Desde los márgenes

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Los pobres sometidos a los Poderes

diciembre de 1997, por Javier Giraldo M. , S.J.

LOS POBRES SOMETIDOS
A LOS PODERES DE ESTE MUNDO

DESAFIOS AL TRABAJO POR LA JUSTICIA EN COLOMBIA

Roma, noviembre 1997

Quiero en esta tarde compartir con ustedes reflexiones e inquietudes originadas en la cotidianidad de nuestro trabajo, frente a una realidad que constituye una negación rotunda de los valores fundamentales de la justicia y de la paz.

Me refiero a la experiencia de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, de la cual hago parte, creada y apoyada desde hace 10 años por cerca de 50 congregaciones religiosas colombianas y que desarrolla la mayoría de sus proyectos con grupos de laicos que se identifican en los mismos objetivos.

Y ya que estas reflexiones e inquietudes no serían bien comprendidas separadas de su contexto, considero necesario comenzar por describir, de una manera muy sintética, los problemas más graves que enfrentamos en Colombia y que constituyen los más importantes desafíos para cualquier compromiso con la justicia.

1. La violencia generalizada:

En la última década Colombia ha alcanzado los más altos estándares mundiales de muertes violentas. Desde 1985 el promedio se ha movido entre 70 y 90 muertes violentas anuales por cada 100.000 habitantes, mientras los países que le siguen muestran promedios cuatro veces inferiores.

Estas cifras envuelven muchas formas de violencia que uno podría juzgar a primera vista como no relacionadas entre sí. Sin embargo, cada dinámica de violencia refuerza de una u otra manera las demás, por el solo hecho de compartir un mismo territorio y un mismo ámbito socio político. Así, por ejemplo, las cadenas infinitas de retaliaciones hacen que un crimen de carácter político genere otros que no van a tener el mismo carácter; la multiplicación de armas en manos de la población civil, hace que un arma que fue adquirida para servir al paramilitarismo, en meses posteriores sirva a propósitos de delincuencia común; la crisis de la justicia punitiva hace que muchas denuncias sean reemplazadas por actos de violencia como substitutos de una justicia inexistente; verdaderos ejércitos privados que sirvieron originalmente a la seguridad de los narcotraficantes y de sus territorios, luego entraron en alianzas con instituciones del Estado para unirse a la lucha contrainsurgente reforzando el paramilitarismo. Son dinámicas de violencia que se entrecruzan diacrónicamente y que al entrecruzarse refuerzan y potencian la violencia generalizada que afecta al país.

2. Las opciones neoliberales:

Como la mayoría de los países del sur, Colombia ha ido adaptando su economía y su legislación económica a los postulados neoliberales, abriéndose al capital extranjero o multinacional de manera unilateral, sin recibir en contraprestación de los países ricos apertura alguna a sus exportaciones. Sin negar algunos efectos benéficos que castigaron a algunos monopolios internos, los efectos mayores han sido el desempleo generalizado, la quiebra y el cierre de multitud de empresas pequeñas o medianas y un empobrecimiento general de la población.

Una persona al abrigo de toda sospecha por sus convicciones liberales y por la implementación de políticas anti-populares durante su gobierno, como el ex presidente López Michelsen, evaluaba hace pocas semanas la apertura neoliberal como un "modelo económico diabólico".

Según el ex presidente López, "los resultados de la aplicación de este modelo han sido la importación de 5 millones de toneladas de alimentos y materias primas que antes se producían en Colombia; el abandono de un millón de hectáreas de tierras cultivables y entre 800.000 y 1.200.000 desempleados del sector rural (...) Muchos de esos desempleados se fueron con la guerrilla, los paramilitares, algunos pocos entraron en las filas del Ejército y la Policía y otros se sumaron a los cocaleros para practicar sus conocimientos campesinos en el único campo en que es remunerativa la agricultura". (cfr. diario El Tiempo, oct. 17/97, pg. 1B).

3. La producción y el comercio de drogas alucinógenas:

En la opinión pública internacional Colombia está estigmatizada por su intensiva participación en esta práctica delincuencial de carácter internacional. Hay quienes calculan que los carteles colombianos suministran entre el 70 y el 80% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos y en Europa, algo difícil de comprobar por la clandestinidad que caracteriza dicho comercio.

Un prestigioso periodista colombiano, luego de confrontar tres fuentes de información, entre ellas la DEA (Drug Enforcement Administration), calcula en US 120.000 millones al año, el producto de venta de drogas ilegales en los Estados Unidos. De este producto, se calcula que entre el 2 y el 4% ingresa a la economía colombiana, quedándose el resto (96/98%) en los Estados Unidos. Y de la cantidad que ingresa a Colombia, la casi totalidad es controlada por reducidos grupos de traficantes que han encontrado maneras de "lavar" ese dinero y de administrar discretamente el poderío económico que de allí surge.

Se calcula que cerca de 300.000 familias colombianas han encontrado su manera de subsistir en las actividades de base de producción de droga. El precio que se les paga por gramo producido, en un trabajo duro, riesgoso, ilegal y sin otras alternativas económicas, es 250 veces inferior al precio de venta de un gramo en el mercado norteamericano y 40 veces inferior al que ganan los traficantes nacionales. Estas familias, en su mayoría, fueron expulsadas por la violencia de sus regiones de origen y tuvieron que refugiarse en tierras periféricas de colonización donde era difícil o heroico subsistir. Cuando el negocio de la droga fue invadiendo las zonas que ocupaban, fueron vinculadas a su producción, sin otra alternativa de subsistencia, pero debiendo soportar, además, lo más brutal de las políticas represivas que el gobierno ha ido adoptando bajo la presión estadounidense.

El reducido grupo de grandes traficantes que controla esa riqueza calculada en alrededor de 3.000 millones de dólares anuales que ingresan a Colombia como producto de la droga, ha constituido un poderío económico que, en primer lugar, ha sembrado la corrupción en los más amplios y diversos dominios de la sociedad, hasta consolidar su poder de compra del poder político, y en segundo lugar, se ha convertido en un factor poderoso de violencia, en su mayor parte vinculado al paramilitarismo.

Pero la raíz del problema de la droga está fuera; está en los países del Norte, que mantienen una demanda creciente de sustancias psico-activas y que mantienen tal comercio en la clandestinidad, haciendo que los precios sean exorbitantes. Si esta situación cambiara, estoy seguro que los precios se derrumbarían inmediatamente y se derrumbaría, como consecuencia, el imperio corruptor y violento que nos destruye moral y físicamente.

4. La violencia política:

La mayoría de las organizaciones insurgentes colombianas nacieron a mediados de los años 60, enmarcadas en el esquema de la "guerra de guerrillas". A diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos, han tenido un crecimiento progresivo. En los diez últimos años han crecido mucho más que en lo 22 años anteriores: una de las organizaciones más grandes, las FARC, pasaron de 32 frentes de guerra y 3.600 hombres en armas en 1986, a 60 frentes de guerra y 7.000 hombres en armas en 1996; la organización que le sigue en fuerza, el ELN, pasó de 11 frentes de guerra y 800 hombres en armas en 1986, a 32 frentes de guerra y 3.000 hombres en armas en 1996.

En el primer semestre de 1988, cuando nuestra Comisión comenzó a registrar en un Banco de Datos los hechos y las víctimas de la violencia política, se produjeron 255 acciones bélicas, con 494 muertos y 332 heridos. En el primer semestre de este año (1997) se produjeron 340 acciones bélicas, con 628 muertos y 369 heridos.

Los esfuerzos por al menos enmarcar esta violencia dentro de los cánones del Derecho Internacional Humanitario, tropiezan con obstáculos inherentes al carácter de "guerra irregular" que tiene este conflicto. Como se sabe, este tipo de guerras que se originan en los sectores empobrecidos, tienen su fortaleza en el camuflaje entre la población civil y en diversas formas de clandestinidad que proteja a los combatientes de las formas de represión del Statu Quo. Por otra parte, buscan financiar el accionar bélico, sumamente costoso, con extracción forzada de dinero a los sectores ricos, mediante el secuestro u otros medios. También las exigencias de su seguridad los llevan a eliminar a numerosos civiles que actúan como informantes del ejército regular. Ninguna de estas prácticas es posible justificarlas dentro del Derecho Humanitario.

Las claves de lectura de la coyuntura mundial hoy imperantes, desde la caída del muro de Berlín, han llevado a grandes capas de la sociedad a calificar este conflicto como históricamente desfasado. Además, las prácticas antes descritas, que son injustificables dentro del Derecho Humanitario, han llevado al gobierno, a las fuerzas militares y a muchos medios de comunicación, a calificar a la insurgencia como carente ya de objetivos políticos o sociales e interesada exclusivamente en el propio enriquecimiento, en la delincuencia y en el terrorismo. Pero, por otro lado, casi todos los conflictos, luchas y protestas sociales que se dan hoy día en Colombia, son ilegitimadas y penalizadas oficialmente, al señalarlas como "impulsadas por la insurgencia".

Si se supera, al menos en parte, la emotividad que toda guerra produce y que lleva a lecturas profundamente sesgadas de parte y parte, es difícil negar la profunda correlación entre la injusticia y la miseria y la violencia insurgente. Otra vez la opinión de un personaje al abrigo de toda sospecha, quien fue Alcalde de Bogotá en los años 70 y ha ocupado altos cargos de gerencia y asesoría en grandes empresas financieras, nacionales e internacionales, puede servirnos de referencia:

Hace pocas semanas, bajo el título de "Una Paz Imposible", el Dr. Luis Prieto Ocampo escribía: "Recorrer a Colombia, visitando sitios adonde nadie va porque son inhóspitos para el cuerpo y para el alma, y porque atormentan la conciencia de quienes, por un azar del destino, nacieron dentro del minúsculo círculo de privilegiados, es algo tan tenebroso que despierta las más intimas sensaciones de rebeldía y de remordimiento al mismo tiempo (...) A los ojos de cualquier observador, con ganas de ver la verdad de las cosas, esa pobreza verdaderamente absoluta es cada día más indignante y más extendida en la población colombiana, al mismo tiempo que la riqueza, concentrada en una pequeña minoría, es cada vez más poderosa. Es el producto de las estructuras sociales vigentes desde siempre en Colombia (...) Lo peor de todo es que aquí parece no existir conciencia de que la pobreza inaceptable, que pulula en todo el contorno nacional, es la raíz de la violencia que nuestra patria ha padecido durante toda su existencia. Los más ricos pretenden vender la tesis de que esto no es así, porque países con mayor pobreza no registran una violencia como la colombiana. La verdad es que la guerrilla, en nuestro suelo, se nutre diariamente de jóvenes imberbes que no han conocido sino la miseria (...)" (Diario El Tiempo, octubre 25 de 1997, pg.5A).

5. La política contrainsurgente del Estado colombiano:

Dos de los rasgos fundamentales de la estrategia contrainsurgente del Estado colombiano desde los años 60, han sido, por una parte, reprimir todas las manifestaciones de protesta o inconformismo social, bajo la acusación de obedecer a orientaciones de la insurgencia, y por otra parte, vincular a la población civil a la lucha armada contrainsurgente, como auxiliar de la fuerza pública.

Un General colombiano, ex Ministro de Defensa e intelectual claramente alineado en la Doctrina de la Seguridad Nacional, escribía en 1982, refiriéndose a la acción contrainsurgente de las Fuerzas Armadas: "La dirección política no puede interesarnos menos que la militar, y una vez reconocida y determinada la tendencia, hay necesidad de ubicar la ideología que la anima plena y cabalmente, para combatirla con efectividad" (Gral. Fernando Landazábal, "El Conflicto Social, Bogotá, 1982, pg. 156).

Tal persecución de ideologías ha ido exterminando, en impresionantes baños de sangre, los movimientos sindicales, campesinos, indígenas, estudiantiles y de oposición política. Un solo ejemplo es revelador: el movimiento político "Unión Patriótica", nacido en noviembre de 1985, en sus primeros 4 años de existencia sufrió el asesinato de un militante cada 39 horas, pero en los períodos pre electorales la frecuencia subía a uno cada 26 horas. Y vistos en su conjunto los 8 primeros años de existencia, le fue asesinado, en promedio, un militante cada 53 horas, hasta quedar prácticamente exterminado.

Desde 1988, cuando nuestro Banco de Datos de Justicia y Paz comenzó a registrar estas formas de violencia, hemos registrado 19.390 asesinatos y 1.765 desapariciones forzadas de personas no combatientes, que han pretendido castigar las posiciones ideológico-políticas de las víctimas. Entre éstos, hay más de 8.000 casos donde los indicios de responsabilidad del Estado son más claros, y en los demás solo se pueden hacer inferencias desde las características y posiciones de las víctimas, pues los mecanismos de clandestinidad en estos últimos crímenes fueron más refinados.

Los agentes indirectos del Estado son los Paramilitares. Nuestra experiencia de 10 años como Comisión de Justicia y Paz que ha implicado nuestra presencia en numerosas zonas de violencia; recepción de muchos millares de denuncias y testimonios; acceso a numerosas investigaciones judiciales donde hemos recogido importantes confesiones de fundadores de estructuras paramilitares; acompañamientos prolongados a comunidades en alto riesgo, todo nos ha revelado, con claridad meridiana, que el paramilitarismo constituye una estrategia del Estado, mediante la cual ejecuta con mecanismos de clandestinidad y principalmente a través de civiles armados o de militares no uniformados, todo aquello que está vedado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y atentados.

El solo seguimiento de los cuadros estadísticos, muestra a las claras que, en la medida en que la Comunidad Internacional ha ido interviniendo para exigir a los gobiernos colombianos respeto a los derechos humanos, van descendiendo las cifras de crímenes atribuibles directamente a las instituciones del Estado y van aumentando progresivamente los que son atribuibles a estructuras paramilitares. Hoy día, más del 90% de las violaciones graves de los derechos humanos fundamentales, son perpetradas por paramilitares y no por militares y policías. Entre tanto el gobierno colombiano trata desesperadamente de ocultarle al mundo su relaciones íntimas con el paramilitarismo.

Esta estrategia de persecución ideológica y con métodos de clandestinidad que aseguran de una manera efectiva la impunidad de todos los crímenes de Estado, ha tenido como consecuencia principal la desaparición de todo espacio político legal que pueda vehicular una lucha por transformaciones sociales en favor de los sectores empobrecidos.

6. El desplazamiento forzado:

Como fruto de la intensificación progresiva de la lucha insurgente y de la respuesta paramilitar del Estado, el conflicto interno ha ido tomando las características de una "guerra sucia". Esta ya no se libra entre combatientes armados de uno y otro bando, sino que ha ido involucrando a sectores cada vez más amplios de la población no combatiente, ampliando los círculos de exterminio: de los militantes se pasó a los presuntos militantes; de los presuntos militantes a los colaboradores; de los colaboradores a los simpatizantes; de los simpatizantes a los tolerantes; de los tolerantes a los que no informan; de los que no informan a los que simplemente habitan en zonas frecuentadas por el enemigo.

Esta dinámica ha expulsado de sus zonas de origen a millones de colombianos, predominantemente campesinos, que conforman una población enorme de desplazados. La gran mayoría no se deja registrar ni contar por temor a continuar siendo blanco de persecución. En un sondeo precario, la Conferencia Episcopal ha contabilizado un millón. Si solo proyectáramos esos datos, apoyados en un 30% de las respuestas esperadas, ya serían 3 millones, pero sabemos, por experiencia, que los que no se dejan contar son mucho más numerosos.

El desplazado es alguien arrancado violentamente de sus raíces y de su suelo nutricio, forzado a ocultar su identidad como precio de una supervivencia dolorosa e incierta, sin un futuro previsible. El desplazado es casi siempre un ser anulado como constructor de futuro, paralizado por el terror, indeciso y desmotivado para volver a construir una base de supervivencia que en cualquier momento puede ser nuevamente aniquilada.

7. La "limpieza" social:

La pobreza y la miseria, el desempleo y la imposibilidad de satisfacción de las necesidades básicas, ha generado, principalmente en las grandes ciudades, otras formas de violencia: de un lado la inseguridad, de otro lado la llamada "limpieza social".

Dentro de los escasos recursos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, hemos tratado de acercarnos, al menos por períodos, a este fenómeno. Entre 1995 y 1996 acompañamos a un grupo de jóvenes de diversas bandas y pandillas de la ciudad de Cali, en un proceso de reflexión y análisis de su situación. Las mismas estadísticas oficiales nos mostraron que entre enero de 1993 y diciembre de 1995 se habían perpetrado en Cali 6.123 asesinatos, de los cuales 3.387 (55.3%) correspondían a víctimas entre 15 y 30 años, y más del 80% de ellos ocurrieron en barrios de los tres estratos más pobres de la ciudad.

En varias noches que los acompañamos en sus mismos barrios, pudimos presenciar en directo la brutalidad de los agresores y la impunidad absoluta que los protege. En muchas jornadas de diálogo transparente con esos jóvenes, vinculados la mayoría a diversas bandas y pandillas delincuenciales, pudimos encontrarnos muy de cerca con el problema estructural que les impide salir de ese círculo en el que no quisieran estar: la sociedad no les ofrece ninguna otra salida a su supervivencia y por eso están como encadenados a diversas formas de delincuencia, lo que hace de su vida un desvalor consciente en alto riesgo permanente, donde la efímera alegría es sobrevivir un día más.

Pero lo más impactante fue nuestro diálogo con los diversos sectores sociales de la ciudad de Cali: llegamos a la convicción de que la "limpieza social" (el exterminio de todos los jóvenes delincuentes), como estrategia de respuesta a la inseguridad ciudadana, tenía altísimos niveles de legitimación social. Y esto no es un problema de Cali sino de todas nuestras grandes ciudades. Ante la no viabilidad de cambios estructurales para que todos tengan empleo (lo que es una utopía cada vez más ilusoria dentro de un mundo globalizado), no hay otro remedio que el exterminio de quienes ponen en el alto riesgo la seguridad y la tranquilidad de aquellos que tienen formas aceptables de sobrevivir.

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Podría añadir muchos otros problemas que desafían profundamente nuestro trabajo por la justicia. El tiempo me obliga a limitarme a unos cuantos. No puedo dejar de mencionar, sin embargo, el de la Impunidad y el de la Información.

Según las mismas estadísticas oficiales, en Colombia 97% de los delitos que son denunciados quedan sin sanción alguna. La Justicia atraviesa por una crisis profunda de credibilidad y esto lleva a buscar otras formas de "justicia", o más bien de retaliación, incentivando todas las violencias.

Frente a los enormes problemas que nos envuelven, uno quisiera que al menos la mayoría de la población los conociera, tomara posición frente a ellos y los sometiera a debates y búsquedas de soluciones. Pero para esto son esenciales los medios de comunicación. Desafortunadamente el papel que estos cumplen es más bien el de ocultar, tergiversar o manipular la realidad, y en cierta medida también el de legitimar y avalar determinadas formas de violencia que favorecen a los sectores más privilegiados. Casi la totalidad de los medios masivos de información está en manos de los cuatro grandes conglomerados económicos que hay en Colombia. Recientemente fueron asignados los espacios noticiosos de la televisión para los próximos 5 años, quedando casi la totalidad de ellos en manos de hijos de ex presidentes.

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Esta realidad de injusticia y de violencia es el contexto y el ámbito ineludible de nuestros trabajos y compromisos por la justicia y por la paz.

* El primer desafío que esta realidad nos lanza es el de comprender los profundos condicionamientos en que estamos todos inmersos, pero principalmente aquellos con quienes queremos trabajar: las víctimas más evidentes de las diversas violencias. Hay que entender, por ejemplo, que en esta trama de violencias, el primer valor que se erige como prioritario es el de la supervivencia, y que éste impulsa a muchos jóvenes a conformar bandas delincuenciales; impulsa a muchas familias a insertarse en las actividades prohibidas y clandestinas de la droga; impulsa a muchos hombres y mujeres a vincularse a organizaciones armadas, optando muchas veces por ser verdugos en lugar de víctimas, sin opciones intermedias.

En muchos de estos laberintos de violencia donde no hay salidas a la vista, uno se pregunta cómo promover otros valores que vayan en contravía de la supervivencia. "HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA Y LA TENGAN EN ABUNDANCIA". ¿No es éste el primero de los valores evangélicos?.

A veces logramos sacar a grupos humanos de estos laberintos de miseria y de violencia, mediante hermosos proyectos de promoción humana, logrados gracias a generosas ayudas financieras internacionales, pero siempre nos queda la angustia de que la maquinaria generadora de miseria y de violencia ha llenado rápidamente esos vacíos dejados, con nuevas y más numerosas víctimas.

Quizás en otra época hubo mayor sensibilidad para percibir los problemas estructurales y para buscar y ensayar salidas estructurales. Hoy día parece que todo ello está estigmatizado. La economía de mercado, globalizada o mundializada, se convirtió en ídolo intocable, así haya que sacrificarle miles de millones de víctimas.

No podemos, pues, enfrentar las realidades más dramáticas que nos desafían, como un esfuerzo por superar las consecuencias que vemos en un primer plano. Es necesario enfrentar de alguna manera las causas y las estructuras que las generan.

* Quizás como otra versión del mismo desafío, se presenta el de la construcción de la paz.

Entre nosotros la palabra "paz" es quizás la más desgastada, pues durante 14 años se han firmado numerosos "acuerdos de paz" entre el Estado y grupos armados, lo que ha supuesto al mismo tiempo recorrer numerosos "procesos de paz". Sin embargo, la violencia es cada vez más intensa. Una lectura retrospectiva de todos estos procesos nos evidencia que se ha caído en la tentación de conceptualizar la paz sin relación alguna con la justicia.

Pero la Paz es un bien escatológico, o una "tarea permanente", como la llamaron el Vaticano II (G.et S., No. 78) y los documentos de Medellín (Paz, 14,b), en cuanto "obra de la Justicia" (ibid).

Entender de esta manera la paz implica jamás ponerle fechas, así se silencien todas las armas y se terminen los derramamientos de sangre. Construir la paz es construir justicia, y entender la paz es comprender que solo en la medida en que haya un poco más de justicia, habrá un poco más de paz. Esto implicará, muchas veces, tomar posiciones críticas frente a los movimientos ilusorios de una paz fechada que ignora por completo la justicia. Aún más: será imperativo combatir esa "paz" como falsificación de la paz.

* Otro de los grandes desafíos que enfrentamos es el tratamiento de nuestro pasado, sobre todo de nuestro pasado reciente e inmediato, envuelto en intensos dinamismos de violencia y saturado de desastres y de ruinas humanas y morales.

Es grande la tentación de cubrirlo con el olvido y de cauterizarlo con el lenguaje de la reconciliación. El mismo dolor y los destrozos sufridos por las víctimas, llevan a buscar este camino, como una fácil e inmediata terapia. El pasado, con sus violencias y destrozos, queda entonces silenciado, y desde el silencio, desde la sombra, desde el oscuro mundo de lo inconsciente, comienza a modelar el futuro a la medida querida por los victimarios triunfantes. Sus censuras y sus "valores", asimilados en lo inconsciente, serán los cimientos de la sociedad futura.

Luchar, en cambio, por salvaguardar la memoria de los sufrimientos y, desde allí, elaborar el pasado, el presente y el futuro, sin transigir con la impunidad y tratando de reconstruir lo destruído, es, la mayoría de las veces, nadar contra la corriente, pero también es la única posibilidad de no hipotecar la justicia a los criminales.

* Otro de los grandes desafíos que tenemos que enfrentar es el de la justicia retributiva. Cuando se vive en un medio donde la injusticia y la violencia alcanzan niveles tan difíciles de soportar humanamente, y donde la impunidad es la "moneda circulante", el problema del Derecho y de la justicia retributiva o punitiva adquiere una gran relevancia.

Hemos vivido bajo el supuesto de que las estructuras e instituciones seculares de la Justicia se fundan en una ética universal, compatible con una ética cristiana. Ese supuesto no es ya defendible entre nosotros, no porque se hayan invalidado sus fundamentos teóricos, sino su aplicación práctica. Están comprometidos valores cristianos muy fundamentales, como los de la verdad, la justicia, la reparación y la verdadera reconciliación.

Vivimos ordinariamente bajo el supuesto de que establecer la verdad de las graves violaciones a los derechos humanos es problema de la administración de justicia del Estado, así como también el sancionar a los culpables y reparar a las víctimas. La experiencia nos ha demostrado, sin embargo, que esto no es así; que no es dable esperar verdad, justicia y reparación de la, así llamada, "Justicia", o institución de la justicia, y que sin embargo la sociedad necesita estos valores, porque hacen parte de esos universales humanos sin los cuales la humanidad no es humana.

No estoy insinuando que, como cristianos, deberíamos construir sistemas de justicia alternativos. De ninguna manera. Pero sí estoy afirmando que hay que eliminar el supuesto de que esos valores, humanos y cristianos, tengan concreción social alguna en lo que llamamos "administración de justicia". En Colombia puede afirmarse con plena convicción que no hay nada más lejano de la Verdad, que la "verdad procesal".

La verdad sobre los crímenes que han inundado de sangre el país, no es posible encontrarla, ni remotamente, en los anaqueles de la "Justicia"; se la encontrará en la memoria prohibida de las víctimas y de sus familias, obligadas a sobrevivir en el silencio; se la encontrará en las fosas comunes y en las tumbas anónimas; se la encontrará en los cuadernos de notas que fueron guardados en escondites, en momentos de terror; se la encontrará en las lágrimas derramadas detrás de las puertas; se la encontrará en los músculos tensionados de las gargantas que quisieran gritar pero no pueden, si quieren sobrevivir; se la encontrará en los rescoldos tuguriales donde moran los desplazados, como un fuego semi apagado que pudiera reavivarse con un fuerte viento. ¿Pero cómo rescatar esa verdad?

Algo similar podríamos decir sobre la justicia y sobre la reparación o reconstrucción de lo que fue destruido, que son dimensiones inseparables de la justicia. Estamos aquí ante grandes y profundos desafíos.

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Tanto la gravedad apabullante de los problemas que enfrentamos en la realidad colombiana, como la magnitud y profundidad de los desafíos que se presentan para un compromiso coherente con la justicia, hacen de nuestro trabajo algo casi insignificante, por lo pequeño y por lo débil. Sin embargo, quiero compartir con ustedes los criterios fundamentales que nos sirven de guía en nuestras pequeñas acciones y proyectos.

Ante todo quiero decirles que nos sentimos siempre como una pequeña embarcación que avanza contra una corriente caudalosa. Pero avanzamos con una plena conciencia de pequeñez; de búsqueda de alternativas en medio de grandes oscuridades; de acompañar experiencias que quizás no pueden volverse masivas, pero quieren contraponerse críticamente a soluciones masivas deshumanizantes y esterilizantes frente al futuro.

* Uno de los criterios que ha guiado nuestro trabajo es el de privilegiar y estimular la resistencia de las víctimas, frente a la simple asistencia a ellas. Nuestra consigna se ha formulado como: "No asistencia sin resistencia". La resistencia no puede sostenerse sin asistencia, pero la resistencia humaniza y rescata la dignidad de la víctima, contra el efecto principal buscado por el victimario, de aniquilar su dignidad.

Resistencia significa muchas veces la denuncia; las acciones tendientes a recuperar los bienes perdidos, a retornar a las regiones de donde fueron expulsados, a exigir justicia; pero también la sola reconstrucción de los liderazgos comunitarios, así sea en el exilio, o la reconstrucción de la autoestima y de la conciencia moral de aquellos a quienes el terror dejó casi sin identidad moral. Y muchas veces esta reconstrucción elemental comienza por brindar espacios de confianza para el desahogo y el relato, que constituyen la primera catarsis, sobre la cual se construirán después todas las otras formas de resistencia.

* Otro de nuestros grandes criterios ha sido la salvaguarda y la recuperación de la memoria dolorosa de las víctimas y de sus allegados y testigos. Estas prácticas tratan de resistir y de oponerse al olvido, como estrategia de construcción de futuro.

Numerosas personas e instituciones nos censuran esto y arguyen que la memoria es peligrosa, pues alimenta los odios y las retaliaciones y revive las violencias.

Nosotros, sin embargo, estamos convencidos de que las heridas ocultas son peligrosas y mortales, y de que elaborar y comprender el pasado , así sea doloroso, es condición necesaria para construir un futuro que no reedite los crímenes del pasado.

Silenciar la memoria de las víctimas es al mismo tiempo silenciar, censurar y estigmatizar sus sueños, sus luchas, sus utopías, y permitir que esa censura, acompañada por supuesto de terror y de miedo, moldee los comportamientos y las opciones ideológicas, políticas, éticas, estéticas y profesionales de quienes se amoldan desde lo inconsciente a ese silencio, favoreciendo la construcción de un futuro a la medida de los victimarios.

Solo la memoria viva de lo ocurrido puede fndamentar un NUNCA MAS, como opción militante frente al futuro, que impida que los crímenes se repitan y que las causas y estructuras que los generaron sigan gozando de legitimidad.

* Otro de nuestros criterios o preocupaciones importantes ha sido el interesarnos por buscar, descubrir, analizar y evaluar los destrozos y las ruinas que dejan los crímenes que se cometen desde el poder.

Varias experiencias puntuales nos han enseñado a descubrir esta dimensión, pero particularmente el acompañamiento a cerca de 300 familias de un mismo pueblo, donde igual número de víctimas fueron desaparecidas o asesinadas, algunas de ellas mediante métodos increíblemente crueles, como el ser desmembradas con una sierra eléctrica, tormento que sufrió el mismo Párroco de la población. Es difícil hacer un inventario de esas ruinas, que se nos fueron revelando poco a poco, y que incluían destrozos psíquicos, fisiológicos, económicos, comunitarios, políticos, jurídicos, etc.

Trabajar con estas familias ha significado, desde ayudar a recuperar el habla a personas que traumáticamente quedaron sumergidas en silencio durante años, hasta romper, con pequeñas experiencias, los aislamientos y las desconfianzas que habían roto todos los lazos comunitarios, y reconstruir incipientes ensayos de organización de base, idea que había quedado asociada a los más altos riesgos de perder la vida.

También en este campo la mayoría prefiere hacer caso omiso de las ruinas y centrarse en la construcción de algo nuevo. Pero, ¿cómo construir algo nuevo mientras permanezcan arruinadas dimensionas tan fundamentales de la conciencia y de las relaciones sociales?

* Otro de nuestros criterios ha sido el de la denuncia. En un principio la canalizamos a través de los órganos judiciales o disciplinarios del Estado y esta práctica nos permitió, durante muchos años, conocer por dentro la podredumbre de esas instancias. Experimentamos de una manera muy directa, registramos e inventariamos los mecanismos de todo orden que garantizan la impunidad. Pudimos identificar más de 50 mecanismos, utilizados en los procesos investigativos de la "justicia", que impiden que los culpables de crímenes de Estado sean identificados o, principalmente, sancionados.

Quizás lo más preocupante que fuimos encontrando fue la manera como el testimonio humano aportado a la "Justicia" era envilecido: era objeto de presiones, de sobornos, de intimidaciones y de manipulaciones. Llegamos a la conclusión de que el testimonio humano, una vez cruzado el umbral de un expediente judicial, ya no era confiable; entraba a ser presa de infinidad de mecanismos al servicio de la mentira y de la injusticia.

Nuestra denuncia tuvo que irse apartando, entonces, de los canales de la "justicia" legal. Tocamos las puertas de los organismos internacionales y la fuimos perfilando, finalmente, como constancias históricas y censuras morales, depositadas ante todas las autoridades.

* Pero quizás el criterio rector, que subyace a todos los mencionados antes, ha sido la parcialidad por las víctimas. Creemos que, tanto bíblicamente como históricamente, el concepto y el sentido de la justicia se construyó desde la víctima del poder y desde la solidaridad con ella.

Pensar la sociedad y pensar el futuro desde las víctimas nos hace necesariamente contestatarios frente a las estructuras actuales. Pero también nos sitúa en un no-poder, en una cierta impotencia, en una alerta permanente para no caer en trampas profundas que traen las soluciones diseñadas desde el poder. No estamos, por lo tanto, en la dinámica de lo masivo. Estamos en búsqueda permanente, pero nuestro centro de inspiración es siempre aquel grupo de víctimas que estamos acompañando en cada momento, con estremecimiento y dolor. Esta ha sido nuestra opción fundamental.

Javier Giraldo M., S. J.
Roma, noviembre 25 de 1997
Simposio Las Américas se abren al Nuevo Milenio
Organizado por SEDOS con ocasión del Sínodo Especial de Las Américas, nov/dic. 1997

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