por la incursión paramilitar ocurrida cuatro días antes. Los militares ocuparon las casas de los campesinos, saquearon sus despensas, sacrificaron los animales domésticos como cerdos y gallinas y robaron y destruyeron numerosos enseres de los pobladores. (Prueba No. 74)

  226. El 26 de octubre de 2002, dos campesinos de la vereda El Porvenir fueron detenidos arbitrariamente por la misma tropa del ejército que se encuentra ubicada en el caserío de La Unión, y comunicaron que la gente desplazada de La Unión era de una comunidad guerrillera y por ello estaban desplazados, además que le rogaran a Dios que era el único que iba a salvarlos de una masacre.

    Estas amenazas por parte del Ejército, unidas a las hechas por los paramilitares el 20 de octubre, demuestran que la Comunidad no tiene garantías donde está el Ejército, ya que ellos mismos han amenazado con masacrar a la comunidad al igual que los paramilitares.

    El día de la detención de los campesinos, al intimidarlos les advirtieron de una inminente masacre contra la comunidad de Paz, acusándolos de ser guerrilleros o sus auxiliadores.

    Sólo el día 24 de octubre, una vez se había producido la retirada de los paramilitares, tropas del Ejército llegaron a la vereda La Unión, donde permanecieron acantonadas, sin respetar los principios tutelares de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

    Para el día lunes 28 de octubre, se había previsto el retorno a la vereda La Unión. Sin embargo, la actitud de los militares de tomarse el caserío y de ocupar las casas y los puestos de trabajo, ha impedido que las familias regresen a su comunidad.

    El Ejército desde que está en el caserío de La Unión se ha dedicado a terminar lo poco que dejaron los paramilitares en su entrada el 20 de octubre. Comisiones de la Comunidad y de religiosas que han subido a verificar la situación, comprobaron cómo se han comido las gallinas, los marranos, han robado y destruido enseres de las casas y materiales para los embarques de primitivo. (Prueba No. 74)

  227. En el mes de octubre de 2002, un comando al parecer de las FARC que incursionó en la vereda El Porvenir, asesinó a la señora INÉS JIMÉNEZ.
  228. El 4 de noviembre de 2002, los campesinos ROSA JIMÉNEZ y SAMUEL URREGO que se encontraban en actividades agrícolas, y JOSE DE LOS SANTOS BERRIO, su hijo de 14 años de edad, FACTOR TORRES y DIOFANOR CORREA, fueron detenidos arbitrariamente por un grupo de paramilitares que incursionó en las veredas El Porvenir y Las Nieves, cercanas al caserío de La Unión, donde se encontraba acampando el Ejército desde el 24 de octubre.

    El día 9 de noviembre dejaron en libertad a cinco de ellos y continuaron con Arnulfo Tuberquia, detenido desaparecido desde el 20 de octubre, y Diofanor Correa, de 55 años de edad, desde el 24 de octubre de 2002.

    En su recorrido por estas veredas, los paramilitares le anunciaban a los pobladores que iban a permanecer en la zona puesto que contaban con el apoyo del Ejército. Afirmaron repetidas veces: "Ahora sí podemos hacer lo que nos dé la gana; ahora podemos contar con el apoyo de los primos; vamos a acabar con la Comunidad de Paz de San José". Cuando una campesina les preguntó quiénes eran "los primos", le respondieron: "no se hagan los pendejos, son los militares". (Prueba No. 75)

  229. El 7 de noviembre de 2002, en las horas de la mañana, las tropas del Ejército que habían invadido el caserío de La Unión, se retiraron, dejando el caserío arrasado por el pillaje, y en la tarde del mismo día 200 paramilitares que desde el 4 de noviembre recorrían las veredas de El Porvenir y Las Nieves reteniendo a campesinos, aterrorizándolos con amenazas y anunciando que iban a acabar definitivamente con la Comunidad de Paz, invadieron nuevamente La Unión, donde permanecieron hasta el sábado 9 de noviembre, cuando se dirigieron hacia las veredas de Chontalito, Las Nieves y La Esperanza, y luego a su base en Nueva Antioquia. Durante su permanencia mantuvieron retenidos a tres campesinos que habían llevado desde la vereda Las Nieves y antes de irse los dejaron libres, pero se llevaron retenido a DIOFANOR CORREA, de 55 años, cuyo paradero se ignora desde entonces, quedando en calidad de desaparecido.
  230. El 8 de noviembre de 2002, las tropas del Ejército que mantenían un retén en la carretera entre Apartadó y San José de Apartadó, se retiraron en la mañana, y en la tarde se instaló allí mismo un retén paramilitar. Hacia las 16.30 horas del mismo día, varios paramilitares en moto siguieron un vehículo de servicio público y lo hicieron detener a la altura del barrio El Mangolo, donde estaban apostados otros paramilitares, saqueando los mercados de todos los pobladores. Anunciaron a todos los pasajeros su intención de "acabar con la gente de san José y de todas sus veredas porque son guerrilleros", y les dijeron que si querían recuperar sus mercados tendrían que presentarse en la heladería "Sillas Rojas", ubicada frente a la Terminal del Transporte de Apartadó, el sábado 9 de noviembre.
  231. El sábado 9 de noviembre de 2002, los paramilitares que habían permanecido desde el día 7 en el caserío de La Unión, a las 13.00 horas se encontraron con tropas del Ejército y cocinaron juntos el almuerzo. Luego departieron hasta las 15.00 horas, cuando los paramilitares se enrutaron hacia Chontalito, Las Nieves y la Esperanza y el Ejército permaneció en La Unión.
  232. El martes 12 de noviembre de 2002, a las 13.30 horas, tropas del Ejército que permanecían en la vereda Caracolí, a 2 kilómetros del casco urbano de San José, sobre la carretera que conduce a Apartadó, retuvieron a un campesino durante media hora. En ese lapso de tiempo le insistieron en que tenía que llevarle un mensaje a la Comunidad de San José: que muy pronto los paramilitares iban a entrar a San José a quemarlo todo y a masacrar a todo el mundo y que las tropas del Ejército iban a estar muy contentas mirando cómo ardían las casas, para que por fin fuera exterminada esa "h. P. Comunidad de Paz". Luego de repetirle el mensaje, lo dejaron continuar su camino. El campesino, lleno de terror, se dirigió a la Comunidad a transmitir el mensaje. (Prueba No. 76)
  233. El miércoles 13 de noviembre de 2002, a las 11.30 horas, irrumpieron en el casco urbano de San José de Apartadó dos grandes camiones y otro vehículo con tropas del Ejército y de la Policía. Se hicieron presentes 25 policías, 35 militares, la Fiscal 41 Especializada de Apartadó y dos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Los funcionarios de la Embajada, acompañados por un grupo de policías y militares, continuaron a pié hacia el caserío de La Unión. Entre tanto varios policías ingresaron a la escuela y exigieron conversar con los alumnos. Las educadoras se opusieron y tuvieron que clausurar imprevistamente las actividades escolares. Los funcionarios de la Embajada afirmaron que querían constatar si el caserío de La Unión realmente estaba militarizado y de hecho lo encontraron desmilitarizado, aunque la comunidad tenía certeza de que hasta el domingo 10 el Ejército lo mantenía ocupado. La ingenuidad de los funcionarios norteamericanos no alcanzó a percibir que si su presencia estaba avisada y escoltada por el Ejército, con toda seguridad iba a ser desocupado de antemano para que no lo encontraran bajo ocupación militar y pudieran "informarle" a la comunidad internacional que "era falsa la ocupación militar". En los alrededores de La Unión, los visitantes solo pudieron ver a un grupo de desplazados que había ido a recoger yuca y a unas religiosas que los acompañaban, pues el gobierno se había negado a atender humanitariamente a las 58 familias desplazadas. Al regresar al casco urbano de San José, los funcionarios de la Embajada solicitaron conversar con la Comunidad y con sus líderes, pero éstos les explicaron que con la presencia de actores armados no hablaban y les reclamaron por su atropello a los reglamentos de la Comunidad al llevar consigo a gente armada, violando los espacios humanitarios de la Comunidad. Hacia las 17.00 horas los funcionarios de la Embajada y su acompañantes militares y policiales se marcharon.
  234. El 28 de noviembre de 2002, luego de varios meses de insistencia, la Cancillería convocó a diversas agencias del Estado y a delegados de organizaciones internacionales, para tratar de responder a los requerimientos hechos por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, que en su Resolución del 18 de junio de 2002 había exigido al gobierno nacional la adopción de MEDIDAS PROVISIONALES en favor de la Comunidad de Paz de San José y que en el No. 7 de su parte resolutiva ordenaba: "Requerir al Estado que, de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, establezca un mecanismo de supervisión continua y de seguridad permanente en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los términos de la presente Resolución". A pesar de que la Comunidad había formulado y sustentado sus tres peticiones desde septiembre anterior ante la Vicepresidencia, la reunión evidenció un estado lamentable de desinformación, descoordinación y falta de voluntad por parte de las agencias del Estado. Quien tenía el poder de decisión en el caso, el delegado de la Vicepresidencia, Sr. Carlos Franco, solo estuvo pocos minutos y se retiró de la reunión. Los demás delegados del gobierno y del Estado adujeron "no tener poder de decisión". Por esto, la reunión se terminó sin llegar a ninguna conclusión.
  235. El 2 de diciembre de 2002, cuando cuatro miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, WILSON DAVID, LUIS EDUARDO GUERRA, ARLEY TUBERQUIA y EDUAR LANCHERO, se desplazaban por la carretera que de Bucaramanga conduce a Tunja, en un pequeño camión de la Comunidad utilizado para comercializar sus productos, a unos 10 kilómetros de Tunja fueron retenidos por la Policía de Carreteras, requisados y llevados a Tunja donde les quitaron sus teléfonos celulares, sus documentos de identidad, sus libretas de apuntes, sus agendas y sus fólderes con escritos y documentos, todo lo cual fue registrado minuciosamente en computadores por un grupo de personas en trajes civiles que no se identificaron y que los trataron con extrema grosería y ultraje. Cuando fueron retenidos en la carretera, lo que encendió la ira de los policías fue descubrir indicios de que tenían algo que ver con grupos de Derechos Humanos, al encontrar en sus fólderes documentos de la reunión que había tenido lugar cuatro días antes, el 28 de noviembre, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá, a la cual fueron convocados delegados de diversas agencias del Estado para tratar el caso de las Medidas Provisionales pedidas por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en favor de la Comunidad de Paz. Los policías de la patrulla de placas 08631, al mando de un Teniente Ortiz, afirmaron: "la gente de derechos humanos es la que tiene tan mal el país y si logramos acabar con esa gente el país se arreglará", por eso informaron por sus radios que "tenemos cuatro individuos sospechosos". En los interrogatorios injuriosos a que fueron sometidos en Tunja, los policías y personas de civil que los interrogaron y registraron todo apunte en computadores, identificaban toda reunión de derechos humanos y todo acompañamiento a comunidades desplazadas como "apoyo a la guerrilla", en medio de tratos humillantes y ultrajantes. Gracias a la rápida protesta internacional y nacional que se hizo sentir sobre la Cancillería, la Vicepresidencia y otras agencias del Estado, los miembros de la Comunidad fueron dejados en libertad esa tarde, pero quienes los retuvieron ilegalmente se negaron a devolverles varios de sus documentos. Cuando el 13 de febrero de 2003, varios miembros de la Comunidad fueron retenidos en la Brigada XVII del Ejército y luego conducidos a la Fiscalía de Apartadó, a causa del montaje que les hicieron para tratar de hacer aparecer explosivos en un vehículo donde se movilizaban varios miembros del Consejo Interno de la Comunidad, la Policía de Apartadó los llamó ilegalmente a interrogatorios, en una oficina ubicada frente a la Fiscalía, en el centro comercial Apartacentro, de Apartadó, donde les hicieron muchas preguntas sobre los hechos de Tunja del 2 de diciembre, quedando en evidencia que habían sido reseñados en supuestos "informes de inteligencia" que circularon nacionalmente a través de la institución policial, todo por el "delito" de estar relacionados con una Comunidad de Paz, con desplazados y con trabajos de defensa de los derechos humanos y quizás por ser beneficiarios de Medidas Provisionales otorgadas por la CORTE INTERAMEICANA DE DERECHOS HUMANOS. (Pruebas No. 77 y 78)
  236. El 8 de diciembre de 2002, un grupo de campesinos de la Comunidad de Paz de San José se dirigió a la vereda La Unión, del corregimiento de San José de Apartadó, con el propósito de recolectar cacao de sus parcelas, pero encontraron alojados en el interior de sus viviendas a miembros del Ejército, residiendo en ellas y cargando sus equipos de comunicaciones. Al ser cuestionados, manifestaron que los campesinos ya no podían volver a la zona porque la zona era de ellos (de los militares) y que iban a llevar su propia gente a trabajar y habitar esas tierras. (Prueba No. 79)
  237. El 22 de diciembre de 2002, un grupo de campesinos de la Comunidad de Paz fue amenazado en la vereda La Unión por personal militar que se encontraba asentado allí desde el 24 de octubre anterior y que permanece ocupando las viviendas de los campesinos y consumiendo sus productos. Estos hechos han impedido que las 58 familias de La Unión, desplazadas desde el 20 de octubre anterior, hayan podido retornar a su lugar de origen. (Prueba No. 80).
  238. El 3 de enero de 2003 el Ejército dejó una granada en los cultivos comunitarios de la vereda La Unión. A ello se suman continuas amenazas que los militares hacen contra el proceso de la Comunidad de Paz, ya que en varias oportunidades los militares han manifestado, en casas de civiles, que La Unión es de ellos y que no van a permitir el retorno de la gente; que si la gente retorna, la van a masacrar. Tales expresiones han sido reiterativas. El mismo 3 de enero, a las 15:40 horas, tres soldados que ingresaron a la casa de un civil, repitieron idénticas amenazas. (Prueba No. 81) .
  239. El 22 de enero de 2003, los pobladores del caserío de La Unión, integrantes de la Comunidad de Paz, quienes solo dos días antes habían retornado a sus lugares de residencia, se vieron intimidados por un numerosos grupo de militares que se asentó nuevamente, en horas de la noche, en el caserío y en los lugares de trabajo de la Comunidad, poniendo en riesgo a todos los retornados. Se acercaron a las viviendas y exigieron de la población que les vendieran víveres, como para obligarlos a violar el Reglamento Interno de la Comunidad. (Prueba No. 82)
  240. El 3 de febrero de 2003, LUBIÁN DE JESÚS TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue abordado por un primo suyo, WILSON GUZMÁN TUBERQUIA, en la ciudad de Apartadó, para invitarlo a trabajar con el Ejército Nacional, con el fin de colaborar en una estrategia tendiente a desintegrar la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, mediante acusaciones que llevaran a sus líderes a la cárcel o alternativamente a darles muerte a través de acciones de unidades paramilitares. Para motivarlo a aceptar la propuesta, le informó que el Ejército estaba pagando sumas muy altas por ese tipo de colaboraciones.

    Como Lubián no aceptó la oferta, su primo lo siguió buscando en los días posteriores para tratar de convencerlo. Para forzarlo a aceptar, le informó que él figuraba en una lista de "milicianos" que tenían en la Brigada XVII del Ejército y que si no aceptaba la propuesta se iba a ver envuelto en problemas judiciales.

    Al saber que su nombre figuraba en una lista de "milicianos", Lubián le explicó a su primo que eso no tenía fundamento, pues él no colaboraba con ningún grupo armado, siguiendo los principios de la Comunidad de Paz a la cual pertenecía, y le pidió que le ayudara a conseguir una cita con el General de la Brigada para explicarle eso y para pedirle que "le arreglara el problema". Pocos días después su primo Wilson Guzmán le comunicó que el General de la Brigada había concedido la cita para el 7 de febrero y que tal cita sería en el centro comercial Apartacentro, donde se encuentran las oficinas de la Fiscalía.

    Lubián acudió a la cita el 7 de febrero de 2003 a las 14.00 horas, en Apartacentro. Allí llegaron dos personas en trajes civiles, uno de ellos se le presentó como General y el otro como Teniente del Ejército. El General le manifestó a Lubián que se lo imaginaba de más edad y que sabía que estaba vivo "de pelito", pues en una ocasión habían ordenado asesinarlo en el caserío de La Unión, el 30 de julio de 2001, pero dado que los encargados de matarlo huyeron rápido después de asesinar a Alexander Guzmán, a última hora habían decidido no matarlo. En efecto, el 30 de julio de 2001 Lubián se encontraba con Alexander Guzmán en la Unión cuando se produjo una incursión paramilitar en medio de la cual fue asesinado Alexander.

    Cuando Lubián le solicitó al General sacarlo de la lista de "milicianos" ya que eso no correspondía a la verdad, pues él no tenía ninguna relación con esos grupos, el General le respondió que solamente lo haría si trabajaba con el Ejército acusando a los líderes de la Comunidad de Paz de San José, y que en caso contrario su situación seguiría igual. El General sacó de su maletín un cuaderno con membretes del Ejército y le mostró a Lubián la página donde figuraba su nombre. Lubián pudo observar que allí figuraban también otros miembros de la Comunidad de Paz, como Wilson David, Eduar Lanchero, Amanda Úsuga, Arturo David, Alberto Rodríguez y Marina Osorio.

    Luego de que el General se negara a escuchar la petición de Lubián, en su presencia conversó con su primo Wilson Guzmán, el cual le manifestó al General que él sí estaba decidido a colaborar con el plan de exterminio de la Comunidad de Paz y estaba listo a declarar en la Fiscalía contra varios de sus líderes. Enseguida el General y Wilson Guzmán hicieron planes, en presencia de Lubián, para acusar a los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de varios crímenes, con el fin de someterlos a procesos judiciales que implicaran su privación de la libertad: a Wilson David, actual presidente del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, lo acusarían de haber "asesinado" a Gustavo Guzmán, hermano de Wilson Guzmán, desaparecido meses antes luego de irse con la guerrilla; a Eduar Lanchero, acompañante de la Comunidad en representación de organizaciones no gubernamentales, lo acusarían de ser "financista de las FARC" y de "haber asesinado a Henry Tuberquia"; a Amanda Úsuga la acusarían de "llevarle encargos a la guerrilla"; a Arturo David lo acusarían de "informarle a la guerrilla sobre los movimientos del Ejército" y así planearon otras acusaciones contra miembros de la comunidad. El General le explicó a Wilson Guzmán, en presencia de Lubián, que si la Fiscalía no emitía contra ellos órdenes de captura con la rapidez que ellos querían, entonces enviarían a los paramilitares para que los asesinaran más rápidamente.

    Al despedirse, el General le advirtió a Lubián que si no colaboraba con ellos "lo buscaría donde fuera necesario" y que le quedaría muy difícil escaparse de su control, ya que el Ejército está en todo el país. A su vez, su primo Wilson Guzmán, después de la cita con el General, le dijo que si regresaba a la Comunidad de Paz o contaba lo que había escuchado, él mismo lo mandaría a matar.

    Lubián no encontró otra alternativa que escaparse de la región para poder denunciar dichos planes criminales, antes de que fuera demasiado tarde. En efecto presentó personalmente su denuncia ante diversas autoridades del Estado. (Prueba No. 83)

  241. El 9 de febrero de 2003, a las 11.15 horas, un grupo de fiscales provenientes de Medellín y Bogotá llegaron al caserío de San José con una fuerte escolta policial y pocos minutos después llegaron allí mismo delegados de la Embajada de los Estados Unidos acompañados por reporteros de medios masivos de comunicación y el Director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Los fiscales pretendían avanzar en la "Comisión de Investigación" creada desde el año 2000, a pesar de que conocían los cuestionamientos que la Comunidad hacía a dicha Comisión y a pesar de que uno de ellos estuvo presente en la reunión del 28 de noviembre anterior, en la Chancillería, donde se insistió en la necesidad de evaluar el fracaso de dicha Comisión. Los visitantes no respetaron el repudio que manifestaron los miembros de la Comunidad por la presencia no consultada de reporteros y fotógrafos y abusivamente los autorizaron para grabar y filmar. Los fotógrafos se dedicaron a filmar intensamente a los voceros de la Comunidad. Tampoco se respetó el repudio de la comunidad a realizar reuniones mientras se daba presencia de fuerza pública y acorralaron a preguntas y con cámaras a los voceros de la Comunidad. A pesar de todo, algunos de los presentes, al escuchar los relatos de solo algunos de los atentados contra la Comunidad, quedaron espantados y prometieron hacer algo para denunciar lo que ocurría, lo que tampoco hicieron.
  242. El martes 12 de febrero de 2003 , un vehículo de servicio público que se desplazaba entre Apartadó y San José fue interceptado por el Ejército en la vereda Caracolí, a pocos minutos de San José. Los militares pidieron sus cédulas a todos los pasajeros y se las devolvieron rápidamente, pero se quedaron con la cédula de AMANDA ÚSUGA, una de las personas cuya "judicialización" había sido planeada entre el supuesto General de la Brigada XVII y Wilson Guzmán, en su conversación en Apartacentro, nueve días antes. Los militares ordenaron luego a los pasajeros que cada uno reconociera y tomara consigo su equipaje, quedando sin ser reconocida por nadie una pequeña caja de cartón. Los militares procedieron entonces a abrir dicha caja y buscar en su interior algo que parecía que sabían que contenía. Luego reportaron que en la caja había algunos materiales explosivos y una nota escrita en papel, en la cual figuraba el nombre de una "Amanda" como destinataria de dicha caja, la cual debía entregar luego a unos supuestos "milicianos". Todos los pasajeros del vehículo fueron incomunicados y esa misma noche llevados ilegalmente detenidos a las instalaciones de la Brigada XVII, donde permanecieron hasta el sábado o domingo siguientes, pues solo eran dejados en libertad en la medida en que iban rindiendo declaraciones ante una Fiscal en Apartadó. Sin embargo la Señora Amanda Úsuga fue sindicada de "porte de explosivos" y sometida a indagatoria y luego cobijada con medidas de aseguramiento. Esa misma noche del martes 12 de febrero, tropas del Ejército en varios camiones, acompañados por unidades de la Fiscalía, del DAS y del CTI, se tomaron el caserío de San José y allanaron varias residencias, llevando solo en un caso una orden judicial; sometieron a interrogatorios a muchas personas, y cuando las personas afirmaban que no colaboraban con ningún grupo armado, en alusión a su Reglamento asumido desde hace 6 años, los militares se burlaban de ellas y afirmaban que "estaban adoctrinadas por la guerrilla".

    Durante su permanencia en la Brigada XVII algunos soldados insultaron a los pasajeros del vehículo ilegalmente retenidos, entre los cuales se encontraban varios miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, y los amenazaban gritándoles que si ellos los hubieran capturado les hubieran cortado la cabeza inmediatamente. Además varios oficiales los sometieron a interrogatorios ilegales en los cuales preguntaron insistentemente por otros miembros del Consejo y de la Comunidad: como Javier Sánchez, Luis Eduardo Guerra y Jesús Emilio Tuberquia, dando a entender con sus preguntas que a todos ellos los consideraban "cómplices de la guerrilla".

    La Comunidad de Paz reunió después elementos fidedignos que llevaron a interpretar como un montaje planificado por la Brigada XVII la interceptación del vehículo y el "hallazgo de la caja con explosivos", todo dirigido a dañar el buen nombre de la Comunidad y a incoar procesos judiciales en contra de algunos de sus integrantes y dirigentes. Los elementos que la comunidad ha recaudado son los siguientes:

    1. Ya desde la Terminal de Transportes de Apartadó, antes de que el vehículo que fue interceptado partiera, se notaba una intensa vigilancia militar y movimientos extraños de gente sospechosa. El mismo conductor se lo manifestó así a algunos pasajeros y les dijo que por esa razón iba a partir antes de la hora prevista.
    2. En el barrio El Mangolo, de Apartadó, abordó el vehículo una persona desconocida, con botas, corte de pelo y porte militar, quien estuvo observando intensamente a Amanda Úsuga, hasta descender en La Balsa, sitio de habitual presencia militar.
    3. Los soldados que interceptaron el vehículo no habían establecido ningún retén previo en la carretera, sino que esperaron ocultos en el bosque y salieron expresamente a interceptar este vehículo cuando se aproximó al sitio de Caracolí.
    4. Los soldados que interceptaron el vehículo le pidieron las cédulas a todos los pasajeros y se las devolvieron rápidamente, pero se quedaron con la cédula de Amanda Úsuga, antes de inspeccionar los equipajes y de descubrir la supuesta "caja con explosivos".
    5. Mientras esto ocurría en la carretera, entró a la Comunidad una llamada telefónica de la Fiscalía de Apartadó para preguntar si Amanda Úsuga estaba desaparecida. Minutos después entró una segunda llamada de la misma Fiscalía para preguntar qué tipo de ropa llevaba ese día Amanda Úsuga.
    6. Poco tiempo después de que el vehículo fuera interceptado, llegaron al sitio, a pié, unos soldados con chalecos de unidades de "Antiexplosivos", lo que muestra que se encontraban en las cercanías del lugar, esperando el momento para hacer una inspección de explosivos ya planeada de antemano.

    Posteriormente, elementos recaudados de diversos testigos vinculados de una u otra forma con líderes paramilitares de la zona, durante los meses de marzo y abril de 2003, permitieron reconstruir más completamente el incidente. Según dichos testimonios, la caja fue colocada en el vehículo por paramilitares, quienes habían previsto interceptar el vehículo a poca distancia de Apartadó, en el sitio El Mangolo, donde han mantenido su habitual retén, y allí asesinar a varias líderes de la Comunidad de Paz que viajaban como pasajeros, difundiendo luego la noticia de que llevaban una caja de explosivos con ellos, lo cual podría ser verificado y ratificado por los investigadores oficiales y los medios de comunicación, al encontrar la caja de cartón que ellos habían colocado en el vehículo. Sin embargo, como el vehículo pasó por el sitio antes de la hora calculada y los paramilitares aún no habían llegado al sitio, un líder paramilitar se comunicó por teléfono con una patrulla del Ejército que estaba más arriba, cerca de Caracolí, y le dio instrucciones para interceptar el vehículo y encontrar la caja con explosivos, y dentro de ella el papel donde figuraba el nombre de Amanda Úsuga. Los militares tuvieron que bajar a prisa desde donde estaban para salirle al paso al vehículo, y en efecto, quienes iban en él los vieron bajando a toda prisa hacia la carretera. Estos elementos fueron recogidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, en Bogotá, en mayo de 2003. (Prueba No. 83)

  243. El 17 de febrero de 2003, en una acción que trascendió los extremos de la infamia y de la perversidad "informativa", el diario EL MUNDO, de Medellín, en su página A 6, se refirió a la interceptación del vehículo junto al caserío de Caracolí y a la retención de sus 11 pasajeros, como a una captura de "11 supuestos integrantes del frente Otoniel Álvarez, de las FARC, en momentos en que transportaban explosivos y municiones". Allí mismo transcribe los nombres completos de los 11 pasajeros, información que dice haber obtenido del General Pauxelino Latorre Gamboa, Comandante de la XVII Brigada.
  244. El 18 de febrero de 2003, el Comandante de la XVII Brigada del Ejército Nacional con sede en Carepa, Antioquia, General Pauxelino Latorre Gamboa, envió a los medios de comunicación el "Boletín de Prensa No. 5", en el cual "informaba a la comunidad nacional e internacional" sobre la interceptación del vehículo, el 12 de febrero, junto al caserío de Caracolí, como parte de la "Operación Fortuna", realizada por miembros del Batallón de Ingenieros No. 17 General Bejarano Muñoz. Destaca que fue incautado material de guerra, añadiendo más elementos de los que registró la Fiscalía, y presenta a los 11 ocupantes del vehículo, cuyos nombres suministra, como "todos miembros de esta comunidad de paz (...) donde los tres primeros son miembros del Consejo Interno de dicha comunidad", afirmando enseguida que "las personas y el material incautado fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Especializada el mismo día de su retención". Afirma que dicho material estaría destinado a cometer acciones terroristas por parte de las FARC, material que "de ninguna manera debía encontrarse en manos de miembros de una comunidad que se autodefinen como "neutrales activos" dentro del actual conflicto y que este tipo de actos delictivos lo que presentan ante la realidad nacional e internacional, es la manipulación de estas zonas con miras a ocultar los nexos y actividades vinculadas con el terrorismo". Fuera de pretender ignorar todos los aspectos ilegales y arbitrarios que tuvo esa retención colectiva así como los episodios concomitantes, el General hace interpretaciones a todas luces extralimitadas y abusivas contra la Comunidad de Paz; anticipa los veredictos de la justicia y manipula los datos en orden a difamar a los integrantes y a los líderes de la Comunidad. Pero como es muy difícil creer que él no estuviera enterado de antemano del montaje urdido en este episodio por militares y paramilitares, es difícil no leer el comunicado como una pieza clave del montaje mismo, cuyos objetivos de difamación y deslegitimación de la Comunidad de Paz quedan patentes ante cualquier análisis desprevenido del conjunto del episodio. (Prueba No. 104)
  245. El 20 de febrero de 2003, el diario EL MUNDO, de Medellín, en su página A 6, redunda en su infamia "informativa" contra la Comunidad de Paz de San José, haciéndose eco del Comunicado emitido por el General Pauxelino Latorre, Comandante de la Brigada XVII, reproduciendo y divulgando la vil calumnia, fruto de un montaje que no podría haber ignorado el General Latorre. Ese mismo día, aunque con un poco más de moderación, acusando solo a la persona que fue blanco directo del montaje, el diario EL TIEMPO divulgó apartes del Comunicado del General Latorre, matizándolo con declaraciones de la Corporación Jurídica Libertad que suministró elementos de análisis que permitían desvelar el montaje. Sin embargo, cuando la Comunidad de Paz emitió su COMUNICADO sobre los hechos, luego de reunir los elementos de juicio pertinentes, EL TIEMPO se negó a publicarlo.
  246. El 22 de febrero de 2003, el diario EL COLOMBIANO, de Medellín, en su página 11 A, bajo el título "Investigan hallazgo de explosivos en San José", se suma a la difamación de la Comunidad de Paz publicando declaraciones exclusivas del General Latorre, sin esfuerzo alguno por consultar la versión de las víctimas, utilizando como única fuente la del Ejército.
  247. El 12 de marzo de 2003, 40 efectivos de la Brigada XVII ocuparon el caserío de La Unión, integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre las 16.00 y las 17.45 horas, y el caserío central de San José desde las 17.00 horas. Muchos pobladores se aterrorizaron al escuchar lo que los militares comunicaban por sus radios, a saber: "ya hemos entrado a la comunidad guerrillera y ya la tenemos acabada; con el actual gobierno del Presidente Uribe las cosas sí funcionan; junto con los ‘primos’ (paramilitares) todo lo tenemos ganado".(Prueba No. 84)
  248. El 13 de marzo de 2003, en la carretera que de Apartadó conduce a San José de Apartadó, a pocos minutos de Apartadó fue interceptado el vehículo en que se movilizaba la Señora MARTA VELÁSQUEZ, persona que no está inscrita en la Comunidad de Paz pero que habita en San José y vende víveres. Cuatro hombres armados, con trajes civiles, la obligaron a descender del vehículo, le robaron todo el mercado que llevaba y la obligaron a continuar a pié hasta San José. Le advirtieron que toda persona que transite con mercados por allí será asesinada. (Prueba No. 84)
  249. El 15 de marzo de 2003, a las 10.00 horas, tropas del Ejército llegaron a la vereda La Linda, de San José de Apartadó, ingresaron a la casa del Señor JESÚS RIVERA y lo obligaron a conducirlos hasta la escuela del lugar. A las 16.00 horas los militares regresaron a la casa del Señor Rivera y en presencia de su esposa y sus hijas menores de edad lo sacaron violentamente, amarrado, lo llevaron a la escuela y lo sometieron a torturas, incluyendo disparos junto a su cuerpo para aterrorizarlo, métodos de asfixia y golpes en el cuerpo, mientras le decían que tenía orden de captura por ser guerrillero, lo cual era falso, y que debía "entregarse" y trabajar con ellos, acusando a quienes ellos le dijeran, y que en ese caso recibiría muy buena remuneración en dinero y le darían una finca y una casa, así como seguridad para él y su familia. Él negó todos los cargos y propuestas y finalmente lo obligaron a firmar, bajo amenaza de muerte, una constancia de "buen trato". (Prueba No. 84)
  250. El 17 de marzo de 2003, a las 17.00 horas, fue retenido ilegalmente por miembros del Ejército el Señor ANTONIO VARELA, a media hora del caserío principal de San José, en dirección al sur-oriente, cerca al Río Mariano. Los militares le dijeron que su nombre figuraba en una lista de personas para matar porque eran guerrilleros. Cuando él respondió que nunca había tenido nada que ver con la guerrilla, le respondieron que si quería que le quitaran la pena de muerte tenía que trabajar con ellos acusando a la gente que ellos le dijeran. El se negó y se reafirmó en su condición de campesino ajeno a toda organización armada. Entonces le tomaron fotografías y continuaron amenazándolo. Luego lo sometieron a torturas durante una hora y media, que incluían simulacros de fusilamiento. Finalmente lo obligaron bajo amenazas a firmar una constancia de "buen trato". (Prueba No. 84)
  251. El 18 de marzo de 2003, fue gravemente herida y luego falleció la menor de tres años de edad MILDREY DAYANA DAVID TUBERQUIA, en la vereda La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó, como consecuencia de disparos de arma de fuego de largo alcance realizados por miembros del Ejército Nacional. La pequeña fue ultimada cuando se encontraba en los brazos de su abuela, no obstante suplicarle a los militares que no dispararan.

    Siendo las 10:30 horas, el padre de la menor, CONRADO DAVID, dos hijas suyas de 3 y 5 años de edad, junto con la abuela de éstas, Alba Rosa David, regresaban de su lugar de trabajo a la vivienda. En el trayecto, Conrado se adelantó y detrás venían caminando la abuela cargando a Mildrey, y la otra pequeña caminando. En el recorrido Conrado se encontró con personal del Ejército que de inmediato lo retuvo, lo tiraron al suelo y lo obligaron a quitarse las botas. Le preguntaban por la guerrilla, que si se encontraba en el sector. Éste les manifestaba que no había visto nada, que por allí no andaban, sin embargo lo amenazaban que si venía la guerrilla o escuchaban tiros lo mataban. Conrado les advertía que por ahí no había presencia guerrillera, que las únicas personas que venía caminando por el sector eran su madre y sus dos hijas pequeñas. Minutos después escuchó los disparos que le cegarían la vida a una de sus hijas.

    La abuela que venía caminando a escasa distancia de Conrado se encontró de frente con tres soldados que le apuntaron con sus fusiles. Ella les suplicó que no fueran a disparar, que ella venía solo con sus dos pequeñas nietas. No obstante los ruegos angustiosos, los soldados dispararon hiriendo a Mildrey a quien ella traía en sus brazos. De inmediato un soldado le retiró a la niña y se pusieron en comunicación por radio buscando hacer llegar hasta el lugar un helicóptero, el cual nunca se hizo presente. Pasada una hora y media emprendieron el descenso hacia el caserío de San José a donde llegaron dos horas después. Allí se encontraba una ambulancia esperándolos. Pero la pequeña murió en el camino, en la carretera a Apartadó, en el sitio Caracolí.

    Varios soldados siguieron con Conrado David hacia el hospital donde le practicaron la necropsia a Mildrey, posteriormente un Juez Penal Militar le tomó declaración sobre los hechos asumiendo el conocimiento de la investigación penal. Por su parte el Ejército mantuvo retenida a la abuela en inmediaciones del caserío de San José, insistiéndole que debía declarar que la muerte de la niña se había producido debido a un enfrentamiento con la guerrilla, a lo cual se negó de manera contundente porque los hechos no sucedieron como lo afirmaban los uniformados. Más tarde se hizo presente el mismo Juez Penal Militar a tomarle declaración. Solo hasta altas horas de la noche pudieron recuperar el cuerpo de la menor para llevar a cabo el entierro.

    Según boletín de prensa de la Brigada XVII, la muerte de la menor Mildrey Dayana David se presentó como producto de un enfrentamiento sostenido con la insurgencia y la investigación por estos hechos está siendo adelantada por la Justicia Penal Militar.

    El día viernes 4 de abril de 2003 la familia de la menor Mildrey Dayana, que se encuentra desplazada de su lugar de habitación luego del asesinato de su hija por efectivos del Ejército, arrimó a su vivienda ubicada en la vereda La Cristalina en busca de utensilios y ropa, así como para verificar el estado de sus cultivos y se encontró con que la misma había sido asaltada. Les fueron robados los víveres, utensilios de cocina como ollas, platos y destruidas camas y colchones.

    En la vivienda se encontró, en un almanaque, un escrito que decía "si quieren recuperar los víveres llámenos al Batallón 26 que se los traemos, pero con plomo Hipueputas. Y pónganos una cita pero para pelear hijueputas"

    Es de señalar que en la vereda se ha mantenido la presencia militar por parte del Ejército, al igual que en las inmediaciones del caserío de San José y en ocasiones se ha militarizado el propio casco urbano, esto ha dado lugar a que se incrementen los controles y retenes por parte de efectivos militares, señalando e inculpando a los campesinos como auxiliadores o comprometidos con la subversión. (Pruebas Nros 85 y 86)

  252. El 26 de marzo de 2003, los jóvenes CARLOS VARGAS y ALBERTO TUBERQUIA, salieron del caserío de San José de Apartadó a trabajar en una parcela ubicada sobre el camino que conduce al caserío de La Unión, adscrito a la Comunidad de Paz. Mientras iban saliendo del caserío encontraron a unos soldados que les hicieron ráfagas pero ellos lograron esquivar las balas. Luego los soldados los retuvieron ilegalmente, los condujeron a una casa donde tenían retenidas a dos mujeres y trajeron de una casa vecina 3 libras de sal y 6 bolsas de leche y se las pusieron al pié para fotografiarlos; también colocaron junto a ellos morrales pertenecientes a los soldados. Entre tanto los soldados comunicaban por radio a sus superiores que "habían capturado a 4 guerrilleros que llevaban mercados y uniformes para la guerrilla". En este montaje e intimidación los mantuvieron por una hora.(Prueba No. 86)
  253. El 1° de abril de 2003, tropas del Ejército hicieron presencia en la hacienda La Cooperativa, ubicada a la salida de San José hacia Apartadó, propiedad y lugar de trabajo colectivo de la Comunidad de Paz. Allí dejaron un morral con equipos militares. Cuando la Comunidad se percató del hecho, lo puso en conocimiento del Defensor del Pueblo, quien se hizo presente y levantó un acta sobre el hecho, con el fin de que el mismo no sirviera de pretexto para acusar a la comunidad de actividades militares o relaciones con grupos armados. (Prueba No. 87)
  254. El 11 de abril de 2003, a las 13.00 horas tropas del Ejército se tomaron el caserío de La Unión, ingresaron en las habitaciones sin dar ninguna explicación y tomaron las casas como trincheras disparando desde ellas.(Prueba No. 87)
  255. El 12 de abril de 2003, tropas del Ejército instalaron dos retenes, uno a la salida del caserío de La Unión y otro a la salida del caserío de La Cristalina. A todos los campesinos que pasaban por allí les pedían las cédulas y anotaban sus datos en una lista, afirmando que estaban elaborando una "lista de guerrilleros de la región". A varias personas les retuvieron sus cédulas para obligarlas, bajo chantaje, a ir a comprarles comida, obligándolas así a violar uno de los artículos del Reglamento de la Comunidad de Paz, que prohíbe vender alimentos a actores armados. Les decían que para recuperar sus cédulas tenían que comprarles alimentos. A algunos niños les dijeron que si no les compraban alimentos iban a golpear a sus padres. (Prueba No. 87)
  256. El 15 de abril de 2003, tropas del Ejército penetraron al caserío de La Unión y tomaron los caballos de la Comunidad. Solo a ruego de las religiosas que dirigen la escuela, los devolvieron más tarde. (Prueba No. 87)
  257. El mismo día 15 de abril de 2003, tropas del Ejército instalaron un retén en la salida de San José hacia La Unión y obligaron a varias personas que pasaron por allí a desnudarse para requisarlas.
  258. El 15 de abril de 2003, a las 10: 30 a.m. entró una ambulancia y una moto con dos personas armadas, en trajes civiles, y se ubicaron frente a la escuela del caserío de San José. La ambulancia y estas personas de la moto permanecieron por casi dos horas y luego salieron. En el mismo momento entró una comisión de siete fiscales, solicitando que se siguiera con las declaraciones para las investigaciones que adelantaban. Conversaron con dos miembros de la comunidad quienes les manifestaron su intención de apoyar la labor de la Fiscalía, en momentos en que se definiera por parte del Gobierno Colombiano lo concerniente a una profunda evaluación de la Comisión de Investigación de los hechos sistemáticos cometidos en contra de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y que está desde el 23 de septiembre de 2002, pendiente de acordarse con los órganos del Estado encargados de la implementación de las Medidas Provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y no obstante hacerse múltiples peticiones solicitando esa evaluación, aun no se ha dado respuesta. Las dos personas de la Comunidad que interlocutaron con los funcionarios de la Fiscalía, fueron filmadas y grabadas. (Prueba No, 87)
  259. El 15 de abril de 2003, hacia la 1:30 p.m. un campesino de la Comunidad de Paz, junto con su hijo, fueron retenidos en la salida del caserío de San José de Apartadó hacia la Unión, por unidades del Ejército que tenían instalado un retén. Los hicieron entrar en una casa y allí lo obligaron a quitarse varias prendas de vestir para requisarlos, al niño lo apartaron y comenzaron a preguntarle por la guerrilla, el papá les dijo que era un niño y que lo respetaran, al decir esto los soldados lo amenazaran de muerte. De igual manera a las personas que pasan por el retén les dicen que son guerrilleros.

    Al día siguiente, 16 de abril, el Ejército volvió a instalar otro retén en el casco urbano de San José, en la salida para la vereda La Unión. Allí requisan a las personas que transitan y hace bajar las cargas con los productos agrícolas y víveres que movilizan los campesinos. La Comunidad se disponía a trasladar 22 bultos de arena hacia la vereda La Unión para hacer reparaciones en la casa de habitación de las Religiosas que acompañan la Comunidad y los hicieron destapar y regar por el suelo, sin dejarlos movilizar. Ante la insistencia de los miembros de la Comunidad para que los dejaran continuar la marcha los militares se negaron.

    La Comunidad dejó entonces los bultos de arena en el retén y no se responsabilizó si se presenta alteraciones en su contenido. Ello debido a la persecución que se viene desarrollando por parte del Ejército en su contra. (Prueba No. 87)

  260. El 19 de abril de 2003, pobladores de la Comunidad de Paz que estaban cultivando fueron abordados por tropas del Ejército quienes les dijeron que no podían trabajar en esas tierras porque esas tierras eran de ellos (de los militares) pues ellos las habían "conquistado". Los militares obligaron a los miembros de la Comunidad de Paz a irse "si no querían tener problemas". Dichos terrenos son propiedad de la Comunidad de Paz. (Prueba No. 88)
  261. El 19 de abril de 2003, PEDRO OQUENDO DAVID, de la Comunidad de Paz, fue detenido arbitrariamente en un retén instalado en La Balsa, en la vía que de Apartadó conduce a San José, por efectivos del Ejercito. Momentos antes, en el sitio conocido como La Platanera, en el barrio El Mangolo, sobre la misma vía, se presentó otro retén paramilitar que retuvo por varios minutos a las mismas personas que se desplazaban para San José en un vehículo de servicio público, requisando a todos sus ocupantes. (Prueba No. 88)
  262. El mismo día 19 de abril de 2003, veinte hombre armados en trajes civiles, interceptaron un vehículo de servicio público que de Apartadó se dirigía a San José, bajaron los mercados que allí se llevaban y se los robaron mientras le advertían a los pasajeros que todo el que llevara mercado para San José sería asesinado. También les advirtieron que iban a acabar con la Comunidad de San José y que podrían llorar y denunciar todo lo que quisieran, que eso ya no servía para nada, pues tenían pleno respaldo de "los primos" (militares) y por eso ya nadie los detendría. A 20 minutos de allí, en el sitio La Balsa, había un retén militar, y a pesar de que se les comunicó lo que estaba pasando en el retén paramilitar, no hicieron nada.
  263. El 20 de abril de 2003 fue detenido arbitrariamente por tropas del Batallón 26 del Ejército, en la vereda Bellavista, en el sitio conocido como Caño Seco, del corregimiento de San José de Apartadó, el Señor ROBERTO ELÍAS CARDONA CORREA, de 48 años, quien se encontraba en compañía de otras personas en el momento de su detención. Por varios días se ignoró su paradero y se creyó que un cadáver bajado por militares en una mula y abandonado en la vereda Caracoló, era el suyo. Luego se comprobó que no era y más tarde Roberto Elías apareció. (Prueba No. 105)
  264. El 25 de abril de 2003, a las 11:30 horas, tropas del Ejército ingresaron al caserío de San José de Apartadó y se desplegaron por todas sus calles. Afirmaban que esta militarización se hacía por órdenes de General Comandante de la Brigada XVII, General Pauxelino Latorre Gamboa, y del Alcalde de Apartadó. Cuando se le comunicó el hecho al Obispo de Apartadó, Monseñor Germán García Isaza, éste habló con el Alcalde quien manifestó que él no había dado ninguna orden al respecto. Los militares afirmaban que tenían que adoctrinar a los niños y jóvenes en la guerra y convertirlos en colaboradores suyos. (Prueba No. 89)
  265. El 26 de abril de 2003, a las 06:30 horas, tropas del Ejército ingresaron nuevamente al caserío de San José y se desplegaron por toda su extensión. Afirmaban que de todos modos van a acabar con esa comunidad y que ya tienen montada la estrategia para hacerlo; que van a acabar con las tiendas y van a exterminar a todos los líderes.
  266. El 30 de abril de 2003, a las 14:00 horas, tropas del Ejército instalaron un retén en el sitio La Victoria, en la carretera que va de Apartadó a San José, interceptaron un vehículo de servicio público y pidieron las cédulas de todos los pasajeros. Dejaron retenido a ANGELMIRO GIRALDO, miembro de la Comunidad de Paz, del caserío de La Unión, a quien toda la comunidad conoce desde hace años sin que se pueda sospechar de él actividad ilegal alguna, habiéndose destacado precisamente por su insistencia en romper toda colaboración con sectores armados. Los militares mostraron una supuesta "orden de captura emanada de la Fiscalía" y se lo llevaron. Fue llevado ilegalmente a las instalaciones de la Brigada XVII en lugar de ser puesto a disposición de funcionarios judiciales. Cuando otras autoridades pidieron explicaciones, los militares comenzaron a afirmar que probablemente había sido confundido con otra persona. Durante su permanencia en las instalaciones de la Brigada XVII se le indagó mucho por los líderes de la comunidad de paz y por las actividades comunitarias.
  267. El 15 de mayo de 2003, se realizó un nuevo intento de reunión de las diversas agencias del Estado implicadas en la protección de los derechos humanos, convocadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de cumplir con las exigencias formuladas por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, dentro de su Resolución del 18 de junio de 2002, de urgir MEDIDAS PROVISIONALES en favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y para ello concertar con la misma Comunidad victimizada mecanismos de protección que eviten la perpetración de nuevos crímenes. A pesar de que la Comunidad había entregado a todas las agencias del Estado, desde el año anterior, copia de sus solicitudes más esenciales y relatos de los hechos graves que se han perpetrado en los últimos meses contra la misma Comunidad, la actitud de los agentes del Estado fue decepcionante por su falta de interés, coordinación y decisión. Todos se fiaron del poder de decisión del delegado de la Vicepresidencia, Sr. Carlos Franco, quien se retiró muy pronto de la reunión luego de reiterar autoritariamente las "políticas de este gobierno", como: la presencia militar en cualquier sitio como exigencia de la "seguridad democrática"; el rechazo a una evaluación de la justicia por agentes externos, admitiendo como máximo alguna presencia de la Vicepresidencia, de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de la Comunidad, pero no de otros organismos internacionales ni nacionales, ni siquiera de las comisiones del Parlamento; interlocución con otras instituciones de la zona y visitas a la misma por parte de las instituciones del Estado. Al retirarse el delegado de la Vicepresidencia, los demás representantes del Estado manifestaron que no tenían poder de decisión, terminando nuevamente la reunión sin decisión alguna. La Comunidad protestó nuevamente, en el curso de la reunión, por las respuestas que agencias del gobierno, particularmente la Vicepresidencia, le están dando a grupos y organizaciones internacionales que demandan protección para la Comunidad de Paz de San José: se le sigue endilgando a la Comunidad, al menos a nivel de sospecha, haber tenido algo que ver con un secuestro realizado por la guerrilla en febrero de 2002, en zonas muy distantes de los espacios de vida y trabajo de la Comunidad y frente al cual la Comunidad expidió comunicados sentando claramente su posición; se le sigue endilgando a la Comunidad cierta complicidad en el asesinato de Henry Tuberquia (diciembre de 2001) y de 2 soldados, hechos perpetrados por gente armada que vino de fuera, violando los espacios y los principios de la Comunidad y que incluso perpetraron sus crímenes a muy pocos metros de patrullas del Ejército que no hicieron nada para perseguirlos; se le sigue endilgando a la Comunidad y a sus líderes, incluso por medios de difusión masiva, la responsabilidad en el transporte de explosivos que el Ejército "descubrió" en un vehículo de transporte público el 12 de febrero de 2003, cuando todo muestra que fue un montaje minuciosamente preparado para difamar a gran escala a la Comunidad, con excesos de cinismo y perversidad; se sigue acusando a la Comunidad de negarse a la interlocución con autoridades locales, militares y civiles, ocultando todos los esfuerzos que la Comunidad ha hecho para mantener esa interlocución, la cual solo ha sido suspendida cuando se comprueba la mala fe y los engaños de instituciones locales, o su complicidad con quienes quieren destruir a la Comunidad.
  268. El 21 de mayo de 2003, el Juez Segundo Penal del Circuito de Apartadó, profirió fallo en la Acción de Tutela que se había instaurado el 26 de febrero anterior ante la Corte Suprema de Justicia, contra el Comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, con el fin de tutelar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica, al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la libertad de 12 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, al descubrirse el plan de destrucción de la Comunidad, mediante la judicialización fraudulenta o el asesinato de sus líderes, a través de las estrategias que se revelaron como provenientes de la Brigada XVII en unidad de acción con las estructuras paramilitares, estrategias que se explicitaron en el chantaje que intentaron hacerle a Lubián de Jesús Tuberquia el 7 de febrero y cuya ejecución se empezó a desvelar en el montaje del 12 de febrero contra Amanda Úsuga y otros miembros de la Comunidad. El Juez Segundo Penal del Circuito de Apartadó, NICOLÁS ALBERTO MOLINA ATEHORTÚA, en su fallo, se negó a tutelar tales derechos, alegando que para eso existe la justicia penal militar y la acción de la Procuraduría General de la Nación, pasando por alto toda la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional que ha señalado los objetivos específicos de la Acción de Tutela para distinguirlos de los procesos penales y disciplinarios. A pesar de que el Juez tuvo en su mano información detallada de todos los crímenes perpetrados en los últimos meses por militares y paramilitares contra la Comunidad de Paz de San José, evadió cumplir su deber de tutelar derechos fundamentales amparados por la Constitución, antes de que su daño sea absolutamente irreparable. A todas luces, el Juez Molina Atehortúa queda ante la historia como corresponsable de la ejecución de los crímenes anunciados, por negarse a ejercer el papel que la Constitución y las leyes le señalaron, fuera de haber violado el artículo 86 de la Constitución que establece que "En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución", habiéndose demorado él más de 80 días para proferir un fallo que además dejaba en la desprotección jurídica a las víctimas.
  269. El sábado 24 de mayo de 2003, hacia las 13.30 horas, la Señora FRANCIA HELENA TAMAYO, de la vereda Bellavista, de San José de Apartadó, se encontraba comprando algo en el Supermercado Muñoz, frente a la Terminal de Transportes de Apartadó, junto con una de sus hijas pequeñas. Una mujer con gafas oscuras, acompañada por un hombre corpulento de tez morena y con un radio en su mano, entró al supermercado y se quedó mirándola fijamente, se le acercó y se quitó las gafas como para reconocerla bien, en actitud desafiante y altanera. La mujer, morena y de ojos claros, es una ex guerrillera que desertó, conocida en la región como Patricia o con alias de "La Potra", y el hombre, alto y robusto, es conocido como comandante de los paramilitares y de las Convivir. Francia Helena terminó de mercar y se fue a la Terminal a tomar un vehículo para subir a San José, pero inmediatamente llegaron 6 miembros de la Policía a la Terminal y la abordaron. En un papel traían escrito su nombre y le pidieron su cédula para anotar su número. Luego le preguntaron otros datos e insistentemente le preguntaban si la niña que la acompañaba era hija suya y si iba a tomar el vehículo que salía enseguida para San José. Ella respondía que sí y los policías se comunicaban con alguien por teléfono celular. Pudo observar que entre los policías se trabó una discusión cuando miraban y señalaban a su hija. Cuatro policías se fueron retirando y quedaron solo el Teniente y otro policía. Cuando ella se subió al vehículo y éste se puso en marcha, nuevamente los policías se comunicaron por teléfono. Cuando iban por el barrio Policarpa, a la salida de Apartadó, Francia Helena observó que detrás del vehículo venían dos motos, en una de ellas la mujer de gafas oscuras que la había abordado en el supermercado con un hombre armado, y otros hombres armados en la otra moto. Ella hizo parar el vehículo y se bajó para esconderse en los alrededores. Las dos motocicletas alcanzaron luego el vehículo y lo hicieron detener, preguntando por Francia Helena, cuyo número de cédula tenían anotado en un papel. Al ver que no estaba, decían que se les había escapado de morir esa h.p. pero que tenían que encontrarla y que para eso ya tenían todos sus datos. Luego dejaron partir el vehículo pero antes le advirtieron a los pasajeros que el que se atreviera a llevar mercados se iba a morir. Un poco más adelante, en la vía hacia San José, el vehículo fue interceptado nuevamente, esta vez por los paramilitares, en el mismo sitio en que mantienen su presencia habitual y hacen retenes para quitarle los mercados a los pobladores y asesinar o desaparecer a algunos de ellos. Miraron el vehículo y preguntaron de nuevo por Francia Helena, cuyo número de cédula decían tener en su poder.
  270. El lunes 2 de junio de 2003, cuando se dirigía a su casa en la vereda Mulatos, donde vive, luego de acompañar a su esposa en un parto y de dejarla en San José con unos familiares, ALFONSO TUBERQUIA fue retenido hacia las 13.00 horas por miembros del Ejército que estaban apostados en el camino. Cuando lo retuvieron, le preguntaron para dónde iba y le pidieron su cédula. Luego detuvieron también a la Señora MARINA OSORIO, quien pasaba por el mismo camino. Esa tarde y esa noche los obligaron a permanecer allí, separados, mientras los sometían a interrogatorios. Les pedían informaciones sobre la guerrilla y les decían que todo el que viviera de ahí hacia arriba era miembro de la guerrilla con seguridad. Al día siguiente, el martes 3 de junio, los bajaron a la carretera. Cuando iban un poco más abajo de San José de Apartadó, frente a la finca La Cooperativa, llegó un hombre en una moto, en traje civil, y le preguntó a Alfonso de dónde era y para dónde iba cuando lo retuvieron. Cuando Alfonso le respondió que vivía en Mulatos, el hombre le preguntó cómo lo apodaban, o sea, cuál era su "alias". Él respondió que siempre lo habían llamado por su nombre, pero el hombre de la moto le dijo que no lo creyera bobo, que él tenía que ser miliciano. Luego le dijo que si no le decía la verdad, lo mandaría bajar en el camino, lo que en el contexto quería decir que se lo entregaría a los paramilitares, quienes tenían presencia en el camino, más adelante. Luego los embarcaron en unos camiones que los condujeron a la Brigada, donde llegaron a las 15.00 horas, llevándolos a las instalaciones del Batallón Bejarano Muñoz. A Alfonso lo llevaron a un cuarto donde lo reseñaron y luego a otro donde lo interrogaron. El interrogador era el mismo hombre de la moto que lo había amenazado en el camino. Le repetía constantemente que si no decía la verdad, la justicia lo iba a tratar duramente; que tenía que colaborarles. Estando en medio del interrogatorio, llegó una llamada de la Fiscalía en la cual, al parecer, comunicaron que los requerían allí. Cuando llegaron con ellos a la Fiscalía, el fiscal ya tenía un documento de 3 páginas, quizás escrito por los militares, y se los hizo firmar. Poco después, el fiscal les comunicó que quedaban en libertad. El militar que los condujo a la Fiscalía, insistía en que el Ejército los había capturado, pero que ponerlos en libertad era una decisión bajo la responsabilidad del fiscal. Como eran las 19.00 horas y ya estaba de noche, ellos sintieron miedo y además no tenían dónde pasar la noche. Le pidieron a los militares que los dejaran pasar la noche en la Brigada, pues no tenían a dónde ir, pero ellos no accedieron. Luego de encontrar unos pocos pesos, le pidieron a un taxi que los llevara hasta una vereda cercana a Apartadó, en la ruta hacia San José, pero cuando iban a abordar el taxi, llegaron nuevamente los militares y se llevaron a Marina, pues decían que habían descubierto que ella tenía un problema de identidad en sus documentos. Alfonso tuvo que irse solo en el taxi.
  271. El sábado 7 de junio, a las 13.00 horas, una unidad militar compuesta por cerca de 30 soldados que bajaba por la vereda Buenos Aires, retuvo al Señor ANTONIO BORJA cuando iba a llevarle el almuerzo a cuatro trabajadores en una pequeña olla. Los militares afirmaban que "esa comida estaba destinada a la guerrilla", cuando en la vereda no había guerrilla. Se lo llevaron retenido, sin camisa como estaba, y lo condujeron a las instalaciones de la Brigada XVII donde llegaron hacia la media noche. Allí lo interrogaron mientras le advertían que si no decía la verdad iría a la cárcel. Él respondió a los interrogatorios diciendo la verdad tal como él la conocía, en conciencia, pero el interrogador le insistía, bajo amenazas, que tenía que decir era otra verdad, la que ellos querían, según la cual, él estaba llevando alimentación para la guerrilla cuando fue retenido. Incluso le expuso al interrogador lo sucedido días antes, cuando una noche miembros del Ejército llegaron a su casa a las 20.00 horas y le pidieron que les prestara un caballo para transportar a unos heridos que tenían, y él se lo prestó. Sin embargo, el interrogador seguía presionándolo a que dijera esa "otra verdad" que el Ejército quería dejar registrada: que los almuerzos que él llevaba eran para la guerrilla. Ya muy fatigado y agotado de tanta presión, Antonio le dijo al interrogador que si eso era lo que quería escribir, entonces lo escribiera. Lo hizo con la intención de librarse de las amenazas que le hacía de ir a la cárcel si no decía "la verdad" que el interrogador quería y exigía oír. El interrogador llenó 5 páginas con su supuesta declaración. Al día siguiente, domingo 8 de junio, lo llevaron rápidamente a la Fiscalía, solo para presentarlo, y luego lo llevaron a una prisión. El martes siguiente, 10 de junio, fue conducido nuevamente a la Fiscalía para ser indagado. Cuando la fiscal le preguntó por qué había dicho en la Brigada que llevaba comida para la guerrilla, si eso no era cierto, él respondió que se había visto presionado a decir eso por quien lo estaba interrogando, pues no le admitían su versión verdadera y lo amenazaban con ir a la cárcel. El viernes 13 de junio lo dejaron en libertad. Lo obligaron a firmar un documento en el cual declaraba haber recibido "buen trato". El 4 de abril de 1999, Antonio había sido retenido por hombres armados cuando se dirigía a San José y herido con varios impactos de arma de fuego en esa noche en que 10 hombres armados perpetraron una masacre en el caserío de San José de Apartadó, mientras acusaban a toda la comunidad de ser simpatizante de la guerrilla.
  272. El lunes 16 de junio de 2003 fueron retenidos por miembros de la Brigada XVII del Ejército, en la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, la Señora MYRIAM TUBERQUIA, de aproximadamente 36 años, y el Señor EMILIO OSORNO, de aproximadamente 47 años. Los militares los obligaron a acostarse en el suelo que estaba empantanado a causa de las lluvias y los dejaron allí hasta el miércoles 18 de junio cuando los bajaron hasta la finca La Cooperativa, cerca del caserío de San José. La Señora Myriam iba con dos niños pequeños de entre 2 y 3 años. Se la consideró "sospechosa" por llevar en su morral algunas jeringas, ya que tiene que inyectarse todos los días a causa de una enfermedad que sufre, y algún dinero de la venta de cacao, de lo cual vive. Cuando sus hijos pequeños lloraban, los soldados los amenazaban con sus armas, y cuando se quejó por la falta de comida y líquido, la obligaron a comer una culebra que los militares cocinaron, sin respetar la repugnancia que esto le causaba. El jueves 19 los llevaron a las instalaciones de la Brigada XVII en Carepa y le dijeron a ella: "no le vamos a hacer nada pero le vamos a dar un paseo". En efecto, la separaron del Señor Osorno y la metieron en un cuarto de una sección de la Brigada que tiene un letrero que dice "La Mano Negra". Allí la sometieron a numerosos ultrajes: le halaban el cabello; le ponían un arma en la sien y le decían que confesara que era "guerrillera"; le preguntaban si las jeringas, las drogas y el dinero que llevaba eran para la guerrilla; le hacían numerosas amenazas para obligarla a decir quiénes eran milicianos en la comunidad; le aseguraban que en la Comunidad ya tenían 14 o 15 "informantes" que les decían quiénes eran los milicianos; le preguntaban por Wilson David, el Presidente del Consejo Interno de la Comunidad y por otros de sus líderes, a quienes querían que denunciara como "guerrilleros". Finalmente le dicen que si cuenta lo que ha pasado le cortarán la cabeza. Al señor Osorno no lo sometieron al mismo tratamiento. El jueves 19 los dejaron en libertad.
  273. El 2 de julio de 2003, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó dejó constancia a través de un comunicado, de los operativos militares que se están realizando contra las veredas Mulatos Cabecera, Mulatos Medio y La Resbalosa, a partir del 30 de mayo, operativos que han causado ya un número significativo de desplazamientos forzados de pobladores. Hasta la fecha habían llegado al caserío de San José más de 40 familias desplazadas que abandonaron sus viviendas y enseres acosados por el terror. A pesar de que en la reunión del 15 de mayo con agencias del Estado responsables de la protección de los derechos humanos, la comunidad había propuesto que diversas agencias del Estado visitaran la región y constataran la pobreza y el terror en que viven los pobladores de esas veredas, dados los comentarios constantes de los soldados que anuncian desplazamientos masivos, sin embargo, esas visitas no se hicieron.
  274. El mismo día 2 de julio de 2003 se instaló nuevamente un retén militar en la vía entre Apartadó y San José. Ese mismo día, seis paramilitares que se movilizaban en tres motos y portaban armas cortas, retuvieron un vehículo de servicio público y le advirtieron a los pasajeros que no iban a permitir que se subiera mercado para la Comunidad y que el que se atreviera a subirlo sería asesinado. (Pruebas No. 90 y 91)
  275. El 5 y 6 de julio de 2003, líderes del paramilitarismo en la zona realizaron varias reuniones en Apartadó, a las cuales obligaron a muchas personas a asistir, y en las cuales expusieron un "plan de endurecimiento" contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Según ellos, se proponen adoptar una estrategia de "mano dura" contra la Comunidad, extremando el control de paso de alimentación, de modo que las personas que suban mercados sean "desaparecidas"; asesinando a cinco de los líderes o acompañantes de la Comunidad, dos de cuyos nombres dieron a conocer; manteniendo acciones de control en la carretera entre Apartadó y San José, como enviando paramilitares en los vehículos de servicio público para controlar a los transportadores, de modo que si un conductor no les informa sobre la presencia de algún guerrillero o miliciano, ése conductor sea asesinado.
  276. El 7 de julio de 2003 llegaron a San José de Apartadó otras 17 familias desplazadas de Mulatos Cabecera y Mulatos Medio. En total se han registrado 70 familias que han tenido que huir de los bombardeos y ametrallamientos que se han perpetrado contra esas veredas. En muchas noches lanzaron bombas sembrando el pánico en la población; algunas de ellas cayeron muy cerca de las casas y destruyeron cultivos. Se contabilizaron 6 casos de detenciones arbitrarias en Mulatos o en las veredas vecinas. En mayo, el Ejército había ingresado a Baltasar, una vereda de Tierralta (Córdoba), situada a dos horas de Mulatos, y había perpetrado una masacre. En la semana anterior, en una reunión convocada en la Alcaldía de Apartadó, el Comandante de la Brigada XVII, General Pauxelino Latorre, negó que en la zona hubiera bombardeos y afirmó que los desplazamientos eran ficticios, a pesar de que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo han hecho censos de los desplazados y han entregado a los mismos alguna ayuda humanitaria, mientras la Red de Solidaridad no lo ha hecho.

    Los pobladores de Mulatos guardan la memoria muy viva de lo ocurrido entre el 2 y el 20 de mayo de 2002, cuando fueron quemadas dos casas (la de Don Simeón Durango y la de Don Gilberto Arias) y la escuela de la vereda, mediante morteros disparados desde lejos, produciéndose luego el pillaje de otras viviendas por parte del ejército, quienes también robaron y mataron gallinas.

  277. El 10 de julio de 2003 se hizo presente en San José de Apartadó la Red de Solidaridad Social para proponer que el Ejército brindara atención en salud a los desplazados. Nadie entendía que el Ejército negara la existencia de desplazados en las reuniones de la Alcaldía y sin embargo ahora ofreciera atenderlos en sus problemas de salud. Nadie entendía tampoco que la misma institución que provocaba el desplazamiento con ametrallamientos y bombardeos, forzando a la gente a salir, ofreciera ahora atención médica. Pero, sobre todo, la Comunidad sentía una repugnancia profunda de confiar los problemas de su salud a quienes han destruido tantas vidas, violado a sus mujeres, aterrorizado a la población en forma tan persistente y anunciado el exterminio de la misma Comunidad.
  278. El lunes 4 de agosto de 2003, en el sitio conocido como "Tierra Amarilla", ubicado en la vía entre Apartadó y San José, a unos diez minutos de Apartadó, donde los paramilitares han mantenido su presencia sin que autoridad alguna haya querido hacer inspecciones ni tomar medidas, fueron visibles ocho paramilitares quienes se movilizaban en 4 motocicletas. Toda la tarde del lunes los paramilitares estuvieron controlando la vía y observando los vehículos y la gente que subía. Este mismo día tropas del Ejército permanecieron desde las 07.00 hasta las 17.00 horas a la entrada del área urbana de San José, donde abordaron a todo niño o niña que transitaba cerca, para preguntarle por los líderes de la comunidad: si los conocían y si les podían indicar dónde vivían. En ocasiones anteriores, esas indagaciones han precedido el asesinato de los líderes. Los militares continúan ofendiendo a la comunidad y mostrando prepotencia y altanería al hacer alarde de que pueden pisotear los principios de la Comunidad de Paz, pues gozan del poder de las armas y del respaldo de todas las autoridades.
  279. El martes 5 de agosto de 2003, se tenía previsto el retorno a sus veredas de las familias desplazadas de Mulatos Medio y de Mulatos Cabecera, quienes se hallaban en San José desde finales de junio a causa de los bombardeos perpetrados por el Ejército. A pesar de que en la reunión del 30 de junio la Vicepresidencia se había comprometido a gestionar alimentos, semillas y herramientas para el retorno con la Red de Solidaridad, sin embargo el día anterior los representantes de la Red de Solidaridad llegaron a San José e informaron que no iban a suministrar alimentos, lo que frustró el retorno. El martes 5, los delegados de la Red volvieron a San José con algunas herramientas (machetes) y plantearon que darían alimentación a condición de que cada familia firmara un documento en que constara que se hacía responsable de los riesgos que corriera en el retorno, exonerando al gobierno de toda responsabilidad, documento que las familias se negaron a firmar, pues temían que esa condición estuviera anunciando nuevas agresiones de las cuales no podrían siquiera quejarse.
  280. El sábado 9 de agosto de 2003, hacia las 11:40 horas, los pasajeros de un vehículo de servicio público que viajaban en dirección a Apartadó, desde San José, fueron abordados por dos personas que se identificaron como paramilitares y los despojaron de todo el dinero que llevaban. (Prueba No. 94)
  281. El viernes 15 de agosto de 2003, la escuela del caserío de San José de Apartadó fue tomada por personal militar de la XVII Brigada del Ejército y desde allí utilizaron a menores de edad para enviarlos a comprar abastecimientos. También le informaron a algunos pobladores que al día siguiente realizarían un censo casa por casa.
  282. El sábado 16 de agosto de 2003, a las 16.00 horas, miembros de la Brigada XVII del Ejército ingresaron al caserío de San José de Apartadó y le manifestaron a los pobladores que pronto iban a acabar con la Comunidad. Dijeron que en esa Comunidad todos eran guerrilleros pero que muy pronto les iban a dar su merecido a esos h. p., así como a todos sus líderes, a los acompañantes y a "los gringos"; dijeron que todos vestían de civil pero que cuando salían de la Comunidad se cambiaban su ropa por vestidos de camuflado y tomaban el fusil como los guerrilleros. Este día los militares realizaron muchas requisas a los vehículos que encontraron en el casco urbano de San José. (Prueba No. 96)
  283. El domingo 17 de agosto de 2003, el Ejército estableció cinco retenes, tres de ellos ubicados en las salidas de San José de Apartadó, uno en la salida hacia La Unión, otro en la salida hacia Apartadó y otro en la salida hacia La Linda. A todos los pobladores que pasaban por los retenes les pedían su cédula y la anotaban en un cuaderno. Cuando algunos campesinos preguntaron por qué anotaban los datos de las cédulas, respondían que era para pasarle la lista a la Fiscalía. Los otros dos retenes los ubicaron entre San José y La Unión, a una distancia de cuatro kilómetros.

    En un retén ubicado en La Platanera, cerca de Apartadó, hacia las 14:00 horas, siete paramilitares entre los que se encontraba una mujer y que se transportaban en tres motocicletas, retuvieron dos vehículos que iban hacia San José y requisaron a todos los pasajeros, observando especialmente las manos de los hombres. A muy poca distancia, en La Balsa, el Ejército había instalado otro retén.

    En el retén de salida hacia La Unión, militares retuvieron a un joven de apellido Úsuga y le dijeron "Usted parece que tiene problemas con nosotros; parece que está en la lista". Luego lo llevaron al puente y lo obligaron a permanecer allí mientras uno de ellos traía "la lista". Minutos después llegaron con un libro grande donde figuraban numerosas personas en orden alfabético, la mayoría con fotografía frente a su nombre. El joven les dijo que ellos eran los que hacían esa lista y tomaban esas fotografías y ponían allí al que querían. Mientras buscaban su nombre, pasó cerca del sitio el Párroco, quien se dirigía a la capilla católica a celebrar la Eucaristía. Los soldados se lo señalaron al joven y le dijeron: "ese padrecito parece un santo pero es colaborador de la guerrilla, ya lo tenemos en la mira". El joven les respondió que allí en la comunidad nadie manejaba armas, que quienes tenían armas estaban en otra parte; que allí nadie estaba comprometido con grupos armados sino al contrario, estaban comprometidos a no colaborar con grupos armados. Entre tanto encontraron su nombre en "la lista" y se lo señalaron. Le dijeron : "sepa que tiene problemas con nosotros, pero usted no va a ir a la cárcel; usted sabe a dónde va a ir; ahora no le va a pasar nada porque estamos en la población y hay mucha gente, pero donde lo cojamos solo, usted será víctima". Dijeron también que tenían orden de la Presidencia de la República para entrar en el poblado. Algunos acompañantes internacionales observaban la escena a cierta distancia, pues estaban muy preocupados por la larga intimidación de que este joven era objeto, ya que no era la primera vez que lo amenazaban. (Prueba No. 97).

  284. El mismo domingo 17 de agosto de 2003, a las 09.00 horas, los militares detuvieron, en un retén ubicado entre San José y La Unión, a miembros de la Comunidad de Paz que habitan en La Unión. Les impidieron continuar su camino durante un rato y les dijeron que toda la Comunidad de Paz es guerrillera; que de La Unión y de esa "h. p. comunidad de San José" salían los guerrilleros que los atacaban y que habían matado a varios militares en los enfrentamientos, pero que eso lo iba a pagar muy caro la Comunidad. Ese mismo día, desde las 14.00 horas, en La Empacadora que está ubicada a la salida de Apartadó hacia San José, 7 paramilitares, entre ellos una mujer, retuvieron dos vehículos de servicio público que se dirigían a San José, uno a las 14:15 horas y el otro a las 16:30 horas. Al retener los vehículos le pedían a los pasajeros sus documentos y los anotaban en una lista; también les advertían que si seguían pasando comida hacia San José los iban a matar. También les examinaban las manos y les decían que si veían que alguno no tenía cara de trabajador lo iban a matar porque seguramente era guerrillero. Hacia las 15:00 horas el Ejército detuvo, en el retén que habían instalado en la salida de San José hacia Apartadó, a un indígena y a un campesino de la vereda El Mariano; como no llevaban cédula, los acusaron de ser guerrilleros y durante dos horas les impidieron continuar su camino mientras proferían numerosas amenazas contra ellos.
  285. El jueves 21 de agosto de 2003, el Ejército instaló un retén en la vereda La Balsa, en la vía entre Apartadó y San José, donde sometió a requisas a los pasajeros de los vehículos de servicio público. A las 14.00 horas hicieron bajar a los pasajeros de un vehículo y retuvieron a dos señoras de la vereda La Cristalina que viajaban en él y llevaban su mercado; una de ellas iba con un hijo de 8 años y un bebé de 7 meses. Las obligaron a permanecer en el retén hasta el día siguiente al mediodía. Antes de dejarlas en libertad, los militares las separaron de los niños y les tomaron fotografías junto al mercado y junto a carpas militares, quizás para hacerlas aparecer como guerrilleras o auxiliadoras de la guerrilla. A otros pasajeros que hicieron descender en el retén les tomaron sus cédulas y sacaron fotocopias de ellas y además les tomaron fotografías.
  286. El domingo 24 de agosto de 2003, más de 20 militares ingresaron al área urbana de San José y presionaron a los comerciantes a venderles artículos, contra lo que estipula el Reglamento de la Comunidad de Paz. No obstante las insistentes súplicas de la Comunidad para que se retiraran del espacio de vivienda, sin embargo permanecieron más de seis horas allí; en ese tiempo abordaban a los niños y a los jóvenes y les pedían favores; a los jóvenes los motivaban para que se convirtieran en informantes y les advertían que ellos, los militares, les dirían las cosas que tenían que decir en contra de la Comunidad. Varios militares ingresaron a una de las casas que queda a la entrada de pueblo, en la cual vive un muchacho, menor de edad, con su abuelita, estando en ese momento el muchacho enfermo de paludismo. Los militares lo golpearon y le decían que seguramente había cogido el paludismo en la guerrilla. (Prueba No. 97)
  287. El 6 de septiembre de 2003, militares que se presentaron como miembros del Batallón "Rifles" de Chiquinquirá, ingresaron a la vereda Tres Llanos, de Gachantivá, Boyacá, con el propósito de hacer un censo de personas de San José de Apartadó que se encontraban allí desplazadas. Aunque dijeron que estaban haciendo el censo en toda la región, investigaciones posteriores mostraron que esto era falso y que solo buscaban registrar a los desplazados de Apartadó.
  288. El martes 9 de septiembre de 2003, a las 09.00 horas, OVIDIO ÚSUGA, de la sub-comunidad de La Unión, se dirigía a trabajar en los cultivos de cacao de la Comunidad, cuando se vio rodeado de tropas del Ejército que subían por el lado izquierdo del caserío, con chalecos negros y sin morrales. Algunos soldados lo llamaron por su apellido y le preguntaron para dónde iba; él respondió que a trabajar en el cacaotal; ellos le dijeron que subiera detrás de ellos, pues ellos iban también hacia allá; él les respondió que mejor se regresaba, pues él no debía estar junto a actores armados, y en efecto se devolvió para su casa. Más adelante la tropa encontró a otros 10 trabajadores de la comunidad y los obligó a quitarse las botas para requisarlos; luego les dicen que si más adelante encuentran a la guerrilla, se devolverán a buscarlos a ellos y "no responden por lo que pase". Los soldados continuaron hacia el cacaotal y encontraron a otros campesinos por el camino. Cuando llegaron al cacaotal robaron muchas frutas de cacao para chuparlas. Los que observaron a esta tropa pudieron identificar que con los soldados iba un reconocido paramilitar que había participado, con mando, en la incursión paramilitar al caserío de La Unión el 30 de julio de 2001, dentro de la cual asesinaron a Alexander Guzmán y recibieron orden por radio de asesinar a otras personas, lo que no pudieron hacer dada la reacción de la comunidad. Se trata de una persona de contextura delgada, de piel color trigueño, de estatura mediana. La gente que lo identificó recordaba que el día del asesinato de Alexander él le comentó a algunos de la comunidad que a su papá lo había asesinado la guerrilla y que por eso él se había vinculado a la organización paramilitar. Esto evidencia una vez más la unidad de acción entre el Ejército y los grupos paramilitares.

    Cuando la tropa bajaba, encontró a otro joven que pertenece a la Iglesia Pentecostal y le dijeron que él era guerrillero; el joven les pidió respeto y les dijo que el comportamiento de la tropa era abiertamente contrario a la Constitución.

    Hacia las 10.30 horas otra tropa pasó por el caserío de La Unión y trató mal a la gente y a los acompañantes extranjeros, diciéndoles que todos eran "unos h.p. guerrilleros". A diez minutos de La Unión, hacia el sur del caserío, la tropa retuvo a un miembro de la Comunidad y comenzó a ultrajarlo y a empujarlo; le decían que era "un h. p. guerrillero; que esa comunidad era guerrillera; que ya tenían un plan para acabarla; que lo primero era llevar a todos los h.p. líderes y acompañantes a la cárcel, y si no, matarlos; que le dijera a la gente que las tendrían que pagar muy caro". Luego de 15 minutos de repetirle este mensaje, lo dejaron ir.

    En los días siguientes los militares colocaron retenes en casi todas las salidas del caserío de San José. Allí le pedían a la gente su cédula y también le preguntaban por nombres de familiares o personas conocidas, anotando toda esta información en cuadernos. Le decían a la gente que el que no aparecieran en esas listas era por ser guerrillero. También anunciaban que iban a confrontar esas listas con otras que ellos tenían, para ver a quién acusarían de terrorista. En dichos retenes llamaban a los niños y se los llevaban a hablar con más integrantes de la tropa, pidiéndoles que les dijeran los nombres de los líderes de la Comunidad y les indicaran dónde vivían. A cambio de esa información les ofrecían dulces.

  289. El 26 de septiembre de 2003, un campesino que bajaba de la comunidad de Mulatos con una carga de maíz para vender, encontró numerosa tropa que subía entre las veredas de Guayabal y Buenos Aires. A él lo retuvieron y lo obligaron a desmontar la carga para requisarla. Entre tanto le preguntaban dónde estaba la guerrilla, y al responder que no la había visto, le decían que otra persona que ellos tenían retenida decía haber visto la guerrilla cerca. Él respondió que si esa persona la había visto, tenía derecho a responder que la había visto, pero él no tenía derecho porque no la había visto. Luego de hacerle varias preguntas por la Comunidad de Paz, lo dejan continuar su camino, pero en el trayecto fue fotografiado tres veces por distintas unidades del Ejército que subían. También le pidieron varias veces su cédula y anotaban su número, a la vez que le hacían preguntas sobre su familia.
  290. El 2 de octubre de 2003, a las 17:00 horas, unidades del Ejército retuvieron a tres jóvenes de la comunidad que regresaban de trabajar, en el camino que de San José conduce a la vereda La Linda, a 10 minutos del área urbana de San José.
  291. El mismo día 2 de octubre de 2003, a las 18:20 horas, sobre el camino que de San José conduce a la vereda La Unión, unidades del Ejército retuvieron a Jesús Emilio Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, y a Rosibel Muñoz. Los militares los acusaron de ser "guerrilleros" y comenzaron a decirles que los iban a matar. Luego les dijeron que se los iban a llevar para reunirlos con otros guerrilleros que habían capturado. Cuando las víctimas les dijeron que no iban a ninguna parte sino a sus casas, pues no estaban haciendo nada ilegal, los militares intensificaron los malos tratos, amenazas y agravios. Entre tanto, miembros de la comunidad fueron a reclamarle a los militares por la retención de los tres jóvenes anteriores pero los militares negaron tenerlos retenidos. Cuando el grupo de la comunidad les manifestó que no se irían de allí hasta que los soltaran, finalmente dejaron libres a los cinco miembros de la comunidad, hacia las 20:40 horas.
  292. El sábado 18 de octubre de 2003, a las 10:00 horas, integrantes de grupos paramilitares que operan en Apartadó convocaron a una reunión a conductores que prestan servicio de transporte público entre Apartadó y San José y les manifestaron que no estaban satisfechos con las informaciones que estaban entregando acerca de los líderes y acompañantes de la Comunidad de Paz de San José. Les anunciaron que si no entregaban las informaciones que ellos (los paramilitares) buscaban para seguir adelante con sus planes de destrucción de la Comunidad de Paz, "los cambiarían por otros", y que los conductores ya sabían muy bien lo que significaba "cambiar", pues sus cuerpos podrían aparecer por ahí botados en cualquier lugar. Luego amenazaron de muerte a varios conductores por permitir que se sigan transportando alimentos hacia San José.(Prueba No. 102)
  293. Entre el lunes 20 de octubre de 2003 a las 06:00horas y el martes 21 a las 14:00 horas, helicópteros del Ejército estuvieron bombardeando en forma indiscriminada las zonas de Mulatos Cabecera, Mulatos Medio, Las Nieves, veredas pertenecientes al corregimiento de San José de Apartadó, así como la vereda La Unión-Carepa, del municipio de Carepa y la vereda La Hoz, en el departamento de Antioquia. En dicha zona habitan más de 160 familias. Estos hechos produjeron el desplazamiento forzado de 17 familias compuestas por aproximadamente 60 personas que llegaron hasta el casco urbano de San José de Apartadó. En dicho lugar solo recibieron atención por parte de la Defensoría del Pueblo Seccional Urbaá y ninguna otra autoridad estatal se hizo presente para brindarles atención de emergencia a que obliga la ley. (Prueba No. 102)
  294. El jueves 24 de octubre de 2003, a las 08:00 horas, tropas del Ejército que pasaron por el caserío de La Unión, del proceso de Comunidad de Paz de San José, se dirigieron a los pobladores como "h. p. guerrilleros", afirmándoles que "por cada baja que tuvieran las tropas la Comunidad les pagaría muy caro" y que ellos estaban viendo "cómo acabar con esos h. p. guerrilleros de la Comunidad de Paz".(Prueba No. 102)
  295. El viernes 25 de octubre de 2003, a las 06:00 horas, tropas del Ejército que pasaron por el caserío de San José con 14 bestias cargadas de comida, armamentos y equipo, dejaron abandonadas 4 bestias con carga de alimentos. (Prueba No. 102)
  296. El mismo viernes 25 de octubre de 2003, 16 familias desplazadas de las zonas afectadas por bombardeos y operativos militares, como Mulatos Cabecera, Mulatos medio y Las Nieves, llegaron al caserío de San José y manifestaron gran incertidumbre por mucha otra gente que estaba saliendo en medio de bombardeos, con gran riesgo para sus vidas, cuyo paradero se desconocía. (Prueba No. 103)
  297. El sábado 26 de octubre tropas pertenecientes al Batallón Bejarano Muñoz que habían ingresado a San José el día anterior, llegaron hasta las veredas La Cristalina y Bellavista realizando actos de saqueo y pillaje. En la finca del Señor GERARDO TABARES, en la vereda Bellavista, se llevaron sus gallinas y una vajilla. Luego ingresaron a la vereda Buenos Aires, arribaron a la casa del Señor LUIS HIDALGO, le solicitaron que les entregara las gallinas que tenía y ante su negativa amenazaron con llevarse un animal de mayor valor, y en efecto hurtaron un toro de su propiedad. (Prueba No. 102)
  298. El jueves 30 de octubre de 2003 a las 14:00 horas, en el sitio conocido como "Tierra Amarilla", a 10 minutos aproximadamente de Apartadó, sobre la carretera que conduce a San José, 8 paramilitares en motos y con armas cortas interceptaron el vehículo de servicio público que se dirigía a esa hora hacia San José, se presentaron como "Autodefensas", obligaron a los pasajeros a descender del vehículo y les pidieron sus cédulas. Le dijeron a los pasajeros: "tienen puros nombres de guerrilleros". A los hombres los obligaron a mostrarles las manos, según dijeron, "para ver si tenían manos de guerrilleros o de trabajadores". Luego les permitieron continuar.
  299. El viernes 31 de octubre de 2003, a las 17:00 horas, en el mismo sitio de "Tierra Amarilla" 4 paramilitares con armas cortas hicieron detener el vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó a San José, obligaron a los pasajeros a descender y les pidieron las cédulas. Nuevamente les dijeron: "tienen nombres de guerrilleros y están buenos para matarlos". A los hombres les hicieron mostrar las manos mientras decían: "el que encontremos que no tiene manos de trabajador lo vamos a asesinar". Luego le dijeron a la gente que no se asustara, que ellos iban a estar por ahí y que el que estuviera subiendo mercado o lo vieran como "raro", lo iban a matar. Finalmente los dejaron seguir. Mientras los militares mantienen hasta tres retenes en los alrededores de San José y requisan a la gente hasta tres veces en el mismo trayecto, fingen ignorar los retenes de los paramilitares en la carretera, su control de la Terminal de Transportes y las reuniones que convocan en los barrios de Apartadó.
  300. El 4 de noviembre de 2003 tropas del Ejército iniciaron operativos militares en la vereda Chontalito, cerca de Mulatos, con lo cual la situación de seguridad de las 44 familias que se encuentran en dicha zona se ve en alto riesgo y además se dificulta la posibilidad de retorno por parte de 26 familias que se encuentran ya desplazadas en San José y en La Cristalina.
  301. Para el 5 de noviembre de 2003 se reporta la situación de los campesinos de la zona de los bombardeos, así: 16 familias se encuentran desplazadas en el área urbana de San José de Apartadó; 10 familias se encuentran desplazadas en la vereda La Cristalina; 44 familias se encuentran refugiadas en zonas rurales inhóspitas, intentando recoger algo de sus cosechas para que no se pierdan, corriendo alto riesgo para ello. (Prueba No. 103)

II

Prácticas sistemáticas

1.

Destrucción de bienes de los campesinos y de las comunidades

Esta práctica ha sido reiterada en el tiempo. Desde 1996 se ha registrado la destrucción de bienes civiles y culturales; el hurto de semovientes y enseres personales y comunitarios; la presión sicológica y las amenazas. Se ha registrado en la reseña de los hechos, por ejemplo:

  • Lo que ocurrió en la vereda La Resbalosa como consecuencia de un operativo militar realizado el 20 de mayo de 1996 por el Batallón Cacique Coyará, de la Brigada XI.
  • Lo ocurrido en mayo de 1996 en la vereda Oviedo, cuando una bomba destruyó una casa de habitación. (Prueba No. 1 pg 8)
  • Lo ocurrido el 18 de octubre de 2000 a los pobladores de las veredas El Porvenir y La Unión, cuando fueron sorprendidos por bombardeos y ametrallamientos realizados por el Ejército, que destruyeron la escuela de El Porvenir y los cultivos comunitarios de lulo de los habitantes de La Unión. (Prueba No. 24)
  • Lo ocurrido el 5 de marzo de 2001, cuando fueron incineradas 13 viviendas del área urbana de San José de Apartadó por un grupo fuertemente armado que penetró al poblado mientras el Ejército se encontraba a poca distancia.
  • Lo ocurrido el 16 de marzo de 2001 a las comunidades de las veredas Buenos Aires y Mulatos, que fueron objeto de lanzamiento de bombas desde el sitio La Antena por miembros del Ejército, bombas que destruyeron una casa de habitación y que causaron la muerte a tres animales domésticos. (Prueba No. 34)
  • Lo ocurrido el 13 de mayo de 2002, cuando un joven de 14 años de edad fue asesinado en la vereda Mulatos y varios pobladores de esa misma vereda sufrieron el incendio de sus viviendas, y la comunidad la destrucción de su escuela rural, destrucciones que realizó el Ejército en el contexto de enfrentamientos con grupos insurgentes. (Prueba No. 66)

Éxodos masivos:

Forzar el éxodo masivo de habitantes también ha sido una practica recurrente. Se han registrado, por ejemplo, en el recuento de los hechos, éxodos como:

  • El de la vereda La Resbalosa, "de la cual han salido familias enteras ante la amenaza de que regresarán los operativos militares y paramilitares...". (Prueba No. 1).
  • El de la vereda Los Mandarinos, el 9 de agosto de 1996 (Prueba No 1 pg 8)
  • El del mes de junio de 1997, cuando 30 pobladores de las veredas Alto Bonito y La Resbalosa, que aún no se habían desplazado, fueron obligados a hacerlo (Prueba No. 10).
  • El del 3 de Julio de 1997, cuando fueron desalojadas por paramilitares las veredas Miramar y La Victoria y sus pobladores forzados a desplazarse. (Prueba No. 10).
  • El del 26 de marzo de 1998, cuando varios campesinos fueron heridos y obligados a desplazarse forzadamente de la vereda Alto Bonito, de San José de Apartadó, por efectivos de la Brigada XVII del Ejército que atacaron su vivienda familiar y obligaron también a los habitantes de las veredas vecinas a desplazarse forzadamente. (Prueba No. 15)
  • El del 1º de agosto de 1998, cuando los miembros de la Comunidad de Paz habitantes de la vereda La Unión, fueron aterrorizados por bombardeos y ametrallamientos realizados por el Ejército, que luego se instaló en el caserío y acampó en las casas de los pobladores.
  • El del 26 de agosto de 1998, cuando los pobladores de las veredas Arenas Altas, Arenas Bajas, La Cristalina, Las Nieves, Buenos Aires y La Linda, del corregimiento de San José de Apartadó, fueron bombardeados y ametrallados por el Ejército.
  • El del 11 de septiembre de 1998, cuando ARNULFO MORA fue asesinado y cuando OMAR DE JESUS MONTOYA, GUILDER JOSÉ GONZALEZ, su esposa y su hija de cuatro años de edad, GILBERTO ANTONIO GRACIANO y FABIO MOLINA fueron detenidos arbitrariamente.
  • El que siguió al asesinado de ALEXANDER GUZMÁN en la vereda La Unión, el 30 de julio de 2001, perpetrado por militares y paramilitares, acompañado por amenazas de ulteriores acciones de grupos paramilitares y por el robo de dinero y víveres de la Comunidad, lo que provocó el desplazamiento forzado de 55 familias campesinas integradas al proceso de la Comunidad de Paz. (Prueba No. 44)
  • El que se efectuó en esta misma vereda el 20 de octubre de 2002, luego de una incursión paramilitar y de la detención desaparición de ARNULFO TUBERQUIA, hechos que provocaron nuevamente el desplazamiento forzado de los campesinos de La Unión, el cual se prolongó mucho a causa del asentamiento de los miembros del Ejército en los espacios vitales de la Comunidad de Paz, como estrategia explícita para impedir el retorno de los campesinos. (Prueba No. 72).
  • El que tuvo que hacer la familia de la niña MILDREY DAYANA DAVID TUBERQUIA, que fue asesinada el 18 de marzo de 2003 por miembros del Ejército en la vereda La Cristalina del corregimiento de San José, siendo luego sometidos a presiones de los militares para dar versiones falsas del hecho y al saqueo de su vivienda donde encontraron amenazas escritas. (Prueba No. 85)
  • El realizado el 30 de mayo de 2003, por 52 familias campesinas de las veredas Mulatos, La Resbalosa y La Unión Carepa, luego de bombardeos y ametrallamientos del Ejército y de supuestos combates de éste con la guerrilla, en medio de los cuales fueron destruidas viviendas y enseres de la población. (Prueba No. 90)
  • El del 7 julio de 2003, cuando otras 17 familias más, provenientes de las veredas Mulatos Cabecera y Mulatos Medio, del corregimiento de San José fueron obligadas a desplazarse sumándose a las otras 42 familias que ya lo habían hecho días antes a causa de los operativos militares. (Pruebas 91,92 y 93)

3.

Asesinatos de civiles a quienes se presenta como
"insurgentes dados de baja en combate"

Se ha evidenciado la práctica perversa y sistemática de la fuerza pública de asesinar a campesinos y mostrarlos luego como "dados de baja en combate". Se han registrado casos evidentes, como :

  • El de César Florez, en la vereda Arcua Arriba, en hechos ocurridos el 29 de agosto de 1996. (Prueba No 1 pg 7 y 8).
    El del discapacitado mental JOSE DAVID, perpetrado el 29 de marzo de 1997 en la vereda La Unión por unidades del Ejército quienes lo asesinaron en el mismo yucal donde trabajaba y lo presentaron en la morgue como "guerrillero muerto en combate", exigiéndole el hospital a su padre una suma exorbitante, dada su extrema pobreza, para entregarle el cadáver. (Prueba No.5).
  • El del 29 de marzo de 1997, cuando Ejército y paramilitares mataron a ELIAS ZAPATA, HELIODORO ZAPATA, ALBERTO VALLE, FELIX ANTONIO VALLE, CARLOS TORRES y dos NN, una mujer y un hombre, siendo sus cadáveres recogidos en un helicóptero militar que los llevó a la morgue y los presentó (a la mayoría, pues a otros los desapareció) como "guerrilleros muertos en combate". (Prueba No. 5)
  • El del 7 de Junio de 1997, cuando ALFA DELIA HIGUITA TUBERQUIA, de 14 años y con tres meses de embarazo, y LUZ HELENA VALLE ORTIZ, de 17 años, fueron asesinadas en el sector de Los Mandarinos y luego exhibidas en la morgue como "guerrilleras dada de baja en combate".
  • El del 17 de junio de 1997, cuando GILMA ROSA DUARTE, de 29 años, JUAN DE JESÚS CAÑAS, de 80 años, CLARA ROSA HERNÁNDEZ DE CAÑAS, de 70 años, fueron asesinados en esa misma vereda por efectivos del Ejército que realizaba operativos militares en la zona.
  • El del 9 de abril de 1998, cuando DARÍO GÓEZ, de 42 años, fue herido, torturado y posteriormente asesinado en su misma casa en la vereda Arenas Altas, por tropas del Ejército que llegaron al lugar y le dispararon delante de muchos testigos y luego se lo llevaron con el pretexto de "curarlo", apareciendo luego su cadáver en la morgue como "guerrillero muerto en combate", siendo presentado así ante los medios masivos de "información". (Prueba No. 15)

4.


Capturas de campesinos con la intención de extraerles informaciones bajo torturas o sobornos:

Han sido registrados casos que evidencian esta práctica reiterativa, como, por ejemplo:

  • El ocurrido el 26 de agosto de 1996 en la vereda Arenas Bajas, cuando fue retenido un campesino a quien los militares torturaron y le ofrecieron dinero si suministraba información sobre la guerrilla. (Prueba No. 1 pg 8)
  • El ocurrido el 1º de septiembre de 1996 en la Empacadora "La Llave", donde un campesino fue retenido por efectivos del Ejército y le preguntaron si tenía armas escondidas en un rastrojo, y ante su negativa lo mantuvieron retenido, indagándole por la guerrilla y por armamentos, ofreciéndole dinero por patrullar con el Ejército por las noches. (Prueba No. 1 pg 8).
  • Lo ocurrido el 20 de febrero de 2001 a ANIBAL HOLGUIN, quien fue detenido y torturado sicológicamente en la vereda Buenos Aires por efectivos del Batallón 35 de Contraguerrilla, de la Brigada XVII del Ejército, intimidándolo y amenazándolo los militares con asesinarlo si no informaba de la presencia guerrillera. (Prueba No. 28)
  • Lo ocurrido el 3 de febrero de 2003 a LUBIAN DE JESUS TUBERQUIA, integrante de la Comunidad de Paz, quien fue contactado para trabajar o colaborar con el Ejército como informante, y en especial para denunciar ante la Fiscalía a los líderes de la Comunidad de Paz de San José a cambio de no ser acusado de pertenecer a las FARC como miliciano, advirtiéndole que en los archivos de la Brigada XVII reposaba un informe en su contra con esa sindicación. (Prueba No. 83)
  • Lo ocurrido el 15 de marzo de 2003 a JESUS RIVERA, quien fue detenido en su vivienda ubicada en la vereda la Linda, del corregimiento de San José de Apartadó, por tropas del Ejército que lo golpearon, le colocaron una toalla mojada en la cabeza y le hicieron disparos por entre las piernas, mientras le decían que se entregara y que le daban buena plata, ya que él tenia orden de captura, pero que si trabajaba con ellos acusando gente le daban buena cantidad de dinero, casa y finca, y además seguridad. (Prueba No, 84)
  • Lo ocurrido el 17 de marzo de 2003 a ANTONIO VARELA, campesino que fue detenido por tropas del Ejército y torturado, asegurándole los militares que él figuraba en una lista donde se encontraban los que tenían pena de muerte, ya que él era guerrillero, y que la única forma de quitarle la pena de muerte era trabajando con ellos acusando a la gente que ellos le indicarían y endilgándoles lo que ellos le dirían. (Prueba No. 84)


Detenciones arbitrarias y torturas

Otras detenciones y torturas que tratan de revestir apariencia legal pero que se salen de todo marco legal también han sido registradas, como :

  • La de un campesino de nombre Juan, realizada el 2 de abril de 1997 por efectivos del Ejército. (Prueba No. 5)
    La del Gobernador indígena del Resguardo de Patadó, JORGE DOMICÓ, perpetrada el 21 de abril de 1997 en el retén que mantido por los paramilitares a 5 minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, con aquiescencia pasiva de todas las autoridades (Prueba No. 8)
  • La de ANTONIO TUBERQUIA, BLANCA LIBIA GUZMÁN y HERIBERTO ÚSUGA, perpetrada el 29 de diciembre de 1997, por los mismos militares que los torturaron. (Prueba No. 12)
  • Las de JESÚS EMILIO TUBERQUIA, JOAQUIN GRACIANO, OVIDIO ANTONIO TUBERQUIA y ARNULFO TUBERQUIA, perpetradas el 5 de febrero de 1998, obligándolos los militares a desnudarse y despojándolos de sus machetes y haciéndolos tender en el piso para torturarlos durante largo rato, haciendo ademanes para decapitarlos y dispararles, mientras lanzaban amenazas contra toda la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. (Prueba No. 13)
  • La de MANUEL ZAPATA, integrante de la comunidad de Paz de San José , perpetrada el 12 de febrero de 1998, cuando fue retenido arbitrariamente y torturado por miembros del Ejército. (Prueba no. 14)
  • Las de JOSE EUSEBIO CARO y RAMÓN EMILIO VÉLEZ, miembros de la Comunidad de Paz de San José, perpetradas el 15 de febrero de 1998, cuando fueron retenidos arbitrariamente por miembros del Ejército que iban acompañados de paramilitares, siendo amarrados y sometidos a golpes durante toda la noche y obligados antes a firmar una constancia de "haber recibido buen trato". (Prueba No. 14)
  • Las de HUBERT GALVIS, CONSUELO DE GALVIS y LUIS HERNANDO GÓEZ, miembros de la Comunidad de Paz, perpetradas el 15 de febrero de 1998, cuando fueron detenidos arbitrariamente y torturados por miembros de la XVII Brigada del Ejército. (Pruebas Nros. 14 y 15)
  • La de GILDARDO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, perpetrada el 19 de marzo de 1998 cuando fue retenido ilegalmente, golpeado, ultrajado y despojado de sus pertenencias por miembros de la XVII Brigada del Ejército Nacional. (Prueba No. 15)
  • Las de EDUARDO MORALES y LUIS HIDALGO, perpetradas el 9 de agosto de 1999, cuando fueron detenidos y torturados por parte de personal del Ejército.
  • Las de OVIDIO CARDONA y RONEIRO JIMÉNEZ, perpetradas el 9 de noviembre de 1999, cuando fueron detenidos arbitrariamente por miembros del Ejército que realizaban operativos militares en la vereda.
  • Las de RIGOBERTO VASQUEZ CARDONA, ERNESTO DAVID, HERIBERTO FLOREZ y TEODORO LOPEZ, perpetradas el 30 de mayo de 2000, cuando fueron detenidos arbitrariamente por efectivos del Ejército que se encontraban en el área. (Prueba No. 20)
  • La de un campesino de la Comunidad de Paz que fue detenido arbitrariamente el 18 de agosto de 2001 en la finca La Roncona, a poca distancia del casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó, por miembros del Ejército. (Prueba No. 45)
  • La de la menor de edad LUZ ELENA GARCÍA, detenida arbitrariamente el 23 de noviembre de 2001 por militares que actuaban en compañía de un encapuchado que la acusaba de ser guerrillera. (Prueba No. 47)
  • La del menor de edad RODRIGO ÚSUGA, detenido arbitrariamente el 23 de noviembre de 2001 por militares. que lo acusaban de ser guerrillero, confrontando su nombre con una lista en la cual afirmaban que estaban anotando a todos los guerrilleros de la zona. (Prueba No. 47)
  • Las de CARLOS VARGAS y ALBERTO TUBERQUIA, retenidos el 26 de marzo de 2003 por miembros del Ejército les habían disparado con sus armas de fuego y que los encerraron en una casa donde los filmaron poniéndoles alimentos junto a ellos e informando por radio que habían capturado a guerrilleros que llevaban alimentación para la guerrilla. (Prueba No. 86)
  • La de ANTONIO BORJA , detenido el 7 de junio de 2003 en la vereda Buenos Aires por miembros del Ejército, quienes lo sorprendieron cuando llevaba el almuerzo a 4 trabajadores acusándolo de "llevar comida para la guerrilla", presionándolo con amenazas para que "confesara" que era guerrillero al entregarlo a la Fiscalía.
  • Las de MYRIAM TUBERQUIA y EMILIO OSORNO, detenidos el 16 de junio de 2003 por miembros de la Brigada XVII del Ejército y mantenidos en la Brigada por varios días mientras eran señalados arbitrariamente de ser colaboradores de la guerrilla. (Prueba No. 91)
  • Las de dos campesinas de la vereda La Resbalosa que fueron detenidas en un retén instalado en La Balsa por el Ejército, no obstante llevar consigo a hijos de corta edad, uno de ellos de solo ocho meses de nacido y otro de 10 años. (Prueba No. 97)

6.

Hostigamiento constante contra la Comunidad de Paz


Esta práctica ha sido constante en toda la secuencia de crímenes que se han registrado contra los campesinos y los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Los responsables de los hechos han actuado bajo la premisa de que la población civil en esa zona es guerrillera o auxiliadora de la insurgencia, mecanismo que ha servido para mantener bajo una persecución constante, que se concreta en el desconocimiento y violación generalizada de numerosos derechos humanos de la población de la zona, en la cual siembran permanentemente el terror y el miedo. Muchos casos se han registrado, como, por ejemplo:

  • El 4 de mayo de 1997 la población del casco urbano de San José fue intimidada sicológicamente mediante símbolos macabros que los militares dejaron detrás de la escuela del caserío, como una calavera real con atuendos militares y letreros amenazantes, luego de haber ocupado durante varias semanas las instalaciones de la escuela. (Prueba No. 9)
  • El 16 de mayo de 1997 fueron allanadas varias viviendas ilegalmente por un contingente militar que ocupaba el caserío de San José, donde se asentaban los desplazados de varias veredas de dicho corregimiento. Los militares practicaron una requisa sin orden legal de autoridad competente y le advirtieron a los pobladores que "se metieran temprano en sus casas", aumentando así el terror reinante. (Prueba No. 7)
  • El 10 de enero de 1998, militares en estado de embriaguez que se encontraban asentados en el caserío de San José amenazaron e intimidaron a los pobladores. (Prueba No. 13)
  • Entre los días 31 de marzo y 1º de abril de 1998, efectivos de la XVII Brigada del Ejército Nacional en compañía de grupos paramilitares se introdujeron en el caserío de San José de Apartadó e insultaron a todos los pobladores, anunciándoles que iban a "acabar con ellos y a obligar a huir a los que quedaran vivos". (Prueba No. 15).
  • El 28 de febrero de 1999 los miembros de la Comunidad de Paz fueron acusados de ser guerrilleros por personal del Ejército que ingresó al caserío de San José.
  • El 11 de febrero de 1999, los paramilitares habían ingresado a una vivienda ubicada en la vereda Caracolí, de San José de Apartadó, buscando supuestamente guerrilleros, y acusando a la Comunidad de Paz y al Equipo Misionero de Justicia y Paz como guerrilleros.
  • El 23 de febrero de 2000, los miembros de la Comunidad de Paz fueron amenazados en los retenes instalados por el Ejército, donde son hostigados permanentemente.
  • El 12 de marzo de 2000 el Ejército hizo disparos y lanzó dos bombas en medio de la población civil y profirió acusaciones contra la Comunidad en el sentido de que van a acabar con ella.
  • El 14 de marzo de 2000 personal del Ejército ingresó al caserío de San José y manifestó que "la Comunidad se va a acabar".
  • El 25 de marzo de 2000 los pobladores de la vereda Arenas Altas que pensaban retornar a sus parcelas, fueron amenazados por paramilitares que se instalaron en un retén en los sitios Los Mandarinos y El Salto, a menos de una hora del lugar del nuevo asentamiento a donde pretendían retornar los desplazados.
  • El 14 de mayo de 2000 los integrantes de la Comunidad de Paz de San José fueron amenazados por unidades del Ejército a través de manifestaciones tales como: "la Comunidad era guerrillera y nos vamos a meter para acabarla". (Prueba No. 19)
  • El 22 de diciembre de 2000 ingresó personal militar al caserío de San José manifestando que estaban cerca unos 100 paramilitares con el propósito de atacar a la Comunidad y acabarla, y que si la Comunidad les pedía a los militares que se retiraran, sería responsable de lo que le pasara. (Prueba No. 27)
  • El 5 de enero de 2001, EUTIQUIO VASQUEZ resultó lesionado por la explosión de una mina antipersonal abandonada por el Ejército en los cultivos comunitarios de la Comunidad, en inmediaciones del casco Urbano de San José de Apartadó. (Prueba No. 27).
  • El 21 de enero de 2001, siendo las 11:40 horas, los pobladores de la Vereda La Esperanza fueron intimidados, amenazados y acusados de ser cómplices de la guerrilla, de ocultarles información, de mentirosos y de recibir a la guerrilla en el caserío, por efectivos de la Brigada XVII del Ejército. Los militares querían obligar a un menor de edad a trasladarse al corregimiento de San José a hacerles una diligencia, a lo cual se negaron los miembros de la Comunidad. A un campesino lo condujeron hacía un árbol de Ceiba que tenía espinas y lo amenazaron con abrazarlo y lo amenazaban con cortarle la cabeza. (Prueba No, 27.)
  • El 20 de febrero de 2001, a las mujeres de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó les fueron hurtados 120 palos de yuca que tenían sembrados comunitariamente, por miembros del Ejército. (Prueba No. 28)
  • El 22 de febrero de 2001, los miembros de la Comunidad de Paz fueron amenazados de ser víctimas de una masacre por los paramilitares, pues decían que debía pagar por las acciones de la guerrilla. (Prueba No. 29)
  • Entre el 26 de febrero y el 7 de marzo de 2001, militares ingresaron periódicamente al casco urbano de San José y exigían a los miembros de la Comunidad que les vendieran víveres y les permitieran utilizar el teléfono comunitario. Se instalaron en zonas de cultivos de la Comunidad e impidieron que desarrollaran sus labores agrícolas. En los retenes que tenían instalados manifestaban permanentemente que acabarán con la Comunidad de Paz. (Prueba No, 28)
  • El 26 de marzo de 2001 explotó una granada y fueron realizados disparos y ráfagas de fúsil, a una distancia aproximada de 3 minutos del caserío de San José de Apartado, por parte de efectivos del Ejército que simulaban un enfrentamiento. (Pruebas Nros. 35 y 36)
  • El 24 de mayo de 2001, militares hicieron ráfagas en el propio interior del Caserío de San José de Apartadó, provocando pánico y terror. El Ejército alegaba que se trataba de entrenamientos y de ejercicios tácticos preventivos, pero éstos eran realizados en medio de la población civil. (Prueba No. 39)
  • El 2 de julio de 2001, los habitantes de una casa campesina, ubicada a cinco minutos aproximadamente del caserío de San José, por la vía que conduce a la vereda La Unión, fueron sorprendidos por un grupo de uniformados que llegaron haciéndose pasar por guerrilleros, diciendo que "si llegaba a ocurrir una masacre, ya habrían de saber que no eran ellos, porque ellos no hacían eso". Luego preguntaron por algunas personas y líderes. (Prueba No. 41)
  • El 19 de julio de 2001, personal militar impidió el paso a campesinos de la Comunidad de Paz hacia un área de trabajo comunitario. (Prueba No. 43)
  • El 22 de julio de 2001 fueron efectuados disparos y lanzadas luces de bengala en el propio Caserío de San José de Apartadó, por militares que se encontraban en el lugar desde días atrás. (Prueba No. 43)
  • El 5 de diciembre de 2001, la vivienda del campesino RODRIGO GONZALEZ ubicada en el camino que del caserío de San José conduce a La Unión, fue allanada ilegalmente por efectivos del Ejército quienes también lo interrogaron por su pertenencia a la Comunidad de Paz y señalaron que era esta era una comunidad guerrillera. (Prueba No. 47)
  • El 15 de mayo de 2002, se escucharon explosiones y luces de artefactos que eran disparados por militares desde la finca La Cooperativa, ubicada en la carretera que de Apartadó conduce a San José. (Prueba No. 64)
  • El día 5 de noviembre de 2002, el Ejército ingresó al caserío de San José con gente civil armada, incrementando con ello el terror de la comunidad. Caminaron por todo el caserío 30 soldados, estos mismos de nuevo se pasearon por la comunidad a las 11:30 a.m., y volvieron a pasar a las 18:10 horas, esta vez eran cuatro militares acompañados por una persona vestida de civil portando un arma corta. (Prueba No. 75)
  • El 12 de Noviembre de 2002, un campesino habitante del casco urbano de San José de Apartadó fue abordado por efectivos militares que le anunciaron el ingreso de los paramilitares a fin de quemar las viviendas del caserío y provocar el desplazamiento forzado de todos ellos. (Prueba No. 76)
  • El 8 de diciembre de 2002, personal del Ejército fue visto alojado en el interior de las viviendas de los campesinos de la vereda La Unión, residiendo en ellas y cargando sus equipos de comunicaciones. Al ser cuestionados, manifestaron que los campesinos ya no podían volver a la zona porque era de ellos y que iban a llevar su propia gente a trabajar las tierras y para que las habitaran. (Prueba No. 79). Esto se repitió el 22 de diciembre de 2002. (Prueba No, 80)
  • El 3 de enero de 2003, a los pobladores de la vereda La Unión les fue dejada en sus cultivos comunitarios una granada de fragmentación por efectivos militares. (Prueba No. 81 y 80)
  • El día 22 de enero de 2003, los pobladores del caserío dela Unión, quienes solo dos días antes habían retornado a sus lugares de residencia, se vieron compelidos por un grueso número de efectivos militares que se asentó en horas de la noche nuevamente en el caserío y los lugares de labores poniendo en riesgo a todos los retornados. Se acercaron a las viviendas y exigieron a la población la venta de alimentos. (Prueba No. 82)
  • El 12 de marzo de 2003, soldados manifestaron que "habían entrado a la comunidad guerrillera de Urabá y que ya la tenían acabada; que con el gobierno de Uribe las cosas si funcionaban y que ahora sí junto con los primos las cosas las tenían ganadas" y a varios de los hombres los acusaban de ser guerrilleros. (Prueba No, 84)
  • El día 23 de marzo de 2003, cuando se celebraba el sexto aniversario de la constitución de la Comunidad de Paz, un helicóptero de las Fuerzas Militares sobrevoló el caserío de San José mientras se realizaba el acto. En la noche, varios militares entraron al caserío donde se encontraban los campesinos en celebración, y ante el rumor de una incursión paramilitar se generó tal situación de pánico que de inmediato todos se dispersaron de manera inmediata. Esa misma noche por el sector de la vereda La Unión -donde se realizaría el 24 de marzo el quinto aniversario del retorno de los desplazados-, la cual se encontraba con fuerte presencia militar, se escucharon varias explosiones, lo que provocó el temor de todos los pobladores de la vereda. (Prueba No. 85)
  • El día 28 de marzo de 2003, en la finca La Cooperativa de la Comunidad de Paz, tropas del Ejército dejaron abandonado un morral de los que utilizan para sus labores, no obstante encontrarse cerca del lugar. Esta constatación la hizo la Defensoría del Pueblo - Regional Urabá, que el día 1º de abril se hizo presente en San José de Apartadó. (Prueba No. 87)
    El viernes 11 de abril de 2003, se escucharon disparos en varios lugares de la vereda La Unión, y después de estos, una tropa del Ejército entró al caserío e ingresaron a las casas y comenzaron desde allí a disparar. Le decían a la gente que se tiraran al suelo sin dar ninguna explicación. Estuvieron en esta acción por más de dos horas. (Prueba No. 87)
  • El 12 de abril de 2003, el Ejército instaló durante la mañana un retén en las salidas de San José, hacia el caserío de la Unión y en la otra salida hacia la vereda La Cristalina, y allí requisaban a toda la gente y les decían que eran guerrilleros; además les pedían las cédulas y las anotaban, diciéndoles que estaban haciendo listas de los guerrilleros de la zona; a varias personas les retuvieron las cédulas y las obligaban a que les compraran víveres en San José y si se negaban les decían que no les devolverían las cédulas. Si las personas iban con niños, obligaban a los menores a ir por los víveres y les amenazaban con que si no los traían le pegarían a sus padres. (Prueba No, 87)
  • El 15 de abril de 2003, miembros del Ejército entraron nuevamente al caserío de la Unión y se apropiaron de los caballos de la Comunidad. (Prueba No. 87)
    Entre el 15 y 16 de abril de 2003, el Ejército instaló un retén donde privaba de la libertad a los campesinos y a los niños para indagar por la presencia guerrillera. Registraron los nombres de los campesinos y los alimentos que llevaban e impedían su paso. Los acusaban de ser guerilleros y colaboradores. (Prueba No. 87)
  • El 19 de abril de 2003, pobladores de la Comunidad de Paz que estaban cultivando fueron abordados por tropas del Ejército que les dijeron que no podían trabajar en esas tierras porque esas tierras eran de ellos (de los militares) pues ellos las habían "conquistado". Los militares obligaron a los miembros de la Comunidad de Paz a irse "si no querían tener problemas". Dichos terrenos son propiedad de la Comunidad de Paz. (Prueba No. 88)
  • Desde el día 20 de abril de 2003, los habitantes de la vereda La Cristalina observaron la presencia de un grupo de paramilitares que bajaba hacia el casco urbano de San José. Al día siguiente, ingresó personal del Ejército al caserío, lo recorrió y preguntó por varios pobladores. (Prueba No. 88)
  • El 25 de abril de 2003, desde tempranas horas de la mañana, tropas del Ejército hicieron presencia en el caserío de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ingresaron a la escuela y reunieron a los niños manifestándoles que desde ese momento no abandonarían el casco urbano de San José. Paralelamente, se acomodaron por todas las calles y lugares públicos de la Comunidad, filmando todas las casas y las personas. (Prueba No, 89)
  • El 26 de abril de 2003, el Ejército entró al caserío y le advirtió a la Comunidad que iban a acabar con ellos (Prueba No. 89)
  • El día 3 julio de 2003 se escucharon disparos que hicieron tropas del Ejército en el sitio conocido como Caracolí, lo que ocasionó temor y zozobra en la población. En el transcurso de la noche se escucharon tiros de manera aislada. El último vehículo de servicio público que cubría la ruta Apartadó - San José no llegó al caserío. (Prueba No. 90)
  • El día 15 de agosto de 2003, la escuela del caserío de San José de Apartadó fue tomada por personal perteneciente a la Décima Séptima Brigada del Ejército y desde allí utilizaban a menores de edad para enviarlos a comprar abastecimientos e informar a algunos pobladores que al día siguiente realizarían un censo casa por casa. El día 16 de agosto realizaron permanentes requisas de los diferentes automotores que se encontraban en el casco urbano de San José de Apartadó. (Prueba No. 96)
  • El día 24 de agosto de 2003, soldados del Batallón Bejarano Muñoz instalaron otro retén militar a la salida del casco urbano de San José de Apartadó, allí anotaron los nombres y las identificaciones de quienes transitaban por ese camino, incluyendo todos los niños que se movilizaban por esa vía. Ese día los militares ingresaron al interior del caserío de San José y le exigieron a los pobladores que les vendieran víveres y comestibles, a lo cual se negaron, por ello eran recriminados y de esa manera buscaban presionarlos u obligarlos a tratar directamente con los miembros de la Fuerza Pública (Prueba No. 97)

7.

Abusos sexuales por parte de efectivos de la Fuerza Pública:

El afán de dominar y humillar a la población campesina se ha expresado también en las afrentas sexuales a las mujeres de las comunidades de la zona. Varios casos han sido denunciados y registrados, como, por ejemplo:

    <li<Enadis Lugo sufrió un intento de violación carnal por un soldado que se encontraba en inmediaciones de la vivienda de la víctima el 17 de diciembre de 2001. Posteriormente, tras formular la respectiva denuncia, los militares la fueron a buscar, lo que obligó a la familia a desplazarse forzadamente. (Prueba No. 49)
  • Maria Grimanesa Florez, de 15 años de edad, fue violada en el camino que del caserío de San José conduce a la vereda Miramar por un uniformado del Ejército que la retuvo obligadamente. (Prueba No. 52)

8.

Operativos conjuntos de personal militar y paramilitar.

La coordinación y unidad de acción entre la fuerza pública y los grupos paramilitares ilegales constituye una de las características más evidentes de la estrategia de persecución y exterminio contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y permanece como elemento integrante de la gran mayoría de estos crímenes. Algunas de sus manifestaciones más llamativas se han reseñado explícitamente, como, por ejemplo:

El 1º de abril de 1997, JOSE LEONARDO PANESSO CARVAJAL y BERNARDO PANESSO fueron asesinados por miembros del Ejército acompañados por integrantes de una organización paramilitar. (Prueba No. 5)

  • El 21 de abril de 1997, un poblador de nombre MIGUEL, cuyo apellido no se pudo averiguar, fue asesinado, y ALBEIRO USMA resultó herido luego de que fueran detenidos en la vereda La Unión por militares y paramilitares . (Prueba No. 8)
  • El 10 de abril de 1997, los hermanos MIGUEL y BERTHA GUISAO fueron detenidos desaparecidos por un grupo conformado por militares y paramilitares que realizaban un operativo conjunto en la zona. (Prueba No. 7)
  • El 14 de mayo de 1997, DIOFANOR SANCHEZ CELADA, fue asesinado y LUIS HERNANDO DAVID HUIGUITA y ELKIN EMILIO TUBERQUIA SEPÚLVEDA torturados, golpeados y amenazados con ser decapitados con machetes, por paramilitares que ingresaron al casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó. Al alejarse un poco los paramilitares, las víctimas pidieron ayuda al Ejército que se encontraba allí acantonado a pocos metros; los soldados los llevaron encañonados, como escudos humanos, hasta el sitio donde estaba el cadáver de Diofanor. Aunque fue posible divisar de allí el grupo de 100 paramilitares que rodeaba el caserío, el Ejército no hizo nada contra ellos. (Prueba No. 7)
  • El 15 de mayo de 1997, el joven RAMON ALFREDO JIMENEZ DUARTE fue torturado y asesinado por militares y paramilitares. (Prueba No. 7)
  • El 7 de marzo de 1998, REYNALDO LARA RAMOS, JUANITA OSORIO DE LARA y MIGUEL LARA fueron torturados y asesinados por miembros del Ejército Nacional y de grupos paramilitares que se encontraban en la zona. (Prueba No. 15)
  • El 19 de febrero de 2000, ALBEIRO MONTOYA, LUIS CIRO, ALFONSO JIMENEZ, MARIO URRREGO y UVALDO QUINTERO fueron asesinados y RIGO QUINTERO y JAIRO PINEDA heridos por paramilitares que ingresaron al casco urbano de San José de Apartadó. La carretera por donde se movilizaban estaba fuertemente militarizada. (Prueba No. 23)
  • El 8 de julio de 2000, RIGOBERTO GUZMAN, ELODINO RIVERA, DIOFANOR CORREA, HUMBERTO SEPULVEDA, JAIME GUZMAN y PEDRO ZAPATA fueron asesinados en el caserío de la vereda La Unión del corregimiento de San José de Apartadó, por paramilitares, encontrándose en los alrededores tropas del Ejército y habiendo sobrevolado en el momento de los hechos un helicóptero de las Fuerzas Militares. (Prueba No. 41)
  • El 5 de marzo de 2001, a los miembros de la Comunidad de Paz les fueron incineradas trece viviendas en el caserío de San José de Apartadó, por paramilitares que ingresaron e intentaron quemar la bodega comunitaria, mientras el ejército se encontraba cerca. (Prueba No. 28)
  • El 7 de julio de 2001 se inició un operativo militar - paramilitar en las veredas Mulatos y La Resbalosa. En ese recorrido, intimidaron a la población, la forzaron al desplazamiento, saquearon viviendas, robaron animales, incineraron la casa de habitación de ALONSO BOLIVAR TUBERQUIA, hirieron a JULIO CESAR GUISAO y detuvieron ilegalmente a AQUILINO PEREZ y GUILLERMO PADIERNA BORJA. El 13 de julio de 1999, AQUILINO PEREZ fue asesinado por este mismo personal militar-paramilitar. Los militares fueron apoyados por aire con un helicóptero oficial. (Pruebas Nros. 41, 42 y 43)
  • El 15 de diciembre de 2001, HENRY TUBERQUIA LONDOÑO fue asesinado, en el interior de su vivienda ubicada en el casco urbano de San José de Apartadó, por tres hombres armados y vestidos con prendas de uso privativo de las FFMM., mientras a escasos tres minutos del caserío había presencia militar ubicada sobre la carretera que de San José conduce a Apartadó y por ese mismo lugar entraron y salieron los agresores. (Prueba No. 48)
  • El 18 de diciembre de 2001 GILBERTO SALAS fue golpeado e intentado asesinar cuando fue bajado de un vehículo de servicio público en el que se movilizaba por la carretera Apartadó - San José, por paramilitares que lo acusaban de ser guerrillero, cuando a menos de 30 metros apareció un camión del Ejército y provocó que los paramilitares se retiraran, mientras le decían a la gente "vamos a estar aquí, mirando duro". Al llegar los soldados le dijeron a los pasajeros "súbanse tranquilos que aquí no pasó nada", pero tampoco salieron en persecución de los agresores.. (Prueba No. 49)
  • Desde el 29 de abril de 2002 hasta el 5 de mayo se prolongó la realización de un operativo paramilitar y del Ejército que ingresó a las vereda Playas Altas donde asesinaron a FERNANDO PUERTA; a la vereda El Porvenir, donde asesinaron a DARIO GRACIANO USUGA, ALEXANDER GRACIANO CARDONA y SAMUEL GRACIANO POZO. Siguieron su marcha por las veredas y se reportaron explosiones y posibles enfrentamientos en el área. Esto provocó que los pobladores se desplazaran forzadamente. El 4 de mayo de 2002 se movilizaron hacía la vereda La Unión donde les fueron hurtados ropas, víveres y animales a los pobladores. El grupo de paramilitares salió de la vereda La Unión y advirtieron que iban para San José a "acabar con esos guerrilleros". El 5 de mayo de 2002, detuvieron a FABIO LEON GRACIANO CARDONA, HELIODORO LOPEZ y LUIS ALFONSO RUIZ MONROY, en la vereda El Guineo, obligándolos a servir de guía para salir de la zona hacia Turbo, a donde llegaron y fueron recibidos por camiones en la carretera que recibieron a los heridos y los cadáveres y demás uniformados, así como a los animales y objetos sustraídos del caserío de la Unión el 4 de mayo.. De esta situación se había informado a las autoridades civiles sin que realizaron acciones para evitar los crímenes. (Prueba No. 65)
  • El 20 de octubre de 2002 en una incursión paramilitar a la vereda La Unión donde detuvieron desaparecieron a ARNULFO TUBERQUIA y hurtaron dinero y diversos artículos de la Comunidad. Siguieron su marcha y en la vereda El Porvenir detuvieron a LUIS ARNOLDO DAVID a quien dejaron en libertad el 21 de octubre. Este mismo día retuvieron a NELSON ÚSUGA y a CARLOS ALCARAZ y posteriormente los dejaron en libertad. El 24 de octubre detuvieron y desaparecieron a DIOFANOR CORREA en la vereda Las Nieves. Este mismo día, ingresó un contingente del Ejército y se tomó el caserío de La Unión que estaba desocupado debido al desplazamiento de sus pobladores. Los militares ocuparon las casas de los campesinos, saquearon sus despensas, sacrificaron los animales domésticos como cerdos y gallinas y robaron y destruyeron numerosos enseres de los pobladores. Tras no insistir en la búsqueda de los desaparecidos y de contrarrestar al grupo de paramilitares que estaban en la zona, se dedicaron a detener a campesinos y amenazar a la Comunidad de Paz. Detuvieron a dos campesinos de la vereda El Porvenir y comunicaron que la gente desplazada de La Unión era de una comunidad guerrillera y por ello estaban desplazados, además que le rogaran a Dios que era el único que iba a salvarlos de una masacre. El 4 de noviembre de 2002, los paramilitares reaparecieron en las veredas El Porvenir y Las Nieves y detuvieron a los campesinos ROSA JIMÉNEZ y SAMUEL URREGO, JOSE DE LOS SANTOS BERRIO, su hijo de 14 años de edad y FACTOR TORRES. El día 9 de noviembre dejaron en libertad a cinco de ellos y continuaron con Arnulfo Tuberquia detenido desaparecido desde el 20 de octubre y Diofanor desde el 24 de octubre de 2002. En su recorrido por estas veredas, los paramilitares le anunciaban a los pobladores que iban a permanecer en la zona puesto que contaban con el apoyo del Ejército. Afirmaron repetidas veces: "Ahora sí podemos hacer lo que nos dé la gana; ahora podemos contar con el apoyo de los primos; vamos a acabar con la Comunidad de Paz de San José". Cuando una campesina les preguntó quiénes eran "los primos", le respondieron: "no se hagan los pendejos, son los militares". (Prueba No. 75)

9.

Retenes paramilitares a escasos metros de bases o retenes militares: escenarios de desapariciones, asesinatos, detenciones arbitrarias e instrumento de bloqueo alimentario.

Los retenes paramilitares han sido una de las tácticas-eje de la persecución y exterminio contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Siempre están protegidos por el Ejército, ya sea porque se instalan a pocos metros de retenes o bases militares, ya porque se turnan con retenes militares en relevos cuidadosamente coordinados, ya porque jamás los militares han respondido a las denuncias y peticiones de protección de los pobladores cuando los paramilitares están perpetrando atrocidades a pocos metros de ellos, ya porque explícitamente unos y otros (militares y paramilitares) se dan mutuamente el trato de "primos" sin pudor alguno delante de la población, ya porque unos anuncian la presencia de los otros en una evidente distribución de acciones, ya porque la Comunidad ha identificado multitud de veces a paramilitares en las filas del Ejército y a militares en las filas de los paramilitares. Pero estos retenes han contado con la aquiescencia y protección de todas las autoridades civiles, desde los Presidentes de la República, Ministros, Fiscales, Procuradores, Personeros, Alcaldes, a quienes se les ha suplicado ir a observar en vivo y en directo los retenes, que en ocasiones han estado establecidos hasta por un año continuo, sin que haya sido posible obtener medida alguna de represión ni de investigación ni sanción de esta práctica continua. En dichos retenes se ha asesinado y desaparecido a numerosas personas y continuamente se ha hurtado la alimentación que los pobladores consiguen en Apartadó para su subsistencia. Algunos de los hechos reseñados, a manera de ejemplo, son:

  • La carretera de Apartadó a San José es de 12 kilómetros aproximadamente. Su recorrido, desde la salida del casco urbano municipal ha estado sometido a un estricto control por parte del Ejército. En efecto, instalan retenes en donde inspeccionan los vehículos, las personas y los víveres y mercados que transportan. En los barrios Policarpa, El Mangolo, La Platanera, Tierra Amarilla, La Balsa, La Victoria y Caracolí, ubicados sobre la vía entre Apartadó y San José, realizan continuos patrullajes, apostados generalmente en casas de civiles. No obstante, los habitantes de San José de Apartadó y la Comunidad de Paz han sido testigos presenciales y víctimas de las múltiples acciones de los paramilitares que en idénticos retenes, ejercen similar dominio al de la autoridad militar, que no dista en absoluto de la intencionalidad de bloquear alimentariamente a la población, asesinar y/o desaparecer a los líderes y a quien consideren sin fórmula de juicio, auxiliador o colaborador de la insurgencia.
  • Ya el 28 de febrero de 1997, se evidenciaba la cercanía de los retenes paramilitares y militares. El 30 de marzo de 1997, DIDIER RESTREPO fue herido en un retén ubicado en el sitio conocido como Caracolí, por personal del Ejército y paramilitares que comenzaron a disparar contra varios campesinos (Prueba No, 5)
  • El Asesinato de Cesar Pérez el 5 de abril de 1997 y la desaparición forzada de Ovidio Torres el día 6 de abril en el retén ubicado a pocos minutos de la base militar del barrio Policarpa. (Prueba No. 6)
  • El 17 de mayo de 1997, FRANCISCO TABARQUINO miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue asesinado al ser bajado del vehículo de servicio público en el retén paramilitar. (prueba No. 7)
  • El 21 de Junio de 1997, el campesino ALVARO ENRIQUE SANTOS BAQUERO fue asesinado en el mismo retén.
  • El 27 de Junio de 1997, REINALDO TUBERQUIA fue detenido arbitrariamente en dicho retén y fueron saqueados los mercados de los campesinos. (Prueba No. 10)
  • El 13 de julio de 1997, ARTURO TASCÓN fue detenido arbitrariamente por los paramilitares en el retén (Prueba No. 10)
  • El 12 de diciembre de 1997, DARIO GEORGIA y DAYLA ZÚÑIGA, coordinadora de la vereda Las Nieves, fueron detenidos desaparecidos por paramilitares. Previamente a su detención habían pasado por el reten militar. (Prueba No. 12)
  • El 6 de enero de 1998, LUZ MÉLIDA ÚSUGA y BEATRIZ ELENA ÚSUGA fueron detenidas arbitrariamente, por paramilitares, en el retén. (Prueba No. 13)
  • El 13 de marzo de 1998, GERARDO DE JESÚS HIDALGO fue asesinado a una cuadra de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, siendo vistos los asesinos, minutos después del crimen, departiendo con los militares que se encontraban en la base en ese momento. (Prueba No. 15)
  • El 22 de mayo de 1998, ORLANDO GRACIANO fue asesinado en el retén (Prueba No. 16).
    <li<El 14 de agosto de 1998, LUIS HERNAN RUIZ fue asesinado por paramilitares en el retén.
    El 19 de septiembre de 1999, LUIS ENRIQUE USUGA, fue asesinado por paramilitares.
  • El 20 de septiembre de 1999, el indígena MIGUEL BAILARIN, fue detenido arbitrariamente por los paramilitares.
    El 13 de mayo de 2000, el campesino JOSMEN BENITEZ fue asesinado por paramilitares. (Prueba No. 19)
  • El 25 de agosto de 2000, IGNACIO ARENAS, fue asesinado por paramilitares. (Prueba No. 23)
  • El 19 de septiembre de 2000, LUIS ENRIQUE ÚSUGA, fue asesinado por paramilitares. (Prueba No. 23)
  • El 22 de septiembre de 2000, el indígena MIGUEL BAILARIN, fue asesinado y su cuerpo apareció en la Finca Bajo del Oso junto con el cadáver de una mujer NN guerrillera que fue bajada de un vehículo de la Cruz Roja Internacional, en la carretera que de Apartadó conduce a San José, por paramilitares. (Prueba No. 23)
  • El 22 de octubre de 2000, los pasajeros de un vehículo de servicio público fueron retenidos en el Barrio El Consejo de Apartadó, por los paramilitares que los requisaron, exigieron documentos de identidad y hurtaron los víveres y alimentos que llevaban.
  • El 24 de octubre de 2000, una mujer integrante de la Comunidad de Paz fue detenida por efectivos del Ejército que tenían instalado un retén, le retuvieron el mercado y acusaron a la Comunidad de ser un nido de guerrilleros. Afirmaron además que no les importaban las denuncias que se pudieran hacer a nivel nacional e internacional (Prueba No. 24)
  • El 11 de noviembre de 2000, los integrantes de la Comunidad de Paz fueron amenazados por parte de paramilitares que anunciaron la realización de un bloqueo económico. (Prueba No. 25)
  • El 14 de noviembre de 2000, los pasajeros de un vehículo de servicio público fueron agredidos en un retén paramilitar donde les hurtaron los mercados y víveres que llevaban. Posteriormente siguieron el camino y se encontraron con un retén militar en el barrio El Mangolo. (Prueba No. 25)
    El 22 de diciembre de 2000, el Ejército, en un retén instalado en la vía, hurtó mercados y víveres por valor de $350.000, argumentando que tenían orden de no dejar pasar alimentos. Este bloqueo alimentario por parte del Ejército duró hasta el día 6 de enero de 2001, exigiendo facturas y aduciendo que esos mercados eran para la guerrilla. (Prueba No, 27)
  • El 24 de noviembre de 2000 fue hurtada la suma de $13.800.000 obtenidos por la Comunidad de Paz de la venta de los productos agrícolas que se cultivan comunitariamente. (Prueba No. 26).
  • El 3 de abril de 2001, los pasajeros de un vehículo de servicio público fueron interceptados por paramilitares que los requisaron y los amenazaron con asesinarlos. (Prueba No. 36)
  • El 8 de abril de 2001, los ocupantes de un vehículo de servicio público fueron interceptados por paramilitares y desviado el vehículo hacia el barrio Policarpa. Durante una hora fueron interrogados y amenazaron con una larga lista de personas de la Comunidad que iban a asesinar. (Prueba No. 37)
  • El 17 de abril de 2001, los ocupantes de un vehículo de servicio público fueron interceptados por paramilitares. Interrogaron a un joven acerca de dónde vivía y hacia donde se dirigía. (Prueba No. 38) Los paramilitares luego fueron vistos pasar por un retén que tenía instalado el Ejército en el barrio El Mangolo, sin ser repelidos o aprehendidos por los soldados.
  • El 20 de abril de 2001, HUMBERTO MORA fue bajado de un vehículo de servicio público y asesinado en un reten paramilitar ubicado a escasos 50 metros de un reten militar. En ese retén, también fueron amenazadas dos mujeres que se movilizaban en el automotor.
  • El 13 de mayo de 2001, fue detenida una campesina integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, por efectivos del Ejército en un retén que tenían instalado y no permitieron pasar víveres para la Comunidad aduciendo que eran para la guerrilla. (Prueba No. 38)
  • El 5 de junio de 2001, los integrantes de la Comunidad de Paz fueron sometidos a intensas requisas en los vehículos en que se movilizaban, en un retén militar instalado en el barrio El Mangolo. Les exigían los documentos de identidad que eran comparados con listas que manejaban los uniformados y controlaban el ingreso de alimentos, aduciendo que es mucha la cantidad de comida que transportan para la Comunidad, (Prueba No. 40).
  • El 13 de junio de 2001, un integrante de la Comunidad de Paz y un conductor de un vehículo de servicio público fueron interceptados y acusaron a la Comunidad de tener acuerdos con la guerrilla. También preguntaron por los integrantes del Consejo Interno y los acompañantes nacionales e internacionales. (Prueba No. 40)
  • El 11 de julio de 2001, a la Comunidad de Paz le fue hurtado un cacao que ara trasportado para ser vendido en la ciudad de Medellín, en inmediaciones de la finca Coldesa, ubicada sobre la vía principal que une a Apartadó con Medellín, por paramilitares. (Prueba No. 42)
  • El 2 de diciembre de 2001, una campesina del corregimiento de San José de Apartadó fue detenida arbitrariamente por efectivos del Ejército que tenían instalado un retén militar y le retuvieron los víveres que llevaba. (Prueba No. 47)
    El 1º de marzo de 2002, les fueron hurtados los mercados a los pasajeros de un vehículo de servicio público en un retén paramilitar que se instaló en el sitio Tierra Amarilla. (Prueba No. 56)
  • El 30 de marzo de 2002 GILMA ROSA GRACIANO fue asesinada por paramilitares y su cuerpo apareció en el sitio Nueva Colonia, de Turbo, el día 31 de marzo, , (pruebas Nros. 57 y 58)
  • El 4 de abril de 2002, REYNEL ALVAREZ, conductor de uno de los vehículos afiliados a la Cooperativa que prestaba servicio a la Comunidad de Paz, fue asesinado por paramilitares en el sitio Tierra Amarilla (Prueba No. 59).
  • El 12 de abril de 2002, OSIEL MONTOYA, conductor de uno de los vehículos afiliados a la Cooperativa que presta servicio a la Comunidad de Paz, fue asesinado por paramilitares en el Sitio Tierra Amarilla. (Prueba No. 60)
  • El 16 de abril de 2002, GONZALO TREJO, conductor de uno de los vehículos afiliados a la Cooperativa que presta servicio a la Comunidad de Paz, fue asesinado en su casa de habitación ubicada en el barrio Alfonso López, del municipio de Apartadó. (Pruebas Nros. 61 y 62)
  • El 18 de mayo de 2002, FABIO N., conductor de vehículos de servicio público que presta servicios a la Comunidad, fue asesinado en el sitio Tierra Amarilla, por los paramilitares que mantienen el bloqueo económico. (Prueba No. 66)
  • El día 8 de noviembre de 2002, los pasajeros de un vehículo de servicio público fueron detenidos por un grupo de paramilitares, que les preguntaron por los mercados que llevaban y hurtaron uno perteneciente a un campesino a quien iban a dejar privado de la libertad. (Prueba No. 76)
  • El 13 de marzo de 2003, MARTHA VELÁSQUEZ fue interceptada en el sector de Tierra Amarilla por paramilitares, quienes le manifestaron que "toda persona que llevara mercados la iban a matar así que avisara", y le hurtaron el mercado y le impidieron seguir su camino en el vehículo que había contratado para su transporte. (Prueba No. 84)
  • El día 2 de julio de 2003, los pasajeros de un vehículo de servicio público fueron retenidos en el sitio La Platanera, por paramilitares, quienes advirtieron que no iban a permitir el ingreso de mercados porque eran para los guerrilleros. (Pruebas Nros. 90 y 91).
  • El 4 de agosto de 2003, también había presencia paramilitar en la carretera en el sitio Tierra Amarilla. (Prueba No. 91)
  • El día 9 de agosto de 2003 los paramilitares despojaron del dinero a los pasajeros de un vehículo de servicio público. (Prueba No. 94)
  • El Domingo 17 de agosto de 2003, dos vehículos que movilizaban con pasajeros hacia San José de Apartadó fueron retenidos por paramilitares en el sitio conocido como La Platanera y le examinaban a los hombres las manos. En la Balsa había instalado otro retén del Ejército. (Prueba No. 97)

10.

Utilización de desertores de organizaciones guerrilleras en labores de información y de victimización.

También se ha caracterizado el accionar militar en la zona del Corregimiento de San José de Apartadó por la utilización de desertores de organizaciones guerrilleras en labores de información o de victimización. Entre los hechos de este tipo que se han registrado, está:

  • El día 7 de septiembre de 1996, efectivos del Batallón Nro. 35 de Contraguerrilla, acompañados de una mujer desertora de las FARC, incursionaron en el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó y de sus propias casas de habitación sacaron violentamente para asesinarlos a SAMUEL ARIAS, Presidente de la Cooperativa Balsamar; GUSTAVO LOAIZA, Presidente de la Junta de Acción Comunal de San José y los miembros principales de la misma, MARIA EUGENIA USUGA de 19 años con cuatro meses de embarazo y JUAN GONZALEZ. (Prueba No. 1. pg 6).
  • El 5 de mayo de 1999, EDUARDO MORALES fue detenido arbitrariamente y su vivienda allanada y destruidos sus enseres, en la vereda Buenos Aires del corregimiento de San José de Apartadó, por personal del Ejército que se encontraba en compañía de Armando Pérez, ex guerrillero de las FARC EP.
  • El 6 de mayo de 1999, cuatro campesinos fueron detenidos arbitrariamente en la Vereda Arenas Altas por miembros del Ejército que llevaban dentro de la tropa a tres reconocidos paramilitares conocidos con los alias de: "Perro de Monte", "Wilson" y "Cordillera".
  • El 10 de mayo de 1999, los integrantes de la Comunidad de Paz fueron amenazados por Jaime García, ex guerrillero de las FARC EP que se había entregado al Ejército en días anteriores.
  • El 16 de septiembre de 1999, miembros de la Comunidad fueron intimidados por la presencia del Ejército que ingresó al caserío de San José de Apartadó en compañía de alías "Gerardo", reconocido paramilitar.
  • El 15 de marzo de 2000, los pobladores de la vereda Buenos Aires observaron a personal del Ejército en compañía de alías "El Bizco", ex guerrillero de las FARC y saquearon una vivienda manifestando que volverían.
  • El 9 de julio de 2000, el campesino MANUEL HERRERA, fue amenazado y su vivienda, ubicada en la vereda La Linda del corregimiento de San José de Apartadó, saqueada y algunos bienes hurtados, por personal del Ejército que se encontraba en el área junto con alias "Patricia", alías "Alfredo" y Alias "Gerardo", desertores de las FARC que se habían entregado al Ejército. Los militares le manifestaron a Manuel Herrera que "vamos a seguir asesinando, ya no solo a bala como en la Unión, sino que les vamos a mochar la cabeza". (Prueba No. 22).
  • El 25 de febrero de 2001, ALBEIRO OSORNO fue detenido arbitrariamente en el sitio El Chontalito, en inmediaciones de la vereda Mulatos del Corregimiento de San José de Apartadó, por miembros del Ejército. Los militares se encontraban en el área con alías "Gerardo", ex guerrillero de las FARC que se había entregado a la Fuerza Pública y venía sirviéndoles de informante.

11

Otras Acciones de paramilitares

Los grupos paramilitares que se han movilizado durante todos estos años por la zona con plena libertad de acción, reivindicando una autoridad equivalente a la de la fuerza pública oficial con la cual se les ha visto actuando constantemente, ya en compañía, ya estrechamente coordinados, han realizado también acciones criminales de extraordinaria crueldad y barbarie. Algunos de las que han sido aquí reseñadas, son:

  • El 10 de abril de 1997, los hermanos GILBERTO y MIGUEL RAMIREZ GIRALDO fueron torturados y asesinados en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó, por los paramilitares que les cortaron sus cuerpos en pedazos y finalmente les abrieron las entrañas y los decapitaron.. (Prueba No. 8)
  • El 14 de abril de 1997, un joven de apellido GRACIANO, fue asesinado por paramilitares en Apartadó, en presencia de su madre (Prueba No. 8)
  • El 16 de julio de 2000, FREDY MAZO fue detenido, torturado y asesinado, luego de haber sido sacado por la fuerza del caserío de San José de Apartadó, por paramilitares. (Prueba No. 23)
  • El 23 de septiembre de 2000, LUZ ANALIA ARENAS ROMAN, HERNANDO ARENAS y DUVER ANTONIO ROMAN fueron asesinados en su vivienda, ubicada a 15 minutos aproximadamente del casco urbano de San José, por seis paramilitares. (Prueba No. 23).
  • El 2 de enero de 2002, IVÁN VELÁSQUEZ fue asesinado y su vivienda, ubicada en el sitio conocido como La Batea, del corregimiento de San José de Apartado, fue saqueada y destruida por paramilitares que se movilizaban en una camioneta. (Prueba No. 53).

12

Control ejercido por los paramilitares en la Terminal del Transporte de Apartadó, simultáneo con el control de la Policía.

En la Terminal de Transporte de Apartadó, donde se comprueba en el día a día el control riguroso de la Policía, se han perpetrado numerosos crímenes contra los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y pobladores del corregimiento, a la vez que se han preparado, a través de seguimientos y "labores de inteligencia" otros muchos, y se realizan frecuentemente reuniones de los transportadores en las cuales se les conmina, bajo amenazas, a colaborar con el exterminio de los líderes e integrantes de la Comunidad de Paz y con los bloqueos alimentarios a los cuales han sometido a la Comunidad. Algunos de los hechos reseñados que revelan esto, son:

  • El 13 de abril de 1997, JOSE ANTONIO GRACIANO USUGA y JAIRO VALENCIA VANEGAS fueron torturados y asesinados en el barrio Vélez de Apartadó por unidades paramilitares que los había retenido en la Terminal de Trasportes de Apartadó y obligado a subirse a varias motos. (Prueba No. 8)
  • El 14 de febrero de 2002, la campesina MORELIA DE JESUS GIRALDO TUBERQUIA fue detenida desaparecida cuando se dirigía de la Terminal de Trasportes a la Plaza de Mercado de Apartadó, por paramilitares. Dos días antes, el 12 de febrero, Morelia había sido abordada en la misma Terminal de Trasportes por alías "Torolo", cuya identidad es Heliodoro Benítez, paramilitar, quien le manifestó que deseaba conversar con ella. (Prueba No. 55)
  • El 6 de mayo de 2002, MOISÉS SEPÚLVEDA fue detenido desaparecido en el casco urbano del municipio de Apartadó, por paramilitares. Fue visto por última vez hacia las 15:00 horas cuando hacía compras en el Supermercado "El Consumo" ubicado a la salida de Apartadó, donde usualmente permanecen los paramilitares intimidando a los campesinos y controlando la adquisición de víveres. Un caballo en el cual se transportaba Moisés fue entregado a un familiar el día 8 de mayo a las 11:00 horas, al haberlo encontrado amarrado en la carretera central. (Prueba No. 65)
  • El 16 de junio de 2002, a las 12:30 horas, MIGUEL ÁNGEL OSORIO DAVID, de 44 años de edad, campesino que participaba en proyectos de auto- sostenibilidad económica promovidos por la Comunidad, fue asesinado en la Terminal de Trasportes de Apartadó por paramilitares. (Prueba No. 67)
  • El 24 de junio de 2002, a las 11:30 horas, JAIME OVIDIO HIGUITA TORRES, miembro de la Comunidad de Paz, fue asesinado en la Terminal de Trasportes de Apartadó por paramilitares. (Prueba No. 68).
  • El 26 de julio de 2002, JOSE ALIRIO GONZALEZ, residente en el caserío de San José, fue asesinado en inmediaciones de la Terminal de Trasportes de Apartadó, por paramilitares (Prueba No 69)

13.

Asesinatos de líderes comunitarios:

Los líderes de la Comunidad han sido el blanco preferido de la persecución, como se deduce de los interrogatorios a que frecuentemente militares y paramilitares someten a los pobladores retenidos, a los niños, a los transportadores, y en general a la población hostigada en los retenes militares/paramilitares. Multitud de mensajes han sido enviados a los líderes para que esperen la muerte o la judicialización, pues a otros muchos campesinos los han torturado, amenazado o sobornado para que acepten "declarar" en instancias judiciales que los líderes son "miembros de la guerrilla" y así lograr su detención judicial para que la comunidad quede sin coordinación y destruirla más fácilmente.

Entre los asesinatos de líderes reseñados, se pueden contar éstos:

  • El 16 de agosto de 1996 fue asesinado en la terminal de transporte de Apartadó el fundador del corregimiento de San José de Apartadó, líder comunitario y Concejal de Apartadó por la Unión Patriótica, BARTOLOMÉ CATAÑO. Había apoyado el éxodo de campesinos hacia el coliseo de Apartadó.
    El 7 de Septiembre de 1996 fueron asesinados SAMUEL ARIAS Presidente de la Cooperativa Balsamar; GUSTAVO LOAIZA, Presidente de la Junta de Acción Comunal de San José y los miembros principales de la misma, MARIA EUGENIA USUGA con cuatro meses de embarazo y JUAN GONZALEZ que "habían participado activamente en la movilización campesina del mes de junio y colaboraron con la Comisión Verificadora para su recorrido hasta la Resbalosa. Además dos de ellas habían formulado quejas contra miembros del Ejército Nacional ante el Comandante de la XVII Brigada". (Prueba Ni. 1 pg 6).
  • El 17 de mayo de 1997, FRANCISCO TABARQUINO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue bajado del vehículo de servicio público en que se movilizaba, al pasar por el retén paramilitar instalado desde meses atrás cerca de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó. Fue llevado retenido desaparecido y horas después apareció su cadáver sobre la vía que va de Apartadó a San José. (Prueba No. 7)
  • El 4 de abril de 1999, ANÍBAL JIMÉNEZ, GABRIEL GRACIANO, DANIEL PINO, fueron asesinados, y tres personas más quedaron heridas en una incursión paramilitar que llegó al casco urbano de San José de Apartadó. Dos días antes de la incursión paramilitar, el Ejército había instalado un retén militar. Los ejecutores de la masacre fueron observados el día 6 de abril en el sitio La Balsa en la carretera que conduce de Apartadó a San José montando un reten en conjunto con miembros del Ejército. Aníbal Jiménez era uno de los líderes de la Comunidad de Paz y el compositor principal del Himno de la Comunidad de Paz.

14.

Amenazas y Judicialización de líderes comunitarios y acompañantes

Las agresiones y amenazas contra la vida e integridad de los líderes y acompañantes de la Comunidad de Paz se han ido combinando con amenazas de judicialización. Insistentemente se ha tratado de sobornar y extorsionar a muchos pobladores de la zona e integrantes de la Comunidad para que colaboren en montajes judiciales, rindiendo testimonios falsos por los cuales se ofrecen recompensas, contra líderes y acompañantes de la Comunidad de Paz. Esta constituye la estrategia más intensa en el último año, como lo demuestran varios hechos.

  • El 24 de mayo de 1998, EDUAR LANCHERO, misionero de Justicia y Paz en la Comunidad de Paz, fue amenazado por miembros del Ejército Nacional que llegaron a una hacienda cercana al caserío de San José de Apartadó, hurtaron una vaca, le dieron muerte a tiros y la descuartizaron mientras afirmaban ante todos los presentes que de la misma manera iban a descuartizar a Eduar. (Prueba No. 16).
  • El 2 de diciembre de 2002, fueron detenidos por la Policía de Carreteras de Tunja EDUAR LANCHERO, WILSON DAVID, LUIS EDUARDO GUERRA y ARLEY TUBERQUIA. La causa de la retención y la fuerte requisa a que fueron sometidos se debió a que llevaban consigo información referente a la Comunidad de Paz de San José, particularmente los documentos de la reunión llevada a cabo dos días antes de el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde acudieron delegados de otras dependencias del Estado, con el fin de estudiar los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, mediante Medidas Provisionales. Los oficiales de la Policía Nacional afirmaban, muy exaltados, que las organizaciones de derechos humanos eran las que tenían tan mal el país, mientras sometían a los líderes de la Comunidad a tratos humillantes e ilegales. (Pruebas 77 y 78)
  • El 18 de diciembre de 2002 el Comandante del Batallón Bejarano Muñoz le formuló denuncia al Presidente del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por el delito de Calumnia, la cual pasó a trámite judicial el Fiscal 124 Seccional de Apartadó, con miras castigar las denuncias que la Comunidad, a través de su Consejo Interno, ha formulado contra los autores de los crímenes que buscan destruirla. (Prueba No.83)
  • El 12 de febrero de 2003, fueron detenidos varios miembros del Consejo Interno de la Comunidad, cuando en el campero en que regresaban de Apartadó a San José una patrulla del Batallón Bejarano Muñoz, de la XVII Brigada del Ejército, dijo haber encontrado una caja con explosivos, acusando inmediatamente como portadora de la misma a una integrante de la Comunidad de Paz. Mientras todos los ocupantes del vehículo eran detenidos ilegalmente y llevados ilegalmente a las instalaciones de la Brigada por varios días, donde los soldados los insultaron y les advirtieron que ellos les habrían cortado la cabeza, el Comandante de la Brigada, General Pauxelino Latorre, difamaba a la Comunidad de Paz a través de comunicados difundidos por todos los medios masivos de comunicación, haciendo aparecer a los retenidos como integrantes de un "frente de las FARC". Pero luego se descubrió que tal montaje hacía parte de una estratagema para asesinar a varios miembros del Consejo y para "justificar" su muerte mediante la exhibición de los explosivos "hallados" en el vehículo en que se movilizaban, estrategia que envolvía el chantaje a otras personas para que rindieran declaraciones falsas en una fiscalía de Apartadó contra los miembros del Consejo de la Comunidad, ofreciéndoles recompensas monetarias y de otros órdenes si lo hacían.No obstante haber denunciado esto con pruebas evidentes en el Ministerio de Defensa y otras altas dependencias del Estado, en los meses posteriores han continuado los chantajes, extorsiones y sobornos contra pobladores de la zona, buscando obtener de ellos falsos testimonios contra los líderes de la Comunidad, como aportes a montajes judiciales ya diseñados.
  • Entre los días 5 y 6 de julio de 2003, la Comunidad de Paz de San José de Apartado y varios de sus líderes fueron amenazados, tras realizarse varias reuniones por los paramilitares en Apartadó, manifestando que tenían planeadas varias acciones en contra de la comunidad. Entre los líderes amenazados se encuentra miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz (Prueba No. 95).
  • El día 4 de agosto de 2003, el Ejército ingresó al Caserío de San José de Apartadó y preguntó por la localización y lugar de vivienda de WILSON DAVID HIGUITA, Presidente del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. (Prueba No. 94)
  • La campesina Myriam Tuberquia fue detenida por el Ejército el 16 de junio de 2003 y conducida a la Brigada XVII. Allí fue encerrada en un cuarto de una sección que tiene un letrero que dice "La Mano Negra", donde, bajo torturas y tratos crueles e inhumanos le preguntaban por Wilson David, el Presidente del Consejo Interno de la Comunidad y por otros de sus líderes, a quienes querían que denunciara como "guerrilleros". (Prueba No. 91)

III

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Hasta el presente las autoridades judiciales y disciplinarias que han avocado la investigación de los crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, lo han hecho bajo la consideración de que se trata de conductas aisladas, dispersas, independientes e inconexas, abriendo numerosas investigaciones preliminares que descansan por unos meses inactivas, hasta pasar casi invariablemente al archivo. Los casos que revelan mayor actividad procesal se caracterizan por una búsqueda exclusiva de testimonios de las víctimas o de sus familiares, vecinos, testigos o líderes de la Comunidad, sin reparar que el testimonio en Colombia está inhibido por prácticas delictivas que las mismas estructuras del Estado han facilitado y apoyado, tales como las múltiples formas de intimidación a los denunciantes, muchos de los cuales han sido asesinados, desaparecidos, obligados a desplazarse, hostigados o convertidos rápidamente de acusadores en acusados, como forma de venganza de un poder militar que actúa en connivencia con estructuras criminales camufladas y que ha demostrado un enorme poder de influjo sobre los mismos agentes judiciales, como se ha evidenciado en tantos episodios de Urabá que han sido reseñados en este escrito. Otras veces el testimonio es cooptado por modalidades de soborno, ofreciendo a los ficticios "testigos" grandes prebendas económicas e incluso judiciales, con el fin de que acusen a los acusadores de los agentes criminales del Estado y así contribuyan a desmontar los intentos de justicia y a consolidar la impunidad de los victimarios. A nadie se le oculta que las "redes de informantes" que el actual gobierno ha ido promoviendo, cuya remuneración se publicita por los mismos canales nacionales de televisión, hacen parte de dicha estrategia, destruyendo, por añadidura, en niveles muy profundos, la conciencia moral de la nación.

Inútil sería volver a solicitarle al aparato judicial que avoque nuevamente la investigación penal de los crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó bajo unos parámetros que han demostrado ya hasta la saciedad su articulación funcional a la impunidad.

En nuestra legislación, la proscripción de los crímenes de lesa humanidad tiene fundamento constitucional y legal. La Carta Política dispone en su artículo 11: "el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte"; el artículo 12 establece que: "nadie será sometido a desaparición forzada, ni a torturas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes", y el artículo 13 consagra el principio de igualdad de las personas ante la ley, que prohíbe la discriminación por razones de raza, sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión u opinión. También están condenadas "la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos" (art. 17) y se preconizan las garantías a la libertad individual, al debido proceso y al derecho de defensa (art. 28 a 31).

La Constitución de 1991, en sus artículos 93 y 94, integró a su propio ordenamiento con carácter preferente, en cuanto "prevalecen en el orden interno", "los tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción". Pero además reconoce que los DERECHOS Y GARANTÍAS del ser humano no se limitan a los contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, sino que se reconocen "OTROS" (derechos y garantías) que "siendo inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en ellos" (Art. 94). No hay duda de que entre tales derechos y garantías figuraban, en primera línea, los que miran a la salvaguarda del ser humano como tal, en cuanto bien jurídico prioritario del conjunto de la Humanidad, y en tal sentido, las garantías que para esa salvaguarda la Humanidad había construido, como el tratamiento judicial del Crimen de Lesa Humanidad como crimen de carácter internacional, deben tener la primacía absoluta.

Dicha valoración encuentra plena relación con lo establecido en los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en donde expresamente se consagra la superioridad de una norma imperativa de derecho internacional general (denominada también de "ius cogens") sobre tratados o disposiciones normativas en conflicto con ellas. Y adicionalmente establece que : "no se podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificante del incumplimiento de un tratado".

Los delitos más atroces conocidos por la humanidad constituyen violaciones de normas de ius cogens, o principios absolutamente imperativos que no admiten ninguna derogación e invalidan cualquier intento de un Estado de firmar tratados o aprobar leyes que desconozcan tales principios.

No hay duda, pues, de que en Colombia hay una base jurídica constitucional de reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, cuya violación configura crímenes de lesa humanidad, lo que constituye, en último término, el sustento normativo de su punibilidad, la cual tiene su primer fundamento en el Derecho Internacional Consuetudinario.

Pero la Sentencia T-249/2003, proferida por la Corte Constitucional el pasado 21 de marzo, en la cual se asumen muchos principios del Estatuto de la Corte Penal Internacional (adoptada en Colombia mediante la Ley 742 del 5 de junio de 2002) y se ilustra su articulación con los principios de nuestro ordenamiento constitucional, establece ya sin lugar a dudas que en Colombia deben ser respetados los principios del Derecho Internacional Consuetudinario y que los Crímenes de Lesa Humanidad deben ser tratados judicialmente como tales, pues los bienes jurídicos afectados trascienden los intereses particulares y nacionales y afectan los de la Comunidad Internacional. En uno de sus párrafos, dicha Sentencia establece que:

  • " debe admitirse que en presencia de hechos punibles que implique graves atentados contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y una grave puesta en peligro de la paz colectiva, valorados por el respectivo juez o fiscal, debe admitirse la participación de la sociedad -a través de un actor popular-, como parte civil en el proceso penal.
  • LA CORTE CONSTITUCIONAL NO DUDA EN INCLUIR DENTRO DE TALES GRAVES CONDUCTAS LA COMISIÓN DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD, PUES LA COMISIÓN DE UNO DE TALES DELITOS ALTERA DE MANERA SIGNIFICATIVA EL ORDEN MÍNIMO DE CIVILIDAD E IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ORDEN SOCIAL IMPERANTE " (Sentencia T-249/03, No. 17, párrafos 3 y 4, resaltados fuera del texto).

Tal como lo define más recientemente el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Ley 742 de 2002), recogiendo una tradición del Derecho Internacional Consuetudinario que fue formulada casi en coincidencia con el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas (Resolución 95 de la Asamblea General, del 11 de diciembre de 1946), el Crimen de Lesa Humanidad se entiende así:

" se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen del apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física ". (Estatuto de la Corte Penal Internacional, Art. 7, 1)

En el numeral 2 del mismo Artículo 7, el Estatuto de la CPI explica lo que entiende por "ataque contra una población civil" :

" A los efectos del párrafo 1: a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política ". (Subrayados fuera del texto)

El carácter SISTEMÁTICO es, pues, uno de los componentes constitutivos del Crimen de Lesa Humanidad, el cual dista mucho de ser una conducta aislada, fortuita o independiente. De allí que el documento "Elementos de los Crímenes", aprobado por la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su primer período de sesiones realizado en Nueva York del 3 al 10 de septiembre de 2002, subraya que estos crímenes se dan siempre en un CONTEXTO marcado por dos elementos que se enumeran invariablemente al referirse a cada crimen, que son: 1) que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil; y 2) que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo. Luego de hacer esas precisiones, el documento en mención precisa aún más lo que entiende por ataque contra una población civil:

"Por ataque contra una población civil en el contexto de esos elementos se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una población civil a fin de cumplir o promover la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque (...)" (Documento "Elementos de los Crímenes", Art. 7, Introducción).

Esto muestra que investigar crímenes de lesa humanidad de manera dispersa, inconexa y aislada lleva necesariamente a mirarlos como conductas de otra naturaleza diferente y a evadir su tratamiento judicial acorde con lo que son.

Si se exceptúan 12 casos, en los cuales la responsabilidad de las conductas punibles debe atribuirse a integrantes de organizaciones insurgentes, según los indicios, Las conductas referidas en las dos primeras partes de este escrito revelan muy claramente que se trata de acciones sistemáticas, pues se han repetido muchas veces, con unos mismos parámetros, durante al menos 8 años, contra una misma comunidad, por unos mismos actores que se relacionan, unos más directamente, otros menos directamente, con el accionar del Estado en la zona, e incluso utilizando unos mismos eslóganes y un mismo lenguaje soez. Y a pesar de que la oficialidad y en general el personal de la Brigada XVII es sometido, por rutina y/o inercia institucional, a un permanente relevo, sin embargo las conductas criminales contra la Comunidad de Paz persisten las mismas, trascendiendo relevos periódicos de la oficialidad, lo que evidencia que se da en la realidad una muy definida política de Estado, aunque no esté escrita.

Pero aún la mayoría de los casos en los cuales los indicios apuntan a la responsabilidad de actores insurgentes, han sido perpetrados en zonas de intensa presencia militar y estando las patrullas del Ejército a poca distancia de los sitios donde se han consumado los delitos, violándose así el deber de protección de la fuerza pública respecto a la población civil y configurándose responsabilidad por omisión.

Quienes lean el informe de la Comisión de Verificación que recorrió muchas veredas de Apartadó y Turbo en 1996, conformada por delegados de varios órganos de control del Estado y del poder Ejecutivo, del orden nacional, departamental y municipal, acompañados por unos pocos delegados de entidades no gubernamentales, tiene la sensación de estar leyendo las denuncias más recientes, formuladas 7 años después. Los mismos parámetros de privaciones arbitrarias de la libertad, de amenazas persistentes, de destrucción de viviendas y bienes de los campesinos, de bloqueo alimentario, de elaboración de "listas" que circulan en un intercambio continuo entre militares y paramilitares, de retenes alternantes de militares y paramilitares, de amenazas contra los transportadores, de asesinatos y desapariciones selectivas, de bombardeos y falsos enfrentamientos, de incineración de casas y bienes, de violaciones carnales, de búsqueda extorsiva de falsos testigos contra quienes ejercen cualquier liderazgo en la comunidad o se atreven a denunciar alguno de estos crímenes, de hostigamientos y amenazas, de estigmatizaciones en los medios de comunicación con informaciones falsas, de operativos conjuntos de militares y paramilitares, de utilización de desertores de grupos insurgentes para "acusar" a los integrantes de la Comunidad de lo que nunca han hecho, de requisas continuas y registro permanente de documentos de identidad, no pocas veces fotocopiándolos y fotografiando a sus dueños, acompañados de anuncios de que dicha información será utilizada para judicializaciones o para atentados.

Pero la POLÍTICA DE ESTADO no solo se revela en la persistencia, a través de los años y del relevo permanente de personas, de unas mismas prácticas, sino también en la actitud que toman ante ellas los demás poderes del Estado. En efecto, los Presidentes de la República, quienes tienen especiales e indelegables obligaciones de garantes de los derechos fundamentales, según la Constitución Nacional y el Derecho Internacional, así como los ministros y demás altos funcionarios que tienen bajo su responsabilidad garantizar los derechos ciudadanos, se han negado durante todos estos años a tomar medidas de carácter administrativo para enfrentar dichas políticas criminales a pesar de los numerosas peticiones que se les han hecho reclamando su intervención urgente, lo cual evidencia su responsabilidad de primer orden en estos crímenes.

Por su parte, los funcionarios del poder judicial han eludido asumir estos crímenes en su verdadero carácter de PRÁCTICAS SISTEMÁTICAS y de CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, abriendo numerosas "investigaciones previas" cuya actividad procesal hacen descansar en una imposible y altamente riesgosa contribución testimonial de víctimas o familiares, haciendo caso omiso de las retaliaciones que de hecho han tomado los victimarios contra los denunciantes, y archivando los casos que han decidido etiquetar como "aislados" e "inconexos", echando muchas veces la culpa de la impunidad a las mismas víctimas.

Una nueva investigación que se realice a la luz de la jurisprudencia que ha ido consolidando la Corte Constitucional tiene que enfrentar necesariamente las responsabilidades institucionales, bajo pena de volver a caer en la inutilidad de los ocho años anteriores. En efecto, la Corte, en otra sentencia cuyos párrafos retoma y enfatiza en la Sentencia 249/03 (No. 16.2) establece que:

"El interés en erradicar la impunidad por el delito de desaparición forzada compete a la sociedad en su conjunto. Como ya se dijo, para satisfacer dicho interés es necesario que se conozca toda la verdad de los hechos, y que se atribuyan las responsabilidades individuales e institucionales correspondientes . En esa medida, tanto el interés en que se conozca la verdad, como que se atribuyan responsabilidades individuales e institucionales por los hechos , sobrepasan el ámbito del interés individual de las víctimas. Por el contrario, constituyen verdaderos intereses generales de carácter prevalente en los términos del artículo 1° de la Carta Política. En efecto, el conocimiento público de los hechos, el señalamiento de responsabilidades institucionales e individuales y la obligación de reparar los daños causados son mecanismos útiles para crear la conciencia entre las personas acerca de la magnitud de los daños causados por el delito. En esa medida, son también mecanismos de prevención general y especial del delito, que sirven para garantizar que el Estado no apoye, autorice o asuma una actitud aquiescente frente a tales conductas (...)".

Ya que los AUTORES de un conjunto tan grande de crímenes de lesa humanidad que han operado de manera sistemática y dentro de una verdadera " política de Estado ", en el sentido de que las personas son constantemente relevadas mientras las prácticas criminales permanecen invariables, además de los funcionarios que han ocupado los cargos en los que se DEFINE, POR ACCIÓN O POR OMISIÓN, la comisión de estos crímenes, son también INSTITUCIONES, en el sentido de que sus políticas han trascendido la permanencia de los funcionarios y del personal de obediencia que en cada momento determinado ejecuta los crímenes, se ve como algo absolutamente necesario para el esclarecimiento de estos crímenes y para que se pueda dilucidar aún más la raíz de su sistematicidad, someter a una investigación rigurosa los MECANISMOS INSTITUCIONALES que durante tantos años han constituido la base operativa de quienes desde el Estado y el Para-Estado perpetran crímenes de lesa humanidad a tan gran escala, y en este caso concreto, con el objetivo de destruir una comunidad humana: la Comunidad de Paz de San José de Apartadó , lo que tipifica a las claras el crimen de GENOCIDIO.

Y si bien una institución o un mecanismo institucional no puede ser nunca objeto de "sanción" o "castigo", como sí lo son en Derecho las personas que asumen la responsabilidad en cada momento del accionar de esas instituciones y quienes utilizan esos mecanismos institucionales, sin embargo las instituciones y los mecanismos institucionales, no solo pueden sino que deben ser objeto de análisis, evaluación y discernimiento dentro del proceso penal, en fuerza de la NORMA RECTORA formulada en el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, de orientar el procedimiento penal a HACER CESAR LOS EFECTOS CREADOS POR LA COMISIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE; a que LAS COSAS VUELVAN AL ESTADO ANTERIOR, y a que SE INDEMNICEN LOS PERJUICIOS CAUSADOS. Si se respeta tal norma rectora, las instituciones y los mecanismos institucionales tienen que ser enjuiciados en orden a descubrir qué aspectos de su institucionalidad están determinando o facilitando las conductas punibles. Y si el proceso penal no termina enjuiciando y corrigiendo las instituciones en los niveles de su funcionamiento que se relacionan profundamente con las conductas punibles, como lo pide la Corte Constitucional en la sentencia citada, el proceso penal queda abocado a la inutilidad, aún más, a la perversidad.

Sin lugar a duda, los tipos penales bajo los cuales se impone investigar estas conductas, son los que están definidos en los artículos 6 y 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Ley colombiana 742 del 5 de junio de 2002), o sea: GENOCIDIO y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.

Dentro de las modalidades del CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, las conductas descritas se ajustan principalmente a las siguientes modalidades:
Asesinato,
Exterminio,
Deportación o Traslado Forzoso de Población,
Encarcelación y Privaciones de la Libertad Física en Violación de Normas Fundamentales de Derecho Internacional,
Tortura,
Violencia Sexual,
Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia (Comunidad de Paz) por motivos políticos, nacionales y culturales,
Desaparición Forzada de Personas,
Otros Actos Inhumanos (como destrucción de bienes y viviendas, bloqueo alimentario, hostigamiento permanente, mantenimiento bajo terror, etc.)

Todas estas conductas está detalladamente tipificadas y definidas en sus componentes constitutivos en el documento "Elementos de los Crímenes", aprobado por la Asamblea de los Estados Partes, en su primer período de sesiones en septiembre de 2002.

Distintas acciones de militares y paramilitares durante todos estos años han estado dirigidas explícitamente a provocar desplazamientos de los campesinos de dicha área con la consabida sucesión de acciones de terror y muerte, bajo el estigma de ser "colaboradores de la guerrilla" o "una comunidad guerrillera", que no ha sido más que un eslogan repetido incansablemente por militares y paramilitares que recorren conjuntamente la zona de manera constante, a través del cual han pretendido infundir temor a los integrantes de la Comunidad de Paz y demás pobladores de la zona con el fin de que renuncien a su proyecto de Comunidad de Paz y se decidan a tomar partido por uno de los polos de la lucha armada, que es el de las fuerzas armadas oficiales, que se proyectan en la población civil a través de sofisticadas estructuras paramilitares, difundiendo a través de éstas todo el terror posible mediante acciones brutales y bárbaras que quieren forzar a quebrar el compromiso no bélico de los campesinos.

Ya en 1996, el Informe de trabajo de campo de la Comisión de Verificación de los acuerdos suscritos el 5 de julio entre el Gobierno y los campesinos que ocuparon pacíficamente el Coliseo Antonio Roldán Betancur, daba cuenta de estas características:
"acciones punitivas y de amedrentamiento contra líderes comunitarios, con la consiguiente notificación para que la población abandone sus viviendas, han condicionado un masivo desplazamiento, desestructurando el tejido social de esta subzona. La Comisión recibió testimonios de la ocurrencia reiterada de hechos tales como destrucción de plataneras, quema de viviendas, asalto a tienda y otros establecimientos públicos, ofrecimiento de recompensas por delación bajo presión y amenaza, homicidios, retenciones ilegales durante las cuales se infligen tratos crueles e inhumanos, situaciones tras las cuales la víctima en muchas ocasiones son obligadas a firmar documentos en los que declaran haber recibido buen trato" (Prueba No. 1 pg 7)

Estas modalidades de crímenes ya sucedían en Urabá y más concretamente en la zona rural de los municipios de Apartadó y Turbo desde 1996, y fueron registradas entonces por funcionarios públicos de distintas dependencias judiciales y de control disciplinario, incluidas la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Se configuraban acciones de imposición de condiciones de vida injustas y degradantes, crímenes que se ejecutaban por acción directa de miembros de la Fuerza Pública, de éstas en concurso con asociaciones paramilitares y de estos directamente, actuando con la tolerancia de los organismos de seguridad del Estado Colombiano. Tal como se desprende de la narración de los hechos, son repetidos y persistentes a través del tiempo y están dirigidos intencionalmente a atacar a la población civil a través de distintos mecanismos: éxodos masivos; destrucción de bienes civiles y culturales; bombardeos y ametrallamientos; captura de campesinos para que suministren información, ofreciéndoles dinero; retenciones ilegales y torturas; operaciones militares y paramilitares sostenidas que provocan asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado; utilización de desertores de grupos guerrilleros como guías e informantes en operativos militares; retenes militares y paramilitares donde se asesina, desaparece y se obstaculiza el ingreso de víveres y medicamentos a la población; asesinatos, amenazas, capturas arbitrarias y judicializacion de líderes comunitarios, son las prácticas que se acometen para diezmar a la población en San José de Apartadó, especialmente a los miembros de la Comunidad de Paz.

Se trata de actos perpetrados en forma sistemática y en gran escala, donde es determinante la magnitud de los hechos, la crueldad con que se cometen, el gran numero de víctimas y la existencia de parámetros similares de ejecución en momentos y lugares diferentes. La sistematicidad de estos crímenes viene entonces a hacer referencia a los actos ejecutados en el marco de un plan o una política predeterminada que toma cuerpo en la repetición de actos inhumanos, que no son aislados, sino que por el contrario se encaminan hacia una multiplicidad de víctimas.

IV

RESPONSABILIDAD PENAL

Una de las notas constitutivas del Crimen de Lesa Humanidad, tal como lo tipifica el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en todos los documentos que dan expresión al Derecho Internacional Consuetudinario desde 1946 en adelante, es la de tener como AUTORES a agentes, ya de un Estado, ya de una organización.

En efecto, el numeral 2 del artículo 7 del Estatuto, entiende el ataque contra una población civil que se menciona en el numeral 1 de la definición, como "una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política ".

En el caso que nos ocupa, de los crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, se trata, a todas luces, de la comisión múltiple de actos que concretizan la gran mayoría de modalidades del Crimen de Lesa Humanidad descritos en el primer párrafo del artículo 7, que concuerdan en la evidente finalidad de intentar destruir la Comunidad de Paz, ya por eliminación física de sus líderes e integrantes, ya por los desplazamientos frecuentes a que fuerzan a sus miembros, ya por el terror disuasivo que están actualizando todas las semanas mediante amenazas, mensajes, simulacros de combates, retenes, hostigamientos, registros, retenciones, torturas, incursiones armadas, tránsito de tropas, violaciones arrogantes y humillantes a los Reglamentos que la Comunidad de Paz se ha dado, estigmatizaciones a través de los mass media, acusaciones infundadas, presiones a conductores y a otros grupos profesionales que se relacionan con la Comunidad de Paz para que colaboren con las políticas de destrucción de la Comunidad y principalmente de sus líderes, etc., actos múltiples que convergen en una evidente política de exterminio y persecución impulsada por las autoridades del Estado que presentan todo este accionar como parte de su "política contrainsurgente", a pesar de que ningún miembro de la Comunidad de Paz está involucrado en organizaciones o acciones insurgentes.

Quienes aparecen, "prima facie", como ejecutores de los crímenes, son conjuntamente los integrantes de las tropas del Ejército que se movilizan por la zona, pertenecientes a la Brigada XVII del Ejército Nacional con sede en Carepa, Antioquia, a través de sus diferentes batallones: el Bejarano Muñoz; el Francisco de Paula Vélez y el Voltígeros, y en años anteriores también batallones pertenecientes a la Brigada XI con sede en Montería, Córdoba, unas veces en misiones más pasajeras, otras en préstamos más prolongados, como el caso del Batallón Cacique Coyará, y a la vez los integrantes de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá", organización ilegal comandada por los civiles Carlos Castaño Gil y Salvatores Mancuso, pero que han actuado durante todos estos 8 años en visible coordinación y unidad de acción con las tropas del Ejército.

Es, pues, evidente, que los oficiales que han tenido mando en estas unidades militares tienen responsabilidad de primer orden en estos crímenes, toda vez que se trata de una "política" de Genocidio, de Exterminio y de Persecución contra un grupo humano perfectamente identificado.

Pero como durante estos 8 años ha existido un clamor constante elevado ante las máximas autoridades del Estado que tienen la función de GARANTES de los derechos fundamentales de los ciudadanos (como se demuestra en las pruebas anexas), clamor que no han querido atender a pesar de estar referido a obligaciones constitucionales de dichos funcionarios, su participación eficaz en los mismos crímenes no deja lugar a duda; por ello los Presidentes de la República durante el período, cuyas omisiones han devenido COMISIONES, toda vez que los RESULTADOS QUE NO FUERON EVITADOS POR ELLOS ERA EN ABSOLUTO EXIGIBLE EVITARLOS DE ACUERDO A DERECHO.

También a los Ministros del Interior del período, a las cabezas de los entes investigativos, judiciales y disciplinarios del Estado, así como a los funcionarios de dichos ramos del poder público con jurisdicción en la región de Urabá, les cabe una evidente responsabilidad en dichos crímenes, como verdaderos AUTORES, dadas las obligaciones de garantía que según la Constitución y las leyes tenían y tienen, en diversos grados y competencias, lo que los convierte también en AUTORES, pues los RESULTADOS QUE NO FUERON EVITADOS POR ELLOS, ERA TAMBIÉN EXIGIBLE EVITARLOS DE ACUERDO A DERECHO.

La Carta Política establece en su artículo 6 que los servidores públicos son responsables, no solo por infringir la Constitución y las leyes, como cualquier particular, sino también por "omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones".

Más explícitamente la Carta afirma del Presidente de la República que él, o quien haga sus veces, "será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes" (Art. 198). En el Artículo 188, además, afirma que "El Presidente de la República (...) al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos ".

No puede un mandatario excusarse en la responsabilidad de los comandantes de la fuerza pública, pues el Artículo 189, 3 de la Carta le asigna, entre sus funciones, " dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas armadas ", dándole la facultad de libre nombramiento y remoción de sus agentes (Art. 189, numeral 13).

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU 1184 de 2001, deja claramente establecida la responsabilidad de garantía que incumbe a la fuerza pública dentro de su estructura jerárquica. Allí afirma: "en las relaciones de jerarquía, el superior con autoridad o mando, tiene el deber de tomar medidas especiales (deberes de seguridad en el trafico) para evitar que personas que se encuentren bajo su efectivo control, realicen conductas que vulneren los derechos fundamentales. Vg. Si el Superior no evita -pudiendo hacerlo- que un soldado que se encuentra bajo su inmediata dependencia cometa una tortura, o una ejecución extrajudicial, o en general un delito de lesa humanidad, por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior y no simple incumplimiento de un deber funcional " (Pag 25)

La Carta Política prescribe, en el artículo 217, que "las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional". Aquí estamos, sin embargo, ante una sucesión de crímenes de lesa humanidad que han sido ejecutados de manera directa por militares de las brigadas XVII y XI; de los batallones Bejarano Muñoz, Vélez y otros; por paramilitares que se han asentado a plena luz del día y desplegado una intensa actividad criminal visible por toda la población en las mismas áreas de operación y control militar y policial. Son muy numerosos los hechos y las víctimas afectadas, lo que no configura una desprotección ocasional y fortuita de la fuerza pública sino, en el mejor de los casos, una desprotección consuetudinaria y sistemática. El incumplimiento de ese deber por quien tiene la responsabilidad de resguardar a un sector de la población vulnerada y amenazada sistemáticamente, permite inferir una imputación de resultados lesivos.

Tal POSICIÓN DE GARANTE que implica responsabilidad penal por la comisión de los crímenes, tanto en el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cargo inherente al de Presidente de la República, como en los comandantes de brigadas, batallones y comandos de policía, la establece con claridad la Corte Constitucional en otro párrafo de la Sentencia antes citada (SU 1184/01):

" "en una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto a los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de si una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante"

No es desdeñable, sin embargo, tener en consideración el modo de exteriorización del comportamiento doloso, ya que en repetidas ocasiones se ha intentado establecer la responsabilidad de los mandos o superiores sobre la estructuración de la forma de realización del hecho punible a través de la OMISIÓN PROPIA. (aunque ha dicho la Corte Constitucional que es irrelevante en la teoría de la imputación objetiva si se es competente para salvaguardar los derechos de los ciudadanos), haciéndose válido establecer cómo determinados comportamientos configuran específicamente una forma de comisión por omisión u omisión impropia.

Un elemento central para la configuración de la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, es que se trate de un ataque a la población civil que comporta múltiples crímenes ejecutados de manera sistemática y extendida, materializados por acción directa de servidores públicos, o provocados por paramilitares actuando abierta y deliberadamente en la zona, y, además que hayan producido múltiples víctimas. En esta serie sucesiva y permanente de crímenes perpetrados en un tiempo tan prolongado, no es posible predicar la ignorancia de tal ataque. En el caso de los campesinos de San José de Apartadó y en especial de la Comunidad de Paz, no es permitido suponer que se carecía del conocimiento de lo sucedido. Se ha tratado de un conocimiento mantenido por las permanentes constancias históricas y denuncias de organismos de derechos humanos que se han pronunciado por las persistentes violaciones y alertado sobre potenciales peligros que se hacían notorios ante la presencia continua de paramilitares y militares en el área de vivienda y trabajo de los pobladores.

Baste solo señalar las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que el 17 de diciembre de 1997, ante la inminencia de peligros graves contra la vida, la integridad y la libertad de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, otorgó medidas cautelares e instó al Estado Colombiano a brindar garantías de protección, prevención e investigación y sanción de los responsables de los crímenes, para evitar daños irreparables y asegurar el acceso a la Justicia.

Ante la gravedad de los hechos criminales y ataques que persistían, el 9 de octubre de 2000, el propio Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió, con carácter urgente, Medidas Provisionales a favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, las cuales fueron ratificadas y ampliadas por ese mismo órgano internacional mediante resoluciones del 24 de Noviembre de 2000 y 18 de julio de 2002. (Pruebas Nros 98 al 101)

Se entiende que hubo pleno conocimiento de la existencia real y potencial del riesgo para la vida y la seguridad de una población a la que se tenía y se tiene responsabilidad de proteger, y se cuenta con los medios para hacerlo, y sin embargo no se ha impedido en todos estos años la realización del riesgo y se han incumplido los deberes que la posición de Garante impone tanto a la Fuerza Pública como al Presidente de la República y a los altos funcionarios de los organismos de control del Estado.

La Comisión de Expertos sobre la situación del Derecho Internacional en los territorios de la antigua Yugoslavia, creada por la Resolución 780 (1992) del Consejo de Seguridad, examinó de cerca el problema de la RESPONSABILIDAD DE MANDO. En su carta del 24 de mayo de 1994, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, en la que transmite las conclusiones de dicha Comisión de Expertos, el Secretario General de la ONU hace estos planteamientos:

"Los superiores, además, son responsables a título personal de los crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad cometidos por subordinados, si sabían o si tenían información que podría haberles permitido llegar a la conclusión, en las circunstancias imperantes en el momento de los hechos, de que el subordinado del caso estaba cometiendo o iba a cometer el acto en cuestión, y no tomaron todas las medidas posibles, dentro de su competencia, para prevenir o reprimir dicho acto.
Los comandantes militares tienen obligación especial, respecto de los miembros de las fuerzas armadas bajo su mando o de otras personas bajo su control, de prevenir y, en caso necesario, reprimir esos actos, y de informar de ellos a las autoridades competentes (...)
La doctrina de la responsabilidad de mando está dirigida principalmente a los comandantes militares debido a que esas personas tienen la obligación, a título personal, de mantener la disciplina de las tropas bajo su mando
(...)" (Doc. ONU: S/1994/674, No. 52, 53 y 57)

Pero dado que en los casos de "guerra sucia" los mandos militares suelen negar, no solo el haber dado órdenes o haber incentivado o apoyado de diversas formas la comisión de los crímenes, sino incluso el "conocer" la realidad de la perpetración sistemática de crímenes en las regiones bajo su control, la Comisión de Expertos avanzó en estrategias para detectar "ESE ELEMENTO MENTAL" de los comandantes militares. Fuera del "conocimiento efectivo" (que con frecuencia es negado), hay que poner atención a la " incuria personal de tal gravedad de parte del comandante, que constituye negligencia deliberada y proterva en cuando a las consecuencias posibles ".

Pero además la Comisión de Expertos desarrolló una tercera estrategia que llamó "Imputación de Conocimiento Constructivo", la que explicó en estos términos:

" es decir, que a pesar de sus negativas, el comandante, en virtud de los hechos y circunstancias del caso de que se trata, debe haber tenido conocimiento de los delitos de que se le acusa y consentido que se cometieran "
Para determinar esto, la Comisión de Expertos elaboró una lista de indicios, a saber: " a) el número de actos ilegales; b) el tipo de actos ilegales; c) el alcance de los actos ilegales; d) el período durante el cual ocurrieron los actos ilegales; e) el número y tipo de personal militar en cuestión; f) los elementos logísticos del caso; g) la ubicación geográfica de los hechos; h) el que los actos hayan sido o no generalizados; i) el ritmo táctico de las operaciones; j) el modus operandi de los actos ilegales análogos; k) los oficiales y el personal involucrados; l) el lugar donde se encontraba el comandante al producirse los hechos". (Documento citado, No. 58)

Esos elementos en su conjunto permiten suponer fundadamente que no se trata de una simple omisión. Son tan verificables las situaciones aquí señaladas en el caso de San José de Apartadó, que podemos concluir que se despliega en los Comandantes una conducta omisiva intencional como medio para alcanzar el resultado dañoso en detrimento de la vida, integridad y libertad de estos campesinos.

En la sentencia que culminó el proceso penal seguido contra los miembros de las tres juntas militares de Argentina (1976 - 1983) la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, respecto de la responsabilidad penal de los acusados sostuvo que:

"los procesados tuvieron el dominio del hecho porque controlaban la organización que los produjo. Los sucesos juzgados en esta causa no son el producto de la errática y solitaria decisión individual de quienes los ejecutaron, sino que constituyeron el modo de lucha que los comandantes en jefe de las fuerzas armadas impartieron a sus hombres. Es decir, que los hechos fueron llevados a cabo a través de la compleja gama de factores (hombres, ordenes, lugares, armas, vehículos, alimentos, etc) que supone toda operación militar [1]"

Pero en todos estos crímenes de lesa humanidad han actuado junto a los miembros de la fuerza pública, en unidad de acción con ellos, como lo evidencian los hechos, los integrantes de las organizaciones paramilitares que se identifican como " Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ", o " Autodefensas Unidas de Colombia ". Aunque actúan por fuera y en contra de los marcos legales, han gozado siempre de la tolerancia, aquiescencia, complicidad, incentivación, colaboración, protección y unidad de acción con la fuerza pública. Para dilucidar su responsabilidad en estos crímenes, la cual se integra de una u otra manera con la de los funcionarios del Estado de diverso orden, es de gran ayuda tener en cuenta la teoría del dominio del hecho por dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder, la cual consiste, según Claus Roxin, citado por Kai Ambos: " en el modo de funcionamiento específico del aparato (....) que está a disposición del hombre de atrás ".

De acuerdo con este punto de vista, ese aparato funciona "sin que sea decisiva la persona individual de quien ejecuta de modo prácticamente automático" [2]. En este caso, los ejecutores de los crímenes tan solo son "ruedas" intercambiables en el engranaje del aparato de poder, "de modo que la figura central en el suceso -a pesar de la pérdida de cercanía con el hecho- es el hombre de atrás en virtud de su " medida de dominio de organización  [3]".

La premisa que sustenta la autoría mediata o del hombre de atrás deviene de la dirección que éste ejerce sobre la estructura de poder y la fungibilidad de los ejecutores materiales, que son sustituibles, no siendo necesario que el hombre de atrás los conozca y disponga directamente ante ellos la ejecución del hecho delictivo.

Se ha definido un aparato de poder formal como "una organización que está estructurada de modo jerárquico - lineal y que consiste en un número suficientemente grande de ejecutores intercambiables [4]". Siendo la cuestión esencial, que quien dirige o comanda la organización es autor mediato de los hechos delictuosos ejecutados por sus subalternos, su imputación penal se deriva fundamentalmente de esa circunstancia. Este es precisamente el dominio por organización, como elemento de la teoría del dominio del hecho por dominio de voluntad.

El hombre de atrás , por su jerarquía de mando, aprovecha determinadas condiciones macro pre-establecidas por la estructura de organización, de modo que dentro de esas condiciones su contribución al hecho desencadene procesos reglados, "así en tal caso, el hombre de atrás actúa en conocimiento de esas circunstancias, especialmente si aprovecha la disposición incondicional del autor material a realizar el tipo, y si el hombre de atrás desea el resultado en cuanto consecuencia de su propio actuar, será autor mediato [5]"

Lo dicho nos enfoca el tipo de autoría de los mandos o superiores jerárquicos dentro de las estructuras criminales organizadas frente a los hechos punibles realizados a través de un instrumento como serían los subordinados que materializan la acción típica. Y bien se dice que el hombre de atrás es un autor mediato porque tiene dominio del hecho, que no se ve restado por su lejanía con la víctima, con el autor material y el resultado que desencadenó el instrumento de la estructura de poder.

La autoría del ejecutor material por la realización de la acción típica de propia mano es incuestionable. De este modo, una parte de la labor del instructor se orienta a identificar e individualizar a quienes directamente cometieron el hecho criminal concreto y a quienes dirigieron su voluntad a la búsqueda de un resultado dañoso. Y en el caso de la ejecución sistemática de crímenes de lesa humanidad, cada uno de ellos tuvo un autor material indiscutido.

Pero ha existido precisamente una estructura paramilitar -jerarquizada y vertical- que opera abierta y libremente en Urabá, la que ha actuado sin ser repelida por las autoridades estatales, facultadas constitucional y legalmente para ello. Es un hecho notorio y abiertamente conocido la jefatura y comandancia militar de los señores CARLOS CASTAÑO GIL y SALVATORE MANCUSO en la estructura criminal que ha cometido los crímenes de lesa humanidad que se denuncian.

Ya el informe de Trabajo de Campo de la Comisión de verificación de los acuerdos suscritos el 5 de julio de 1996 entre el Gobierno Nacional y los campesinos que ocuparon el Coliseo Antonio Roldán Betancur de Apartadó, refiere su presencia en el área donde se han perpetrado estos crímenes de lesa humanidad denunciados y que desde aquella época hasta hoy se ha mantenido públicamente. En efecto, sobre ese aspecto señala dicho Informe:

" La situación de orden público, en razón del carácter estratégico de la subregión, se puede calificar como delicada. Allí hacen presencia unidades de las Brigada XVII con sede en Carepa y XI con sede en Montería; no existen bases fijas sino que actúan mediante operativos temporales apoyados por tropas helitransportadas y sobre cuyo accionar proliferan las quejas de la población civil. En cuanto a grupos irregulares, se sabe de la presencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, cuyas unidades provienen de Córdoba y del municipio de San Pedro (Antioquia), y, al parecer los Comandos Populares, que vienen del municipio de Carepa. Por parte de la insurgencia, se conoce de la antigua presencia de las comisiones del V frente de las FARC. (Prueba No. 1)

Más adelante este mismo informe refiriéndose a la subregión del eje bananero puntualiza acerca de la presencia de las ACCU:

"En esta subzona hacen presencia el Batallón Vélez, adscrito a las Brigada XVII con sede en Carepa. Se conoce igualmente la presencia de un importante pie de fuerza de carácter paramilitar (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), apoyado de grupos de ex guerrilleros del EPL y desertores de las FARC. Por otra parte, estas veredas registran la presencia desde tiempo atrás de columnas del V frente de las FARC" (Prueba No. 1).

No resulta improcedente, a raíz de la secuencia de crímenes, la multiplicidad de víctimas, la abierta connivencia de las autoridades militares y policiales con los grupos paramilitares y la declaración abierta de sus jefes y mandos, desentrañar la finalidad dolosa de desarticular movimientos sociales, en especial aquellos catalogados como de izquierda y particularmente la población civil campesina y a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, estigmatizada y señalada de ser guerrillera o colaboradora, configurando con ello un ataque sistemático y extendido a la población civil.

Profundizando en el tipo de tácticas que develan la existencia de un plan o política para la ejecución de los crímenes de lesa humanidad, el Secretario General de Naciones Unidas, Boutros Ghali, explicó:

"85. Cabe hacer notar que el enorme aumento de la delincuencia que se produce tras un descalabro general del orden público no entra en la categoría de los crímenes de lesa humanidad. No obstante, es posible que un descalabro general del orden público sea un instrumento premeditado, una situación preparada cuidadosamente para ocultar la verdadera índole del daño que se pretende infligir. Por lo tanto no debe aceptarse prima facie que los perpetradores sean tan sólo elementos descontrolados, mucho menos si atacan casi exclusivamente a grupos que de otra forma también son blanco de la discriminación y la persecución. La falta de voluntad de poner coto, enjuiciar y castigar a los elementos descontrolados puede ser un indicio más de que esos elementos son, en realidad, un instrumento útil para aplicar una política que propicie los crímenes de lesa humanidad" [6]

La actuación no repelida de estructuras paramilitares en la región de Urabá y las prácticas persecutorias comunes de los paramilitares y la fuerza pública contra la población civil de San José de Apartadó, develan el elemento doloso de esa política o plan armónico, donde los hombres de atrás , - mandos militares y paramilitares- no han sido ajenos a la secuencia de los crímenes y sí en cambio han contado con los medios (hombres, armas, procedimientos) para materializarlos.

V

Acción Civil Popular
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La Corte Constitucional, en la Sentencia C-228 de 2002, estableció que si bien la legitimidad para constituirse en Parte Civil dentro de los procesos penales permanece condicionada a la existencia de un daño, "sin embargo, tal daño no tiene que ser patrimonial".

Según la referida Sentencia, citada a su vez en la Sentencia 249 de 2003, "La determinación en cada caso de quién tiene el interés legítimo para intervenir en el proceso penal, también depende, entre otros criterios, del bien jurídico protegido por la norma que tipificó la conducta, de su lesión por el hecho punible y del daño sufrido por la persona o personas afectadas por la conducta prohibida, y no solamente de la existencia de un perjuicio patrimonial cuantificable" (...) "En relación directa con este punto, la Corte ha señalado que existen hechos punibles respecto de los cuales "el interés de las víctimas y de los perjudicados en conocer la verdad de los hechos y en establecer responsabilidades individuales, se proyecta a la sociedad en su conjunto. De acuerdo con lo anterior, podría plantearse que existen circunstancias en las cuales la comisión de un delito activa un interés de la sociedad en su conjunto por establecer la verdad y lograr que se haga justicia, para lo cual estaría habilitado un actor popular como parte civil" (Sentencia C-249/03, No 15, en parte cita a su vez de la Sentencia C-875/02)
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Refiriéndose a la constitución de la parte civil como ACTOR POPULAR, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-249/03, afirma:

"Existe una restricción a la legitimación en la causa para convertirse en actor popular en el proceso penal, consistente en que se esté lesionando un "bien jurídico colectivo". Una pregunta es obligada: ¿la comisión de delitos de lesa humanidad -asunto que es relevante en este caso- implica la afectación de bienes jurídicos colectivos? (...)
"La pregunta obligada es: ¿Cuáles tipos penales suponen un interés de la sociedad en conocer la verdad y hacer justicia? (...)
"La Corte ha señalado, según se vio, que existe un interés en cabeza de la sociedad -verdad y justicia-, respecto de la desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad. De acuerdo con lo expuesto, es razonable asumir que existe una relación entre la gravedad del hecho punible y la existencia de un interés en la sociedad en conocer la verdad y hacer justicia. Los hechos punibles que revisten dicha gravedad, serán aquellos que impliquen graves atentados contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y una severa puesta en peligro de la paz colectiva. En el plano interno los hechos punibles que pueden tener dichos efectos no se limitan a los crímenes de lesa humanidad o violación del derecho internacional humanitario. Las condiciones particulares del país, obligan a reconocer que otras conductas pueden tener una alta capacidad de alteración de la paz colectiva.
"Con lo anterior, únicamente se ha establecido que existe un interés de la sociedad en su conjunto -así como de la comunidad internacional- en conocer la verdad sobre la ocurrencia de hechos punibles que impliquen la comisión de delitos de lesa humanidad y en establecer los responsables (...)"

En orden a caracterizar a las personas que puedan constituirse como ACTOR POPULAR en un proceso penal por crímenes de lesa humanidad, la Sentencia C-249 de la Corte Constitucional avanza en señalar algunas notas que apuntan a la legitimidad del accionante: puesto que se trata de denuncias graves y que tienen un carácter sistemático y planificado, "resulta desproporcionado exigir que una comunidad aislada y posiblemente en extremo temerosa comprenda la dimensión de un "ataque sistemático" contra la población civil. En punto a los delitos de lesa humanidad, dada la exigencia internacional de sistematicidad y planificación, es natural que sean personas ajenas a la comunidad, con capacidad de observar un espectro mayor, quienes estén en situación de identificar y denunciar la comisión de tales hechos. Por lo mismo, también les asiste un interés genuino".

La legitimidad que me asiste para solicitar al poder judicial colombiano que estos crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad sino que se esclarezcan, que sus responsables sean sancionados y sus víctimas reparadas y que la comunidad sea restablecida plenamente en la situación humana, social, moral y económica anterior a la perpetración de los crímenes, se fundamenta en el acompañamiento que he hecho a esta Comunidad desde que decidió constituirse como Comunidad de Paz; en mi preocupación por dejar constancias, durante años, ante las más altas autoridades del Estado y ante la comunidad internacional de lo que estaba ocurriendo, y en mis demandas persistentes de justicia frente a estos crímenes. Dicha legitimidad se fundamenta, al mismo tiempo, en el hecho de compartir con los miembros de la Comunidad de Paz una lesión moral continuada, al experimentar tantos daños en los órdenes mínimos de civilidad y humanidad que estos crímenes han causado.

Por tales razones ruego al Señor Fiscal General de la Nación reconocerme como PARTE CIVIL EN CALIDAD DE ACTOR POPULAR, en la investigación que le estoy solicitando, para lo cual nombro como apoderada a la abogada LILIANA MARÍA URIBE TIRADO, identificada con la C. C. No. 43.086.177 de Medellín y la T. P. No. 58.776 del Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que se sirva reconocerle personería para actuar.

VI
PRUEBAS

Pruebas Documentales:

Informe del Trabajo de Campo de la Comisión Verificadora de los Acuerdos Suscritos el 5 de Julio de 1996 entre el Gobierno y los Campesinos que ocuparon pacíficamente el Coliseo Antonio Roldán Betancur de Apartadó, efectuada entre los días 3 y el 7 de Septiembre de 1996.
Acta de Acuerdo entre los Campesinos ubicados en el Coliseo Antonio Roldán Betancur de Apartadó y la Comisión Negociadora integrada por miembros de los gobiernos local, departamental y Nacional, del 4 de julio de 1996.
Reglamento de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 12 de marzo de 1997, mediante oficio radicado en la Fiscalía General de la Nación y otras dependencias del Estado, con sello de recepción por la Fiscalía del 12 de marzo/97.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 3 de abril de 1997, dirigida al Presidente de la República, y copia recibida en la Fiscalía General de la Nación y sellada el 4 de abril, a las 2:53 p.m., con radicado 029209.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 9 de abril de 1997, recibida y sellada en la Fiscalía General de la Nación con fecha 10 de abril de1997, radicado 031319.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 29 de mayo de 1997 recibida y sellada en la Fiscalía General de la Nación con fecha de 3 de junio de1997
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 23 de abril de 1997, recibida y sellada en la Fiscalía General de la Nación con fecha 24 de abril de1997.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 22 de julio de 1997, recibida y sellada en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1997
Carta dirigida por la Comunidad de Paz al Presidente Ernesto Samper Pizano el 11 de enero de 1997.
Constancia Histórica de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a través de su Consejo, del 31 de julio de 1997
Carta dirigida a Amnistía Internacional del 30 de diciembre de 1997.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 9 de febrero de 1998.
Constancia Histórica del Consejo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó dirigida al Presidente de la República, al Fiscal General de la Nación y a otras autoridades, del 20 de febrero de 1998.
Escrito dirigido a la CIHD por la Comunidad de Paz de san José de Apartadó del 2 de abril de 1998.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 19 de junio de 1998, recibida en la Fiscalía General de la Nación con fecha 24 de junio de 1998 y radicación de correspondencia No. 069830
Acción Urgente emitida por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 13 de enero de 2000.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 10 de abril de 2000.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 19 de mayo de 2000
Escritode la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dirigido a la Defensoría del Pueblo del 4 de junio de 2000.
Constancia Histórica la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 8 de julio de 2000.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 14 de julio de 2000.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 29 de septiembre de 2000.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 27 de octubre de 2000.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 1º de diciembre de 2000
Denuncia de la Hermana Clara Lagos.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 2 de febrero de 2001.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 8 de marzo de 2001.
Comunicado Público emitido por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 22 de febrero de 2001
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 23 de marzo de 2001
Periódico El Tiempo, marzo 7 de 2001 pg 1, 4
Periódico El Mundo, marzo 7 de 2001
Periódico El Colombiano, marzo 7 de 2001, pg 9ª
Carta dirigida al Presidente Andrés Pastrana el 23 de marzo de 2001.(Ver Prueba No. 30)
Comunicado Público de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó del 28 de marzo de 2001.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 6 de abril de 2001.
Carta que la Comunidad de Paz dirige al Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia, el 27 de abril de 2001
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 16 de mayo de 2001.
Carta de la Comunidad de Paz dirigida al Programa Presidencia del DHs y DHI de la Vicepresidencia de la República, del 4 de junio de 2001.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 12 de julio de 2001.
Carta dirigida por la Comunidad de Paz a Justicia y Paz el 3 de julio de 2001.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 12 de julio de 2001. (Ver Prueba No. 40)
Escrito dirigido por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 23 de julio de 2001.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 31 de julio de 2001.
Escrito dirigido por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 24 de agosto de 2001
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 31 de agosto de 2001
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 10 de diciembre de 2001.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 15 de diciembre de 2001
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 19 de diciembre de 2001.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 10 de abril de 2002.
Oficio del 9 de abril de 2002, dirigido a la Sra. Flaminia Minelli de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos, por el grupo de trabajo interdisciplinario de la Procuraduría en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Declaración de María Grimanesa Florez Vinasco ante la Defensoría del Pueblo Seccional Urabá, de enero 3 de 2002.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 1º de febrero de 2002.
Acta de reunión de la Comisión de Impulso de las investigaciones de febrero 12 y 13 de 2002 con la participación de la Fiscalía, la Procuraduría y la Comunidad de Paz.
Escrito de ampliación de Información de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz a la CIDH del 5 de marzo de 2002.
Escrito de ampliación de Información de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz a la CIDH del 5 de marzo de 2002.(Ver Prueba 55)
Informe Ejecutivo No. 1 de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 30 de marzo de 2002.
Comunicado No. 711 del 5 de abril de 2002 de la Defensoría del Pueblo.
Informe Ejecutivo No. 3 de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 9 de abril de 2002.
Informe Ejecutivo No. 5 de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 13 de abril de 2002.
Constancias Históricas de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 22, 23 y 24 de abril de 2002
Carta dirigida por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó al Presidente de la República Andrés Pastrana, el 17 de abril de 2002.
Informe Ejecutivo No. 6 de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 2 de mayo de 2002.
ConstanciaHistóricadelaComisiónIntercongregacionaldeJusticia y Paz del 16 de mayo de 2002
Informe Ejecutivo No. 7 de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 6 de mayo de 2002.
Informe Ejecutivo No. 8 de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 18 de mayo de 2002.
Informe Ejecutivo No. 9 de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 22 de junio de 2002.
Informe Ejecutivo No. 10 de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 25 de junio de 2002
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 6 de agosto de 2002.
Constancia Histórica de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz del 21 de octubre de 2002.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 21 de octubre de 2002. "los paramilitares continúan su recorrido de terror en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó".
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 23 de octubre de 2002.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 22 de octubre de 2002
Constancia Histórica de LA Corporación Jurídica Libertad del 28 de octubre de 2002.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 6 de Noviembre de 2002
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 13 de noviembre de 2002.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 2 de diciembre de 2002.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 5 de diciembre de 2002.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 18 de diciembre de 2002
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 26 de diciembre de 2002.
Comunicado Público de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó del 7 de enero de 2002.
Constancia Histórica Corporación Jurídica Libertad del 23 de enero de 2003
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del mes de febrero de 2003. "DE CÓMO SE PLANEA LA PERSECUCIÓN A LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ Y SUS LÍDERES COMUNITARIOS"
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 13 de febrero de 2003
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 19 y 27 de marzo de 2003.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 8 de abril de 2003.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 16 de abril de 2003.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 21 de abril de 2003
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 25 de abril de 2003
Constancia histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 4 de julio de 2003
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 4 de agosto de 2003
Comunicado Público de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó del 14 de julio de 2003.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 8 de agosto de 2003.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 12 de agosto de 2003.
Copia de la denuncia formulada por el TC Libardo Parrado Jaramillo Comandante del Batallón Bejarano Muñoz contra Wilson David Higuita.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad del 18 de agosto de 2003-
Constancia Histórica de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Agosto 25 de 2003.
Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgando medidas cautelares a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Resolución del 9 de octubre de 2000 del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgando medidas provisionales a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Resolución del 24 de Noviembre de 2000 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgando medidas provisionales a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Resolución del 18 de julio de 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificando las medidas provisionales a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad, del 30 de octubre de 2003.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad, del 5 de noviembre de 2003.
Boletín de Prensa No. 5 del Comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional con sede en Carepa, Antioquia, del 18 de febrero de 2003.
Constancia Histórica de la Corporación Jurídica Libertad, del 23 de abril de 2003.

VII
Oficios y Exhortos:

Ofíciese a la Presidencia de la República de Colombia para que informe de todas las denuncias, quejas o informes que haya recibido en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, indicando qué acciones o trámites efectuó para atender las denuncias.

Se oficiará en el mismo sentido a la Procuraduría General de la Nación para que remita copia del Expediente No. 001-14956 y de las demás quejas recibidas por conductas de agentes del Estado en el territorio del corregimiento de San José de Apartadó, con informaciones sobre las acciones disciplinarias adelantadas y sus resultados.

Ofíciese igualmente a las diversas dependencias concernientes de la Fiscalía General de la Nación, para que se informe sobre las quejas recibidas, investigaciones preliminares, procesos formalmente abiertos y resoluciones de acusación o de preclusión o archivo, que tengan que ver con la población de San José de Apartadó, entre los años 1996 y 2003.

Ofíciese a las instancias concernientes de la Jurisdicción Penal Militar, para que remita al despacho copias de las actuaciones penales militares adelantadas con ocasión de la masacre perpetrada en la vereda Mulatos, por tropas del Ejército adscritas a la base militar de La Maporita, (Carepa, Antioquia), en julio de 1977-

Ofíciese a la Defensoría del Pueblo para que informe sobre las quejas recibidas a partir de 1996 sobre hechos violatorios de los derechos humanos perpetrados en San José de Apartadó, y sobre las actuaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo y sus resultados.

Ofíciese a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que informe sobre las quejas recibidas que afecten a la población civil de San José de Apartadó, a partir de 1996 hasta la fecha, así como sobre las actuaciones desarrolladas por esa Oficina, las respuestas recibidas de las diversas instancias del Estado y los resultados obtenidos.

Ofíciese a la organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres, Reino Unido, para que informe sobre las denuncias que ha recibido desde 1996 referentes a violaciones de los derechos humanos perpetradas en el territorio de San José de Apartadó, y sobre sus actuaciones y sobre las respuestas obtenidas del Estado colombiano.

Ofíciese a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos -OEA- , con sede en Washington, D. C., Estados Unidos de América, para que informe sobre las denuncias elevadas ante esa entidad por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de agentes directos o indirectos del Estado Colombiano en el territorio de San José de Apartadó a partir de 1996; sobre las acciones llevadas a Cabo por esa alta Comisión y sobre las respuestas y resultados obtenidos del Gobierno de Colombia.

Ofíciese al Ministerio de Defensa Nacional para que envíe los nombres de quienes han desempeñado la Comandancia, Sub Comandancia, Jefatura del Estado Mayor y Comandancias de Batallones adscritos, en la Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, y en la Brigada XI con sede en Montería, Córdoba, a partir de 1996.

Ofíciese a la Comandancia de la Brigada XVII del Ejército Nacional con sede en Carepa, Antioquia, así como a la Comandancia de la Brigada XI, con sede en Montería, Córdoba, para que envíen los listados de los oficiales, suboficiales y soldados que han cumplido patrullajes y misiones especiales en el territorio de San José de Apartadó, entre 1996 y 2003. Se oficiará luego a la División de Personal del Ministerio de Defensa Nacional, para que informe sobre la situación, rangos, ocupación y residencia actual de los nombrados en la lista anterior.

Ofíciese a las Comandancias de las Brigadas XVII y XI del Ejército Nacional, para que informen los nombres de desertores de grupos insurgentes que hayan permanecido en las instalaciones de dichas brigadas y a quienes hayan enviado en compañía de tropas regulares a cumplir misiones en el área de San José de Apartadó.

VIII
NOTIFICACIONES

Ruego notificar al suscrito [------------------------------------------------------]

Atentamente,

Javier Giraldo M. S. J. [-------------------------]

IX
ANEXOS

Se anexan copias de las pruebas documentales en número de 101 documentos, con numeración hasta 105, pues 4 de ellos se omiten por estar repetido su contenido en otros que allí se indican, con un total de 425 folios, con copia.

4


[1Sentencia de la Cámara pp. 1597 y s.

[2Ambos, Kai. "Dominio del hecho por dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder". Universidad Externado de Colombia. 1998, pg 14.

[3Ib Cit pg 15

[4Ob Cit.

[5BGH Neue Juristiche Wochenschrift 1994, p. 2703. Citado por Ambos Kai. Ob Cit. Pg 12

[6Informe citado.

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