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Derecho Petición Presidente sobre San José - Enero 15 - 04

Jueves 15 de enero de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, enero 15 de 2004

Doctor
ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Casa de Nariño
Ciudad

Ref: Derecho de Petición, Rad.: 152982, de julio 29/03;
Derecho de Petición, Rad.: 195947 de octubre 15/03

De toda consideración:

El 29 de julio y el 15 de octubre de 2003 interpuse ante Usted, Señor Presidente, sendos DERECHOS DE PETICIÓN, acogiéndome al artículo 23 de la Constitución Nacional y a los artículos 15 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, para solicitarle medidas urgentes de carácter administrativo con miras a proteger la vida y los derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, lesionados gravemente por agentes directos e indirectos del Estado.

Por tercera vez me veo en la necesidad de acogerme al mismo derecho consagrado en la Constitución Nacional y en las normas legales citadas, con el fin de reiterarle, Señor Presidente, la urgencia de tomar medidas de carácter administrativo que protejan los derechos más fundamentales de los integrantes de dicha Comunidad de Paz y de subsanar algunas de las más recientes agresiones a fin de que los efectos de las mismas no causen más sufrimientos.

Las respuestas recibidas a las anteriores peticiones, tanto de parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, como de la Vicepresidencia y de ciertas instancias de las Fuerzas Armadas, no anuncian ninguna medida concreta sino que se limitan a remitir a otras instancias la información aportada, quizás con la pretensión de que los hechos sean investigados y los culpables sancionados. Sin embargo, como se lo expresé ya en los anteriores escritos, la experiencia de los últimos 8 años en que dicha comunidad ha sido sometida a las agresiones más brutales, contándose entre éstas más de un centenar de asesinatos, la mayoría de ellos perpetrados con derroche de crueldad, ha sido una experiencia que conduce a la convicción de que el aparato de administración de justicia está completamente inhibido para producir actos de justicia. Hemos descubierto, paso a paso, numerosos mecanismos y procedimientos a los cuales recurren los funcionarios judiciales, que parecen expresamente diseñados para producir impunidad en unos casos y enjuiciamiento de inocentes en otros. Se lo hemos manifestado reiteradamente a los funcionarios judiciales pero ellos no muestran interés alguno en actuar de otra manera. Luego de 8 años de numerosas denuncias, no hay un solo acto de justicia que sancione a los autores de alguno de esos crímenes ni proteja a las víctimas de su reiteración ni repare en lo más mínimo lo enormes daños de todo orden sufridos por las víctimas. Los organismos internacionales que han avocado este caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocen a fondo de dicha impunidad y han exigido medidas cautelares y luego medidas provisionales de protección para los integrantes de esa Comunidad de Paz.

A pesar de haber interpuesto los dos Derechos de Petición mencionados (julio 29 y octubre 15 de 2003), las agresiones contra la Comunidad de Paz continúan perpetrándose. Los hechos más protuberantes que han tenido lugar a partir del último Derecho de Petición son los siguientes:

El sábado 18 de octubre de 2003, a las 10:00 horas, integrantes de grupos paramilitares que operan en Apartadó convocaron a una reunión a conductores que prestan servicio de transporte público entre Apartadó y San José y les manifestaron que no estaban satisfechos con las informaciones que estaban entregando acerca de los líderes y acompañantes de la Comunidad de Paz de San José. Les anunciaron que si no entregaban las informaciones que ellos (los paramilitares) buscaban para seguir adelante con sus planes de destrucción de la Comunidad de Paz, “los cambiarían por otros”, y que los conductores ya sabían muy bien lo que significaba “cambiar”, pues sus cuerpos podrían aparecer por ahí botados en cualquier lugar. Luego amenazaron de muerte a varios conductores por permitir que se sigan transportando alimentos hacia San José.

Entre el lunes 20 de octubre de 2003 a las 06:00horas y el martes 21 a las 14:00 horas, helicópteros del Ejército estuvieron bombardeando en forma indiscriminada las zonas de Mulatos Cabecera, Mulatos Medio, Las Nieves, veredas pertenecientes al corregimiento de San José de Apartadó, así como la vereda La Unión-Carepa, del municipio de Carepa y la vereda La Hoz, en el departamento de Córdoba. En dicha zona habitan más de 160 familias.

El jueves 24 de octubre de 2003, a las 08:00 horas, tropas del Ejército que pasaron por el caserío de La Unión, del proceso de Comunidad de Paz de San José, se dirigieron a los pobladores como “h. p. guerrilleros”, afirmándoles que “por cada baja que tuvieran las tropas la Comunidad les pagaría muy caro” y que ellos estaban viendo “cómo acabar con esos h. p. guerrilleros de la Comunidad de Paz”.

El viernes 25 de octubre de 2003, a las 06:00 horas, tropas del Ejército que pasaron por el caserío de San José con 14 bestias cargadas de comida, armamentos y equipo, dejaron abandonadas 4 bestias con carga de alimentos, no se sabe con qué intenciones.

El mismo viernes 25 de octubre de 2003, 16 familias desplazadas de las zonas afectadas por bombardeos y operativos militares, como Mulatos Cabecera, Mulatos Medio y Las Nieves, llegaron al caserío de San José y manifestaron gran incertidumbre por mucha otra gente que estaba saliendo en medio de bombardeos, con gran riesgo para sus vidas, cuyo paradero se desconocía.

El sábado 26 de octubre de 2003 tropas pertenecientes al Batallón Bejarano Muñoz que habían ingresado a San José el día anterior, llegaron hasta las veredas La Cristalina y Bellavista realizando actos de saqueo y pillaje. En la finca del Señor GERARDO TABARES, en la vereda Bellavista, se llevaron sus gallinas y una vajilla. Luego ingresaron a la vereda Buenos Aires, arribaron a la casa del Señor LUIS HIDALGO, le solicitaron que les entregara las gallinas que tenía y ante su negativa amenazaron con llevarse un animal de mayor valor, y en efecto hurtaron un toro de su propiedad.

El jueves 30 de octubre de 2003 a las 14:00 horas, en el sitio conocido como “Tierra Amarilla”, a 10 minutos aproximadamente de Apartadó, sobre la carretera que conduce a San José, 8 paramilitares en motos y con armas cortas interceptaron el vehículo de servicio público que se dirigía a esa hora hacia San José, se presentaron como “Autodefensas”, obligaron a los pasajeros a descender del vehículo y les pidieron sus cédulas. Le dijeron a los pasajeros: “tienen puros nombres de guerrilleros”. A los hombres los obligaron a mostrarles las manos, según dijeron, “para ver si tenían manos de guerrilleros o de trabajadores”. Luego les permitieron continuar.

El viernes 31 de octubre de 2003, a las 17:00 horas, en el mismo sitio de “Tierra Amarilla” 4 paramilitares con armas cortas hicieron detener el vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó a San José, obligaron a los pasajeros a descender y les pidieron las cédulas. Nuevamente les dijeron: “tienen nombres de guerrilleros y están buenos para matarlos”. A los hombres les hicieron mostrar las manos mientras decían: “el que encontremos que no tiene manos de trabajador lo vamos a asesinar”. Luego le dijeron a la gente que no se asustara, que ellos iban a estar por ahí y que el que estuviera subiendo mercado o lo vieran como “raro”, lo iban a matar. Finalmente los dejaron seguir. Mientras los militares mantienen hasta tres retenes en los alrededores de San José y requisan a la gente hasta tres veces en el mismo trayecto, fingen ignorar los retenes de los paramilitares en la carretera, su control de la Terminal de Transportes y las reuniones que convocan en los barrios de Apartadó.

El 4 de noviembre de 2003 tropas del Ejército iniciaron operativos militares en la vereda Chontalito, cerca de Mulatos, con lo cual la situación de seguridad de las 44 familias que se encuentran en dicha zona se ve en alto riesgo y además se dificulta la posibilidad de retorno por parte de 26 familias que se encuentran ya desplazadas en San José y en La Cristalina.

Para el 5 de noviembre de 2003 se reporta la situación de los campesinos de la zona de los bombardeos, así: 16 familias se encuentran desplazadas en el área urbana de San José de Apartadó; 10 familias se encuentran desplazadas en la vereda La Cristalina; 44 familias se encuentran refugiadas en zonas rurales inhóspitas, intentando recoger algo de sus cosechas para que no se pierdan, corriendo alto riesgo para ello.

El jueves 27 de noviembre de 2003, el Dr. GUILLERMO LEÓN VALENCIA COSSIO, Fiscal Quinto Delegado ante el Tribunal Superior de Antioquia, emite fallo dentro del Radicado I. P. 461, inhibiéndose de abrir investigación penal con-tra el Juez Segundo Penal del Circuito de Apartadó, NICOLÁS ALBERTO MOLINA ATEHORTÚA, quien había sido acusado ante esa instancia por negarse a tutelar los derechos a la vida, integridad personal, seguridad jurídica, buen nombre, honra, debido proceso y libertad, de 12 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La solicitud de tutela, originada en los graves hechos del mes de febrero ya ampliamente denunciados, le fue remitida a dicho juez por la Corte Suprema de Justicia.

El Fiscal Valencia Cossio utilizó todos los atajos de astucia posibles para no tener que administrar justicia, como lo hacen la mayoría de nuestros funcionarios judiciales. En efecto, en su fallo afirma limitarse al problema de la demora que tuvo el Juez 2° de Apartadó en emitir su fallo, pues cuando se puso la demanda no había emitido ningún fallo a pesar de haber transcurrido 67 días luego de interpuesta la Acción de Tutela, mientras la misma Constitución Política establece que: “ en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución ” (Art. 86), y mientras el art. 414 del Código Penal, bajo el título de PREVARICATO POR OMISIÓN prescribe que “el servidor público que OMITA, RETARDE, REHÚSE O DENIEGUE un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de dos a cinco años, multa de (...) e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco años”, ya que el decreto reglamentario de la Tutela (Decreto 2591/91) establece, en su artículo 53 que “el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este Decreto, incurrirá, según el caso, en fraude o resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar”. Muchos malabarismos mentales tramposos tuvo que hacer el Fiscal Valencia Cossio para burlar preceptos constitucionales y legales tan nítidos.

Pero además el Fiscal Valencia Cossio, al limitarse en su fallo al problema de la “demora” y negarse a avocar el problema más de fondo de denegación de justicia que está allí planteado, pretende limitarse al texto de la demanda, el cual enfatiza la no existencia de ningún fallo a pesar de haber transcurrido 67 días; sin embargo, para poder “inhibirse” de sancionar al juez infractor, tuvo que recurrir a la sentencia de primera instancia, que fue emitida posteriormente (el 21 de mayo/03, mientras la demanda contra el juez había sido puesta el 2 de mayo), y aún más, a la sentencia de segunda instancia, emitida el 10 de julio/03, lo que demuestra que para su decisión tuvo que tener en cuenta todos los argumentos esgrimidos en la apelación a la sentencia. Todo esto parece ignorarlo el Fiscal Valencia Cossio con tal de no tener que pronunciarse sobre hechos tan graves. Le admite al acusado una explicación absurda de su demora que falta completamente a la verdad, sin escuchar a la parte demandante, y peor aún, admite sin discusión el concepto de la Magistrada que profirió el fallo de segunda instancia en el cual afirma que la tutela fue “fallada dentro de los términos de ley”, no obstante que las matemáticas más elementales evidencian lo contrario.

El Juez Valencia Cossio se exime a sí mismo de avocar los delitos más graves del Juez 2° de Apartadó, como es confundir lo inconfundible: los objetivos de una Acción de Tutela y los de un proceso penal o un proceso disciplinario, a pesar de jurisprudencias tan nítidas emitidas por la Corte Constitucional que fueron citadas en la apelación. No quiso abordar el Fiscal Valencia Cossio la conducta más criminal del Juez Segundo de Apartadó, como fue la de buscar subterfugios a todas luces insostenibles para negarse a proteger la vida, integridad y demás derechos elementales de personas en alto riesgo, como se le probó mediante reseñas de hechos antecedentes y consecuentes, no solo avalados por organismos nacionales sino también internacionales. Gracias al Fiscal Valencia Cossio, un juez que se niega a cumplir con la obligación más elemental de todo funcionario judicial, como es la de proteger a los ciudadanos de las conductas punibles que ponen en alto riesgo su vida, integridad, libertad y dignidad, puede ahora seguir ejerciendo su criminal papel e impartiendo “justicia” en “nombre de la República”. Faltan palabras para calificar tanta impunidad e ignominia.

El lunes 1° de diciembre de 2003 un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó llega a Medellín para realizar gestiones de la Comunidad. Del aeropuerto Olaya Herrera se traslada al barrio El Poblado a hacer una visita y luego toma el metro para ir hacia la estación Prado. Al salir de dicha estación es abordado por un joven de unos 22 años y una señora de cerca de 40 años quienes le dicen que necesitan conversar con él. Él responde que no los conoce y por lo tanto no tiene nada que hablar con ellos, pero ellos insisten en que “es urgente” para ellos hablar con él. Como él sigue su camino, ellos le dicen que varias personas le vienen haciendo seguimiento desde El Poblado. Él siente temor y corre, logrando ingresar a una oficina de Telecom, donde hace varias llamadas para informar sobre la situación que está viviendo. Cuando ve un taxi, sale rápidamente y lo toma pero alcanza a ver a quienes lo seguían que intentan alcanzarlo pero no pueden. Al día siguiente, cuando el mismo miembro del Consejo, en compañía de otro de la misma Comunidad de Paz, se dirigían a una reunión en el centro de Medellín, fueron abordados por un hombre desconocido que fingió conocerlos y comenzó preguntándoles por “la gente de la vereda”. Ellos tratan de darle respuestas genéricas pero el hombre les pregunta luego si ya tienen “la tarjeta con teléfonos rojos”. Cuando no lo convencen las respuestas genéricas que ellos le dan, el personaje les dice que ellos deben ser guerrilleros y los insulta.

El martes 9 de diciembre de 2003, a las 14:40 horas, fue interceptado por paramilitares el vehículo de las Brigadas Internacionales de Paz que se dirigía en esos momentos de Apartadó a San José. A la salida de Apartadó, a la altura del barrio El Mangolo, lugar habitualmente controlado por los paramilitares, éstos colocaron en la carretera un caballo blanco con un carruaje, de tal modo que obstaculizara el paso. Cuando el vehículo de PBI se vio obligado a detenerse, tres hombres con armas cortas, uno de ellos con una bolsa puesta en la cabeza para ocultar su rostro, rodearon el vehículo y apuntaron sus armas contra los ocupantes. Los asaltantes, quienes se identificaron como paramilitares, quisieron obligar a descender del vehículo a un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz que se encontraba dentro de él. Ante la resistencia de éste, uno de los paramilitares forzó la ventanilla izquierda del vehículo y sacó el dinero que llevaban allí, en cantidad de $ 24.500.000,oo (veinticuatro millones y medio de pesos) fruto del trabajo comunitario de cultivo y comercialización del cacao, de lo cual vive la comunidad. También robaron los teléfonos celulares e intentaron robar el teléfono satelital de las Brigadas Internacionales de Paz. Luego de amenazar nuevamente a los ocupantes del vehículo e intimarlos a no denunciar nada, los paramilitares se alejaron y el vehículo continuó, encontrando 5 minutos más arriba a un grupo de militares ante los cuales denunciaron lo sucedido. Los militares dijeron que los iban a perseguir y algunos de ellos salieron supuestamente a buscarlos sin ningún resultado, dejando la impresión de que se trataba de una persecución ficticia, pues los agresores estaban muy cerca y no fueron capturados.

El domingo 14 de diciembre de 2003 a las 16:30 horas, un líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó recibió una llamada telefónica del Señor WILMAR DURANGO AREIZA, quien afirmaba estar en Medellín pero al parecer hablaba desde Apartadó. En medio de insultos contra la comunidad, Wilmar le preguntó al líder de la Comunidad cómo se sentían después del robo que les habían hecho y afirmó que éste había sido “un trabajo muy lindo con los paras”, pues tanto él, como MIRO AREIZA y WILSON GUZMÁN, (los tres con vínculos familiares o personales con integrantes o con el territorio de la Comunidad de Paz) estaban trabajando ahora con los paramilitares, y que el robo solo era parte de una primera etapa, ya que luego iban a comenzar a matar a los líderes de la comunidad, pues “esos h.p. líderes tendrán que quedar en una tumba” y “el que no caiga ahora, en la cárcel lo matamos”. Luego WILMAR llamó por teléfono a otro líder y le dijo que él (Wilmar) junto con otros muchachos se habían robado la plata de la comunidad, pero que MIRO AREIZA no había participado en eso. El líder le preguntó por qué decía eso si nadie estaba acusando a MIRO AREIZA (este líder aún no estaba enterado de la otra llamada) y entonces WILMAR se confundió y no supo qué responder. Dos días después, el martes 16 de diciembre de 2003, el Señor MIRO AREIZA llamó por teléfono a otro líder de la comunidad y le dijo que él no tenía nada que ver en la llamada del domingo anterior, según la cual, él aparecía involucrado en el robo hecho a la comunidad y en un trabajo con los paramilitares; cuando el líder le preguntó por qué estaba diciendo eso y cómo se había enterado de la llamada del domingo, MIRO se puso nervioso y se quedó callado; luego dijo que llamaría después. Más tarde MIRO llamó a otro de los líderes de la comunidad y le dijo que otro líder (el que fue llamado por Wilmar) lo estaba implicando en el robo a la comunidad, pero que eso era falso.

Elementos recogidos por integrantes de la comunidad muestran que los tres personajes: MIRO AREIZA, WILMAR DURANGO y WILSON GUZMÁN, quienes de acuerdo con estas llamadas habrían estado involucrados en el robo del dinero de la comunidad perpetrado el pasado 9 de diciembre, han mantenido estrechas relaciones con el Ejército y los paramilitares. El primero, MIRO AREIZA, interviene en el control del transporte público entre Apartadó y San José de Apartadó, sobre todo a partir de noviembre de 2002 cuando fueron asesinados la mayoría de los transportadores que cubrían esa ruta y hubo reuniones en el la Terminal del Transporte de Apartadó, convocadas por los paramilitares, para obligar a todos los transportadores a trabajar en coordinación con los paramilitares y a recaudar información sobre la comunidad y especialmente sobre sus líderes. Además, el caballo blanco que con un carruaje bloqueó la vía para poder perpetrar el asalto al vehículo de las Brigadas Internacionales de Paz y robar el dinero y los teléfonos de la Comunidad, es visto habitualmente amarrado junto a la Trilladora del barrio Policarpa, propiedad de MIRO AREIZA. El segundo, WILMAR DURANGO, salió de la cárcel hace 4 años y llegó a la zona de San José hace unos tres años, ubicándose en una casa entre las veredas de Guineo Alto y Arenas Altas, donde se le vio muchas veces conversando con miembros del Ejército. El día del robo, según se pudo comprobar, WILMAR estuvo en San José, al parecer tratando de observar quiénes salían hacia Apartadó, y realizó varias llamadas telefónicas a la casa y trilladora de MIRO AREIZA. El tercero, WILSON GUZMÁN, como se denunció en su momento, colaboró con el Ejército forzando a su primo Lubián Tuberquia para que trabajara con los militares, bajo el chantaje de que si no lo hacía, sería judicializado como “miliciano”, lo que permitió conocer el plan del Ejército para destruir la comunidad mediante la judicialización de sus líderes o alternativamente su asesinato a manos de unidades paramilitares, plan que tuvo su primera comprobación en el montaje del 12 de febrero de 2003, ya ampliamente denunciado. Todos estos elementos evidencian que el robo del dinero de la comunidad, perpetrado el 9 de diciembre anterior, obedece al mismo plan de exterminio de la Comunidad impulsado por el Ejército en unidad de acción con los paramilitares.

El domingo 22 de diciembre de 2003, a las 14:00 horas, un vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó a San José fue alcanzado por dos motocicletas a la altura del barrio El Mangolo, lugar de presencia habitual de los paramilitares. En cada motocicleta iban dos hombres armados. Al dejar el barrio El Mangolo, el vehículo fue parado por uno de los hombre que iban en una de las motos, el cual se montó en el vehículo. Unos 30 metros más adelante la otra moto estaba atravesada en la carretera; allí el hombre armado que se había montado antes, le ordenó al conductor detenerse. Estaban frente a una empacadora de banano conocida como La Casa Roja, y allí los pasajeros observaron la presencia del Señor MIRO AREIZA. Los hombres de la moto le preguntaron al conductor quién era el dueño de la nevera que llevaba en la parte de atrás y él respondió que quien iba al lado de ella. Entonces obligaron a descender al joven que iba junto a la nevera, la cual había sido obsequiada a su madre por una hermana suya que vive en Apartadó, pero como la señora no pudo ir a recibirla, encargó a otro de sus hijos de ir a recibirla. Los hombres de la moto le dicen al joven que él es “colaborador de la guerrilla” y que esa nevera “es para la guerrilla”. Él niega la acusación y ellos sacan un arma y disparan a su lado, diciéndole que si no dice la verdad lo van a matar. Él niega nuevamente la acusación y trata de demostrarles, mediante facturas de compras, que él es una persona muy pobre, que solo vive de su trabajo de jornalero y que no tiene medios para colaborarle a nadie. Luego le dicen que él puede irse pero la nevera se queda y que al día siguiente puede bajar a reclamarla; que si baja es porque no es guerrillero y que si no baja es porque es guerrillero. Luego le dan instrucciones al conductor para que se devuelva hacia Apartadó y descargue la nevera en la Trilladora Policarpa, propiedad del Señor MIRO AREIZA. El vehículo o “chiva” se regresa hasta Apartadó y deja la nevera en la Trilladora Policarpa; en dicho recorrido pasa frente a una unidad de la Policía Nacional ubicada junto a la electrificadora de la salida de Apartadó hacia San José, donde los policías saludan amigablemente a los paramilitares de la moto que en ese momento van escoltando el vehículo. Luego de entregar la nevera en la Trilladora de MIRO AREIZA, el vehículo retoma la vía hacia San José y a 3 minutos del sitio donde había sido interceptado por los hombres en moto hay un retén militar. Allí hacen bajar a todos los pasajeros y los requisan. Los pasajeros le comentan a los militares lo que acaba de ocurrir a pocos metros de allí pero los militares no responden nada, solo se miran entre sí y se ríen.

El lunes 23 de diciembre de 2003, el Obispo de Apartadó, Monseñor Germán García, hace presencia en San José de Apartadó para realizar una ceremonia de Primeras Comuniones. También hace presencia el mismo día el Defensor del Pueblo. La comunidad les cuenta lo ocurrido el día anterior en el retén móvil de los paramilitares donde robaron la nevera, y tanto el Obispo como el Defensor se ofrecen a ir a reclamar la nevera. Cuando llegan a la Trilladora Policarpa, se encuentra allí mismo el vehículo del cual habían sustraído la nevera, el cual al parecer estaba varado. El chofer del vehículo llama por un teléfono celular a MIRO AREIZA y le dice que ha llegado el dueño de la nevera a reclamarla, junto con el Obispo y el Defensor. MIRO AREIZA responde que necesita hablar personalmente con el dueño de la nevera y que lo haga esperar. Más de media hora después, entra una llamada telefónica a la Trilladora y hacen pasar al Obispo, quien conversa con MIRO AREIZA y le recrimina por estar realizando ese tipo de acciones. Finalmente MIRO AREIZA ordena que le entreguen la nevera al joven y que le digan que “contra él no tienen nada” (se supone que los paramilitares o los militares), lo que reconfirma su pertenencia la estructura militar/paramilitar.

Diciembre de 2003: miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se enteran de que un joven que habita en el territorio de San José se presenta al Ejército, en los últimos meses de 2003, con la intención de ser vinculado como soldado voluntario. Luego de ser sometido a varias entrevistas, le responden que lo van a vincular pero para encomendarle misiones especiales consistentes en señalar a gente de San José, ya sea para que los paramilitares los maten, ya para que los militares los detengan. Le muestran un enorme album de fotografías y lo interrogan muchas veces si conoce a uno u otro de los que figuran allí. Al ser vinculado, es enviado frecuentemente a patrullar y él se entera de que hay un plan contra varias personas de la Comunidad de Paz, plan que debe ser ejecutado por paramilitares, cuando se trate de matar a algunas personas. También se entera de que hay una vigilancia habitual de la carretera por parte de militares y paramilitares para observar los movimientos de las personas que están en la mira; dentro de este plan, muchos agentes van por la carretera en motos hasta cierta parte, para ver si los que están en la mira “dan papaya” (facilitan la ocasión) para darles de baja, y si esto no funciona, entonces los militares harían una “gran batida” (detención masiva) en el mismo caserío para retener a mucha gente.

Como puede ver, Señor Presidente, la persecución y el plan de exterminio de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, siguen avanzando y se manifiestan en acciones criminales persistentes contra los pobladores de dicha zona. Los miembros de la Brigada XVII del Ejército, en unidad de acción con los grupos paramilitares, quienes han actuado en conjunto desde hace muchos años, sin pudor alguno, controlan la carretera entre Apartadó y San José a través de agentes motorizados, tratando de impedir que la comunidad compre alimentos y amenazando a los pobladores cuando llevan su mercado o algún otro elemento necesario para su subsistencia. Los tratan siempre de “guerrilleros” o de “colaboradores de la guerrilla”, cuando precisamente lo que identifica a la Comunidad de Paz desde 1997 es su decisión firme de no colaborar con ninguno de los actores armados y pedir que sus espacios de vivienda y trabajo sean respetados y nunca pisados por actores armados.

Continuamente militares y paramilitares les anuncian que la comunidad va a ser destruida; que sus líderes van a ser asesinados o judicializados. En numerosas ocasiones han presionado, algunas veces bajo torturas y chantajes a varios pobladores de la zona, para que se conviertan en “informantes” y acusen a los líderes de la Comunidad, haciéndolos aparecer como guerrilleros o colaboradores de éstos, con el fin de mantenerlos en prisión mientras destruyen la Comunidad, ofreciéndoles diversas recompensas por ello. Están realizando frecuentemente censos y elaborando listas a través de retenes donde toman fotografías de las personas, con todo lo cual han ido confeccionado álbumes voluminososdonde aparecen numerosas pobladores de la zona a quienes mantienen bajo amenazas diciéndoles que “están en la lista” y que van a ser capturados o asesinados.

Como la Comunidad está desarrollando varios proyectos comunitarios para subsistir, entonces han optado por asaltar los vehículos cuando llevan el dinero de su comercialización o los productos mismos para ser vendidos. Ya van cinco asaltos mayores en que les han robado cantidades muy significativas de dinero o de productos agrícolas.

Todo este hostigamiento no puede recibir otro nombre que el de Terrorismo, pues pretende mantener continuamente a la población civil “en estado de zozobra o terror mediante actos que ponen en peligro la vida, la integridad física y la libertad fundamental de las personas, así como la estabilidad de sus medios elementales de sobrevivencia y de vida en común, como la seguridad de sus viviendas, cultivos, caminos, medios de transporte o de producción”. (Cfr. art. 343 del Código penal), pero además toda la agresión continua y sistemática de que han sido víctimas durante los últimos 8 años tipifica muy adecuadamente la mayoría de las modalidades del CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, definido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, siguiendo los lineamientos de la misma tipificación que rige desde 1946, cuando la Asamblea de la ONU adoptó como base de un derecho penal internacional los principios del Estatuto del Tribunal Internacional de Nüremberg.

Es incomprensible, Señor Presidente, que el Estado, a través de sus fuerzas armadas y demás organismos de seguridad, en lugar de proteger a la población civil, la agreda de una manera tan brutal y cruel, y peor aún, en unidad de acción con grupos delincuenciales que no tienen ningún sustento legal.

Así, pues, Señor Presidente, acogiéndome nuevamente al Derecho de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, así como en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le solicito por tercera vez tomar medidas administrativas para que cese la agresión criminal contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de la cual son responsables los integrantes de la Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, en unidad de acción con los grupos paramilitares que actúan bajo la sigla “A.U.C.” o “Autodefensas Unidas de Colombia”. Igualmente le solicito que obligue a la Comandancia de dicha Brigada a devolverle a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó los veinticuatro millones y medio de pesos ($ 24.500.000,oo) hurtados en el asalto al vehículo de las Brigadas Internacionales de Paz el pasado 9 de diciembre de 2003, pues las tres personas que han sido identificadas como participantes en el diseño y ejecución del asalto, gracias a llamadas telefónicas hechas por algunos de ellos mismos, así como a otros elementos de juicio, son personas que trabajan en estrecha colaboración con el Ejército y los paramilitares, como se ha comprobado en otras ocasiones, y teniendo en cuenta que la falta de ese dinero está perjudicando enormemente las precarias finanzas de la Comunidad de Paz, dado que sus integrantes sobreviven a base de proyectos comunitarios muy modestos, en los cuales invierten lo más intenso de su fuerza de trabajo, en medio de hostigamientos permanentes y del clima de terror que los agentes del Estado han creado contra ellos. Igualmente le solicito apremiantemente, Señor Presidente, que una comisión imparcial, con componentes internacionales, examine los “informes de inteligencia” que afecten a miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a fin de que evalúen si tienen fundamentos serios o si son elaborados mediante acusaciones gratuitas o extraídas bajo presión o confeccionados con la intención perversa de destruir la Comunidad de Paz mediante detenciones injustas.

Como en mis anteriores recursos al derecho constitucional de petición referidos a esta misma situación, le reitero, Señor Presidente, que tengo muy presentes las obligaciones que la Constitución colombiana le impone al Jefe del Estado, en sus artículos 6, 188 y 198, en orden a garantizar el ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos, así como los instrumentos que pone en sus manos, en el artículo 189, numerales 3, 4, 13 y 19, para cumplir a cabalidad con dichas obligaciones, instrumentos reforzados por los artículos 2 y 69 del Código Contencioso Administrativo, lo que autoriza a considerar que la protección de la población civil victimizada en San José de Apartadó es constitucionalmente exigible al Jefe del Estado, llegando a ser el mismo responsable de los efectos causados por las respectivas omisiones.

De antemano le agradezco, Señor Presidente, su atención a estas solicitudes, y le ruego responderme, dentro de los términos legales, a [ ------------------------------ ]

Respetuosamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J. [------------------------------------------------------------------------]

CC:

Fiscal de la Corte Penal Internacional, La Haya.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, D. C.
Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Bogotá, Ginebra.
Cancillerías de los Estados que tienen condados, municipalidades o comunidades hermanadas con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Representaciones diplomáticas de los mismos Estados.
Organismos internacionales de defensa y protección de los Derechos Humanos.
Organismos nacionales de defensa y protección de los Derechos Humanos.

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