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Derecho Petición Presidente sobre San José - Abril 5-04

Lunes 5 de abril de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, abril 5 de 2004

Dr. ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Ciudad

Ref:
Derecho de Petición de 29.07.03 Rad: 152982
Derecho de Petición de 15.10.03 Rad: 195947
Derecho de Petición de 15.01.04 Rad: 241719
Derecho de Petición de 26.02.04 Rad: 260021


De toda consideración.

Nuevamente, Señor Presidente, me veo en la urgencia de acogerme al derecho constitucional de petición, establecido en el artículo 23 de la Constitución Nacional, así como en los artículos 15 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, por quinta vez, luego de haberle oficiado los que aparecen antes referenciados, con el fin de solicitarle, de manera apremiante, una serie de medidas administrativas tendientes a proteger la vida, la integridad, la libertad y demás derechos elementales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de los pobladores de dicho corregimiento, gravemente lesionados por agentes directos e indirectos del Estado.

Apelo en esto nuevamente a las obligaciones que la Constitución Nacional impone al Jefe del Estado, en sus artículos 6, 188 y 198, en cuanto garante de los derechos fundamentales, para lo cual la misma Constitución pone en sus manos instrumentos suficientes, como los contemplados en el artículo 189, numerales 3, 4, 13 y 19, reforzados por los artículos 2 y 69 del Código Contencioso Administrativo.

Me preocupa profundamente que luego del cuádruple recurso anterior, la situación de los integrantes de dicha Comunidad de Paz y de los pobladores de esa zona, en lugar de verse aliviada en alguna medida, se ve cada vez más deteriorada, como lo demuestran los casos que a continuación le refiero, ocurridos con posterioridad a mi última petición:

El 23 de febrero de 2004, un fiscal especializado adscrito a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, confirmó haber recibido desde el 4 de diciembre anterior, remitida por el Director Nacional de Fiscalías, la denuncia sobre 301 crímenes de lesa humanidad perpetrados contra pobladores de San José de Apartadó en los últimos 8 años. El Fiscal que recibió dicha remisión confirmó, además, que su despacho solo investiga un hecho de violencia perpetrado el 20 de febrero de 2000 en San José de Apartadó, Radicado 722 UDH. Esto significa que el Fiscal General ha convertido la denuncia de estos varios centenares de crímenes de lesa humanidad en un simple memorial ilustrativo que podría servirle a un fiscal particular para comprender el contexto de lo que investiga, pues dado el rango de los responsables denunciados, la investigación habría tenido que ser asumida por el mismo Fiscal General de la Nación. La denuncia había sido presentada por sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de reuniones sostenidas con la Fiscalía General de la Nación para examinar el problema de la impunidad que cubre todos los crímenes perpetrados en San José de Apartadó. La CIDH solicitó a la Comunidad de San José que hiciera nuevos intentos de demanda de justicia, ya que la Fiscalía les había manifestado una disposición de actuar contra la impunidad. Por esta razón, y luego de sostener una reunión con la Dirección de la Unidad de Fiscalías de Derechos Humanos, la Comunidad de Paz prometió presentar una nueva denuncia integral, lo cual hizo el 12 de noviembre de 2003. Sin embargo, tal comportamiento del Fiscal General demuestra la carencia absoluta de interés por hacer justicia en el caso de esta Comunidad, además de revelar un incumplimiento flagrante de sus deberes constitucionales, que lo haría inepto para ocupar su cargo e indigno de la confianza que la nación ha depositado en él.

El 3 de marzo de 2004, cuando un vehículo de transporte público estaba próximo a salir de la Terminal de Transporte de Apartadó hacia San José, algunos pasajeros fueron abordados por el paramilitar WILMAR DURANGO quien les manifestó que él trabaja con el Ejército y que iban a atentar contra la Comunidad de San José a pesar de que tuviera acompañamiento internacional, especialmente contra el presidente del Consejo Interno de la Comunidad, Wilson David. WILMAR DURANGO ha sido denunciado repetidas veces ante el Señor Presidente de la República como integrante de la estructura paramilitar de la zona. Se sabe por su misma confesión reiterativa que él participó en el asalto a mano armada y robo de los dineros de la Comunidad, el 9 de diciembre de 2003. Además ha amenazado telefónicamente a varios líderes de la Comunidad y el 31 de enero anterior profirió amenazas contra Wilson David, Arturo David y Edermina Durango, en la Terminal de Transporte de Apartadó. No obstante que todos estos hechos han sido denunciados, ninguna autoridad ha hecho nada para capturarlo. Según sus afirmaciones, se siente seguro porque trabaja con el Ejército y con los paramilitares y está seguro, según lo manifiesta, de que ninguna denuncia que haga la Comunidad va a tener efecto alguno en su contra.

Durante la primera semana de marzo de 2004, el señor WILMAR DURANGO abordó a varios pobladores de San José de Apartadó mientras estos realizaban diligencias en la ciudad de Apartadó o cuando llegaban o salían de la Terminal del Transporte, y les reiteró que estaba trabajando con los paramilitares y con el Ejército, por lo cual estaba recibiendo una buena remuneración económica. Les advirtió, además, que el Ejército tiene un plan para asesinar a WILSON DAVID, presidente del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, y que se propone matarlo, esté donde esté, así se encuentre acompañado por quien sea. Añadió que otras personas que están también en la mira para ser asesinadas, son Edermina Durango y Arturo David, quienes han hecho parte también del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Les refirió que él había estado junto con el Ejército en los operativos realizados en días pasados en las veredas de Mulatos y de Arenas. Les pidió, además, a sus interlocutores, que no lo siguieran denunciando porque ello podría traerle problemas, ya que el Ejército le estaba pagando muy bien y que él solo tenía que decir lo que los militares le dijeran que tenía que decir y señalar lo que ellos le dijeran que tenía que señalar; que le pedía a la Comunidad que se quedara callada respecto a los robos del dinero que le han hecho. De manera insistente repitió que la sentencia de muerte contra Wilson David se irá a ejecutar y que luego van a asesinar a otros miembros de la Comunidad de Paz. Insistió también en que la Comunidad debe dejar de denunciar lo que le ha estada pasando, pues si no deja de denunciar le puede ir peor.

El 9 de marzo de 2004, el Fiscal General de la Nación, Dr. Luis Camilo Osorio Isaza, precluyó la investigación que adelantaba contra el General retirado Rito Alejo del Río Rojas (Radicado 5767), quien fuera Comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional entre diciembre de 1995 y diciembre de 1997. En dicho expediente obraban numerosas denuncias de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la Comunidad de Paz y pobladores del corregimiento de San José de Apartadó. Dado que en los últimos meses del proceso, gracias a la Sentencia T-249/03 de la Corte Constitucional, pudo actuar una Parte Civil en calidad de Actor Popular, en representación de las comunidades victimizadas y de la humanidad, moralmente lesionada por esos crímenes, se puede afirmar, con pleno conocimiento de causa, que la actividad procesal fue arbitraria y desconoció los principios más elementales de equidad, imparcialidad y respeto al derecho sustantivo, a los tratados internacionales imperativos para Colombia y a los principios rectores del derecho interno. En efecto, el Fiscal General se negó a aplicar los principios del derecho internacional vigente; a decretar las conexidades que el código procesal no solo autoriza sino que exige (art. 90 y 91); a vincular a otros funcionarios cuya participación en los crímenes, por acción o por omisión, fue a todas luces determinante; a examinar el papel que cumplieron las instituciones en el diseño, facilitación y ejecución de los crímenes; a enfocar la investigación, como lo exige el Principio Rector establecido en el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, con miras a “hacer cesar” los efectos de los crímenes y a reparar los daños infligidos; a verificar las numerosas informaciones concretas que dieron miembros retirados del ejército y de la policía, sobre ubicación de bases paramilitares, retenes, haciendas y carreteras bajo su control, placas de carros, descripciones morfológicas de los victimarios etc.; a investigar la violencia moral que el abogado del General Del Río ejerció sobre uno de los testigos para obligarlo a retractarse, así como los asesinatos, amenazas y exilios de personas que intervinieron en el proceso con aportes acusatorios o de simple investigación, e incluso a responder las preguntas elementales sobre numerosas omisiones en la actividad procesal que le ofició la Parte Civil. Causa la más alta perplejidad constatar que no hay una sola diligencia de verificación concerniente a las víctimas, tanto asesinadas o desaparecidas, como torturadas, desplazadas, violadas, privadas de su libertad y sus derechos elementales, así como sobre los bombardeos, pillajes, incineraciones, etc. Causa estupor descubrir la lógica probatoria que llevó a la preclusión: limitar la actividad probatoria al “solo testimonio”, descalificando arbitrariamente los testimonios que comprometen al sindicado, sin siquiera recurrir a expertos en materias no jurídicas, y asumiendo a-críticamente como válidos los testimonios que lo favorecen, así estos provengan de sus subalternos, quienes no podrían acusarlo sin acusarse a sí mismos. Con tal lógica procesal cae de su peso la preclusión, pero al mismo tiempo cae toda credibilidad en la justicia interna, ya que quien profirió este fallo fue la cabeza misma del ente investigativo.

El 12 de marzo de 2004, a las 20:00 horas, ingresó al área urbana de San José de Apartadó personal uniformado del Batallón Bejarano Muñoz, de la Brigada XVII del Ejército Nacional, acompañado por una persona que afirmó ser un fiscal proveniente de Medellín y dijo llamarse JORGE GARCÍA URREA. Allanaron la casa de Diana Valderrama, integrante del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, pero cuando ella exigió la orden de allanamiento se la negaron, aduciendo que no la tenían allí pero que correspondía al supuesto número “001”. A Diana y a su hermana Marleny Holguín les pidieron sus documentos y a pesar de haberlos aportado, el fiscal dijo que necesitaba verificar las huellas y por eso tenía que transportarlas hasta Apartadó a la oficina del DAS. Los militares tomaron consigo documentos de la Comunidad de Paz, especialmente del Equipo de Formación, y fotos familiares. No dejaron acta de lo que se llevaron. En una camioneta del DAS transportaron a Diana y a Marleny hacia Apartadó, supuestamente para la diligencia de reconocimiento de huellas, pero cuando iban en el barrio El Mangolo, ya cerca de Apartadó, tanto el supuesto fiscal como los miembros del DAS comenzaron a hacer llamadas telefónicas que revelaban que se dirigían hacia la Brigada XVII del Ejército. En dichas llamadas anunciaban: “esta noche hay sorpresas; necesitamos que hagan un trabajo”. Cuando Diana y Marleny preguntaron por qué iban hacia la Brigada cuando les habían dicho que se dirigían al DAS, los captores respondían que en la Brigada “tenían sistemas más avanzados y que necesitaban la presencia de médicos y allí los había”. Cuando llegaron a la Brigada, el supuesto fiscal desapareció y el Coronel Néstor Iván Duque, Comandante del Batallón Bejarano Muñoz, comenzó a llevar el control del operativo: hizo colocar a Diana y a Marleny en un pasillo iluminado, mientras al frente, desde una zona oscura, desfilaban encapuchados que las observaban y un militar con un machete en su mano se paseaba a su alrededor. En un momento dado, el Coronel sacó la foto de una supuesta guerrillera que estaban buscando, alias “Leidy” y que decían respondía al nombre de Solemnidad Higuita Higuita, y le preguntó a Marleny que cuándo se había tomado esa foto; ella respondió que esa no era de ella, pero el Coronel le dijo que enseguida “le iban a hacer acordar cuándo se la había tomado”. El Coronel llamaba a gritos a un alias “Zorro”, que responde al nombre de SAMUEL TUBERQUIA, cuyo padre, Henry Tuberquia, vivía en San José de Apartadó y fue asesinado al parecer por dos guerrilleros que entraron una noche (diciembre 15 de 2001) y lo asesinaron a escasos metros de un puesto de control del Ejército. Muchos testimonios dan cuenta de que Samuel, con el alias de “El Zorro” está trabajando con el Ejército y los paramilitares en la zona. Luego de exponer a Diana y a Marleny al escrutinio de muchos encapuchados, el Coronel les dijo que “lastimosamente se habían equivocado de barriga”. Según los militares, buscaban a dos muchachas embarazadas, en cuya casa habría ingresado una supuesta guerrillera que bajaba del monte. Hacia la 01:00 de la madrugada del 13 de marzo, el Coronel entregó a las dos retenidas a la Defensoría del Pueblo y a integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz. A pesar de que los militares se habían comprometido a volverlas a trasladar hasta su casa en San José, ahora se negaron, alegando que esa misma noche habían capturado “a dos jefes de las milicias” en San José y que entonces la guerrilla podría reaccionar muy violentamente y eso representaba un alto riesgo para ellos si ingresaban a San José. Se refería a la retención de dos jóvenes habitantes de San José, sin ninguna relación con la insurgencia, retención efectuada esa misma noche con violación de todas las normas legales.

Mientras el Coronel Duque exponía a Diana y a Marleny al escrutinio de los encapuchados, les hizo muchos comentarios. Se mostraba muy contrariado porque la Comunidad de Paz no acepta la presencia del Ejército en su interior ni les brinda ni vende comida, lo cual se hace con todos los actores armados como exigencia de los principios de no involucramiento en el conflicto armado, plasmados en el Reglamento. A pesar de ello, el Coronel afirmaba que él ya sabía de qué manera penetrar a San José y es a través de allanamientos; afirmaba que los allanamientos van a seguir, y que si eso no era suficiente, entonces iba a “entrar con maquinaria pesada”, explicitando luego que eso significaba que iba a utilizar a los paramilitares. Defendía que el uso de los paramilitares, aunque era ilegal, era útil para los fines que buscaba y que lo importante era obtener esos fines. Afirmó que tenía ya un grupo de 10 muchachos que estaban cansados de colaborar con las FARC y que ahora trabajaban con él; que les había ofrecido una buena cantidad de plata “para ganársela en San José”. Que esa misma noche les había pagado buena plata a los que habían ayudado a capturar a los jefes de las milicias (los dos jóvenes retenidos esa misma noche, inocentes de todo). Que también le había pagado una buena cantidad de dinero a alias “el Ciego”, que era quien había ayudado a matar a Albeiro y a John, los dos guerrilleros que habían sido asesinados, fuera de combate, cerca de la vereda Mulatos. Que le daba pesar el caso de la compañera de John que había quedado herida, pero que ella tenía que pagar el haber vivido con un guerrillero; que le había ofrecido ayuda para criar al niño que quedó vivo, pero ella no había aceptado.

En la misma noche del 12 de marzo de 2004, integrantes del Batallón Bejarano Muñoz, quienes se ubicaron en los alrededores del área urbana de San José mientras otros allanaban la residencia de Diana Valderrama, retuvieron ilegalmente a APOLINAR GUERRA GEORGE, de 18 años, y a ELKIN DARÍO TUBERQUIA TUBERQUIA, de 32 años. Luego los montaron en uno de los camiones del ejército y los condujeron a las instalaciones de la Brigada XVII en Carepa.

Apolinar había llegado esa tarde a la casa de su familia en San José, proveniente de la vereda Bellavista, pues había perdido sus documentos de identidad y creyó que los había dejado en casa de sus padres. Poco tiempo después de llegar, se dio cuenta de que el poblado estaba militarizado y se subió a un árbol para observar lo que estaba pasando. De allí unos soldados lo obligaron a bajar y se lo llevaron retenido. No sabían cómo se llamaba ni le preguntaron el nombre.

Elkin Darío estaba en casa de sus suegros, pues se había venido de la vereda Las Nieves luego de incursiones paramilitares que produjeron un éxodo desde finales de febrero. Mientras cruzaba el río que pasa por el poblado de San José, encontró a un grupo de militares que hacían recorridos por los alrededores del poblado mientras otros allanaban la residencia de Diana Valderrama; dichos militares lo retuvieron y se lo llevaron en uno de los camiones del ejército.

Apolinar y Elkin Darío fueron llevados esa misma noche a la Brigada XVII y expuestos por el Coronel Duque a un supuesto “reconocimiento” por encapuchados, quienes los señalaron como colaboradores de la guerrilla. Elkin Darío había colaborado con la guerrilla 12 años antes, en Mulatos, pero se había retirado de todo vínculo con ellos antes de organizar su hogar, pues esta fue una exigencia de la que iba a ser su esposa. Incluso había sido detenido en 1997, a causa de otros señalamientos sobre su pasado, y estuvo 3 años en la cárcel. Desde antes de esa detención había roto todo vínculo con la insurgencia, como lo testimonian sus familiares y quienes lo han conocido en los últimos 8 años en la vereda. Por su parte, Apolinar es un joven agricultor que labora en Bellavista, a quien nadie le conoce vínculo alguno con la insurgencia.

Elkin Darío y Apolinar permanecieron privados ilegalmente de la libertad en las instalaciones del Batallón Bejarano Muñoz entre el 12 y el 21 de marzo, día en que fueron llevados al Comando de la Policía de Apartadó y luego trasladados a la cárcel de Turbo. Durante esos 9 días se ejercieron múltiples formas de violencia sobre sus cuerpos y sus conciencias. Fueron ultrajados, golpeados y amenazados por varios militares, entre ellos el mismo Comandante del Batallón Bejarano Muñoz, Coronel Néstor Iván Duque, quien los golpeó brutalmente hasta obligarlos a decir que ellos eran “milicianos”, pues les decía que si no afirmaban eso, los sacaba afuera donde los paramilitares los esperaban para matarlos. Cuando logró que ellos dijeran eso para librarse de ser asesinados por los paramilitares, inmediatamente llamó a personas que los filmaran. Luego los pasó a una “fiscalía” y les dijo que tenían que sostener lo que habían dicho y que tenían que “acogerse a sentencia anticipada”.

Numerosas violaciones a los derechos humanos fundamentales se configuraron en este período, así como numerosas infracciones al derecho interno y al derecho internacional. Su privación de la libertad se realizó desconociendo todo procedimiento legal, pues no estaban cometiendo ningún ilícito ni existía orden alguna de captura contra ellos; aún más, fueron retenidos sin saber de quién se trataba y llevados a una instalación no prevista en la ley como sitio de reclusión, con el fin de elaborar ex post facto alguna apariencia legal de su privación de libertad. Se utilizaron métodos de tortura vedados en el derecho internacional y en las leyes internas y se compraron “testigos” por dinero para acusarlos. Se les arrancó bajo tortura y promesa de muerte “confesiones” falsas que no tienen valor jurídico alguno. Las circunstancias de contexto y las afirmaciones que el Coronel Duque le hizo a otras personas en la misma noche de su retención y en los días siguientes, permiten develar que tales retenciones son una pieza dentro de una estrategia de destrucción de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a la cual el Coronel le quiere aplicar el mecanismo de penetración “con maquinaria pesada”, o sea con paramilitares, afirmando que ya tiene “10” a su servicio que “tienen mucho dinero para ganarse en San José”.

Cuando el Defensor del Pueblo de Apartadó se hizo presente en la Brigada XVII para enterarse de la suerte de los retenidos en San José en la noche del 12 de marzo, el Coronel Duque se ufanó de haber retenido a “jefes de milicias” que habitaban en la Comunidad de San José y le reafirmó su intención de utilizar informantes de la zona para capturar a más gente. El Coronel le comentó, además, al Defensor, que ya tenía claro que el cacao que comercializa la Comunidad de Paz, es un cacao de propiedad de la guerrilla de las FARC comandada en la zona por alias “Samir”, y que él (el Coronel) está tratando de bloquear todas las rutas de transporte del cacao y del dinero de su comercialización. El Defensor le respondió que la Defensoría misma suele acompañar el transporte del dinero, desde que vehículos que lo transportaban entre Apartadó y San José han sido asaltados en el camino por paramilitares que han robado el dinero. El Coronel le reprochó al Defensor que hiciera eso, sin caer en la cuenta de que la Brigada está realizando actividades que no son de su competencia sino de la Fiscalía, al adelantar presuntas investigaciones y emitir veredictos judiciales no sustentados ni competentes, que se proyectan en acciones de hecho contra la comercialización del cacao y otros productos de la Comunidad de Paz. Por el contrario, a la Defensoría le asiste plena legitimidad en sus medidas de protección a la Comunidad, toda vez que la misma Constitución le asigna el deber, no solo de velar por la promoción de los derechos humanos sino por su ejercicio (Art. 282) e incluso la Ley la autoriza para exigir ayuda “técnica, logística, funcional o personal” de cualquier autoridad pública o de particulares que presten servicios públicos, en el ejercicio de sus funciones (Ley 24/92, art. 16).

Es en extremo preocupante que las afirmaciones del Coronel Duque sobre el bloqueo que está ejerciendo al comercio del cacao de la Comunidad de san José, coinciden con amenazas de los paramilitares a las empresas de transporte que hasta ahora han llevado el caco de San José hacia Apartadó o Medellín, hasta tal punto que ninguna empresa quiere ya volver a prestar este servicio a causa de esas amenazas. Esto coincide también con los asaltos a mano armada contra los vehículos en los cuales se lleva el dinero producido por el comercio del cacao o del banano primitivo, llevándose el dinero en dos ocasiones (diciembre 9 de 2003 y enero 28 de 2004). La misma confesión que han hecho en la Terminal del Transporte de Apartadó jóvenes que trabajan con la Brigada y con los paramilitares, de haber participado en dichos hurtos de dinero, van dejando cada día más claro que toda la estrategia de bloqueo económico a la Comunidad de Paz es dirigida por el Coronel Duque.

Hoy día la Comunidad de Paz, no solo sufre la privación de 29 millones de pesos que han sido robados en los asaltos a mano armada perpetrados por paramilitares que trabajan con el Ejército, sino que tienen bloqueadas miles de arrobas a causa de la negativa a su transporte por parte de las empresas transportadoras. Quien haya estado en San José de Apartadó es testigo del hermoso espectáculo comunitario que se da en la cotidianidad, cuando llegan niñas y niños, ancianos y mujeres de las veredas trayendo sus ataditos de cacao, el cual es pesado en la bodega y anotado su peso en los cuadernos de la Comunidad, con el fin de que, una vez vendido en conjunto, en un esfuerzos de comercio más justo, ese dinero revierta a cada familia en proporción a su producción, y así las familias puedan sobrevivir.

También son en extremo preocupantes los conceptos que el Coronel Duque expresó sobre Wilson David, quien ha sido por varios años presidente del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, y sobre Arturo David, quien también ha participado varios años en el Consejo Interno. El Coronel quiere hacerlos aparecer calumniosamente como personas que se comunican frecuentemente con la guerrilla y buscan favorecer los intereses de ésta. Esto evidencia que el Coronel ni los conoce, pues si los conociera sabría que son personas de grandes calidades humanas, absolutamente transparentes y que han estado velando, por el contrario, por el no involucramiento de la Comunidad en compromiso alguno con actores armados. Los conceptos del Coronel sobre estas personas derivan a todas luces de un interés de hacerle daño a la Comunidad en las personas de algunos de sus líderes. Esto es más preocupante aún cuando se confronta con el hecho de que los paramilitares que se presentan públicamente como colaboradores del Ejército, han anunciado muchas veces que se proponen asesinar a Wilson David, así como con la repetitiva indagación de soldados y paramilitares que se acercan o pasan por el caserío de San José, quienes preguntan insistentemente por el paradero y la ubicación de la vivienda de Wilson David.

El miércoles 17 de marzo de 2004 un contingente paramilitar ingresó a la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, y le prendió fuego a la casa de Don Jesús Antonio, uno de sus pobladores, saqueando luego otras dos viviendas. Ya desde el mes de febrero dicha comunidad había comenzado a sufrir incursiones frecuentes de paramilitares y del Ejército y pudo percibir que en unas y otras se repetían los mismos rostros, unas veces con brazaletes del ejército y otras con las de las AUC. Esto provocó un éxodo que ya suma 20 familias desplazadas, de las 30 con que contaba el caserío. Algunas familias han visto tan grave la situación que han preferido emigrar a regiones lejanas, sin esperanza de un pronto retorno.

El 27 de marzo de 2004, a las 07:00 horas, unidades del Ejército adscritas a la Brigada XVII, en compañía de personajes encapuchados, rodearon la casa de ARNOLDO MONTOYA BORJA, en la vereda La Cristalina, de San José de Apartadó. Le exigieron presentar sus documentos, pero como él los había perdido, le dijeron que se lo llevaban “por indocumentado”. Entre los civiles que se movilizaban con el Ejército estaba WILMAR DURANGO, quien se acercó a Arnoldo y le dijo que él estaba trabajando con la Brigada XVII y que le pagaban $ 500.000,oo (quinientos mil pesos) mensuales, pero que no se preocupara, pues contra él no tenía nada. Una vez llevado a la Brigada, Arnoldo fue golpeado brutalmente por el Coronel Duque, quien le dio una palmada en la cara y patadas en la espalda. Luego de someterlo a torturas toda la noche, el Coronel le dijo a Arnoldo que le iba a colocar cables con corriente eléctrica “para que cantara”. Arnoldo trató de defenderse de él por la fuerza; entonces el Coronel llamó a otro militar para que le sujetara las manos por detrás, mientras él le daba patadas en el estómago. El Coronel le hizo muchas preguntas a Arnoldo sobre la Comunidad, pero no aceptaba las respuestas, sino que enseguida afirmaba que esa era una “h. p. comunidad que defendía a la guerrilla”. El Coronel también afirmó que sabía que Wilson David le había enviado una filmadora y un equipo de sonido a alias “Samir”, supuesto comandante de la guerrilla en la zona, aludiendo quizás a unos equipos donados por la organización internacional Médicos del Mundo, que fueron asignados a la comunidad de La Unión, donde se encuentran. Dijo, además, el Coronel, que no iba a mandar a matar a Wilson David porque no quería más problemas, pero que ganas le sobraban; que el plan era capturarlo. Se quejó también el Coronel de que la telefonista de San José no le hacía pasar al teléfono a las personas que sus muchachos colaboradores o informantes buscaban, como por ejemplo a la novia de “El Zorro”, a quien él quería llevarse a vivir a otra parte.

El mismo día 27 de marzo de 2004, hacias las 03:00 horas, tropas del Ejército adscritas a la Brigada XVII llegaron a la casa de OVIDIO CARDONA BORJA, en la vereda La Cristalina, quien no se encontraba allí. Luego, a las 06:00 horas fueron a la casa de LUIS CARDONA BORJA, de 23 años, se le acercaron y le dijeron que “Arnoldo le había dado dedo” (delatado). Se lo llevaron a las instalaciones de la Brigada y también se llevaron a su hermano ALBEIRO CARDONA BORJA, de 26 años. Cuando el Coronel Duque comenzó a darles golpes, Luis le advirtió que tanto la Defensoría, como la Cruz Roja, sabían de su detención y llegarían a averiguar por su situación. El Coronel, con palabras muy soeces, le hizo saber que despreciaba a la Defensoría, a la Cruz Roja y cualquier organización defensora de derechos humanos. Les dijo que “si no cantaban”, los sacaría afuera para que los paramilitares los mataran. Un militar o paramilitar a quien los demás llamaban “Raúl”, golpeó a Luis con unas balineras y le vendó los ojos. Le decía frecuentemente que lo iban a matar y le colocaba un arma en la cabeza apretando el gatillo, pero el arma estaba sin munición.

Mientras las tropas llevaban detenidos a Arnoldo, Luis y Albeiro, ellos presenciaron la entrega de un supuesto guerrillero, menor de edad, llamado MIRO QUINTERO, quien llevaba un fusil y se lo entregó a los soldados. Ya en la brigada, los militares le colocaron ese fusil a los retenidos y les tomaron fotos e hicieron filmaciones de ellos portando el fusil y colocando a su alrededor mucha munición. Los retenidos fueron mantenidos en la Brigada XVII hasta el día siguiente, 28 de marzo, a las 18:00 horas, cuando los pasaron al Comando de la Policía. Esa noche pudieron dormir algunas horas, pues antes no les habían permitido. El día 29 de marzo los llevaron a indagatoria y enseguida les dieron libertad, pues no había fundamento alguno para su detención. Aunque les exigían irse por la noche, ellos no quisieron, dado el alto riesgo y la imposibilidad de llegar a su vereda de noche. Al día siguiente, 30 de marzo, los entregaron a la Defensoría del Pueblo.

El 01 de abril de 2004, luego de un recurso de habeas corpus, presentado por la Defensoría del Pueblo, algunos de cuyos defensores públicos habían asumido la defensa, a petición de sus familias, el fiscal del caso puso en libertad a Apolinar Guerra George y a Elkin Darío Tuberquia Tuberquia, quienes habían sido retenidos por tropas del Batallón Bejarano Muñoz en la noche del 12 de marzo anterior y mantenidos por 9 días allí mientras fueron sometidos a torturas y amenazas, en medio de las cuales los obligaron a firmar supuestas “confesiones” de ser “milicianos” de las FARC. El cúmulo de violaciones al derecho interno y al derecho internacional eran más que evidentes, lo que hizo que el habeas corpus surtiera efectos inmediatos.

Como puede apreciar, Señor Presidente, estos hechos siguen evidenciando una agresión sistemática muy grave contra los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los pobladores de dicho corregimiento, por parte de diversos estamentos del Estado, a los cuales se integran civiles delincuentes cuya actividad es coordinada por miembros de la fuerza pública. En todos esos episodios se van configurando tipos penales contemplados en el derecho internacional, especialmente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Ley 742 de junio 5 de 2002), que confrontados con el criterio de la sistematicidad que se evidencia en los últimos 8 años, se tipifican a todas luces como Crímenes de Lesa Humanidad.

Me permito, Señor Presidente, respetuosamente, transcribir aquí elementos doctrinales pertinentes, señalados por la Corte Constitucional (Sentencia SU.1184/01, No. 16-18) que ilustran las obligaciones y responsabilidades de la garantía, en cuanto a la protección de los derechos humanos fundamentales. En efecto, afirma la Corte:

“En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de si una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante.

Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa. Vg. Si alguien maneja una represa y el agua se desborda ocasionándole daño a una población, en el juicio de imputación lo sustancial no es si el operario abrió la compuerta más de lo debido (acción) o simplemente no la cerró a tiempo (omisión); lo fundamental es si cumplió o no con los deberes de seguridad que surgían del control de una fuente de peligro. Lo mismo acontece, cuando en virtud de relaciones institucionales se tiene el deber de resguardar un determinado bien jurídico contra determinados riesgos. El padre de familia incumple sus deberes de protección frente a su hijo, no solo cuando entrega el arma homicida, también lo hace cuando no evita que un tercero le ocasione una lesión mortal. En la actualidad, se afirma que la técnica moderna y el sistema social, hacen intercambiables la acción y la omisión. Günther Jakobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Hay conductas activas, socialmente adecuadas, que se convierten en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando la persona tiene una posición de garante. Ejemplo: es socialmente adecuado apagar la luz del portón de una casa (ación) aun cuando sea probable que un peatón pueda tropezar en la oscuridad; pero se convierte en un comportamiento prohibido (apagar la luz) si el propietario ha realizado una construcción frente a ella, porque al crear una fuente de peligro aparecen deberes de seguridad en el tráfico: alumbrar la obra para que nadie colisione con ella.

Conclusión: si una persona tiene dentro de su ámbito de competencia deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos, en el juicio de imputación es totalmente accesorio precisar si los quebrantó mediante una conducta activa -vg. Facilitando el hecho mediante la apertura de la puerta para que ingrese el homicida- o mediante una omisión -vg. No colocando el seguro de la entrada principal- En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas: si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo.

Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal.

Los peligros para los bienes jurídicos pueden surgir no solo por la tenencia de objetos (una lámpara de gas, una teja deteriorada) armas (una pistola, una dinamita) animales (un perro desafiante), sino también de personas que se encuentran bajo nuestra inmediata subordinación. En efecto, en las relaciones de jerarquía, el superior con autoridad o mando, tiene el deber de tomar medidas especiales (deberes de seguridad en el tráfico) para evitar que personas que se encuentran bajo su efectivo control, realicen conductas que vulneren los derechos fundamentales. Vg. Si el superior no evita -pudiendo hacerlo- que un soldado que se encuentra bajo su inmediata dependencia cometa una tortura, o una ejecución extrajudicial, o en general un delito de lesa humanidad, por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior y no el simple incumplimiento a un deber funcional.

El derecho penal internacional consuetudinario, desde el famoso caso Yamashita, en el cual se condenó en 1945 a un general del ejército Japonés por “omitir ilícitamente y faltar a su deber como comandante de controlar las operaciones de los miembros bajo su mando, permitiéndoles cometer atrocidades brutales y otros crímenes graves contra la población de Estados Unidos, de sus aliados y dependencias, particularmente las Filipinas ...”, ha venido reconociendo que el miembro de la fuerza pública que ostenta autoridad o mando debe adoptar medidas especiales para evitar que las personas que se encuentran bajo su efectivo control o subordinación, realicen conductas violatorias de los derechos humanos. Jurisprudencia que se ha reiterado en los diversos Tribunales Penales Internacionales, desde Núremberg hasta los ad-hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda. Doctrina que se plasmó normativamente en el art. 28 del Estatuto de Roma.

El Estado puede ser garante (competencia institucional) cuando se trata de ciertos deberes irrenunciables en un Estado Social y Democrático de Derecho. Por ejemplo, es irrenunciable la protección a la vida e integridad de todos los habitantes del territorio y la defensa de la seguridad interior y exterior de la nación. Como el Estado no puede responder directamente en el campo penal, el juicio recae en el titular de la función correspondiente. Por ende, para que el miembro de la fuerza pública sea garante, se requiere que en concreto recaiga dentro de su ámbito de competencia (material, funcional y territorial) el deber específico de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos de la República. En consecuencia, si un miembro de la fuerza pública que tiene dentro de su ámbito de responsabilidad el deber de resguardar un sector de la población amenazada por grupos al margen de la ley, no inicia la acción de salvación cuando ostenta los medios materiales para hacerlo, se le imputan los resultados lesivos (las graves violaciones a los derechos humanos) que estos cometan en contra de los habitantes.”

Acogiéndome, pues, nuevamente, al derecho constitucional de petición, consagrado en el artículo 23 de la Carta constitucional y regulado en los artículos 15 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le pido, respetuosamente, Señor Presidente:

Intervenir directa y personalmente en la Brigada XVII del Ejército Nacional, así como en sus batallones, especialmente en el Batallón Bejarano Muñoz, con el fin de corregir sus prácticas anti constitucionales y violatorias del derecho interno, de los tratados internacionales de derechos humanos y de los principios elementales de ética universal, considerando la sustitución de sus actuales jerarquías por otras que conozcan y respeten el derecho interno e internacional ; que acaten los principios éticos universales; que no practiquen la tortura, ni las ejecuciones extrajudiciales; que no corrompan la conciencia moral de jóvenes desempleados o de víctimas de acciones de la insurgencia, saciando su afán de dinero fácil o de odio incontrolado mediante falsos testimonios pagados; que respeten los derechos de la población civil, especialmente de la que no quiere involucrase en el conflicto armado con ninguna de las partes.
Cesar la agresión del Estado contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra los pobladores de dicho corregimiento, agresión que se prolonga de manera sistemática desde hace al menos 8 años, y que toma cuerpo en numerosos crímenes de lesa humanidad tipificados en el derecho internacional y en una estrategia de bloqueo económico a la Comunidad, estrategia que lleva a la práctica con el apoyo de grupos ilegales y criminales.
Detener la orden de asesinato o captura que, según testimonios de paramilitares, la Brigada XVII ha emitido contra el presidente del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, WILSON DAVID, así como contra otros miembros actuales o anteriores del mismo Consejo Interno, como EDERMINA DURANGO y ARTURO DAVID, cuya ejecución al parecer se ha encomendado a paramilitares y que, según expresiones del Coronel Néstor Iván Duque, Comandante del Batallón Bejarano Muñoz, a varias personas retenidas por él, se trata de un asesinato que él ha deseado intensamente perpetrar pero que quizás quiere cambiar por una captura, para evitar mayores problemas.
Devolver a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el dinero robado en los asaltos a mano armada a los vehículos que lo transportaban, el 9 de diciembre de 2003 y el 28 de enero de 2004, lo que suma $ 29.000.000,oo (veintinueve millones de pesos), dado que el faltante de ese dinero está afectando gravemente la satisfacción de necesidades básicas de una población pobre y victimizada, que ha hecho grandes esfuerzos para organizar una economía comunitaria de sobrevivencia. Esta petición se apoya en las reiteradas confesiones de paramilitares que trabajan y son pagados por el ejército, que afirman haber participado en los asaltos, así como en la estrategia confesada por el Coronel Duque, de estar bloqueando la comercialización del cacao de la Comunidad de Paz y el usufructo de su producido en dinero, bajo la calumnia de que es dinero de la guerrilla.
Pagar al Señor Luis Hidalgo, de la vereda Bellavista, el toro que el Ejército le robó el sábado 26 de octubre de 2003, así como la vajilla y las gallinas que le robó al Señor Gerardo Tabares, en la misma vereda, el mismo día. Igualmente indemnizar al Señor Yair Arteaga por la res que tuvo que sacrificar por haber sido devuelta muy golpeada, luego de que el Ejército se llevara sus 14 reses el pasado 23 de febrero, en una acción completamente contraria a la ley que tuvo que ser corregida ante la intervención de otras autoridades.
Indemnizar a la madre del niño Darlinson Graciano Ibáñez, asesinado por el Ejército en compañía de paramilitares, en la vereda Mulatos, en clara infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario, el pasado 28 de enero, y ordenar que el cadáver del niño sea exhumado y entregado a su madre, para que ella le pueda dar sepultura digna, de acuerdo con su fe, sus sentimientos, sus tradiciones y su identidad comunitaria, lo que hasta ahora se le ha impedido en flagrante violación a las leyes.
Devolver a Diana Valderrama, integrante del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, los documentos de la Comunidad y las fotografías familiares hurtadas por quienes “allanaron” ilegalmente su residencia el 12 de marzo de 2004.
Proveer a la rehabilitación médica y psíquica de los privados injustamente de la libertad y torturados en la Brigada XVII , el 12 y 27 de marzo y destituir a los torturadores (Estatuto de Roma, artículo 7, lit. e) y f) ).

De antemano le agradezco, Señor Presidente, su atención a la presente y su respuesta dentro de los términos legales.

Atentamente,

Javier Giraldo M., S. J. [ --------------------------------------------------------------------------- ]

CC: * Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso 12.325
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU
Chancillerías de Estados que tienen condados, municipalidades o comunidades hermanadas con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Representantes diplomáticos, en Colombia, de los mismos Estados.
Organismos internacionales de defensa, promoción y protección de los derechos humanos.
Organismos nacionales de defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

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