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Derecho Petición Presidente sobre San José - Julio 6 - 04

Martes 6 de julio de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, julio 6 de 2004

Doctor
ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Casa de Nariño
Ciudad

Ref:
Derecho de Petición de 29.07.03 Rad: 152982
Derecho de Petición de 15.10.03 Rad: 195947
Derecho de Petición de 15.01.04 Rad: 241719
Derecho de Petición de 26.02.04 Rad: 260021
Derecho de Petición de 05.04.04 Rad: 279992
Derecho de Petición de 20.05.04 Rad: 300313

De toda consideración.

En seis ocasiones anteriores he recurrido al derecho constitucional de petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, así como en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, para solicitarle de manera urgente tomar medidas de carácter administrativo que protejan los derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de los pobladores de dicho corregimiento y que restauren de alguna forma daños y perjuicios graves que agentes de su administración han causado a dicha población desprotegida, pero que ha hecho esfuerzos muy meritorios por afianzar la paz en un territorio que otrora fue escenario de agudas confrontaciones.

Me apoyo en el hecho de que la Constitución política asigna claramente al Jefe del Estado la responsabilidad principal y la garantía de los derechos y libertades ciudadanas, en su Artículo 188, el cual establece que el Presidente “al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Por otra parte, el Artículo 189 de la Constitución dota al Jefe del Estado de atribuciones adecuadas para poder cumplir con el deber de esa garantía, al asignarle la dirección de la fuerza pública en calidad de comandante supremo (numeral 3) y al otorgarle la facultad de libre nombramiento y remoción de sus agentes ( numeral 13).

A su vez el Código Contencioso Administrativo, al definir el objeto de las actuaciones administrativas, en su Artículo 2, señala como parte esencial del mismo: “la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la Ley”. Este principio se proyecta también en el Artículo 69 del mismo Código, al establecer las causales de revocación directa de los actos administrativos: “1. cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley; 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él; 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

La Constitución no solo le impone, entonces, al Jefe del Estado, obligaciones de garante en lo que toca a los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que le otorga las facultades suficientes para que pueda hacer efectiva dicha obligación, y aún le señala su responsabilidad fundamental en el Artículo 198, al establecer que “El Presidente de la república, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes”.

En éste, como en los anteriores ejercicios del derecho constitucional de petición, distingo claramente las solicitudes elevadas ante Usted, Señor Presidente, de demandas de justicia dentro del sistema judicial o disciplinario. Como se lo he explicado en mis anteriores escritos referidos a esta misma Comunidad de Paz, los esfuerzos que la Comunidad ha hecho para buscar que se esclarezcan las responsabilidades en los crímenes; que se sancione a los culpables y que se reparen los perjuicios causados, acudiendo a los órganos de control del Estado, tanto en el campo penal como en el disciplinario, no han arrojado el más mínimo resultado, lo que ha tenido consecuencias muy graves. Hay incluso casos de los años 70 que por su gravedad habrían merecido esfuerzos prioritarios por parte de las autoridades judiciales y que aún esperan resultados después de 25 años. Por eso, atenerse a la espera de resultados de la justicia equivale, desafortunadamente, a renunciar al derecho a la justicia, mientras se mantienen los mismos parámetros de agresión que van destruyendo día a día a la Comunidad. Esto es lo que motiva el recurso a solicitarle al Jefe del Estado el ejercicio urgente de sus deberes constitucionales en materia de garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, conscientes como estamos de que la Constitución pone en sus manos los medios adecuados para depurar la administración pública de funcionarios y de prácticas que atentan contra los derechos constitucionales de poblaciones enteras.

En este marco permítame reclamarle la carencia total de respuesta al último Derecho de Petición (Mayo 20 de 2004, Rad: 300313), lo que infringe el Art. 6 del Código Contencioso Administrativo, así como la carencia de respuestas “ad rem” en todos los anteriores Derechos de Petición, ya que su simple remisión a otros órganos del Estado evade el objeto preciso de las solicitudes.

Los hechos ocurridos en los meses de abril, mayo y junio de este año, me mueven a recurrir nuevamente al Derecho Constitucional de Petición, dada la importancia y la gravedad de lo sucedido y los altos riesgos que los hechos revelan, no solo para los derechos fundamentales de los pobladores de San José de Apartadó, sino para el respeto que se debe a núcleos fundamentales de un Estado de Derecho que afectan a toda la nación.

En efecto, el período transcurrido entre los meses de abril y junio de 2004 está marcado por varios acontecimientos que exigen su atención, Señor Presidente, y son principalmente:

    1) La emisión de la Sentencia T-327/04 de la Corte Constitucional, referida a derechos fundamentales de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
    2) Las palabras pronunciadas por Usted, Señor Presidente, en el marco del 3)Consejo de Seguridad realizado en Apartadó el pasado 27 de mayo.
    3) Los nuevos hechos de violencia perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra pobladores de dicho corregimiento.

1. La Sentencia T-327/04 de la Corte Constitucional:

Aunque el 20 de mayo pasado elevé ante Usted, Señor Presidente, una petición muy concreta, sustentada en el Derecho Constitucional de Petición (Rad: 300313) en orden a que esta sentencia contribuyera, no en teoría sino en la realidad, al reconocimiento de los derechos constitucionales a los integrantes de la Comunidad de Paz de San José y a los pobladores de dicho corregimiento, petición que no ha tenido respuesta y que vuelvo a reiterar aquí, creo que el contenido de la sentencia de la Corte tiene muchos aspectos que merecen destacarse y que vuelvo a poner a su consideración.

El 15 de abril de 2004, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, emitió la Sentencia T-327 de 2004, mediante la cual revoca el fallo del Tribunal Superior de Antioquia (10 de julio de 2003), que a su vez había confirmado el fallo del Juzgado Segundo de Apartadó (21 de mayo de 2003) el cual había negado la tutela de derechos de 12 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó cuyas vidas y derechos fundamentales estaban en alto riesgo. Dicho tutelaje había sido solicitado el 25 de febrero de 2003, originalmente ante la Corte Suprema de Justicia, luego de analizar en profundidad las implicaciones que se revelaban en el montaje realizado por el Ejército y los paramilitares el 12 de febrero de 2003 y en el chantaje a que fue sometido un joven de la Comunidad de Paz el 7 de febrero de 2003, estando ambos hechos íntimamente conectados: el uno revelaba un plan criminal y el otro el comienzo de su ejecución.

La Sentencia T- 327/04 no debería haber sido necesaria si en Colombia existiera un verdadero Estado de Derecho. En efecto, la Sentencia abunda sobre jurisprudencias ampliamente repetidas de la misma Corte y que se supone son conocidas de sobra por jueces, magistrados y demás autoridades; reclama por el no acatamiento del gobierno a exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; recuerda obligaciones y responsabilidades que a pesar de ser tan elementales, su desconocimiento causa enormes tragedias; impone obligaciones que ya están en la Constitución y en los Códigos pero que la práctica muestra como desconocidas.

Ante todo la Sentencia ilegitima la posición de los jueces de primera y segunda instancia cuyas decisiones anula, y la señala como una posición que desconoce una doctrina repetida en numerosas sentencias de la Corte Constitucional, según la cual “cuando se plantea la violación de un derecho fundamental por medio de una acción de tutela, el parámetro esencial e inmediato de interpretación es el texto constitucional y no la legislación ordinaria vigente” (pg. 22, cita de Sent. T-525/92). No había derecho a confundir una acción que pedía tutelar derechos tan básicos como el derecho a la vida, con un proceso penal o disciplinario, como lo hicieron los jueces de primera y segunda instancia. La Corte es explícita en reclamarle a esos jueces que los actores “no le estaban pidiendo al juez constitucional que estableciera responsabilidades penales o disciplinarias, ni le estaban planteando que se inmiscuyera en procesos penales que eran del conocimiento de las autoridades judiciales. De allí que no era propio del juez de tutela exigir del actor pruebas exhaustivas de lo que acontecía, y ante su carencia, denegar la acción de tutela pedida”. Uno se pregunta si jueces y magistrados de trayectoria, como éstos, en realidad “ignoraban” jurisprudencias tan reiterativas de la Corte, o estaban actuando en función de otros intereses y/o presiones. El Consejo Superior de la Judicatura debe examinar su caso, pues mantenerlos como “jueces de la República” implica ya mantener en alto riesgo el derecho a la vida y otros derechos fundamentales de los ciudadanos cuyas demandas caigan bajo la competencia de ellos.

La Sentencia también abunda en la jurisprudencia ya reiterada sobre las medidas cautelares de órganos internacionales. Allí recuerda que “su fuerza vinculante (de la medida cautelar) en el derecho interno va aparejada del cumplimiento de los deberes constitucionales que las autoridades públicas deben cumplir” (pg. 21) y añade: “no es de recibo el argumento de que el Estado destinatario de las medidas cautelares goce de absoluta liberalidad para cumplir o no lo decidido por la CIDH, tanto menos y en cuanto el otorgamiento de aquellas no constituye prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión” (pg. 21), citas todas reiterativas de lo contemplado en la Sentencia T-558/03, en la práctica ignorada por diversos estamentos gubernamentales.

La Sentencia también reitera la absoluta obligación del Estado de proteger la vida, lo que había desarrollado “in extenso” en la Sentencia T-719/03. Afirma tajantemente que quienes han puesto la situación de riesgo que corren sus vidas en conocimiento de las autoridades, “son titulares del derecho a recibir protección, hasta el punto de que la obligación del Estado de preservar su vida, que normalmente es una obligación de medios frente a la generalidad de la población, se convierte en una obligación de resultados, al menos para los efectos de la responsabilidad administrativa ”. Sobra recordar que desde hace al menos 8 años, los riesgos en su vida, integridad y libertad que corren los pobladores de San José, han sido puestos en conocimiento de todas las autoridades del Estado, por lo cual ellas tienen hoy día acumulación de responsabilidades administrativas por carencia de resultados.

La Sentencia reitera también la jurisprudencia relativa a la responsabilidad de garantía que tienen los superiores jerárquicos. La Corte cita “in extenso” la doctrina ya afirmada en la Sentencia SU-1184/01 y reafirma que “Si el superior no evita -pudiendo hacerlo- que un soldado que se encuentra bajo su inmediata dependencia cometa una tortura, o una ejecución extrajudicial, o en general un delito de lesa humanidad, por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior y no el simple incumplimiento de un deber funcional” (pg. 31). No elude, sin embargo, la Corte, aplicar esto a lo concreto: “El Comandante de la Brigada XVII del Ejército, no solo debe responder por las actividades del personal bajo su mando, sino por las omisiones en que éste incurra. Es decir, se le reconoce la posición de garante de quien tiene bajo su comando una Brigada del Ejército Nacional”.(pag. 30). No hay que el olvidar que, a su vez, el Presidente es el garante de acciones y omisiones de su súbdito, el Comandante de la Brigada XVII y, por lo tanto, “se le imputa el resultado lesivo” del mismo.

La Sentencia concluye que el gobierno no ha acatado las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le exige acatarlas con medidas de protección eficaces para la Comunidad de San José. En consecuencia decide, mientras eso se da, tutelar los derechos fundamentales de la Comunidad mediante medidas “ad hoc”, impuestas ante todo al Comandante de la Brigada XVII: velar por los derechos de los miembros o servidores de la Comunidad que sean privados de la libertad; nunca tenerlos en las instalaciones de la Brigada; tener cuidado sobre todo en respetar esos derechos en requisas y retenes; no retener los documentos de identidad de las personas; hacerse responsable o garante de los derechos a la vida, integridad, libertad, dignidad, privacidad del domicilio, intimidad y otros, de los miembros y servidores de la Comunidad y para ello elaborar manuales operativos, de instrucción, para el personal bajo su mando, enviando copias de los mismos a la Procuraduría y a la Defensoría en un término de 30 días.

La única falla de esta sentencia de tutela es suponer que un funcionario que ha cometido tantas y tan graves agresiones contra la Comunidad de Paz de San José, puede ser el “garante” de la protección de sus derechos, lo que en lenguaje coloquial y simbólico equivaldría a hace descansar en un gato la protección de la vida del pequeño ratón que siempre ha querido devorar.

Si bien el Derecho de Petición del pasado 20 de mayo se centraba en solicitarle, Señor Presidente, remover al General Latorre y al Coronel Duque de las comandancias de la Brigada XVII y del Batallón Bejarano Muñoz, como gesto positivo en favor de la vigencia de lo que la Corte ordena en su sentencia, sin prejuzgar los procesos penales y disciplinarios que de todos modos deben abrirse contra dichos oficiales, un incidente del pasado 3 de junio confirma todos los temores sobre el tipo de recibo que se hizo de la Sentencia en la Brigada XVII.

En efecto, el 03 de junio de 2004, el comandante de la Brigada XVII del Ejército, Gral. Pauxelino Latorre Gamboa, respondió a un artículo publicado ese mismo día en el diario El Colombiano, de Medellín, bajo el título “CONTRA LA PARED”, suscrito por el periodista Javier Darío Restrepo y referido a la situación trágica que vive San José de Apartadó (El Colombiano, 03.06.04, pg. 4 A). En su respuesta, el Gral. Latorre quiere tapar el sol con su mano y negar olímpicamente la multitud de crímenes de lesa humanidad perpetrados conjuntamente por el Ejército y los paramilitares a lo largo de 8 años, sin contar la multitud de casos anteriores a 1996.

En actitud evasiva mal calculada, El General afirma que la justicia seguramente “ya ha tomado las decisiones judiciales correspondientes” sobre las masacres del 8 de julio de 2000 y del 5 de marzo de 2001, “resaltando que hasta la fecha no se ha vinculado a ningún miembro de la Fuerza Pública con dichos eventos criminales”, lo cual falta completamente a la verdad, pues tanto esas masacres como varios centenares de crímenes más, permanecen en ABSOLUTA IMPUNIDAD (la Fiscalía reconoce que solo ha abierto investigación formal en un caso entre 300, ha tomado decisiones inhibitorias en 4, y mantiene 17 en “preliminares”, en una respuesta enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2004)

Pero además el General Latorre se atreve a afirmar en dicha respuesta (Oficio # 02189/DIV1-BR17-CDO) que la Brigada “ha logrado, entre otros resultados, la captura de dos integrantes de las FARC el día 12 de Marzo de 2004, dentro del casco urbano de San José de Apartadó”, algo no solo falso sino que oculta los crímenes del Ejército que acompañaron dichas capturas: los capturados no eran integrantes de las FARC; no existían órdenes de captura contra ellos; quienes los capturaron ni siquiera sabían sus nombres; ellos no tenían sus documentos de identidad a la mano; fueron llevados irregularmente a la Brigada en lugar de ser puestos a órdenes de autoridades judiciales; fueron torturados directamente por el Coronel Duque para obligarlos a “confesarse” insurgentes, a cambio de entregarlos allí mismo en manos de paramilitares que les darían muerte; fueron mantenidos alrededor de una semana, ilegalmente, en la Brigada; un juez tuvo que acoger el recurso de habeas corpus, una vez fueron puestos en manos de autoridades judiciales, y ponerlos en libertad, dadas todas las aberraciones cometidas en su contra.

Pero si algo, en la misiva del Gral. Latorre, trata de ignorar o encubrir la dolorosa historia de la Comunidad de San José durante los últimos 8 años, sin mirar a los anteriores, es el párrafo referido a la Sentencia T-327/04 de la Corte Constitucional:

    “Respecto a la decisión de la Corte Constitucional que revocó la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Apartadó y del Tribunal Superior de Antioquia, le quiero expresar que la providencia del máximo tribunal se ajusta plenamente a la gestión que ha venido cumpliendo la Brigada en aras a garantizar el libre y legítimo ejercicio de los derechos y libertades de la Comunidad de San José de Apartadó y de los demás habitantes de la región. / Bajo ninguna circunstancia las Unidades que dependen de esta Brigada han tenido un tratamiento fuera de la constitución y las leyes con los miembros de la “Comunidad de Paz” de San José de Apartadó, muy por el contrario ha dedicado de manera permanente cuatro pelotones del Batallón Bejarano Muñoz para que garanticen la seguridad de esta población, en el perímetro de la Comunidad, que obviamente implica el establecer retenes y desarrollar operaciones militares, puesto que este territorio hace parte de la jurisdicción de la Unidad (...)”

Si cabe la confrontación entre textos como éste y las crudas y horrendas realidades vividas y sufridas por los pobladores de San José, habría que concluir que nuestra Constitución y nuestras leyes contemplan como conductas ajustadas a Derecho: el asesinato, la desaparición forzada, la tortura, la amenaza, el terrorismo, la incineración de viviendas, las destrucción de bienes de subsistencia, el chantaje, el montaje, la detención arbitraria, la compra de testimonios falsos, el irrespeto por las construcciones democráticas de las comunidades, la negación de búsquedas de paz, el causar zozobra, la destrucción de grupos humanos pacíficos, etc, lo que invalida su discurso “ab absurdo”.

2. Palabras del Señor Presidente en Apartadó, el 27 de mayo /04:

El 27 de mayo de 2004, al presidir un consejo de seguridad en la ciudad de Apartadó, Usted, Señor Presidente, se refirió públicamente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a sus acompañantes internacionales, acusándolos de “obstrucción a la justicia” y solicitando públicamente a las autoridades que en caso de presentarse situaciones similares se proceda a detenciones y deportaciones. Según lo transcribieron medios masivos de información, sus palabras textuales fueron: “Le reitero la sugerencia al DAS y a la Policía (...) de que si estas personas vuelven a obstruir la justicia, los metan a la cárcel y si hay que deportarlos, se deportan”. Además, en su discurso, estigmatizó a la Comunidad de Paz definiendo su territorio como un “corredor de las FARC”.

Tal discurso, Señor Presidente, desconoce injustamente la trayectoria de esta Comunidad. Pocas comunidades se han interesado tanto por la justicia y luchado tanto contra la impunidad, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, demandando incluso la conformación de comisiones inter-institucionales de investigación, como la que se creó en el año 2000, integrada por la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Vicepresidencia y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Pobladores de la zona rindieron entre 2000 y 2001 alrededor de 120 declaraciones, sin percibir resultado alguno de justicia ni de reparación, lo que ha llevado a la Comunidad a hacer reiteradas propuestas de comisiones de evaluación de la justicia, entregadas a la Vicepresidencia dentro del marco de las Medidas Provisionales con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido proteger a la Comunidad, pero sin recibir respuesta alguna de la Vicepresidencia.

El discurso desconoció igualmente las características y comportamientos de los acompañantes internacionales, quienes limitan su permanencia allí a una presencia física de acompañamiento, sin incidir para nada en las decisiones de la Comunidad ni de las personas.

Es igualmente grave dejar en la opinión pública nacional e internacional la idea de que el territorio de la Comunidad de Paz es aprovechado por la insurgencia como “corredor”, ignorando los enormes esfuerzos y logros de los siete últimos años para que el territorio sea respetado por todos los actores armados y ninguno de ellos lo convierta en lugar de tránsito, depósito, y menos de uso de arma alguna. Ignora, por otra parte, su discurso, que quienes más han violado este derecho constitucional a la paz, que la Constitución misma proclama como “derecho y deber de obligatorio cumplimiento” (Art. 21) ha sido justamente la fuerza pública, que ha articulado su presencia y accionar en la zona, desde hace muchos años, con la absolutamente ilegal de los paramilitares, y que ha usado sus armas para perpetrar numerosas acciones vedadas por la Constitución y las leyes, por el Derecho Internacional y por los principios elementales de la ética universal.

Es difícil de entender cómo el Señor Presidente pasa por alto tantos esfuerzos a favor de la justicia por parte de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José y no se fija, en cambio, en quiénes sí son los verdaderos “obstructores de la justicia”.

¿Acaso ignora el Señor Presidente que los 300 crímenes de lesa humanidad de los cuales la Comunidad ha sido víctima y que han sido puestos en conocimiento de la justicia desde hace muchos años, permanecen en absoluta impunidad? ¿Cómo podría ignorarlo, si a todos los Presidentes de turno se les ha comunicado de inmediato la comisión de los crímenes, reclamando al mismo tiempo el ejercicio de sus obligaciones constitucionales al respecto?

¿Acaso ignora el Señor Presidente que respecto de esos 300 crímenes la Fiscalía reporta solo 17 investigaciones penales, de las cuales 12 siguen en “preliminares” desde hace mucho tiempo; en 4 de ellas los fiscales se han “inhibido” y solo 1 caso cuenta con apertura de investigación?

¿Acaso ignora el Señor Presidente todos los análisis que la misma Comunidad le ha presentado a la Fiscalía sobre la inoperancia de sus métodos de investigación, que además violan numerosos principios del procedimiento penal consagrado en el derecho interno?

¿Acaso ignora el Señor Presidente los enormes costos que ha pagado la comunidad por haber dado declaraciones, incluso sacrificando la vida de los declarantes, en un contexto que permite el flujo corriente de informaciones entre militares y paramilitares y donde prima la retaliación contra quien acusa, gracias a los mecanismos de impunidad que protegen a los victimarios?

¿Acaso no debería el Señor Presidente fustigar más bien a fiscales, jueces, magistrados, procuradores y sus agentes auxiliares de policía judicial por “obstruir la justicia”, cuya prueba más evidente es no exhibir un solo acto de justicia en 8 años frente a centenares de crímenes horrendos, y por violar uno de los principios rectores más esenciales del Código de Procedimiento Penal, que exige enfocar las investigaciones ante todo a hacer “cesar los efectos creados por la comisión de las conductas punibles” (Art. 21 CPP)?

Todo esto me mueve, Señor Presidente, a solicitarle, como un acto de elemental justicia, una rectificación de sus palabras, sobre todo teniendo en cuenta el monstruoso efecto de estigmatización que ellas han producido, tanto a nivel nacional como internacional.

3. Nuevos hechos de violencia contra la Comunidad de Paz:

Cuando se tiene en cuenta que los hechos que a continuación se registran han ocurrido luego de ser emitida la Sentencia T-327/04 de la Corte Constitucional y muchos de ellos luego de las palabras del Señor Presidente en Apartadó, el pasado 27 de mayo, no hay duda de que revisten mayor gravedad y demandan atención más urgente en la búsqueda de soluciones.

El 02 de mayo de 2004 se realizan operativos militares en las veredas Mulatos, La Esperanza y Las Nieves. Según lo deducen los pobladores de las palabras mismas de los militares, el mando de la tropa provenía de la Brigada XI con sede en Montería y su comandante expresó delante de varios pobladores que ellos “trabajan muy bien con los paramilitares” y que “con ellos han planeado siempre las entradas a Mulatos”. De hecho, muchos de los uniformados participantes en estos operativos se presentaron como paramilitares e incluso afirmaron que si no estuvieran operando en esos días conjuntamente con los militares, ya habrían asesinado a algunos de los pobladores. La agresividad con que llegó este contingente militar/paramilitar; su irrespeto por las propiedades de los campesinos y el hecho de retener a algunos de ellos a quienes sometieron a numerosos vejámenes, obligó a muchos pobladores a huir y a refugiarse en el monte. Varias mujeres y niños se extraviaron y sus amigos y vecinos los creyeron desaparecidos, por lo cual solicitaron la ayuda de organizaciones no gubernamentales para que reclamaran ante el gobierno el establecimiento de su paradero. Dentro de este operativo fue retenida la joven GLORIA ELENA TUBERQUIA, quien al parecer había tenido contactos con miembros de la insurgencia, lo que le permitió delatar el sitio donde guerrilleros escondían algunos uniformes y morrales. La joven fue conducida a la Brigada XVII donde ha permanecido y donde se afirma que ella voluntariamente decidió entregarse al ejército, siendo su permanencia allí difícil de explicar dentro de los marcos legales.

El 06 de mayo de 2004 fue detenido el Señor JULIO CÉSAR GUISAO en la vereda Mulatos, por uniformados integrantes del operativo conjunto militar - paramilitar, permaneciendo 6 días privado de su libertad. Durante ese tiempo fue sometido a torturas físicas y psíquicas, tales como golpes de plano con machetes en la cabeza y en el cuerpo; privación de alimentos; simulacros de fusilamiento y de cercenarle las orejas; hacer una fosa donde afirmaban lo iban a sepultar; pasarlo junto a cadáveres en forma intimidatoria; mantenerlo amarrado y llevarlo así a varias viviendas. Además le fue robada una yegua; su cosecha de maíz fue quemada y destruidos 100 bultos de maíz ya recogido; su platanera fue destruida por el aterrizaje de helicópteros y robados 25 racimos de plátano; su vivienda fue incinerada. Continuamente le anunciaban que iban a acabar con las comunidades de la zona porque colaboraban con la guerrilla y le prohibieron contar lo ocurrido a miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

El 09 de mayo de 2004 concluyó el operativo militar/paramilitar en las veredas Mulatos, La Esperanza y Las Nieves, dejando 5 viviendas incineradas y luego de haberle robado a los pobladores 3 mulas,1yegua, 60 gallinas, 8 marranos de 100 kilos cada uno, y de haber sacrificado otras 6 mulas, quemado cosechas y robado alimentos y enseres. Son imponderables las secuelas de terror dejadas en los pobladores de todas las edades, a causa, sobre todo, de los comportamientos que no revelan ningún respetopor los derechos fundamentales de las personas y por los reiterados anuncios de que esas comunidades van a ser destruidas, especialmente la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

El 02 de junio de 2004, a las 06:00 horas, ingresaron al área urbana de San José de Apartadó tropas del Ejército adscritas a la Brigada XVII, acompañadas por miembros de la Policía, la SIJIN y el DAS. Los agentes de los organismos de inteligencia del Estado se dirigieron al La Bodega, sitio donde suelen pernoctar los acompañantes internacionales, y abordaron a los miembros que allí estaban de las Brigadas Internacionales de Paz, exigiéndoles la entrega de sus documentos de identidad y citándolos para presentarse el día siguiente a las instalaciones del DAS en Apartadó. Luego, tanto los agentes de inteligencia como los miembros de la fuerza pública, se distribuyeron por toda el área urbana con filmadoras y cámaras de fotografía para dejar registros visuales de las viviendas y de sus moradores; insistentemente preguntaban a los pobladores por las viviendas de algunos miembros del Consejo Interno de la Comunidad que han sido muchas veces amenazados de muerte. En varios sitios anunciaron que ahora la fuerza pública va a tomar un control total de la Comunidad de San José. En algunos sitios, los militares y policías se burlaban del temor de los pobladores, afirmando que ahora morirían juntos, bajo el efecto de los cilindros explosivos de la guerrilla, aludiendo a que la presencia de la fuerza pública allí convertiría a la Comunidad en objetivo militar de la insurgencia, haciendo de ella nuevamente territorio de guerra, aniquilando todos los esfuerzos de 8 años por convertirse en territorio de paz. Los militares aprovecharon para ir a las tiendas y obligar a sus dueños a violar el Reglamento de la Comunidad, que impide suministrar alimentos, informaciones o apoyos logísticos a cualquier actor que porte armas, y como los dueños de las tiendas se negaran a venderles alimentos, los militares obligaron a algunos de ellos a hacerlo bajo la intimidación de sus armas, en medio de expresiones soeces, violentas y ofensivas, que además intentaban significar que el porte de armas autoriza a pisotear y mofarse de todas las construcciones democráticas y pacíficas de una comunidad humana.

El 03 de junio de 2004, el paramilitar WILMAR DURANGO, quien ha reconocido trabajar conjuntamente con el Ejército y con los paramilitares y haber participado en los asaltos a mano armada en los que se ha robado el dinero producido por la Comunidad en sus proyectos asociativos, abordó a varios pobladores de San José en la Terminal del Transporte de Apartadó y les manifestó nuevamente que ya existe un plan para acabar con los líderes de la Comunidad de Paz, particularmente con Wilson David, presidente del Consejo Interno, y con Eduar Lanchero, acompañante del proceso de la Comunidad de Paz. Según Wilmar, ya se cuenta con “tres testigos” que estarían dispuestos a declarar contra ellos para poder justificar su detención y llevarlos a la cárcel, pero si esto no funciona bien, hay decisión de asesinarlos más temprano que tarde. Esto coincide bastante con las expresiones del Coronel Néstor Iván Duque el pasado mes de marzo (los días 12 y 27), cuando capturó ilegalmente, allanó viviendas e infligió torturas a varios miembros de la Comunidad en las instalaciones de la Brigada XVII, confesando que “le sobraban deseos” de matar a Wilson David, aunque no lo hacía por evitar más problemas, pero que procuraría judicializarlo, y que ya tenía 10 informantes dispuestos a “ganarse un dinero” en San José.

El 07 de junio de 2004, en horas de la mañana, nuevamente tropas del Ejército, de la Brigada XVII ingresan al área urbana de San José de Apartadó, en compañía de agentes de la SIJIN y del DAS. Nuevamente visitan las tiendas que existen en el poblado e insisten en obligar a sus dueños a violar el Reglamento de la Comunidad de Paz, vendiéndoles alimentos o bebidas, a lo cual la mayoría de los tenderos se resiste. Anuncian también, nuevamente, que la Comunidad de Paz va ser destruida.

El 08 de junio de 2004, en horas de la mañana, se presenta un nuevo ingreso de tropas militares al área urbana de San José, en compañía de agentes de la SIJIN y del DAS. Se repite la intimidación a los dueños de tiendas para que les vendan alimentos y bebidas, en medio de expresiones violentas, acusando a la Comunidad de sí venderle alimentos a la guerrilla y anunciando nuevamente que la Comunidad va a ser destruida.

El 10 de junio de 2004, en horas de la tarde, se presenta un nuevo ingreso de tropas militares al área urbana de San José, ya sin el acompañamiento de la SIJIN ni del DAS. Nuevamente los militares visitan las tiendas con intención de obligar a sus propietarios a violar el Reglamento de la Comunidad, vendiéndoles alimentos y bebidas. Se repiten expresiones amenazantes y acusatorias y se anuncia nuevamente que la Comunidad va a ser destruida.

El 13 de junio de 2004, en horas de la tarde, ingresan de nuevo tropas del Ejército al área urbana de San José y agreden de nuevo a los tenderos queriendo obligarlos a venderles alimentos y bebidas, violando el Reglamento de la Comunidad de Paz. Anuncian que el gobierno prepara la creación de un puesto policial dentro del casco urbano, de modo que la fuerza pública haga presencia allí, así el poblado tenga que convertirse en objetivo militar de la guerrilla y regresar a ser territorio de guerra.

El 19 de junio de 2004, a las 15:00 horas, tropas del Ejército, acompañadas de agentes de la SIJIN y del DAS, ingresaron con gran despliegue de fuerza al área urbana de San José, en camiones y camionetas, en momentos en que la Comunidad se distraía asistiendo a un partido de fútbol entre varios equipos de sus veredas; cercaron a toda la población y la obligaron a desplazarse al parque central donde le exigieron a todos entregar sus documentos de identidad y ser sometidos a requisas. En cada caso le iban preguntando a las personas dónde quedaba su vivienda y a qué se dedicaba. Los agentes del DAS y de la SIJIN le decían a muchos que “tenían cara de guerrilleros” y exigían examinar sus manos “para ver si eran campesinos o guerrilleros”. Por su parte, los militares afirmaban que la Comunidad estaba dominada por sus líderes, quienes no permitían que la Comunidad colaborara con el Ejército, pero que ahora la fuerza pública se iba a meter allí a la fuerza y que ya tenían pensado qué hacer con sus líderes.

Todo lo anterior me mueve, Señor Presidente, a reiterarle algunas peticiones urgentes anteriores que no han recibido respuesta de su parte y a hacerle otras, fundadas en la gravedad de los hechos referidos.

Por lo tanto, acogiéndome nuevamente al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, así como en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le solicito encarecidamente tomar medidas de carácter administrativo para detener la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra los pobladores de dicho corregimiento, cuyos autores tienen relación directa o indirecta con el Estado. En particular le solicito:
Rectificar ante la opinión pública nacional e internacional sus palabras del pasado 27 de mayo, pronunciadas en el marco del Consejo de Seguridad llevado a cabo en Apartadó, Antioquia, las cuales estigmatizaron a la Comunidad y la expusieron a otras múltiples acciones de violencia por parte de muchos actores, a la vez que desconocieron sus esfuerzos y aportes a la paz y a la justicia. Así mismo rectificar las acusaciones infundadas contra los acompañantes internacionales de dicha Comunidad, como las Brigadas Internacionales de Paz y el movimiento Fellowship of Reconciliation -FOR- , lo que causa graves daños a su acción humanitaria llevada a cabo en numerosos países del mundo que sufren el flagelo de la violencia.
Remover de la Brigada XVII al General Pauxelino Latorre Gamboa y al Coronel Néstor Iván Duque, comandantes respectivamente de la Brigada y del Batallón Bejarano Muñoz, sin prejuzgar el resultado de procesos penales y disciplinarios que deben incoarse, como gesto de buena fe a favor del cumplimiento de la Sentencia T-327/04 de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta la agresividad sistemática que han demostrado contra la Comunidad de Paz de San José, en una enorme cadena de denuncias que obran contra ellos en organismos del orden nacional e internacional, y designar en su reemplazo a militares cuyos antecedentes de rectitud y respeto a la Constitución y a la leyes, a los postulados fundamentales del Derecho Internacional y a los principios de la moral pública y de la ética universal puedan garantizar el cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional y le devuelva a la Comunidad de Paz y a la población de la zona el goce de sus derechos y garantías constitucionales, así como el reconocimiento de su dignidad humana del cual los hace depositarios una larga tradición jurídica de la humanidad expresada en numerosos tratados y pactos internacionales suscritos y ratificados por Colombia.
Reparar urgentemente por vía administrativa, sin perjuicio de los dictámenes a que lleguen tribunales nacionales e internacionales posteriormente, los daños ocasionados por los operativos militares realizados en las veredas Mulatos, La Esperanza y Las Nieves en el pasado mes de mayo, particularmente reconstruir las viviendas incineradas y restituir los animales sacrificados y los cultivos destruidos de los campesinos, para lo cual podría constituirse una comisión de verificación acompañada por miembros de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Obligar a la Comandancia de la Brigada XVII a devolverle a la Comunidad de Paz los 29 millones y medio de pesos hurtados en los asaltos a mano armada contra los vehículos que transportaban esos dineros, el 8 de diciembre de 2003 y el 28 de enero de 2004, sobre todo luego de que el Coronel Duque le ha manifestado a diversas personas y autoridades que él había diseñado estrategias para impedir la comercialización del cacao de la comunidad y controlar los dineros provenientes de la misma, bajo la falsa acusación de que eran negocios de la guerrilla, y luego de que a paramilitares que han confesado haber participado en los asaltos, se les ha visto trabajando en la Brigada y movilizándose con sus tropas por las veredas.
Someter a una revisión de fondo los planes del gobierno sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y sobre el territorio de dicho corregimiento, particularmente su plan de presencia militar o policial, a la luz de principios constitucionales como el contemplado en el Artículo 22 de la Constitución, que establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; a la luz de los tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales del ser humano; a la luz de los enormes aportes que la Comunidad de San José ha hecho para buscar maneras de implantar la paz dentro de contextos de guerra; a la luz de sus aportes a la búsqueda de la justicia y la reparación y de proyectos asociativos que garanticen la sobrevivencia en medios empobrecidos; a la luz del reconocimiento internacional de varios gobiernos locales de diversos países del mundo que han decidido declararla “comunidad hermana”, así como del reconocimiento que instituciones humanitarias le han hecho a la Comunidad mediante galardones internacionales; a la luz del derecho a no ser obligado a convivir con los agresores, principio de elemental psicología clínica. Todo esto para evitar nuevos desplazamientos que abundarían en la violación de los derechos humanos y para evitar que un territorio que se ha ido consolidando como Territorio de Paz, no sin dificultades y problemas menores ineludibles, regrese a consolidarse nuevamente como escenario de confrontación, ya como objetivo militar de la insurgencia, con los desastres humanos irreparables que esto produciría.
Al mismo tiempo le reitero, Señor Presidente, las otras peticiones contenidas en los Derechos de Petición de julio 29 de 2003; octubre 15 de 2003; enero 15 de 2004; febrero 26 de 2004; abril 5 de 2004 y mayo 20 de 2004, que no han obtenido respuesta “ad rem”.

De antemano le agradezco, Señor Presidente, su atención a estas solicitudes urgentes y le ruego responderme, dentro de los términos legales, [---------------------]

Respetuosamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J. [ -----------------------------------------------------------]

CC:
Fiscal General del Tribunal Penal Internacional
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Cancillerías de Estados que tienen gobiernos locales hermanados con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Representaciones diplomáticas de esos mismos Estados en Colombia
Organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos
Organismos nacionales de defensa de los Derechos Humanos

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