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Meta - Ceder es más terrible que la muerte - Introducción

julio de 1997, por Javier Giraldo M. , S.J.

Introducción al libro
Ceder es más Terrible que la Muerte
sobre el genocidio en el departamento del Meta

Julio de 1997

El departamento del Meta ha sido, en las últimas décadas, un paradigma y un reflejo de la tragedia que vive Colombia:

* en sus llanuras y en su pie-de-monte buscaron refugio muchas víctimas de la violencia sufrida en otras regiones del país;

* el proceso de colonización se llevó a cabo sin presencia del Estado, lo que fomentó, por una parte, el desarrollo de una cultura solidaria, pero por otra parte un cierto imperio de la "ley del más fuerte";

* la insurgencia armada encontró allí condiciones propicias para su desarrollo y para ubicar en ese territorio a algunas de sus instancias directivas;

* también el narcotráfico contó con factores favorables para el cultivo y procesamiento de la coca, lo que, por una parte, alivió la suerte de colonos exhaustos, pero por otra parte, hizo surgir imperios financieros que rápidamente se dotaron de ejércitos privados, para sobrevivir en campos atravesados por la insurgencia, y que luego se articularon a la estrategia paramilitar del Estado;

* la presencia posterior del Estado se caracterizó por su corrupción y su violencia, articulándose a la riqueza ilícita y a la "guerra sucia";

* los procesos de paz de la década del 80 encontraron también allí terreno propicio para el despegue de nuevas fuerzas políticas, como la Unión Patriótica, pero dicha experiencia fue ahogada en sangre, en uno de los genocidios más aterradores y sistemáticos que el Estado haya desatado en las últimas décadas;

* para responder a la violación masiva de los derechos humanos que se desarrolló concomitantemente con el Genocidio de que ha sido víctima la U.P., se produjo una impresionante convergencia de organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos, en la conformación del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, convirtiéndose éste finalmente en blanco de la represión estatal/paraestatal, hasta ser exterminado;

* los esfuerzos finales de la red nacional de organizaciones de derechos humanos, apoyadas por la comunidad internacional, para que una comisión mixta realizara un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en el Meta, y particularmente de la desafiante impunidad que protegía a los victimarios, se frustró también al no recibir el respaldo operativo que había sido prometido por los órganos del Gobierno y del Estado.

Una mirada retrospectiva a todos estos procesos y factores de violencia es profundamente trágica. Detrás de la superposición alucinante de conflictos, a cuál más sangriento, descubrimos a enormes masas empobrecidas y trashumantes, en búsqueda de medios de sobrevivencia y de justicia, y a un Estado articulado con las formas más despiadadas e inconfesables de violencia y de corrupción.

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Los materiales que se publican en este libro tienen, la mayoría de ellos, un origen común: fueron elaborados como insumos para la COMISION DE DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO A LA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

El 15 de marzo de 1995, un numeroso grupo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos con sede en Bogotá, nos reunimos para analizar la situación del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta. Las noticias que habíamos recibido en los días anteriores no podían ser más alarmantes. Llamadas telefónicas amenazantes contra todos los miembos del Comité; seguimientos permanentes a algunos de sus miembros en vehículos de la VII Brigada del Ejército; cartas y panfletos que les anunciaban su próxima muerte. El ya reducido número de miembros del Comité, debido a asesinatos, desapariciones y exilios de varios de sus integrantes, nos llevó a proponerles un ciere temporal y activo de sus actividades, así como el traslado de todos sus integrantes a Bogotá, con el fin de solicitar al Gobierno nacional medidas de emergencia para salvar sus vidas.

El 25 de marzo del mismo año se realizó una nueva reunión en Bogotá, esta vez con presencia de todos los miembros del Comité, quienes se desplazaron desde Villavicencio. La decisión unánime fue el cierre temporal y activo del Comité. Se trazó un plan en tres etapas, tendiente a buscar condiciones de mayor seguridad para su reapertura.

En las semanas siguientes se tuvieron diálogos intensos con representantes del Gobierno nacional, de los órganos de control del Estado y de gobiernos extranjeros. Fue acogida por todos la propuesta de crear una Comisión de Diagnóstico y Seguimiento, que investigara los factores de violencia e impunidad en el Meta y que hiciera algunas recomendaciones a los órganos del Gobierno y del Estado.

El 28 de junio de 1995 fue aprobada dicha Comisión, pero sus actividades se iniciaron a finales de septiembre. Participaron, por el Gobierno nacional: los Ministerios de Gobierno y de Defensa, el DAS y la Consejería de Derechos Humanos; por el Estado: la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo; por el gobierno departamental del Meta, el Gobernador, y por la sociedad civil: la Conferencia Episcopal y 5 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. El Embajador de Alemania aceptó actuar como Veedor del proceso.

El desempeño de la Comisión no pudo ser más decepcionante. El Gobierno incumplió sus promesas de avalar mediante decreto las tareas de la Comisión y de suministrale algunos recursos económicos para su funcionamiento. Los órganos del Estado, particularmente la Fiscalía y la Procuraduría, incumplieron sus compromisos y no manifestaron el menor interés en el logro de los objetivos de la Comisión. Ya que uno de los principales ejes del diagnóstico era la impunidad absoluta en que permanecían todos los crímenes perpetrados en el Meta, sin el concurso de estas dos instancias era imposible lograr algo.

El año 95 terminó con una Comisión sometida a un desgreño absoluto. La mayoría de las visitas "in loco", que eran ejes fundamentales de la metodología adoptada, fracasaron. Pero entre tanto el Gobierno hacía pronunciamientos hacia la comunidd internacional, en los cuales utilizaba como pantalla a la Comisión, con el fin de eludir los llamados apremiantes de gobiernos y de organismos internacionales, profundamente alarmados por la agudización de las amenazas contra los miembros del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta.

En efecto, el 5 de enero de 1996, el Gobierno nacional envió una nota de respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la O.E.A., en la cual afirmaba:

"Se espera que esa Comisión (La Comisión de Diagnóstico y Seguimiento) presente, en el mes de febrero de 1996, un informe en el que se identifiquen dinámicas de agresión específicas, así como elementos de juicio que permitan a las autoridades competentes actuar efectivamente sobre ellas. Entre los objetivos de la Comisión del Meta está también el de facilitar las condiciones de distensión y tolerancia que permitan el retorno de los miembros del Comité Cívico a la ciudad de Villavicencio.

Todos los casos que por violación a derechos humanos son señalados por la Honrable Comisión Interamericana como antecedentes de la situación actual, están siendo tramitados con especial énfasis por la Comisión del Meta y se esperan resultados positivos en las investigaciones respectivas. ...

La Consejería Presidencial para Derechos Humanos se ha mostrado dispuesta a gestionar lo pertinente en lo relacionado con la seguridad de los miembros del Comite Cívico, una vez sea analizada la posibilidad de su retorno a la región, como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones del Comité del Meta ..."
En otro documento fechado el 27 de diciembre de 1995, la Chancillería informaba a las Naciones Unidas sobre sus desempeños en pro de los derechos humanos, entre los cuales figuraba la Comisión de Seguimiento sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Departamento del Meta. Según la Cancillería, el objetivo de dicha Comisión era "la identificación dinámica de casos graves de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en la región; un análisis de los diversos factores y personas que tengan que ver con una solución, así como la formulación de recomendaciones para superar la grave situación allí imperante" (pg.6).

Pero mientras el Gobierno nacional presentaba ante la comunidad internacional a la Comisión Meta como una expresión de su "compromiso" en favor de la vigencia de los derechos humanos y como una "solución" a la aterradora situación del Meta, le negaba internamente todo respaldo a la misma Comisión para que pudiera cumplir sus objetivos.

Frustradas todas las esperanzas que se habían puesto en la COMISION DE DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO, y sintiéndonos utilizados por un Gobierno y un Estado que tomaban como escudo a la Comisión para eludir las protestas internacionales, mientras le negaban todo respaldo operativo para que pudiera lograr sus objetivos, el 14 de marzo de 1996, las 5 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que hacíamos parte de dicha Comisión, nos retiramos de la misma y emitimos un comunicado público en el cual exponíamos las razones que nos asistían para tal decisión.

Pocos días antes, el 21 de febrero de 1996, el Presidente Samper había escogido la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, para anunciar el inicio de trámites que llevaran al "restablecimiento de la Pena de Muerte" en Colombia. No podemos negar que tal discurso, pronunciado en un escenario sometido a uno de los más brutales baños de sangre en el cual no es pequeña la responsabilidad del Estado, nos dejó estupefactos. ¿No comprendía acaso el Jefe del Estado que la principal desgracia de Colombia son los millares de Ejecuciones Extrajudiciales perpetradas anualmente por agentes directos e indirectos del Estado? ¿Qué esperanzas podíamos seguir poniendo en un Gobierno, para defender la vida amenazada de los miembros del Comité Cívico del Meta y de millares de pobladores de ese ensangrentado departamento, cuando el mismo Jefe del Estado se mostraba afanado más bien por obtener instrumentos legales para destruir más vidas humanas?

La COMISION DE DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO había fracasado. El Gobierno había pretendido convertirla en una "cortina de humo" que impidiera ver lo que realmente estaba ocurriendo: a pesar de los "compromisos" formales de las instancias del Gobierno y del Estado -en la práctica inexistentes- , los planes de exterminio del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta caminaban a pasos más apresurados que antes. El Doctor Josué Giraldo Cardona, Presidente del Comité, tuvo que abandonar el país en dos ocasiones, acosado por la inminencia de su "muerte anunciada", sin que el Gobierno se interesara en "diagnosticar y hacer seguimiento" a amenazas tan visibles y evidentes de agentes del mismo Estado. El Doctor Josué Giraldo sería asesinado el 13 de octubre de 1996 y otros varios miembros del Comité se verían obligados a abandonar definitivamente la región en el mismo año.

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos recogimos nuestros aportes a la frustrada COMISION DE DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO y los trabajamos un poco más con el fin de que fueran conocidos por el público. En este libro se ofrecen varios de ellos: el diagnóstico general sobre los factores de violencia en el departamento del Meta; el análisis del Proceso 019; el análisis del Caso Ayure, como ejemplificación de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, y la base de datos sobre crímenes de lesa humanidad perpetradas en el Meta en la última década.

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El asesinato del Doctor Josué Giraldo Cardona, perpetrado el 13 de octubre de 1996, en Villavicencio, en presencia de sus dos hijas menores de edad y de un abogado estadounidense que lo acompañaba, constituía un episodio denso en significados.

Josué fue el Presidente del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta desde su fundación, pero, más que esto, había sido el alma de dicho Comité. Las múltiples amenazas de muerte de que fue objeto; las repetidas denuncias que hizo de esto ante diversos órganos del Estado; los ingentes esfuerzos de numerosos organismos internacionales por salvar su vida, que a la vista de todos se deslizaba por una pendiente de riesgos cada vez más evidentes; la temeridad de los victimarios, quienes, aunque se vieran descubiertos y denunciados, mostraban tener una confianza absoluta en los poderes estatales que los sustentan y protegen; la inacción del Gobierno y del Estado, en todas sus instancias, que, conociendo de antemano los movimientos de las fuerzas de muerte que avanzaban a plena luz contra su humanidad, les dejaban las manos libres para actuar; todo a su alrededor iba poniendo en evidencia, progresivamente, los mecanismos de una persecusión implacable que ya había cobrado numerosas vidas.

Pero en la otra cara de la moneda se revelaba también la calidad humana de alguien que, como Josué, en medio de la más furiosa tormenta desatada contra su vida, aquilataba su compromiso con la Vida y rumiaba en silencio el dolor de innumerables vidas destruídas, que le habían arrancado pedazos del alma, preguntándose en su intimidad si ceder ante sus victimarios, quienes le exigían abandonar el Llano, sus convicciones y su acción, ¿no era acaso "algo más terrible que la misma muerte"?.

Durante los meses de febrero y marzo de 1996, Josué estuvo fuera del país para "aplazar un poco su muerte" -según una expresión suya- y asistió en Europa a diversos eventos relacionados con la defensa de los derechos humanos. En Ginebra, Suiza, un abogado colombiano en el exilio, que conocía los altos riesgos que asediaban a Josué, le hizo una prolongada entrevista que tenía los rasgos de una biografía póstuma. Cerca de 200 días después, Josué era asesinado y aquella entrevista se convertiría en su más completa autobiografía. La transcripción de la misma, que además revela, con rasgos refinadamente humanos, capítulos escalofriantes de la historia del Meta en la última década, se ofrece como capítulo final de este libro. Sus revelaciones iluminan, complementan y refrendan, con el valor del testimonio, muchos de los episodios dolorosos de los demás capítulos.

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Recorrer las páginas de este libro puede dejar la sensación de pasar por una escalofriante pesadilla. Los adictos a nuestros medios masivos de "información" se negarán a creer que todo esto haya ocurrido, pues nada aquí se adapta a los esquemas de lectura de la realidad colombiana que los grandes Medios han introyectado en sus clientelas.

No deja de ser doloroso, por otra parte, descorrer los velos que dejan al descubierto los mecanismos y engranajes de un Terrorismo de Estado que afecta tan dañinamente el campo de nuestra esperanza, toda vez que los instrumentos protectores de la dignidad humana aparecen aquí convertidos en instrumentos destructores de la misma.

Lo ocurrido en el Meta en la última década no puede entenderse como una aglomeración caótica de factores violentos sin que una cierta lógica los estructure:

* hay relaciones innegables entre el auge político de la Unión Patriótica y la estrategia genocida desatada contra sus militantes y simpatizantes, extendida generosamente a toda organización popular, reivindicativa y humanitaria;

* hay relaciones innegables entre las grandes concentraciones de dinero y de poder, producto del narcotráfico, y la conformación de escuadrones de muerte articulados a la estrategia paramilitar del Estado;

* hay relaciones innegables entre la impunidad, sustentada en la omisión sistemática e imperdonable de los poderes ejecutivo y judicial, en todos sus niveles, y la ejecución exitosa y triunfante de una estrategia terrorista y genocida, apoyada en la acción clandestina del Estado;

* hay relaciones innegables entre la actividad de denuncia y de atención humanitaria a las víctimas, desarrollada por el Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, y la estrategia de exterminio -exitoso- a la cual se le sometió.

Como fruto evidente de todo esto, la sociedad del Meta no tiene alernativa. O se somete a sus "líderes tradicionales", expoliadores y genocidas, o debe prepararse para continuar sometida al terror y al exterminio. Evidentemente este mensaje no se difunde por sus emisoras ni sus periódicos. Utiliza más bien los canales subconscientes, a través de los cuales las colectividades y las personas asimilan compulsivamente lo que amenaza destruirlas, elaborando mecanismos de defensa que disfracen y maquillen sus consecuentes ineludibles esclavitudes.

Pero el llano, tristemente, es solo un paradigma y un reflejo de lo que le ocurre a Colombia entera.

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Al entregar este doloroso documento a numerosos lectores, lo hacemos con la convicción de que la esperanza está viva, aunque esté encadenada.

La última estrategia de las estructuras genocidas que buscan condicionar el futuro a sus inconfesables propósitos, es la estrategia del olvido. Este libro quiere afirmarse como una pequeña resistencia a esa perversa estrategia. Es derecho inalienable de todo pueblo y de toda colectividad conservar la memoria de sus sufrimientos y de sus víctimas.

La memoria de estos sufrimientos y el testimonio de quienes fueron destruidos por tan aterradora estrategia genocida, son patrimonio de la humanidad y llevan en sus despojos una semilla de resurrección, la que será fecunda en un "tiempo oportuno", cuando cesen los vendavales y las tinieblas y cuando una nueva claridad permita ver a la humanidad el horror de lo sucedido y recuperar lo sembrado por quienes fueron exterminados.

Javier Giraldo M., S. J.
Santafé de Bogotá, julio de 1997

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