Desde los márgenes

Página oficial de Javier Giraldo Moreno, S.J.

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Trujillo - Biopsia al cáncer de la justicia

marzo de 1995, por Javier Giraldo M. , S.J.

El caso Trujillo:
una biopsia al cáncer de la justicia

El 31 de enero de 1995, al recibir el Informe de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo, el Presidente Samper habló así:

``... Venimos a expresar una sincera contrición, a nombre de todos los colombianos, por este caso de sacrílega violencia ...

`Venimos, además, con un firme propósito de enmienda: el de que, ojalá nunca jamás, esta historia, la triste historia de Trujillo, se repita ...

``Acepto, como Presidente de Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado Colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo, sucedidos entre los años 1988 y 1991 ...’’

Palabras ciertamente insólitas, sin precedentes en nuestra historia.

Delegados de 18 entidades: siete del Gobierno, cuatro del Estado y siete de la sociedad civil, se sumergieron en el análisis de este crimen impune durante tres meses y entregaron al final un Informe de 200 páginas, cuyas 12 conclusiones afirmaron "con suficientes elementos de convicción", lo siguiente:

QUE EL ESTADO COLOMBIANO ES RESPONSABLE:

"por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los sucesos..."

"porque sus instancias judiciales y disciplinarias se abstuvieron de recaudar pruebas pertinentes, fallaron en contra de la realidad procesal y cometieron otras graves irregularidades que impidieron la identificación y sanción de los autores..."

por "la participación directa del por ese entonces Mayor del Ejército Nacional Alirio Antonio Urueña Jaramillo... y de otras personas, servidores públicos o particulares, que no han sido identificadas o que habiendo sido mencionadas en las investigaciones, no han sido vinculadas a los respectivos procesos, o que fueron absueltas"


QUE LOS ANALISIS FÁCTICOS Y JURÍDICOS REALIZADOS EVIDENCIAN ADEMAS:

Que tales sucesos "revelan conductas que constituyen delitos de lesa humanidad e infracciones graves a los principios del Derecho Internacional Humanitario";

que tales delitos "permanecen en la impunidad, con violación al derecho a la justicia que asiste a las víctimas";

que es "obligación del Estado colombiano reparar a las víctimas individualmente consideradas, así como a la población de Trujillo y a la sociedad colombiana, social y moralmente afectadas por estos hechos...";

que hay "dificultades para superar la impunidad en que se encuentran los sucesos violentos de Trujillo, tales como la prescripción, la cosa juzgada y otros motivos de orden jurídico e institucional" y que por lo tanto es necesario "continuar explorando vías que permitan superar esa situación";

que "algunos servidores públicos que participaron por acción u omisión en los sucesos... permanecen aún vinculados a la Fuerza Pública";

que persisten "múltiples factores y actores de violencia y delincuencia" en Trujillo, "deteriorando el tejido social y contribuyendo a la impunidad";

que se siguen ejerciendo "amenazas e intimidaciones... contra los testigos sobrevivientes";

que los hechos no hubieran sido tan graves "si el conjunto de las llamadas fuerzas vivas de la sociedad colombiana y las autoridades civiles, nacionales y regionales, hubieran emprendido los esfuerzos que demandaban las circunstancias o correspondían a sus competencias y atribuciones, para impedir la ruptura de la convivencia social y la comisión de los hechos atroces..."

Pero el CASO TRUJILLO continúa siendo paradójico: cuenta en su haber con el más explícito acto de contrición y el más categórico propósito de enmienda de gobernante alguno de Colombia, al tiempo que con el desafío más arrogante de la impunidad, la que se yergue triunfante, con la frente y los brazos en alto, sobre los cadáveres descuartizados de más de un centenar de víctimas. Hace recordar la Alegoría de la Victoria, dibujada en el siglo XVI por los hermanos Le Nain y conservada en el Museo del Louvre, de París, donde la Victoria aparece representada en una mujer semidesnuda y alada, que apoya sus pies, airosa, sobre el cuerpo yacente del vencido, en medio de un paisaje donde aún las montañas aparecen diminutas frente a su presencia agigantada y su pose señorial.

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Nuestra Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz ha vivido muy de cerca el Via Crucis de Trujillo:

+ acogimos a testigos cualificados de los hechos, quienes tuvieron que huir en los momentos más trágicos y últimos, antes de que azarosas circunstancias que los envolvían, los convirtieran en víctimas adicionales;

+ realizamos gestiones ante la Procuraduría para aportar elementos a las investigaciones, y rechazamos indignados su vergonzosa Resolución absolutoria;

+ distribuimos a numerosas entidades humanitarias, nacionales e internacionales, un documento testimonial y analítico, como llamado angustioso para evitar la impunidad, que ya avanzaba impávida y triunfante sobre una memoria aterradoramente dolorosa e hiriente;

+ agotados los caminos internos en la búsqueda de una justicia imposible, presentamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH ;

+ nos mostramos abiertos a escuchar una "propuesta de solución amistosa" que el Gobierno decidió formular bajo los auspicios de la CIDH, pero condicionándola a que se diera plena satisfacción al derecho a la justicia, contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos;

+ aceptamos la propuesta presentada por el Gobierno en la audiencia del 26 de septiembre/94, de conformar una comisión amplia de investigación de los hechos, pero con tres condiciones: 1) que no se calificara dicha propuesta como de "solución amistosa", sino como un paso exploratorio hacia una eventual solución amistosa; 2) que tal comisión presentara resultados antes de la sesión siguiente de la CIDH (febrero 95) y 3) que el trabajo de esa Comisión fuera acompañado por delegados de la CIDH, condiciones que fueron aceptadas por el Gobierno;

+ participamos en la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo y en el Comité Operativo de la misma, como representantes de las víctimas;

+ expusimos ante la CIDH, el 7 de febrero/95, en Washington, nuestra evaluación de la Comisión de Investigación y solicitamos que el caso permaneciera abierto, pues aún no ha sido reconocida la responsabilidad del Estado respecto a 73 víctimas; tampoco se ha puesto en práctica ninguna de las recomendaciones del Informe; la impunidad de los victimarios sigue siendo absoluta, y los testigos y familiares de las víctimas siguen intimidados y en alto riesgo de muerte.

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Para nosotros, el CASO TRUJILLO concentra y revela muchas realidades que vivimos en otras múltiples circunstancias. Es como un signo denso, cuyo espectro puede descomponerse en numerosas franjas ópticas:

en él confluyen, ante todo, diversas formas de violencia, que nos interpelan desde sus causas y "legitimaciones": la violencia política represiva y la de la "limpieza social", con sus intersecciones a veces difíciles de discernir, que ilegitiman profundamente al Estado vigente; la violencia guerrillera, con sus incursiones en campos de delincuencia común y con sus afanes, socialmente perjudiciales, de participar en protestas sociales lideradas por organizaciones no violentas; la violencia del narcotráfico, con su articulación al paramilitarismo y con sus túneles secretos y a veces transparentes que la ligan al aparato del Estado; la criminalización de la protesta social con sus efectos radicalmente destructores de la conciencia moral de la sociedad; la persecución religiosa que se da muchas veces cuando la Iglesia acoge legítimamente la promoción social, la denuncia de la injusticia y el apoyo a los movimientos y organizaciones de los pobres que buscan superar formas de dominación y esclavitud;

en él confluyen también los diversos estadios interdependientes de la impunidad:

el de la consumación de los hechos con características de clandestinidad, de despliegue de poderes contundentes y de intimidación paralizante;

el estadio de la guerra psicológica, con sus formas de terror generalizado e individualizado;

el estadio de las "investigaciones", con la combinación exitosa de ineficiencia y corrupción;

el estadio de la desinformación, con sus componentes de silencio, tergiversación, encubrimiento, enlodamiento de la memoria de las víctimas y estigmatización de los denunciantes;

el estadio del olvido, que recoge los cansancios, los miedos y las inercias y los funde en la convicción de lo "irracional" que resulta la búsqueda de "lo imposible";

en él confluyen también esfuerzos extraordinarios de resistencia, puestos en movimiento por no sabemos qué resortes subconscientes que despertaron reservas psíquicas y morales en seres y grupos humanos: desde la actitud decidida del testigo de excepción (un pobre hombre con su conciencia semidestruida en la práctica de la guerra sucia, asociado a las operaciones encubiertas e inconfesables de la Fuerza Pública, pero que aún conservaba capacidades recónditas de perplejidad y pudo escapar en los momentos más nauseabundos de la sevicia para contar los horrores de que fue testigo), pasando por el valor civil y en ocasiones heroico de familiares y de otros testigos que superaron formas extremas de intimidación; por el arrojo y la paciencia de abogados e investigadores que documentaron las denuncias; por la altura moral de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes mantuvieron abiertos los espacios jurídicos creados por un tratado internacional humanitario, hasta la capacidad de conmoción e indignación ante lo aberrante, que demostraron la mayoría de los miembros de la comisión extrajudicial de investigación.

En él confluyen también, como reflectores insomnes, los principios jurídicos que la humanidad ha conquistado a través de muchas décadas, como reacción ante sus experiencias históricas más dolorosas. Aquellos principios que nos ayudaron a leer lo sucedido en Trujillo como algo que afectó a la humanidad, dando expresión jurídica a realidades mucho antes experimentadas en lo más "humano" de nuestra "humanidad": lo que nos lleva a reaccionar solidariamente ante la destrucción brutal física o psíquica de otros seres humanos;

en él confluyen, finalmente, utopías de reconstrucción: el deseo profundamente humano de que lo injustamente destruido sea justamente restaurado; deseo canalizado a través de algunas de las recomendaciones del Informe final de la Comisión extrajudicial, que acogió propuestas llevadas ante la CIDH, de indemnizar también moralmente a las familias, a la población de Trujillo y a la sociedad colombiana, social y moralmente afectadas por estos hechos; de reparar la dignidad humana de las víctimas; de reconstruir los tejidos sociales deshechos. Deseos todos que luchan por incursionar en territorios ajenos a "Utopía".

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Pero a esta altura el lector se preguntará en qué consistieron los hechos mismos y cómo se desarrollaron los procesos que culminaron en la absolución de los culpables.

Lo que conocemos como la Masacre de Trujillo, es una cadena de crímenes que es perceptible, en cuanto acción sistemática, desde 1988; que tiene un clímax de horror entre marzo y abril de 1990 y un cierto epílogo abierto en mayo de 1991 cuando es desaparecido el testigo de excepción. Lo llamamos "epílogo abierto" porque aún no se ha dado el cierre, pues hasta agosto de 1994 se registran asesinatos y desapariciones perpetrados por el mismo conjunto de victimarios, los que siguen actuando hasta hoy con plena libertad en la zona.

El 28 de octubre de 1988 es asesinado Carlos Mejía a escasos metros del Comando de Policía de Trujillo, y su agresor se retira del escenario del crimen a paso lento y desafiante, como quien va asistido por una convicción plena de que nadie lo perseguirá, ya que quienes podrían perseguirlo ( y están a pocos pasos), con seguridad no lo harán. El día anterior la población de Trujillo había paralizado todas sus actividades atendiendo al llamado de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional, y la guerrilla había izado una bandera en un sitio público en respaldo a la protesta. Nadie dudó que el asesinato aleve de Don Carlos Mejía, sin reacción policial alguna, era una respuesta oficial al paro de la víspera, más clara aún si se tenía en cuenta que Trujillo estaba ese día bajo el control de numerosas patrullas policiales venidas de Tuluá a causa de los sucesos del día anterior.

Tal signo no era difícil de descifrar para la población: la presencia de la guerrilla en la zona se había hecho explícita; la protesta social se había evidenciado como manifestación de un consenso bastante generalizado; pero para la Fuerza Pública la protesta solo podía ser fruto de una acción de la guerrilla, y debía ser reprimida como tal, mediante acciones contundentes de "guerra sucia", es decir, con estrategias ajenas a toda ley, a todo Derecho y a la misma ética de la guerra, difuminando la autoría de tales acciones en fuerzas "oscuras" (mezcla de Fuerza Pública "no identificable" con actores/grupos privados) indemnes a toda persecución oficial, tanto militar como judicial. Esta era la descodificación lógica y evidente del asesinato de Don Carlos Mejía.

Pero al tiempo que se afirma, con signos evidentes, dicha estrategia, el año 88 registra casos recurrentes de acciones de "limpieza social", que se multiplican de manera alarmante en el año 89.

El 1 de julio/89 un sacerdote descubre, en la carretera que de Trujillo conduce al corregimiento de Huasanó, el cadáver torturado del joven Gilberto Hernández López, un muchacho pobre y adicto a la droga, que para comprar el "bazuco" robaba racimos de plátanos en las fincas. En la tarde del día anterior, agentes de la Policía lo sorprendieron con un racimo de plátanos robado y lo condujeron al Comando.

Algunas de las numerosas personas que presenciaron el hecho avisaron a su madre, quien procedió a prepararle algunos alimentos que le envió al Comando con una vecina, pues ella misma no fue porque estaba planchando ropa y se sentía acalorada. Gilberto consumió los alimentos y la vecina regresó a su casa. Hacia las 9 p.m. su madre se dirigió al Comando con el fin de llevarle algo para pasar la noche, pero ya la Policía negó que el muchacho hubiera sido detenido. Su madre solo volvería a ver su cuerpo al día siguiente, sin vida y con señales de tortura.

El 21 de enero/90, en la carretera que de Zarzal conduce a Obando, apareció asesinado Julián Restrepo Sánchez, otro joven que robaba para satisfacer su adición al bazuco. Habían sido públicas las denuncias y altercados de su familia con la Policía y con la Directora de la cárcel de Trujillo, pues se le negó atención médica adecuada luego de que las brutales torturas a que fue sometido le dejaran secuelas gravísimas, como pérdida del oído, de la voz y trastornos mentales. Luego de ser entregado a su familia en estado deplorable, tras haber perdido el oído, el habla y la mente, fue capturado otra vez clandestinamente y asesinado por miembros de la Policía, quienes abandonaron su cadáver en el cementerio de Roldanillo.

Numerosos jóvenes "bazuqueros" y "ladronzuelos" aparecieron muertos en Trujillo y sus alrededores entre 1988 y 1989. Era "vox populi" en Trujillo que la Policía había conformado un escuadrón de "limpieza social"; que patrullas del F 2 de Tuluá ejecutaban a los delincuentes en las noches, pero nadie se atrevía a denunciar los hechos, así los hubiera visto con sus propios ojos, pues "preferían vivir".

Las estructuras de administración de justicia parecieron estrechamente coordinadas con los victimarios, pues, fuera del acta de levantamiento de cada cadáver, no existe una sola diligencia más para investigar los hechos. Esas víctimas de la "limpieza social" recibieron un tratamiento por parte de los demás órganos del Estado, de "ratas de alcantarilla".

La población de Trujillo tuvo que ir asimilando, a su pesar, la convicción práctica de que no vivía en ningún "Estado de Derecho"; que si alguien cometía un delito, como consumir o vender droga o robar alimentos en alguna finca, no se le llevaría ante ningún fiscal ni juez, ni se le procesaría con arreglo a ningún código penal, sino que sería desaparecido/asesinado y muy probablemente torturado, así las leyes pregonasen otros procedimientos.

Pero, además, la población tuvo que aceptar, ante la fuerza contundente de los hechos, que también era "delito" protestar por algo, participar en una marcha, denunciar alguna injusticia o inscribirse en alguna organización reivindicativa o cooperativa. Todos estos "delitos" solo los podía inspirar la guerrilla y ésta estaba fuera de la ley, y para reprimirla o exterminarla no hacía falta respetar ninguna ley. Si la conciencia moral de la gente le inspiraba o exigía actitudes o compromisos como los mencionados antes, habría que optar entre vivir (biológicamente) y matar la conciencia, o conservar la conciencia viva y poner la vida física en alto riesgo. Multitudes de conciencias tuvieron que morir.

Pero antes de esto, la protesta social tuvo una última oportunidad el 29 de abril de 1990. Una marcha campesina recogió el descontento y las solicitudes angustiosas de comunidades rurales enteras, para pedir satisfacción a necesidades apremiantes: arreglos de vías, escuelas, servicios médicos, titulación de tierras y créditos. La tesis de que protestas como ésta solo puedan provenir de la guerrilla y que sus promotores y participantes deben ser estigmatizados y perseguidos, se hizo esta vez más contundente: cierre brutal del parque elegido como meta de la marcha; detención de los lideres e intimidación extrema a los mismos hasta obligarlos a revertir el movimiento; disparos a un transformador para suspender el fluido eléctrico y producir una balacera en la noche que aterrorizara a quienes persistían en la protesta; decomiso de todos los alimentos y cerco por hambre a los manifestantes. Solo así la población quedaría convencida de que la protesta social es un "delito" que jamás deberían intentar cometer de nuevo. Los desarrollos posteriores les demostrarían, además, que tal "delito" tenía "pena de muerte".

Las organizaciones campesinas y sus líderes y activistas, los transportadores a zonas rurales, los miembros de empresas comunitarias, los sacerdotes de la Parroquia y los agentes de pastoral, quedarían "marcados" desde entonces como convictos de pena de muerte, por haber participado o respaldado la marcha, e irían muriendo, a bala, durante el año 89 y principios del 90, muertes que se fueron alternando con las de la "limpieza social", en una interminable orgía de sangre.

Todo esto llegó a un clímax de horror entre marzo y abril del año 90. Los operativos militares organizados en el departamento del Valle para vigilar el debate electoral, incluyeron grupos de búsqueda de células guerrilleras que tenían presencia en zonas rurales de Trujillo.

El 29 de marzo encontraron una y se enfrentaron, dejando tal combate 7 militares muertos. La reacción no se hizo esperar. Un guerrillero fue capturado al día siguiente y, en medio de las torturas, pronunció muchas veces "" ante enormes listados que le fueron presentados. Desde la hacienda de un poderoso narcotraficante, donde estaba acantonado el Ejército, salió hacia la media noche una caravana de militares y paramilitares y regresaron al amanecer con 11 personas, sacadas violentamente de sus humildes viviendas mientras dormían.

Al día siguiente, luego de desayunar, el Mayor del Ejército Alirio Antonio Urueña Jaramillo, ayudado por militares y paramilitares, descuartizó a las 11 personas con una motosierra, no sin antes someterlas a otras torturas caracterizadas por derroche de sevicia y de morbosidad. Al día siguiente la Policía de Tuluá sacaba de su taller, ubicado en la plaza de Trujillo a 5 ebanistas, y los entregaba, luego de largos interrogatorios, al Mayor Urueña, para que los descuartizara en la misma hacienda.

Este ciclo de horror hace un cierre parcial el 23 de abril, cuando aparece en las aguas del río Cauca el cadáver descuartizado del Padre Tiberio Fernández, Párroco de Trujillo. Desde el 17 del mismo mes había desaparecido con 3 acompañantes: una sobrina suya y dos empleados de la Parroquia, cuyos cadáveres nunca fueron hallados.

A escasas 24 horas de la desaparición forzada del Padre Tiberio, era enviado al Comando de Policía del Valle un " informe de inteligencia " de la DIJIN, desde el fax de una empresa reconocidamente ligada al narcotráfico, donde se le hacía aparecer como colaborador de la guerrilla y poco afecto a los militares.

Líder campesino en su juventud, fue el Padre Tiberio un hombre dinámico y de fina sensibilidad social. Había creado en su Parroquia de Trujillo 20 empresas comunitarias, entre rurales y urbanas, que beneficiaban a más de 500 personas. Todo esto y su apoyo a la marcha campesina preparó su sentencia de muerte. Denuncio valientemente el baño de sangre que luego lo alcanzaría a él mismo, y ante las persistentes amenazas de que fue objeto en las últimas semanas, prefirió no huir para no dejar a sus ovejas desamparadas ante el lobo que las devoraba. Para "legitimar" su muerte ex post facto, su memoria fue enlodada con toda clase de viles calumnias por parte de policías, militares, jueces, procuradores y periodistas.

Un testigo que presenció los hechos más brutales de este ciclo, sería posteriormente el puntal clave para introducir un reflector de alta potencia en el oscuro antro donde pretendieron esconderse definitivamente del escrutinio de la historia estos macabros acontecimientos. Daniel Arcila Cardona, luego de prestar su servicio militar en Pereira, aceptó la invitación a trabajar como "informante" del Ejército.

La halagüeña oferta del Mayor Alirio Antonio Urueña, quien ofreció pagarle cien mil pesos de recompensa por cada arma de la guerrilla que ayudara a decomisar, fue un señuelo para su pobreza. Circunstancias fortuitas lo colocaron en la zona de combate entre militares y guerrilleros el 29 de marzo del 90 y allí vio la oportunidad de ejercer a cabalidad su oficio de "informante".

Los militares lo vincularon como conductor a las capturas ilegales de aquellos días y por ello pudo presenciar las torturas y los descuartizamientos e incluso condujo hasta el río Cauca los cuerpos mutilados de las víctimas. El temor fundado de que iban a deshacerse de él porque "había visto demasiado", y el hecho de reconocer a alguno de sus parientes lejanos entre las víctimas, lo movió a huir del escenario, impulsado por sentimientos aún confusos de horror, sentimientos que luego se afianzarían a la luz de reflexiones elementales y lo llevarían a repudiar lo que él mismo había ayudado a perpetrar, y a denunciar tales horrores ante otras autoridades.

Daniel moriría también descuartizado, cuando se atrevió a regresar a Trujillo a visitar a su padre y fue atrapado por la Policía del lugar el 5 de mayo de 1991. Un testigo de su muerte narró posteriormente, en un cassette, la inconcebible morbosidad de sus victimarios.

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Tras el "cierre parcial" de la Masacre de Trujillo, se iniciaría el ciclo de confección de un montaje judicial. Este se fabricaría a la manera de un tejido tramado con hilos podridos, pero que adquiriría fácilmente la apariencia de una pieza consistente, cuando fuera exhibida en el gigantesco depósito putrefacto de la "justicia" colombiana, sellada con etiqueta de "sentencia ejecutoriada".

La máquina textil estaba ya adaptada para manejar ese tipo de hilos podridos. Muchos procedimientos consolidados de "guerra sucia" que habían hecho larga carrera en Colombia, fueron aplicados allí cautelosamente: el uso de personal civil, de trajes civiles, de carros particulares y de haciendas privadas para practicar allanamientos, capturas y retenciones en zonas altamente militarizadas, deja siempre la posibilidad de atribuir a " autores desconocidos " lo que se hace bajo la autoridad del Estado en el momento de someter a las víctimas y de paralizar a los testigos.

Así no es necesario dejar órdenes o constancias escritas de actos antijurídicos, los que quedarán sustraídos de antemano a los procedimientos judiciales de rigor. Así, cuando el juez revise los libros de minuta de las guarniciones militares y policiales, no encontrará " mérito alguno " para abrir investigaciones formales contra la Fuerza Pública y abrirá entonces " actuaciones preliminares contra desconocidos ", sometidas a reserva sumarial y sustraídas a todo control de la parte ofendida, actuaciones que dormirán en calma hasta el momento de la " prescripción" o del " archivo " prematuro, gracias a medidas descongestionantes de la "justicia".

La vía probatoria solo podría apoyarse en el testimonio juramentado de testigos que identifiquen a los victimarios, pero para evitar esto se utilizan las máscaras y capuchas, el escenario oscuro de la noche y el anuncio oportuno a familiares y testigos de que cualquier denuncia o testimonio les haría correr la misma suerte de la víctima.

El Mayor Urueña y los 150 miembros del Ejército que controlaron el escenario de los crímenes de Trujillo entre marzo y abril del 90, gracias a que detentaban la autoridad del Estado, pudieron movilizarse en una zona bajo su riguroso control, sin ser molestados por ninguna otra autoridad, como consta en autos; gracias a que detentaban la autoridad del Estado, pudieron utilizar carros particulares suministrados por los narcotraficantes, pues ninguna otra autoridad que no estuviera bajo su control intentaría identificarlos o requisarlos en los caminos o buscaría averiguar sus destinos o móviles; gracias a que detentaban la autoridad del Estado, pudieron utilizar haciendas privadas para sus macabras orgías de sangre y de horror, con la seguridad plena de que ninguna eventual autoridad, fuera de su control, acudiría a los gritos de las víctimas o intentaría allanar inoportunamente el lugar de los tormentos; gracias a que detentaban la autoridad del Estado, quienes buscaban cadáveres en el río fueron amenazados de muerte, sin riesgo alguno de que otra eventual autoridad, fuera de su control, investigara tales amenazas; gracias a que detentaban la autoridad del Estado, sus aliados narcotraficantes y sicarios pudieron intimidar y aterrorizar a los testigos, capturar a familiares de éstos a escasos metros de los cuarteles e impedir así que declararan en su contra; gracias a que detentaban la autoridad del Estado, pudieron transportar los cadáveres mutilados y arrojarlos al río Cauca, sin temor alguno de que algún eventual retén de autoridades fuera de su control requisara los camiones o descubriera pistas conducentes a la identificación de los asesinos.

El procedimiento adicional de arrojar al río los cadáveres descuartizados parece revelar un doble objetivo: impedir la identificación de las víctimas, lanzándolas así a las tinieblas de una indefinición existencial, que sustrae el cuerpo del delito al mismo proceso judicial, y lograr un efecto psicológico de terror generalizado sobre la población, preparando así el escalón siguiente de la impunidad.

Las primeras diligencias de jueces y procuradores rodaron, sin contratiempos, sobre los engranajes bien lubricados de dicha maquinaria de impunidad: recepción de declaraciones a quienes no vieron ni oyeron y que estaban, además, amenazados y aterrorizados; búsqueda de órdenes inexistentes de allanamientos y capturas en los libros oficiales; recepción de versiones libres a presuntos victimarios, quienes tienen " todo en regla " para demostrar su " inocencia ".

Pero algo no buscado por la "justicia" ni fácilmente previsible dentro de los mecanismos de la "guerra sucia", comenzó a complicar el proceso judicial: el testimonio de Daniel Arcila.

Danielnohabía muerto en el momento calculado por los victimarios y esa " falla " se convirtió en una pesadilla para ellos.

Cuando el 2 de abril Daniel transbordó a los 5 ebanistas, detenidos en esa misma mañana por agentes del F 2 de Tuluá, y los condujo a la hacienda Las Violetas para ponerlos en manos del Mayor Urueña, ya iba pensando en su fuga. Esa mañana, mientras fingía dormir en una banca, alcanzó a escuchar la conversación entre dos hombres de la hacienda (¿militares?, ¿paramilitares?, no se sabe) que hablaban de la necesidad de asesinarlo, pues "ya sabía demasiado". Aprovechando entonces la concentración morbosa de todo el personal sobre el espectáculo de tortura y descuartizamiento de los ebanistas, Daniel se fugó.

El testimonio de Daniel, rendido y ratificado repetidas veces ante diversas instancias de la "justicia", aportaba un eje o "hilo conductor" que daba perfecta coherencia a los numerosos pequeños detalles dispersos de otros testigos sin aparente valor probatorio. Esos otros numerosos detalles habían sido aportados por familiares y otras personas, quienes declararon, heroicamente, bajo la presión de múltiples amenazas y en un clima de terror, lo poco que habían podido guardar en su memoria, de hechos perpetrados dentro de espesas tinieblas.

Frente a este embrollo inesperado que parecía entorpecer el funcionamiento de la maquinaria de la impunidad, jueces y procuradores optaron por aislar el testimonio de Arcila y negarse rotundamente a confrontarlo con los demás. El conjunto de los demás testimonios, dada su precariedad y dispersión, poco aportaba al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los victimarios, pero el de Arcila era el de una persona que había visto con sus propios ojos lo sucedido en los momentos más horrendos de la Masacre y que, inexplicablemente, estaba vivo. Luego de aislarlo de los demás, era necesario anularlo.

Para esto, la única estrategia posible sería la de destruir al testigo mismo (un ataque "ad hominem "), pues la estrategia de discutir la objetividad de los hechos mismos denunciados por Daniel (un ataque " ad rem ") los llevaría a un camino sin salida, ya que se verían obligados a poner en relación lo dicho por Daniel con lo dicho por los demás y a ordenar el recaudo de pruebas objetivas. Tal camino pondría en alto riesgo la impunidad.

Era, pues, necesario, destruir a Daniel. Pero ya que su destrucción física "había fallado por un error de cálculo", la única posible ahora era su destrucción moral. Había que probar su ineptitud psíquica y moral para ser "testigo".

El juez de la causa el Dr. Ezequiel Sanabria, Juez III de Orden Público quien para ese entonces ya actuaba en estrecha coordinación con los victimarios (militares, narcotraficantes y sicarios) como se comprobó posteriormente, ordenó a petición formal de uno de los abogados de la parte acusada, que a Daniel le fuera practicado un examen psiquiátrico.

El Doctor Lisandro Durán Robles, quien fuera Jefe de la Sección de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal y por varios años docente universitario de Psiquiatría Forense, había enseñado a sus alumnos que un requisito elemental para emitir un experticio legal, era ceñirse estrictamente al cuestionario enviado por el juez, dado que la opinión del experto debe ser eminentemente técnica y precisa, y mantenerse dentro de su estricta competencia.

Pero el Doctor Durán Robles "olvidó" cumplir él mismo con eso requisito. En el oficio con el que remite al juez el dictamen psiquiátrico sobre Daniel Arcila, el 16 de julio de 1990, reconoce no haber recibido ningún cuestionario del juez. La falta de este requisito, según los juristas, hacía tal prueba "inexistente" judicialmente. Sin embargo, el dictamen fue aceptado y tomado como base fundamental de sus fallos, tanto por el Juez Tercero de Orden Público, como por la Procuradora Delegada para Derechos Humanos. Esta última lo recibió en calidad de "prueba trasladada", pero nunca se preguntó siquiera si había constituido prueba válida en el proceso penal, de donde lo tomó.

Además, el Doctor Duran Robles afirma, en su Dictamen, que una de las "técnicas" que utilizó fue la de leerse las fotocopias de las declaraciones de Daniel ante el juez. A juicio de los expertos, tal procedimiento es anti-ético, pues tratándose de un experticio psiquiátrico, ello inhibe la presumible neutralidad del experto.

Se supone, entonces, que el Doctor Durán, para elegir el tópico sobre el cual debía pronunciarse científicamente, al examinar a Daniel Arcila, debió apoyarse en solicitudes verbales, no sabemos de quién, o de quiénes, de las cuales no quedó ninguna constancia escrita. La otra alternativa sería mas absurda aún: que hubiera elegido dicho tópico al azar.

El examen practicado a Daniel el 12 de julio del 90, debió durar hora y media, según el Doctor Durán, aunque según cálculos hechos por analistas sobre otras constancias, no duraría más de media hora.

El Dictamen, fruto del mismo, tiene dos partes: el status mental del "paciente" y un "diagnóstico de su personalidad". Frente a lo primero, Daniel aparece como una persona absolutamente normal (consciente y orientado en tiempo, lugar y persona. Afecto frío. Pensamiento racional, de curso normal y sin ideación delirante. Inteligencia media baja. Juicio ajustado a la realidad. Senso percepciones sin alteraciones. Memoria normal. Atención bien dirigida. Conación normal. Prospección adecuada (""). Frente a lo segundo, aparece con una personalidad "paranoide, sociopática y dependiente".

Cuando la Comisión extrajudicial, asesorada por psiquiatras y psicólogos, analizó este dictamen, encontró que las dos conclusiones son contradictorias, pues al menos algunos rasgos de la "personalidad" descrita son "sociodistónicos" y se deberían haber detectado en la primera parte del examen.

Pero la Comisión cuestionó, fundamentalmente, la audacia del Doctor Durán, al emitir un "diagnóstico de personalidad" tras una fugaz entrevista de poco más de una hora, y apoyándose, además, en una técnica sumamente discutible e incierta (el "dibujo de la figura humana" o "Prueba de Machover") que por sí sola no puede conducir a ninguna conclusión.

No se necesita ser psiquiatra ni psicólogo para rechazar la absurda pretensión de emitir un "diagnóstico de personalidad" en una entrevista de hora y media, sin ninguna observación diacrónica de comportamientos; sin entrevistas seriadas y diversificadas; sin conocimiento alguno del ambiente, familia, amistades, ocupaciones, historia, tensiones y tragedias, y sin entrevistar a otras personas que convivieran con el supuesto "paciente".

Tan absurda pretensión reduciría el psiquismo humano, tan rico y complejo, al nivel de las más elementales reacciones físico químicas; a un determinismo fixista donde sería imposible reconocer espacio alguno para la libertad y la historicidad del ser humano. Tal género de "psiquiatría" es absolutamente repudiable y no merece tal nombre.

Pero, además, el "Dictamen" llega a excesos inconcebibles de "diagnóstico", como el de calificar a la madre de Daniel de "psicótica", sin haberla visto jamás, apoyado quizás en alguna inferencia verbal de la fugaz entrevista.

Y mientras el Doctor Durán confeccionaba su Dictamen en Bogotá, el Juez 16 Penal Militar, Doctor Juan de Dios Hincapié Gutiérrez, adscrito al Batallón Palacé de Buga, fabricaba otras "pruebas" que aparecerían luego coherentes con el Dictamen: el padre de Daniel y un primo suyo "declararon" que éste era "mentiroso desde niño" e "inclinado a la mentira". Otras dos personas "desmintieron" ante dicho Juez Penal Militar dos afirmaciones secundarias hechas por Daniel en sus relatos, y lo calificaban de "inclinado a la mentira". Estas piezas, trasladadas en fotocopias a los otros expedientes, serían el mayor soporte del Dictamen para anular de antemano el testimonio de Daniel y evitar su confrontación con los demás testimonios y pruebas fácticas.

Solo después de la desaparición de Daniel se sabría que tales "pruebas" fueron fabricadas mediante una combinación perversa de amenazas de muerte y ofertas monetarias. El padre de Daniel había sido retenido por orden del Mayor Urueña y llevado al Batallón Palacé (donde tenía también su asiento el Juez 16 Penal Militar) y obligado a firmar las amañadas "declaraciones". Antes de ser conducido al Batallón, el Señor Arcila alcanzó a comunicarse con su esposa y a darle instrucciones acerca de dónde poner la denuncia si no volvía a aparecer.

Entre tanto el Juez III de Orden Público montaba guardia frente a su expediente para que no se introdujera en él ninguna otra prueba que pusiera en riesgo la impunidad. Así, cuando en agosto/90 un colaborador cercano del Padre Tiberio Fernández (Párroco masacrado) se acercó a rendir su testimonio, el Juez inició la diligencia hasta lograr identificar plenamente al declarante, y luego la suspendió "para continuarla al día siguiente". Dos horas después, la madre del declarante era retenida en Trujillo por lugartenientes de uno de los narcotraficantes incursos en los crímenes, quien tenía ya en sus manos los más minuciosos detalles de la declaración iniciada esa mañana, y el declarante fue obligado, por teléfono, a prometer que suspendería su testimonio para evitar el exterminio de toda su familia.

Entre tanto en la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, el Doctor Orlando Pinilla, quien llevaba el proceso disciplinario, mostraba un afán extraño de "cerrar" el proceso y logró convencer a Daniel Arcila de abstenerse de nuevas ampliaciones de su declaración, ante la insistencia de este testigo para dejar consignados detalles que había olvidado en sus primeras declaraciones. El Doctor Pinilla le argumentaba que esas ampliaciones retardarían innecesariamente el fallo que se disponía a sancionar a los culpables.

Con el "Dictamen" y sus complementos ya consolidadas, los abogados que lo habían solicitado hicieron un festín. Apoyándose en la "personalidad patológica" del testigo, abundaron en discursos (conservados textualmente en los expedientes) sobre su "ineptitud" para ser testigo y sobre la imposibilidad de dar crédito a sus palabras. El Juez Tercero de Orden Público erigió el "dictamen" en pieza clave y fundamento de su fallo absolutorio, y la Procuradora Delegada de Derechos Humanos, Dra. Tahí Barrios, no solo le atribuyó plena validez jurídica (sin examinar ésta dentro del proceso de donde la había fotocopiado) sino que se consideró eximida, por dicho "dictamen" con sus complementos, de confrontar el testimonio de Daniel con los demás testimonios y pruebas, pues la "personalidad" del declarante hacía descartar de antemano cualquier credibilidad a sus palabras.

La apelación del fallo absolutorio de primera instancia por parte de la Fiscal Delegada del Ministerio Público, hizo que el caso llegara a conocimiento del Tribunal Superior de Orden Público. Este órgano se vería obligado a revaluar el testimonio de Daniel, así como a subsanar numerosos errores jurídicos del Juez de Primera instancia, pero sin embargo confrontó el testimonio de Daniel con las "declaraciones" fabricadas por el Juzgado Penal Militar, las que sirvieron para restarle fuerza. A juicio del Tribunal, el testimonio de Daniel, con tales bemoles, y dado su carácter de "única prueba de cargo", no daba suficientes elementos para condenar. La absolución fue, entonces confirmada.

Con tal conjunto de hilos podridos fue tejido, entonces, el fallo de la "justicia". La bien lubricada maquinaria de la impunidad funcionó perfectamente: no hizo reventar ninguno de esos hilos, en el proceso de tramado, a pesar de su podredumbre. Nuestra "justicia entregaba así a la historia, una "sentencia ejecutoriada" que condenaba moralmente el horror de la masacre, pero dejaba impunes a todos los victimarios.

Para reivindicarse como "justicia", remitía de nuevo el expediente a las instancias de instrucción, para que reorientaran la investigación y la dirigieran "contra desconocidos", pues estos sí eran los verdaderos culpables de tan horrendos crímenes.

Al reorientar así el proceso, la "justicia" volvería a encarrilarse en los fueros de la "guerra sucia", pues en ésta todo había sido diseñado de manera coherente, y la "justicia" era una pieza clave en el engranaje de dicha guerra. El mayor servicio que la "justicia" podía prestar a la "guerra sucia", o el mejor modo de introyectar en la "justicia" los mecanismos de la "guerra sucia" era limitarse a juzgar a desconocidos.

Realmente el Caso Trujillo revela, con claridad meridiana, la manera como la "justicia" se articula al engranaje de la "guerra sucia". Solo de manera excepcional, las investigaciones judiciales sobre crímenes de Estado cuentan con algún testigo presencial que escapa a los calculados controles de los victimarios, como fue Daniel Arcila, aunque allí también se reveló el método para aislarlo y anularlo, moral y judicialmente, mientras se hacía posible su exterminio físico.

Pero si se extrae esa pieza del proceso, éste se ajusta al género de "investigaciones" determinadas de antemano a producir efectos de impunidad, cuyo principio rector es: investigar los hechos bajo el supuesto de que fueron perpetrados dentro de los marcos legales y dentro de circunstancias sociales normales.

Por eso se buscan constancias legales en libros oficiales; se descarga el peso de las pruebas en las declaraciones que puedan rendir los familiares y vecinos de las víctimas, suponiendo que tuvieron que ver e identificar plenamente a todos los victimarios y haciendo caso omiso de las amenazas y el terror que pesa sobre ellos, culpabilizándolos, además, por el fracaso de las "investigaciones", "porque no dan informaciones valiosas y concretas", descargando, finalmente, sobre familiares y vecinos la culpa de las absoluciones y archivos.

Es evidente que encauzar las "investigaciones" por esos caminos clásicos pero bloqueados por los mecanismos de la "guerra sucia" es optar de antemano por su fracaso. La Masacre de Trujillo, ocurrida en una zona altamente militarizada, al menos durante las semanas de los hechos más protuberantes, debería haber llevado a los "investigadores" a seguir las huellas de indicios e inferencias como éstas:

la presencia de los sindicados en la zona y la relación entre esa presencia y la ocurrencia de los hechos (Aún más: el total control, por ellos, de la zona);

las relaciones: móviles/victimarios y móviles/víctimas. Los "informes de inteligencia" del Ejército y de la Policía acusan "ex post facto" a casi todas las Víctimas como "subversivas" y se dedican a estigmatizarlas, sin mostrar interés alguno en descubrir quién las desapareció o asesinó, en discursos que difícilmente podrían no interpretarse como afán de "legitimar" los crímenes. La Procuradora Delegada para Derechos Humanos entra en el mismo juego, aceptando sin cuestionamiento alguno, como pruebas válidas, los "informes de inteligencia" que obran en los procesos y arguyendo, entre líneas, que si eran "subversivos" su muerte se justificaría o no valía la pena investigarla.

el análisis de los descargos no satisfactorios (Las "explicaciones" dadas por los Comandantes en sus descargos producen más interrogantes que los que resuelven, sin que esto haya inquietado en lo más mínimo a los "investigadores");

la información que pudieran suministrar las declaraciones de todos los miembros de la tropa y de los civiles que debieron estar presentes a su lado (los paramilitares). Es aberrante que, a pesar de haber estado en la zona 150 miembros del Ejército, como consta en autos, no se les haya llamado siquiera a declarar.

Cuando este acabado producto de la "justicia" colombiana pasó a examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno retomó las conclusiones básicas en su defensa: la justicia ya había actuado pero, si bien había absuelto a unos presuntos culpables, algunos de los cuales eran agentes del Estado, dado que la única prueba existente contra ellos era el testimonio de un enfermo mental, el caso seguía abierto contra "desconocidos".

Varios miembros de la Alta Comisión, algunos de ellos formados en el Derecho anglosajón, consideraron muy grave el hecho de descartar el testimonio de un testigo presencial. Exigieron, pues, al Gobierno colombiano, enviarles fotocopias de los exámenes psiquiátricos practicados al testigo. La inconsistencia de nuestra "justicia" comenzaba a quedar al desnudo ante el alto organismo intergubernamental, y en forma vergonzosa.

El Gobierno echó mano, entonces, de la fórmula de "solución amistosa", prevista en la Convención. Se evitaba así que continuara el escrutinio de tan aberrante "justicia" ante un organismo de tan alta investidura y, sobre todo, que el caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, los emisarios del Gobierno no tenían ya argumentos para defenderlo ante la CIDH y daban la impresión de sentir ya profundas incomodidades y vergüenzas.

*****************

La COMISION DE INVESTIGACION DE LOS SUCESOS VIOLENTOS DE TRUJILLO, fruto del Acta de Entendimiento firmada en Washington entre la delegación del Gobierno (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos) y nuestra Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el 26 de septiembre de 1994, y refrendada por el Decreto Presidencial No.2771 del 20 de diciembre/94, no tenía precedentes.

Aunque fue fruto de un largo proceso durante el cual el Gobierno avaló repetidas veces los vergonzosos resultados de una "justicia" podrida, hasta agotar la "defensa" de lo indefendible, y fruto también de un contexto internacional en que la situación de los derechos humanos en Colombia se iba situando en el "ojo del huracán", anunciaba, al menos como hecho puntual, un cambio de tratamiento a casos horrendos como éste.

Dicha Comisión tuvo el mérito de examinar el vergonzoso tejido y de poner al desnudo su podredumbre con sinceridad y valentía. Sus Conclusiones y Recomendaciones tuvieron el efecto de anunciar que al menos una gota de esperanza caía en un mar de impunidad.

La Comisión trabajó, sin embargo, con fuertes limitaciones. Fue prácticamente imposible ir más allá del análisis de los expedientes ya fallados. El tiempo limitado con que contaba la Comisión y ciertas repulsas de algunos de sus integrantes para hacer presencia en la zona flagelada, para entrar en contacto con los escenarios de los acontecimientos, con las familias de las víctimas y con la población en general, marcaron esos límites.

Aunque se creó una Unidad Investigativa que se desplazó por algunos días a la zona, ciertos malentendidos del comienzo llevaron a darle carácter judicial a dicho Unidad y por ello sus actuaciones tuvieron reserva sumarial para la misma Comisión.

En efecto, la creación de la Comisión produjo como primer resultado el que la Fiscalía desempolvara el expediente penal "contra desconocidos" que dormía plácidamente en sus anaqueles desde hacía más de 3 años y canalizó esa reactivación a través de la Unidad Investigativa creada por la Comisión. Esto hizo que la Comisión solo tuviera acceso a 6 testimonios directos, recibidos extrajudicialmente por miembros de la misma Comisión, dos de ellos rendidos por miembros de la Fuerza Pública.

Luego de llegar a conclusiones muy claras, tras el análisis de los expedientes, sobre la responsabilidad del Estado en los crímenes por acción y omisión , sobre la plena validez del testimonio de Daniel Arcila y sobre la invalidez científica y judicial del "dictamen psiquiátrico" que se emitió sobre él, la Comisión tuvo que enfrentar en su seno dos profundas contradicciones:

* La primera tenía relación con el número de víctimas. El testimonio de Daniel ponía la desnudo una maquinaria de muerte sostenida en un trípode: Fuerza Pública, narcotraficantes locales y sicarios al servicio de los dos grupos anteriores, que actuaban como estructura paramilitar bien coordinada. Pero Daniel solo había alcanzado a presenciar directamente, en su fugaz permanencia en el fondo del infierno, unas pocas ejecuciones y sentencias.

Los demás casos, al no quedar consignados en su relato explícito, quedaban recubiertos por los férreos mecanismos de impunidad antes descritos. En los expedientes solo quedaron Actas de Levantamiento de cadáveres o fugaces menciones de los nombres de las víctimas. Para el Gobierno no fue suficiente que quedara al desnudo la maquinaria productora de los crímenes; tampoco quiso aceptar que la responsabilidad era mayor cuando los casos se archivaron sin investigarse, dándole a las víctimas el trato de "ratas de alcantarilla".

El Gobierno se negó rotundamente a reconocer su responsabilidad en los casos en que ésta no quedó plena e individualmente probada. Solo se logró que los otros casos quedaran como casos abiertos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejando su futuro esclarecimiento a cargo de la Fiscalía y de la Procuraduría.

* La segunda contradicción tenía que ver con las posibles salidas al problema de la impunidad.

Durante su último período, la Comisión conformó comités especializados de trabajo, con miras a formular Recomendaciones precisas al Gobierno, como está previsto en el Acta de Entendimiento y en el Decreto presidencial. Pero la exploración de caminos para superar la impunidad fue deprimente.

El principio de "cosa juzgada" hacía que aquel tejido tramado con hilos podridos tuviera una consistencia jurídica equivalente a la de un tejido de hilos de acero, al menos durante largos períodos. Para ello solo se encontró como solución, dentro del orden jurídico interno, la "Acción de Revisión" ante la Corte Suprema, la cual demandaría largos períodos procesales (de incalculable número de años) con resultados bastante inciertos.

La impresión de muchos miembros de la Comisión era la de que nos encontrábamos ante una profunda paradoja: los principios y mecanismos de administración de justicia se habían convertido en un obstáculo para que hubiera justicia.

Nos acordamos mucho de aquella fábula de unos hombres que construyeron una escalera para acceder a un tesoro escondido en la cima de una roca inaccesible, pero se embelesaron tanto en el juego de subir y bajar peldaños que se olvidaron definitivamente del tesoro. Esa fue nuestra sensación: los medios se habían convertido en fines; los principios procesales ahora hacían imposible la justicia. Leído esto desde el Evangelio, el hombre quedaba subordinado al sábado en lugar de ser "el sábado para el hombre".

Un psicólogo que asistió a algunas de las reuniones de la Comisión, con el fin de hacer algunos aportes al análisis del "dictamen psiquiátrico" sobre Daniel Arcila, comentó al salir que veía al grupo de comisionados demasiado dependientes de un ídolo invisible que los esclavizaba: "el legalismo procesal".

Había imaginado que al tratarse de una comisión extrajudicial, los legalismos serían allí más relativizados y adquirirían mayor relevancia la dimensión humana de las víctimas, los análisis éticos y las soluciones humanistas. Manifestó, sin embargo, su extrañeza por la ausencia de las víctimas, de su memoria, de los problemas de sus familias, en la sala de sesiones. Ante él apareció ese ejercicio del Derecho como una rama seca, privada de savia ética y humanista, como si hubiera sido arrancada de su suelo nutricio.

El principio de "Cosa Juzgada", dentro de un sistema de administración de justicia que funcione con rectitud y honestidad, es un principio que mira a proteger a las personas contra persecuciones injustas y arbitrarias de sus enemigos o adversarios, pero dentro de un sistema de administración de justicia corrupto o funcionalizado a los mecanismos de una "guerra sucia", solo sirve como cofre de acero para esconder un tejido podrido.

Con todo, uno de los comités de trabajo dentro de la Comisión, exploró otros caminos de justicia: apoyándose en el carácter de "crímenes de lesa humanidad" y de "infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario" (lo que equivale a "Crímenes de Guerra") que revistieron los hechos violentos de Trujillo (Cfr. conclusión No. 5 del Informe final) y, por lo tanto, en su condición de delitos de carácter internacional, el comité consideró que debían ser enjuiciados bajo los principios y procedimientos del Derecho Penal Internacional y por un Tribunal Internacional.

Dicho comité hizo una recopilación de las normas de Derecho Internacional aplicables en este caso, muchas de ellas extraídas de tratados firmados y ratificados por Colombia, y otras extraídas del Derecho Internacional Consuetudinario, formulado en declaraciones solemnes de las Naciones Unidas y de la OEA. Si bien dicho comité era consciente de que no existe en el momento una instancia judicial internacional permanente que aplique dichos principios y normas, también era consciente de que, cuando las circunstancias han demostrado su necesidad, se han creado tribunales "ad hoc", los más recientes de los cuales son los que están funcionando actualmente en La Haya para los casos de la ex Yugoslavia y de Ruanda, creados por el Consejo de Seguridad de la ONU, en aplicación de principios ya muy consolidadas del Derecho Penal Internacional.

Una vez que se fue vislumbrando esta posibilidad, el Gobierno se opuso rotundamente, en el seno de la Comisión, a que esto fuera considerado. Frente a esto las opiniones se dividieron y el asunto llegó, polémicamente, hasta la plenaria final, donde fue necesario acudir al mecanismo de la votación y ésta dio como resultado un empate. Lamentablemente, se frustró así la posibilidad de intentar un camino hacia la justicia, que podría superar los escollos internos.

La comisión dejó consignado entonces, en su octava conclusión, su pesimismo frente a una real superación de la impunidad en este caso: "La Comisión expresa su preocupación por las dificultades para superar el problema de la impunidad en que se encuentran los sucesos violentos de Trujillo, tales como la prescripción, la cosa juzgada y otros motivos de orden jurídico e institucional, y por consiguiente expresa su convicción acerca de la necesidad de continuar explorando vías que permitan superar esa situación".

*****************

La "Comisión Trujillo", como se le conoció periodísticamente, terminaba así su trabajo desnudando públicamente el vergonzoso montaje judicial, pero confesando simultáneamente su incapacidad para señalar caminos inmediatos y seguros de superación de la impunidad. El cáncer de la "justicia" quedaba evidenciado.

No solo quedaban al descubierto los procedimientos que, desde la perpetración misma de los crímenes, crean de antemano las condiciones de impunidad, así como aquellos, consecuentes con los anteriores, que miran a mantener como autores a "desconocidos", y aquellos que permiten anular y exterminar cualquier testimonio que trate de modificar el carácter "desconocido" de los victimarios, sino también los que mantienen en cajas de acero incorruptibles los productos de la corrupción.

El manejo publicitario del Informe final y el discurso presidencial al recibirlo, dejaron una sensación de "alivio", dando la impresión de que por fin había llegado la "justicia", al menos en un caso. Estremece registrar que el poder de la publicidad es tal, que logra hacer celebrar la presencia de algo, justo en el momento en que se constata su hiriente ausencia.

Javier Giraldo, S. J.
Bogotá, marzo de 1995

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