Desde los márgenes

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Los Desafíos de la Paz

julio de 1998, por Javier Giraldo M. , S.J.

los desafíos de la paz

julio 1998

Nuevamente la desgastada palabra "paz" regresa a un cierto primer plano en el mundo de lo político. Han pasado ya 17 años desde que el Presidente Turbay, por medio del Decreto 2761 de 1981, creó la primera Comisión de Paz, por sugerencia del ex Presidente Lleras Restrepo, para intentar salidas negociadas al mismo conflicto armado que todavía se prolonga. Numerosísimos episodios, forcejeos políticos, propuestas, modelos de dejación de armas, de firmas de acuerdos, de reinserciones, de conversatorios, de rupturas, etc., se han sucedido en estos 17 años, pero el conflicto no ha cesado nunca de agudizarse y de cruzar umbrales recurrentemente calificados como de "no retorno".

Es cierto, sin embargo, para cualquiera que haya seguido la evolución del discurso relativo a la "paz" durante estos 17 años, que éste se ha modificado, aunque no en una línea evolutiva recta y continua, sino en líneas quebradas, con recurrentes virajes hacia atrás, que vuelven a quebrarse hacia adelante a veces arrastrando nuevos componentes.

Si bien en el Gobierno Turbay el discurso de "paz" estuvo muy ligado a una estrategia de búsqueda de rendición de la insurgencia, con algunas contraprestaciones jurídicas, reduciendo la "paz" a un tratamiento de los efectos y no de las causas del conflicto, en el Gobierno Betancur predominó un discurso oficial que señalaba como etiología de la violencia la injusticia social. Este último discurso no logró proyectarse sino muy tímidamente en los preacuerdos suscritos en 1983 y 1984, entre la Comisión de Paz y algunos grupos insurgentes, pero fue muy rápidamente sepultado por rupturas precipitadas, dado que tal etiología de la violencia no era compartida por ninguno de los estamentos con poder dentro del Establecimiento (Fuerzas Armadas, Congreso, Partidos, mass media, Gremios e Iglesia), y rechazada no tanto con argumentos teóricos, sino sobre todo mediante decisiones políticas, ante la previsión de consecuencias que no estaban dispuestos a aceptar.

Tal discurso fracasado y solitario de la "paz" fue sucedido por un nuevo modelo de rendición, que permitió, durante los gobiernos Barco y Gaviria, la reinserción de combatientes de 8 grupos insurgentes pequeños, a los que se otorgaron mejores contraprestaciones que las ofrecidas por el Gobierno Turbay, incluyendo indultos, períodos de pagos salariales a los ex combatientes, préstamos para microempresas, becas de estudio, curules en cuerpos colegiados y fondos par crear fundaciones que hicieran pervivir el ideario político del grupo desmovilizado. Todo este modelo encontró un telón de fondo justificatorio en la perspectiva de elaboración de una nueva Constitución Política, que se legitimó como un "Gran Tratado de Paz" al incorporar los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y al abrir nuevos mecanismos de participación ciudadana.

La lenta puesta en juego de la nueva Constitución fue disolviendo ciertamente algunos temores hacia la democracia liberal, pero agudizó el conflicto en otros campos: abrió de par en par las puertas a la economía neoliberal y a la mal llamada "libertad de prensa"; dejó sin tocar los dominios de la fuerza pública, donde ya había hecho carrera la "guerra sucia", propiciando con ello la consolidación del paramilitarismo, en cuanto estrategia concertada entre el Estado y el Establecimiento para dar "solución" al persistente fenómeno insurgente; politizó aún más la administración de justicia que desembocó en abismos de impunidad y corrupción.

La crisis social y política que todos estos fenómenos crearon o agudizaron hizo que a su amparo la insurgencia se viera fortalecida, llegando a duplicar el número de sus efectivos y de sus frentes en la última década. Algunos factores de la crisis, como la tragedia generalizada que significó la adopción del paramilitarismo como respuesta a la insurgencia, con sus millones de desplazados forzados y sus decenas de miles de víctimas ensangrentadas, la inviabilidad económica a que fueron llegando el agro, muchas industrias y la misma inversión extranjera, han ido aclimatando un nuevo discurso de "paz" que vuelve a incorporar, como etiología de la violencia, la INJUSTICIA SOCIAL.

Este retorno al discurso de "paz" del 82, ya no sustentado por un pequeño grupo cercado de oposiciones de todas las instancias decisorias del Establecimiento, sino por sectores muy amplios de opinión, ha abierto una nueva expectativa de que se enfrenten LAS CAUSAS de la violencia.

No es unánime, sin embargo, este discurso. Una vertiente de científicos sociales afirma que no es la injusticia la causa del conflicto. Lo prueba demostrando que las regiones afectadas por mayor violencia no son las más pobres sino las que clasifican como de rápida expansión económica. [1] No es discutible su metodología socio estadística, pero quizás ésta no agote la "ciencia" de lo social, donde hay que enfrentar, de todas maneras, los imponderables de la libertad humana y de sus imprevisibles e incalculables laberintos, lo que impide encuadrar los comportamientos sociales en "leyes estadísticas" ineludiblemente ligadas a factores objetivos.

Las luchas y movimientos sociales no son producto de leyes estadísticas, como tampoco de generación espontánea, ni de inercias sociales, ni de determinismos económicos, sino producto de decisiones humanas, mucho más cuando son tan costosos energéticamente, como en el caso de los conflictos armados. En este caso no es posible hacer "ciencia social" sin rastrear lo histórico y lo utópico, donde la libertad humana o su costosa búsqueda ha dejado sus huellas y señales de ruta. Para nuestro caso, no es posible ensayar interpretaciones sobre las relaciones entre injusticia y violencia, sin evaluaciones profundas de las polarizaciones creadas por el cierre de los espacios políticos, por los genocidios de los movimientos de oposición, por las penalizaciones sucesivas de la protesta social, por la ilegitimación de un Estado paramilitarizado y terrorista, y sin evaluaciones también profundas de las reacciones provocadas por todos estos fenómenos, confrontando todo esto con algún concepto o sentido dinámico de "humanidad".

Pero es un hecho incontrovertible que en el actual discurso político sobre la "paz" se ha llegado a un diagnóstico de bastante consenso sobre la relación injusticia/violencia como relación causa/efecto . [2] Esto no asegura que las soluciones que se adopten, en el período de diálogos o negociaciones que se anuncia, sean consecuentes con tal diagnóstico. El abismo entre los discursos y los hechos ha caracterizado la historia de nuestras clases dirigentes.

En este contexto tiene sentido volver a explorar los grandes DESAFIOS que implica la búsqueda de una PAZ auténtica.

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a) La participación de la Comunidad Internacional:

Un primer elemento, novedoso para nosotros, que van a tener seguramente las negociaciones que se avecinan, es la participación de la Comunidad Internacional. Así lo anuncian los pronunciamientos de uno y otro lado hasta ahora conocidos. Todo da a entender que delegados de gobiernos extranjeros, al parecer los más poderosos del mundo, se sentarán en la mesa de negociaciones, en calidad de "mediadores", "observadores" o "garantes".

Es este un primer hecho que no presta ningún servicio a una Paz auténtica, pues deja por fuera el verdadero aporte que la Comunidad Internacional podría hacer a la Paz en Colombia y encierra las mismas negociaciones en un ámbito de inautenticidad. Ya entre diversos gobiernos ha comenzado una celosa pugna por conquistar el protagonismo en el proceso de paz colombiano, protagonismo que oculta y encubre enormes responsabilidades en el conflicto, tras el rol de una "mediación imparcial".

Hay aspectos o campos que inciden profundamente en el conflicto armado que vive Colombia, en los cuales la responsabilidad de la Comunidad Internacional, y particularmente de los países del Norte del Mundo, es evidente. De allí que las soluciones deban venir de esos mismos países y ser puestas sobre una mesa de negociaciones de Paz:

* Nadie duda, por ejemplo, de que el narcotráfico ha sido un factor de violencia en Colombia, no ciertamente a la manera como lo presentan las cadenas mundiales de "información" (o sea como causante de retaliaciones internas entre traficantes), sino como fuente de enormes concentraciones de dinero que han potenciado a algunos actores armados, muy especialmente al paramilitarismo, y que han generado corrupción en todos los niveles del Estado, ilegitimándolo profundamente. Pero si se auscultan los factores que hacen atractivos el cultivo y el procesamiento de drogas alucinógenas, se llega irremediablemente a concluir que el factor esencial es su exorbitante y desproporcionada rentabilidad, a su vez generada por la ilegalidad y clandestinidad de ese mercado, cuya demanda determinante se concentra en el mundo rico. Nada puede hacer Colombia para afectar esas causas primordiales de tan indiscutible factor potenciador de la violencia. Las soluciones están en manos de la Comunidad Internacional y particularmente de los países del Norte del Mundo. Es además profundamente injusto imponerle a Colombia unos parámetros de represión interna que jamás serían aceptables en dichos países, con métodos que no solo destruyen el medio ecológico sino los únicos medios de subsistencia de capas empobrecidas de la sociedad, que no eligieron por voluntad propia sino por necesidad imperiosa el participar en esas actividades ilícitas, ante el cierre de otras vías de subsistencia.

* Nadie duda de que la deuda externa, su lógica y las reglas que rigen sus amortizaciones desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, son escandalosamente injustas y constituyen sustracciones a un gasto social exiguo, puesto que la amortización de tal deuda y de sus injustos intereses pesa sobre las masas contribuyentes, mayoritariamente empobrecidas. Bien haría la Comunidad Internacional, como parte comprometida en una "negociación de paz", en reparar tal injusticia cancelando la deuda, con la condición de que tal medida beneficie a sus víctimas directas.

* Nadie duda de que la explotación de nuestros recursos naturales no renovables, por parte de empresas transnacionales, es altamente violatoria de los derechos de los pueblos: responde a una lógica de dominación tecnológica; a una dinámica de destrucción irresponsable del medio ambiente; a una estrategia de agotamiento intensivo y a corto plazo de bienes no renovables; a unas normas de rentabilidad escandalosamente desigual, con ventajas exorbitantes para el polo que aporta la tecnología; a una concepción del "desarrollo" totalmente irresponsable frente al futuro. Bien haría la Comunidad Internacional en llevar a la mesa de negociaciones de Paz en Colombia, el anuncio del fin de ese modelo de explotación de nuestros recursos y del comienzo de una reparación de las injustas exacciones hasta ahora consumadas.

* Nadie duda de que la ideología que ha servido de sustento a la "guerra sucia", así como la didáctica de los métodos inhumanos que la han implementado, fue exportada a Colombia (como a muchos otros países) desde las grandes potencias occidentales, particularmente desde los Estados Unidos de América, dentro de un diseño de hegemonía ideológica hemisférica funcionalizada a la Guerra Fría. Nadie duda de que la represión brutal contra sinnúmero de movimientos populares que encarnaron la lucha por los derechos económicos y sociales fundamentales fue ahogada en sangre y en barbarie gracias a esa ideología y a esos métodos importados; que el mismo paramilitarismo hunde sus orígenes en las recomendaciones de la CIA y de organismos similares; que la Escuela de las Américas entrenó a cerca de 10.000 militares colombianos en métodos antihumanos de represión, como lo han revelado los 7 manuales de entrenamiento recientemente divulgados. Bien harían las potencias occidentales en reconocer su culpa en la mesa de negociaciones y en reparar los profundos destrozos que causaron, aportando a la reconstrucción de tantas ruinas políticas y morales.

* Bien harían, además, los gobiernos del Norte, en discutir sobre la mesa de negociaciones de Paz en Colombia sus políticas monetarias y de comercio internacional, que someten a los países pobres a procesos permanentes de inflación galopante, causando tanto hambre y tantos sufrimientos que atentan contra la Justicia y contra la Paz.


b) El derecho a la Información, a la Comunicación y a la Verdad:


Un nuevo escenario de diálogo o negociación de Paz reedita una preocupación que fue recurrente en experiencias anteriores de diálogo: ¿quién informa y qué se informa sobre el mismo diálogo? ¿qué se silencia y qué se oculta sobre el mismo diálogo? ¿Acaso no es fundamental negociar por anticipado el modelo de información y las normas que deben regirla, so pena de que la sociedad en general se pronuncie en favor de posiciones falsas o deformadas de alguna de las partes?

Pero tales preocupaciones no hacen sino remitirnos a uno de los escollos que han llegado a ser más graves para la democracia, como lo es la política de los Mass Media, que involucra derechos tan fundamentales como los derechos a la información, a la expresión o comunicación de opiniones, y a la verdad.

Hoy en día el mundo de la comunicación moldea la imagen de la realidad que tienen las grandes masas, y la moldea a base de "informaciones" selectivas, recortadas, ocultadas, silenciadas, tergiversadas, manipuladas o falsificadas. Y tras la confección de esa imagen, en la cual van inducidas valoraciones implícitas o subliminales, se controlan las decisiones políticas, y de manera más soterrada, las opciones éticas de las grandes mayorías. Aunque se alegue que "esto ha sido siempre así" o que "es un problema universal", no puede haber democracia cuando se niega a las grandes mayorías, así sea sin que lo descubran, sin que sean conscientes de ello, sus derechos a una información objetiva, a la expresión de sus opiniones, y a la verdad.

El principio de hecho vigente es: quien tenga dinero tiene derecho a "informar" lo que quiera. Y el gran poder que significa hoy la información ha llevado a que todos los Medios caigan en la órbita de control de los más grandes conglomerados económicos [3]. Podría decirse que la Nueva Constitución en alguna medida llevó a superar ciertas modalidades de censura gubernamental, pero en ninguna medida la censura del Establecimiento.

Un aporte urgente a la Paz sería el de redefinir la vigencia de estos derechos en un capítulo constitucional sobre la Información y la Comunicación. Debería considerarse que todo Medio (escrito, hablado o audiovisual) que supere cierto nivel de tiraje o de rating pase a ser un servicio público que deba regirse por normas legales, mediante las cuales se garantice el derecho a informar y a pronunciarse a todos los sectores sociales organizados, protegiendo especialmente los derechos de los sectores más vulnerables. Esto implica, sin duda, afectar las enormes rentabilidades económica y política de los grandes Medios, pero implica, por otra parte, limitar uno de los poderes que han llegado a sojuzgar de la manera más indigna las conciencias de las mayorías, creando una dependencia y esclavitud ideológica, que no por ser mantenida en niveles de inconsciencia deja de ser profundamente antihumana.

c) El papel de la Fuerza Pública en un Estado democrático:

Una evaluación retrospectiva del papel que ha jugado la Fuerza Pública en Colombia durante los años del conflicto armado, y desde una perspectiva de construcción de democracia y de justicia, resaltaría estos problemas centrales:

* No ha estado realmente sometida al poder civil, aunque formalmente lo
haya estado;

* Todos los gobernantes han tenido temor de intervenir en sus dominios, considerados como autónomos de facto, incluso cuando descubren en su interior comportamientos criminales sistemáticos;

* Ha ido conquistando factores de autonomía que la separa de la sociedad civil, como seguridad social, sistema de salud, sistema educativo (aún universidades), sistema pensional, sistema judicial, sistema disciplinario, sistema de vivienda, sistema de atención religiosa (Diócesis), sistema recreativo (clubes). Todo esto crea una marcada conciencia de CUERPO, contrapuesto al cuerpo de la sociedad en general, lo que genera un conflicto de intereses con la sociedad.

* Se identifica ideológicamente con la Doctrina de la Seguridad Nacional, que le ha enseñado durante muchas décadas a entrenarse y a vivir para una GUERRA contra un ENEMIGO INTERNO, cuyos perfiles coinciden con los movimientos sociales, ideológicos o políticos que surgen de los pobres o en favor de los pobres y que se definen por una búsqueda de justicia social, movimientos todos en los cuales dicha Doctrina le enseñó a ver "lo perverso" y a identificar con el término socialmente estigmatizado de "comunismo".

* Ha sido adiestrada en una larga tradición de irrespeto a los derechos elementales del ser humano, producto de una pedagogía de demonización del "enemigo interno" que lleva a desconocer su dignidad, y en un vacío de ética que le ha llevado a no discernir la moralidad de métodos como la tortura, el asesinato, la desaparición, el saqueo, la violación carnal, el exterminio de grupos o movimientos, o el terror, como medios para "destruir" a su enemigo. Ha tenido como criterio de mérito que funda sus ascensos jerárquicos la cantidad de muertos que puedan exhibirse como "trofeo bélico", siendo muchos de ellos población civil ajena al conflicto, presentada post mortem como "combatientes".

* Como respuesta a censuras internacionales e internas creó, expandió y protege al paramilitarismo, cuyo accionar ha traspasado todos los diques jurídicos y éticos a la barbarie, amparándose en la clandestinidad, en la impunidad y en la aquiescencia o tolerancia de los demás poderes públicos.

No hay duda de que una negociación de Paz tiene que pasar por encontrar un modelo diferente de Fuerza Pública, siendo éste uno de los problemas más centrales que atañen a la Paz.

Si algún rasgo esencial tiene la democracia es la de no apoyarse en la fuerza de las armas sino en el consenso de los ciudadanos. Por eso, un rasgo esencial de una fuerza pública compatible con la democracia es el de no poseer estructuras o resquicios institucionales que le permitan convertirse en poder autónomo. Otro rasgo fundamental sería el tener suficientes controles que le impidan adherirse a una ideología que simpatice con los intereses de solo un sector de la sociedad. Otro rasgo sería el de someterse a los más rigurosos controles que le impidan usar de las armas o de su posesión para violar cualquier derecho humano.

Quizás una Fuerza Pública menos institucionalizada, sin rangos permanentes sino temporales, sin estructura de CARRERA, sin autonomía en los servicios sociales frente a los de la sociedad en general, con mayor dependencia frente a autoridades civiles regionales y locales, con sistemas de entrenamiento más supervisados por otras instancias del Estado y de la sociedad civil encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos, con controles más eficaces frente a sus eventuales abusos de poder, podría ser más compatible con la democracia.

Crear una fuerza pública absolutamente nueva, apoyada en principios, normas y controles muy distantes de los que hasta ahora la han regido, será un punto crucial de cualquier negociación de Paz. En la mesa de negociaciones volverá a discutirse seguramente el papel propio de un Ejército, como defensor de las fronteras y de la soberanía nacional; la necesidad de separar las funciones de Ejército y Policía y de reconstruir ésta última como institución civil, no dependiente del Ministerio de Defensa; la abolición del Servicio Militar Obligatorio y su transformación en Servicio Social; el problema del presupuesto militar; el problema del Fuero Militar, de la estructura de la Justicia Penal Militar, etc. Todo esto será necesario pero más aún lo es rediseñar, desde niveles más profundos, el modelo de una fuerza armada que sea compatible con la democracia.

d) Las necesidades básicas de la población:

El Título XII de la Constitución del 91, sobre el régimen económico, estuvo inspirado predominantemente en el neoliberalismo. Sus frutos han sido: elevadísimas concentraciones de poder económico en unos pocos grupos y empobrecimiento progresivo de las capas medias y bajas. Un artículo como el 334, que habría autorizado otra orientación de la economía, quedó como decorativo.

Otro punto crucial en la búsqueda de la Paz es el de una orientación de la economía que frene los abismos crecientes entre pobres y ricos; que consagre una política redistributiva, al menos en niveles básicos, y que permita satisfacer las cinco necesidades básicas de los sectores pobres y marginados: trabajo, vivienda, alimentación, educación y salud.

Queda probado que artículos como el 334 de la Constitución, que no estén dotados de mecanismos constitucionales de implementación y de control,
y aún de sistemas sancionatorios eficaces que garanticen su cumplimiento, no sirven para nada.

En este punto crucial de la injusticia social, las negociaciones de Paz tienen que llevar a rediseñar el Título XII de la Constitución:

* Debería ponerse límites a los conglomerados económicos, pues las elevadas concentraciones de poder económico van adquiriendo "poder de compra" del mismo Estado; van imponiendo patrones de remuneración y de consumo ofensivos para las grandes mayorías; van imponiendo su principio de someterlo todo a la máxima rentabilidad, lo que daña la ética de cualquier sociedad; van adquiriendo una voracidad de dominio extensiva a todos los campos de la actividad humana, y cierran las posibilidades de irrigación de sus ganancias a capas sociales más amplias.

* Debería negociarse una nueva ley de Reforma Agraria, que prioritariamente devuelva las tierras sustraídas a millones de campesinos mediante la extorsión de la violencia, extorsión que produjo millones de desplazamientos forzados; que salde deudas seculares con las comunidades indígenas y afrocolombianas; que conjure nuevas estrategias de acaparamiento extorsivo de la tierra; que proteja el medio ambiente y que estimule modalidades de propiedad comunitaria siguiendo la tradición precolombina del "territorio".

* Deberían establecerse principios constitucionales y una Ley Marco que regulen la explotación de los recursos naturales, que sean acordes con los derechos de los pueblos; que conjuren las modalidades de dominación y dependencia tecnológica; que protejan el medio ambiente; que enfrenten responsablemente, de cara al futuro, la economía de recursos no renovables y conjuren los inmediatismos rentistas irresponsables.

* El cubrimiento de las 5 necesidades básicas, en sus niveles fundamentales, para la población que las conserva insatisfechas, debería ser la prioridad de prioridades del GASTO PUBLICO SOCIAL DEL ESTADO, el que a su vez tendría prioridad en el Plan de Desarrollo y en el Presupuesto Nacional. Esta responsabilidad debería ser compartida por los poderes locales, regionales y nacionales en diversos y precisos grados, responsabilidades que deberían llegar a un máximo nivel de concreción en la misma Constitución, complementada por leyes estatutarias.

De nada serviría, sin embargo, dejar consagrada en la Constitución la obligación del Gobierno de orientar el gasto público al cubrimiento prioritario de estas 5 necesidades, si no se diseñara un rígido sistema evaluativo y sancionatorio para controlar, en cortos períodos, el cumplimiento de tales obligaciones.

El gasto público destinado a cubrir las 5 necesidades básicas debería anteponerse al gasto diplomático, al pago de la deuda externa y a muchos otros rubros del Presupuesto Nacional.

Evidentemente incorporar a las funciones básicas del Estado el cubrimiento de estas 5 necesidades, y de manera prioritaria, llevaría a concreciones que una mesa de negociaciones de Paz no podría eludir, como el establecimiento de niveles básicos de calidad de vida en espacio habitable; en atención sanitaria; en dieta alimenticia; en educación; en trabajo o seguro de desempleo. Esto a la vez implicaría políticas de regulación de las profesiones médica y paramédicas, del comercio de medicamentos e instrumentales sanitarios, de producción y comercio de alimentos básicos, etc.

e) Justicia e Impunidad:

Otro de los campos donde la injusticia se revela más crudamente y en relación más estrecha con la violencia, es el de la Administración de Justicia. Su crisis se percibe, como "de fondo", en todos sus campos: en sus códigos legales; en sus sistemas administrativos; en la ética de sus funcionarios; en sus patrones de eficiencia; en el sistema penitenciario.

Las estrategias hasta ahora puestas en marcha para conjurar su crisis no tocan el núcleo de ésta:

* Se han ensayado estrategias cimentadas en el afinamiento de la represión, tales como aumentos de penas; ampliaciones inmoderadas de la prisión preventiva; extensiones del concepto de flagrancia; legislaciones especiales que incluyen anonimatos de jueces y de testigos y ocultamiento temporal de pruebas; otorgamiento de facultades de policía judicial a Ejército y Policía con amplios márgenes para la arbitrariedad; vinculación de población civil a labores de inteligencia y a acciones represivas armadas con carácter auxiliar de la fuerza pública. Medidas todas que solo rindieron como fruto una mayor desnaturalización e ilegitimación de la Justicia, debido a la violación permanente de sus propios principios, como el del Debido Proceso, haciéndola caer en el reino de la arbitrariedad y del delito, y creando una necesidad adicional de constituir instancias para proteger a la población inocente de la "Justicia".

* Se han ensayado también estrategias cimentadas en la prevención y en la búsqueda de eficiencia: fortalecimiento institucional; capacitación de funcionarios; dotación de infraestructuras; aumento de presupuestos salariales y de funcionamiento; informatización de legislaciones, de jurisprudencias y de datos sobre los procesos; planes de emergencia para descongestión de despachos; racionalización de procedimientos administrativos; separación entre lo administrativo y lo estrictamente judicial; creación de despachos corporativos de servicios comunes y ágiles; multiplicación de jurisdicciones especializadas; programas alternativos de resolución de conflictos, etc. Ninguna de estas estrategias apuntan al núcleo de la crisis, llegando solo a agilizar ignominias.

La crisis de la Justicia hay que identificarla desde niveles muy profundos: arranca de un divorcio consciente entre Justicia y Etica. Sin discutir los valores de la doctrina kelseniana del Derecho, que hizo laudables esfuerzos por traducir a procedimientos objetivos el ideal de la imparcialidad, su insistencia en independizar el Derecho de todo sistema moral pudo llevar a los profesionales del mismo a jugar con los expedientes como depositarios exclusivos de una "Verdad Procesal", aislada de la tragedia social que los contextúa y aislada de su propia implicación ética en los desarrollos y consecuencias de su ejercicio judicial. Y en un contexto de alto riesgo, como el que viven la Justicia y muchas otras actividades en Colombia, debido a la proyección sobre ellas de una violencia generalizada, el ejercicio judicial se ampara en esa verdad-procesal-sin-implicaciones-éticas, no solo para evitar riesgos personales, sino también para hacer caso omiso de las violencias y manipulaciones que se ejerzan sobre el mismo expediente, sobre las pruebas, sobre los testigos, sobre las víctimas, sobre las personas o comunidades afectadas, remitiéndose a una cierta "prohibición" de tener en cuenta, en algún grado, cualquier elemento extraprocesal.

Privado así el expediente y su "verdad" de dimensiones éticas, cae fácilmente bajo el dominio de los mismos victimarios o de otras instancias interesadas en que no haya justicia: el mismo funcionario comienza por evitar las pruebas objetivas, lo que lo descarga de eventuales riesgos (pues serían pruebas sustentadas en su propia iniciativa y responsabilidad), y reduce las pruebas al testimonio humano, casi infaliblemente buscado en familiares o personas cercanas a la víctima. Así todo el riesgo se echa sobre los hombros del entorno social de la víctima, pudiendo responsabilizarlos, por añadidura, de la impunidad, si no corren el riesgo de testimoniar. Una vez quede el testimonio como sustento exclusivo de la "verdad procesal", es fácilmente anulable por dos vías: la intimidación y el soborno. En el contexto de violencia y de corrupción que nos envuelve, el testimonio humano ha sido la mayor víctima de estas dos estrategias. Ya puede afirmarse con plena convicción que el testimonio dejó de ser, en Colombia, sustento válido de la "verdad procesal". Aquí está el fondo de la crisis de la Justicia.

La Justicia, en Colombia, se asimila a un extraordinario juego de mesa, cuyas reglas deslumbraron a varias generaciones, en cuanto inteligentemente pensadas para que las fichas marcadas con la V de "verdad" salieran la mayoría de las veces gananciosas, pero dichas reglas fueron siendo invalidadas progresivamente por astutas trampas, para impedir que las fichas-V volvieran a ganar. Es un juego trampeado, inhabilitado ya para producir verdad o justicia.

Cualquier negociación de Paz tendrá que enfrentar el problema de la Justicia. Y la Justicia, en Colombia, hay que reinventarla desde un grado cero. No nos sirven los diagnósticos de otros países ni de teóricos internacionales que han trabajado sobre el supuesto de las mismas reglas que aquí fueron trampeadas.

Para volver a inventar la Justicia hay que regresar a la toma de conciencia de sus objetivos primordiales, apoyados en auténticas necesidades primarias de toda sociedad: la necesidad de la verdad; la necesidad de la sanción (o de mecanismos correctivos de aquello que la destruye), y la necesidad de reparación de lo destruido.

Una negociación de Paz tiene que enfrentar necesariamente los crímenes del pasado, cuya impunidad será el obstáculo más grande para que pueda retornar la Paz.

Debe haber ante todo una GRAN COMISION DE LA VERDAD, ajena al actual poder judicial que solo encubrió esa verdad por décadas. Puesto que investigará Crímenes de Lesa Humanidad, debe involucrar a figuras destacadas de la Comunidad Internacional de indiscutibles ascendientes en "Humanidad". Dada la cantidad de crímenes y la cantidad de mecanismos para ocultarlos, no debe tener un mandato limitado en el tiempo. Deben asegurársele recursos suficientes para su labor y deben garantizársele mecanismos idóneos para comunicar al conjunto de la sociedad sus conclusiones y los avances de sus trabajos, con plena independencia de los poderes estatales.

Pero si la Verdad no se traduce en JUSTICIA, de nada serviría. Desde antes de iniciar sus trabajos cualquier Comisión de Verdad, debe acordarse un mecanismo constitucional y legal que asegure la justiciabilidad de estos crímenes, adoptando las Principios de Justicia para los Crímenes de Lesa Humanidad que la Comunidad Internacional elaboró desde hace más de 50 años y que hacen parte del Derecho Consuetudinario [4]. La Comunidad Internacional debe suplir judicialmente, en este caso, los vacíos de justicia en Colombia, en la aplicación de dichos Principios.

Parte esencial de la Justicia sobre los crímenes del pasado tiene que ser su REPARACION. Esta tiene que orientarse a reconstruir lo destruido, como la devolución de tierras a los desplazados y su restablecimiento en sus anteriores condiciones productivas; la indemnización de los perjuicios y destrozos sufridos por las víctimas y por sus familias; su reconstrucción psíquica; la reconstrucción de sus tejidos sociales; la reparación moral a las víctimas y la salvaguarda de su memoria en monumentos, publicaciones, efemérides, días de reflexión, eventos, etc.

La versión más reciente de la IMPUNIDAD, adoptada en "procesos de paz" de otros países, ha sido la de "Perdón y Olvido" del pasado, lo que se esgrime como condición de posibilidad de una "reconciliación nacional".

Ninguna "reconciliación", sin embargo, puede lograrse sobre nuevas afrentas a las víctimas y a la sociedad; sobre el desconocimiento de las normas que, en el Derecho Internacional, la humanidad elaboró tras dolorosos y prolongados procesos históricos, para salvaguardar la dignidad y la seguridad del ser humano; sobre negaciones tan flagrantes de la justicia que devienen estímulos a la justicia privada y a la violencia; sobre el desprecio de todas las leyes penales que sería difícil volver a legitimar luego de haberlas ignorado como instrumentos defensivos de la dignidad humana en los momentos en que ésta fue más destruída; sobre un aval tan explícito a las conductas y estructuras que generaron los crímenes.

Pero el Perdón solo puede ser legítimo si viene de las víctimas, jamás si viene de los victimarios, de sus instituciones, del Estado o de la sociedad (que en este caso se identificaría implícitamente con los victimarios y contra las víctimas). El "Perdón Cristiano" exigió desde siempre, como requisitos esenciales de autenticidad: el esclarecimiento y reconocimiento de la ofensa y de la culpa, el arrepentimiento, la corrección de la conducta y la reparación de los daños causados.

Por su parte, el Olvido ha llegado a ser siempre el fundamento psíquico y social de la reincidencia en acciones y conductas, que por no ser conscientemente elaboradas y socialmente deslegitimadas, se vuelven recurrentes o reiterativas. El Olvido lleva a la sociedad a repetir inexorablemente la historia de sus crímenes y de sus sufrimientos; a estigmatizar compulsivamente la memoria y los proyectos históricos de las víctimas, cuya destrucción brutal no ha quedado ilegitimada por la sanción. El Olvido construye, desde la oscuridad de lo inconsciente, un futuro adaptado a la voluntad y a los proyectos de los victimarios y predispuesto y acondicionado para la reproducción del horror.

La negociación de una Paz auténtica debe llevar pues, necesariamente, a la superación de la impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, como un primer testimonio de que se quiere reconstruir la Justicia. Sin este testimonio fundamental, no es creíble propósito alguno de reconstruir la Justicia y menos la Paz.

f) Oposición y Participación:

Si en algo se ha sustentado con fuerza el discurso justificatorio de la insurgencia armada, ha sido en la oclusión violenta de las formas legítimas y legales de oposición al Statu Quo. El Genocidio de que han sido víctimas partidos políticos completos como la Unión Patriótica, sindicatos como los de la Construcción, movimientos campesinos como la ANUC, comunidades indígenas como la de San Andrés de Sotavento; las políticas de exterminio que asedian a tantos movimientos y organizaciones críticas; la estigmatización y persecución de líderes y militantes de izquierda mediante procesos penales que manejan con la más amplia arbitrariedad la sindicación de "rebelión"; los allanamientos estigmatizantes e intimidatorios para contrarrestar denuncias o "castigar" a los denunciantes, son prácticas todas que han atentado de la manera más grave contra la Paz, al cerrar u obstaculizar, mediante formas de represión ilegítimas, contrarias a la ley y criminales, el ejercicio de derechos civiles y políticos fundamentales, motivando a muchos a apoyar la insurgencia armada o a militar en ella, como último recurso.

Una negociación de Paz debe reconstruir las posibilidades de opinar de manera diferente al sistema vigente, de compartir con otros y públicamente estas ideas, de no ser por esta causa privado de sus derechos, de pertenecer a movimientos u organizaciones que propendan por un cambio de estructuras sin necesidad de pagar como precio la privación de la libertad, la tortura, la desaparición forzada, el asesinato, el desplazamiento forzado o el vivir bajo la amenaza y el terror.

Una mesa de negociación de Paz debe elaborar un elenco de Derechos de la Oposición y revisar y conjurar los mecanismos concretos que hasta ahora han invalidado esos derechos, sin eludir el análisis de tipos penales ambiguos que han servido de sustento a la persecución política, como los de "rebelión" o "terrorismo". Debe, además, concretar instrumentos de defensa de esos derechos y mecanismos de garantía que puedan ser puestos a prueba por largos períodos. No podrá olvidar tampoco la discusión de mecanismos de REPARACION POLITICA a los partidos, movimientos y organizaciones que fueron exterminadas o anuladas por la represión.

Muy relacionado con esto se halla el problema de la participación política. El sistema electoral vigente hace que solo quien cuente con el apoyo de los grandes grupos económicos puede aspirar al poder. Si bien se ha llegado a una financiación parcial de las campañas por parte del Estado y a otorgar algunos espacios televisivos por igual, en la práctica las campañas cuestan sumas exorbitantes y quien no pueda invertirlas es sacado de la competencia. Esto hace del poder del Estdo una mercancía comprada por el mayor poder económico de turno (últimamente el relacionado con el narcotráfico). Una verdadera democracia que consagre condiciones objetivas para la Paz debe salvaguardar unas reglas de juego que garanticen igualdad de condiciones para quienes aspiran al poder político.

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Solo han sido mencionados los grandes problemas que enfrenta hoy día la Paz en Colombia, procurando ubicarlos en el claroscuro de aquellas sombras que han abonado hasta ahora el conflicto y la violencia y de aquellos tímidos resplandores con que la esperanza suele invocar el advenimiento del fin de muchos sufrimientos.

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Javier Giraldo M., S.J.

Santafé de Bogotá, julio de 1998


[1- Cfr. BEJARANO Jesús Antonio y otros, "Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales", Fonade y Univ. Externado de Colombia, Santafé de Bogotá 1997, pg.13-22.

[2- Ver posiciones del Gobierno, de los grupos insurgentes, de los grupos paramilitares y de instancias de la sociedad civil, en la compilación "LA PAZ SOBRE LA MESA", editada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión de Conciliación Nacional y la revista Cambio 16, mayo 1998, así como el No. 5 de la revista IRENE (marzo 1998) en la cual se sintetizan pronunciamientos de gremios, movimientos nacionales, candidatos a la Presidencia de la República, gobiernos nacional y regionales, Iglesia y grupos armados, sobre la paz.

[3- Cfr. RUIZ Emilio Juan, "Cuarto Poder", Castillo Editorial Ltda., Santafé de Bogotá, 1996.

[4- La Resolución 95(I) de Asamblea General de la ONU en 1946 adoptó el Estatuto y los principios emanados de las Sentencias del Tribunal Internacional de Nürenberg y encomendó a la Comisión de Derecho Internacional codificarlos. Desde 1950 dicha Comisión comenzó a codificarlos en el Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad. Dichos principios de enjuiciamiento son: la imputabilidad al individuo, sin perjuicio de la imputabilidad al Estado; la imprescriptibilidad; la jurisdicción universal; la sancionabilidad por encima del Derecho interno de los Estados; el no admitir eximente de Obediencia Debida; el que los actores no son amnistiables ni indultables ni pueden ser beneficiarios de asilo, ni puede ser invocado caracter "político" del crimen para evitar la extradición.

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