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  Situación de los Derechos Humanos en Colombia

enero de 1996, por wiroal

SITUACIÓN ACTUAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA

Enero 1994, Berna, Suiza

1. Una imagen distorsionada-

Hablar sobre la realidad de Colombia, fuera de Colombia, exige enfrentar el problema de la imagen que de ése mi país han ido configurando las agencias internacionales de "información".
Según esa imagen, Colombia es un país violento pero democrático, y los agente principales de esa violencia son las mafias de la droga y unos anacrónicos reductos guerrilleros que no conservan ya ningún objetivo político sino que optaron por el terrorismo y que encontraron en el secuestro y en el comercio de la droga, métodos de enriquecimiento que ahogaron sus ideales políticos.
Esta imagen sintetiza, además, el discurso oficial del gobierno colombiano, difundido a través de sus agentes diplomáticos; discurso que ha tenido, al parecer, una amplia acogida en la opinión pública internacional, quizás porque reconoce el innegable peso que tiene Colombia en el tráfico internacional de estupefacientes.
Las cifras de muertes violentas en Colombia son de las más altas del mundo y muy alto es también el volumen de droga cuyo procesamiento y comercialización tiene relación con Colombia. Relacionar estos dos fenómenos en una causalidad simple, ha sido tentación seductora para muchos periodistas internacionales, pues los dispensa de penetrar en el análisis de una realidad compleja, que no es posible encasillar en esquemas más o menos estandarizados.
En Colombia existen ciertamente poderosos carteles de narcotraficantes, pero, sin embargo, el mayor porcentaje de las muertes violentas que allí ocurren no tienen ninguna relación con el narcotráfico.
En Colombia no ha habido en los últimos 35 años ninguna dictadura militar, pero, sin embargo, en un solo año de la última década -cualquiera que se escoja- hubo más asesinatos de opositores políticos o de miembros de organizaciones populares que en los 17 años juntos de la dictadura militar en Chile.
Por eso quiero afirmar enfáticamente que la imagen de Colombia que han ido configurando los medios internacionales de "información", que coincide con la difundida por el gobierno colombiano, es una imagen falsa, que encubre los principales factores de violencia.

Algunas cifras pueden evidenciar esto:

Entre enero de 1991 y marzo de 1992, según el seguimiento hecho por la Comisión Andina de Juristas, las muertes violentas ocasionadas por el narcotráfico representaban el 0.18% del total de muertes violentas ocurridas en Colombia. Y durante el período en que ocurrieron mayor cantidad de atentados dinamiteros atribuidos a los empresarios de la droga: entre el 30 de mayo de 1989 y el 28 de junio de 1990, murieron 227 personas en atentados terroristas, mientras que en ese mismo período de 13 meses las muertes violentas por motivos políticos (sin contar los muertos en combate) fueron 2969 [1], O sea que en este período de mayor violencia del narcotráfico, el número de muertes violentas ocasionadas por éste representó el 7.6% con respecto a las víctimas de muerte violenta ocasionadas por la violencia política..
En cuanto a la violencia guerrillera -advirtiendo que las cifras correspondientes provienen de fuentes militares que en muchos casos son imposibles de verificar- en el quinquenio que va de 1988 a 1992 fueron registrados 6.046 casos de muertes en confrontaciones armadas entre ejército y guerrilla, incluyendo allí a militares, guerrilleros y civiles muertos en el cruce de fuegos. Esta cifra corresponde al 4.7% del total de muertes violentas ocurridas en el mismo período, y al 30.5% del total de muertes violentas que revelaban móviles claramente políticos. [2]
¿Cómo puede esta realidad proyectarse de manera tan distorsionada hacia el exterior? Un caso podría ilustrar este problema:
El 30 de enero de 1993 explotó un carro bomba en una de las calles céntricas de Bogotá, causando la muerte a 20 personas. El hecho fue atribuido al narcotráfico y la información recorrió el mundo en pocos minutos a través de las agencias internacionales de prensa.
Durante ese mismo mes de enero de 1993, fueron registrados en nuestra Comisión de Justicia y Paz 134 casos de asesinato y 16 de desaparición forzada por móviles políticos. En 25 de esos casos de asesinato y en 6 de desaparición, los indicios llevaban a responsabilizar de los crímenes a militares y policías u otros agentes de seguridad del Estado; en otros 89 casos de asesinato y 10 de desaparición, los indicios conducían hacia los grupos paramilitares, que actúan como auxiliares de las fuerzas armadas.
Esto quiere decir que, mientras aquel crimen del narcotráfico que destruyó 20 vidas humanas fue ampliamente conocido en todo el mundo en pocos minutos, las 130 víctimas de a-gentes del Estado o del Para-Estado fueron ocultadas a la opinión pública mundial por los medios de "información’. Así se puede comprender, en alguna medida, cómo se configura la imagen de Colombia en el exterior.

2. La violencia política y la violación de los Derechos Humanos fundamentales en Colombia -

En 1973 el homicidio ocupaba el 7° lugar entre las causas de mortalidad en Colombia, pero desde 1986 ocupa el 1° lugar.
La tasa anual de homicidios, calculada en número de casos por cada 100.000 habitantes, pasó de 16.8 en 1973 a 74.1 en 1990 y a 90.0 en 1992.
Hay muchos factores que hacen difícil una información objetiva y completa sobre las víctimas y sobre las causas y responsables de tantos atentados contra la vida humana. Algunos de esos factores son: la tendencia abiertamente encubridora y distorsionadora de los medios nacionales de información, ligados a los grandes poderes económicos y políticos; la imposibilidad de verificar muchas informaciones, sobre todo las relacionadas con el conflicto armado, que frecuentemente se reducen a las originadas en fuentes militares; los métodos peculiares de la "Guerra Sucia", una de cuyas tácticas es ocultar la identidad de los victimarios y confundir a la opinión pública con falsas informaciones. Así, por ejemplo, es habitual que los campesinos asesinados por el ejército fuera de combate y sin que posean ningún arma ni sean militantes de ninguna organización, sean reportados como "guerrilleros muertos en combate".
Sin embargo, desde 1988 nuestra Comisión de Justicia y Paz ha hecho grandes esfuerzos por clarificar y depurar la información relacionada con las víctimas de la violencia, información que publicamos en un boletín trimestral desde hace 6 años. Según .lo registrado en nuestro Banco de Datos, entre 1985 y 1992 se clasificaron 19.655 casos de muertes violentas y desapariciones forzadas como crímenes que tuvieron móviles políticos y que en su gran porcentaje eran producto de estrategias calculadas por organismos del Estado (fuerzas armadas, policía y organismos de inteligencia) ya sea actuando directamente, ya indirectamente a través de estructuras paramilitares. Para clasificar estos hechos como tales, hemos ido estableciendo criterios que nos ayuden a discernir las causas y los indicios sobre los responsables, como por ejemplo: las características de la zona donde ocurren los hechos; la coyuntura de violencia que allí se vive y los actores violentos que allí actúan; las características, actividades y militancia de las víctimas y los métodos utilizados para quitarles la vida.
Pero además de la cifra mencionada, hemos registrado otros 24.215 casos que clasificamos como "asesinatos oscuros" porque, a pesar de la información precaria que logramos reunir, esos casos presentan algún rasgo que nos impide clasificarlos como hechos de delincuencia común o de narcotráfico y sugiere más bien algún móvil político o de "limpieza social". Un gran porcentaje de estos casos corresponde a cadáveres sin nombre, hallados en basureros, en caminos o parajes solitarios o que son arrastrados por los ríos y no logran ser identificados. Muy probablemente la mayoría de los cuerpos de los desaparecidos han sido hallados entre esos cadáveres sin nombre.
La información recogida en 1992 nos mostraba que en el 70% de los casos registrados solo era posible establecer indicios sobre los victimarios, apoyados en los criterios establecidos, pero el 30% de los casos en que los autores eran identificables constituye una muestra significativa: dentro de ese 30%, el 52.76% de los responsables eran agentes de organismos de seguridad del Estado; el 30.67% eran miembros de grupos paramilitares que actúan en estrecha coordinación con los anteriores; el 12.85% eran miembros de grupos guerrilleros y el 3.72% eran agentes particulares.

3. El desarrollo de los modelos de represión -

Para comprender esta situación de violencia, que en un gran porcentaje, como se explicó, es activada por agentes del Estado, en un país que no ha tenido en las últimas décadas dictaduras militares y que incluso goza de una imagen de Estado democrático en el ámbito internacional, conviene señalar los rasgos principales de las diversas estrategias represivas del Estado que pueden ser caracterizadas en un desarrollo cronológico.
Quiero señalar tres principales modelos de represión que se pueden distinguir desde los años 70:

A) Una represión política centralizada e institucional-

Este modelo corresponde a los años 70. Ya desde los años 40 Colombia vivió habitualmente bajo el régimen de Estado de Sitio , previsto en la antigua Constitución como “régimen de excepción”, pero que solo fue levantado por pequeños períodos de meses, que en su conjunto no suman siete años completos hasta 1991. Esto permitió que se fuera desarrollando una copiosa legislación represiva de “excepción”, sancionada siempre por el poder ejecutivo con el fin de combatir a su oposición política y a los movimientos de protesta social, bajo la inspiración ideológica de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Con extrema generosidad era aplicada la calificación de agente del comunismo internacional y, por lo tanto de enemigo de la seguridad del Estado a todo militante de movimientos populares, conculcando no solo los derechos políticos sino las libertades ciudadanas fundamentales.
En el gobierno de Turbay Ayala (1878-82), cuando este modelo se aplicó con mayores excesos, se contabilizaron más de 20.000 presos políticos en 4 años, la mayoría de los cuales fueron sometidos a diversas formas de tortura. La aplicación de torturas a intelectuales y profesionales en 1979 puso en crisis este modelo, gracias a que estas capas sociales contaban con mayores recursos para hacer una denuncia internacional, recursos que no tuvieron los campesinos y sindicalistas en los años anteriores. En esa coyuntura, la intervención de Amnesty Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó dificultades políticas internas y externas al partido gobernante (el Partido Liberal) y a las fuerzas armadas, lo que llevó a una revisión del modelo.

B) La represión paramilitar -

El gobierno del Presidente Betancur (1982-86) aportó un discurso político nuevo, dentro del cual fue posible desarrollar los primeros diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla, pero al mismo tiempo que parecía insinuarse una apertura democrática, se implementaba secretamente un modelo represivo más contundente aún: se multiplicaron las organizaciones paramilitares, como cuerpos auxiliares del Ejército, para ejecutar acciones que no podían ser amparadas en ninguna legalidad y que por tanto, si seguían siendo ejecutadas abiertamente por el ejército, ilegitimaban cada vez más el régimen.
Mientras en el modelo anterior las detenciones arbitrarias, las torturas y los juicios sumarios en tribunales castrenses constituían los métodos corrientes de represión, dentro del nuevo modelo las desapariciones forzadas y los asesinatos de opositores políticos y de activistas de organizaciones populares fueron las prácticas rutinarias.
A partir de 1985 este tipo de violencia crece hasta niveles escandalosos, gracias a la alianza que se da entre algunas estructuras paramilitares y sectores del narcotráfico. En esa coyuntura, dineros procedentes del comercio de drogas entran a financiar armamentos modernos, vehículos de transporte , equipos de comunicación e incluso costosos mercenarios internacionales procedentes de Israel, Australia e Inglaterra, quienes llegan a entrenar poderosos grupos de pa-ramilitares.
Durante este período, altos mandos militares defienden públicamente la supuesta "legalidad" de los paramilitares, eufemísticamente llamados grupos de autodefensa campesina, apoyándose en el artículo 33 de la Ley 48 de 1968 que autorizaba a las fuerzas armadas a entregar a los civiles armas de su uso exclusivo. Estoy convencido, sin embargo, de que esa era una interpretación equivocada de dicha ley, pues en otro artículo de la misma ley se reserva al Presidente de la República la facultad de convocar a civiles para tareas de defensa nacional, convocatoria que nunca se produjo.
Este modelo ha dado como fruto los más elevados y escandalosos niveles de crímenes políticos, que se han amparado en la clandestinidad como garantía de impunidad.

C) La combinación de modelos y la progresiva "judicialización del conflicto armado” -

Los gobiernos de Barco (1986-90; y de Gaviria (1993/94) han continuado favoreciendo el paramilitarismo, pero al mismo tiempo han vuelto a hacer uso del régimen de excepción para desarrollar una legislación represiva en contra de la protesta social y de la oposición política.
Ya desde 1988 se comenzaron a introducir preocupantes reformas en la administración de justicia, tendientes a limitar su independencia e imparcialidad; a crear figuras penales manipulables y a desconocer derechos procesales. Esa legislación se fue desarrollando progresivamente, y al perder su piso jurídico cuando se proclamó la nueva Constitución y se levantó el Estado de Sitio, en julio de 1991, el gobierno encontró una fórmula, a través de un artículo transitorio de la nueva Constitución y de una comisión legislativa provisional, para traspasar al nuevo régimen jurídico toda la legislación represiva acumulada en los últimos 7 años de Estado de Sitio.
Una de las grandes fallas de la nueva Constitución fue justamente la reforma de la Justicia, que permitió al poder ejecutivo un elevadísimo grado de injerencia en el poder judicial, politizando aún más la Justicia y preparando el terreno para la "judicialización del conflicto armado" que la señalo como la etapa más reciente de este tercer modelo de represión.
En efecto, al fracasar los diálogos entre el gobierno y la Coordinadora Guerrillera, desarrollados en las etapas de Caracas, Venezuela, (junio/noviembre-1991) y Tlaxcala, México, (marzo/abril-1992), el gobierno recurrió a una declaratoria de guerra, en octubre de 1992, aumentando de manera exorbitante el presupuesto militar, multiplicando las unidades militares especializadas en contrainsurgencia y utilizando nuevamente el estado de excepción, ahora llamado, dentro de la nueva Constitución, Estado de Conmoción Interior.
Se ha llegado, entonces, a configurar una rama de la justicia ampliamente manipulada por el poder ejecutivo para convertirla en "arma de guerra", sometida a normas procesales diferentes de las de la justicia ordinaria, donde son ampliamente recortados los derechos procesales y donde la instrucción de los procesos es conducida, en la práctica, por las fuerzas armadas.
Uno de los mecanismos de dicha "Justicia" fue el de crear un tipo penal: el terrorismo, definido con la mas extrema ambigüedad para poder ser aplicado a cualquier forma de protesta social. La delación fue convertida en virtud premiada con elevadas recompensas monetarias. Pero lo más grave no es la exaltación de la delación misma (que eventualmente podría ayudar a esclarecer muchos crímenes) sino el que ésta sea convertida en una mercancía y, sobre todo, que no sea sometida a criterios de verificabilidad.
Hemos llegado a una situación de extrema abyección de la Justicia, en la que los militares compran por dinero "testimonios" de supuestos "informantes" para construir con ellos, arbitrariamente, "pruebas judiciales", las que han llegado a ser suficientes para fundamentar órdenes de captura y mantener en prisión, por prolongados períodos, a líderes comunitarios, a. sindicalistas, a militantes de fuerzas legales de oposición, a denunciantes de crímenes de Estado e incluso a miembros de organismos de derechos humanos.
Esta estrategia la he caracterizado como "judicialización del conflicto armado". Tal calificación fue empleada por los Ministros de Gobierno y de Justicia dentro de un debate en el Parlamento el pasado 13 de octubre, cuando motivaban una nueva reforma del Código de Procedimiento Penal. Pocos días antes, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, el pasado 9 de septiembre, el Presidente Gaviria dijo en su discurso, textualmente:
"Estamos desarrollando formas estrechas de colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, a fin de poder conducir ante los jueces a los delincuentes y vencerlos en juicio (...) Gracias a lo anterior, se hallan detenidas en las cárceles del país alrededor de dos mil personas acusadas de pertenecer a grupos guerrilleros" [3]
El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos declaró enseguida a la prensa, durante la misma ceremonia:
Estas dos mil personas en poder de la Fiscalía son la contrapartida a una reducción de las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales" [4]
Se trata, entonces, de una estrategia consciente del gobierno, de trasladar una guerra, hasta ahora conducida con métodos universalmente proscritos, al campo judicial, introduciendo en la Fiscalía los procedimientos, las características y los móviles del combate militar. A nadie se le oculta que tal estrategia distorsiona radicalmente los principios universales de la administración de justicia.
Dicha judicialización de la guerra es ya evaluable y por ello se puede afirmar que los métodos sucios de la guerra, se han proyectado en métodos sucios en la Justicia, tales como: compra de testimonios que se presentan como supuestas "delaciones"; instrucción de procesos manipulada por las fuerzas armadas; configuración de una rama especializada de la Justicia con jueces secretos, testigos secretos y pruebas secretas; órdenes de captura fundamentadas en falsos testimonios recompensados con dinero; creación de figuras penales ambiguas que ofrecen un campo abierto a la arbitrariedad de los jueces; alargamiento de los términos, que permite mantener en prisión, durante largos períodos a personas contra quienes no hay prueba alguna que resista controversia; transformación del principio de presunción de inocencia en el de presunción de culpabilidad, etc.
Otra evaluación de esta estrategia la hace un reconocido analista social, investigador de la Universidad Nacional, a quien cito textualmente:
"Los resultados están a la vista: desde 1991 han sido capturados 6.500 guerrilleros, cifra que supera en 500 el total de combatientes calculados por el Comandante de las Fuerzas Armadas en todas las guerrillas que operan en el país. O la mayoría de los capturados no son guerrilleros y pertenecen a esa franja ambigua de la protesta social y de la organización popular que se puede tildar fácilmente de subversión, o las guerrillas tienen capacidad de renovarse cada dos años con nuevos reclutas”. [5]
Pero tal judicialización de la guerra no ha suprimido la Guerra Sucia en sí misma; solo se ha proyectado al campo de la Justicia. La Comisión de Justicia y Paz registró en 1993 una cifra de asesinatos políticos y presumiblemente políticos superior a la de 1992: si en 1992 sumaron 2.315, en 1993 sumaron 2.447.

4. El conflicto armado y los procesos de paz -

Desde los años 50 hasta ahora se han desarrollado en Colombia 8 organizaciones guerrilleras. No hay duda que un análisis de la represión política en Colombia tiene que enfrentar el problema de la guerrilla, pues la represión ha estado contextuada por ese conflicto armado interno que enfrenta a las fuerzas armadas del Estado con grupos armados de oposición, dentro de los métodos de la "guerra. de guerrillas".
Mucho se ha discutido si las guerrillas en Colombia son causa o más bien efecto de un espacio político cerrado o antidemocrático.
Quien conozca un poco la historia de Colombia y de sus partidos políticos tradicionales: el Partido Liberal y el Partido Conservador, sabe muy bien que el campo de le político fue dominado, con violencia, por estos dos partidos, en forma excluyente, manteniendo en la ilegalidad a todo movimiento político alternativo, hasta finales de los años 70. Y justamente cuando parecía llegar a su fin la hegemonía excluyente de los dos partidos tradicionales, las capas dominantes enfrentaron el auge de los movimientos socializantes de los años 60 y 70 poniendo en práctica, de un modo original, los principios y estrategias de la Doctrina de Seguridad Nacional sin necesidad de dictadura militar.
Tal originalidad consistió, según creo, en dividir el campo de lo político en dos ámbitos compartimentados: uno, constituido por el poder burocrático-administrativo, donde estuvo vigente el libre juego de los partidos y donde el botín burocrático alimentó los ciclos de la corrupción; el otro ámbito, el del manejo del conflicto social, fue encomendado a las fuerzas armadas, dotadas para ello de una copiosa legislación represiva emitida al amparo del Estado de Sitio. Por ello no es extraño que las expresiones políticas alternativas al Statu Quo hayan nacido y se hayan desarrollado dentro de estrategias y estructuras político militares.
Muchos analistas sociales consideran a los grupos guerrilleros colombianos actuales como grupos anacrónicos, que perdieron ya el contexto internacional de su estrategia a raíz del derrumbe de los Estados socialistas que les servían de apoyo y/o de modelo. Otros, especialmente el gobierno colombiano, los consideran injustificables, pues -dice- ya se ha producido una plena apertura democrática donde es posible la lucha legal por un cambio social; pero además los consideran como convertidos en bandas de terroristas o de delincuentes comunes que perdieron ya toda motivación política.
Una sociología de la guerrilla en Colombia es algo más complejo. Ciertamente la guerrilla no es percibida ya como organización político militar que busca la toma del poder por las armas para imponer un modelo de Estado. Si bien sus dirigentes conservan principios ideológicos marcados por las experiencias socialistas, no se consideran ya como propulsores de un modelo hegemónico de Estado. Por otro lado, sus bases campesinas y populares revelan motivaciones cada vez menos ideológicas y estratégicas y más pragmáticas e inmediatas: ingresan a la guerrilla en búsqueda de defensa frente a las agresiones de militares y paramilitares o para favorecer poderes locales alternativos a formas inhumanas de explotación. Se percibe más a la guerrilla como fuerza de boycott a ciertos excesos del capital multinacional y de contención del militarismo de extrema derecha. Algunos de sus métodos son incompatibles con el Derecho Internacional Humanitario, como las ejecuciones sumarias de supuestos informantes o colaboradores del ejército; el secuestro como método de financiación; ciertas formas indiscriminadas de ataque que afectan a la población civil, como el uso de minas antipersonales y de otros explosivos de efecto incontrolable.
Desde el gobierno de Betancur (1982-86) se han sucedido muchos intentos de diálogo y negociación entre el gobierno y las guerrillas, muchos de ellos frustrados, pero otros culminaron en acuerdos que permitieron la reinserción en la vida legal de algunos combatientes, especialmente de los grupos más pequeños o ya diezmados, como el M-19, el PRT, el movimiento guerrillero indígena Quintín Lame y una fracción del Ejército Popular de Liberación. Estos acuerdos se firmaron alrededor de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (entre 1990 y 1991). Sin embargo, los grupos más numerosos y de más larga tradición continúan combatiendo, a pesar de dos intentos frustrados de negociación, entre 1991 y 1992.
Hay muchos puntos negativos en la experiencia de estas negociaciones: varios militantes de los grupos reinsertados han sido asesinados posteriormente y muchos continúan bajo amenazas; múltiples dificultades en la reinserción económica han impulsado a otros a regresar a la lucha armada; solo ciertos líderes de perfil nacional, como los elegidos para el Parlamento, gozan de amplias garantías y protección, pero tienen que movilizarse fuertemente escoltados; el gobierno desconoció por completo los puntos de los acuerdos que tenían mayor contenido político y social, como las investigaciones sobre las más graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, particularmente sobre los casos de desapariciones forzadas.
Quien haya seguido de cerca los desarrollos del diálogo entre el Gobierno y la Coordinadora Guerrillera, sobre todo en su etapa de Caracas (junio/noviembre 1991) puede apreciar más a fondo las dificultades reales que debe enfrentar un proceso de paz en Colombia. Las Actas que se firmaron en Caracas en noviembre de 1991, donde quedaron consignadas las posiciones del Gobierno y de la Coordinadora Guerrillera alrededor de 15 puntos, constituyen un documento básico para este análisis.
Allí puede verse que la guerrilla busca condiciones de inserción en la vida legal, sin exigir previamente transformaciones estructurales, las que deben ser fruto de un debate político nacional y de un consenso social, pero sí exige condiciones que le permitan expresar y promover sus ideas sin tener que pagar por ello el precio de la detención arbitraria, de la tortura, de la desaparición forzada o del asesinato. Esto exigiría el desmonte de los grupos paramilitares; la depuración de las fuerzas armadas; la despena-lización de la protesta social; una lucha real contra la impunidad de los Crímenes de Estado, factores todos que comenzarían a abrir espacios de garantía al ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Pero son justamente estos aspectos los que llevan en este momento a mayor pesimismo: cada vez más regiones del país caen bajo el control de grupos paramilitares; la impunidad para los agentes del Estado comprometidos en crímenes horrendos es cada vez más escandalosa y desafiante; la protesta social es cada vez más penalizada, y todo esto incide en la carencia de garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Por ello, un proceso de paz real no lo veo con optimismo en este momento.

5. Responsabilidad del Gobierno e Impunidad -

Muchas personas, agentes diplomáticos y organismos internacionales se preguntan cuál es la responsabilidad concreta del Gobierno colombiano en la violencia política y en las más graves violaciones que se siguen evidenciando de los Derechos Humanos fundamentales.
El discursodemocráticodelactualgobierno;lareformaconstitucionalde 1991 donde la formulación textual de los DerechosHumanos ocupó un extenso articulado;lasnuevasinstitucionescreadasparala defensa y protección de losDerechos Humanos, todo esto lleva a pensar que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en las violaciones que se siguen presentando de los Derechos Humanos; que ellas se deban quizás a factores que se le escapan de sus manos o que incluso hace grandes esfuerzos para superarlas.
Ciertamente es difícil imaginar al Presidente o a sus ministros planificando crímenes de desapariciones, de ejecuciones sumarias, de masacres o de torturas, en un Consejo de Gobierno. Si alguien afirmara que así ocurre, no se lo creería..
Pero tampoco puedo aceptar las interpretaciones que reducen la responsabilidad del gobierno a una responsabilidad pasiva o de omisión.
El gobierno conoce ampliamente la participación que han tenido y siguen teniendo las más altas jerarquías actuales de las fuerzas armadas en la creación y en el accionar de poderosas estructuras paramilitares que han inundado el país de sangre; conoce también ampliamente la participación de esas mismas jerarquías castrenses en numerosos crímenes; las denuncias hechas por organismos nacionales e internacionales están ahí para testimoniarlo; sin embargo, su respuesta ha sido: condecorar, premiar y enaltecer con los máximos honores y responsabilidades de mando a los autores de esos crímenes .
La impunidad no es, a mi juicio, una "omisión" o una pasiva tolerancia, es la colaboración y el apoyo más eficaz que pueda prestar un gobierno a una política criminal que se desarrolla bajo sus auspicios.
Para concretar esto, quisiera presentar un testimonio personal:
El 22 de enero de 1993, pude presentarle personalmente al Ministro de Defensa Nacional, en presencia del Fiscal General de la Nación, una documentación sustentada que demostraba cómo una cadena de atentados, hostigamientos, amenazas y asesinatos, dirigida contra el Albergue Campesino de Barrancabermeja (un servicio humanitario para desplazados por la violencia), provenía de la XIV Brigada del Ejército. Los documentos mostraban que desde la creación de esa Brigada se había constituido a su alrededor una poderosa estructura paramilitar impulsada y apoyada por los sucesivos comandantes, que había perpetrado numerosos crímenes en la región y que ahora tenía en su mira al Albergue Campesino. El Ministro negó gratuitamente las acusaciones sin discutir sus fundamentos y se negó a tomar las medidas administrativas que se le pidieron. Los militares que habían ejercido el mando en dicha Brigada ocupan ahora los más elevados cargos en las fuerzas armadas y ninguno ha sido investigado ni sancionado.
Podría mencionar numerosos casos similares si el tiempo lo permitiera. El libro Terrorismo de Estado en Colombia , publicado el año pasado por 10 Organizaciones No Gubernamentales de Europa y América, es apenas una pequeña muestra de lo que ocurre con las actuales jerarquías castrenses.
El Gobierno ha respondido a la denuncia internacional desatada por la mencionada publicación, que no existen pruebas evidentes para sancionar penalmente o para desvincular de sus cargos a los militares implicados, o que estos han sido exonerados de culpa en procesos penales o disciplinarios ya concluidos. Tal respuesta nos remite al problema de los mecanismos de impunidad.
La impunidad comienza por los mecanismos de clandestinidad con que son perpetrados los crímenes, que son los mecanismos característicos de la "Guerra Sucia", como estos: la utilización de civiles anónimos para ejecutar los crímenes; el uso de vehículos particulares sin placa o con placas falsas; la actuación de militares sin uniforme ni identificación militar; la utilización de la autoridad del Estado para recaudar información sobre las futuras víctimas, la que será útil en la consumación del crimen; la ausencia, ocultamiento, falsificación o destrucción de documentos comprometedores; la intimidación o eliminación de testigos; la sepultura clandestina de las víctimas; el traslado inmediato de los agentes implicados, para impedir u obstaculizar las investigaciones. Estos son algunos de los mecanismos que preparan de antemano las condiciones de la impunidad.
Otros mecanismos ayudan a consumar la impunidad, una vez iniciados los procesos: el principal de ellos es el privilegio del Fuero Militar, que permite que los miembros de las fuerzas armadas sean juzgados por tribunales militares, presididos en ocasiones por aquellos que ordenaron cometer los crímenes.
La impunidad es la columna vertebral de la criminalidad del Estado en Colombia y el mecanismo más eficaz para que las violaciones más graves contra la vida y la dignidad humanas continúen siendo prácticas de rutina de numerosos agentes del Estado.
En el Informe sobre los Derechos Humanos que el Procurador General entregó al Presidente el pasado mes de junio, correspondiente a las investigaciones realizadas por la Procuraduría en 1992, reconoce que menos del 10% de las quejas recibidas en la Procuraduría configuran un caso jurídico, y que de éstas, solo el 21% culminan en un fallo, y que de esos fallos, en el caso de las fuerzas militares, el 56% son absolutorios. Si se tiene en cuenta, además, que las quejas llevadas ante la Procuraduría corresponden a una ínfima minoría de casos de graves violaciones a los Derechos Humanos por agentes del Estado, se evidencia que la impunidad es monstruosa. Pero además las sanciones disciplinarias que se imponen son irrisorias y en ocasiones no son ejecutadas; con todo, la Procuraduría realiza muchísimas más investigaciones que la jurisdicción penal, donde muy pocos de estos casos son objeto de investigación, y de esos pocos, la mayoría concluyen en absolución o archivo.
Otro testimonio personal podría quizás transmitirles una imagen más concreta de tan aberrante impunidad y de sus mecanismos :
Como Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia y Paz, desde finales de 1990 he realizado numerosas gestiones para urgir que se investigue el accionar de un grupo paramilitar que en menos de 5 anos asesinó a 183 campesinos y produjo el desplazamiento forzado de la cuarta parte de la población del pequeño municipio de El Carmen de Chucurí. La participación del ejército en el entrenamiento, dotación de armas, acciones conjuntas, coordinación y protección del grupo era más que evidente y fue muy documentada. Los asesinatos fueron acompañados, además, de otros numerosos delitos, como allanamientos ilegales, destrucción de viviendas, saqueos, torturas, violaciones carnales, intimidaciones, reclutamiento forzado de jóvenes para patrullajes paramilitares y cobro de contribuciones monetarias extorsivas para financiar dichas actividades delictivas.
Luego de más de tres años de realizar numerosas gestiones en búsqueda de justicia para las víctimas de ese proyecto criminal, lo único que he conseguido es lo siguiente:

1* Que se expida una orden de captura contra el antiguo Párroco del pueblo, quien fue el primero en denunciar la existencia y el modus opperandi de ese grupo paramilitar y que por ello quisieron asesinarlo el 4 de octubre de 1990, debiendo abandonar el país para salvar su vida.
2* Que se expida otra orden de captura contra el que fue Coordinador de la Comunidades Cristianas de Base en el mismo pueblo, quien entregó informaciones fundamentales a la Justicia sobre las actividades del mismo grupo y que incluso aceptó colaborar con una funcionaria judicial en un intento frustrado de captura de algunos de esos paramilitares.
3* Que se presentaran varias denuncias por "calumnia" contra mí, por haber denunciado tales hechos.
4* Que se me calificara públicamente como colaborador de la guerrilla en publicaciones de prensa de amplia circulación nacional y en programas radiales y televisivos, que nunca aceptaron el reclamo legal de rectificación. [6]
Estos han sido los frutos concretos de dicha denuncia.
En cuanto al Párroco y al Coordinador de las Comunidades Cristianas de Base, ustedes se preguntarán mediante qué mecanismos pudieron ellos pasar de acusadores a acusados. Los militares reunieron fácilmente a un grupo de "testigos", que rindieron declaraciones ante un juez militar y los acusaron de "vinculación con la guerrilla". Para ello inventaron episodios inverificables en los que el Párroco y el Catequista habrían asistido a reuniones de la guerrilla e incluso le habrían llevado uniformes y cajas de municiones. Tales "testimonios", absolutamente falsos y que en ningún sistema de justicia hubieran sido de recibo por las contradicciones internas, ausencia o incoherencias de fechas y lugares y otras circunstancias, le merecieron credibilidad a la Fiscalía, probablemente porque quienes los dieron fueron transportados en helicópteros militares. Pero los testimonios presentados ante la misma Fiscalía sobre el accionar criminal del grupo paramilitar no merecieron credibilidad alguna y por ello todos esos crímenes permanecen en la absoluta impunidad.
Solo una juez honesta se atrevió a emitir órdenes de captura contra 26 miembros del grupo paramilitar e incluso se atrevió a intentar su captura el 29 de marzo de 1992, pero el ejército frustró el operativo judicial y poco faltó para que la juez saliera muerta del intento. Desde ese momento, al conocerse públicamente que existía la investigación, ejército y fiscalía iniciaron la labor de convertir a los acusadores en acusados, dejando de lado todo interés por los centenares de muertos, desaparecidos y desplazados.
También hubo un funcionario investigador de la Procuraduría que se atrevió a formular pliegos de cargos contra algunos de los militares que dotaron de armas y actuaron en conjunto con el mencionado grupo paramilitar, pero ese funcionario tuvo que abandonar rápidamente la Procuraduría por amenazas de muerte. Pocos días después, el militar de más alto rango que había sido objeto de pliego de cargos, era entronizado solemnemente como comandante en jefe de una de las cuatro grandes Divisiones del ejército.
El testimonio, como prueba judicial, que en ocasiones es lo único que escapa a las calculadas tácticas de ocultamiento de la identidad de los victimarios, ha llegado a ser ambiguo y peligroso. Los militares y la fiscalía, apoyados en las nuevas normas de procedimiento penal promovidas por ellos mismos, han incentivado el falso testimonio, como mecanismo para contrarrestar los testimonios incómodos que comprometen a miembros de la fuerza pública. Contraponen simplemente "testimonio contra testimonio", aceptando unos y rechazando otros según convenga a sus opciones ya tomadas, a los intereses institucionales o a las presiones de Estado del momento..
Uno de los casos donde se evidencia esta estrategia del manejo arbitrario y malintencionado del testimonio es la investigación disciplinaria por el asesinato de la misionera suiza Hildegard María Feldmann. El Procurador Delegado para las Fuerzas Militares ordenó archivar el proceso y para ello tuvo que rechazar, arbitrariamente, 24 declaraciones de testigos que fueron rendidas en diferentes fechas, ante diferentes funcionarios y en diferentes lugares y circunstancias, pero que mostraban una total coincidencia en el relato de los hechos. Por el contrario, el Procurador dio credibilidad a los testimonios de 4 militares que declararon dentro del proceso -uno de los cuales no había estado presente en el sitio de los acontecimientos- y que dieron una versión a todas luces falseada de los hechos. El criterio que dicho Procurador hizo explícito en la Resolución de archivo y que cito textualmente porque es una pieza de antología, fue el siguiente: "en un gran porcentaje, el interés del ofendido lo puede llevar a distorsionar la verdad" [7] Así, pues, para dicho Procurador, el testimonio de los ofendidos no era creíble, pero el testimonio de los victimarios sí lo era. El de los primeros, por principio, tendría interés de distorsionar la verdad; en los segundos no cabía presumir tal interés.

6. La reforma constitucional de 1991 y los Derechos Humanos-

Finalmente quisiera enunciar muy brevemente algunos cuestionamientos a la reforma constitucional y legal de los últimos dos años, desde la perspectiva de los Derechos Humanos fundamentales.
La nueva Constitución ha sido calificada coreo la Constitución de los Derechos Humanos. Cuando se adelantaban los debates de la Asamblea Constituyente, escribíamos en nuestro Boletín de Justicia y Paz que el problema de la violación de los Derechos Humanos nunca podría ser explicado por ausencia de normas o leyes que protegieran esos derechos, sino por la violación cotidiana de las mismas.
Nadie puede negar, sin embargo, que la nueva Constitución y su desarrolló legislativo han dado importancia a los Derechos Humanos. Muchas normas de Tratados y de Pactos Internacionales suscritos desde hacía años por Colombia, fueron explicitadas en la misma Constitución. Además fueron creados cargos e instituciones nuevas con miras a la protección de los derechos. Sin embargo, en la práctica muy poco ha cambiado y enumero lo que, en mi opinión, invalida los textos legales:
La reforma de la Justicia fue nefasta. Se adoptó el sistema acusatorio para sustituir el sistema inquisitivo, pero concentrando en la persona del Fiscal General excesivos poderes -que incluso desbordan en altos márgenes la función acusatoria- haciendo depender la marcha de la justicia de los criterios, la mentalidad, las simpatías o antipatías de esa persona, quien puede decidir qué tipos de delitos se persigue en forma prioritaria y dónde y cómo se concentran los recursos de la Fiscalía. Y si algo ha dejado muy en claro el actual Fiscal General es que investigar los crímenes de los paramilitares y de las fuerzas armadas no entra, ni de lejos, en sus simpatías.

La Justicia fue crudamente politizada. La injerencia del poder ejecutivo en el nombramiento del Fiscal General (Art. 249); de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura (Art. 256); de la Corte Constitucional (Art. 239) acabaron con la precaria independencia del poder judicial.

Se dejó intacto el privilegio del Fuero Militar que ha sido el principalísimo mecanismo de impunidad.

Se consagraron varios obstáculos constitucionales que impiden que puedan ser aplicadas las normas previstas en el Derecho Internacional en relación con los Crímenes de Lesa Humanidad: se impide la imprescriptibilidad de las penas (Art. 28); se cierra el camino para el ejercicio de la Jurisdicción Universal al prohibir, sin excepciones, la extradición (Art. 35) y se consagra la eximente de Obediencia Debida para los militares (Art.91).

Si bien fueron creadas nuevas instituciones para la protección de los derechos humanos, la práctica cotidiana nos ha ido mostrando que ninguna de ellas fue dotada de facultades eficaces para proteger realmente los derechos. Más bien podría decirse que la multiplicación de instituciones hace prolongar, entorpecer y confundir los procesos de denuncia y de búsqueda de protección. Todas esas nuevas instituciones se sienten con atribuciones para transmitirse unas a otras las denuncias, mediante oficios escritos, sin que ninguna se sienta con atribuciones para resolver los problemas eficazmente.

El Estado de Sitio solo cambió de nombre. En la nueva Constitución puede también llegar a tener vigencia permanente durante años. Además, el gobierno ya estrenó el mecanismos de convertir en leyes permanentes -con la colaboración del Parlamento- todos los decretos de emergencia dictados bajo el Estado de Conmoción Interior.

El desarrollo legislativo ha creado una rama especializada de la justicia, como justicia de excepción, a la cual ya me he referido, que tiene todas las características de una justicia política, regida por móviles vindicativos de conflicto bélico más que por los principios universales de la administración de justicia.

Estos son, en mi opinión, los principales aspectos que invalidan, en la práctica, la inspiración de la nueva Constitución.

Javier Giraldo M., S. J.
Berna, Suiza, enero 13 de 1994
Conferencia de instituciones del Gobierno Suizo y Organizaciones Internacionales No Gubernamentales.

Notes :

[1] Cfr. Comisión Andina de Juristas, seccional colombiana, La Situación de los Derechos Humanos en Colombia: Compleja pero no Confusa, Bogotá, septiembre 17 de 1992, pag. 1 - Novib, Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en América Latina, Bogotá, 1993, pag. 33.

[2] Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, boletín trimestral Justicia y Paz, años 1988 - 1992

[3] Diario El Tiempo, septiembre 10 de 1993, pag. 6A

[4] Ibid.

[5] Alejandro Reyes Posada, La Justicia en Guerra, diario El Espectador, noviembre 14 de 1993, pag. 7ª.

[6] Especialmente: el diario El Tiempo; el diario La Prensa; la cadena radial R.C.N. y otros

[7] Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, expediente No. 022-106248, Resolución de Archivo, 5 de noviembre de 1992, pag. 17.

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