Desde los márgenes

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Derechos Fundamentales en Dos Años de Uribe

mayo de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

Derechos fundamentales en los dos años del gobierno Uribe

Mayo 2004

Diversos procesos vividos en estos dos años, cada uno construido con hechos seriados que revelan tendencias y metas muy claras, permiten delinear un perfil del gobierno del Presidente Uribe en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

1. Hostilidad y persecución a defensores de derechos

Las referencias más explícitas al campo de los derechos humanos en este gobierno quizás se pueden encontrar en los duros y ofensivos discursos del Presidente, del Vicepresidente y de algunos de sus ministros y altos funcionarios, contra las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la defensa y promoción de estos derechos.

Pero no se trata solo de discursos. Hay organizaciones defensoras de derechos humanos que tienen a casi todos sus integrantes en prisión, como el Comité Joel Sierra, de Arauca; otras han sido víctimas de allanamientos disimulados bajo la apariencia de “asaltos de delincuentes comunes”, como la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz; otras han sido víctimas de montajes organizados desde el Ministerio de Defensa, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; muchas otras viven en la zozobra de una judicialización anunciada, como numerosas comunidades de paz, colectivos de abogados defensores o comités regionales de derechos humanos, ya que la tesis del Presidente, según la cual, muchas de estas organizaciones sirven de fachada o hacen de “defensoras de organizaciones terroristas”, es compartida o acatada por muchos funcionarios judiciales. Hay también fiscales que han decidido defender los derechos fundamentales de quienes son injustamente acusados y capturados, y hoy están por ello sometidos a causas penales y con medidas de aseguramiento, como el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Sincelejo, Dr. Orlando Pacheco Carrascal. No hay duda de que el gobierno cuenta, para agilizar esta política, con una mayoritaria colaboración de los medios masivos de comunicación: éstos colaboran en gran parte en la difusión de los montajes, y silencian, o informan con demasiada austeridad y sin seguimiento alguno, las persecuciones a los defensores y a las organizaciones sociales.

Uno de los reclamos del Presidente a las ONG de derechos humanos es el de las cifras, tema en el cual ha sido respaldado por investigadores de la embajada de los Estados Unidos y medios de gran difusión como Wall Street Journal y la revista Semana. Según el gobierno y sus defensores, las ONG manipulan o sobredimensionan las cifras de violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado y no reconocen los progresos que este gobierno ha hecho en disminuir los índices de algunas formas de violencia. Las ONG, por su parte, demuestran que muchas cifras que el gobierno divulga, no son creíbles, y que el aumento exorbitante en otras modalidades de violación a los derechos fundamentales no puede llevar a calificar la coyuntura como de “progreso” o “alivio” en el respeto a los derechos humanos, y mucho menos cuando se leen las cifras en la perspectiva de una estrategia diacrónica, que revela la anulación práctica y progresiva de muchos derechos civiles y políticos.

2. ¿“Seguridad democrática” o inseguridad antidemocrática?

Pero en el terreno de su plan integral de gobierno, el Presidente Uribe suele defender su política de derechos humanos como una dimensión de su estrategia más global de “Seguridad Democrática”. Aunque en el discurso presenta este eslogan como una estrategia para brindarle seguridad a todo ciudadano sin discriminación de ninguna clase, los instrumentos que ha elegido para implementar dicha política contradicen radicalmente el propósito que aparece en el discurso. Esos instrumentos se podrían sintetizar en 3 fundamentales:

    1) Sin atender a las causas que suelen llevar a muchos sectores sociales a formas de delincuencia ligadas con la supervivencia o con la protesta desesperada ante las injusticias, la “política de seguridad democrática” centra la solución a las inseguridades causadas por estas violencias, en la represión armada, y asume como eje de esa represión a las fuerzas armadas del Estado, a las cuales, para el efecto, las dota de instrumentos excesivos en lo jurídico y en lo financiero, trastocando, por una parte, el orden constitucional diseñado en la Constitución del 91 y, por otra, la inversión social necesaria para incidir en las causas de la violencia. Además, hace caso omiso del enorme historial de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra que las fuerzas armadas han acumulado históricamente en Colombia, al amparo de la impunidad proverbial que las ha protegido, e incluso ha elegido para la dirección de la estrategia, a oficiales sobre los cuales pesan acusaciones demasiado graves que nunca fueron debidamente procesadas en los aparatos de la justicia.

    2) Para complementar este diseño represivo, traza políticas amplias que convergen en el involucramiento de amplias capas de población civil en funciones auxiliares de esas fuerzas armadas, tales como los programas de soldados campesinos o “soldados de mi pueblo”; las redes de informantes y las redes de cooperantes; la reforma legal de las empresas privadas de seguridad, integrándolas a la misma estrategia, y, por encima de todo, como la más audaz de estas políticas, la negociación con las estructuras paramilitares, proceso que si se examina minuciosamente, no consiste, en realidad y verdad, en la desactivación de un grupo armado al margen de la ley, sino en la integración de los contingentes paramilitares, bajo formas legales, a la política contrainsurgente del Estado, en la cual ya estaban actuando desde su origen bajo formas ilegales o ambiguas, pero con la plena tolerancia, aquiescencia y protección del poder público en sus diversas ramas.

    3) Como otro complemento de lo anterior, y en continuidad con una estrategia represiva muy arraigada en nuestra historia y que hunde sus raíces en la Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual inspiró las prácticas más bárbaras de la Guerra Fría, se sigue teniendo como blanco fundamental de la represión a las organizaciones, movimientos, grupos y comunidades inconformes con el modelo vigente de sociedad, de Estado o de gobierno. Esto facilita el que, bajo la apariencia de represión a grupos armados, se trate de destruir a la población desarmada inconforme. Para desarrollar esto, se privilegia, por encima de las prácticas de exterminio, desaparición y tortura, que sin embargo continúan activas, instrumentos más tolerables dentro de los ámbitos políticos y mediáticos, como son los que buscan legitimarse en el sistema judicial, gracias a sus enormes posibilidades de manipulación. Por ello, impunidad y arbitrariedad judicial son dos facetas de una misma estrategia, agenciada por una misma rama del poder público, que permite transigir con los crímenes de lesa humanidad de los victimarios y castigar implacablemente los “delitos” de inconformismo, oposición y protesta social de quienes se resisten a integrarse al modelo. En esto el poder judicial actúa en estrecha conjunción con el poder ejecutivo, el cual interviene frecuentemente como definidor de acciones y políticas judiciales acatadas de inmediato por la Fiscalía, rompiendo así una de las características esenciales de la democracia, como es la separación e independencia de los poderes. Ninguna política causa más inseguridad antidemocrática que ésta, quedando sin vigencia los mismos principios que en cualquier democracia protegen a los ciudadanos frente a los abusos del poder: el principio de independencia e imparcialidad del aparato judicial; el principio de legalidad; el principio de debido proceso y el de presunción de inocencia.

    La “Seguridad Democrática” se convierte así, gracias al embrujo de sus propios instrumentos, en la mayor y más radical inseguridad antidemocrática.

3. precisiones puntuales

A - El problema de las cifras -

El gobierno está presentando a los organismos internacionales informes estadísticos que hacen ver como “en descenso” muchas modalidades de violencia. El informe presentado en los primeros meses de 2004 y que circuló en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en los meses de marzo y abril, muestra cuadros comparativos en dos columnas, correspondientes a los años 2002 y 2003, para hacer ver que en la segunda columna disminuyen las cifras de homicidios (en 20%), de homicidios de sindicalistas (en 57%), de alcaldes (en 31%), de concejales (en 6%), de indígenas (en 9%), de maestros (en 48%), de periodistas (en 43%), de víctimas de masacres (en 37%), de víctimas de secuestro (en 26%), así como de algunas modalidades de ataque de la insurgencia, como ataques a poblaciones, voladuras de torres de comunicación y de energía, puentes y acueductos, aunque aumentan en 141% los ataques a los oleoductos. En las últimas líneas presenta las cifras de combatientes puestos fuera de combate, ya sea por muerte o por captura; según ellas, 14.339 insurgentes y 5055 paramilitares estarían ya fuera de combate. Justamente estas últimas cifran son las que más revelan el irrealismo de tales estadísticas, pues ello contradice la experiencia más cotidiana de los colombianos que presenciamos, vivimos y sufrimos la continua escalada bélica. El 28 de abril de 2004, la misma Fundación Seguridad y Democracia, liderada por el uribista Alfredo Rangel, afirmaba, a través del diario El Tiempo: “La agudización de la guerra ha sido tal que mientras el año pasado cada día morían seis guerrilleros y paramilitares en combate, en los primeros tres meses de este año ese promedio se disparó a nueve diarios”. (pg. 1-6). Y una guerra donde ya el 68.2% de la insurgencia y el 48.2 de los paramilitares estuvieran puestos fuera de combate, no estaría en semejante escalada.

Quien esté familiarizado con las estadísticas de la violencia en Colombia, sabe muy bien que la disminución cuantitativa de una modalidad de violencia, en un año, no significa una inflexión definitiva de la curva. Las cifras en este campo suben y bajan intermitentemente, en algunos centenares, dependiendo de una serie de factores coyunturales: períodos pre o post electorales; momentos de auge o de reflujo de los diversos actores en conflicto, así como de la intensificación o estabilidad de sus contradicciones; de ofensivas o retiradas tácticas; de exterminio de movimientos sociales y políticos como blanco de persecuciones, y de sus desactivaciones por efecto del terror; etc.

Si tomamos las cifras menos creíbles de las estadísticas oficiales, como son las de “bajas y capturas de insurgentes y de paramilitares”, uno se pregunta cómo se construyen tales estadísticas. ¿No estarán contados entre los “insurgentes capturados” los miles de pobladores atrapados en las redadas masivas de la Fiscalía, muchos de los cuales han tenido que ser puestos en libertad pocos días después, según la misma Procuraduría, al no encontrarse ningún fundamento para acusarlos? A esta conclusión podría llegarse por deducción lógica cuando se comparan las cifras ofrecidas por la Ministra de Defensa en rueda de prensa el 1° de julio de 2003, afirmando que, según el balance conjunto de la cúpula militar, el DAS y la Policía, en el primer semestre de 2003 se había capturado a 125.778 personas involucradas en delincuencia organizada y se había dado de baja a 1030 (El Tiempo, 02.07.03, pg. 1-14), con las ofrecidas por la dirección del INPEC el 24 de septiembre del mismo año, según las cuales, el total de la población carcelaria del país a la fecha solo llegaba a 61.009 reclusos(as) en las 148 cárceles existentes (El Tiempo, 24.09.03, pg. 1-2). Pero esto no solo revela un afán de mostrar resultados ficticios y estadísticas falsas, sino un irresponsable y macabro juego con la vida de los colombianos, convertida en moneda que se paga para lograr imágenes fraudulentas de una “seguridad” fantasiosa.

Los frecuentes casos que llegan a conocimiento de las ONG, de campesinos vestidos de uniformes de guerrilleros después de ser asesinados, para poder “legalizar” esas muertes como “muertes en combate” y desviar así toda investigación posible sobre las muertes de civiles fuera de combate, hacen sospechar que bajo la etiqueta de “insurgentes dados de baja” se han sepultado muchos cadáveres de humildes pobladores y campesinos que no tienen quien les haga justicia. ¿Quién puede verificar esas estadísticas? Un testimonio directo recibido por nosotros, daba cuenta de cómo un comandante del Ejército, hace pocos meses, le había pedido a un líder paramilitar de su zona “colaborarle con unos positivos”, lo que significaba matar a algunos paramilitares para poder cumplir con unas cuotas que la imagen oficial estaba demandando, a lo cual el líder paramilitar asintió, sacrificando a los últimos jóvenes que se habían llegado a integrarse en el grupo ilegal, movidos por el afán de alguna remuneración económica que aliviara en algo su miseria y su hambre.

A pesar de todas las estigmatizaciones, las estadísticas no oficiales están lejos de mostrar un “progreso”. Si en nuestro Banco de Datos rastreamos el total de víctimas de la violación más grave al derecho a la vida: aquella en que se ejecuta a seres humanos por parte de agentes directos o indirectos del Estado, encontramos que el promedio anual en los 13 años anteriores ha sido de 1067 casos, cifra más baja que la correspondiente al año 2003 (primer año completo del gobierno Uribe) en el que se contabilizaron 1140 casos.

B- La solución militar al conflicto -

La opción por la represión armada como estrategia eje para solucionar la violencia político social, dejando de lado, aún más, yendo en contravía de cualquier solución política negociada, es la característica central de este gobierno y la que inspira e integra sus decisiones más importantes.

Según el equipo redactor del Informe Nacional de Desarrollo Humano “ El Conflicto, callejón con salida ” (PNUD, 2003, pg. 85), el gasto militar del Estado pasó de 1.6% del PIB en 1985, a 2.9% en 2002, mientras el gasto social, que se había duplicado entre 1985 y 1996, disminuyó de 16.7% al 10% del PIB en el mismo período. Allí mismo se calcula que, si el conflicto sigue a tal ritmo de agudización, el gasto militar llegará a superar el 5% del PIB en poco tiempo. Si a esto se suma la carga de la deuda externa, la cual, según el Contralor (Cfr. Nuevo Siglo, 06.04.04, pg. 2), implica que de cada 100 pesos que le ingresan al gobierno central, 78 deben ser dedicados al servicio de dicha deuda, así como hoy día el 44% de las divisas que ingresan, uno se pregunta hacia dónde va un país cuyo exiguo presupuesto restante se dedica prioritariamente a la guerra, mientras más del 60% de su población se sitúa bajo la línea de la pobreza.

Pero la irracionalidad de una opción como éstas, que a todas luces tensiona más el conflicto y siembra para el futuro más odio, desesperación y destrucción, además de la miseria y deshumanización crecientes, implica también una ideología militarista que todo lo penetra, haciendo de la solución armada la solución privilegiada o única de los conflictos, con todos los trasfondos que esto conlleva, tanto en la desvalorización de las iniciativas civiles y democráticas, como en la arrogancia de los armados -militares y civiles- quienes pisotean toda iniciativa civil que no acepte su presencia armada y no se someta a su control y vigilancia. Las reformas constitucionales y legales que el Presidente Uribe ha implantado, no obstante la oposición rotunda de la comunidad internacional y de la conciencia democrática nacional, miran justamente a anular los derechos ciudadanos al debido proceso, a la imparcialidad judicial, a la vida privada, a la intimidad del domicilio y de las comunicaciones, para entregarle el control total a los armados, quienes podrán ahora incluso empadronar a las poblaciones que quieran retraerse a su estricto control.

C- La paramilitarización del país -

El status que hoy tienen los paramilitares, como un actor político reconocido; como actor “diferente” y “ajeno” al gobierno y al Estado, y como “interlocutor” de éste en una negociación política que solo cabe concebir, en sana lógica, con opositores, no es un status conquistado de la noche a la mañana. Ha tenido tenaces defensores e impulsores y uno de ellos ha sido el actual presidente Alvaro Uribe. Cuando éste ocupaba la gobernación de Antioquia, implantó en su departamento el mayor número de cooperativas de seguridad privada “Convivir”, que eran a todas luces un avance legalizado de paramilitarismo. No extraña, pues, que desde su llegada a la presidencia de la república, haya allanado el camino legal, con rapidez pasmosa, para que el paramilitarismo entrara en una negociación política que le permitiera actuar de manera más abierta, firme, tranquila y “legal”.

Pero el paramilitarismo obedece a un principio rector desde que fue concebido, y es el de difuminar las fronteras entre lo civil y lo militar, de modo que las formas represivas o violentas que los militares no puedan ejercer sin ilegitimar al Estado del cual son agentes, las puedan ejercer los civiles desde vínculos ambiguos, clandestinos o camuflados con el estamento militar. Los diversos espacios que el Presidente Uribe ha abierto para que grandes capas de población civil se vinculen a tareas auxiliares de la fuerza armada, tales como las redes de informantes y cooperantes, obedecen todas al mismo principio. Y de hecho no abandonan la opción de una vinculación clandestina, comprobada en las pantallas de la televisión, cuando encapuchados reciben fajos enormes de billetes entregados por un general de la república, en afán de recompensarle supuestas “informaciones”, que la sociedad civil no puede verificar ni evaluar, pero que le permiten a la fuerza pública ejercer la represión sobre supuestos sindicados de algún delito político, gracias a la abdicación de sus funciones legales por parte del poder judicial.

Quien haya analizado minuciosamente los documentos emitidos por las AUC en el proceso de negociación, sabe perfectamente que allí no se está planteando un proceso de desactivación de una estructura armada. En su documento del 29 de noviembre de 2002 (Cfr. El Colombiano, 29.11.02) plantean con nitidez que quieren devolverle a un gobierno en el cual confían, los territorios en los cuales ellos estaban reemplazando al Estado, pero no para irse de allí, sino para trabajar en adelante hombro a hombro con el Estado en sus políticas sociales controladas por ellos, y que incluso volverán a usar las armas si perciben que la guerrilla vuelve a tener algún influjo en sus zonas. Sus reiteradas declaraciones de que no aceptarán un solo día de prisión por sus crímenes, ni mucho menos extradición para ser juzgados en otros países, son apenas una expresión de la seguridad en que se sienten al saberse casi instalados en un proyecto de acción política armada al lado del Estado, hombro a hombro con la fuerza pública, en la construcción de un modelo de sociedad, de Estado y de gobierno, que perciben ya al alcance de sus sueños.

Con todo, su lucha armada contra quienes tienen otras maneras de pensar, a quienes asimilan siempre como agentes camuflados de la insurgencia armada para poderlos exterminar, sigue tan intacta como en las 4 décadas pasadas. Así lo revela la declaración ampliamente difundida en Cali por la dirección política del “Bloque Conjunto Calima Pacífico” en el mes de abril de 2004: allí dejan en claro que persiguen a muerte a todos los grupos que consideran de izquierda, tanto políticos como sociales, de quienes afirman:

    Los susodichos artistas del camuflaje pertenecen a organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales y políticas, de las cuales se han servido para utilizarlas como “manparas” (sic), desviando sus verdaderos intereses gremiales y reivindicativos; estos “actorcitos” se escudan bajo nombres como: PARTIDO COMUNISTA, PRESENTES POR EL SOCIALISMO, DIGNIDAD OBRERA, ME UNO, UNEB, SINTRAUNICOL, SINTRAEMCALI, SINDESENA y otras organizaciones manejadas como “ganchos ciegos” de la treta subversiva. Llamamos (...) a declararles la guerra a estos sujetos encubiertos, idiotas útiles del flagelo terrorista FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO; no más contubernio con las hienas insurgentes, la justicia antisubversiva hará justicia”.

D - La impunidad y la arbitrariedad judicial -

Estos dos fenómenos revelan con nitidez el colapso del aparato de la justicia y a la vez la profundidad de la inseguridad antidemocrática que se exhibe paradójicamente como el fruto más acabado de la “seguridad democrática”.

Al hacer patente una “justicia” política que busca proteger con impunidad a los autores de crímenes de lesa humanidad incrustados en el Estado y en el Para-Estado, y a la vez castigar y aterrorizar a las organizaciones sociales y políticas que no comparten el modelo de sociedad, Estado o gobierno vigentes, e incluso a las capas sociales que por su asentamiento geográfico o sus condiciones sociales podrían llegar a sentir simpatía por éstas, la justicia tiene que traicionar sus principios constitutivos y erigirse como una verdadera caricatura de justicia. Al pasar por encima de los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, debido proceso y presunción de inocencia, la justicia pierde toda su legitimidad y se convierte en un instrumento de violencia, que se articula fácilmente a los demás instrumentos de violencia en curso, substrayéndole al ciudadano la base misma de su seguridad jurídica y aún biológica.

Los paramilitares que trabajan con la Brigada XVII del Ejército, en Urabá, y que han sido vinculados con miras a destruir la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, se ufanan públicamente, en la terminal del transporte de Apartadó, de que ellos no serán tocados por la justicia, así sean denunciados constantemente ante la misma Presidencia de la República, como en efecto lo han sido reiteradamente sin que ellos sean tocados. Sin embargo, se trata de paramilitares que han asaltado varias veces los vehículos en que se transporta dineros y bienes de la Comunidad, y que han anunciando en público muchas veces que el Ejército y ellos se proponen asesinar o hacerle montajes judiciales a los miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Un tal blindaje impunitivo coincide, en sus rasgos fundamentales, con el manejo que hizo el Fiscal General de la Nación del caso judicial contra el General retirado Rito Alejo Del Río, al absolverlo de toda culpa, a pesar de obrar contra él numerosas pruebas de que había perpetrado centenares de crímenes de lesa humanidad en las zonas de Urabá y del Bajo y Medio Atrato. En contraste con esta impunidad de los victimarios, protegidos por el Estado, numerosos campesinos de San José de Apartadó han sido capturados, acusados de ser “milicianos de las FARC”, torturados por muchas horas, chantajeados y sometidos a procesos judiciales montados sobre falsos testimonios remunerados con dineros públicos. En ese microcosmos de San José de Apartadó se puede comprobar el funcionamiento de estas dos prácticas que revelan el colapso de la justicia y que se repiten a lo largo y ancho del país.

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