Desde los márgenes

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Nuevas agendas en DH

diciembre de 1994, por Javier Giraldo M. , S.J.

La coyuntura de un nuevo gobierno ha llevado a reformular las agendas, en derechos humanos, desde varios horizontes. El contexto internacional vivido en el período de transición entre los dos gobiernos (saliente y entrante) influyó seguramente en las reformulaciones y por ello es importante evocarlo:

Durante los años 93 y 94 se sucedieron numerosos informes alarmantes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, tanto de organismos internacionales (intergubernamentales y no gubernamentales) como de ciertas instancias nacionales.

En 1993 fueron divulgados los informes de la Delegación Ecuménica de Gran Bretaña, Colombia: The Hidden War , enero/93; de la Misión Seta, enviada por la Comunidad Económica Europea Misión de Identificación de Derechos Humanos en Colombia , mayo/93, y el libro Terrorismo de Estado en Colombia , presentado en Ginebra y Bruselas en enero/93 por 10 organismos internacionales de Europa y América.

En 1994 aparecieron 5 informes internacionales alarmantes: el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, Segundo Informe sobre Colombia , enero/94, el de Amnesty International, Violencia Política en Colombia: Mito y Realidad , marzo/94; el de Americas Watch, Estado de Guerra: Violencia Política y Contrainsurgencia en Colombia , enero/94; el del Lawyers Committee for Human Rights, Colombia: Public Order, Private Injustice , febrero/94; el del Departamento de Estado/USA, Reporte sobre Derechos Humanos en Colombia , febrero/94), a los cuales se sumaron ese mismo año, en el orden interno, el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal sobre la situación del país, febrero/94; el Informe de la Defensoría del Pueblo al Congreso , marzo/94 y el tercer Informe de la Procuraduría General de la Nación sobre Derechos Humanos , julio/94.

Este cúmulo de alarmas fue produciendo alguna preocupación en la comunidad internacional. Ya en abril/93 el gobierno de Alemania solicitó al gobierno de Colombia suspender la visita que 4 altos militares colombianos planeaban realizar a ese país, pues sus nombres figuraban en el libro "Terrorismo de Estado en Colombia" bajo graves acusaciones de violación a los derechos humanos. Más tarde Alemania suspendería la venta de armas a Colombia. Por su parte el Congreso de los Estados Unidos recortó y condicionó la ayuda militar a Colombia, sometiéndola a varios puntos de evaluación, entre ellos, el respeto a los derechos humanos (julio/94). A su vez las embajadas de la Unión Europea ante la ONU comenzaron al menos a discutir a puerta cerrada su posición frente a Colombia dentro de la Comisión de Derechos Humanos/ONU, donde comenzaron a aparecer las propuestas de nombramiento de un Relator Especial para vigilar la situación de derechos humanos. Algunos gobiernos europeos que tienen grandes intereses comerciales en Colombia, como Inglaterra y España, comenzaron a sentir presiones de organismos no gubernamentales de sus respectivos países, para que antepongan el respeto y salvaguarda de la dignidad humana, en sus relaciones con Colombia, a sus intereses comerciales. Muchos organismos humanitarios se fueron sumando a la Campaña internacional "COLOMBIA, DERECHOS HUMANOS YA", iniciada en el otoño/94.

El gobierno colombiano se vio progresivamente obligado a enfrentar este problema. El Presidente Gaviria, en sus postrimerías, decidió convocar urgentemente a todos sus embajadores en la Unión Europea y Norteamérica (junio/94) para darles instrucciones sobre el "mejoramiento de la imagen de Colombia en el exterior". El gobierno entrante de Samper, por su parte, declaró rápidamente que el problema no era de imagen sino de realidad, y en su mismo discurso de posesión anunció que la política de derechos humanos sería uno de los ejes de su gobierno. Comenzó entonces la reformulación del discurso oficial sobre los derechos humanos.

1.LA AGENDA LITERARIA DEL GOBIERNO

El Día Nacional de los Derechos Humanos, 9 de septiembre/94, el Presidente Samper divulgó un documento en el cual compilaba su programa en materia de derechos humanos. Sus 10 puntos se sintetizan así:

1) Frente a la Comunidad Internacional: "el cumplimiento de una política de derechos humanos se ha convertido en una condición para la apertura de nuevos mercados, posibilidades de inversión y acceso a materiales estratégicos..". En lo práctico se propone: invitar a visitar el país a los Relatores de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales y Tortura, al Alto Comisionado para Derechos Humanos y a Amnistía Internacional, a la cual invitará a abrir una oficina permanente en Colombia. Promete atender las recomendaciones que le formulen los organismos internacionales; revisar la aplicación que se da a la normatividad internacional de derechos humanos y presentar un proyecto de ley que autorice a pagar indemnizaciones ordenadas por organismos intergubernamentales de derechos humanos.

2) Frente al conflicto armado: adherir al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 con miras a humanizar el conflicto.

3) Frente a la impunidad: fortalecimiento del aparato judicial; proyecto de ley de descongestión judicial que evite la prescripción; impulsar unidades especiales de la Fiscalía para casos de derechos humanos; reformar la Justicia Penal Militar; fortalecer programas de protección de testigos; impulsar investigaciones de casos especialmente atroces, concertando en ocasiones con organizaciones de víctimas o familiares y activar esquemas interinstitucionales de registro y seguimiento de casos.

4) Crear oficinas de derechos humanos en las guarniciones militares y permitir a funcionarios judiciales, del Ministerio Público y de la Cruz Roja Internacional hacer presencia donde se requiera.

5) Frente al Paramilitarismo: (Nota: el documento lo entiende como un producto de "la territorialización de cierta porción de los capitales del narcotráfico" y de la "formación de autodefensas campesinas como reacción a los atropellos de la subversión"). Para erradicar esa "justicia privada", el gobierno revitalizará figuras creadas por decretos de 1989 (Decr. 813, 814 y 815/89); apoyará la acción de la Fiscalía contra el narcotráfico y la justicia privada y diseñará para estos grupos una política de "sometimiento a la justicia".

6) Frente a los desplazados por la violencia política: incluirlos en el plan de desarrollo, mediante políticas de empleo y atención a sus necesidades básicas y crear normas que los conviertan en beneficiarios de la reforma agraria.

7) Educación en derechos humanos: impulsar la que ya se ha iniciado, en especial para la fuerza pública.

8) Revisar la reforma de la Policía y estudiar la elaboración de un Estatuto de Protección Ciudadana.

9) Agenda legislativa: tipificación del genocidio, del maltrato infantil, del terrorismo; reglamentación de las acciones populares, del ’habeas corpus’, de las acciones de cumplimiento.

10) Puertas abiertas frente a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

COMENTARIOS:

Todos estos propósitos son laudables. Sin embargo su cumplimiento puede quedar en el papel, sobre todo cuando están supeditados a intereses comerciales, los que fácilmente redimensionan el problema para hipotecarlo a soluciones cosméticas.

Llevar a la práctica este programa implicaría una voluntad política real y no ficticia. Lamentablemente los hechos siguen revelando una ausencia de voluntad política. Cuando falta esa voluntad, cada uno de estos puntos programáticos será dominado por las debilidades internas que revela cada punto y que es bueno explicitarlas, así:

1) La invitación a organismos internacionales para que diagnostiquen el problema y formulen recomendaciones, es ya un rito desgastado. Poseemos una biblioteca de informes internacionales sobre derechos humanos en Colombia, cuyas recomendaciones permanecen solo en el papel.

2) La adhesión al Protocolo II no es ninguna garantía de humanización del conflicto armado, toda vez que dicho Protocolo está sustancialmente contenido en el artículo III común de los Convenios de Ginebra de 1949, firmados y ratificados por Colombia desde 1960 y violados sistemáticamente durante 34 años por agentes estatales que gozaron y gozan de absoluta impunidad.

3) La impunidad tiene raíces mucho más hondas que no son enfrentadas: en la misma legislación; en los métodos y mecanismos de la "guerra sucia"; en la proverbial tolerancia y aval de las más altas autoridades del Estado a formas de criminalidad sistemática de sus instituciones; en la institucionalidad peculiar de la fuerza pública diseñada para fomentar un férreo "espíritu de cuerpo" por encima de los intereses de la nación; en la existencia del Fuero Militar, su más inexpugnable fortaleza; en la corrupción del poder judicial, etc.

4) La multiplicación de despachos públicos para la defensa y promoción de los derechos humanos, no ha sido, desafortunadamente, ninguna solución, toda vez que estas nuevas instancias se remiten incesantemente unas a otras los casos, sin que ninguna de ellas afirme tener poder alguno para resolverlos efectivamente.

5) ¿Cómo erradicar el Paramilitarismo cuando no se reconoce su existencia? La descripción que hace el documento de este fenómeno, elude el verdadero paramilitarismo que ha inundado de sangre al país, precisamente por su poder contundente (impunidad asegurada) que se fundamenta en el respaldo de la fuerza pública desde los más altos niveles, de donde viene su nombre legítimo de "Paramilitar" (auxiliar de lo militar). En este punto el documento es tan inoperante como quien quiere tratar enfermedades cardiovasculares con medicamentos para problemas gastrointestinales.

6) ¿Por qué mantener a los desplazados como objetos de caridad y no de justicia? En nada soluciona el problema del desplazamiento forzado por causa de la violencia, hacer a los desplazados beneficiarios de programas sociales del Estado ‑manteniéndolos como perpetuos limosneros en los cinturones de miseria de las ciudades‑ cuando el Estado debería restituirles los bienes de los cuales los despojó violentamente, indemnizarles sus perjuicios y permitirles el retorno a sus zonas de origen, dejando de proteger a los paramilitares y civilizando a la fuerza pública.

7) ¿No constituiría una educación más efectiva de la fuerza pública en derechos humanos, el hecho de hacerlos responder por sus actos criminales ante la justicia y dejar de cohonestar con la impunidad de los mismos, de encubrir y avalar sus crímenes y aún de premiarlos con ascensos, condecoraciones y cargos diplomáticos?

El gobierno debería entender algún día que el respaldo más eficaz que puede darle a los crímenes más horrendos contra la dignidad humana es continuar tolerando los férreos mecanismos de impunidad que protegen a quienes los cometen revestidos con la autoridad del Estado, siendo el principal de estos mecanismos el del Fuero militar.

8) ¿Los intentos de reforma de la Policía no han demostrado ya que se impone su disolución y la creación de una institución nueva, fundada en otros criterios y normatividad?

9) Preocupa la ausencia, en la agenda legislativa del gobierno, de la reforma del Fuero militar; de la "obediencia debida"; de la "Justicia Sin Rostro"; la incorporación al derecho interno de normas internacionales adoptadas hace 49 años (las que definen los crímenes internacionales, en particular los Crímenes de Lesa Humanidad, y le dan un tratamiento judicial acorde con el bien protegido: la vida, integridad y dignidad elemental del ser humano).

10) Poco significa la política de puertas abiertas frente a los organismos no gubernamentales de derechos humanos, cuando se les invita a reuniones pero se hace caso omiso de sus recomendaciones cruciales, como las que se hicieron, apremiantemente, frente a la Ley sobre la Desaparición Forzada de Personas.

2.LA AGENDA PRAXICA DEL GOBIERNO

Los pocos meses transcurridos del nuevo gobierno han ido revelando su agenda práxica, aquella que no se escribe en los documentos oficiales de riqueza retórica, sino que se suscribe en forma de decretos y comunicados lacónicos que revelan, ya no lo que el gobierno está dispuesto a sostener en sus discursos, sino lo que está dispuesto a realizar fácticamente. Los hechos más reveladores de esta agenda (no discursiva) han sido estos:

1. La objeción a la Ley sobre Desaparición Forzada: el crimen de desaparición forzada es un "acto de servicio" de la fuerza pública y seguirá siendo juzgado por la "Justicia Militar". Nadie hubiera imaginado que el autor del documento antes comentado, pudiera asumir posiciones como ésta en lo práctico, al objetar el inciso 3 del artículo 8 de dicha ley, aprobada por un Parlamento en nada sensible al problema de los derechos humanos, que se acogía simplemente a principios internacionalmente reconocidos y legislaba que "en ningún caso podrá aducirse que las conductas previstas en la presente ley han sido cometidas en relación con el servicio, cuando se atribuyan a miembros de la fuerza pública en servicio activo".

El gobierno Samper prefirió darle la razón a la cúpula militar, que veía irse de sus manos el instrumento más eficaz para tranquilizar a quienes, dentro de la institución, habían incurrido numerosas veces en ese crimen "para salvar a la patria de izquierdistas". En adelante podrán continuar ejercitando esa práctica como "acto de servicio" cuyo enjuiciamiento lo hará, para su tranquilidad, la misma institución. No importaba desconocer la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, firmada por el Presidente Gaviria en junio/94 durante la Asamblea de la OEA en Brasil, pues el Presidente Gaviria fue el primero en objetar dicha ley ante el Congreso.

2. Selección de la nueva cúpula militar: una opción clara en contra de la vigencia de los derechos humanos. Fue estremecedor leer la lista de Comandantes militares seleccionada por el Presidente Samper y su Ministro de Defensa, el 23 de noviembre de 1994. Todo daba a entender que había sido consultado intensamente el libro "Terrorismo de Estado en Colombia", para seleccionar a los oficiales más cuestionados por su participación en violaciones graves a los derechos humanos o por sus compromisos con el paramilitarismo, con el fin de encomendarles las diversas comandancias.

3. Las "Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural": legalización del esquema paramilitar. La tesis sostenida por algunos asesores del gobierno, de que los grupos de civiles armados, coordinados por la fuerza pública, tuvieron sustento legal hasta 1989, se basa en interpretaciones amañadas del art. 33.3 de la Ley 48 de 1968, interpretación que la Corte Suprema de Justicia descalificó en su sentencia de sala plena del 25 de mayo de 1989, donde demuestra con claridad que los grupos de civiles armados jamás tuvieron sustento legal. Como lo han confesado muchos líderes paramilitares (recientemente lo hizo Fidel Castaño en carta pública), el paramilitarismo fue puesto en marcha por el Ejército y a su financiación contribuyeron los gremios agrarios económicamente más poderosos, incluyendo a los narcotraficantes cuando éstos devinieron terratenientes. La dotación de armamentos, entrenamiento y coordinación de la "inteligencia" estuvo en manos del Ejército, primero abiertamente y luego, cuando se hizo manifiesta su ilegalidad por la Corte, de manera clandestina. Este es exactamente el esquema del proyecto que se vuelve a implantar ahora, según el Comunicado emitido por la Presidencia de la República el pasado 13 de diciembre/94, particularmente en sus numerales 6, 7 y 8. Los elementos constitutivos del Paramilitarismo están allí nítidamente reafirmados:

su coordinación por la fuerza pública (No.7, lit. c y d);

dotación de armas por la fuerza pública (No.7, lit.e)

supuesta legitimación defensiva (No.7, lit.b)

financiación conjunta por los sectores público y privado (Num.6).

Pero además, dichas asociaciones tendrán funciones de "inteligencia" e "información" (Num.6 y 7 c). Parece que este gobierno ignorara los ríos de sangre que han hecho correr y las monstruosas injusticias judiciales que han provocado los llamados "informes de inteligencia" de la fuerza pública, mucho más cuando se apoyan en "informantes" civiles que venden "información" por dinero o alguna otra prebenda. No puede esto significar sino una voluntad perversa de destrucción de las comunidades rurales, legalizando y avalando abiertamente los instrumentos que en la última década han contribuido más a la violencia rural.

El Comunicado presidencial del 13 de diciembre no deja duda alguna sobre los objetivos y móviles de este proyecto criminal: defender a los sectores agrarios económicamente poderosos, a costa de la destrucción de las comunidades rurales empobrecidas. No es fortuito que el proyecto haya sido anunciado en un congreso nacional del gremio ganadero (el mismo que dio el primer impulso a los paramilitares a comienzos de los 80) y que 8 gremios agrarios se hayan apresurado a respaldarlo inmediatamente (ver prensa del 14 de diciembre/94).

4. La respuesta a la protesta social: ilegitimación, criminalización, militarización.
El año 95 se abrió con una explosión de protestas sociales que sacaron a la superficie problemas considerados antes como "tabú": la extensión y el contexto socio económico de los cultivos de coca y amapola. La fumigación de estos cultivos con Glifosato, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, levantó la protesta y destapó un problema de honda complejidad socio económica, ante el cual se sintieron desafiados economistas, sociólogos, historiadores, filósofos, ecólogos y moralistas.

La respuesta del gobierno fue la misma respuesta de hace muchas décadas frente a la protesta social: militarización y criminalización. Los Mass Media repitieron hasta la saciedad el viejo estribillo gubernamental: "esto es promovido por la guerrilla y el narcotráfico" (fórmula mágica para eludir el análisis de la problemática y buscarle soluciones humanas, demonizando de paso a quienes se atreven a promover ese tipo de protestas, quienes pronto pararán en las prisiones o en las fosas comunes).

3. LA AGENDA DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Desde comienzos de 1994 las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos fueron formulando una agenda de puntos prioritarios, con el fin de demandar la solidaridad internacional en el impulso a los mismos, agenda que se fue convirtiendo en el objetivo de la campaña "COLOMBIA, DERECHOS HUMANOS YA", a la cual se han ido vinculando organismos humanitarios de varios países. Dicha agenda comprende 6 puntos:

1. Solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la designación de un RELATOR ESPECIAL para Colombia. Esta decisión es competencia de la Comisión, pero se le ha expuesto a los Estados miembros, a los Expertos y a las entidades no gubernamentales con status consultivo ante la ONU, que tal petición se motiva en los altos niveles de violación a los derechos fundamentales que se dan en Colombia (10 casos diarios, en promedio, de suma gravedad); en el altísimo porcentaje de participación en ellos ‑como autores, cómplices o colaboradores‑ de agentes del Estado, según se infiere del número de casos con autores identificados; en la impunidad en que queda el 97% de todos estos crímenes; en las formas aberrantes de justicia que se están aplicando (que permiten jueces secretos, pruebas secretas, testigos secretos, testimonios pagados, órdenes de captura sin fundamentos controvertibles etc.);en el incumplimiento reiterado de todas las recomendaciones formuladas por Relatores de la ONU que han practicado visitas "in loco" y de las misiones e informes de la OEA, así como de numerosas organizaciones internacionales no gubernamentales que han realizado misiones de observación y elaborado informes consecuentes; en el abuso que se ha hecho de los "estados de excepción" para desconocer normas de derechos humanos que no admiten excepción en el derecho internacional; en la violación permanente, por parte del Estado colombiano, del Derecho Internacional Humanitario, dentro del conflicto armado interno; en el compromiso estatal con el paramilitarismo reinante, cuya expansión y accionar han sido incesantes; en la negativa del Estado colombiano a incorporar a su derecho interno normas internaciones de importancia decisiva para la salvaguarda del ser humano, adoptadas desde hace cerca de medio siglo por la comunidad internacional, etc.

Todos estos problemas, cuya gravedad no hay necesidad de ponderar, exigen la intervención urgente de la comunidad internacional. No puede alegarse aquí ningun argumento de "soberanía", pues lo que está en juego es la salvaguarda del ser humano en sus derechos y dignidad más fundamentales, realidades que anteceden a la soberaía de los Estados y cuyo respeto fundamenta la legitimidad de cualquier Estado.

2) Persecución y disolución de los grupos paramilitares o "escuadrones de la muerte". El modelo de represión paramilitar se fue haciendo evidente desde comienzos de los años 80 y miraba a encomendar acciones ilegales o criminales, que antes realizaba la fuerza pública a plena luz del día, a estructuras de civiles armados, clandestinamente coordinados por las fuerzas armadas.

En unas regiones el Ejército implantó el modelo de una manera más agresiva, involucrando compulsivamente a toda la población de la zona en una lucha contrainsurgente, estableciendo bases y comandancias de civiles armados, pero proporcionándoles armamento, protección y, sobre todo, garantía de impunidad. En otras se sirvió de alianzas con gremios agrarios adinerados o narcotraficantes para contratar mercenarios provenientes de otras regiones, con el fin de realizar las mismas actividades. Estos grupos han sido responsables, en la mayoría de los casos desde un calculado "anonimato", de los crímenes contra el derecho a la vida que tienen connotaciones políticas, ideológicas o sociales y que constituyen decenas de miles.

Es desafiante la impunidad de que gozan todos estos grupos, sus líderes y protectores dentro de la fuerza pública. Así la "justicia" intervenga, sus decisiones son neutralizadas o bloqueadas por los militares, como en El Carmen de Chucurí, donde el Ejército acudió incluso a una asonada para impedir violentamente la captura de 26 paramilitares ordenada por un juez.

En este punto, las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales se reducen a solicitar que el gobierno no continúe apoyando ni protegiendo estas estructuras criminales ni bloqueando la aplicación de la justicia a las mismas.

3) La adopción de medidas inaplazables contra la IMPUNIDAD, particularmente:

La restricción del Fuero militar al juzgamiento de delitos típicamente militares, con exclusión de los actos violatorios de los derechos humanos.

La creación de una COMISION DE ESCLARECIMIENTO de las violaciones graves a los derechos humanos, ligada a mecanismos efectivos de enjuiciamiento y sanción de los responsables y al restablecimiento del derecho a la reparación de las víctimas.

Este punto hace parte de las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional en su último informes sobre Colombia (marzo‑94). Para Amnistía esto es importante no solo porque las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, sino porque el procesamiento de los perpetradores tiene una importancia decisiva de cara a la no repetición de estos crímenes en el futuro. Amnistía considera importante que dicha Comisión sea independiente del gobierno y goce de real independencia y ausencia de presiones; que sea conformada por personas de alta credibilidad provenientes del ámbito profesional no gubernamental y con experiencia en la defensa de los derechos humanos; que su nombramiento asegure la transparencia y representatividad; que tengan medios suficientes para llevar a cabo su misión; que coopere con el mayor número posible de sectores de la sociedad que puedan proporcionarle información; que a ella tengan acceso todos los colombianos y que ella tenga acceso a todos las pruebas, sin reserva alguna; que sus resultados sean remitidos sin dilación a autoridades judiciales civiles, las cuales iniciarán proceso inmediatamente; que establezca la responsabilidad de las cadenas de mando en la comisión de los hechos; que pueda solicitar servicios de peritos en diversas disciplinas; que haga un diagnóstico sobre el fracaso de las instituciones y mecanismos legales existentes para la protección de los derechos humanos.

Las organizaciones nacionales de derechos humanos vienen estudiando este punto hace varios años, a la luz de experiencias similares en otros países latinoamericanos (Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Salvador), donde, en realidad, las "Comisiones de Verdad" terminaron reforzando, por diferentes caminos, la impunidad de los victimarios.

Por esto se han formulado CONDICIONES ESENCIALES que mirarían a evitar que una Comisión de Esclarecimiento termine reforzando la impunidad. Esas condiciones serían:

Remover previamente claros obstáculos constitucionales y legales que impiden la aplicación del derecho internacional en Colombia, particularmente los principios relacionados con la tipificación y juzgamiento de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Que se liguen estrechamente la VERDAD y la JUSTICIA, o sea, el ESCLARECIMIENTO y el ENJUICIAMIENTO. La evaluación de otras experiencias demuestra que un enfoque de separación de ámbitos o de progresividad es lo que más contribuye a que el proceso revierta en reforzamiento de la impunidad.

Que el mandato no sea restringido a "casos importantes", lo que implicaría una discriminación inaceptable de los seres humanos, de sus derechos y de su dignidad. Que dicho mandato comprenda los períodos alcanzados por el Terrorismo de Estado, que tiene manifestaciones claras al menos desde 1965.

Que a la labor de la Comisión se le garantice un ámbito de independencia frente las prácticas manipuladoras de los Mass Media, mediante espacios fijos semanales en todos los medios (prensa, radio y televisión) para que la sociedad pueda seguir objetivamente su labor.

Que el mandato prevea, no solo la ejecución de indemnizaciones individuales para las víctimas y sus familias, sino para la sociedad que ha sufrido moralmente los efectos de estos crímenes y de su impunidad.

Que la composición de la Comisión incluya miembros de entidades intergubernamentales de derechos humanos (ONU y OEA) y de organismos no gubernamentales internacionales.

Algunos sectores sociales dentro del país no han dejado de expresar profundos temores frente a esta iniciativa, sobre todo valorándola sobre el telón de fondo de otras experiencias latinoamericanas, diseñadas sobre estos patrones que les introducen desde su origen el germen de la frustración: papel preponderante que tienen en ellas los gobiernos que son investigados; financiación estatal; poca o ninguna participación de las víctimas frente a nutrida participación del Estado acusado; amplitudes de mandato que lleven a diluir u ocultar la responsabilidad estatal; discrecionalidad de los gobiernos para aplicar las conclusiones, recomendaciones o sanciones, lo que ha llevado a que todo termine en "indultos" a los victimarios o leyes de "perdón y olvido" o de "punto final".

Estos temores muestran que no cualquier modalidad de "Comisión de Esclarecimiento" sería un mecanismo real contra la impunidad.

4) Derogatoria de la jurisdicción regional ("Jueces Sin Rostro") y adopción de una reforma judicial que asegure la independencia de la judicatura y garantice los derechos de las partes.

Desde 1988 se han venido dictando normas, al amparo del "Estado de Sitio" primero, y luego del "Estado de Conmoción Interior", que han ido creando una justicia paralela aplicable a ciertos delitos, entre ellos el de "terrorismo", pero tipificando éstede manera tan ambigua y antitécnica, que deje un campo abierto a la arbitrariedad. En la práctica, tal arbitrariedad se ha utilizado para criminalizar la protesta social y la oposición política y llevarla al dominio de la "Justicia Sin Rostro", donde los procedimientos desconocen los derechos del procesado.

Muchos organismos internacionales han examinado esa caricatura de justicia que no llena los requisitosfundamentales para llamarse "justicia". Algunas de sus prácticas más aberrantes son: el pago de testimonios (supuestas "delaciones") cuyos autores tienen derecho al anonimato y la admisión de "informes de inteligencia" de órganos de la fuerza pública u organismos de seguridad del Estado, en calidad de "pruebas judiciales".

El modelo de "Justicia" que adoptó la Constitución del 91 otorgó una alta injerencia del poder ejecutivo en el nombramiento y control de los órganos judiciales, politizándolos excesivamente y le dió atribuciones exageradas al Fiscal General, haciendo depender la administración de justicia de las simpatías ideológicas, personales y políticas de un individuo.

Pero una debilidad estructural más preocupante aún, es la inestabilidad de la justicia colombiana, cuyas normas cambian permanentemente, al vaivén de las coyunturas políticas, con la facilidad con que se cambia de ropa, cambios que ni siquiera se apoyan en decisiones del poder legislativo sino en la abdicación permanente que éste hace de sus funciones en favor del poder ejecutivo.

5) Garantía de seguridad para el regreso voluntario de los desplazados a sus regiones de origen; restitución de la posesión de sus tierras e indemnización por el daño sufrido.

El paramilitarismo, las operaciones sistemáticas del Ejército en zonas rurales altamente violatorias de los derechos humanos y el conflicto armado entre grupos guerrilleros y fuerza pública, han sido las causas de desplazamiento forzado, cuyas víctimas son varios centenares de miles de colombianos. La Conferencia Episcopal realizó una encuesta en todas las parroquias del país, y el porcentaje de respuestas tabuladas le permite calcular un número mínimo de 650.000 desplazados por la violencia.

Ya se ha visto que la política del actual gobierno consiste más en atender a los desplazados como beneficiarios de políticas sociales, que como víctimas a quienes hay que restituir sus derechos e indemnizar sus perjuicios.

6) Compromiso de las partes por la humanización del conflicto armado interno y búsqueda de una solución negociada del mismo.

La reciente aprobación del Protocolo II a los Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, lleva a mirar como etapa inicial de un nuevo proceso de paz, la "humanización de la guerra". Las organizaciones no gubernamentales han formulado exigencias precisas a las partes en conflicto para este propósito:

Al Gobierno: cesar de incrementar medidas de guerra de carácter ofensivo, no solo en lo militar sino también en lo judicial; permitir diálogos regionales con intermediación de organizaciones sociales; dar garantías a activistas de derechos humanos en zonas de conflicto, así como a organismos humanitarios internacionales; crear zonas neutrales para protección de población no combatiente; permitir un control imparcial a las informaciones habitualmente tergiversadas de los medios sobre el conflicto; prohibir a la fuerza pública la utilización del transporte público, para no poner en riesgo a la población civil, así como la práctica de instalar campamentos militares en instituciones civiles para utilizarlas como "escudos"; que requiera a los gobiernos vecinos no utilizar su fuerza armada para incursiones en zonas de conflicto.

A los grupos insurgentes: respeto a la población civil no combatiente; dar a conocer las normas implantadas en sus zonas de control, en las que funda sus acciones y procedimientos; separar de sus estructuras a responsables de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario; concretar propuestas de solución al conflicto armado y exponerlas a las a las organizaciones sociales, cívicas, de derechos humanos y de las víctimas;

A ambos: aceptar una veeduría internacional que verifique en el terreno los hechos y las responsabilidades; emitir "partes de guerra" serios que los comprometan, con el fin de apoyarse en ellos para la verificación; que acepten servicios de mediación y veeduría; que promuevan jornadas de "paz con justicia social" con el fin de que la población se pueda pronunciar sobre la guerra y la paz en sus zonas y se pueda establecer una agenda de negociación que involucre centralmente los problemas reales, sociales y económicos, que inciden en la guerra.

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