Desde los márgenes

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Cambio de Etiquetas en registros

En los registros del horror

diciembre de 1992, por Javier Giraldo M. , S.J.

Las cifras de los atentados contra la vida arrojan resultados impresionantes ¿Cómo se explica esta dinámica de muerte? ¿Cómo se legitima?

Hace cinco años, prácticamente desde su fundación, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz ha venido registrando en este boletín, trimestralmente, los más graves atentados contra la vida y la dignidad humana que llegan a su conocimiento a través de diversas fuentes.

Al culminar este primer quinquenio constatamos con dolor que dichos atentados, perpetrados por agentes/órganos del Estado o del Para-Estado (personas o grupos que actúan con la tolerancia, aquiescencia, asentimiento, protección o colaboración de agentes del Estado), en lugar de disminuir, han aumentado.

 Promedio mensualPromedio mensual
  1988-1991 1992
Asesinatos políticos o
presumiblemente políticos.
88.6 94.6
Asesinatos con posibles
motivaciones de “Limpieza social”
26.5 44.0
Muertes en acciones bélicas 91.8 136.5
Asesinatos “oscuros” 376.9 477.8
Desapariciones Forzadas 15.5 19.7

[TABLA 1]

Las cifras hablan por sí mismas (Tabla 1). Las categorías utilizadas y los criterios de clasificación han sido constantes en el quinquenio, salvo pequeños ajustes.

Bajo la categoría de asesinatos políticos o presumiblemente políticos se han agrupado los casos en los que los móviles del crimen están referidos a posiciones ideológicas o políticas, incluyendo también allí los abusos extremos de agentes estatales armados. En muchos de estos casos los móviles se presumen, con fundamento en las características de las víctimas, confrontadas con el contexto de conflicto y los rasgos de la represión que se dan en cada zona; con los elementos de la coyuntura que ayudan a detectar el comportamiento más o menos sistemático de los agentes estatales y paraestatales armados que allí hacen presencia y con los métodos que tipifican el accionar de éstos.

En la categoría de “limpieza social” se han clasificado los casos que revelan una mentalidad neo-nazi, tendiente a la eliminación de personas problemáticas para la sociedad como mendigos, drogadictos, homosexuales, prostitutas, expresidiarios y delincuentes.

Bajo la de muertes en acciones bélicas se han contabilizado las víctimas de la confrontación armada, ya sean agentes del Estado (militares, policías, agentes de seguridad), ya sean guerrilleros, ya sean también civiles caídos en el cruce de fuegos. El anonimato casi sistemático de las víctimas pertenecientes a organizaciones guerrilleras y las dificultades insalvables para verificar estas informaciones que casi siempre provienen de fuentes oficiales, hacen sospechar que dichas cifras encierren profundas distorsiones, pues con frecuencia se constata que casos ya registrados como “guerrilleros muertos en combate” correspondían en verdad a campesinos o pobladores asesinados fuera de combate, pero presentados así por las autoridades ante la opinión pública, quizás para legitimar el crimen y para asegurar su impunidad.

Bajo la categoría de asesinatos oscuros se han registrado numerosos casos acerca de los cuales la información es demasiado precaria, pero donde los escasos indicios a que se tiene acceso llevan a dudar de que realmente se trate de casos de delincuencia común o de narcotráfico, sugiriendo al menos alguna sospecha de que haya de por medio móviles políticos o de “limpieza social”.

Finalmente en la categoría de desaparición forzada se ha cuidado de agrupar los casos no clasificados como “secuestros” (donde predominan móviles económicos) y está referida a casos donde son explícitos o presumibles los móviles políticos ya sea bajo la modalidad de detención ilegal no reconocida, por parte de agentes del Estado, ya sea como rapto y ocultamiento de la víctima, por parte de agentes para-estatales.

1988-1992
Asesinatos políticos o presumiblemente políticos 10.827
Asesinatos con posibles motivaciones de “limpieza social” 1.801
Muertos en acciones bélicas 6.046
Asesinatos “oscuros” 24.215
Desapariciones forzadas 981
Total víctimas 43.870
Promedio anual 8.774
Promedio mensual 731
Promedio diario 24.3

[TABLA 2]

Las cifras totales del quinquenio son aterradoras (Tabla 2)

Frente a esta enorme montaña de cadáveres se impone una pregunta elemental: ¿qué puede explicar este impresionante dinamismo de muerte?

En toda la década del 70 se registraron en Colombia 1.053 muertes violentas por motivos políticos, incluyendo allí las “muertes en combate” (ver libro: “Colombia-Represión: 1970-1981”, publicado por Cinep en 1982). Esto quiere decir que la práctica sistemática del asesinato político y de la desaparición forzada de personas hay que ubicarla en la última década (1982-1992), lo que coincide, por extraña paradoja, con el período de los llamados “procesos de paz”.

En efecto, en 1982 el Presidente Belisario Betancur quiso poner fin a un período nefasto en que la tortura y la existencia de millares de presos políticos fueron moneda corriente. Ya desde su discurso de posesión anunció un cambio de estrategia, afirmando que el conflicto social no se soluciona con medidas represivas sino con medidas que promuevan la justicia social. Ofreció entonces una “bandera de paz” a las organizaciones insurgentes; constituyó “comisiones de paz” y de “diálogo nacional”; suscribió “acuerdos de paz” con 4 organizaciones guerrilleras e hizo aprobar leyes de “amnistía” e “indulto” para los guerrilleros procesados por delitos políticos. Tanto el discurso gubernamental como las medidas proclamadas y los procesos puestos en marcha, anunciaban una “apertura democrática” donde parecía que iba a ser posible la controversia política sobre problemas estructurales, sin pagar por ello el precio de una represión brutal.

Todo fue, sin embargo, un sueño fugaz. Rápidamente apareció el paramilitarismo que se encargó de ahogar en sangre todas las euforias y de cerrar todas las puertas abiertas. El encarcelamiento arbitrario de opositores políticos y su sometimiento a todas las formas de tortura, se cambiaron en gran medida por la desaparición forzada y el asesinato, para castigar, en primer lugar, a los “amnistiados”, en segundo lugar, a las fuerzas políticas que fueron creadas en dicha coyuntura, y en tercer lugar, a las diversas manifestaciones del movimiento popular y demás expresiones de la sociedad civil que asumieran posiciones críticas frente al Establecimiento, incluso a los que se trazaron objetivos de defensa de los derechos humanos más elementales.

El paramilitarismo ha tenido desarrollos impresionantes. Su cobertura geográfica; su apoyo en amplias redes de inteligencia que le ha permitido perseguir a sus víctimas en regiones distantes donde se refugian, su implacable secuencia de eliminación sistemática de movimientos políticos, sindicales y gremiales de cobertura nacional; la absoluta impunidad que protege a sus agentes/victimarios; todo demuestra que solamente a la sombra de una institución nacional que tenga acceso inmediato y control directo sobre el flujo de armamentos, sobre las informaciones privativas de las entidades del Estado y sobre elevados presupuestos, ha podido y puede cumplir sus propósitos.

Pero el auge mayor del paramilitarismo se da a partir de los años 1984-1985, cuando formaliza su alianza con el narcotráfico. Desde entonces, el dinero de la droga ha ayudado a financiar armamentos modernos, poderosos ejércitos privados entrenados por los más cotizados mercenarios internacionales, equipos avanzados de comunicación y costosos medios de transporte. Por ello en el último quinquenio se consolidan poderosas estructuras paramilitares que ejercen hoy control sobre diversos territorios, los que abarcan, en su conjunto, casi toda la geografía nacional.

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La eliminación de tantos millares de colombianos ha buscado legitimación social en etiquetas que corresponden a diversos contextos coyunturales.

En los comienzos de la década del 80, la represión estatal/para-estatal buscó legitimarse en el entramado ideológico que significó la Doctrina de la Seguridad Nacional, aplicada con éxito durante la década anterior en otros países suramericanos. En esos años se asesinaba a supuestos “agentes del Movimiento Comunista Internacional”, que como tales se convertían en “enemigo interno” de la nación, así fueran campesinos, obreros o pobladores ajenos a la más elemental noción de socialismo, de comunismo, o de marxismo.

A mediados de la década, cuando la crisis de los modelos socialistas volvió rápidamente anacrónica la peligrosidad o la misma existencia de dicho enemigo, la represión ilegal buscó justificarse en una tipificación extremadamente vaga del “terrorismo”, que permitió aplicarla a las más diversas formas de inconformismo o de protesta popular. Decretos legislativos que datan de 1984 amparados en la figura del Estado de Sitio, así como el Estatuto Antiterrorista de 1988 y el Estatuto para la Defensa de la Justicia de 1990, abrieron amplias avenidas para la aplicación arbitraria de dicha etiqueta en el ámbito legal, mientras el paramilitarismo ejecutaba ilegalmente a los así estigmatizados.

Entre 1991 y 1992 ocurren cambios sensibles en la institucionalidad del Estado. La nueva Constitución Política del 91 incorpora formalmente varios instrumentos internacionales de derechos humanos; reforma en gran medida la administración de justicia; sienta las bases de un modelo de Estado neoliberal, especialmente en el desarrollo de la economía; crea nuevos instrumentos de fiscalización del Estado y de participación ciudadana; el Estado abdica de muchas responsabilidades sociales y las transfiere al sector privado; intenta un nuevo diálogo con las organizaciones guerrilleras aún combatientes, pero fracasa en dicho intento y decide entonces convocar a una “guerra integral” contra ellas, para lo cual aumenta exorbitantemente el presupuesto militar y tecnifica sus instrumentos bélicos. La guerrilla, por su parte, recrudece su accionar bélico desbordando los marcos del Derecho Humanitario y multiplicando atentados que afectan gravemente a la población civil.

Dentro de este contradictorio y conflictivo contexto, tanto los crímenes del Estado como los del Para-Estado, encuentran una vía importante de legitimación desde los mass media, donde se intensifica frenéticamente la apología de la guerra declarada, creando un ámbito de encubrimiento y de distorsión de la verdad que hace aparecer todos los crímenes del Estado y del Para-Estado como episodios legítimos de una “guerra justa” contra el “terrorismo”. Bajo la etiqueta de “colaboradores de la guerrilla”, ya no solo se estigmatiza a los movimientos populares, sino que se ensañan contra las organizaciones de derechos humanos, intimidándolas y amordazándolas para impedir o desacreditar sus denuncias.

Este último contexto explica por qué se abrió paso, con inusitada celeridad, la Ley Anti-secuestro presentada al Parlamento por una fundación privada de las gentes más adineradas del país, mientras fracasaban todos los intentos de los grupos de derechos humanos por presentar un proyecto de ley contra la Desaparición Forzada de personas y sobre medidas urgentes contra la Impunidad de Crímenes de Lesa Humanidad.

Este mismo contexto explica por qué continúan impunes y en audaz expansión los proyectos paramilitares que cobran cada día decenas de vidas humanas en los sectores más deprimidos de la población, mientras el poderío de medios masivos de comunicación se vuelve contra las organizaciones de derechos humanos que solicitan a la justicia investigar y sancionar tales crímenes.

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Podríamos concluir, entonces, que la estrategia represiva del Estado colombiano y del Establecimiento que en él se expresa -estrategia que constituye el marco fundamental dentro del cual se producen las más graves violaciones a los derechos elementales de las personas- se ha ido modificando en la medida en que intenta neutralizar los dinamismos sociales de afirmación y defensa de los derechos civiles y políticos.

* En una primera instancia, se crea el parmilitarismo con el fin de convertir la represión en un accionar más contundentemente disuasivo (reemplazando la detención arbitraria y la tortura por la desaparición forzada y el asesinato); de eludir la deslegitimación jurídica del Estado ante organismos intergubernamentales regionales y mundiales, y de garantizar más efectivamente la impunidad de los victimarios, gracias a la clandestinidad de sus métodos.

* En una segunda instancia, se potencia económicamente el paramilitarismo mediante la afluencia de dineros provenientes del comercio de la droga y se impulsa la proliferación de ejércitos privados que asuman progresivamente el “control” de los movimientos populares, de las fuerzas políticas de oposición y de las formas de insurgencia armada, mientras los agentes/órganos del Estado consolidan una posición de retaguardia, protección, inteligencia y garantía de impunidad para los victimarios.

* En una tercera instancia, mientras la dinámica de privatizaciones gana terreno en otros ámbitos de la vida social, se transfiere a los mass media la legitimación de la represión privada con retaguardia estatal, bajo las etiquetas de apología de la guerra total, la estigmatización de los movimientos de defensa de los derechos humanos y la utilización de todas las técnicas desinformativas, como el encubrimiento, la tergiversación, la calumnia y el aval sofisticado de la violencia paramilitar so capa de legítima defensa

Como puede apreciarse, el conflicto armado ha servido de marco de legitimación de la represión en todas las etapas o instancias, a manera de un “alibi” que permite transferir a otro lugar o campo los hechos correspondientes a un determinado campo. En efecto, la imagen del comunismo internacional (como “enemigo externo” devenido “enemigo interno”); la del terrorismo y la de una “guerrilla degenerada por alianzas con el narcotráfico, metalizada por la industria del secuestro y transformada en bandidaje contra la población civil”, sirven de alibi para legitimar todas las modalidades de atropellos y asesinatos contra personas totalmente ajenas al accionar armado. Bajo la táctica de acusar como “colaboradores de la subversión” a sindicalistas, líderes agrarios, dirigentes comunales, miembros de comunidades eclesiales y militantes por los derechos humanos, se ha querido legitimar la destrucción de millares de vidas.

Los alcances, la eficacia y el minucioso desarrollo de este proceso, los ilustran concretamente el conjunto de casos que a lo largo de estos cinco años ha ido registrando este boletín.

Javier Giraldo, S.J.
Diciembre de 1992

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