Desde los márgenes

Página oficial de Javier Giraldo Moreno, S.J.

Portada del sitio > Acciones jurídicas > Derechos de Petición > Derecho Petición Presidente sobre San José - Febrero 26 -04

Derecho Petición Presidente sobre San José - Febrero 26 -04

Jueves 26 de febrero de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, febrero 26 de 2004

Dr. ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Ciudad

Ref: * Derecho de Petición de 29.07.03 Rad: 152982
Derecho de Petición de 15.10.03 Rad: 195947
Derecho de Petición de 15.01.04 Rad: 741719

De toda consideración:

El 29 de julio y el 15 de octubre de 2003, y el 15 de enero de 2004, interpuse ante Usted, Señor Presidente Uribe, sendos DERECHOS DE PETICIÓN, acogiéndome al artículo 23 de la Constitución Nacional, así como a los artículos 15 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, para solicitarle, de manera urgente, medidas de carácter administrativo que llevaran a proteger la vida y los demás derechos fundamentales de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de los demás pobladores de la zona, lesionados gravemente por agentes directos e indirectos del Estado.

Por cuarta vez me veo en la necesidad de acogerme al mismo derecho consagrado en la Constitución y en las leyes, con el fin de reiterarle la urgencia de tomar medidas administrativas fundadas en obligaciones que la Constitución Política le impone al Jefe del Estado, en sus artículos 6, 188 y 198, en cuanto garante de los derechos fundamentales, para lo cual la misma Constitución pone en manos del mismo Jefe del Estado instrumentos pertinentes como los contemplados en el artículo 189, numerales 3, 4, 13 y 19, reforzados por artículos 2 y 69 del Código Contencioso Administrativo.

El reiterado recurso a sus obligaciones constitucionales sin que situaciones tan graves reciban respuesta alguna, coloca cada vez con mayor evidencia en el resorte de su responsabilidad individual la comisión de los hechos que allí son perpetrados, toda vez que el orden jurídico imputa a una persona natural los resultados de una acción como si fuera suya, aunque no la haya ejecutado personalmente, cuando el deber de evitar ese resultado era jurídicamente exigible a esa persona, lo cual, en este caso, la misma Constitución lo evidencia.

Como respuesta al triple recurso anterior al Derecho Constitucional de Petición, solo he recibido notas de la Secretaría Jurídica de la Presidencia en las cuales se me informa que se han remitido copias de la petición a otras autoridades del Estado, sin informar sobre una sola medida administrativa que haya sido tomada o proyectada, que es lo único solicitado.

En el texto del Derecho de Petición suscrito el 29 de julio de 2003 (Rad: 152982) le expuse someramente, Señor Presidente, el comportamiento de las instancias judiciales frente a los crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados contra la Comunidad de San José de Apartadó durante los últimos 8 años. No solo se puede comprobar la absoluta impunidad en que permanecen aún todos los crímenes, sino la lógica misma de la investigación estructuralmemente diseñada para que así permanezcan siempre. Por eso remitir copias a la Fiscalía o a la Procuraduría no constituye solución alguna con miras a proteger la vida y los derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, mucho menos cuando todos los hechos y comportamientos de los agentes del Estado y de los grupos violentos amparados, instigados o tolerados por ellos, revelan la inminencia de acciones aún más criminales que están en preparación.

Después de haber interpuesto el último Derecho de Petición, han sucedido hechos que muestran la persistencia de los mismos patrones de agresión, como los siguientes:

Enero 28 de 2004
: hacia las 11:45 horas, un integrante de la Comunidad de Paz que se desplazaba en un vehículo de servicio público entre Apartadó y San José, fue asaltado a la altura del barrio El Mangolo, sitio de habitual presencia militar y paramilitar, por dos hombres armados que se identificaron como paramilitares y que habían colocado en la carretera un carruaje tirado por el caballo blanco que permanece en la trilladora del Señor MIRO AREIZA, tal como lo hicieron el pasado 9 de diciembre en el anterior asalto. Los armados obligaron a los ocupantes del vehículo a bajarse y luego abordaron a la persona integrante de la Comunidad de Paz, le arrebataron el dinero que llevaba: $ 5.000.000,oo (cinco millones de pesos) que era el producto de la venta del primitivo o banano pequeño que la comunidad comercializa para su subsistencia. Los asaltantes afirmaron enseguida que la Comunidad de Paz va a ser exterminada de todas formas.

El mismo día miércoles 28 de enero de 2004, en la madrugada, tropas de la Brigada XVII del Ejército, junto con un paramilitar, llegaron a la vereda Mulatos, de San José de Apartadó, y rodearon la casa de Liliana Ibáñez, madre de 2 niños de 4 y 7 años. El papá de los niños, John, se había vinculado a la insurgencia como miliciano hacía varios años y en ese momento estaba allí en la casa visitando a los niños en compañía de su hermano Albeiro, también miliciano. Al sentirse rodeado por el Ejército, Albeiro disparó un tiro de pistola y John uno de fusil AK, y escaparon por la parte de atrás de la casa. Los militares comenzaron a disparar contra la casa y Liliana se metió debajo de una cama con el niño mayor, quedando el otro niño acostado en su cama. Cuando intentó tomar al niño menor para protegerlo debajo de la cama, el niño fue alcanzado por ráfagas del ejército en su cabeza y Liliana herida en una pierna. Luego Liliana salió a pedir auxilio y los militares al ver al niño tan mal herido llamaron a un enfermero quien no le pudo poner suero. Los militares requisaron la casa y preguntaron mucho por John. Cuando alistaban una mula para bajar al niño a un hospital, el niño DARLINSON GRACIANO IBÁÑEZ falleció hacia las 08:00 horas. Su cadáver lo tomaron los militares y obligaron también a Liliana a bajar en una mula para que fuera al hospital. Al llegar al caserío de Campamento, la gente recogió dinero para ayudarle y luego llegó un vehículo militar donde llevaron a Liliana a un hospital de Chigorodó, de donde fue remitida a Apartadó. Allí permaneció vigilada por militares, uno de apellido Mendoza y otro de apellido Naranjo, quienes continuamente la sometían a interrogatorios. El cadáver del niño fue enterrado en Carepa, contra la voluntad de su madre que quería llevarlo a La Unión - Carepa o a San José. Los militares le dijeron que si el papá realmente quería al niño tendría que ir a visitar su tumba y allí lo capturarían.

Entre el miércoles 28 de enero y el viernes 6 de febrero, Liliana fue interrogada muchas veces por los militares e incluso llevada a las instalaciones de la Brigada XVII. Como ella les comentó que Albeiro tenía una pistola y que John tenía un fusil AK, luego ellos le dijeron que el médico legista había descubierto que los tiros identificados en la necropsia del niño eran de pistola y que el tiro que ella tenía en la pierna era de fusil AK. Ella misma les cuestionó la validez de ese montaje, pues cuando Albeiro y John hicieron tiros contra los que rodeaban la casa, los hicieron de espaldas al lugar donde estaban Liliana y los niños. Además, Albeiro solo había alcanzado a disparar un tiro de pistola antes de huir y el niño tenía 3 tiros en su cabeza. Los militares también le comentaron su decisión de capturar a toda costa a John y a Albeiro, y le dijeron que si en 15 días no se entregaban, irían a buscarlos o enviarían a los paramilitares.

De los interrogatorios y comentarios de los militares se deduce también que están preparando otro infame montaje contra la Comunidad de Paz de San José. En efecto, los militares decían que la Comunidad de Paz había comprado un televisor, un equipo de sonido y un VHS para la Comunidad de La Unión pero que eso era mentira, pues eso iba para la guerrilla. Se referían seguramente a unos aparatos que una entidad internacional le obsequió en días pasados a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una de cuyas comunidades integrantes es la vereda de La Unión, para los proyectos educativos. También afirmaron que al líder de la Comunidad de San José le habían entregado 26 millones para atender a los desplazados de Mulatos y que solo les había dado un mercado de dos millones y el resto lo había enviado a la guerrilla, cuando lo que se recibió para el retorno de Mulatos fueron solo pequeñas donaciones de organismos no gubernamentales entregadas al mismo grupo de desplazados para su retorno. Todo muestra que se teje otro monstruoso montaje contra la Comunidad de Paz y sus líderes.

Más tarde se supo que en la tercera semana de febrero, John y Albeiro fueron muertos por un grupo de militares y paramilitares quienes los cercaron cuando se desplazaban por un camino en cercanías de Mulatos.

Enero 31 de 2004: hacia las l4:30 horas, se encontraban en la Terminal del Transporte de Apartadó los señores WILSON GUZMÁN y WILMAR DURANGO, quienes habían reivindicado mediante llamadas telefónicas, la autoría del robo de 24 millones y medio de pesos a la Comunidad, el pasado 9 de diciembre; se acercaron a los pasajeros que a esa hora habían abordado el vehículo para salir hacia San José y les manifestaron que ellos estaban trabajando con los paramilitares con el pleno acuerdo de los militares; que su plan era continuar atacando y robando los dineros de la Comunidad de San José de Apartadó y que además iban a asesinar a cuatro de sus líderes y acompañantes; que para ello ya tenían órdenes de los altos mandos, especialmente del señor MANCUSO; que la Comunidad podía seguir denunciando todo lo que quisiera, pero que a ellos nada les iba a pasar. Con esto, ellos reivindicaban también el robo de 5 millones perpetrado el pasado 28 de enero.

El martes 3 de febrero de 2004, WILMAR DURANGO, uno de los que se han atribuido los asaltos a miembros de la Comunidad de Paz para robar los dineros de la misma, fue visto patrullando con tropas de la Brigada XVII del Ejército en algunas veredas del corregimiento de San José de Apartadó.

El 23 de febrero de 2004, unos 30 efectivos del Ejército adscritos a la Brigada XVII con sede en Carepa (Ant.), llegaron a San José de Apartadó sobre las 05:00 horas, acompañados por el paramilitar WILMAR DURANGO, quien ha proclamado varias veces con orgullo su participación en los asaltos a miembros de la Comunidad de Paz que transportan los dineros de ésta ( diciembre 9/03 y enero 28/04) y de otro paramilitar encapuchado, y procedieron a llevarse consigo 14 reses de la finca del señor Jair Arteaga, miembro de la Comunidad de Paz. Al pasar los militares con el ganado por las veredas Caracolí y La Balsa, le manifestaron a algunos campesinos que ahora se estaban llevando el ganado pero que luego se llevarían a personas de la Comunidad. Cuando la Defensoría del Pueblo solicitó explicaciones a la Brigada, se le dijo que el operativo había sido coordinado por la Fiscalía Especializada de Apartadó, pues había una denuncia por hurto de ganado y que estaban constatando si ese ganado era robado, pero cuando el propietario presentó ante el Defensor todos los documentos que acreditaban la propiedad legítima del ganado, los militares dijeron que se habían llevado el ganado era por estar invadiendo el espacio público, lo cual era falso, pues el ganado estaba en la finca de su propietario. Todo da a entender que se trata de un episodio más de la persecución contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que cuenta ya en su haber numerosos montajes.

Hay que anotar que todas las agresiones y amenazas anteriores han sido puestas en conocimiento del Señor Presidente de la República desde julio de 2003, mediante tres Derechos de Petición (julio y octubre de 2003 y enero de 2004), apelando a las obligaciones constitucionales que incumben al Jefe del Estado, sin que se haya logrado que se tome medida alguna. También fue interpuesta una Acción de Tutela ante la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2003, la cual fue remitida al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó, a cargo del Juez NICOLÁS ALBERTO MOLINA ATEHORTÚA. Este Juez violó múltiples veces el precepto constitucional de resolver la acción de tutelaje de derechos en un máximo de 10 días (Art. 86). Luego de 67 días sin ser resuelta la Tutela, se solicitó a las autoridades judiciales y disciplinarias incoar los respectivos procesos contra el juez MOLINA ATEHORTÚA, pues no solo había incurrido en el “prevaricato por omisión” contemplado en los artículos 414 y 415 del Código Penal, a los cuales remite el mismo Decreto 2591/91 reglamentario de la Acción de Tutela, en su artículo 53, sino también por hacerse corresponsable de 19 crímenes más, perpetrados por militares y paramilitares contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó mientras él se negaba a cumplir su obligación constitucional de tutelar los derechos (marzo - mayo 2003). A pesar de todo, el Juez MOLINA ATEHORTÚA declaró “improcedente” la Acción de Tutela el 21 de mayo de 2003, alegando que de esas agresiones debían ocuparse la justicia militar y la Procuraduría, confundiendo así lo que la Corte Constitucional ha pedido numerosas veces en sus sentencias que no se confunda: las acciones penales y disciplinarias y el tutelaje de derechos en alto riesgo. El Tribunal Superior de Antioquia confirmó la aberrante sentencia del juez MOLINA ATEHORTÚA el 10 de julio de 2003, en un fallo suscrito por los magistrados: SONIA GIL MOLINA, JAIME NANCLARES VÉLEZ y YACIRA ELENA PALACIO OBANDO. Más tarde, el 27 de noviembre de 2003, el Fiscal Quinto Delegado ante el Tribunal Superior de Antioquia dictó auto inhibitorio a favor del juez MOLINA ATEHORTÚA, exonerándolo de su desconocimiento de los deberes constitucionales en el tutelaje de los derechos fundamentales de la Comunidad de Paz de San José y de su corresponsabilidad por omisión en los crímenes perpetrados contra esa misma Comunidad al amparo de sus omisiones. El Fiscal GUILLERMO LEÓN VALENCIA COSSIO le daba así vía libre para que continuara “administrando justicia en nombre de la República” a un funcionario que así violaba la Constitución y la más elemental ética jurídica. El círculo de la impunidad quedaba así perfeccionado: unos funcionarios protegen y encubren a los otros bajo el manto de la impunidad, con tal de librarse todos de tener que acatar los preceptos constitucionales diseñados para proteger a la “gente de a pié”.

Como puede ver, Señor Presidente, la agresión contra los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó continúa de manera progresiva. Su exterminio es anunciado continuamente por personas que ya sin recato alguno se presentan en la Terminal del Transporte de Apartadó -espacio estrictamente controlado por la Policía Nacional y por el Ejército- y desafíando cualquier eventual denuncia, se atribuyen los crímenes; ponen al descubierto su actividad criminal como servicio a una estructura en la que la fuerza pública y los comandantes paramilitares actúan en estrecha unidad de acción y anuncian la comisión de nuevos crímenes para lo cual se sienten amparados por todas las autoridades y se burlan sarcásticamente de eventuales denuncias, de los recursos a la justicia y a las autoridades competentes. Lo más triste es que TIENEN PLENAMENTE LA RAZÓN al burlarse de las eventuales denuncias, pues ya han demostrado fehacientemente que a ellos no los toca la justicia; así lo demuestran los comportamientos del poder judicial y disciplinario, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los jueces, fiscales y procuradores de la región, pasando por los tribunales del Distrito.

¿Quién puede entender, Señor Presidente, que en un momento en que se informa a toda la comunidad nacional e internacional que los paramilitares han entrado en un “cese de hostilidades” desde el 25 de noviembre de 2003 y se encuentran en negociaciones con el gobierno nacional para someterse a la Constitución y a las leyes, se actúe de esta forma a plena luz del día; se anuncien los crímenes que van a seguir con tanta seguridad de no ser impedidos ni sancionados por las autoridades del Estado, aún más: de estar recibiendo órdenes de una estructura simultáneamente estatal y paraestatal, y que esto pueda ser corroborado por una total inacción por parte de todos los poderes del Estado?

Como puede ver, Señor Presidente, ahora no solo asesinan, desaparecen, violan, bombardean, amenazan y preparan montajes judiciales chantajeando a posibles falsos testigos, sino que han optado también por asaltar los vehículos para robar el producto del trabajo de la comunidad. Todo hace sospechar que en la misma entidad bancaria de donde se retira el dinero hay cómplices que informan con precisión sobre los momentos de retiro y sobre los miembros de la Comunidad que hacen los retiros, pero es evidente que los tres personajes involucrados en los robos y asaltos, por la misma confesión de algunos de ellos, trabajan estrechamente con la fuerza pública y la estructura paramilitar, como se probó en el anterior Derecho de Petición. Ahora ellos mismos lo afirman sin pudor alguno en la misma Terminal del Transporte ante numerosos testigos.

Le reitero, pues, Señor Presidente, de manera apremiante, la petición de tomar medidas administrativas para garantizar el derecho a la vida y los demás derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de los pobladores de la zona.

Acogiéndome nuevamente al Derecho de Petición establecido por la Constitución Nacional en su artículo 23, así como en los artículos 15 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le solicito tomar urgentemente medidas de carácter administrativo para que cese la agresión de agentes del Estado y de grupos ilegales amparados por ellos contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra los pobladores de ese corregimiento. Con los mismos fundamentos le solicito que obligue a la XVII Brigada del Ejército Nacional a devolverle a la Comunidad de Paz los dineros robados en los asaltos del 9 de diciembre de 2003 y del 28 de enero de 2004 que suman un total de veintinueve millones y medio de pesos; igualmente a devolverle las 14 reses al Señor Jair Areteaga, robadas por el Ejército el 23 de febrero de 2004 en compañía de paramilitares; igualmente a indemnizar la muerte del niño DARLINSON GRACIANO IBÁÑEZ, asesinado en una clara violación a las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de efectivos del Ejército en actuación conjunta con paramilitares; igualmente a ordenar que el cadáver de DARLINSON GRACIANO IBÁÑEZ sea exhumado y entregado a su madre para que ésta le dé sepultura de acuerdo con sus fe, sus sentimientos y sus tradiciones e identidad comunitaria.

De antemano le agradezco, Señor Presidente, su atención a la presente y su respuesta dentro de los términos legales.

Atentamente,

Javier Giraldo M., S. J. [ ------------------------------------------------------------------------ ]

CC:
Fiscal de la Corte Penal Internacional - La Haya
Corte Interamericana de Derechos Humanos - San José de Costa Rica
Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Washington, D. C.
Alto Comisionado de Derechos Humanos - ONU- Ginebra
Cancillerías de Estados que tienen condados, municipalidades o comunidades hermanadas con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Representantes diplomáticos de los mismos Estados.
Organismos internacionales de defensa y protección de los Derechos Humanos.
Organismos nacionales de defensa y protección de los Derechos Humanos.

¿Un mensaje, un comentario?

moderación a priori

Este foro es moderado a priori: su contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio.

¿Quién es usted?
Su mensaje

Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías.