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Denuncia sobre Urabá y Atrato

Miércoles 22 de agosto de 2001, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, agosto 22 de 2001

Señor(a)
FISCAL DE CONOCIMIENTO
Radicado 426
Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos
Ciudad

Ref: Rad 426 Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos

De toda consideración.

Javier Giraldo Moreno, S.J.,[-------------------------] me dirijo a su despacho para solicitarle formalmente se sirva incluir en la investigación que adelanta en el proceso de la referencia, los crímenes de lesa humanidad que a continuación van referidos, que fueron perpetrados en estrecha relación y como concreción fáctica del concierto para delinquir , tipificación penal con la cual, según informaciones difundidas en las últimas semanas por medios masivos de comunicación, su despacho ha calificado la conducta de quien comandó la XVII Brigada del Ejército Nacional durante el período 1996-1997.

Dicho período coincidió con parte de mi servicio en calidad de Secretario Ejecutivo y Representante Legal de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz -en adelante Justicia y Paz-, entidad religiosa y humanitaria que atendía y continúa atendiendo a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región de Urabá, entre otras. En dichas circunstancias, Justicia y Paz fue depositaria de numerosas denuncias y confidencias de personas y comunidades de la región, que fueron sometidas a formas de violencia que infringen todo nuestro ordenamiento constitucional y legal y los principios y normas que el Derecho Internacional ha establecido desde remotas tiempos para proteger el núcleo esencial de la dignidad humana, y cuya responsabilidad recaía, sin lugar a dudas, en las autoridades militares y civiles del Estado.

Esto motivó el que yo acudiera, a partir del 12 de marzo de 1997, en numerosas ocasiones, utilizando el recurso constitucional de “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución” (art. 23), ante el Señor Presidente de la República, ante los Ministros a quienes más competía buscar soluciones a esas situaciones, ante el Fiscal General de la Nación, ante el Procurador General de la Nación, ante el Defensor del Pueblo y ante los Consejeros competentes del Señor Presidente, para dejar constancias de los horrores de que estaba siendo víctima la población de diferentes comunidades de Urabá, y para suplicar, de la manera más apremiante, que cumplieran con sus obligaciones constitucionales para impedir que ese tipo de crímenes continuara perpetrándose. Sin embargo, nunca fui escuchado y hasta el día de hoy continúan en plena actividad las estructuras paramilitares que entonces fueron denunciadas como brazo clandestino de la XVII Brigada y la población continúa sometida a sus prácticas genocidas.

Es más que evidente para cualquiera, que el no atender reiteradas peticiones apremiantes, sobre todo cuando se refieren a hechos tan graves que contradicen los principios más esenciales de legitimidad del Estado de Derecho, genera responsabilidades que están tipificadas con claridad en el Derecho Internacional y también en nuestro ordenamiento jurídico interno.

Por esta razón le solicito formalmente, Señora Fiscal, que en la investigación de estos crímenes se vincule formalmente al proceso a quienes comparten la responsabilidad de los mismos por COMISION POR OMISIÓN. En ningún momento ellos podrán oponer ignorancia de los hechos, puesto que es posible comprobar que en el momento oportuno fueron informados de lo que estaba ocurriendo y se les reclamó explícitamente, con urgencia y apremio, el ejercicio de sus obligaciones constitucionales, sin que hubieran respondido con medida alguna que incidiera en el concreto accionar criminal de los agentes del Estado y sus auxiliares paramilitares en la región.

Los hechos que a continuación le refiero, que a todas luces constituyen Crímenes de Lesa Humanidad, evidencian una responsabilidad de primer orden en los Comandantes de la XVII Brigada del Ejército Nacional con sede en Carepa, Antioquia: los Generales RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS y MARTÍN ORLANDO CARREÑO SANDOVAL, el Ex Presidente de la República Señor ERNESTO SAMPER PIZANO; el confeso comandante de las llamadas “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” y de las “Autodefensas Unidas de Colombia”, Seños CARLOS CASTAÑO GIL, los integrantes de las diversas unidades militares y policiales de la región, principalmente quienes tenían responsabilidad de mando en diversos niveles, y, en otra medida que su despacho sabrá valorar, en los ministros, consejeros presidenciales, fiscales, procuradores, gobernadores, alcaldes, personeros, inspectores y demás funcionarios cuya omisión culpable hizo posibles tan numerosos crímenes y continúa haciéndolos posibles.

Estos hechos no son los únicos que ocurrieron en la región durante el período. Muchas otras personas e instituciones podrán aportar a su despacho relatos de otros muchos crímenes. Pero estos fueron los que llegaron a nuestro conocimiento de una u otra manera, algunos de una manera más directa puesto que acompañábamos a esas comunidades, otros de manera más indirecta.

La solicitud formal que le hago mediante este escrito, Señora Fiscal, la hago haciéndome vocero de numerosas personas que en el país y en el mundo se han visto vulneradas y afectadas por estos horrendos crímenes en su sentido más profundo de humanidad, ese sentido en el cual se expresa de alguna forma la solidaridad de la especie humana y que se hace más explícita frente a sufrimientos que destruyen lo más esencial de la dignidad de nuestros semejantes. Por eso le ruego que estos crímenes sean valorados judicialmente a la luz de los principios y normas del Derecho Internacional Consuetudinario, que rige para todas las naciones del mundo por igual con fuerza vinculante absolutamente imperativa, y que ha sido reconocido reiteradamente en nuestras Constituciones históricas, lo que no impide que se sumen a ello las valoraciones judiciales que ofrece nuestro derecho interno.

La referencia a cada hecho está acompañada de la información pertinente sobre los momentos y medios a través de los cuales cada hecho llegó a conocimiento de las más altas autoridades del Estado, tanto administrativas como judiciales y disciplinarias, de modo que allí mismo se pueda valorar la culpabilidad comisiva por omisión de deberes vinculantes, que atañe a dichas autoridades.

Para facilitar aún más la investigación, los hechos serán referidos en conjuntos correspondientes a las comunidades afectadas:

I
RELACION DE HECHOS CRIMINALES PERPETRADOS
EN LA ZONA DE URABÁ

A) HECHOS PERPETRADOS EN

SAN JOSÉ DE APARTADÓ

28.02.97
El 12 de marzo de 1997, mediante oficio radicado en la Presidencia de la República, en la Fiscalía General de la Nación y en otras dependencias del Estado, con sello de recepción por la Fiscalía del 12 de marzo/97, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que el viernes 28 de febrero de 1997 un grupo paramilitar entró al caserío de San José de Apartadó a las 6.00 A.M, obligó a todos los pobladores a salir de sus casas y a ponerse en fila en la calle principal, luego revisó sus documentos de identidad y se llevó consigo a tres miembros de la comunidad: Don RUBÉN ANTONIO VILLA ALVAREZ, su hijo ANTONIO VILLA Y Don MIGUEL ANGEL LAYOS CASTAÑEDA. Más tarde bajaron de un vehículo de transporte público a Don GUILLERMO SERNA y se lo llevaron. Estas personas fueron asesinadas más tarde y sepultadas a la orilla de la carretera. En la misma constancia se registró el hecho de que un retén paramilitar, ubicado cerca del poblado y a pocos minutos de la base militar del barrio Policarpa, de Apartadó, desde hacía varias semanas cometía atropellos diarios contra los pobladores. Así mismo que la Fiscalía de Apartadó se negó repetidas veces a exhumar los cadáveres para hacer los levantamientos, y que, a instancias de la Alcaldesa de Apartadó, accedió finalmente a ir con una fuerte escolta militar y policial, encontrando junto a la fosa a un numeroso grupo de paramilitares con quienes los miembros de la fuerza pública se saludaron efusivamente dándose el trato de “primos”.

27.03.97
El 3 de abril de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, con copia recibida en la Fiscalía General de la Nación y sellada el 4 de abril, a las 2:53 p.m., con radicado 029209, y recibida también en otras altas dependencias del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el día jueves 27 de marzo, en la vereda la Unión, corregimiento de San José de Apartadó, en una acción conjunta del Ejército y los paramilitares, retuvieron a un joven de nombre JOSE DAVID - al parecer discapacitado mental -, quien se encontraba trabajando en una siembra de yuca. El viernes 29 lo asesinaron y su cadáver fue vestido con prendas militares y llevado a una planicie de La Unión. Al lugar llegó un helicóptero del Ejército para trasladar el cadáver a otro lugar. Los campesinos indicaron que el Ejército y los paramilitares se identificaron y les manifestaron que estaban unidos para "acabarlos a todos".

29.03.97
El 3 de abril de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República y con copia recibida en la Fiscalía General de la Nación, sellada el 4 de abril, a las 2:53 p.m. con radicado 029209, y recibida también por otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el sábado 29 de marzo, en le vereda Las Nieves, fueron asesinadas cinco personas: los hermanos ELIAS ZAPATA (18 años) y HELIODORO ZAPATA salieron de su casa a comprar algo para el desayuno; como no regresaron hacia el medio día, ALBERTO VALLE (35 años) y su hijo FELIX ANTONIO VALLE (14 años), familiares de los anteriores, salieron en su búsqueda. Ellos tampoco regresaron. Entonces un trabajador de la finca, CARLOS TORRES (18 años), salió a buscarlos y tampoco regresó. La madre de los hermanos ZAPATA salió más tarde en búsqueda de todos. A ella le dispararon pero logró salvarse y en el camino encontró la ropa y los papeles de algunos de ellos semi-incinerados. A ellos - los cinco - los asesinaron con otras dos personas - una pareja- de quienes se desconocen los nombres. A varios de ellos les colocaron prendas de camuflado y armamento. En un helicóptero del Ejército fueron llevados sus cadáveres. Después de esto los paramilitares le dijeron a los pobladores que tenían cinco días para abandonar las veredas, y si no, los matarían.

30.03.97
El 3 de abril de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República y con copia recibida y sellada en la Fiscalía General de la Nación el 4 de abril, a las 2:53 p.m. con radicado 029209, y recibida y sellada también por otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el domingo 30 de marzo en un retén ubicado en el sitio conocido como Caracolí, en la carretera que conduce de Apartadó a San José, el Ejército y los paramilitares comenzaron a disparar contra los campesinos resultando herido DIDIER RESTREPO (18 años).

01.04.97
El 3 de abril de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, con copia recibida y sellada en la Fiscalía General de la Nación el 4 de abril, a las 2:53 p.m. con radicado 029209, y recibida y sellada también por otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el martes 1 de abril, a las 6:00 A.M., miembros del Ejército acompañados por integrantes de una organización paramilitar asesinaron en La vereda El Guineo, en un lugar llamado La Antena, a JOSE LEONARDO PANESSO CARVAJAL y a BERNARDO PANESSO, (25 y 18 años respectivamente).

05.04.97
El 9 de abril de 1997, mediante oficio que fue recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 10 de abril de1997, radicado 031319, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: en el retén paramilitar establecido en la vía que de Apartadó conduce al corregimiento de San José, a pocos metros de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, el sábado 5 de abril retuvieron al joven CÉSAR PEREZ, asesinándolo pocos minutos después. El domingo 6 de abril retuvieron en el mismo sitio al joven evangélico OVIDIO TORRES, quien desapareció desde ese momento. Los pobladores que huyen aterrorizados de las veredas hacia el caserío de San José se ven sin qué comer, pues en dicho retén se decomisan los alimentos y las drogas.

09.04.97
El 29 de mayo de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha de 3 de junio de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el pasado 9 de abril un grupo conformado por militares y paramilitares ingresó a la vereda ARENAS BAJAS, del corregimiento de San José de Apartadó, y "dio 48 horas de plazo a sus pobladores para abandonar sus parcelas", mientras retenía e intimidaba en forma más contundente a muchos de ellos. Los habitantes, aterrorizados, tuvieron que refugiarse en otros sitios. Al día siguiente, 10 de abril, los hermanos MIGUEL y BERTHA GUISAO, quienes salieron con unas mulas cargadas de la vecina vereda de ARENAS ALTAS, desaparecieron; varios pobladores observaron el momento en que eran retenidos por militares y paramilitares que realizaban un operativo conjunto en la zona y conducidos hacia un cerro, sin que en adelante se volviera a tener noticia de su paradero.

10.04.97
El 23 de abril de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 24 de abril de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el pasado 10 de abril, hacia las 13 horas, los paramilitares que se pasean por la zona con plena libertad de acción y cuya presencia ha sido sistemáticamente anunciada en los operativos militares, afirmando que "detrás de nosotros vienen los que parten a la gente en pedacitos", detuvieron a los hermanos GILBERTO y MIGUEL RAMIREZ GIRALDO (de 49 y 42 años respectivamente), en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó, les quitaron sus machetes y con los mismos les cercenaron los dedos de las manos, luego los arrastraron unos 100 metros y los ataron a unos palos de cerca, les abrieron las entrañas con los machetes y les enterraban éstos en diferentes partes del cuerpo; finalmente los decapitaron.

13.04.97
El 23 de abril de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 24 de abril de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 13 de abril, hacia las 17 horas, junto al terminal de transportes de Apartadó, unidades paramilitares rodearon a dos jóvenes que se habían visto forzados a desplazarse de la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, la semana anterior, los subieron a unas motos y más tarde abandonaron sus cadáveres torturados en el barrio Vélez, de Apartadó. Las víctimas fueron: JOSE ANTONIO GRACIANO USUGA, de 24 años, y JAIRO GRACIANO, de 22 años. Cumplían así los paramilitares con la consigna divulgada en las veredas del corregimiento, según la cual, "los desplazados de San José de Apartadó serían buscados y asesinados". El 14 de abril, hacia las 17.30 horas, otro joven de apellido GRACIANO, también desplazado de la vereda Las Nieves del mismo corregimiento, fue asesinado por tres paramilitares en Apartadó, en presencia de su madre.

21.04.97
El 23 de abril de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 24 de abril de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 21 de abril los paramilitares detuvieron a dos jóvenes en la vereda La Unión, del mismo corregimiento de San José de Apartadó, y los amarraron a unos palos. A uno de ellos, de nombre MIGUEL, lo asesinaron a machetazos, y el otro, ALBEIRO USMA, logró escapar herido luego de recibir varios machetazos.

21.04.97
El 23 de abril de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 24 de abril de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el mismo día lunes 21 de abril, un nutrido grupo de paramilitares siguió de cerca a un grupo de campesinos refugiados en el caserío de San José de Apartadó, mientras se dirigían a la vereda Arenas Altas para cosechar algunos alimentos. Durante todo el día rodearon al grupo de desplazados en forma amenazante y los encañonaron con sus armas. Avisado el Teniente que comandaba el destacamento militar acantonado desde hacía varios días en el caserío de San José, no tomó ninguna medida para proteger a los desplazados.

21.04.97
El 23 de abril de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 24 de abril de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el día lunes 21 de abril, en el retén que mantenían los paramilitares desde hacía varios meses a 5 minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, fue bajado el Gobernador indígena del Resguardo de Patadó, de la vereda La Playa, de San José de Apartadó, JORGE DOMICÓ. Gracias a la inmediata reacción de la comunidad indígena que hizo presencia masiva en el retén minutos después de la retención, el Gobernador no fue desaparecido o asesinado como lo han sido los demás.

04.05.97
El 29 de mayo de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 3 de junio de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 4 de mayo, un contingente del Ejército Nacional que durante varias semanas había ocupado el caserío de San José de Apartadó, pero que se negó siempre a atender cualquier denuncia que hacían los pobladores sobre las incursiones, retenes y atentados perpetrados por los paramilitares en los alrededores del caserío, "se despidió" del caserío dejando símbolos macabros detrás de la escuela del lugar: una calavera real con atuendos militares y letreros amenazantes contra los pobladores del caserío ( se anexó fotografía de esto a todos los despachos).

14.05.97
El 29 de mayo de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 3 de junio de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 14 de mayo de 1997, 3 jóvenes del caserío de San José se desplazaron hacia una parcela distante cinco minutos del caserío para recolectar algunos alimentos, pero fueron rodeados por el grupo paramilitar que inmediatamente disparó contra uno de ellos, DIOFANOR SANCHEZ CELADA, de 23 años de edad y con síntomas de retardo mental, causándole la muerte instantáneamente. Los otros dos, LUIS HERNANDO DAVID HUIGUITA y ELKIN EMILIO TUBERQUIA SEPULVEDA, fueron tirados violentamente al piso, golpeados y amenazados de ser decapitados con machetes. Al alejarse un poco los paramilitares, las víctimas pidieron ayuda al Ejército allí acantonado que se encontraba a poca distancia; los soldados los llevaron encañonados, como escudos humanos, hasta el sitio donde estaba el cadáver de Diofanor. Aunque fue posible divisar de allí el grupo de 100 paramilitares que rodeaba el caserío, el Ejército no hizo nada contra ellos.

15.05.97
El 29 de mayo de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 3 de junio de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 15 de mayo fue detenido por militares y paramilitares el joven RAMON ALFREDO JIMENEZ DUARTE, de 26 años, en la vereda ARENAS BAJAS. Su cadáver, con visibles muestras de torturas, apareció el 21 de mayo.

16.05.97
El 29 de mayo de 1997, mediante oficio recibido y sellado en en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 3 de junio de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 16 de mayo, el contingente militar que ocupaba el caserío de San José, caserío en este momento poblado casi totalmente por campesinos desplazados brutalmente de las diversas veredas de San José y presas del terror que allí ha venido imperando, practicaron una requisa y le advirtieron a los pobladores que "se metieran temprano en sus casas", aumentando así el terror reinante.

17.05.97
El 29 de mayo de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 3 de junio de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 17 de mayo, a las 10.00 A.M., mientras se desplazaba en un vehículo de transporte público hacia Apartadó, fue bajado en el retén paramilitar que desde hacía meses estaba instalado a 5 minutos de la base militar del barrio Policarpa, el señor FRANCISCO TABARQUINO, uno de los miembros del Consejo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y padre de 8 niños. Horas más tarde su cadáver baleado fue tirado sobre la vía que de Apartadó conduce a San José. Francisco había abandonado su parcela de la vereda EL GUINEO unas semanas antes, luego de que los paramilitares ingresaran a su casa e intentaran decapitarlo durante varias horas, pasándose el machete de mano en mano para ver quién lo ejecutaba, delante de su esposa y sus niños.

Junio 1997
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que durante el mes de junio fueron obligadas a desplazarse 30 personas que aún permanecían en las veredas ALTO BONITO y LA RESBALOSA.

07.06.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: en Junio 7 de 1997 fueron asesinadas en el sector de LOS MANDARINOS las jóvenes ALFA DELIA HIGUITA TUBERQUIA, de 14 años y con tres meses de embarazo, y LUZ HELENA VALLE ORTIZ, de 17 años. Momentos antes los mismos paramilitares habían retenido a un jornalero de 60 años a quien conminaron a abandonar la región bajo amenazas de muerte. Luego, cuando subían hacia su casa ubicada en la vereda de Arenas Altas, de San José de Apartadó, las dos jóvenes fueron bajadas de las mulas en que se transportaban, amarradas y conducidas hacia una trocha fuera del camino. Poco después se escucharon varias detonaciones y al día siguiente el Ejército llevó sus cadáveres a la morgue del hospital de Turbo, reportándolas como "guerrilleras dadas de baja en combate".

17.06.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 17 de junio de 1997, personal uniformado, al parecer de la Base militar del Ejército situada en Ríogrande, a 5 minutos del escenario de los hechos, penetró en la vereda LOS MANDARINOS, de la Inspección de RIOGRANDE, llegaron a la casa de la Señora GILMA ROSA DUARTE, de 29 años, la ahorcaron con una cadena en presencia de sus 5 hijos menores (entre 11 y 4 años), le quemaron su casita y arrasaron los cultivos. Su esposo llegó dos días después y encontró todo desolado, viéndose obligado a abandonar la región. El mismo día, los mismos uniformados asesinaron a machetazos a los ancianos JUAN CAÑAS (de 80 años) y su esposa CLARA ROSA HERNÁNDEZ (de 70 años), quienes fueron degollados. Eran vecinos de la Señora Gilma Rosa Duarte y probablemente testigos de los hechos anteriores.

21.06.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación, con fecha 23 de julio de 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 21 de Junio de 1997 fue asesinado en el retén paramilitar establecido desde marzo/97 a 5 minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, el campesino ALVARO ENRIQUE SANTOS BAQUERO, de 33 años. Se había desplazado pocos días antes de la vereda Caracolí, de San José de Apartadó, hacia el barrio La Paz, de Apartadó. Su cadáver fue dejado en la carretera, cerca del retén. Ni la Fiscalía ni la Policía quisieron hacer el levantamiento del cadáver.

27.06.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1997, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 27 de Junio de 1997, fueron saqueados en el retén paramilitar establecido desde el anterior mes de marzo a menos de 5 minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, los mercados de los campesinos, y fue retenido ilegalmente el señor REINALDO TUBERQUIA.

30.06.97
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a través de su Consejo, dejó constancia ante varias entidades internacionales el 31 de julio de 1997, de que JOHN JAIRO ZAPATA, trabajador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA- y asesor de los campesinos desplazados en el caserío de San José de Apartadó en lo relativo a cultivos comunitarios de auto-subsistencia, fue asesinado el 30 de junio de 1997 por unidades paramilitares que se movilizaban en la zona con la anuencia de todas las autoridades. Varias entidades internacionales, como Amnistía Internacional, mediante Acciones Urgentes solicitaron al Gobierno colombiano y a las autoridades judiciales y administrativas del Estado, una inmediata investigación del hecho.

03.07.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 3 de Julio de 1997 fueron desalojadas por los paramilitares que se desplazan por la zona con plena libertad de acción, los pobladores de las veredas MIRAMAR y LA VICTORIA y sus pobladores forzados a buscar refugio en otra parte, privados de todos los medios de subsistencia.

24.09.97
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a través de su Consejo, apeló a diversos organismos internacionales, como Amnesty International, mediante solicitud de Acción Urgente, vía fax, el 31 de julio de 1997, para que se exigiera a las autoridades del Estado Colombiano explicaciones, investigaciones y sanciones por el asesinato de HERIBERTO DAVID, perpetrado el 24 de septiembre de 1997 en el barrio Diana Cardona de Apartadó hacia las 5.00 P.M., luego de que la víctima hubiera sido retenida el mismo día a las 7.00 A.M. en el retén que los paramilitares instalaron en la vía entre Apartadó y San José, a 5 minutos de la Base Militar del barrio Policarpa, desde el anterior mes de marzo de 1997, sin que los llamados apremiantes a todas las autoridades del Estado hubieran merecido atención al caso.

12.12.97
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en oficio dirigido al Gobierno de Colombia el 17 de diciembre de 1997, exigió medidas cautelares “para preservar la vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, tras la desaparición forzada de DARIO GEORGIA y DAYLA ZÚÑIGA, quienes fueron obligados a subirse a una camioneta blanca con hombres armados, a poca distancia de la base militar que tiene instalada la Brigada XVII en el camino que conduce de Apartadó al corregimiento de San José. La CIDH, en sus demandas al Gobierno al tomar dichas medidas cautelares, le exige tomar medidas para proteger la integridad personal de los miembros de esa comunidad, 43 de los cuales habían sido asesinados a partir del momento en que declararon su neutralidad en marzo/97; adoptar medidas eficaces para investigar los hechos, especialmente el perpetrado contra DARIO GEORGIA y DAYLA ZÚÑIGA; tomar las medidas necesarias para desmontar permanentemente el retén que ha existido en el camino hacia Apartadó, y asegurar que se respete la neutralidad de la comunidad.

29.12.97
El 30 de diciembre de 1997 la Comisión Intercongrecional de Justicia y Paz solicitó a las organizaciones internacionales Amnesty International y Human Rights Watch-Americas, intervenir ante los diversos estamentos del Estado colombiano para que se investigara y sancionara a los culpables de la retención ilegal, torturas y amenazas de que fueron víctimas ANTONIO TUBERQUIA, BLANCA LIBIA GUZMÁN y EDILBERTO USUGA, miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 29 de diciembre. Mediante comunicados y acciones urgentes, dichas organizaciones solicitaron la acción de la justicia frente estos hechos: las víctimas fueron retenidas por 3 hombres armados y uniformados con los rasgos de los miembros del Batallón Voltígeros, del Ejército Nacional, el 29 de diciembre a las 3.30 P.M., mientras recogían cacao en la vereda La Unión, para la subsistencia de su comunidad; fueron vendados y llevados a sitios diferentes donde fueron interrogados, golpeados y amenazados, mientras los soldados se paraban encima de sus cuerpos tendidos en el piso, conminándolos finalmente a que no contaran nada de lo sucedido, pues lo pagarían con su vida.

05.02.98
El 9 de febrero de 1998, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz puso estos hechos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de que Colombia es Estado Parte en la Convención Americana de Derechos Humanos. La CIDH se ha dirigido múltiples veces al Gobierno de Colombia para exigir el cumplimiento de la Convención frente a la comunidad de San José de Apartadó, para la cual ha exigido Medidas Cautelares. De acuerdo a esas comunicaciones, el 5 de febrero de 1998, los mayores JESÚS EMILIO TUBERQUIA, de 35 años, y JOAQUIN GRACIANO, de 55 años, y los menores OVIDIO ANTONIO TUBERQUIA, de 16 años, y ARNULFO TUBERQUIA, de 14 años, fueron retenidos a escasos 20 minutos de camino entre el caserío de San José de Apartadó y la vereda La Unión hacia donde se dirigían a atender sus cosechas. Los hombres armados que los retuvieron, posiblemente militares o posiblemente paramilitares, ya que por la zona se movilizan juntos, los obligaron a desnudarse , los despojaron de sus machetes, los hicieron tender en el piso y los torturaron largo rato haciendo ademanes para decapitarlos y dispararles, mientras lanzaban amenazas contra toda la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

12.02.98
El 20 de febrero de 1998, el Consejo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó dirigió un oficio al Presidente de la República, al Fiscal General de la Nación y a otras autoridades, en el cual dejaba constancia de los atropellos de que fue víctima MANUEL ZAPATA, de 50 años de edad, integrante de dicha comunidad, quien el 12 de febrero de 1998, hacia las 5. P.M. fue retenido por miembros del Ejército en la vereda Arenas Altas, cuando bajaba hacia San José, luego de haber trabajado en su finca, y sometido a una noche entera de torturas en que amenazaban decapitarlo con cuchillos, mientras los soldados le insistían al Teniente al mando que lo asesinara.

15.02.98
La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, mediante comunicación urgente enviada el 2 de abril de 1998 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, así como a otros organismos internacionales, pusieron en su conocimiento los atropellos cometidos por el Estado contra JOSE EUSEBIO CARO, de 38 años de edad, y RAMÓN EMILIO VÉLEZ, de 78 años de edad, miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quienes el 15 de febrero de 1998 fueron retenidos por miembros del Ejército acompañados de paramilitares, entre las 5.30 y 7.00 P.M., en la vereda Arenas Altas, fueron amarrados y sometidos a golpes durante toda la noche, y dejados en libertad a las 7.00 A.M. del día siguiente, bañados en sangre y en estado lamentable, obligándolos antes a firmar una constancia de “haber recibido buen trato”.

15.02.98
El 2 de abril de 1998 la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz envió un oficio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, así como a otros organismos internacionales, apelando a la fuerza vinculante que sobre el Estado colombiano tiene la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto Estado Parte en la misma, y al papel fiscalizador que para el cumplimiento de dicho tratado ejerce la CIDH, en relación con los hechos ocurridos el 15 de febrero de 1998 en la vereda Arenas Altas de San José de Apartadó, en que miembros de la XVII Brigada del Ejército retuvieron a HUBERT GALVIS, a CONSUELO DE GALVIS, y a LUIS HERNANDO GÓEZ, miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Los primeros fueron amarrados y golpeados toda una noche y luego los militares asesinaron a todos los animales domésticos que ellos tenían y les incendiaron su vivienda. A HERNANDO GÓEZ, de 34 años, lo ataron de pies y manos, lo llevaron a un monte y con palas en la mano le dijeron que allí lo matarían y lo enterrarían sin que nadie se enterara; lo amenazaron con decapitarlo y dispararle, mientras calificaban a toda la Comunidad de Paz como integrada por “guerrilleros” y proferían amenazas contra ella. El Consejo de la Comunidad de Paz envió un oficio al Presidente de la República, al Fiscal General y a otras autoridades el 20 de febrero de 1998 en que denunciaba los hechos y exigía justicia.

07.03.98
El 2 de abril de 1998, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz envió un oficio a la Comisión Interamericana de Derechso Humanos, apelando a la fuerza vinculante que para el Estado colombiano tiene la Convención Americana de Derechos Humanos, para que pidiera al Gobierno de Colombia explicaciones por los crímenes cometidos el 7 de marzo de 1998 en la vereda Caño Seco, de San José de Apartadó, en que miembros del Ejército Nacional y de grupos paramilitares asesinaron a REYNALDO LARA RAMOS, de 60 años de edad, a JUANITA OSORIO DE LARA, de 58, y a MIGUEL LARA, de 17, torturándolos brutalmente antes de quitarles la vida.

13.03.98
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en comunicación dirigida a Amnistía Internacional y a otros organismos internacionales, solicitó se exigiera al Gobierno y a las instancias judiciales de Colombia explicaciones, investigaciones y sanciones por el crimen perpetrado por agentes del Estado contra GERARDO DE JESÚS HIDALGO, de 58 años de edad, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quien el 13 de marzo de 1998 a las 3.00 P.M. fue bajado del vehículo del servicio público en que se transportaba de Apartadó al caserío de San José, y asesinado por hombres armados que se movilizaban en una camioneta roja sin placas, a una cuadra de la Base Militar del barrio Policarpa de Apartadó, siendo vistos los asesinos, minutos después del crimen, departiendo con los militares que se encontraban en la Base en ese momento.

19.03.98
El 2 de abril de 1998, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz envió un oficio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apelando a la fuerza vinculante que para el Estado colombiano tiene la Convención Americana de Derechos Humanos, solicitando, entre otros casos, demandar al Gobierno de Colombia explicaciones, investigaciones y sanciones por los atropellos de que fue víctima GILDARDO TUBERQUIA el 19 de marzo de 1998, en la vereda La Unión, de San José de Apartadó, al ser retenido ilegalmente, golpeado, ultrajado y despojado de sus pertenencias por miembros de la XVII Brigada del Ejército nacional.

26.03.98
El 2 de abril de 1998, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz envió un oficio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apelando a la fuerza vinculante que para el Estado colombiano tiene la Convención Americana de Derechos Humanos, solicitando, entre otros casos, demandar al Gobierno de Colombia explicaciones, investigaciones y sanciones por los atropellos de que fueron víctimas ARGEMIRO JIMÉNEZ, de 52 años de edad, su esposa ROSMIRA TABARES, de 38 años de edad, y sus hijos NAVIER ANTONIO, de 7 años, JORGE, de 13 años, y DOREY, de 4 años, quienes el 26 de marzo de 1998, a las 12 del mediodía fueron víctimas de un ataque armado a su vivienda por parte de soldados de la Brigada XVII del Ejército, en la vereda Alto Bonito, quedando todos heridos y siendo conminados a abandonar la región, al igual que los habitantes de las veredas vecinas.

31.03.98 / 01.04.98
El 2 de abril de 1998, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz envió un oficio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apelando a la fuerza vinculante que para el Estado colombiano tiene la Convención Americana de Derechos Humanos, solicitando, entre otros casos, demandar al Gobierno de Colombia explicaciones, investigaciones y sanciones por los atropellos de que fue víctima la Comunidad de Paz de San José de Apartadó durante los días 31 de marzo y 1° de abril de 1998 cuando miembros de la XVII Brigada del Ejército Nacional en compañía de grupos paramilitares se introdujeron en el caserío e insultaron a todos los pobladores, anunciándoles que iban a “acabar con ellos y obligar a huir a los que quedaran vivos”.

09.04.98
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en comunicación dirigida a Amnistía Internacional y a otros organismos internacionales, solicitó se exigiera al Gobierno y a las instancias judiciales de Colombia explicaciones, investigaciones y sanciones por el crimen perpetrado por agentes del Estado contra DARÍO GÓEZ, de 42 años, quien el 9 de abril de 1998 a las 8.00 A.M., mientras se encontraba en su casa con su familia y algunos vecinos, entre ellos varios menores de edad, fue atacado a bala por soldados que llegaron a la vereda, herido en una pierna y sacado a rastras y separado de su familia y vecinos, quienes fueron obligados a abandonar la zona, con la promesa de los militares de que curarían al herido y lo atenderían, siendo encontrado su cadáver algunos días después en la morgue de Turbo donde había sido llevado por el Ejército y reportado como “guerrillero muerto en combate”.

24.05.98
El 19 de junio de 1998, mediante oficio recibido en la Fiscalía General de la Nación con fecha 24 de junio de 1998 y radicación de correspondencia No. 069830, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 24 de mayo de 1998 miembros del Ejército Nacional llegaron a una hacienda cercana al caserío de San José de Apartadó, hurtaron una vaca, le dieron muerte a tiros y la descuartizaron mientras afirmaban ante todos los presentes que de la misma manera iban a descuartizar a EDUAR LANCHEROS, miembro del Equipo Misionero de Justicia y Paz que acompaña a la comunidad desplazada de San José de Apartadó.

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B) HECHOS PERPETRADOS EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO CACARICA

26.02.97
El 4 de mayo de 1998, en reunión efectuada con el Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez, y el Vice Fiscal General, Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la sede de la Fiscalía, una delegación de las comunidades del Cacarica y directivos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, presentaron constancia y entregaron a los jefes del ente acusador una lista de víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados conjuntamente por miembros de la XVII Brigada del Ejército Nacional y grupos paramilitares que se movilizan con los anteriores por la zona. Entre los hechos referidos en dicha reunión estaba lo ocurrido el 26 de febrero de 1997 en la vereda PUENTE AMERICA, del municipio de RIOSUCIO, Chocó, donde miembros de la XVII Brigada del Ejército Nacional lanzaron granadas y bombas contra el poblado y luego otros miembros del Ejército junto con un contingente paramilitar penetraron en el poblado, hicieron desnudar a MANUELA SALAS, quien estaba embarazada, y un gran número de ellos se dispuso a violarla, lo que finalmente no ocurrió porque uno de los comandantes les ordenó retirarse para proseguir hacia otras poblaciones, pero conminando antes a la comunidad a abandonar la región.

27.02.97
El 12 de marzo de 1997, mediante oficio recibido y sellado en la Presidencia de la República, en la Fiscalía General de la Nación y en otras dependencias del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: desde el anterior 23 de febrero (1997) más de 15 pequeños poblados del Bajo Atrato, la mayoría de ellos pertenecientes al municipio de Ríosucio, Chocó, comenzaron a ser obligados a abandonar sus viviendas y sus medios de subsistencia en forma violenta, por grupos armados que se identificaban en unos casos como “paramilitares” y en otros como “autodefensas”, siendo algunos de ellos bombardeados por helicópteros o aviones oficiales para obligar a la población a desplazarse; que los desplazadores dirigían a la gente hacia Turbo, donde, según ellos, la Policía los estaba esperando con alguna solución; que en la primera semana de marzo el Comandante de la Brigada XVII del Ejército, General Rito Alejo Del Río, respondió a los desplazados que se habían refugiado en el coliseo de Turbo, que no podía garantizarles el retorno a la zona “porque estaba haciendo una barrida general de la zona”, lo que no dejaba duda sobre la unidad de acción entre Ejército y paramilitares y sobre la responsabilidad del Ejército, y en particular del General RITO ALEJO DEL RÍO, en los operativos criminales que se estaban llevando a cabo en los caseríos de la zona; que entre los poblados afectados estaban los de CAÑO SECO, TAMBORAL, TEGUERRÉ, SALAQUÍ y otros, habiendo sido en efecto bombardeado el poblado de CAÑO SECO, donde perdieron la vida 4 pobladores que al parecer responden a los nombres de: ALFONSO NAVARRO, GABRIEL RIVERA, VICTOR MANUEL y ENRIQUE BELTRÁN.

27.02.97
El 12 de marzo de 1997, mediante oficio recibido y sellado en la Presidencia de la República, en la Fiscalía General de la Nación y en otras dependencias del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: desde el pasado 23 de febrero más de 15 pequeños poblados del Bajo Atrato, la mayoría de ellos pertenecientes al municipio de Riosucio, Chocó, comenzaron a ser obligados a abandonar sus viviendas y sus medios de subsistencia en forma violenta, por grupos armados que se identificaban en unos casos como “paramilitares” y en otros como “autodefensas”, siendo algunos de ellos bombardeados por helicópteros o aviones oficiales para obligar a la población a desplazarse; que los desplazadores dirigían a la gente hacia Turbo, donde, según ellos, la Policía los estaba esperando con alguna solución; que en la primera semana de marzo el Comandante de la Brigada XVII del Ejército, General Rito Alejo Del Río, respondió a los desplazados que se habían refugiado en el coliseo de Turbo, que no podía garantizarles el retorno a la zona “porque estaba haciendo una barrida general de la zona”, lo que no dejaba duda sobre la unidad de acción entre Ejército y paramilitares, y sobre la responsabilidad del Ejército, en particular del General RITO ALEJO DEL RIO, en los operativos criminales que se estaban llevando a cabo en los caseríos de la zona, encontrándose entre los poblados afectados los de SAN HIGINIO, EL LIMÓN y MONTAÑITA, donde patrullas combinadas de Ejército y paramilitares amenazaron a los pobladores obligándolos a abandonar sus tierras y disparando ráfagas contra la población, reteniendo ilegalmente, en MONTAÑITA, a dos personas.

27.02.97
El 12 de marzo de 1997, mediante oficio recibido y sellado en la Presidencia de la República, en la Fiscalía General de la Nación y en otras dependencias del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: desde el pasado 23 de febrero más de 15 pequeños poblados del Bajo Atrato, la mayoría de ellos pertenecientes al municipio de Riosucio, Chocó, comenzaron a ser obligados a abandonar sus viviendas y sus medios de subsistencia en forma violenta, por grupos armados que se identificaban en unos casos como “paramilitares” y en otros como “autodefensas”, siendo algunos de ellos bombardeados por helicópteros o aviones oficiales para obligar a la población a desplazarse; que los desplazadores dirigían a la gente hacia Turbo, donde, según ellos, la Policía los estaba esperando con alguna solución; que en la primera semana de marzo el Comandante de la Brigada XVII del Ejército, General Rito Alejo Del Río, respondió a los desplazados que se habían refugiado en el coliseo de Turbo, que no podía garantizarles el retorno a la zona “porque estaba haciendo una barrida general de la zona”, lo que no dejaba duda sobre la unidad de acción entre Ejército y paramilitares, y sobre la responsabilidad del Ejército, particularmente del General RITO ALEJO DEL RÍO, en los operativos criminales que se estaban llevando a cabo en los caseríos de la zona, encontrándose entre los poblados afectados el de VIJAO donde las patrullas conjuntas de militares y paramilitares incineraron viviendas y las saquearon robando muchos de sus enseres o arrojándolos al río, destruyeron elementos vitales de la comunidad como plantas eléctricas, motores de navegación y la mayoría de los electrodomésticos que encontraron, y dispararon numerosas ráfagas de ametralladoras.

27.02.97
El 12 de marzo de 1997, mediante oficio recibido y sellado en la Presidencia de la República, en la Fiscalía General de la Nación y en otras dependencias del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: desde el pasado 23 de febrero más de 15 pequeños poblados del Bajo Atrato, la mayoría de ellos pertenecientes al municipio de Riosucio, Chocó, comenzaron a ser obligados a abandonar sus viviendas y sus medios de subsistencia en forma violenta, por grupos armados que se identificaban en unos casos como “paramilitares” y en otros como “autodefensas”, siendo algunos de ellos bombardeados por helicópteros o aviones oficiales para obligar a la población a desplazarse; que los desplazadores dirigían a la gente hacia Turbo, donde, según ellos, la Policía los estaba esperando con alguna solución; que en la primera semana de marzo el Comandante de la Brigada XVII del Ejército, General Rito Alejo Del Río, respondió a los desplazados que se habían refugiado en el coliseo de Turbo, que no podía garantizarles el retorno a la zona “porque estaba haciendo una barrida general de la zona”, lo que no dejaba duda sobre la unidad de acción entre Ejército y paramilitares, y en particular sobre la responsabilidad del Ejército, comandado en la zona por el General RITO ALEJO DEL RÍO, en los hechos criminales que se estaban perpetrando en los caseríos de la zona, encontrándose entre los poblados afectados el de VIJAO donde las patrullas conjuntas de militares y paramilitares incineraron viviendas y las saquearon robando muchos de sus enseres o arrojándolos al río, destruyeron elementos vitales de la comunidad como plantas eléctricas, motores de navegación y la mayoría de los electrodomésticos que encontraron, y dispararon numerosas ráfagas de ametralladoras, luego retuvieron al joven MARINO LÓPEZ, de aproximadamente 35 años, lo torturaron, lo decapitaron y los descuartizaron en presencia de muchos miembros de la comunidad y jugaron fútbol con su cabeza, invitando a la comunidad a participar en dicho juego. La comunidad se vio obligada a abandonar su tierra presa del terror.

01.03.97
El 4 de mayo de 1998, en reunión efectuada con el Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez y el Vice Fiscal General, Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la sede de la Fiscalía, una delegación de las comunidades del Cacarica y directivos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, presentaron constancias y entregaron a los jefes del ente acusador una lista de las víctimas. Entre los hechos referidos en dicha reunión estaba lo ocurrido el 1° de marzo de 1997 en la comunidad de PEDEGUITA, donde la estudiante y promotora de salud de la comunidad, ENITH MARIA GÓMEZ PÉREZ, de 18 años de edad, fue retenida por loa paramilitares que se movilizaban con el Ejército por la zona, encontrándose desde entonces desaparecida, lo mismo que le ocurrió a su hermano MANUEL SEGUNDO GÓMEZ PÉREZ, de 20 años, por las mismas fechas.

18.03.97
El 4 de mayo de 1998, en reunión efectuada con el Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez y el Vice Fiscal General, Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la sede de la Fiscalía, una delegación de las comunidades del Cacarica y directivos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, presentaron esta constancia y entregaron a los jefes del ente acusador una lista de las víctimas. Entre los hechos referidos en dicha reunión estaba lo ocurrido en el sitio “La Loma”, en las riberas del río Perancho, donde el 18 de marzo de 1997 fue retenido LICINIO PALACIO RAMÍREZ, de 28 años de edad, al ser sacado violentamente de la embarcación en la que se dirigía a Turbo con unos bultos de maíz que llevaba para vender, atado de pies y manos, golpeado y conducido por los paramilitares, desconociéndose desde entonces su paradero.

31.03.97
El 4 de mayo de 1998, en reunión efectuada con el Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez y el Vice-Fiscal General, Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la sede de la Fiscalía, una delegación de las comunidades del Cacarica y directivos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, presentaron constancias y entregaron a los jefes del ente acusador una lista de las víctimas. Entre los hechos referidos en dicha reunión estaba lo ocurrido en la “vía vigente”, que conduce de Bocachica a La Balsa (municipio de Riosucio, zona del Salaquí), donde el 31 de marzo de 1997, a las 9.00 A.M., fue asesinado por paramilitares PEDRO CAUSIL, encontrándose luego su cadáver con dos impactos de bala.

30.04.97
El 4 de mayo de 1998, en reunión efectuada con el Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez y el Vice-Fiscal General, Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la sede de la Fiscalía, una delegación de las comunidades del Cacarica y directivos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, presentaron constancias y entregaron a los jefes del ente acusador una lista de las víctimas. Entre los hechos referidos en dicha reunión estaba lo ocurrido en Turbo el 30 de abril de 1997, cuando miembros de la estructura paramilitar que actuaba en visible coordinación con el Ejército, retuvieron hacia las 5.00 P.M., en el área urbana, a JAIRO CAUSIL, desplazado de la comunidad de Bocachica, lo introdujeron en un vehículo que partió con rumbo desconocido, y desde entonces se desconoce su paradero.

15.05.97
El 4 de mayo de 1998, en reunión efectuada con el Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez y el Vice-Fiscal General, Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la sede de la Fiscalía, una delegación de las comunidades del Cacarica y directivos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, presentaron constancias y entregaron a los jefes del ente acusador una lista de las víctimas. Entre los hechos referidos en dicha reunión estaba lo ocurrido en la comunidad de TEGUERRÉ el 15 de mayo de 1997, donde los paramilitares que actuaban en visible coordinación con el Ejército, asesinaron a CLETO RAMOS, miembro de esa comunidad.

14.06.97
El 4 de mayo de 1998, en reunión efectuada con el Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez y el Vice-Fiscal General, Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la sede de la Fiscalía, una delegación de las comunidades del Cacarica y directivos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, presentaron constancias y entregaron a los jefes del ente acusador una lista de las víctimas. Entre los hechos referidos en dicha reunión estaba lo ocurrido en Murindó, donde el 14 de junio de 1997, integrantes de la estructura paramilitar que actuaba en visible unidad de acción con el Ejército, asesinaron a MARINO RAGA ROVIRA, sin que su familia hubiera podido siquiera sepultar su cadáver.

25.06.97
El 4 de mayo de 1998, en reunión efectuada con el Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez, y el Vice-Fiscal General, Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la sede de la Fiscalía, una delegación de las comunidades del Cacarica y directivos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, presentaron constancias y entregaron a los jefes del ente acusador una lista de las víctimas. Entre los hechos referidos en dicha reunión estaba lo ocurrido con EVANGELISTA DIAZ ESCOBAR, de 44 años de edad, quien había sido desplazado en 1994 por operativos violentos de militares y paramilitares ocurridos en el nor-occidente de Antioquia y nuevamente desplazado en febrero de 1997 de la comunidad de Santa Lucía de la zona del Cacarica, a causa también del accionar militar/paramilitar, y el 25 de junio fue sacado de una finca de la vereda El Porvenir, cerca de Turbo, donde trataba de ganar algo para su subsistencia, por 20 paramilitares, quienes lo amarraron, lo sometieron a golpes intensos y se lo llevaron, ignorándose desde entonces su paradero.

03.07.97
El 4 de mayo de 1998, en reunión efectuada con el Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez, y el Vice-Fiscal General, Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la sede de la Fiscalía, una delegación de las comunidades del Cacarica y directivos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, presentaron constancias y entregaron a los jefes del ente acusador una lista de las víctimas. Entre los hechos referidos en dicha reunión estaba lo ocurrido a JESÚS SERNA, de 36 años, quien fuera retenido el 3 de julio de 1997 en el caserío de Santa Lucía, por miembros de la estructura paramilitar que actuaba en coordinación visible con el Ejército, entre quienes fueron reconocidos alias “El Alacrán” y alias “Vicente”, dos personajes que se movilizaron todo el tiempo con el Ejército durante los bombardeos de febrero. Jesús había ido a su desocupado caserío a recoger una cosecha de maíz, cuando fue detectado por los auxiliares del Ejército quienes penetraron en su humilde vivienda, hicieron disparos, destrozaron todos los enseres, regaron los pocos comestibles en el patio y se lo llevaron con ellos durante dos días, pudiendo ser visto en su poder por muchos testigos de la zona, y siendo asesinado en el desocupado caserío de El limón donde su cuerpo fue hallado el 5 de julio.

19.08.97
El 4 de mayo de 1998, en reunión efectuada con el Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez, y el Vice-Fiscal General, Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la sede de la Fiscalía, una delegación de las comunidades del Cacarica y directivos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, presentaron constancias y entregaron a los jefes del ente acusador una lista de las víctimas. Entre los hechos referidos en dicha reunión estaba lo ocurrido en La Loma el 19 de agosto de 1997, donde fueron bajados de la embarcación en que se movilizaban por el río Perancho los jóvenes ADALBERTO MOSQUERA, de 21 años, y ALBERTO MURRAY, obligados a irse con un grupo de paramilitares hacia Riosucio, desapareciendo desde entonces.

01.12.97
El 4 de mayo de 1998, en reunión efectuada con el Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez, y el Vice-Fiscal General, Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la sede de la Fiscalía, una delegación de las comunidades del Cacarica y directivos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, presentaron constancias y entregaron a los jefes del ente acusador una lista de las víctimas. Entre los hechos referidos en dicha reunión estaba lo ocurrido con HERMINIO MOSQUERA PALOMEQE, de 33 años, refugiado en el albergue para desplazados que construyó en Turbo la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, donde el 1° de diciembre de 1997 fue buscado por un paramilitar vestido de civil, luego obligado a subir a un vehículo por un contingente más numeroso de hombres armados, apareciendo su cadáver baleado y torturado al día siguiente, en la carretera que de Turbo conduce a Apartadó. El 17 de diciembre de 1997 la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS le exigió al Gobierno de Colombia medidas cautelares para los familiares y la comunidad a la cual pertenecía Herminio, y exigió particularmente investigar este homicidio.

Después de presentar estas constancias ante altas autoridades del Estado, Justicia y Paz recibió otras informaciones por parte de personas e instituciones que le merecen toda credibilidad, referidas a los siguientes hechos:

06.10.96
El 6 de octubre de 1996 llegaron cerca de 30 paramilitares al poblado de BRISAS DE LA MADRE, del municipio de Riosucio, Chocó, ubicado en los límites entre Antioquia y Chocó, hicieron reunir a los comerciantes de madera del lugar, seleccionaron a 8 y los asesinaron. Las víctimas fueron: SANTANDER MENDOZA, ALONSO CABEZAS, MÁGNUM MURILLO, JHONNY PAJARO, JAIME PALACIOS y otras tres personas cuyos nombres no se dieron. Los paramilitares pretendían enviar un mensaje de terror a los campesinos de las veredas de Ríosucio, y enviaron anuncios de que muy pronto estarían en el casco urbano de Ríosucio. Ya en este momento los paramilitares se habían instalado en Belén de Bajirá, donde decomisaban cascos y motores fuera de borda y limitaban el transporte de alimentos para las veredas. En el camino hacia Bajirá asesinaron por esos días a ANTONIO ECHAVARRIA, líder campesino, fundador de la vereda El Diez hacía 25 años, padre de 9 hijos; a Don Antonio le cortaron la cabeza y dejaron su cuerpo cerca de la carretera. En noviembre, cerca de Brisas asesinaron también a ELIÉCER MUÑOZ, (con c.c. 6.705.742 de Mutatá) dueño de un restaurante.

20.12.96
El 20 de diciembre de 1996, a las 6.00 A.M. llegaron 4 pangas al casco urbano de Ríosucio, llenas de paramilitares, quienes se tomaron el pueblo. Entre ellos estaba el reconocido paramilitar César Arce. Allanaron muchas casas y llevaban una lista de personas para buscar. Hacia las 10.30 se vio descender un helicóptero del Ejército que llevó a varios militares y luego volvió varias veces a dejar personal militar. Los paramilitares retuvieron y amarraron a JOSE LISNEO ASPRILLA MURILLO, de 45 años (c.c. 15.366.068 de Apartadó), padre de 11 hijos; a BENJAMÍN ARBOLEDA CHAVERRA, alcalde encargado, padre de 5 hijos; a EDINSON RIVAS CUESTA, de 24 años (c.c. 12.006.257 de Ríosucio), padre de 2 hijas; a ROBINSON MARTÍNEZ MOYA, de 15 años, y a FRANCISCO MARTÍNEZ MENA, de 21 años (c.c. 12.000.498 de Ríosucio). A estas personas se las llevaron en las pangas. El 22 de diciembre regresaría a Ríosucio el único sobreviviente: Francisco Martínez Mena; los demás fueron asesinados en Santa María La Nueva del Darién, donde los paramilitares los enterraron, a dos en el cementerio y a dos cerca de la Ciénaga de Unguía. El mismo día desaparecieron a 4 personas, 2 del barrio Escolar y 2 de la zona del río Truandó. Aunque un contingente del Ejército llegó a la población mientras los paramilitares estaban en plana acción, éstos se fueron en sus pangas, pero algunos de ellos se quedaron, entre ellos César Arce. El Ejército estuvo dos días y se fue, quedando la población controlada conjuntamente por policías y paramilitares, quienes empezaron a pedir documentos y a controlar la comida que se llevaba a los campos.

22.12.96
El 22 de diciembre unas personas pudieron observar una enorme fosa común en las cercanías de Santa María la Nueva del Darién, corregimiento del municipio de Unguía (Chocó), cercano a Turbo. Luego divisaron cómo un grupo grande de paramilitares llegaba, al parecer proveniente de Puente América, con un grupo de prisioneros a quienes llevaban amarrados. Allí cerca de un árbol los fueron matando con los procedimientos más crueles, cercenándoles diversas partes del cuerpo hasta finalmente decapitarlos. Luego hicieron otra fosa, cercana a la anterior, y allí sepultaron los cuerpos mutilados. Este mismo día los paramilitares asesinaron en Ríosucio a EDILBERTO NEGRETE, de 29 años, a quien bajaron de su caballo cuando se desplazaba por el camino carreteable hacia el aeropuerto, y a WILLIAM CUESTA VALENCIA, de 22 años.

27.12.96
El 27 de diciembre los paramilitares retuvieron al joven LUIS ALBERTO MURRIA CABRERA, le robaron su bote, el motor No. 40 y el mercado que llevaba para la tienda del sitio La Nueva, sobre el río Truandó, lo amarraron a un árbol y al día siguiente lo asesinaron.

30.12.96
El 30 de diciembre de 1996 los paramilitares retuvieron y degollaron a FRANCISCO IBARGUEN.

Enero de 1997-
El 1° de enero de 1997 los paramilitares asesinaron a RAFAEL PANESSO, de 24 años y al día siguiente, el 2 de enero, sacaron de sus casas a PASTOR CÓRDOBA, y a JUAN CÓRDOBA, y los mataron al otro lado del río, en Villa Rufina. Un día después, el 3 de enero, asesinaron a CIPRIANO CORNELIO MOSQUERA. El 5 de enero, a las 11 de la noche, llegaron a la casa de EMIRO MOSQUERA, de 29 años, lo llamaron, lo llevaron a la orilla del río Atrato y allí lo asesinaron. El 9 de enero, a las 6 de la mañana, asesinaron a LUIS EDUARDO GIRALDO. Por el río Atrato, la gente vio flotando 11 cadáveres, pero solo pudieron sacar 3 y sepultarlos. El 10 de enero, a las 7.30 de la mañana, unos policías llegaron al muelle donde se encontraba la barcaza Darién, insultaron a los trabajadores de la misma y les lanzaron una bomba que hizo una fuerte explosión; uno de los policías asesinó a un trabajador apodado “Colombia”, oriundo de Cartagena, a pesar de que la víctima levantó las manos rogando que no lo mataran. El mismo 10 de enero el Ejército bombardeó LA CIENAGA DE EL GUINEO, en la zona del río Salaquí.

A partir de la masacre de Bajirá, en octubre de 1996, comenzaron a llegar al casco urbano de Riosucio centenares de personas desplazadas.

C) HECHOS PERPETRADOS EN EL MUNICIPIO DE
DABEIBA (ANTIOQUIA)

Mayo 12 a 18 de 1997-
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en la Presidencia de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: en la semana del 12 al 18 de mayo de 1997 se realizó una tercera incursión de paramilitares al municipio de Dabeiba. Se hospedaron inicialmente en la residencia "El Paso del Sol", en la plaza principal, muy cerca del Comando de la Policía, con cuyos miembros se les vio dialogando frecuentemente. Luego se instalaron en una casa ubicada en la carrera "Murillo Toro", distinguida con el No. 8-80, a una cuadra del Comando de la Policía. Usaban prendas militares y se movilizaban en una moto que era propiedad del señor ALIRIO AVENDANO, a quien asesinaron, y en un campero Nissan gris, propiedad del señor ENRIQUE BORJA, a quien también asesinaron luego de torturarlo. Dichos vehículos eran parqueados frecuentemente frente a la base militar y otras veces en el parqueadero del señor Raúl Valderrama. Esta vez anunciaron que no asesinarían a nadie dentro del casco urbano sino que los conducirían a las afueras del mismo para matarlos. Para el efecto instalaron retenes en las vías que conducen a los corregimientos de Urama y Camparrusia y a las entradas del IDEM y de la hacienda San Antonio, sitios todos distantes cerca de 5 minutos desde el caso urbano. El 17 de mayo de 1997 fueron asesinados en la vía al corregimiento de Urama el señor ALIRIO AVENDAÑO y otra persona que lo acompañaba en la moto. Su moto fue utilizada en adelante como medio de transporte por los paramilitares.

En el mismo oficio antes mencionado se dejó constancia de otros crímenes perpetrados por el mismo grupo ante la tolerancia total de todas las autoridades:

El 15 de mayo de 1997 asesinaron en el sitio "Puente Blanco", de Dabeiba, al señor ARISTIDES TORRES, vendedor de helados, en momentos de intenso control militar/paramilitar del pueblo.
El 15 de mayo de 1997 fue bajado de un bus en el que se dirigía al barrio "Alfonso López" el obrero HERNANDO RENGIFO y su cadáver apareció el lunes siguiente en el sitio "Guayabito", en la vía hacia Medellín.
El 22 de mayo de 1997 fue asesinado, en el sitio conocido como "Guayabito", el señor MIGUEL AGUDELO, quien había sido sacado violentamente de su casa la noche anterior.
El 25 de mayo de 1997 fue sacado de su casa violentamente, a la 1.00 de la tarde, el señor JORGE LEON GARCIA DAVID e introducido en un vehículo. El trató de resistir arrojándole piedras a sus agresores, pero estos le dispararon. Tres policías observaron la escena a pocos metros sin reaccionar en absoluto. Pocos minutos después, la víctima murió en el hospital local, donde fue conducida por sus familiares.
El 25 de mayo de 1997, en el sitio "Alto Bonito", entre Mutatá y Dabeiba, fue bajado de un bus el señor PEDRO NEL BORJA y asesinado allí mismo.
el 27 de mayo de 1997, a las 2.00 P.M., fue asesinado el conductor HERNANDO LEON CORREA, en la vía entre Uramita y Dabeiba.
El 29 de mayo de 1997, hacia las 7.30 A.M., fue sacado violentamente de su casa, en el casco urbano, el señor LUIS EDUARDO OSORIO FLOREZ, y asesinado en el sitio conocido como "El Túnel”, a las 9.00 A.M.
El 29 de mayo de 1997, fue sacado también de su casa el señor GUSTAVO TABORDA VASQUEZ y asesinado en el sitio "La Peña del Diablo", en un retén paramilitar, en presencia de numerosos testigos.
El 1° de Junio de 1997 fue sacado violentamente de la plaza de mercado el menor de edad LUIS EDUARDO CARVAJAL, quien sostenía a su madre con su trabajo de ayudante en una carnicería. Su cadáver fue llevado a la morgue a las 10.00 A.M.
El 2 de junio de 1997 fue sacado violentamente de su casa el señor BERNARDO AGUIRRE y asesinado en el sitio conocido como “El Túnel.”
El 6 de junio de 1997, en el sitio "Puente Blanco" fue asesinado el conductor GABRIEL ANTONIO MUÑOZ GUISAO, quien laboraba en la compañía "Stigma" e iba conduciendo un vehículo
El 7 de Junio de 1997 en el sitio "Peña del Diablo" fue asesinado el campesino HERNANDO GALLO, cuando se dirigía a su vereda "Cruces”.
El 9 de Junio de 1997 fue asesinado en una casa del barrio "El Paso", del casco urbano, el señor JOSE ISIDRO LONDOÑO..
El 14 de Junio de 1997, en el sitio “Puente Blanco” fue asesinado el señor EDILBERTO USUGA MANCO, quien fue sacado violentamente de su casa, en el casco urbano, por hombres armados.
El 15 de Junio de 1997 fue bajado de su vehículo, en un retén paramilitar instalado en la entrada del IDEM, en la salida hacia el corregimiento de Camparrusia, el señor HERNAN CORREA, introducido en otro vehículo custodiado por uniformados, y hacia las 4:00 P.M. asesinado en la entrada de la finca “Remolino”; la misma camioneta en que fue llevado el señor Hernán Correa para ser asesinado, fue vista más tarde atravesando la población con tres personas amarradas, dirigiéndose hacia la vía que conduce a Medellín y pocos minutos después se anunció que "había habido un enfrentamiento" y el ejército desplegó gran actividad, apareciendo poco después los cadáveres de las personas que fueron vistas en la camioneta, con sus rostros destrozados y presentados como "guerrilleros muertos en combate".
El 17 de Junio de 1997, en presencia de numerosos asistentes a una reunión convocada por los paramilitares en la vereda “Cruces”, fueron asesinados un conductor apodado “LA LIEBRE” y su ayudante JESUS BERRIO, hacia las 8:00.A.M,
El 20 de Junio 20 a las 6:30 P.M. fue asesinado frente a su residencia, en presencia de sus hijos menores de edad, el señor ANTONIO MARIA TORRES SÁNCHEZ.
El 20 de Junio fue asesinado en el barrio Obrero, el vendedor de chance JOSE TOBIAS BARRANTES.
El 23 de Junio fue asesinado en su residencia, ubicada junto a la salida de la carretera que conduce a Medellín, el señor EFRAIN DE JESUS DURANGO ESPINAL.
El 23 de Junio fue asesinada una niña de nombre Yury, en el barrio Obrero.
El 4 de Julio de 1997 fue sacado de un establecimiento público del caso urbano el señor CARLOS PINZON, siendo hallado su cadáver al día siguiente en el sitio “Guayabito”, sobre la carretera hacia Medellín.
El 7 de Julio de 1997, en un retén paramilitar instalado en la salida hacia Frontino, fue bajado de su vehículo y asesinado el transportador HERMES USUGA, quien llevaba productos agrícolas de Dabeiba a Medellín.
El 8 de julio de 1997 a la 1.00 de la madrugada fue sacado violentamente de su casa, en el casco urbano, el señor HERNANDO USUGA, padre de Hermes Usuga, asesinado el día anterior, y asesinado sobre la carretera que conduce de Dabeiba a Turbo.

El 9 de Julio de 1997 en horas de la mañana llegaron los paramilitares a la finca del señor EFRAIN GUISAO, en el sitio “José Dolores”, de la vereda “Chimiadó”, le ordenaron reunirles sus 30 reses y luego lo asesinaron, y cuando uno de sus hijo allí presente, JOHN FREDY GUISAO, intentó correr aterrorizado, fue también asesinado, siendo conducido luego el ganado a la finca “San Antonio”, donde al parecer permaneció.
El 11 de Julio de 1997 en la madrugada, entraron unidades paramilitares a la casa de la señora ELENA SEPÚLVEDA y le dieron muerte.
El 12 de Julio de 1997, en la vereda "Tacidó", sobre la vía al mar, fue asesinado el señor LUIS EDUARDO OSORIO.
El 12 de Julio de 1997 fue bajado de un vehículo en el cual se dirigía desde Dabeiba al corregimiento de Urama, el señor ANÍBAL SUAREZ.
El 13 de Julio de 1997 fue asesinado el señor MARIO GONZALEZ, cerca de Uramita, hacia donde se dirigía.
El 13 Julio de 1997 en el corregimiento de Urama, fue asesinado JOHN JAIRO GUERRA OQUENDO.

El 10 de diciembre de 1998, mediante oficio entregado al Presidente y al Fiscal General, entre otras autoridades, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que:

El domingo 20 de julio de 1997 hacia las 2:00 A.M. ingresaron al corregimiento de La Balsita unos 80 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, identificándose primero como miembros de las FARC y luego como paramilitares que operan en la región, y asesinando a eso de las 4:00 A.M. al Señor ROSENDO GUEVARA.
El domingo 20 de julio de 1997 hacia las 6:00 A.M , cerca de diez campesinos que se encontraban en el caserío La Balsita fueron retenidos por los paramilitares, obligándolos a subirse en un bus escalera, encañonándolos y amenazándolos con machetes, mientras al resto de la población le gritaban: “para que aprendan a conocer a los paras”. Entre los desaparecidos se encuentran MANUEL BERLY ACOSTA, padre de cinco menores de edad, desplazado del municipio de Ríosucio, Chocó, en diciembre de 1996, ARNULFO BELTRAN, MALENO MORALES, JAIME GRACIANO, MANUEL SALVADOR BERRIO, FERNANDO MUÑOZ. Los nombres de los restantes desaparecidos se desconocen porque sus familiares huyeron de la región. Pobladores de otras veredas manifestaron que 8 de los detenidos-desaparecidos fueron vistos como prisioneros en dos retenes paramilitares. De acuerdo con versiones de algunos testigos los campesinos se encontraban con las manos atadas y eran insultados públicamente por el grupo paramilitar que se paseaba con plena libertad de acción por la zona.
El 25 de julio de 1997 ALVARO TUBERQUIA, de 30 años de edad, fue asesinado por grupos paramilitares, luego de ser amarrado y torturado, cerca de la vereda Betania, del municipio de Dabeiba.
El 26 de julio de 1997 a las 2:30 P.M., en el municipio de Dabeiba, JOSE AGUSTIN ESPINAL, habitante del corregimiento de Urama, fue golpeado fuertemente por varios paramilitares, luego arrastrado hasta una camioneta en la que fue introducido, apareciendo su cadáver en el sitio conocido como “El Remolino”, al lado del cadáver de otro poblador llamado OSCAR.
El lunes 28 de julio de 1997, en el Barrio Obrero de Dabeiba fue asesinado por paramilitares, el señor NOE DAVID.
El sábado 2 de agosto de 1997 a las 3:00 A.M. ingresaron a El Pital 14 hombres uniformados pertenecientes a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, entre quienes fue reconocido el paramilitar JAVIER GRACIANO, y a eso de las 7 A.M. sacaron de sus casas a los campesinos ARCADIO ESCOBAR, ARNOLDO DUARTE, RUBIELA RAMIREZ Y MANUEL DUARTE; así como a los indígenas ALVARO Y ENRIQUE DOMICÓ; a ARNOLDO, ARCADIO y MANUEL los obligaron a subirse en una camioneta de los paramilitares para ser conducidos al sitio conocido como Quebrada del Mohan, donde asesinaron a ARCADIO, quedando los demás desaparecidos, aunque una versión daba cuenta de que MANUEL DUARTE habría aceptado colaborar con el grupo paramilitar para salvar su vida.
El sábado 9 de agosto de 1997 en el Barrio Alfonso López, municipio de Dabeiba, fueron sacados por la fuerza de su casa ROBERTO PEREZ y SU HIJO del mismo nombre, por miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, desconociéndose el paradero de estos dos campesinos, aunque versiones de algunos testigos indicarían que fueron asesinados y sus cuerpos arrojados en el sitio conocido como “La Llorona”.
El viernes 10 de agosto de 1997 en el retén paramilitar ubicado en el sitio conocido como El Remolino fue asesinado FRANCISCO CORDOBA, campesino de la población de Urama, dentro de los operativos realizados por los destacamentos paramilitares.
El jueves 16 de agosto de 1997 un grupo de paramilitares asesinó a RAMIRO ANTONIO OQUENDO, luego de torturarlo y quemarlo con ácido en varias partes del cuerpo, habiéndolo bajado de un bus en el que se movilizaba hacia Mutatá en compañía de varios compañeros del grupo juvenil al que pertenecía.
El miércoles 22 de agosto de 1997 el cargador JOSE ANGEL HIGUITA fue llevado por la fuerza por un grupo paramilitar a la Hacienda El Pital, encontrándose desde entonces desaparecido.
El viernes 24 de agosto de 1997 LUIS ORLANDO DURANGO fue detenido forzadamente por un grupo paramilitar y conducido al sitio conocido como La Llorona, desconociéndose en adelante su paradero, aunque algunos suponen que su cuerpo habría sido arrojado al precipicio que hay allí.
El domingo 26 de agosto de 1997 fue asesinado por paramilitares en la cancha del barrio Victoria Cárdenas de Dabeiba HERNAN ELADIO RAMÍREZ.
El lunes 27 de agosto de 1997 fueron asesinados en Puente Blanco JHON DANILO y RUBEN GARCIA.
El lunes 27 de agosto de 1997 fue asesinada ENITH POSADA PÉREZ, en el sitio conocido como “El Pital” .
El lunes 27 de agosto de 1997 fue asesinado por paramilitares RAFAEL CARMONA en el casco urbano de Dabeiba.
El jueves 30 de agosto fue Desaparecido forzadamente JOSE OCAMPO, simpatizante de la Unión Patriótica, luego de ser sacado de la vereda El Pital por los paramilitares.
El viernes 31 de agosto de 1997 los paramilitares que se habían tomado la población de Dabeiba desde mediados de mayo, asesinaron a ADAN ESCOBAR, militante de la Unión Patriótica, luego de torturarlo y quemarlo en varias partes de su cuerpo con ácidos, tras haberlo retenido a las 6:00 A.M. en el camino que conduce de Urama a Dabeiba.
El domingo 1° de septiembre de 1997 las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” asesinaron a MÓNICA PULGARIN, de 26 años de edad, cuando viajaba de Dabeiba a Medellín en compañía de su novio, en un bus de servicio público de donde la obligaron a descender violentamente, apareciendo posteriormente su cuerpo en Uramita con signos horrendos de torturas, como la extracción de las uñas y el cabello, fracturas en las piernas y en la espalda y violación carnal.
El domingo 5 de septiembre de 1997 FRANCISCO PINO, de 35 años de edad, fue abaleado por miembros del grupo paramilitar, a unos pocos metros de la estación de Policía, a medio día, en la plaza central del municipio, mientras se encontraba en compañía de su esposa y de su hijo de dos meses; habiendo sido ya herido, fue obligado por sus victimarios a subir a una camioneta del grupo paramilitar desde donde fue arrojado después a un precipicio en el sitio conocido como “La Llorona”.
El 15 de octubre de 1997, GLORIA GRACIANO, habitante de la vereda Guadualito, fue asesinada en un retén instalado por los paramilitares.
El 16 de octubre de 1997, JHON GILDER MANCO, habitante de la vereda Agualinda, fue asesinado por los paramilitares.
El 22 de octubre de 1997, IVAN QUIROZ, habitante de la vereda El Mango, de Dabeiba, fue asesinado en el casco urbano por miembros del contingente paramilitar.
El miércoles 12 de noviembre de 1997, durante todo el día los paramilitares que se habían tomado el municipio de Dabeiba desde mediados de mayo con la anuencia de todas las autoridades, impidieron el paso de la gente hacia la vereda Llano Grande en Guaricama y el día 13 retuvieron a ALBEIRO USUGA y a ALBERTO SIERRA en el retén paramilitar, junto con 3 personas más que fueron asesinadas en el mismo instante, mientras Albeiro y Alberto, queriendo salvar sus vidas, aceptaron trabajar como “informantes” al servicio de los paramilitares, siendo sin embargo asesinado Albeiro el día 14 de noviembre y apareciendo su cuerpo con signos de tortura y quemaduras de ácido, sin que se volviera a saber el paradero de Alberto.
El viernes 24 de noviembre de 1997 a la 4:00 A.M. ingresaron a la vereda Llano Grande-Chimiadó, un grupo de 50 hombres armados de las llamadas “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”; según testigos, en esta acción reconocieron a miembros del Ejército Nacional del Batallón Coyará -con sede en Mutatá- y entre los paramilitares fueron reconocidos Albeiro Usuga y Alberto Sierra, secuestrados el día anterior por el mismo grupo y obligados a trabajar con ellos para salvar sus vidas siendo sin embargo posteriormente asesinado uno y desaparecido el otro; llegaron a la casa de la familia MANCO USUGA y de allí sacaron por la fuerza a FELIX ANTONIO MANCO, de 54 años; y a sus hijos WILSON JAIRO, de 24 años de edad; y ELIECER DE JESUS, de 13 años de edad, pudiendo la esposa de Félix escapar con vida; los tres fueron torturados y asesinados en el retén del Puente de Urama; a Wilson, antes de asesinarlo, lo vistieron de guerrillero, le pusieron un arma y lo pasaron por la vereda diciendo que era miembro de un grupo subversivo; a los hijos los encontraron desfigurados, quemados con ácidos y baleados, y a Félix lo llevaron hasta el sitio llamado “La Llorona” donde lo arrojaron por el precipicio, sin que su cuerpo sin vida hubiera podido ser hallado.
El domingo 23 de noviembre de 1997 entraron por el río Sinú un grupo numeroso de paramilitares, quienes asesinaron a ANANÍAS GUISAO, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Antazales, de Dabeiba, a MILTON DAVID y a PEDRO MONTOYA, a quienes retuvieron en el sitio Buena Vista, en la finca de propiedad de SIMEÓN TORRES, aproximadamente a las 5:00 P.M., manifestando los paramilitares a Ananías que “el ganado que él tenía era de la guerrilla”; que sus cuerpos aparecieron con signos visibles de torturas, descuartizados, quemados con ácido y degollados.
El lunes 24 de noviembre de 1997 ALEJANDRO HIGUITA fue asesinado por los paramilitares; los vecinos encontraron su cadáver en el sitio conocido como “Epifanio- Loma alta”, de la vereda Antazales, presentando su cuerpo señales de tortura y marcas de cuerda en el cuello, lo que hizo presumir que fue asesinado el mismo día de su retención.
El lunes 24 de noviembre de 1997, en Antazales, luego de amenazar y asesinar a 4 personas y desparecer a otras dos, los paramilitares quemaron 8 viviendas; ROSALBA USUGA fue asesinada junto con su hijo JOAQUIN EMILIO, de 18 años de edad y junto con la esposa e hijo de ANANIAS GUISAO USUGA; los asesinatos ocurrieron a la 4:00 A.M. en presencia de PAOLA ANDREA, 5 años, JUAN CAMILO GUISAO, 7 años, JONATHAN GUISAO, 7 años, y CARLOS MARIO GUISAO, de quienes se desconoce su paradero, mientras FLORENTINO, el hijo mayor, era llevado por los paramilitares y obligado a arrear el ganado, logrando escapar posteriormente.
El martes 25 de noviembre de 1997 las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” ingresaron en la madrugada a Tocunal y de allí se trasladaron hacia Antazales, pasando a las 7:00 A.M. casa por casa diciéndole a sus habitantes que iban a quemar sus viviendas y que tenían plazo hasta las 6:00 P.M. para abandonar la zona, amenazándolos con expresiones como: “si no abandonan, vienen los bombardeos”, y obligando a los jóvenes a reunir todo el ganado porque ellos se lo iban a llevar, procediendo en efecto, minutos más tarde, a quemar 8 casas y a tumbar varios puentes que comunican con las veredas vecinas; ingresaron a la casa de SIMEÓN TORRES, de 46 años de edad, lo amarraron delante de su sobrina, lo acusaron de ser un “colaborador de la guerrilla”, lo golpearon y lo llevaron a un puente cercano, colocándolo en la mitad del puente atado a una varilla y accionándole luego una carga de dinamita para darle muerte destrozándolo.
A las 2:00 P.M. del mismo martes 25 de noviembre, los mismos paramilitares retuvieron a REYNALDO RAMIREZ, de 42 años de edad, en la vereda Antazales, luego de quemarle su vivienda, desconociéndose desde entonces su paradero.
En la misma incursión paramilitar, ese mismo martes 25 de noviembre, asesinaron a LUZ ENYDA y a MARCOS DUARTE, de 48 años de edad, en su propia finca “El Sande”, ubicada en la vereda Galilea, y luego de asesinarlos con disparos de fusil, les quemaron la casa y les robaron el ganado, quedando sus cadáveres insepultos y devorados por gallinazos.
El miércoles 26 de noviembre de 1997, al ingresar al corregimiento de La Balsita los paramilitares asesinaron a HERIBERTO AREIZA, de 32 años de edad, propinándole un tiro en la cabeza y arrancándole los ojos.
El miércoles 26 de noviembre de 1997 RICAURTE MONROY AREIZA, de 16 años de edad, fue asesinado en La Balsita por los paramilitares. A Ricaurte lo degollaron luego de sacarle los ojos y de quemarle las piernas con ácido, produciéndose el crimen a eso de las 4:00 P.M., cuando se dirigía de la finca de una familiar a la de su madre.
El jueves 27 de noviembre de 1997, en la vereda Tocunal, mientras tostaban café, fueron asesinados por miembros de la estructura paramilitar OSCAR VALDERRAMA, de 60 años de edad, y su hijo ALFONSO, de 25 años de edad, ambos miembros de la Iglesia Pentecostal.
El sábado 29 de noviembre de 1997, LUIS ALBERTO AVENDAÑO, de 17 años de edad, fue asesinado por los paramilitares.
El miércoles 24 de diciembre de 1997, en la vereda El Páramo, cerca de Tocunal, EDISSON GUERRA, miembro de la Iglesia Pentecostal, fue asesinado a las 8:00 P.M. por los paramilitares
El 2 de enero de 1998, PABLO EMILIO TUBERQUIA, de 30 años de edad, fue asesinado a las 2:00 p.m., luego de ser obligado a subir en una camioneta verde doble cabina que utilizan los grupos paramilitares, siendo su cadáver arrojado posteriormente a la salida de Dabeiba, en el sitio conocido como “La Llorona”.
El día 2 de enero de 1998 ARLEY USUGA, de veinte años de edad, fue asesinado por los grupos paramilitares instalados en la población.
El 25 de febrero de 1998, en la vereda Antazales, corregimiento La Balsita, fueron asesinados por los grupos paramilitares MANUEL ZAPATA Y GLORIA AGUDELO. siendo además desaparecidas dos hijas de Manuel y destruida su vivienda y sus enseres.
El sábado 11 de abril de 1998, a las 3 P.M. CARLOS ENRIQUE MAZO VARGAS, de 22 años de edad, desplazado de la vereda de Antazales, corregimiento de La Balsita, fue retenido- desaparecido por un grupo de paramilitares de las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” . Carlos había abordado un bus de la empresa “Gómez Hernández” a las 3:00 P.M, junto con su hermano y un sobrino de 5 años, con destino a Chigorodó, y cuando el vehículo llegó al sitio conocido como “La Llorona”, ubicado a 10 minutos del municipio de Dabeiba, un grupo de hombres vestidos de civil que se movilizaban en una camioneta, hicieron detener el bus y se dirigieron inmediatamente al lugar en que CARLOS ENRIQUE se encontraba, obligaron a los pasajeros a guardar silencio, y delante de ellos lo golpearon y lo obligaron a bajarse del vehículo gritándole que era guerrillero, apareciendo su cuerpo sin vida cuatro días después, el miércoles 15 de abril, en las orillas del Riosucio, a la altura del municipio de Mutatá.
El martes 24 de febrero de 1998 varios hombres que se identificaron como miembros de la Fiscalía que venían de Bogotá, luego de recoger información con una campesina llamaron a más de diez campesinos desplazados a declarar en la sede del Concejo Municipal de Dabeiba, encontrándose entre los declarantes FRANCISCO JAVIER MONTOYA, líder de la comunidad de Desplazados de La Balsita. El sábado 4 de julio de 1997 fue detenido el bus en que viajaba Francisco Javier y él retenido, a cinco minutos del casco urbano, en el sitio conocido como “La Papayera”; una vez obligado a bajar del bus lo hicieron sentar en la carretera y lo interrogaron sobre su trabajo de promotor de comunidades, lo tildaron de “sapo de la guerrilla” y lo acusaron de manipular a los desplazados para que protestaran; luego le dieron 3 tiros a quema ropa y luego obligaron al vehículo a continuar su marcha, mientras colocaban el cuerpo sin vida de Francisco Javier en la camioneta de placas KFD 965 de Medellín, color azul, la que se enrutó hacia el puente de Urama, pero los esfuerzos por encontrar su cadáver han sido infructuosos.
El viernes 24 de julio de 1998 en la vereda La Balsita, finca “El Jilguero 5”, miembros del contingente preguntaron a la señora de la casa por ANASTASIO ARANGO, encontrándoselo momentos más tarde en el camino y disparándole, pero él logró escapar con vida.
El domingo 2 de agosto de 1998 fue asesinado por paramilitares el campesino JUAN DE JESUS CARDONA, de la vereda Llano Grande, cuando viajaba desde el casco urbano de Dabeiba hasta su casa en un vehículo de servicio público, en el mismo que se transportaban dos paramilitares quienes en la recta llamada “La Papayera” obligaron a JUAN DE JESUS a que se bajara, luego lo amarraron con las manos atrás, y con un machete nuevo que él mismo había comprado, lo cortaron, obligándolo luego a subirse al vehículo, y como no era capaz a causa de las heridas, lo tiraron al piso y lo maltrataron mientras lo acusaban de ser “colaborador de la guerrilla”, y luego obligaron al conductor del bus a llevarlos hasta las partidas de Chimiadó, donde bajaron a Juan de Jesús y probablemente lo asesinaron, pues se escucharon disparos, aunque el cuerpo no pudo ser hallado.

Todo esto se dio en el contexto de la tercera incursión paramilitar a Dabeiba, iniciada en el mes de mayo/97, que no contó con resistencia alguna de la fuerza pública ni de las autoridades locales, pudiendo los criminales movilizarse libremente por las zonas rurales y urbanas perpetrando infinidad de crímenes, sin que las autoridades nacionales hubieran querido atender los llamados apremiantes que se les hicieron para que ejercieran sus deberes constitucionales frente a esta situación.

D) HECHOS PERPETRADOS EN VIGÍA DEL FUERTE Y CASERÍOS CERCANOS

22.05.97
El 29 de mayo de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en Fiscalía General de la Nación con fecha 3 de junio de 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 22 de mayo de 1997, 100 paramilitares transportados en embarcaciones rápidas se tomaron la población de Vigía del Fuerte (Ant.), sin reacción alguna de la Policía allí acantonada, la que, por el contrario, patrulló conjuntamente el pueblo con los paramilitares; que antes de llegar a Vigía, en el pueblo de Tadía, los paramilitares asesinaron al Señor EUCLIDES CUESTA; que el 22 de mayo en Vigía del Fuerte sembraron el terror, dispararon y retuvieron a varias personas que desde entonces están desaparecidas, entre ellas el Señor SAMUEL CORREA, y obligaron a más de 20 personas a abandonar el poblado bajo amenazas de muerte; que al día siguiente llegaron al pueblo tres lanchas patrulleras del Ejército, y, cuando se retiraban, una de las embarcaciones de los paramilitares se acercó ellas, en el río, y dialogaron durante un rato; que ese mismo día llegaron dos avionetas, al parecer procedentes de Turbo, con alimentos para los paramilitares; que el 24 de mayo fue retenido allí mismo por los paramilitares el Señor ELIGIO GONZALEZ, llevado en una embarcación y desaparecido.

El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 23 de mayo de 1997, en la noche, fue sacado de un establecimiento público de Vigía del Fuerte el señor SAMUEL RENGIFO MOSQUERA por los paramilitares que se habían tomado el poblado de Vigía el día anterior, con visible aprobación de la Policía y el Ejército que dialogaron con ellos, patrullaron juntos y les llevaron vituallas en avionetas, desconociéndose desde entonces el paradero de Samuel Rengifo Mosquera, si bien existen rumores no comprobados de que fue asesinado y arrojado al río.

23.05.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 23 de mayo de 1997 fue retenido el profesor FRANCISCO ROMAÑA en Murrí-La Loma, jurisdicción de Vigía del Fuerte, por los paramilitares que en abierta conversación y coordinación con Policía y Ejército se habían tomado la población de Vigía desde el día anterior, desconociéndose en adelante el paradero de Francisco.

26.05.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 26 de mayo de 1997 los paramilitares que se habían tomado la zona desde el 22 de mayo en visible coordinación con Policía y Ejército, reunieron al Cabildo Mayor Indígena de Bojayá y los obligaron a abandonar su territorio por un período de dos meses, privándolos de todos los medios de subsistencia.

27.0597
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 27 de mayo de 1997 el comandante paramilitar que dirigió la incursión en la zona y se hacía llamar "LOBO", amenazó al Personero Municipal de Vigía del Fuerte, quien se ve obligado a abandonar la región.

29.05.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 29 de mayo de 1997 fue amenazado por los paramilitares que se tomaron la zona desde el 22 de mayo en visible coordinación con Ejército y Policía, el Secretario del Juzgado de Bellavista, y obligado a abandonar la región.

01.06.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 1° de junio de 1997 el motorista del hospital de Vigía del Fuerte, DAVID OSORNO VALENCIA, de 27 años, cuando regresaba de Bojayá de conseguir plátanos, fue retenido por los paramilitares que se habían tomado la zona desde el 22 de mayo en visible coordinación con Ejército y Policía y que en ese momento se movilizaban en una panga por el río, siendo asesinado luego de varios disparos.

08.06.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 8 de junio de 1997 llegaron unidades militares a la Inspección "Corazón de Jesús" (del municipio de Bojayá) y retuvieron al señor CARMELO BEYTAR, quien ya había sido desplazado violentamente de la zona del río Salaquí a causa de bombardeos e incursiones militares/paramilitares y trabajaba como ayudante de un aserrador de nombre PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ CHALA. Carmelo fue llevado por el río y asesinado y su cuerpo sepultado en la finca del señor Félix Guardia, que se ha convertido como en cementerio de los paramilitares; Pedro José fue visto amarrado por los paramilitares, desconociéndose en adelante su paradero.

14.06.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 14 de junio de 1997 fue asesinado en La Loma de Bojayá, el señor FABIO PALOMEQUE, por los paramilitares que se habían tomado la zona desde el 22 de mayo en visible coordinación con Ejército y Policía, aduciendo, según rumores, que lo mataban por "haber dado informaciones falsas" a los paramilitares.

15.06.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 15 de junio de 1997 fue retenido en Vigía del Fuerte el joven WILMER MENA MENA, de la comunidad de Napipí, por los paramilitares que se habían tomado la zona desde el 22 de mayo en visible coordinación con Ejército y Policía, desconociéndose desde entonces su paradero.

01.07.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 1° de julio de 1997 un señor de nombre JOSÉ MARÍA DOLORES PALACIOS, de Playa de Murrí, fue retenido frente a la Estación de Policía de Vigía del Fuerte, por los paramilitares que se habían tomado la zona desde el 22 de mayo en visible coordinación con Ejército y Policía, y llevado al río Bojayá donde se cree que fue asesinado, habiéndolo ya conminado los paramilitares desde antes a abandonar la región, exigencia que él no consideró justa y por ello no la acató. Tres días después de su desaparición, un hijo suyo, miembro de la Policía, se trasladó a la base de los paramilitares a reclamar su cadáver; luego de mucha insistencia, le indicaron el lugar donde debía excavar para encontrarlo.

Con posterioridad a estas denuncias formales ante las altas autoridades del Estado, Justicia y Paz recibió otras informaciones de fuentes que le merecían toda credibilidad:

Primeros meses de 1996-
En los primeros meses de 1996 unidades de la Brigada XVII se establecieron en Belén de Bajirá donde había habido días antes incursiones de algún grupo guerrillero. Los militares reunían a los pobladores y les decían que detrás de ellos venían “los mochacabezas”. En efecto, una vez se retiró el ejército, llegaron los paramilitares, algunos de los cuales iban con la cara cubierta o pintada. Los pobladores comentaron que era fácil identificar, entre el grupo paramilitar, a algunos de los soldados que pocos días habían estado allí mismo, pero como no les conocían sus nombres ni podían tomarles fotografías, no podían dejar constancias de esto. Sin embargo, según el testimonio de un campesino que pidió reservar su nombre, un sujeto que se hacía llamar “El Valle” y que al parecer tenía el nombre de Sergio Burgos, estuvo con el Ejército, haciéndose reconocer como agente legal del Estado incluso con mando sobre tropa, y cuando fue perpetrada la masacre en Brisas, fue visto actuando con los paramilitares.

Mayo de 1997-
A partir de este mes se instala, en Vigía del Fuerte, un retén paramilitar que se permanece hasta el año 2000. A pesar de que en Vigía hay Policía y frecuente presencia del Ejército y patrullajes de la Infantería de Marina, y a pesar de denuncias persistentes de organizaciones nacionales e internacionales, el retén permaneció allí. El hecho pudo ser comprobado por una COMISION DE VERIFICACIÓN que recorrió la zona entre el 2 y 4 de noviembre de 1997, que exploraba las condiciones de retorno para desplazados de Pueblo Nuevo, Mesopotamia y Bojayá, y conformada por funcionarios del Gobierno y del Estado (Procuraduría Departamental, Defensoría Regional), así como de la Iglesia y las embajadas de Austria y Alemania, el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea y varios organismos no gubernamentales nacionales e internacionales. La Comisión elevó una denuncia pública. En una comunicación al Teniente Coronel Hernando Arciniegas Sánchez, Comandante de la Policía de Chocó, la Comisión afirmaba: “En varias ocasiones organismos intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales han denunciado la existencia de un retén ilegal conformado por presuntos paramilitares de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. La presencia del mencionado grupo se realiza en el área urbana del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia) sin que hasta el momento se hayan tomado las necesarias y oportunas medidas para garantizar el derecho a la movilización de los habitantes de la región (...)” En dicho retén fue permanentemente saqueado el pobre mercado de campesinos e indígenas de la región y allí muchos pobladores encontraron la tortura, la muerte o la desaparición. Las mismas embarcaciones eran saqueadas y privadas del combustible.

Al parecer, una denuncia por hechos ocurridos en Vigía del Fuerte el 22 de mayo de 1997, obra en la Fiscalía regional de Medellín, con el radicado 23675.

Junio a diciembre de 1997-
El 26 de junio fue detenido y luego asesinado por los paramilitares en el casco urbano de Vigía del Fuerte RICARDO ESCOBAR ARROYO. Al mes siguiente fue desaparecido URBANO MARTÍNEZ, y en agosto los paramilitares detuvieron a EDUARDO AVILÉS, en la comunidad de La Loma-Bojayá, cuando regresaba de su trabajo; al día siguiente su cuerpo apareció mutilado dentro de un costal con la cabeza separada; a los familiares no se les permitió enterrar su cadáver y permaneció expuesto durante tres días, hasta que la corriente del río lo arrastró y lo desapareció. Al mes siguiente, en septiembre, en la comunidad de Mesopotamia asesinaron a GREGORIO GUERRERO, embarcaron su cuerpo y lo condujeron hasta el casco urbano de Vigía del Fuerte donde hicieron una gran fiesta los paramilitares afirmando que “habían acabado a la guerrilla”. Los pobladores de Mesopotamia partieron en éxodo. El 4 de octubre, en el casco urbano de Vigía, fue detenido y desaparecido el vendedor ambulante JOSE ELIÉCER PESCADO TABARES. Entre noviembre y diciembre fueron asesinados también allí VITALINO SERNA CÓRDOBA y MARCIAL PALACIO.


Noviembre de 1997-
El 17 de noviembre de 1997, cuando viajaban en una lancha por el brazo de Murindó del Río Atrato, fueron retenidos y desaparecidos DIMAS PALOMEQUE LÓPEZ, de 15 años de edad, IGNACIO CHAVERRA ORTIZ, y otro de nombre WILSON (NO SE SABE EL APELLIDO). Por la misma zona fue desaparecido el motorista OLMEDO CAICEDO OSPINA.

Diciembre de 1997-
El 17 de diciembre de 1997 cerca de 200 paramiliatres iniciaron un recorrido criminal por los caseríos del RÍO JIGUAMIANDÓ y algunos del río Arrastradero. Recorrieron los caseríos de Santa Fe de Churima, Bella Flor de Remacho, Curvaradó, Brisas de Curvaradó, Apartadocito, Arrastradero, Zapayal, Nueva Esperanza, Anda Lucía, Puerto Lleras Y Llano Rico. Ejecutaron a 14 campesinos, desaparecieron a otros 9, mantuvieron cautivo por más de 20 días a un menor de 12 años, quemaron viviendas, destruyeron bienes indispensables para la subsistencia de la población. Ingresaron a la zona en embarcaciones conocidas como “pangas” y en vehículos terrestres. 1.200 campesinos tuvieron que desplazarse y unirse a otros 4.000 que ya se encontraban en campamentos infrahumanos en Pavarandó, rodeados por un cerco militar. En SANTA FE DE CHURIMA, el 17 de diciembre, penetraron a una casa donde los desplazados habían dejado guardados 14 motores de embarcaciones, los sacaron y se los llevaron en otro bote con motor que encontraron cargado con plátano; botaron el plátano al agua y en ese bote cargaron los otros 14 motores. Se llevan a 6 hombres del caserío, a quienes los obligan a cargar los botes y luego quedan desaparecidos, lo mismo que ocurre con otros 4 que encuentran por el camino. Las casa fueron destrozadas y saqueadas; todos los objetos de valor que encuentran, como motosierras, se los llevan, y lo demás lo destruyen. De allí parten para el caserío de BUENA VISTA, donde queman todas las viviendas con sus enseres y matan todos los aníñameles domésticos. Según informes de algunos pobladores, entre el año 97 y 98 los paramilitares asesinaron a 88 pobladores en esta zona.

Mayo de 1998-
El 28 de mayo de 1998 llegó al municipio de Murindó un grupo paramilitar compuesto por cerca de 400 integrantes; se tomó la vereda El Bartolo donde incendiaron 21 viviendas, destruyeron el centro de salud, la escuela y los productos agrícolas cosechados. Los 93 pobladores tuvieron que huir a la selva donde no tenían recursos de alimentación. Fueron asesinados los campesinos AURELIO BORJA, REMBERTO TOVAR, YOMAR MORELO y WALTER MENDOZA. En la comunidad indígena de La Isla asesinaron al indígena OTONIEL BAILARÍN.

E) HECHOS PERPETRADOS EN PAVARANDÓ Y VEREDAS VECINAS

27.05.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 27 de mayo de 1997 unos 40 hombres armados y vestidos con prendas militares llegaron a la vereda Llano Rico, del corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá (Ant.), reunieron a los pobladores, les solicitaron sus documentos de identidad y seleccionaron a 3 personas: FIDEL SUESCUN, JOSE PITALÚA y un joven apodado “PERICO”, a quienes asesinaron, llevando luego sus cadáveres a Mutatá. Cerca del sitio, un fuerte contingente militar le hacía cerco a 4.500 campesinos desplazados desde el 28 de marzo de la zona del río Salaquí, en el Chocó.

28.05.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que: el 28 de mayo de 1997, en el corregimiento de Llano Rico, los paramilitares sacaron de su casa al campesino EDILBERTO JIMENEZ, lo llevaron a un kiosco en el parque central, le cortaron el pelo al estilo militar, lo amarraron y lo pasearon así por el pueblo y luego, junto a la casa de sus padres, lo asesinaron; que al retirarse del poblado anunciaron que luego irían a Pavarandó (donde se encuentran los 4.500 desplazados) "a matar guerrilleros". El poblado de Llano Rico fue entonces abandonado por sus pobladores.

29.05.97
El 22 de julio de 1997, mediante oficio recibido y sellado en el despacho del Señor Presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación con fecha 23 de julio de1 1997, y en los despachos de otras altas autoridades del Estado, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz dejó constancia de que el 29 de mayo de 1997 destacamentos paramilitares se dirigieron a las veredas La Secreta y Malvinas, del corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá, donde asesinaron a 10 personas cuyos nombres no ha sido posible registrar, entre ellos un Pastor de la Iglesia Pentecostal, quien fue decapitado, y una señora, propietaria de un restaurante.


II
CALIFICACIÓN DE ESTOS HECHOS

Las conductas descritas en todas estas constancias que hasta ahora no han merecido la atención de las autoridades judiciales, ni administrativas, ni disciplinarias del Estado, a pesar de su extrema gravedad, constituyen a todas luces atentados contra la vida, la integridad y la libertad fundamental de grandes franjas de población, que comparten las características de vivir en determinadas zonas geográficas estigmatizadas por los victimarios; de participar en proyectos de protección como los de Comunidades de Paz ; o Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad , de ser visitados ocasionalmente por organizaciones insurgentes; eventualmente, en pocos casos, de simpatizar con determinadas propuestas políticas sin que impliquen actuaciones contrarias a la ley, u otras, características todas que han convertido a esas franjas de población en blanco de acciones sistemáticas de agentes directos e indirectos del Estado que actúan conjuntamente, que miran a destruir su vida, integridad y libertad, sus medios de subsistencia y sus tejidos comunitarios y sociales. Este tipo de conductas justamente son las que el DERECHO INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO ha definido, desde hace muchas décadas, como CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.

En efecto, el CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, según lo expone en una de sus sentencias más doctrinarias el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, (Caso No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment of May 7, 1997) fue reconocido por primera vez como concepto jurídico independiente y con imputación de responsabilidad penal individual por su comisión, en el artículo 6, parágrafo c, de la Carta de Nüremberg, la cual otorgó jurisdicción sobre ese crimen al Tribunal Militar Internacional para los Principales Criminales de Guerra, en 1945. Antes de esto había sido utilizado como concepto no técnico desde 1915 y en declaraciones referidas a la Primera Guerra Mundial, y fue insinuado en el preámbulo de la Convención de La Haya de 1907 en la llamada “Cláusula Martens”.

Se ha impugnado muchas veces el Tribunal de Nüremberg alegando que el Crimen de Lesa Humanidad no estaba previamente tipificado y que por ello se violó el principio universal de la no retroactividad de las leyes penales. Sin embargo, en la sentencia acabada de citar, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia cita la misma sentencia de Nüremberg donde se afirma que la Carta de Nüremberg constituía “la expresión del derecho internacional existente en el momento de su creación y en esa medida es un aporte al derecho internacional”. En este sentido el mismo Tribunal de Nüremberg interpretó el Estatuto como “declarativo”, o sea que expresaba conceptos jurídicos que ya eran objeto de consenso universal, y no en sentido “constitutivo”, o sea como norma sobre la cual apenas se habría logrado un consenso y que empezaría a tener vigencia de ahí en adelante.

Pero el solo sentido común es capaz de demostrar que lo que el Tribunal de Nüremberg definió como Crimen de Lesa Humanidad constituía CRIMEN en cualquier parte donde hubieran existido seres humanos, desde tiempos inmemoriales, ya que son conductas censuradas por la CONCIENCIA HUMANA en cuanto tal, por su misma naturaleza, y condenables por cualquier individuo que comparta la NATURALEZA HUMANA. Por eso los victimarios jamás podrán alegar ignorancia sobre el carácter criminal de sus conductas. Este es el principio general que se afirma en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969 e incorporado por la Ley 74 de 1968), cuando después de reafirmar el principio de no retroactividad de las leyes penales, afirma inmediatamente: “nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerlos, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocido por la comunidad internacional”.

Pero dígase lo que se diga sobre el Tribunal de Nüremberg, desde 1946 se da ese consenso universal sobre el Crimen de Lesa Humanidad. No solamente el concepto, como tipo penal, fue adoptado inmediatamente por el Estatuto del Tribunal del Extremo Oriente (19 de enero de 1946) y por la Ley No. 10 de Control Aliado sobre Alemania, instrumento éste que pasó a tener vigencia en el derecho penal de muchos países europeos, que ha servido para el enjuiciamiento de criminales de la Segunda Guerra Mundial con jurisdicción universal, y que desligó por completo el concepto de Crimen de Lesa Humanidad de cualquier relación con conflictos bélicos. Sin embargo, lo que más universalidad le ha dado al tipo penal de Crimen de Lesa Humanidad ha sido su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que mediante la Resolución 95(I) del 11 de diciembre de 1946, adoptó los principios del Estatuto y de la Sentencia de Nüremberg como de validez universal y los constituyó en el embrión de un Código Penal Internacional, encargándole a la Comisión de Derecho Internacional desarrollar y perfeccionar ese Código.

Dicha Comisión presentó a la Asamblea General el cuerpo de Principios de Nüremberg, que recibieron una segunda refrendación universal. La Comisión de Derecho Internacional concluyó su tarea, luego de accidentadas décadas, en 1996, y entregó a la Asamblea General su redacción final de lo que llamó CODIGO DE CRÍMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LA HUMANIDAD, cuyos conceptos sin lugar a dudas sirven de interpretación jurisprudencial de lo que pueda quedar oscuro o incompleto en la Carta de Nüremberg y en los Principios de Nüremberg.

Según dichas formulaciones, el CRIMEN DE LESA HUMANIDAD está definido como: “ los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia ” (Cfr. Comisión de Derecho Internacional de la ONU, Proyecto de Código, 1954, Doc. A/CN.4/85, del 30 de abril de 1954).

El Documento de 1996 de la Comisión de Derecho Internacional, adiciona más explícitamente, entre los actos inhumanos : la tortura; el traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario; el encarcelamiento arbitrario; la desaparición forzada de personas; la violación, la prostitución forzada u otras formas de abuso sexual. Muchas de estas conductas fueron siendo tipificadas en tratados internacionales, posteriormente, como Crímenes de Lesa Humanidad.

EL SUJETO PASIVO
DEL CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Es claro que el Crimen de Lesa Humanidad no es un delito aislado, sino que implica prácticas sistemáticas que afecten a una “población”. En una de sus sentencias más claras, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia aclara muy bien esto al afirmar:

“Los delitos aislados no caen bajo la noción de crimen de lesa humanidad. Tanto como una regla de acción masiva sistemática, particularmente si viniere de autoridad, sería necesaria para transformar un delito común, solo punible bajo el derecho local, en un crimen de lesa humanidad, el cual entonces llegaría a interesar también al derecho internacional. Solo los crímenes que, ya sea por su magnitud y salvajismo o por su gran número o por el hecho de que un parámetro similar fuera aplicado en diferentes momentos y lugares, y pusiere en peligro a la comunidad internacional o impactara la conciencia de la humanidad, justificaría la intervención de Estados diferentes de aquel en cuyo territorio han sido cometidos los crímenes o cuyos súbditos se han convertido en víctimas” (Caso No. IT-94-I-T, Sentencia mayo 7/97, No. 644, subrayado mío)

Para corroborar esto mismo sirve el comentario oficial que hace la Comisión de Derecho Internacional en 1996 al entregar la elaboración completa del Proyecto de Código:

La cláusula inicial de la definición establece dos condiciones generales que deben darse para que alguno de los actos prohibidos constituya un Crimen de Lesa Humanidad (...) La primera es la comisión sistemática o en gran escala. Esa primera condición se compone de DOS REQUISITOS ALTERNATIVOS. El PRIMERO exige que los actos inhumanos se cometan de forma sistemática , es decir, con arreglo a un plan o política preconcebidos. Lo importante de este requisito es que excluye el acto cometido al azar y no como parte de un plan o una política más amplios.(...) EL SEGUNDO REQUISITO ALTERNATIVO exige la comisión en gran escala , lo que quiere decir que los actos se dirijan contra una multiplicidad de víctimas. Este requisito excluye el acto inhumano aislado cometido por un autor por su propia iniciativa y dirigido contra una sola víctima (...) En consecuencia, un acto podría constituir un Crimen de Lesa Humanidad si se diera cualquiera de esos dos requisitos” (Doc. Suplemento No. 10 (A/51/10), 1996, pg. 101 y 102).


EL SUJETO ACTIVO
DEL CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Los Principios de Nüremberg y el Derecho Internacional posterior no dejan duda sobre ciertas aspectos que conciernen al sujeto activo del crimen y que se pueden sintetizar así:

Por un Crimen de Lesa Humanidad hay responsabilidad individual del que lo comete y está sujeto a sanción en Derecho Internacional (Principio I de Nüremberg).
Aunque el Derecho interno de un Estado no impusiere pena alguna por un acto que constituye delito en Derecho Internacional, esto no exime de responsabilidad en Derecho Internacional al que lo ha cometido. (Principio II de Nüremberg).
El hecho de que el que haya cometido un acto que constituya delito en Derecho Internacional haya actuado como Jefe de Estado o como autoridad del Estado, no lo exime de responsabilidad en Derecho Internacional (Principio III de Nüremberg).
El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad en Derecho Internacional si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de optar. (Principio IV de Nüremberg)
La complicidad en la comisión de un crimen contra la paz, de un crimen de guerra o de un crimen de lesa humanidad, constituye asimismo un crimen de Derecho Internacional (Principio VII de Nüremberg).

Estos principios son suficientemente claros pare trazar el perfil de la responsabilidad del victimario en crímenes de lesa humanidad. Pero si quedare alguna duda, el Artículo 2 del Proyecto final elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU en 1996, define mucho más explícitamente las diversas modalidades de responsabilidad, así:

“Será responsable de un crimen de los previstos en los artículos: 17 (Genocidio), 18 (Crímenes de Lesa Humanidad), 19 (Crímenes contra personal de las Naciones Unidas y asociado) o 20 (Crímenes de Guerra), el que:
Haya cometido intencionalmente tal crimen;
Haya ordenado la comisión de tal crimen y éste llegue a perpetrarse o se intente perpetrarlo;
No haya impedido o reprimido la comisión de tal crimen en las circunstancias previstas en el artículo 6;
Haya proporcionado deliberadamente ayuda, asistencia u otra clase de apoyo, de manera directa y sustancial, para la comisión de tal crimen, incluso facilitando los medios para ello;
Haya participado directamente en el plan o confabulación para cometer tal crimen y éste llegue a perpetrarse;
Haya incitado directa o públicamente a otro a cometer tal crimen y éste llegue a perpetrarse;
Haya intentado cometer tal crimen dando principio a su ejecución, sin que llegue a consumarse por circunstancias ajenas a su voluntad”.

(Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48° período de sesiones, 6 de mayo a 26 de julio de 1996, que incluye el Proyecto final del Código- Doc. Suplemento No. 10 (A/51/10) pg. 20).

Pero dado que el literal c se refiere al artículo 6, que complementa la definición de la responsabilidad cuando la comisión del crimen asume la modalidad de COMISION POR OMISIÓN, es necesario citar el texto de dicho Artículo 6:

“Artículo 6: El hecho de que el crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad haya sido cometido por un subordinado no eximirá a sus superiores de responsabilidad criminal, si sabían o tenían motivos para saber, dadas las circunstancias del caso, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal crimen y no tomaron todas las medidas necesarias a su alcance para impedir o reprimir ese crimen” (ibid. Pg. 37)

Tratándose aquí de la responsabilidad de autoridades del Estado, es importante también citar el artículo 4° que impide pensar en una especie de transferencia de las responsabilidades de los Estados a los individuos:

“Artículo 4: El hecho de que el presente Código prevea la responsabilidad de las personas por crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad no prejuzga ninguna cuestión de la responsabilidad de los Estados en virtud del Derecho Internacional” (ibid. Pg. 32).

El comentario de la Comisión de Derecho Internacional acota a este respecto: “Como subrayó ya la Comisión en el comentario al artículo 19 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, el castigo de los individuos que son órganos del Estado “no pone fin ciertamente a la persecución de la responsabilidad internacional que incumbe al Estado por los hechos internacionalmente ilícitos que, por el comportamiento de sus órganos, se les atribuyan en tales casos”. El Estado puede, pues, seguir siendo responsable sin que pueda eximirse de su responsabilidad invocando el procesamiento o el castigo de los individuos autores del crimen” (ibid. Pg. 33).

MODALIDADES DE
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
QUE EN ESTE CASO FUERON PERPETRAROS


Los hechos antes descritos y que constituyen la materia de esta demanda de justicia revisten a todas luces la categoría de Crímenes de Lesa Humanidad .

La misma definición de este tipo de crímenes, tal como se da en los instrumentos del Derecho Internacional antes citados es tan concreta que deja poco campo a interpretaciones.Algunas de esas conductas han sido objeto de Convenciones Internacionales específicas, como la que se refiere al GENOCIDIO (aprobada por Resolución 260 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948; en Colombia: Ley 28 de 1959, ratificada el 27 de octubre de 1959); la que se refiere al APARTHEID (aprobada por Resolución 3068 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 30 de noviembre de 1973, en Colombia: Ley 26 de 1987); la que se refiere a la ESCLAVITUD (firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 y modificada por Protocolo aprobado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 7 de julio de 1953; en Colombia: adhesión el 25 de septiembre de 1926); la que se refiere a la TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (aprobada por Resolución 39/46 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984; en Colombia: Ley 70 de 1987, ratificada el 8 de diciembre de 1987); la que se refiere a la DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS (aprobada por la XXIV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 1994 en Belém de Pará, Brasil, y entrada en vigor el 28 de mayo de 1996, firmada por Colombia el 5 de agosto de 1994 ante la Secretaría General de la OEA, aunque no ratificada aún) y que concuerda en sus términos fundamentales con la DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS (aprobada por la Resolución 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1992).

Hay otras modalidades del Crimen de Lesa Humanidad que no cuentan con un Tratado específico que aporte una tipificación más precisa y una serie de otros instrumentos relativos a la investigación y sanción del crimen. Por ello es útil mencionar algunos comentarios de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, cuya autoridad interpretativa en este campo es indiscutible y de primer orden, para entender mejor la naturaleza de algunas modalidades del Crimen de Lesa Humanidad, particularmente las modalidades de EXTERMINIO, TRASLADO FORZOSO DE POBLACIONES y PERSECUCIÓN.

El EXTERMINIO es un crimen que, por su naturaleza, se dirige contra un grupo de personas. Además, el acto utilizado para cometer el delito de exterminio supone un elemento de destrucción masiva que no se requiere para el asesinato. A este respecto, el exterminio está estrechamente relacionado con el crimen de Genocidio, en el sentido de que ambos crímenes se dirigen contra un gran número de víctimas. No obstante, el crimen del exterminio se daría en casos que difieren de los comprendidos en el crimen de Genocidio. El Exterminio comprende los casos en que se mata a grupos de personas que no comparten características comunes. Se aplica también a casos en que se mata a algunos miembros de un grupo pero no a otros. El Exterminio se incluyó como crimen contra la humanidad en el Estatuto del Tribunal de Nüremberg (art. 6, c), en la Ley 10 del Consejo de Control (art. 11, par. C), en los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoeslavia (art. 5) y Rwanda (art. 3), en los Principios de Nüremberg (Principio VI) y en el Proyecto de Código de 1954” (art. 2, par. 11).

El TRASLADO FORZOSO DE POBLACIONES CON CARÁCTER ARBITRARIO : mientras que la Deportación implica la expulsión del territorio nacional, el Traslado Forzoso de la Población puede producirse totalmente dentro de las fronteras de un mismo Estado. La expresión “con carácter arbitrario” se utiliza para excluir los actos cometidos por motivos legítimos, como la salud o el bienestar públicos, de manera compatible con el Derecho Internacional. La Deportación se incluyó como Crimen de Lesa Humanidad en el Estatuto de Nüremberg (art. 6,c), en la Ley No. 10 del Consejo de Control (art. II, apartado C), en los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoeslavia (art. 5) y Rwanda (art. 3), en los Principios de Nüremberg (Principio VI) y en el Proyecto de Código de 1954 (art. 2, párraf. 11)”.

El acto inhumano de PERSECUCIÓN puede adoptar muchas formas cuya característica es la denegación de los derechos humanos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas sin distinción, como reconocen la Carta de las Naciones Unidas (arts. 1 y 55) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2). La presente disposición se aplicaría a los actos de Persecución en que no existiera la intención específica que requiere para el crimen de Genocidio el art. 17. La Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos se incluyó como Crimen de Lesa Humanidad en el Estatuto del Tribunal de Nüremberg (art. 6,c), en la Ley No. 10 del Consejo de Control (art. II, par. C), en los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoeslavia (art. 5) y Rwanda (art. 3), en los Principios de Nüremberg (Principio VI) y en el Proyecto de Códigode 1954 (art. 2, parr. 11).

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD,
DERECHO INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO
Y SU VIGENCIA EN COLOMBIA

Teniendo claros los tipos penales adoptados desde tiempos remotos por el Derecho Internacional Consuetudinario, la mayoría reforzados posteriormente por el Derecho Internacional Convencional, pueden surgir varias preguntas, cuando se trata de aplicar todas esas normas del Derecho Internacional a un conjunto de casos concretos de Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados en Colombia, y perpetrados por personas concretas, con nombre propio, que es necesario sancionar.

La primera pregunta que puede surgir es si los instrumentos en los cuales está tipificado el Crimen de Lesa Humanidad, particularmente el Estatuto del Tribunal Internacional de Nüremberg, es considerado como comprendido en lo que se ha denominado DERECHO INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO.

Esta pregunta se formuló concretamente cuando diversas comisiones de alto nivel de las Naciones Unidas fueron encargadas de redactar los Estatutos para los Tribunales Penales Internacionales de la ex Yugoeslavia y de Rwanda, pues se buscaba un fundamento de Derecho incontrovertible para tipificar los crímenes que debían someterse a la jurisdicción de dichos tribunales. En esa coyuntura, el Secretario General de las Naciones Unidas, luego de elevar consultas del más alto nivel, en su Informe presentado al Consejo de Seguridad de la ONU el 3 de mayo de 1993, de conformidad con el párrafo 2 de la Resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad, afirma:

“El derecho internacional humanitario convencional que, fuera de toda duda, ha pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario es el derecho aplicable en los conflictos armados consagrado en los siguientes instrumentos: Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, para la protección de las víctimas de la guerra; IV Convención de La Haya relativa a las leyes y usos de la guerra terrestre y Reglamento conexo, de 18 de octubre de 1907, y Estatuto del Tribunal Militar Internacional, de 8 de agosto de 1945” (Doc. S/25704, del 3 de mayo de 1993, No. 35, subrayados míos).

La segunda pregunta que puede surgir es si los principios y normas del Derecho Internacional Consuetudinario tienen carácter imperativo para todos los Estados.

Una respuesta de fondo a esta pregunta tendría que apoyarse en el sentido mismo de los términos. El Relator Especial de las Naciones Unidas para el Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, en su Cuarto Informe sobre sus trabajos, profundizó en el sentido de la palabra “HUMANIDAD”, dentro de la expresión “Crimen de Lesa Humanidad”. Allí pasa revista a numerosas posiciones de tratadistas y tribunales de diversos ámbitos del mundo, para concluir: “El crimen de Lesa Humanidad puede concebirse en el triple sentido de: crueldad para con la existencia humana; envilecimiento de la dignidad humana; destrucción de la cultura humana. Comprendido dentro de estas acepciones, el Crimen de Lesa Humanidad se convierte sencillamente en ‘Crimen contra Todo el Género Humano”” (Doc. A/CN.4/398*, 11 de marzo de 1996, # 12). Y más adelante sintetiza: “En resumen, en la expresión ‘Crimen de Lesa Humanidad’, la palabra ‘Humanidad’ significa el género humano, tanto en su acepción general como en sus diversas manifestaciones individuales y colectivas” (ibid. # 15)

Por su parte, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, en la sentencia sobre el caso Erdemovic (IT-96-22-T, del 29 de noviembre de 1996) afirma:
“Los crímenes de Lesa Humanidad son actos graves de violencia que dañan a los seres humanos al atacar lo que es más esencial: su vida, su libertad, su bienestar físico, salud y/o dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad sobrepasan los límites tolerables por la comunidad internacional, la cual debe forzosamente exigir su castigo. Pero los crímenes de Lesa Humanidad también trascienden lo individual, puesto que cuando lo individual es violado, la humanidad viene a ser objeto de ataque y es negada. De allí el concepto de la humanidad como víctima que caracteriza de manera esencial los Crímenes de Lesa Humanidad” (# 28).

Toda esta filosofía no pasaría de ser romántica si la comunidad internacional no estuviera dotada de instrumentos operativos que le permitan, como lo postula el texto citado inmediatamente antes, cuando sean sobrepasados los límites tolerables, “forzosamente exigir castigo”.

Ya el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del 23 de mayo de 1969, había afirmado con tal vigor la existencia de normas absolutamente imperativas de Derecho Internacional, o normas de “Jus cogens”, y su inviolabilidad, que establece que todo tratado que desconozca esas normas queda anulado.

Para no dejar duda alguna sobre la imperatividad absoluta de esas normas de “jus cogens”, la Corte Internacional de Justicia, el 5 de febrero de 1970, afirmó en la sentencia sobre el caso Barcelona Traction Light and Power Company Limited, lo siguiente:

“Debe hacerse una distinción esencial entre las obligaciones de los Estados con la comunidad internacional en su conjunto y las que nacen con respecto a otro Estado en el marco de la protección diplomática. Por su naturaleza misma, las primeras conciernen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos en juego, puede considerarse que todos los Estados tienen un interés jurídico en que esos derechos sean protegidos; por tanto las obligaciones en este caso son obligaciones erga omnes (...) Estas obligaciones se desprenden, por ejemplo, en el derecho internacional contemporáneo, de la ilegalización de los actos de agresión y de genocidio, pero también de los principios y reglas que se refieren a los derechos fundamentales de la persona humana, incluyendo la protección contra la práctica de la esclavitud y de la discriminación racial. Ciertos derechos correspondientes de protección se han integrado al derecho internacional general (...); otros son conferidos por instrumentos internacionales de carácter universal o casi universal” (International Court of Justice, year 1970, 5 February 1970, pg. 33).

Las obligaciones erga omnes implican, pues, que todos los Estados adquieren obligación de proteger un bien jurídico que se considera patrimonio del género humano en su conjunto, y que ningún Estado puede evadir esas obligaciones sin lesionar gravemente la defensa de ese bien jurídico universal, patrimonio de todos, que es la dignidad humana, so pena de hacerse acreedor a la sanción universal y a que otros Estados asuman el enjuiciamiento de sus responsabilidades evadidas.

La tercera pregunta que podría surgir es si en Colombia tiene una vigencia explícita el Derecho Internacional Consuetudinario.

En su expresión más antigua que se remonta al Derecho Romano, ese tipo de normas que estaban por encima de los Estados, ya por referirse a la protección de atributos de la especie humana cuya protección ha sido siempre de interés de todo el conjunto de las naciones, ya por referirse a consensos normativos en que se evidenciaba la convergencia de lo que se llamó “las naciones civilizadas”, tomaron el nombre de Jus Gentium o DERECHO DE GENTES . En la Constitución de Rionegro, de 1860, se afirmó explícitamente en el artículo 91 que “El Derecho de Gentes hace parte de la legislación nacional”. En la Constitución de 1886, el artículo 121 relativo al Estado de Sitio que parecía facultar al Ejecutivo para suspender parte de las libertades y derechos ciudadanos, el Derecho de Gentes fue conservado como un límite que habría que respetar en todos los casos, como límite infranqueable frente a las decisiones que se pudieran tomar en las más extremas circunstancias de supresión de normas garantistas, como es el tiempo de guerra.

Pero la Constitución de 1991 abandonó el lenguaje arcaico del “Derecho de Gentes” e incorporó el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con un rango supra-constitucional. En efecto, el artículo 93 afirma: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia ”.

El artículo 94 va aún más allá, señalando el contenido más esencial del Derecho Internacional Consuetudinario como algo que, aunque no estuviere expresamente escrito en los tratados firmados, no puede desconocerse: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios Internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos ”.

La Corte Constitucional, en la Sentencia No. 574, del 28 de octubre de 1992, interpretó así el alcance de estos artículos:

“La Asamblea Nacional Constituyente no se contentó con señalar una amplia lista de derechos respaldados por variados mecanismos de protección, sino que hizo referencia a la necesidad de respetar en toda circunstancia valores y principios fundamentales de la persona humana y del régimen político con independencia de su consagración expresa. Así se deduce de los artículos 93 y 94 de la Constitución Política actualmente en vigor.
En el primero de ellos, el Constituyente consagró la primacía del derecho internacional convencional relativo a los derechos humanos, al establecer la prevalencia de los tratados y convenios ratificados por Colombia y la obligación de interpretar la Carta de Derechos de conformidad con dichos convenios y tratados.
En el artículo 94 estableció la posibilidad de aplicar derechos no consagrados en el texto constitucional o incluso en los convenios y tratados ratificados por Colombia, cuando se trate de derechos inherentes a la persona humana. De acuerdo con este texto constitucional, el valor inherente o fundamental no depende de la consagración expresa: es, pues, un valor normativo independiente de toda consagración en el ordenamiento positivo, tal como lo entendía el clásico derecho natural racionalista (...)
En otros términos, con la incorporación de este principio los constituyentes quisieron ante todo proteger los valores humanitarios reconocidos universalmente por la comunidad internacional, abstracción hecha del derecho que los consagra
”.

LOS CRÍMENES QUE FUERON PERPETRADOS
Y EL DERECHO INTERNACIONAL CONVENCIONAL

Las mismas conductas que han sido descritas al referir los hechos objeto de esta demanda de justicia, que corresponden plenamente a la tipicidad de los Crímenes de Lesa Humanidad contemplados en el Derecho Internacional Consuetudinario, pueden ser tipificadas simultáneamente a la luz del Derecho Internacional Convencional, recurriendo a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia.

En efecto, como ya se señaló, Colombia firmó y ratificó la CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO, del 9 de diciembre de 1948. Allí el Genocidio se entiende como los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo humano.

No hay duda de que las formas de represión que han sufrido los núcleos poblacionales de Urabá que han sido víctimas de los hechos narrados en este escrito, han revelado una intención clarísima, en gran parte lograda, de destrucción de conjuntos poblacionales, ya por la destrucción de numerosas vidas humanas de los que conformaban esos núcleos poblacionales, ya por el hostigamiento e impedimento de mantener sus tejidos comunitarios y sociales.

Se ha discutido si el sujeto pasivo del crimen de GENOCIDIO pueden ser conglomerados humanos que no estén vinculados entre sí por un elemento de identidad étnico, racial, religioso o nacional, como lo define el art. II de la Convención. Pero particularmente se ha especulado sobre el significado de un grupo “nacional”.

Ningún intérprete ha considerado que este término se refiera a todos los miembros de una nación, aunque pudiera darse el caso. El “grupo nacional”, según autorizadas jurisprudencias, está constituido por conjuntos humanos dentro de una nación, cuyos vínculos entre sí pueden darse solamente en la mente de los victimarios. Así lo interpretó la Audiencia Nacional de España, en el proceso adelantado contra el ex Dictador chileno Augusto Pinochet, en el Auto de la Sala de lo Penal, el 5 de noviembre de 1998:

“El sentido de la vigencia de la necesidad sentida por los países partes del Convenio de 1948, de responder penalmente al genocidio, evitando su impunidad, por considerarlo crimen horrendo de derecho internacional, requiere que los términos “grupo nacional” no signifiquen “grupo formado por personas que pertenecen a una misma nación”, sino, simplemente, grupo humano nacional, grupo humano diferenciado, caracterizado por algo, integrado en una colectividad mayor (...)
En el tiempo de los hechos y en el país de los hechos se trató de destruir a un grupo diferenciado nacional, a los que no cabían en el proyecto de reorganización nacional o a quienes practicaban la persecución estimaban que no cabían. Hubo entre las víctimas extranjeros, españoles también. Todas las víctimas, reales o potenciales, chilenos o foráneos, integraron un grupo diferenciado en la nación, que se pretendió exterminar”.

Aplicando esta jurisprudencia podemos concluir que, quienes fueron asesinados, desaparecidos, desplazados, bombardeados, torturados, violados, aterrorizados y perseguidos en todas estas comunidades urabaenses, lo fueron porque no cabían en el proyecto de nación que militares y paramilitares han querido construir, sacrificando todos los derechos de los que se opongan, tipificando así un auténtico GENOCIDIO.

Por otra parte, Colombia también es Estado Parte en la CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, del 10 de diciembre de 1984, ratificada por Colombia el 8 de diciembre de 1987.

Las conductas descritas anteriormente se refieren a sufrimientos graves, físicos y mentales, infligidos a componentes de poblaciones civiles como formas de intimidación y coacción, por razones discriminatorias, en cuanto esas poblaciones son calificadas como poblaciones que no caben en el proyecto mental de los victimarios, y son sufrimientos infligidos por funcionarios públicos y personas que actúan con su consentimiento y aquiescencia. Se dan, pues, todas las características de la TORTURA.

Tales sufrimientos son causados por los desplazamientos forzados y la privación concomitante de los medios de subsistencia; por los bombardeos y las secuelas de terror que dejan en adultos, niños y ancianos; por la destrucción de economías de pobreza y miseria construídas durante muchos años y décadas para la sobrevivencia de los miembros de las familias; por la amenaza permanente de ser objeto de abusos y atropellos; por el asesinato y la despararición forzada de padres, hijos, hermanos, parientes, vecinos y amigos.

Vale citar la Decisión final de la Corte de Magistrados de Bow Street, de Londres, del 8 de octubre de 1999, sobre el Caso Pinochet, donde se afirma:

” Sobre si las desapariciones constituyen tortura, el efecto sobre las familias de quienes son desaparecidos puede constituir tortura psíquica” (pg. 11)

LOS MISMOS HECHOS
A LA LUZ DEL DERECHO INTERNO

Las mismas conductas descritas anteriormente en este escrito podrían tipificarse de acuerdo al Derecho Penal colombiano, aunque éste no cuenta con las mismas categorías ni valoraciones de los crímenes equivalentes a las que hace el Derecho Internacional.

Entre los tipos penales relativos a la destrucción de vidas humanas con que cuenta nuestro Código Penal, el único que se acomodaría a las conductas descritas es el de GENOCIDIO, que si bien solo fue tipificado en la Ley 589 de 2000, sin embargo desde el 27 de enero de 1960 entró a regir la La Ley 28 de 1959 que adoptó a nivel interno la Convención Internacional sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de 1948. Los demás tipos penales relativos a destrucción de vidas humanas no contemplan la modalidad de esta práctica en cuanto acción sistemática, emanada de un plan o estrategia, perpetrada por agentes del Estado en asocio con grupos de civiles que gozan de la aquiescencia, colaboración y/o tolerancia de las instituciones del Estado y que miran a eliminar amplias franjas de población que no caben en su concepción de nación. Tampoco contemplan nuestras leyes penales mecanismos investigativos, sancionatorios ni reparadores de conductas que se salen del marco del caso aislado.

En cuanto a la TORTURA y los TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, si bien su tipificación en lo interno se dio también en la Ley 589 de 2000, sin embargo, desde el 8 de enero de 1988 entró a regir la Ley 70 de 1986 que adoptó la Convención Internacional contra La Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1985.

En cuanto al DESPLAZAMIENTO FORZADO, solo fue tipificado también en la Ley 589 de 2000, pero desde 1994 rige la Ley 171 que aprobó el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1948, y que en su artículo 17, parágrafo 2 afirma sin restricciones que “No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar sus territorios por razones relacionadas con el conflicto”, mientras el artículo pertinente de la Ley 589 pone restricciones incompatibles con el anterior, aunque La Ley 171 debería prevalecer, dado su rango de tratado internacional y su pertenencia al Bloque Constitucional, de acuerdo a la Sentencia C 225/95 de la Corte Constitucional.

Respecto a la DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS ocurre algo similar: si bien la Ley 589 de 2000 tipifica este delito por primera vez, a pesar de estar proscrito explícitamente en el artículo 12 de la Constitución de 1991, sin embargo dicha tipificación no se armoniza en absoluto con la que aparece en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas (firmada por Colombia el 5 de agosto de 1994 aunque no ratificada aún), ni tampoco con la que da la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, apareciendo como un tipo penal diferente.

No contempla tampoco nuestro ordenamiento penal el tipo de PERSECUCIÓN. A pesar de Colombia ser Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968, ratificado el 29 de octubre de 1969), no ha cumplido con lo estipulado en su artículo 2, numeral 2, o sea, adoptar medidas oportunas para dictar disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto. No ha establecido, en efecto, tipos penales que contemplen la violación de varios derechos reconocidos en el Pacto, de manera sistemática o como fruto de una estrategia o política, a conjuntos de poblaciones.

Tampoco se contempla en nuestro ordenamiento penal la figura del EXTERMINIO.

Por todas estas razones, las conductas denunciadas en este escrito deben ser enjuiciadas EN DERECHO INTERNACIONAL, no sea que otras instancias internacionales se vean forzadas a avocar el conocimiento de las mismas conductas, de acuerdo a lo que establece la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, en su versión final de 1996, a saber:

“Podrá ser juzgado de nuevo por un tribunal penal internacional: i) cuando el hecho sobre el que hubiere recaído la sentencia del tribunal nacional haya sido calificado de crimen ordinario por ese tribunal y no de crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad; o ii) cuando las actuaciones del tribunal nacional no hubieren sido imparciales o independientes, hubieren estado destinadas a exonerar al acusado de responsabilidad penal internacional o no se hubiere instruido la causa con la debida diligencia (...)”. (Art. 12).

III
ANALISIS DE LAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES

Estoy seguro de que muchas otras personas tomaron parte en los hechos objeto de esta demanda de justicia, ya como autores materiales, ya como autores intelectuales, o como cómplices, instigadores y colaboradores, pero encontrándonos ante la realidad del ocultamiento de sus identidades gracias a los mecanismos específicos con que funciona la estrategia paramilitar en Colombia, señalo las responsabilidades de más alto nivel, dado que son evidentes y al mismo tiempo las más decisivas, solicitando encarecidamente que dichas personas sean investigadas responsablemente, y si son halladas culpables sean sancionadas de acuerdo a las exigencias del Derecho Internacional, no con ánimo alguno de venganza, sino con el fin de que conductas que han destruido con sevicia tantas vidas y comunidades humanas sean deslegitimadas socialmente de la manera más explícita y firme, y así sea menos probable que se vuelvan a repetir en el futuro.

1
RESPONSABILIDAD DE LOS GENERALES:
RITO ALEJO DEL RIO ROJAS
Y
MARTÍN ORLANDO CARREÑO SANDOVAL

Durante el tiempo en que fueron perpetrados los hechos objetos de esta demanda de justicia, estos dos Generales ocuparon, consecutivamente, el Comando de la XVII Brigada del Ejército Nacional con sede en el municipio de Carepa, departamento de Antioquia, cuya jurisdicción se extiende a toda la zona afectada por estos crímenes, tanto la que pertenece al departamento de Antioquia, como la que pertenece al departamento del Chocó.

El General RITO ALEJO DEL RIO ROJAS ocupó el cargo de Comandante de la Brigada desde el 11 de diciembre de 1995, de acuerdo al Decreto 2064 del 29 de noviembre de 1995, hasta el 16 de diciembre de 1997, de acuerdo al Decreto 2980 del 6 de diciembre de 1997.

El General MARTÍN ORLANDO CARREÑO SANDOVAL ocupó el mismo cargo a partir del 7 de diciembre de 1997, de acuerdo al Decreto 2885 del 1° de diciembre de 1997, y se mantuvo como Comandante de dicha Brigada XVII todo el año 1998.

Desde diciembre de 1996, el mismo mes en que el General DEL RIO inició su comandancia, las tropas de la XVII Brigada iniciaron los ataques a la población civil en las zonas rurales del municipio de Riosucio, Chocó, ataques que fueron visiblemente coordinados con los grupos paramilitares que operan en la zona y que se denominan a sí mismos “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” o “Autodefensas Unidas de Colombia”, al mando del civil CARLOS CASTAÑO GIL.

El 24 de febrero de 1997, el mismo General DEL RIO puso en marcha la llamada “OPERACIÓN GÉNESIS”, con los batallones “Fuerzas Especiales No. 1” y “Contraguerrilla No. 35”, según se estableció en fallos de Acciones de Tutela tramitados por varios juzgados y tribunales de la región. Dicha “Operación”, que implicó bombardeos y destrucción de asentamientos de población civil, forzó un desplazamiento masivo de más de 4.000 pobladores hacia Turbo, y otro aún mayor que emigró hacia la población de Mutatá, siendo luego compelido por un cerco militar a permanecer en la población de Pavarandó en las condiciones más inhumanas. En todas estas acciones, las tropas al mando del GENERAL DEL RÍO actuaron en unidad de acción con unidades paramilitares, según todas las descripciones escuchadas a las víctimas.

En mayo de 1996, el Coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien era el segundo al mando en la Brigada XVII, decidió denunciar ante sus propios superiores militares al General RITO ALEJO DEL RÍO por el apoyo que brindaba a las estructuras paramilitares de la zona y por negarse a perseguirlos a pesar de los numerosos crímenes que se perpetraban en la región. Esto trascendió a medios de información nacionales, como la revista “Semana” (edición del 14 de enero de 1997), la revista “Alternativa” (edición de enero 15 a febrero 15 de 1997) y la revista “Cambio” (edición del 13 de enero de 1997). La jerarquía castrense defendió al General DEL RÍO y optó por destituir al Coronel Velásquez, dando así un signo visible de complicidad con el accionar paramilitar, que en adelante se intensificó.

Diversos organismos internacionales de defensa y protección de los derechos humanos denunciaron la colaboración y aquiescencia que se daba en la zona de influencia de la XVII Brigada entre militares y paramilitares. Entre ellos se cuenta la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, de la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, que en su Tercer Informe sobre Colombia, emitido en abril de 1999, se refería explícitamente al General del Río en sus numerales 250 a 259.

Durante la Comandancia de la XVII Brigada por el General Del Río el corregimiento de San José de Apartadó y el municipio de Dabeiba fueron víctimas de una presencia persistente de grupos paramilitares que perpetraron en esas áreas numerosos crímenes, sin que las denuncias constantes de organismos nacionales e internacionales lograran detener el Genocidio. Comisiones nacionales e internacionales visitaron al General Del Río en las instalaciones de la Brigada XVII, en Carepa, para pedirle explicaciones sobre la plena libertad de movimiento de que gozaban los paramilitares en los territorios bajo su control, recibiendo siempre como respuesta que “no estaba enterado de que en la región existieran grupos paramilitares”.

Durante casi todo el año 1997 un grupo de paramilitares implantó un retén sobre la carretera que desde la ciudad de Apartadó conduce al corregimiento de San José de Apartadó, a tres minutos de la Base Militar acantonada en el barrio Policarpa, de Apartadó. A pesar de los numerosos crímenes allí perpetrados, como quedó dicho en la primera parte de este escrito, y a pesar de los testigos nacionales e internacionales que inspeccionaron el retén y protestaron por tan desafiante connivencia del Ejército con ellos, no hubo ninguna medida que restringiera sus actividades. En ese retén fueron asesinados y desaparecidos varios pobladores de San José de Apartadó (Ver Informe Comisión Interamericana de Derechos Humanos, citado, No.254-256).

Cuando a final de 1997 asume el Comando de la Brigada el GENERAL MARTÍN ORLANDO CARREÑO SANDOVAL, no hay modificaciones en la tolerancia y connivencia con los grupos paramilitares, quienes se continúan movilizando libremente por la zona sin ser reprimidos ni perseguidos en absoluto, y perpetrando crímenes que quedaron referidos en la primera parte de este escrito.

Desde 1989, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos del Decreto 3398 de 1965, refrendado como Ley en la Ley 48 de 1968, que parecían ofrecerle una base legal a los grupos paramilitares, en cuanto grupos de civiles armados coordinados por el Ejército, las relaciones entre militares y paramilitares se desarrollan desde entonces bajo formas extra-oficiales y pretendidamente clandestinas, lo que impide, en muchos casos, acceder a decisiones escritas de oficiales del Ejército donde dicho accionar quede registrado, así como lograr reconocimientos de la oficialidad militar respecto a sus actividades de promoción, apoyo o tolerancia de las estructuras paramilitares

Tampoco es posible apoyar el caudal probatorio en el testimonio de las víctimas, dado que la mayoría de ellas están muertas o desaparecidas, y las que sobreviven, así como los testigos de otros crímenes no fatales, tendrían que asumir el riesgo de represalias posiblemente fatales, o de arruinar nuevamente sus posibilidades de subsistencia o de permanencia en sus comunidades, toda vez que las retaliaciones del paramilitarismo, al ampararse en el anonimato, en la protección de las autoridades militares y en la “ceguera voluntaria” de las autoridades administrativas, judiciales y disciplinarias del Estado, pueden ejercerse en forma contundente.

Sin embargo, ante un cuadro generalizado de crímenes contra la humanidad, de actos sistemáticos de Genocidio, de Desaparición Forzada, de Tortura, de Persecución y de Desplazamiento Forzado contra poblaciones civiles tan amplias, la responsabilidad de los mandos castrenses que tienen a su cuidado el orden público de la zona es incuestionable.

La versión final del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, de 1996, en su artículo 6 establece que: “ El hecho de que el crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad haya sido cometido por un subordinado no eximirá a sus superiores de responsabilidad criminal, si sabían o tenían motivos para saber, dadas las circunstancias del caso, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal crimen y no tomaron todas las medidas necesarias a su alcance para impedir o reprimir ese crimen (Doc. Suplemento No. 10 (A/51/10), 1996).

El artículo 2 del mismo Proyecto de Código, concreta las modalidades de responsabilidad individual, entre otras, así . “ será responsable de un crimen de los previstos en los artículos 17,18,19 ó 20 el que: a) haya cometido intencionalmente tal crimen; b) haya ordenado la comisión de tal crimen y éste llegue a perpetrarse o se intente perpetrarlo; c) no haya impedido o reprimido la comisión de tal crimen en las circunstancias previstas en el artículo 6; d) haya proporcionado deliberadamente ayuda, asistencia u otra clase de apoyo, de manera directa y sustancial, para la comisión de tal crimen, incluso facilitando los medios para ello; e) haya participado directamente en el plan o confabulación para cometer tal crimen y éste llegue a perpetrarse; f) haya incitado directa y públicamente a otro a cometer tal crimen y éste llegue a perpetrarse; g) haya intentado cometer tal crimen dando principio a su ejecución, sin que llegue a consumarse por circunstancias ajenas a su voluntad ” (o.c, pg. 20)

Ante situaciones muy similares a la nuestra, la Comisión de Expertos sobre la situación del derecho internacional en la ex Yugoeslavia, creada por la Resolución 780 (1992) del Consejo de Seguridad, examinó de cerca el problema de la Responsabilidad de Mando. En su carta del 24 de mayo de 1994 al Presidente del Consejo de Seguridad, en que le transmite las conclusiones de dicha Comisión, el Secretario General hace estos planteamientos:

Los superiores, además, son responsables a título personal de los crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad cometidos por subordinados si sabían, o si tenían información que podía haberles permitido llegar a la conclusión, en las circunstancias imperantes en el momento de los hechos, de que el subordinado del caso estaba cometiendo o iba a cometer el acto en cuestión y no tomaron todas las medidas posibles, dentro de su competencia, para prevenir o reprimir dicho acto.
Los comandantes militares tienen obligación especial, respecto de los miembros de las fuerzas armadas bajo su mando o de otras personas bajo su control, de prevenir y, en caso necesario, reprimir esos actos, y de informar de ellos a las autoridades competentes. (...)
La doctrina de la responsabilidad de mando está dirigida principalmente a los comandantes militares debido a que esas personas tienen la obligación, a título personal, de mantener la disciplina de las tropas bajo su mando.
(...)” (Carta citada, Doc. S/1994/674, No. 52, 53 y 57)

Pero dado que en los casos de “guerra sucia”, los mandos militares suelen negar, no solo el haber dado órdenes o haber incentivado o apoyado de diversas formas la comisión de los crímenes, sino incluso el “conocer” la realidad de la perpetración sistemática de crímenes en las regiones bajo su control, la Comisión de Expertos antes mencionada avanzó en estrategias para detectar ese “ELEMENTO MENTAL” de los comandantes militares. Fuera del “conocimiento efectivo”, (que frecuentemente es negado), hay que poner atención a la “incuria personal de tal gravedad de parte del comandante que constituye negligencia deliberada y proterva en cuanto a las consecuencias posibles”. Pero además, la Comisión de Expertos desarrolló una tercera estrategia que llamó: “Imputación de Conocimiento Constructivo”, la que explicó en estos términos: “es decir, que a pesar de sus negativas, el comandante, en virtud de los hechos y circunstancias del caso de que se trata, debe haber tenido conocimiento de los delitos de que se le acusa y consentido que se cometieran”. Para determinar esto, la Comisión elaboró una lista de indicios, a saber:

[Indicios para una imputación de conocimiento constructivo:]
a) El número de actos ilegales;
b) El tipo de actos ilegales;
c) El alcance de los actos ilegales;
d) El período durante el cual ocurrieron los actos ilegales;
e) El número y tipo de personal militar en cuestión;
f) Los elementos logísticos del caso;
g) La ubicación geográfica de los hechos;
h) El que los actos hayan sido o no generalizados;
i) El ritmo táctico de las operaciones;
j) El modus operandi de actos ilegales análogos;
k) Los oficiales y el personal involucrados;
l) El lugar donde se encontraba el comandante al producirse los actos
.
(Carta citada del Secretario General, No. 58)

Al aplicar estos criterios o indicios al caso de la región de Urabá, zona donde ocurrieron los hechos objeto de esta demanda de justicia, durante el Gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano y la comandancia de la XVII Brigada del Ejército de los Generales Rito Alejo Del Río Rojas y Martín Orlando Carreño Sandoval, es evidente que cualquier análisis de ubicación geográfica de los hechos, del modus operandi, del número, tipo y alcance de los crímenes, así como de los recursos logísticos y de los movimientos y características de las tropas adscritas a la Brigada en cuestión, se concluye en la absoluta imposibilidad de una supuesta “ignorancia” de lo que ocurría, y en la evidencia de una total connivencia con los criminales.

El solo hecho de la permanencia del retén paramilitar durante casi todo el año 1997 y parte de 1998, a tres minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, hecho que fue denunciado multitud de veces y de manera insistente y apremiante ante las más altas autoridades del Estado sin obtener ningún tipo de represión contra sus integrantes, no obstante haber perpetrado numerosos crímenes en el mismo sitio del retén y haber sido observados por comisiones nacionales e internacionales y denunciado por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es prueba más que suficiente de la responsabilidad de los Comandantes de la XVII Brigada en los crímenes. Este “modus operandi” del retén, confrontado con el “modus operandi” de los demás hechos denunciados, con el área geográfica en que ocurrieron los hechos, con los recursos logísticos de las tropas, su área de influencia y la reiteración de crímenes similares que respondían a una política sistemática, conduce a probar la plena responsabilidad de mando de los Generales mencionados. No se puede deducir otra explicación de los hechos diferente a la existencia de una política genocida, dirigida y coordinada desde el Comando de la Brigada XVII y concientemente tolerada y auspiciada por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, el entonces Presidente de la República.

Ninguna duda queda, pues, de la plena responsabilidad de mando en los hechos objeto de esta demanda de justicia, de los Generales RITO ALEJO DEL RIO ROJAS y MARTIN ORLANDO CARREÑO SANDOVAL.

2
RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR
EX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ERNESTO SAMPER PIZANO

Se identifica con la cédula de ciudadanía colombiana No. 19.289.140 de Bogotá. Ocupó el cargo de Presidente de la República entre el 7 de agosto de 1994 y el 7 de agosto de 1998, período dentro del cual ocurrieron los hechos objeto de esta demanda de justicia.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 6 establece que: “ Los Particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones ”.

El artículo 115 de la misma Constitución Política, asigna al Presidente las funciones de “ jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa ”. Además, el artículo 189, en desarrollo de estas mismas funciones, le asigna la de “ Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas armadas de la república ”. Para ejercer ésta y otras funciones, la Constitución establece que: En todo caso, el gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes ” (artículo 189, numeral 13).

Por otra parte, para facilitar el ejercicio más responsable de la administración pública, el Código Contencioso Administrativo (Ley 01 de 1984) prescribe: “ Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: (1) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o a la Ley; (2) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él; (3) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona ” (art. 69)

El artículo 188 de la Constitución establece que El presidente de la república (...) al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos ”. Y en el artículo 198: “ El presidente de la república, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes ”.

Todas estas normas constitucionales y legales nos muestran que el Presidente tiene claras funciones constitucionales de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, de cuyo desconocimiento o violación se hace responsable por acción y por omisión, y que para ello la misma Constitución le confiere atribuciones de jefe supremo de las fuerzas armadas y de nombrar y remover libremente a sus agentes en función del bien común.

Sobre la base de estas atribuciones y obligaciones, en el momento en que estaban comenzando a ser perpetrados los hechos objeto de esta demanda de justicia, como consta en las pruebas que se anexan, el Presidente Samper fue requerido al menos 6 veces en el curso de varios meses, en forma insistente, apremiante y angustiosa, para que tomara las medidas eficaces que su alta investidura y sus obligaciones constitucionales de jefe de Estado y de Gobierno y de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas le exigían, con el fin de evitar la continuación de actos de Genocidio, de Persecución, de Tortura sistemática, de Desaparición Forzada, de Desplazamiento Forzado y la comisión permanente de Crímenes de Lesa Humanidad en la zona afectada, actos todos que contaban con la participación, por acción y por omisión, de agentes del Estado, sin que hubiera tomado ninguna medida para detener todos estos horrores ni para sancionar o remover a sus responsables.

Las siguientes peticiones apremiantes, cuyos textos se anexan en copias autenticadas, le fueron dirigidas en calidad de Presidente de la República, con copias simultáneas a varios de sus ministros y a altas autoridades del poder judicial y de organismos de control del Estado:

Carta dirigida al Presidente Samper y a otros altos funcionarios del Estado, fechada el 12 de marzo de 1997, con sello de recibo del mismo día 12 de marzo en la Presidencia de la República bajo los números de radicación de correspondencia 15.549 y 15.550.
Carta dirigida al Presidente Samper el día 3 de abril de 1997, radicada en la Presidencia de la República el día 4 del mismo mes bajo números de radicación 20.437 y 20.438.
Carta dirigida al Presidente Samper y a otros altos funcionarios del Estado el día 9 de abril de 1997, con sello de recibo en la Presidencia de la República el día 10 de abril de 1997.
Carta dirigida al Presidente Samper y otros altos funcionarios del Estado el día 23 de abril de 1997, con sello de recibo en la Presidencia de la República, del día 24 de abril de 1997.
Carta dirigida al Presidente Samper y a los mismos altos funcionarios del Estado el día 29 de mayo de 1997, con sello de recibo en la Presidencia de la República del día 30 de mayo de 1997.
Carta dirigida al Presidente Samper y a los mismos altos funcionarios del Estado el día 22 de julio de 1997, con sello de recibo en la Presidencia de la República del día 23 de julio de 1997.
Carta dirigida al Presidente Samper y a otros altos funcionarios del Estado el día 19 de junio de 1998, con sello de recibo en la Presidencia de la República, del día 23 de julio de 1998 bajo los números de radicación 33.779 y 33.780.

Sin lugar a duda, al Señor ex Presidente Ernesto Samper le cabe una clara responsabilidad en estos crímenes por COMISION POR OMISION.

En su obra “Derecho Penal Chileno”, el jurista Luis Cousiño Mac Iver, al tratar de la “Teoría Normativa de la Omisión”, la explica así:

la cuestión radica, no en la consideración de la omisión en sí misma, en su realidad existencial, sino en la consideración de la ACCION DEBIDA, de la ACCION ESPERADA, esto es, de aquella impuesta por la norma imperativa, la cual, por quedar incumplida, provoca el resultado punible. En otros términos, se trata de mirar por el lado inverso de la lente: en lugar de contemplar la cara de la omisión, se observa la cara de la acción que no se realizó, no obstante ser exigida por el orden jurídico. A este respecto, Sebastián Soler hace el siguiente comentario: “La teoría de la causalidad se circunscribe totalmente a la dilucidación de dos aspectos: 1* el acto esperado; 2* el acto debido. Los actos esperados que habrían evitado la producción de un evento son infinitos, y, en consecuencia, la consideración exclusiva del aspecto objetivo de este problema conduciría a una hipertrofia de la responsabilidad. El límite para la imputación está señalado por la pregunta: cuándo el orden jurídico impone a un individuo el deber de evitar un resultado, bajo la amenaza de imputarle ese resultado como si fuera obra suya? La mera abstención (causal) se transforma en omisión (causal y punible) cuando el acto que habría evitado el resultado era jurídicamente exigible”” (cita esta última de Sebastián. Soler, “Derecho Penal”, Tomo I, pg. 340-, en: Luis C. Mac Iver, “Derecho Penal Chileno”, T.I, Edit. Jurídica de Chile, pg. 390)

Sebastián Soler, concluye la parte antes citada por Mac Iver, apoyándose a su vez en Mezger, así:

El estudio de esas condiciones, como justamente lo observa Mezger, corresponde propiamente al aspecto antijurídico de la acción, pues en él lo que se resuelve es si el sujeto tenía o no tenía el deber jurídico de evitar el resultado. Ese deber subsiste, en general, en tres casos distintos: 1* Cuando emana de un precepto jurídico específico. 2* Cuando existe una obligación que especialmente está contraída a ese fin. 3* Cuando un acto precedente impone esa obligación.” (S.Soler, o.c. pg. 341)

Soler explica así la diferencia entre delitos de omisión y delitos de comisión por omisión:

Aparte de esa situación perfectamente clara y sencilla de los delitos de simple omisión, nos encontramos con otra forma omisiva en la cual el delincuente substituye su actividad por la eficacia causal de fuerzas exteriores, cuyo desarrollo lleva al resultado ilícito que el sujeto puede y debe impedir. Trátase en semejantes casos de verdaderos delitos de omisión, en los cuales la norma violada no es, como en los otros, una norma positiva, sino una negativa. Son los llamados delitos de comisión por omisión , o falsos o impropios delitos de omisión. En los delitos de omisión, lo punible es la omisión misma; en los de comisión por omisión, la omisión en sí misma no es punible; lo es cuando de ella se ha hecho un medio para cometer ” (Sebastián Soler,, “Derecho Penal Argentino”, Tipografía Editora Argentina, Buenos Aires, segunda reimpresión, 1953, T.I pg. 338-39).

En su “Manual de Derecho Penal”, F. Antolisei explica más esa obligación violada:

La obligación jurídica que debe haberse violado para que surja la responsabilidad penal, puede ser general, es decir, valedera para todos los ciudadanos, o profesional o de oficio, es decir, válida solo para una clase o categoría de personas, o especial, es decir, valedera para un determinado individuo. No es necesario que sea expresa, ya que también puede ser tácita. Pero lo que sobre todo hay que poner de relieve es que la obligación violada debe ser impuesta por el ordenamiento jurídico, precisamente para impedir resultados de la índole del que se ha producido. En otras palabras, es necesario que el sujeto esté, como si dijéramos, constituido en garantía del impedimento de aquel determinado resultado dañoso . Esta posición del individuo y su consiguiente deber de asegurar la conservación de determinado bien jurídico, justifican la responsabilidad por las consecuencias” (Francisco Antolisei, “Manual de Derecho Penal”, De. Temis, Bogotá, 1988, pg. 180)

En su intervención ante la Corte Federal de Argentina, durante el histórico juicio a los miembros de las juntas militares que ejercieron gobiernos de facto y perpetraron numerosos crímenes de lesa humanidad en Argentina, el Fiscal Dr. Moreno Ocampo aseveraba:

Vamos a explicar por qué razón los acusados que, según la prueba realizada, no han disparado un revólver ni aplicado con sus manos la picana, son, sin embargo, responsables de todos los delitos por los que los hemos acusado: de los tormentos, de los homicidios y de los restantes. Para ello vamos a colocarnos, por ahora, en la hipótesis más favorable a los acusados; vamos a suponer por un instante que no hubiese existido en el país ningún plan orquestado y ejecutado; vamos a aceptar así, por vía de hipótesis, la teoría según la cual los delitos que hemos acreditado son fruto de excesos de las acciones independientes de personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. En este caso, aun cuando ellos no hubieran dado órdenes criminales, aun cuando los tormentos, las torturas y las muertes hubieran sido cometidas por oficiales y tropas que no estaban obedeciendo a sus mandos, aun de aceptarse esta postura hipócrita, sostenemos que los acusados son penalmente responsables; ello es así porque, en determinadas circunstancias, omitir, no actuar, constituye un delito.
En algunos, la omisión es precisamente el medio por el cual se comete un delito; son llamados delitos de comisión por omisión, en los que, para usar el lenguaje de Sebastián Soler, algunas personas tienen el deber de evitar el resultado bajo la amenaza de que el orden jurídico le impute ese resultado como obra suya, El ejemplo clásico de los delitos de comisión por omisión es el de la madre que deja de alimentar a su hijo, es la madre que permanece impávida mientras el niño muere de hambre. Esa madre no podría pretender eximirse de responsabilidad por la muerte de su hijo, invocando que ella no sabía, que lo dejó a su hijo en la cuna, se fue al cine, o se fue el fin de semana a la playa, y que retornó a los 3 días, y lo encontró muerto. Esa madre no puede excusarse diciendo que es inocente, porque ella no realizó ninguna acción para matarlo. Es precisamente la falta de una acción, la falta de amamantar o alimentar a ese niño lo que produjo la muerte. Es en esa clase de casos, por ejemplo, en donde la omisión se puede equiparar a una acción. Los autores, en forma casi coincidente, señalan tres elementos básicos en los delitos de comisión por omisión. En primer
lugar debe existir una situación de peligro , ésta es la que va a generar la obligación de actuar. En el caso de la madre, la situación de peligro es la existencia de un niño sin alimentar. En segundo lugar, se requiere que no se realice la acción que el derecho obliga a realizar . En el caso del niño, la acción obligada sería alimentar al hijo. Por eso la falta de realización de esta acción es lo que se adecúa al tipo de comisión por omisión. Y el tercer elemento, que es precisamente lo que distingue, lo que descarta que pueda equipararse la responsabilidad por omisión a la responsabilidad objetiva, el tercer elemento, entonces, es que debe existir capacidad real o lo que los autores llaman poder de hecho de realizar la acción que está mandada. Esto requiere que el sujeto haya podido conocer el peligro y sepa que está en condiciones de evitar la produción del resultado dañoso. En nuestro caso la madre sabía que su hijo estaba sin alimentar, y además que ella podía alimentarlo. Por lo tanto sería penalmente responsable, es decir, se requiere que exista el peligro, que la persona no haga nada por evitarlo, pero que si hubiera querido hacerlo lo hubiera evitado, lo hubiera podido hacer por lo menos.
Estos son los tres requisitos que se requieren en el tipo de comisión por omisión. Ahora bien, hay un elemento más que se debe tener en cuenta: no cualquier persona que omite comete delito.
Debe haber una relación especial entre la persona que omite y la situación de peligro . A esta relación especial los autores la llaman posición de garante . Por ejemplo, la madre que deja de alimentar a su hijo está en posición de garante. El bañero está en posición de garante con respecto a la víctima que se ahoga y por la que no hace nada; los restantes bañistas no. Debe existir entonces una relación especial. Estas ideas que vengo exponiendo no son solo afirmadas por los autores, sino que son también aplicadas regularmente por nuestros jueces en las causas ordinarias (...)
Analicemos, pues, de acuerdo con estos principios, la situación que aquí se presenta. En primer lugar, la primera característica que habíamos señalado era la existencia de una situación de peligro. Evidentemente la misma orden que las Fuerzas Armadas actúen en el plano interno, que realicen operativos, que detengan personas y las interroguen, genera, en sí misma, la posibilidad de que exista peligro para los bienes, la libertad y la vida de los ciudadanos. Son los mismos reglamentos militares los que destacan el peligro potencial que genera un ejército operando con su gran capacidad de fuego entre la población. Por eso alerta a los jefes que deben preocuparse por evitar todo daño y controlar sus tropas. En el caso que acá estamos juzgando, no solo existió el peligro de que sucedieran y se afectasen los bienes de la comunidad, sino que eso se comenzó a producir y originó una serie de reclamos que los acusados no pudieron ignorar. Es decir, ellos también conocían lo que estaba pasando y eso surge del documento del Episcopado que ayer leyó el Doctor Strassera, que es sumamente elocuente en sus términos. Ese documento se emitió en el año 77, y en el acta, en las actas de la Junta Militar que están agregadas a la causa, consta que ellas fueron recibidas, que ese documento fue recibido por la Junta, discutido y que también posteriormente se dio una audiencia a los obispos que lo afirmaban para entrevistarse personalmente con ellos sobre esos temas. Se hacía mención allí a desaparecidos, falsos enfrentamientos, torturas y también robos. Con ese solo documento bastaría para demostrar que los acusados conocían la situación que estaba pasando. Pero hay mucho más: también conocían la situación por los miles de reclamos que recibieron en el Ministerio del Interior, también por las entrevistas personales que tuvieron (...
)” (“El Libro de El Diario del Juicio”, Edit. Perfil, Buenos Aires, pg. 268-270).

Los argumentos del Fiscal argentino son contundentes y sumamente ilustrativos, dado que se refieren a hechos muy similares o idénticos a los que aquí son objeto de la demanda.

Es, entonces, plenamente evidente que el SEÑOR EX PRESIDENTE ERNESTO SAMPER PIZANO es responsable de todos estos crímenes, por haberlos cometido al omitir el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales que le asignaban la función de garante, función que nadie más podía cumplir a no ser por usurpación de funciones.

Doce años atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 29 de julio de 1988 sobre el Caso Velásquez Rodríguez, sentó una clarísima jurisprudencia sobre las implicaciones que tiene, para los Estados Partes en la Convención Americana de Derechos Humanos, y para sus órganos y agentes, el artículo 1.1 de Dicha Convención, en lo que respecta a la GARANTIA de los derechos humanos. Allí se establece que:

El artículo 1.1. es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y garantía , de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública , constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención
La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de “
respetar los derechos y libertades ” reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado (...)
La segunda obligación de los Estados Partes es la de
“garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento , si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.
La
obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
(...)
Esta conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordando los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por
los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 29 de julio de 1988, No. 164, 165, 166,167,170, negrilla nuestra).

Finalmente vale recordar el Principio III de Nürnberg: “ El hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de derecho internacional haya actuado como jefe de Estado o como autoridad del Estado no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional ”.

Ninguna duda queda, pues, respecto a la plena responsabilidad del Señor ex Presidente de Colombia, ERNESTO SAMPER PIZANO, en los crímenes relatados en la primera parte de esta demanda de justicia, por comisión por omisión, ya que el resultado destructivo que se produjo para un gran sector de población civil de la zona de Urabá, no solamente pudo haber sido evitado si él hubiera cumplido con sus funciones constitucionales y con las obligaciones contraídas ante la Comunidad Internacional por pactos y convenciones o por Derecho de Gentes, sino que debió haber sido evitado, ya que la población tenía pleno derecho a exigirle que cumpliera con funciones que solo él podía cumplir, y de hecho se lo exigió múltiples veces, de manera apremiante y angustiosa, como consta en actas, teniendo en cuenta que al asumir las funciones de Jefe de Estado él se había constituido jurídicamente en garante de los derechos fundamentales que fueron desconocidos y de las vidas humanas que fueron destruidas.

3
RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR
CARLOS CASTAÑO GIL

El Señor CARLOS CASTAÑO GIL es reconocido líder de los grupos de civiles armados que operan en la región y a nivel nacional, identificado con la cédula de ciudadanía colombiana No. 70.564.150 de Envigado (Antioquia), nacido el 15 de mayo de 1965 en la población de Amalfi, departamento de Antioquia, hijo de Jesús Antonio Castaño y María Elvia Gil.

Es el líder, nacional e internacionalmente conocido, del grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”(ACCU), que actúa principalmente en la zona donde ocurrieron los hechos objeto de esta demanda de justicia, y al mismo tiempo el líder nacional de las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia” que agrupa a las diversas estructurass paramilitares del país. Patrullas de las ACCU estuvieron involucradas en la mayoría de estos crímenes, algunas veces actuando unidas a tropas regulares, otras veces actuando solas pero gracias a la tolerancia y protección de las tropas regulares para movilizarse libremente por la zona sin ser perseguidas.

Los medios masivos de comunicación de Colombia le facilitan con mucha frecuencia al Señor Carlos Castaño el que se pueda expresar ante el país, ya sea por la prensa escrita, por la radio o por la televisión. Aunque sus intervenciones están ordinariamente llenas de contradicciones, falsedades y encubrimientos, hay confesiones que por ello mismo tienen valor excepcional. También sus afirmaciones “entre líneas” o muy persistentes, deben ser valoradas.

Comenzó a aparecer públicamente como comandante de las ACCU en 1995, cuando su hermano Fidel Castaño Gil, quien antes era reconocido como líder de las “autodefensas”, supuestamente desapareció en un viaje a Panamá. Poco antes la Corte Suprema de Justicia había confirmado su condena a 20 años de prisión por la masacre de 20 campesinos de las fincas “Honduras” y “La Negra”, en la zona de Urabá.(el 4 de marzo de 1988) Algunas autoridades y amplios sectores de la opinión piensan que él aún vive.

Desde 1981, tanto Carlos Castaño como su hermano Fidel se habían alistado como “guías” del Batallón Bomboná, del Ejército Nacional, que había comenzado a armar y a entrenar las primeras “autodefensas” civiles. Pronto su hermano Fidel se convirtió en el líder más temible de los escuadrones de la muerte.

En reportaje al semanario Cromos (edic. del 22 de enero de 1996), Carlos Castaño reconoce que fueron entrenados como paramilitares por el Ejército. Luego de actuar en una célula armada, se presentaron al Batallón de Puerto Berrío (más tarde Brigada XIV del Ejército) y un coronel los conectó con un Mayor “que fue el pionero de las autodefensas de Colombia. (...) fue ese Mayor quien comenzó a reclutar campesinos, no para el ejército -siendo activo- sino para las autodefensas, y a formarlas y a darles capacitación” (pg. 26)

En sus diversos reportajes concedidos a diarios y revistas, Carlos Castaño reitera que combate por el Estado y en su defensa y alude directa o indirectamente a sus permanentes contactos con altos funcionarios del Estado así como a su coordinación con ellos. Afirma que los territorios que se toman, “esos territorios los llamamos recuperados para el Estado. Porque es el Estado el que debe actuar, cuando ya sí pueda hacer presencia, si lo deseara, en esas regiones. Al contrario, las zonas guerrilleras están vetadas para la fuerza pública (...) Aclaro que los territorios que controlamos, no los controlamos nosotros, los controla el Estado” (Reportaje al diario El Colombiano, 08.12.96, pg. 2E).

Cuando se refiere a la rendición de algunos frentes del grupo guerrillero EPL, sus expresiones denotan que tuvo intensos contactos con el Gobierno en esa coyuntura: “hicimos que se rindieran 3 frentes (del EPL) y yo los contacté con el gobierno” (diario El Tiempo, 28.09.97, pg. 8ª). Al narrar su encuentro con un comandante del EPL, afirma haberle dicho: “Con usted no me encarto, caballero, porque es más caliente, su perfil es más alto (...) puedo facilitarle que se contacte con el gobierno” (diario El Colombiano, 10.12.96, pg. 6ª). “Logramos tomar contacto con el Ministro del Interior y se consiguió un proceso de reinserción” (ibid). “No les hemos ofrecido absolutamente nada (a los reinsertados). Simplemente a través del gobierno que es el que ha estado dispuesto a darle a estas personas” (ibid.) “Los reinsertados (...) están en la región de las ACCU porque lo solicitaron ante el Estado, ante el Ejército, ante nosotros (...) Mal podríamos haberles dicho que no los recibíamos” (El Colombiano, 09.12.96, pg. 6ª). Es imposible no descubrir en estas reiteradas afirmaciones una estrecha relación con el Gobierno y sus altos funcionarios.

Aún más, afirma haber colaborado estrechamente con el Gobierno y sus órganos de seguridad, en la persecución, captura y muerte del narcotraficante Pablo Escobar: “Nos tocó hacer un paréntesis dentro de nuestra guerra y (...) contribuir con las Fuerzas Armadas a ese desmantelamiento. Ese es un capítulo ya cerrado, conocido por la opinión pública” (diario El Colombiano, 02.12.96, pg. 8ª). Así mismo confiesa haber colaborado con la Policía Nacional para dar captura y muerte al narcotraficante José Santacruz: “Las autodefensas contribuyeron con la operación de José Santacruz por sus vínculos con la guerrilla” (diario El Tiempo, 28.09.97, pg. 8ª).

Aunque en los reportajes es sumamente cauteloso para no reconocer su participación en crímenes concretos, lo que podría convertirse en pruebas judiciales en su contra, hay reconocimientos que por lo excepcionales son en extremo significativos: “se podría decir que nuestros métodos no van de conformidad con la conducta correcta. Que violan los derechos humanos. Pero nosotros estamos librando una guerra irregular” (revista Newsweek, edición del 04.06.97, pg.17). “La transformación de las autodefensas en una Convivir limitaría su accionar(...) Los resultados de las ACCU son precisamente por estar al margen de la ley (...) Se limitaría la efectividad de las autodefensas si se le enmarca dentro del concepto de ley” (diario El Colombiano, 15.12.96, pg. 6ª)

Reconoce su participación en la masacre de Pueblo Bello, un poblado de Urabá donde fueron desaparecidos y masacrados 42 campesinos el 14 de enero de 1990,(cfr. semanario Cromos, edición del 26.01,96, pg. 36). Reconoce también su participación en la masacre de Mapiripán, poblado del departamento del Meta donde el 4 de mayo de 1998 fueron torturados y desmembrados 17 pobladores: “Eran lo más peligroso y despreciable, de los que están dentro de la población civil para hacer inteligencia” (semanario Cambio, 22.12.97 pg. 18); “Sí, fue gente de acá, un frente de choque nuestro. Iban 70 hombres que fueron los que combatieron y van a estar hasta diciembre” (diario El Tiempo, 28.09.97, pg. 8ª); “Y va a haber muchos más Mapiripanes” (diario El Tiempo, 28.09.97 ibid.)

No oculta, en los reportajes, la dimensión nacional. de la estructura paramilitar que comanda: “Cumbre (de autodefensas) hubo solo una en el 91. Presidida por nosotros en el Magdalena Medio. Nos reunimos todos y allí se planteó la posibilidad de agrupar las autodefensas bajo un mando único de autodefensas unidas de Colombia” (diario El Colombiano, 12.12.96, pg. 8ª). “Nuestra intención es que donde hay guerrilla haya autodefensas. Estamos capacitando gente en muchos departamentos (...) casi que un curso de 100 alumnos al mes” (ibid) “Reconozco como nuestras las autodefensas de Ramón Isaza, pero no las del margen derecho del Magdalena” (ibid.)

Tampoco oculta su identificación con las Fuerzas Armadas del Estado, si bien cuidándose de no desvelar totalmente su unidad de acción con ellas: “Para que el Ejército nos combata tendría que venir el Ministro de Defensa vestido de camuflado a hacer cumplir la orden. Porque es que, mire: en esta región hay un enemigo que es más poderoso que nosotros dos unidos y ese es la guerrilla” (semanario Cromos, 26.02.96, pg. 45) “Que se cuente con alguna tolerancia de algunos sectores de instituciones armadas, es posible que sí” (diario El Colombiano, 08.12.96, pg. 1E) “Eso se da por simpatía, por gravedad. Es claro. Nadie podrá ponerlo en duda, es elemental. El teniente que está al mando de una patrulla sabe que (...)acaba con las ACCU y encima lo está acabando la guerrilla a él” (El Colombiano, 11.12.96, pg. 7ª); “De pronto se puede hablar de que no nos hagan una persecución tan sistemática” (ibid); “He dicho mil veces que hay una especie de simpatía entre el patrullero de las autodefensas y el oficial subalterno en el campo de batalla y eso nadie lo podrá corregir” (diario El Tiempo, 28.09.97, pg. 8ª); “Si lo que se quiere es insistir a que se dé un enfrentamiento permanente entre Ejército y Autodefensas, creo que se crea un conflicto inexistente en Colombia, que fortalecería al enemigo común del Estado y nosotros. Por allí no es”. (diario El Colombiano 11.12.96. pg. 7ª); “Militares en retiro tenemos algunos cuadros. Se puede hablar de 25 ó 30 oficiales. Nos han profesionalizado un poco. Nos han capacitado más en lo que es el combate, en lo militar” (diario El Colombiano, 10.12.96, pg. 6ª); “En los Estatutos de las ACCU está concebido que eludiremos cualquier enfrentamiento con fuerzas regulares del Estado. Porque respetamos al Estado legítimo” (diario El Colombiano, 11.12.96, pg. 7ª). Algunas anécdotas referidas en la edición del semanario Cromos del 26 de febrero/96, muestran cómo han combatido en oportunidades al lado de las fuerzas regulares.

Pero saliendo afuera de sus confesiones públicas, es convicción generalizada de quienes tienen una mínima capacidad de análisis crítico, que el Gobierno no ha tenido ni tiene ninguna voluntad de reprimirlo y que más bien tolera, facilita, y protege su accionar, si no lo está incentivando permanentemente por vías secretas. El país entero sabe que el Señor Castaño recibe permanentemente delegaciones de periodistas, nacionales e internacionales, de parlamentarios, de industriales y comerciantes, de obispos y sacerdotes, de líderes políticos y de organizaciones internacionales no gubernamentales, en su cuarteles generales de Necoclí y de San Pedro de Urabá, donde muchos visitantes lo han escuchado conversando por teléfono con altos oficiales del Ejército. Mantener tal record de vida social sería imposible para alguien “perseguido por el Estado”, o por cuya captura “se ofrecía un millón de dólares”, como rezaba la propaganda, a todas luces “cosmética” y “satírica” del Presidente Samper, al final de su gobierno.

La sola aplicación de algunos de los indicios para una imputación de conocimiento constructivo, elaborados por la Comisión de Expertos creada en seguimiento de la Resolución 780 (1992) del Consejo de Seguridad (antes citados) permite llegar a conclusiones incuestionables, tanto sobre su responsabilidad en los crímenes objeto de esta demanda de justicia, como sobre la aquiescencia, connivencia, colaboración y protección de los más altos dirigentes del Estado en estos crímenes. Pero ninguno de los principios arriba citados, tanto del Derecho Internacional Consuetudinario, como del Derecho Internacional Convencional, lo exime de responsabilidad individual, toda vez que actuó como comandante de la estructura paramilitar que participó en dichos crímenes, y a todas luces como agente indirecto -o no reconocido- del Estado.

Su responsabilidad de mando es tan evidente como la de los Generales Comandantes de la Brigada XVII del Ejército, con los cuales coordinó, a todas luces, su acción.

4.
OTRAS RESPONSABILIDADES

A nadie se le oculta que, examinadas todas las circunstancias en que esta multitud de crímenes fueron perpetrados, la prolongación del accionar criminal en el tiempo y en amplios espacios geográficos controlados por instituciones administrativas, judiciales y disciplinarias del Estado y por numerosas estructuras de la Fuerza Pública, la imposibilidad de que los hechos fueran ignorados dado que, aunque con persistentes tergiversaciones, eran difundidos por los medios masivos de comunicación, así como las numerosas denuncias elevadas ante todas las instancias locales, regionales, nacionales e internacionales, la responsabilidad de los crímenes recae también sobre numerosos funcionarios del orden local, departamental y nacional, tales como Ministros del Despacho, Consejeros Presidenciales, Instituciones descentralizadas, Gobernadores, Alcaldes, Personeros, Fiscales, Jueces, Magistrados y Procuradores e Inspectores. El Despacho competente debe valorar estas responsabilidades.

IV
SOBRE EL RECAUDO PROBATORIO

Los hechos referidos en la primera parte de este escrito llegaron a mi conocimiento por diversas fuentes. En la mayoría de los casos, por el contacto, no esporádico sino continuado, con comunidades, familias y personas que se vieron forzadas a desplazarse de sus zonas habituales de residencia luego de sufrir las barbaries ya descritas. En otros casos por el testimonio de personas que me merecieron total credibilidad por la honestidad de sus vidas. Toda esa información la he conferido con los medios habituales, ya morales, ya lógicos, que tenemos los humanos para discernir la veracidad de los relatos. En algunos casos, como el del retén paramilitar que estuvo instalado durante casi un año en la vía que de Apartadó conduce a San José, soy testigo directo, pues en varias ocasiones, a lo largo de varios meses, pude observarlo en vivo y en directo y contabilizar en mi reloj la distancia que lo separaba de la base militar del barrio Policarpa.

Estoy dispuesto a ratificar este tipo de testimonio, pero en ninguna medida a dar nombre alguno de quienes me confiaron su información y los sufrimientos que los han destruido tan profundamente en lo más hondo de su humanidad.

Durante mi experiencia de más de dos décadas en actividades relacionadas con la defensa o promoción de los derechos humanos, he podido percibir, analizar y reflexionar a fondo sobre el uso que se hace, en los entes judiciales y disciplinarios del Estado colombiano, del testimonio humano. En numerosos procesos que he seguido de cerca, el TESTIMONIO se convierte en prueba única, y casi siempre se la busca en el entorno familiar y social de la víctima. La consecuencia de esto es que los familiares o allegados de las víctimas resultan cargando, de manera exclusiva, con el peso y las consecuencias de la prueba, que en nuestro contexto de violencia constituye, la mayoría de las veces, un riesgo extremo para la vida, seguridad e integridad de los testigos. No puedo pensar sino en que hay en ello intenciones perversas: la de cargar todo los riesgos del proceso sobre las víctimas directas o indirectas de los crímenes, mientras se eluden las pruebas objetivas e institucionales que podrían arrojar resultados más contundentes. Y cuando la observación atenta nos permite concluir que las pruebas objetivas e institucionales se eluden porque, contra toda lógica, se las quiere eludir, uno no puede sino sospechar que, fuera de cargar los riesgos sobre las mismas víctimas, lo que se pretende es manipular el testimonio, así sea solo por el hecho de privarlo de apoyos objetivos para que en su fragilidad pueda ser desechado fácilmente como “no creíble”, o contrarrestado por testimonios opuestos, no pocas veces comprados o presionados.

Después de haber vivido esto numerosas veces al seguir de cerca muchos procesos en la “justicia” colombiana, sería irresponsabilidad de mi parte colaborar para infligir más riesgos y sufrimientos a quienes han sido ofendidos tan cruelmente en lo más sagrado de su humanidad.

Por eso quiero ser enfático en afirmar de antemano que, fuera de mi testimonio personal con sus evidentes limitaciones, no comprometeré en absoluto a ningún otro testigo.

Pero estoy convencido de que las autoridades judiciales tienen muchas otras maneras de comprobar los crímenes perpetrados antes referidos.

Durante todo el tiempo en que los hechos referidos en la primera parte de este escrito fueron perpetrados, insistí ante diversas autoridades en la necesidad de mantener una inspección directa sobre la zona, dado que las patrullas conjuntas de militares y paramilitares eran perfectamente visibles en las veredas de la región y se desplazaban con absoluta libertad y desparpajo, de modo que la prueba pudiera ser tomada en vivo y en directo mediante inspecciones “in loco”. Particularmente insistí en que las autoridades competentes, judiciales, disciplinarias y administrativas, practicaran inspecciones en el sitio del retén paramilitar establecido a pocos minutos de la base militar del barrio Policarpa, que estuvo presente allí casi durante un año. Pero esas inspecciones no se quisieron hacer. Juzgo que hay allí una omisión culpable que puede derivar en ocultamiento de pruebas, por parte de las autoridades competentes a nivel local, regional y nacional.

Con todo, la inspección “in loco” continúa siendo hoy un medio probatorio de primer orden, dado que la zona continúa bajo el dominio de los mismos grupos y del mismo accionar conjunto militar/paramilitar que incentivaron los generales DEL RÏO ROJAS y CARREÑO SANDOVAL, bajo la omisión voluntaria y conciente, tolerante, aquiescente y decisiva, de su Comandante en Jefe, el entonces Presidente SAMPER PIZANO. Hace muy pocos días, el 10 y 11 de junio de 2001, se produjo una nueva incursión militar/paramilitar a las comunidades desplazadas y retornadas de la zona del Río Cacarica. Por casualidad estaban allí presentes varios funcionarios del Estado y un organismo Inter.-estatal como la ACNUR. Había alguien de la Red Nacional de Solidaridad Social, dependiente de la Presidencia de la República, alguien de la Procuraduría General de la Nación, alguien de la Defensoría del Pueblo, además de integrantes de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales. En dicha incursión fue visible la presencia de efectivos de la Brigada XVII, dado que exhibían brazaletes de algunos de sus batallones e incluso se tomó nota de algún nombre propio de un soldado, pero además estuvieron presentes, tanto en la incursión armada como en las embarcaciones de la Infantería de Marina que rodeaban la zona, dos reconocidos paramilitares, VICENTE MUENTES y CORNELIO MAQUILÓN, que participaron en la Operación Génesis que tantos destrozos causó en las vidas y comunidades humanas de la zona, y que fue dirigida por el General Rito Alejo Del Río en febrero de 1997. Lo asombroso es que ninguno de los funcionarios del Estado allí presentes haya impulsado acciones judiciales, disciplinarias ni administrativas contra la Brigada XVII y la Infantería de Marina, después de haber presenciado en vivo y en directo los hechos.

Después de constatar reiterativamente estas actitudes a lo largo y ancho del país, uno queda con la impresión de que existe alguna prohibición expresa, a los funcionarios del Estado, de practicar inspecciones “in loco” donde sea denunciado el accionar conjunto de militares y paramilitares, o de decretar o registrar ese tipo de pruebas. No puedo olvidar lo sucedido los días 10 y 16 de abril de 1996, cuando me correspondió acompañar a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos a un desertor de una unidad paramilitar que operaba en zonas rurales de El Carmen de Chucurí, Santander, y en zonas aledañas, en estrecha coordinación con las guarniciones militares de la zona. El testigo se ofreció, a pesar de los altos riesgos que corría, a acompañar a los fiscales que fueran designados, bajo las condiciones que ellos le impusieran, para señalarles las bases paramilitares y militares que operaban en estrecha relación. Sin embargo, su oferta fue rechazada, produciendo en él una profunda decepción y desprecio por la “justicia” colombiana. Sobra recordar que yo mismo había insistido durante varios años a las más altas autoridades del Estado para que se practicaran inspecciones “in loco” en esa zona, con la esperanza de que se detuviera el horrendo baño de sangre que había cobrado ya el accionar conjunto de militares y paramilitares, con varios centenares de víctimas, sin ser escuchado.

Esta actitud reiterativa, tozuda y sistemática de evitar la práctica de inspecciones “in loco” como medio probatorio, causa profundas sospechas sobre la proclividad a usar solo la prueba testimonial. El testimonio, despojado de su comprobación por la inspección “in loco”, queda expuesto a altos riesgos y manipulaciones: se le puede anular mediante falsos testimonios contrarios, frecuentemente determinados por la intimidación o el soborno; se le puede descalificar mediante recursos tales como el que se ha vuelto moneda corriente en las fuerzas militares, de señalar a quienes denuncian sus crímenes o testimonian contra ellos como “cómplices”, “colaboradores” o “encubridores” de la guerrilla, cuando no directamente como “subversivos”; se le puede rechazar arbitrariamente en el momento de los fallos, gracias al privilegio reconocido por el derecho a los funcionarios judiciales de la valoración libre y autónoma de la prueba, alegando, en último término, que el testigo es “parte interesada porque ha sufrido las consecuencias del crimen”. Pero el efecto más grave del testimonio es que, una vez conocido, con pleno derecho, por el abogado del sindicado, frecuentemente el testigo comienza a ser víctima de amenazas o atentados. En el caso del proceso sobre las estructuras paramilitares de El Carmen de Chucurí, conocí varios casos de testigos asesinados luego de rendir su testimonio y otros que escaparon a atentados contra su vida en el último momento, debiendo abandonar el país. No puedo olvidar tampoco el caso de otra comunidad rural de Santander, varios de cuyos miembros rindieron testimonio sobre los atropellos sufridos por el accionar conjunto de militares y paramilitares en la zona: una vez rendidos los testimonios, el principal sindicado los convocó, uno a uno, a su guarnición militar, donde los obligó a presentarse bajo presiones, advirtiéndoles que si el proceso prosperaba, él pediría la baja del Ejército y los exterminaría a todos ya en calidad exclusiva de paramilitar.

Pero, fuera de las inspecciones “in loco”, que serían imprescindibles en este caso, ya que todavía están en plena actividad las estructuras paramilitares incentivadas por los Generales RITO ALEJO DEL RÍO Y MARTÍN ORLANDO CARREÑO, bajo la tolerancia conciente, aquiescente y decisiva de su Comandante en Jefe, el entonces Presidente ERNESTO SAMPER PIZANO, también existen otros medios probatorios de capital importancia que pueden arrojar resultados contundentes, como el recaudo de información institucional sobre los operativos que acompañaron y contextuaron todos estos crímenes.

La Fiscalía debe solicitar los listados discriminados de los miembros de la XVII Brigada y de sus unidades menores que participaron en todos esos operativos, patrullajes y controles de zonas. Tanto la institución como tal, como sus integrantes en todos los rangos, poseen informaciones que jamás pueden poseer las víctimas o sus familias. Es, además, imprescindible, recaudar la información relativa al flujo de armamentos y municiones en dicha Brigada, y analizarla con grandes expertos en la materia, pues allí se podría detectar la transferencia de parte de ese armamento o munición a las unidades paramilitares, más cuando obran ya testimonios de miembros de la misma Brigada, según lo han informado los medios de comunicación en las últimas semanas, sobre el ‘modus operandi’ en el entrenamiento y armamento de paramilitares y de tácticas tan macabras como la de “legalización de cadáveres”, haciendo aparecer con uniformes y armamentos que se disparaban “post mortem”, a humildes campesinos masacrados por ellos.

Todas estas infomaciones deben ser conferidas con criterios que respeten la hipótesis del ocultamiento o la tergiversación de la información, utilizando los criterios que el Secretario General de las Naciones Unidas recaudó de altos expertos en la materia, y que figuran en su carta al Consejo de Seguridad del 24 de mayo de 1994, recopilados como conjunto de INDICIOS PARA UNA IMPUTACIÓN DE CONOCIMIENTO CONSTRUCTIVO, citados antes en este mismo escrito.

V
SOLICITUDES FINALES


Dado el carácter que todos estos crímenes tienen, como CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, y recordando la expresión que figura en una de las sentencias del Tribunal Penal Internacional sobre la ex Yugoeslavia (IT-96-22-T de noviembre 29 de 1996, # 28), según la cual, “el concepto de la humanidad como víctima caracteriza de manera especial los Crímenes de Lesa Humanidad”, solicito respetuosamente a la Fiscal de esta causa, reconocerme como parte procesal de la misma, en representación de numerosas personas de muchos países que han conocido estos crímenes porque han dialogado directamente con sus víctimas, y que se han sentido profundamente vulneradas en su dimensión psíquica y moral por tales horrores. En ese caso puedo designar a un profesional del Derecho, debidamente reconocido, para que me represente, como Parte Civil, en calidad de víctima moral.

En caso de rechazar la anterior petición, le ruego permitir entonces, como OBSERVADORES en el proceso, a entidades internacionales de reconocido prestigio, como Human Rights Watch, La Liga Internacional de los Derechos del Hombre, el Tribunal Permanente de los Pueblos, o Amnistía Internacional.

Anexo a este escrito copias de las Cartas que fueron remitidas al entonces Presidente de la República, Señor Ernesto Samper Pizano, y a otras altas autoridades del Estado, donde se pueden apreciar los sellos de recepción, lo que se convierte en prueba contundente de que los hechos no fueron en absoluto ignorados por quienes tenían responsabilidad de evitarlos, prevenirlos, sancionarlos y repararlos, y que, por añadidura, se negaron a atender solicitudes insistentes y apremiantes para que ejercieran sus deberes constitucionales y sus responsabilidades sustanciales ante la Comunidad Internacional y ante el Género Humano.

Le ruego remitirme cualquier respuesta a [-----------------------------------------------]

Atentamente,

Javier Giraldo M., S.J.

ANEXOS:

Copia de la Carta enviada al Señor Presidente de la República, Dr. Ernesto Samper Pizano y a otras altas autoridades del Estado, el 12 de marzo de 1997, con sello de radicación en el despacho presidencial # 15550. (3 páginas)
Copia de la respuesta a la carta anterior, enviada por el Secretario Privado del Presidente Samper, Dr. Juan Mesa Zuleta, el 17 de marzo de 1997 (1 página).
Copia de la respuesta a la carta del 12 de marzo, enviada por el General Harold Bedoya Pizarro, Comandante General de las Fuerzas Militares, el 3 de abril de 1997, Ref.: 1980 MDN-726 (1 página)
Copia de la Carta enviada al Señor Presidente de la República, Dr. Ernesto Samper Pizano, el 3 de abril de 1997, con copias a otras altas autoridades del Estado, entre ellas el Fiscal General de la Nación, con sello de recibo en el despacho presidencial bajo el número de radicación 20438 del 4 de abril de 1997 (4 páginas).
Copia de la respuesta a la carta anterior, enviada por el Secretario Privado del Señor Presidente Samper, Dr. Juan Mesa Zuleta, el 9 de abril de 1997 (1 página).
Copia de la Carta enviada al Señor Presidente de la República, Dr. Ernesto Samper Pizano, y a otras altas autoridades del Estado, con sello de recepción en el despacho del Señor Presidente del 10 de abril de 1997, y una segunda copia de la primera página con sello de recepción en La Fiscalía General de la Nación bajo el radicado No. 031319 del 10 de abril de 1997 (5 páginas)
Copia de la Carta enviada al Señor Presidente de la República, Dr. Ernesto Samper Pizano y a otras altas autoridades del Estado, el 23 de abril de 1997, con sello de recibo en el despacho del Señor Presidente del 24 de abril de 1997 (3 páginas).
Copia de la carta de la Consejería Para Los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, en respuesta a las anteriores cartas del 3, 9, 10 y 13(sic) (en realidad 23) de abril de 1997, suscrita por el Dr. Gabriel Buitrago Bautista, Asesor del Área de Casos, el 1° de mayo de 1997, Ref. 002938 (3 páginas).
Copia de la Carta enviada al Señor Presidente de la República, Dr. Ernesto Samper Pizano, y a otras altas autoridades del Estado, el 29 de mayo de 1997, con sello de recibo en el despacho del Señor Presidente el 30 de mayo de 1997 (4 páginas).
Copia de la respuesta a la carta anterior, enviada por el Secretario Jurídico (E) de la Presidencia de la República, Dr. Campo Elías Rivera Pico, el 3 de junio de 1997, Ref.: 003583 (1 página).
Copia de la Carta enviada por el Brigadier General Rito Alejo Del Río Rojas, comandante de la XVII Brigada del Ejército nacional, el 16 de julio de 1997, Ref: 02853/DIV1-BR17-DDHH-725. (4 páginas)
Copia de la respuesta a la carta anterior del General Rito Alejo del Río, enviada a la XVII Brigada del Ejército Nacional con sede en Carepa, Antioquia, el 7 de agosto de 1997 (3 páginas)
Copia de la Carta enviada al Señor Presidente de la República, Dr. Ernesto Samper Pizano y a otras altas autoridades del Estado, el 22 de julio de 1997, con sello de recibo en el despacho del Señor Presidente del 23 de julio de 1997, con segunda copia de la primera página con sello de recibo en el despacho del Fiscal General de la Nación del 23 de julio de 1997 (13 páginas).
Copia de la respuesta enviada a la Doctora Patricia Luna Paredes, de la Unidad Administrativa Especial de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el 8 de agosto de 1997.
Copia de la Carta enviada al Señor Vicefiscal General de la Nación, Dr. Jaime Córdoba Triviño, el 30 de marzo de 1998, con sello de recibo en el despacho de la Fiscalía General de la Nación el 2 de abril de 1998, bajo el número de radicación 033087 (6 páginas).
Copia de la Carta dirigida al Señor Brigadier General Martín Orlando Carreño Sandoval, Comandante de la XVII Brigada del Ejército Nacional, el 29 de mayo de 1998, enviada a las instalaciones de la XVII Brigada en el municipio de Carepa (Ant.) (5 páginas).
Copia de la Carta dirigida el Señor Presidente de la República, Dr. Ernesto Samper Pizano, y a otras altas autoridades del Estado, el 19 de junio de 1998, con sello de recibido en el despacho del Señor Presidente y en el de su Consejero para Derechos Humanos, el 24 de junio de 1998, bajo los números de radicación 33779 y 33780, y con sello de recepción en la Fiscalía General de La Nación bajo número de radicación 06779 (3 páginas).

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