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Derecho Petición Presidente sobre San José - Octubre 15 -03

Miércoles 15 de octubre de 2003, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, octubre 15 de 2003

Dr. ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Casa de Nariño
Ciudad

Ref. Derecho de Petición interpuesto el 29.07.03 Rad.: 152982

De toda consideración:

El pasado 29 de julio, acogiéndome al derecho constitucional de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le solicité, Señor Presidente, medidas urgentes de carácter administrativo que dieran cumplimiento a normas de carácter constitucional, relacionadas con la garantía de derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de los habitantes de dicho poblado.

El pasado 26 de agosto recibí el oficio 16982 suscrito por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Dr. Camilo Ospina Bernal, en el cual solamente me manifiesta que el programa de gobierno de su administración, en el área de Defensa y Seguridad Democrática, está diseñado para que hechos como los mencionados en mi carta no ocurran, pero no se pronuncia frente a los que de hecho están ocurriendo ni alude a ninguna medida concreta de protección a dicha comunidad contra las agresiones de los servidores del Estado.

Posteriormente, el pasado 12 de septiembre, recibí el oficio DH3078 suscrito por el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, en el cual hace comentarios a las 8 sugerencias que yo desarrollaba al final de mi carta, en las cuales yo pensaba que podría concretarse la intervención del Señor Presidente para proteger los derechos violados y amenazados de los integrantes de dicha comunidad. Esa respuesta, a lo largo de sus 13 páginas, tampoco hace referencia a ninguna medida concreta que se tomará para evitar que continúe sucediendo lo que ha venido sucediendo. En cada uno de los puntos tratados por dicho documento, en lugar de anunciar soluciones a los comportamientos criminales de los servidores públicos, se extiende en exposiciones que tratan de probar que esos comportamientos no deberían estar ocurriendo según las políticas oficiales vigentes, sin pronunciarse tampoco sobre lo que de hecho está ocurriendo. Por ello, no aporta solución alguna. Solamente en las páginas 7 y 8 vuelve a enunciar propuestas hechas en el pasado por el mismo Programa Presidencial, que no han sido llevadas a la práctica y que tienen que ver principalmente con las investigaciones judiciales, la mayoría de las cuales no han sido bien acogidas por la Fiscalía en las reuniones llevadas a cabo en ese despacho.

Entre tanto la comunidad continúa siendo víctima de agresiones que constituyen crímenes de lesa humanidad, dada su sistematicidad prolongada ya por 8 años.

Los hechos perpetrados a partir del último mes de junio son los siguientes:

El lunes 2 de junio de 2003, cuando se dirigía a su casa en la vereda Mulatos, donde vive, luego de acompañar a su esposa en un parto y de dejarla en San José con unos familiares, ALFONSO TUBERQUIA fue retenido hacia las 13.00 horas por miembros del ejército que estaban apostados en el camino. Cuando lo retuvieron, le preguntaron para dónde iba y le pidieron su cédula. Luego detuvieron también a la Señora MARINA OSORIO, quien pasaba por el mismo camino. Esa tarde y esa noche los obligaron a permanecer allí, separados, mientras los sometían a interrogatorios. Les pedían informaciones sobre la guerrilla y les decían que todo el que viviera de ahí hacia arriba era miembro de la guerrilla con seguridad. Al día siguiente, el martes 3 de junio, los bajaron a la carretera. Cuando iban un poco más abajo de San José de Apartadó, frente a la finca La Cooperativa, llegó un hombre en una moto, en traje civil, y le preguntó a Alfonso de dónde era y para dónde iba cuando lo retuvieron. Cuando Alfonso le respondió que vivía en Mulatos, el hombre le preguntó cómo lo apodaban, o sea, cuál era su “alias”. Él respondió que siempre lo habían llamado por su nombre, pero el hombre de la moto le dijo que no lo creyera bobo, que él tenía que ser miliciano. Luego le dijo que si no le decía la verdad, lo mandaría bajar en el camino, lo que en el contexto quería decir que se lo entregaría a los paramilitares, quienes tenían presencia en el camino, más adelante. Luego los embarcaron en unos camiones que los condujeron a la Brigada, donde llegaron a las 15.00 horas, llevándolos a las instalaciones del Batallón Bejarano Muñoz. A Alfonso lo llevaron a un cuarto donde lo reseñaron y luego a otro donde lo interrogaron. El interrogador era el mismo hombre de la moto que lo había amenazado en el camino. Le repetía constantemente que si no decía la verdad, la justicia lo iba a tratar duramente; que tenía que colaborarles. Estando en medio del interrogatorio, llegó una llamada de la Fiscalía en la cual, al parecer, comunicaron que los requerían allí. Cuando llegaron con ellos a la Fiscalía, el fiscal ya tenía un documento de 3 páginas, quizás escrito por los militares, y se los hizo firmar. Poco después, el fiscal les comunicó que quedaban en libertad. El militar que los condujo a la Fiscalía, insistía en que el ejército los había capturado, pero que ponerlos en libertad era una decisión bajo la responsabilidad del fiscal. Como eran las 19.00 horas y ya estaba de noche, ellos sintieron miedo y además no tenían dónde pasar la noche. Le pidieron a los militares que los dejaran pasar la noche en la Brigada, pues no tenían a dónde ir, pero ellos no accedieron. Luego de encontrar unos pocos pesos, le pidieron a un taxi que los llevara hasta una vereda cercana a Apartadó, en la ruta hacia San José, pero cuando iban a abordar el taxi, llegaron nuevamente los militares y se llevaron a Marina, pues decían que habían descubierto que ella tenía un problema de identidad en sus documentos. Alfonso tuvo que irse solo en el taxi.

El sábado 7 de junio, a las 13.00 horas, una unidad militar compuesta por cerca de 30 soldados que bajaba por la vereda Buenos Aires, retuvo al Señor ANTONIO BORJA cuando iba a llevarle el almuerzo a cuatro trabajadores en una pequeña olla. Los militares afirmaban que “esa comida estaba destinada a la guerrilla”, cuando en la vereda no había guerrilla. Se lo llevaron retenido, sin camisa como estaba, y lo condujeron a las instalaciones de la Brigada XVII donde llegaron hacia la media noche. Allí lo interrogaron mientras le advertían que si no decía la verdad iría a la cárcel. Él respondió a los interrogatorios diciendo la verdad tal como él la conocía, en conciencia, pero el interrogador le insistía, bajo amenazas, que tenía que decir era otra verdad, la que ellos querían, según la cual, él estaba llevando alimentación para la guerrilla cuando fue retenido. Incluso le expuso al interrogador lo sucedido días antes, cuando una noche miembros del ejército llegaron a su casa a las 20.00 horas y le pidieron que les prestara un caballo para transportar a unos heridos que tenían, y él se lo prestó. Sin embargo, el interrogador seguía presionándolo a que dijera esa “otra verdad” que el ejército quería dejar registrada: que los almuerzos que él llevaba eran para la guerrilla. Ya muy fatigado y agotado de tanta presión, Antonio le dijo al interrogador que si eso era lo que quería escribir, entonces lo escribiera. Lo hizo con la intención de librarse de las amenazas que le hacía de ir a la cárcel si no decía “la verdad” que el interrogador quería y exigía oír. El interrogador llenó 5 páginas con su supuesta declaración. Al día siguiente, domingo 8 de junio, lo llevaron rápidamente a la Fiscalía, solo para presentarlo, y luego lo llevaron a una prisión. El martes siguiente, 10 de junio, fue conducido nuevamente a la Fiscalía para ser indagado. Cuando la fiscal le preguntó por qué había dicho en la Brigada que llevaba comida para la guerrilla, si eso no era cierto, él respondió que se había visto presionado a decir eso por quien lo estaba interrogando, pues no le admitían su versión verdadera y lo amenazaban con ir a la cárcel. El viernes 13 de junio lo dejaron en libertad. Lo obligaron a firmar un documento en el cual declaraba haber recibido “buen trato”. El 4 de abril de 1999, Antonio había sido retenido por hombres armados cuando se dirigía a San José y herido con varios impactos de arma de fuego en esa noche en que 10 hombres armados perpetraron una masacre en el caserío de San José de Apartadó, mientras acusaban a toda la comunidad de ser simpatizante de la guerrilla.

El lunes 16 de junio de 2003 fueron retenidos por miembros de la Brigada XVII del Ejército, en la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, la Señora MYRIAM TUBERQUIA, de aproximadamente 36 años, y el Señor EMILIO OSORNO, de aproximadamente 47 años. Los militares los obligaron a acostarse en el suelo que estaba empantanado a causa de las lluvias y los dejaron allí hasta el miércoles 18 de junio cuando los bajaron hasta la finca La Cooperativa, cerca del caserío de San José. La Señora Myriam iba con dos niños pequeños de entre 2 y 3 años. Se la consideró “sospechosa” por llevar en su morral algunas jeringas, ya que tiene que inyectarse todos los días a causa de una enfermedad que sufre, y algún dinero de la venta de cacao, de lo cual vive. Cuando sus hijos pequeños lloraban, los soldados los amenazaban con sus armas, y cuando se quejó por la falta de comida y líquido, la obligaron a comer una culebra que los militares cocinaron, sin respetar la repugnancia que esto le causaba. El jueves 19 los llevaron a las instalaciones de la Brigada XVII en Carepa y le dijeron a ella: “no le vamos a hacer nada pero le vamos a dar un paseo”. En efecto, la separaron del Señor Osorno y la metieron en un cuarto de una sección de la Brigada que tiene un letrero que dice “La Mano Negra”. Allí la sometieron a numerosos ultrajes: le halaban el cabello; le ponían un arma en la sien y le decían que confesara que era “guerrillera”; le preguntaban si las jeringas, las drogas y el dinero que llevaba eran para la guerrilla; le hacían numerosas amenazas para obligarla a decir quiénes eran milicianos en la comunidad; le aseguraban que en la Comunidad ya tenían 14 o 15 “informantes” que les decían quiénes eran los milicianos; le preguntaban por Wilson David, el Presidente del Consejo Interno de la Comunidad y por otros de sus líderes, a quienes querían que denunciara como “guerrilleros”. Finalmente le dicen que si cuenta lo que ha pasado le cortarán la cabeza. Al señor Osorno no lo sometieron al mismo tratamiento. El jueves 19 los dejaron en libertad.

El 2 de julio de 2003, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, dejó constancia a través de un comunicado, de los operativos militares que se están realizando contra las veredas Mulatos Cabecera, Mulatos Medio y La Resbalosa, a partir del 30 de mayo, operativos que han causado ya un número significativo de desplazamientos forzados de pobladores. Hasta la fecha habían llegado al caserío de San José más de 40 familias desplazadas que abandonaron sus viviendas y enseres acosados por el terror. A pesar de que en la reunión del 15 de mayo con agencias del Estado responsables de la protección de los derechos humanos, la comunidad había propuesto que diversas agencias del Estado visitaran la región y constataran la pobreza y el terror en que viven los pobladores de esas veredas, dados los comentarios constantes de los soldados que anuncian desplazamientos masivos, sin embargo, esas visitas no se hicieron.

El mismo día 2 de julio de 2003 se instaló nuevamente un retén militar en la vía entre Apartadó y san José. Ese mismo día, seis paramilitares que se movilizaban en tres motos y portaban armas cortas, retuvieron un vehículo de servicio público y le advirtieron a los pasajeros que no iban a permitir que se subiera mercado para la Comunidad y que el que se atreviera a subirlo sería asesinado.

El 5 y 6 de julio de 2003, líderes del paramilitarismo en la zona realizaron varias reuniones en Apartadó, a las cuales obligaron a muchas personas a asistir, y en las cuales expusieron un “plan de endurecimiento” contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Según ellos, se proponen adoptar una estrategia de “mano dura” contra la Comunidad, extremando el control de paso de alimentación, de modo que las personas que suban mercados sean “desaparecidas”; asesinando a cinco de los líderes o acompañantes de la Comunidad, dos de cuyos nombres dieron a conocer; manteniendo acciones de control en la carretera entre Apartadó y San José, como enviando paramilitares en los vehículos de servicio público para controlar a los transportadores, de modo que si un conductor no les informa sobre la presencia de algún guerrillero o miliciano, ése conductor sea asesinado.

El 7 de julio de 2003 llegaron a San José de Apartadó otras 17 familias desplazadas de Mulatos Cabecera y Mulatos Medio. En total se han registrado 70 familias que han tenido que huir de los bombardeos y ametrallamientos que se han perpetrado contra esas veredas. En muchas noches lanzaron bombas sembrando el pánico en la población; algunas de ellas cayeron muy cerca de las casas y destruyeron cultivos. Se contabilizaron 6 casos de detenciones arbitrarias en Mulatos o en las veredas vecinas. En mayo, el ejército había ingresado a Baltasar, una vereda de Tierralta (Córdoba), situada a dos horas de Mulatos, y había perpetrado una masacre. En la semana anterior, en una reunión convocada en la Alcaldía de Apartadó, el Comandante de la Brigada XVII, General Pauxelino Latorre, negó que en la zona hubiera bombardeos y afirmó que los desplazamientos eran ficticios, a pesar de que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo han hecho censos de los desplazados y han entregado a los mismos alguna ayuda humanitaria, mientras la Red de Solidaridad no lo ha hecho.

Los pobladores de Mulatos guardan la memoria muy viva de lo ocurrido entre el 2 y el 20 de mayo de 2002, cuando fueron quemadas dos casas (la de Don Simeón Durango y la de Don Gilberto Arias) y la escuela de la vereda, mediante morteros disparados desde lejos, produciéndose luego el pillaje de otras viviendas por parte del ejército, quienes también robaron y mataron gallinas.

Una memoria aún más dolorosa es la que sobre todo antiguos pobladores de Mulatos, hoy desplazados forzosamente en otros caseríos, tienen de los hechos ocurridos a partir del martes 12 de julio de 1977, cuando llegaron de la base militar de La Maporita (Carepa) 16 soldados, al mando del Teniente Gualdrón y de los Cabos Cruz y Peñalosa, y desde las 05.00 horas ordenaron a los campesinos salir de sus casas, los amarraron y los tuvieron en ese estado varios días, exigiéndoles que les dieran informaciones sobre los movimientos de la guerrilla, cuando muchos de ellos no tenían conocimiento alguno de qué era la guerrilla, y luego de 8 días de interrogatorios y torturas los fueron asesinando a tiros. Así murieron: Luciano Graciano, de 16 años; Luis Emilio Giraldo, de 30; Jairo Ortiz, de 25; Juan de Jesús Toro Amaya, de 22; Tulio Guerra, de 35; Arturo Graciano, de 18; Nando Graciano, de 23 y otro joven de nombre Oscar, de 21. Luego de un primer desplazamiento masivo durante el cual se denunció la masacre, un juez militar subió a investigar los hechos, sin que hasta hoy (26 años después) se haya hecho justicia.

El 10 de julio de 2003 se hizo presente en San José de Apartadó la Red de Solidaridad Social para proponer que el Ejército brindara atención en salud a los desplazados. Nadie entendía que el Ejército negara la existencia de desplazados en las reuniones de la Alcaldía y sin embargo ahora ofreciera atenderlos en sus problemas de salud. Nadie entendía tampoco que la misma institución que provocaba el desplazamiento con ametrallamientos y bombardeos, forzando a la gente a salir, ofreciera ahora atención médica. Pero, sobre todo, la Comunidad sentía una repugnancia profunda de confiar los problemas de su salud a quienes han destruido tantas vidas, violado a sus mujeres, aterrorizado a la población en forma tan persistente y anunciado el exterminio de la misma Comunidad.

El lunes 4 de agosto de 2003, en el sitio conocido como “Tierra Amarilla”, ubicado en la vía entre Apartadó y San José, a unos diez minutos de Apartadó, donde los paramilitares han mantenido su presencia sin que autoridad alguna haya querido hacer inspecciones ni tomar medidas, fueron visibles ocho paramilitares quienes se movilizaban en 4 motocicletas. Toda la tarde del lunes los paramilitares estuvieron controlando la vía y observando los vehículos y la gente que subía. Este mismo día tropas del Ejército permanecieron desde las 07.00 hasta las 17.00 horas a la entrada del área urbana de San José, donde abordaron a todo niño o niña que transitaba cerca, para preguntarle por los líderes de la comunidad: si los conocían y si les podían indicar dónde vivían. En ocasiones anteriores, esas indagaciones han precedido el asesinato de los líderes. Los militares continúan ofendiendo a la comunidad y mostrando prepotencia y altanería al hacer alarde de que pueden pisotear los principios de la Comunidad de Paz, pues gozan del poder de las armas y del respaldo de todas las autoridades.

El martes 5 de agosto de 2003, se tenía previsto el retorno a sus veredas de las familias desplazadas de Mulatos Medio y de Mulatos Cabecera, quienes se hallaban en San José desde finales de junio a causa de los bombardeos perpetrados por el Ejército. A pesar de que en la reunión del 30 de junio la Vicepresidencia se había comprometido a gestionar alimentos, semillas y herramientas para el retorno con la Red de Solidaridad, sin embargo el día anterior los representantes de la Red de Solidaridad llegaron a San José e informaron que no iban a suministrar alimentos, lo que frustró el retorno. El martes 5, los delegados de la Red volvieron a San José con algunas herramientas (machetes) y plantearon que darían alimentación a condición de que cada familia firmara un documento en que constara que se hacía responsable de los riesgos que corriera en el retorno, exonerando al gobierno de toda responsabilidad, documento que las familias se negaron a firmar, pues temían que esa condición estuviera anunciando nuevas agresiones de las cuales no podrían siquiera quejarse.

El sábado 9 de agosto de 2003, hacia las 11:40 horas, los pasajeros de un vehículo de servicio público que viajaban en dirección a Apartadó, desde San José, fueron abordados por dos personas que se identificaron como paramilitares y los despojaron de todo el dinero que llevaban.

El viernes 15 de agosto de 2003, la escuela del caserío de San José de Apartadó fue tomada por personal militar de la XVII Brigada del Ejército y desde allí utilizaron a menores de edad para enviarlos a comprar abastecimientos. También le informaron a algunos pobladores que al día siguiente realizarían un censo casa por casa.

El sábado 16 de agosto de 2003, a las 16.00 horas, miembros de la Brigada XVII del Ejército ingresaron al caserío de San José de Apartadó y le manifestaron a los pobladores que pronto iban a acabar con la Comunidad. Dijeron que en esa Comunidad todos eran guerrilleros pero que muy pronto les iban a dar su merecido a esos h. p., así como a todos sus líderes, a los acompañantes y a “los gringos”; dijeron que todos vestían de civil pero que cuando salían de la Comunidad se cambiaban su ropa por vestidos de camuflado y tomaban el fusil como los guerrilleros. Este día los militares realizaron muchas requisas a los vehículos que encontraron en el casco urbano de San José.

El domingo 17 de agosto de 2003, el Ejército estableció cinco retenes, tres de ellos ubicados en las salidas de San José de Apartadó, uno en la salida hacia La Unión, otro en la salida hacia Apartadó y otro en la salida hacia La Linda. A todos los pobladores que pasaban por los retenes les pedían su cédula y la anotaban en un cuaderno. Cuando algunos campesinos preguntaron por qué anotaban los datos de las cédulas, respondían que era para pasarle la lista a la Fiscalía. Los otros dos retenes los ubicaron entre San José y La Unión, a una distancia de cuatro kilómetros.

En un retén ubicado en La Platanera, cerca de Apartadó, hacias las 14:00 horas, siete paramilitares entre los que se encontraba una mujer y que se transportaban en tres motocicletas, retuvieron dos vehículos que iban hacia San José y requisaron a todos los pasajeros, observando especialmente las manos de los hombres. A muy poca distancia, en La Balsa, el Ejército había instalado otro retén.

En el retén de salida hacia La Unión, militares retuvieron a un joven de apellido Úsuga y le dijeron “Usted parece que tiene problemas con nosotros; parece que está en la lista”. Luego lo llevaron al puente y lo obligaron a permanecer allí mientras uno de ellos traía “la lista”. Minutos después llegaron con un libro grande donde figuraban numerosas personas en orden alfabético, la mayoría con fotografía frente a su nombre. El joven les dijo que ellos eran los que hacían esa lista y tomaban esas fotografías y ponían allí al que querían. Mientras buscaban su nombre, pasó cerca del sitio el Párroco, quien se dirigía a la capilla católica a celebrar la Eucaristía. Los soldados se lo señalaron al joven y le dijeron: “ese padrecito parece un santo pero es colaborador de la guerrilla, ya lo tenemos en la mira”. El joven les respondió que allí en la comunidad nadie manejaba armas, que quienes tenían armas estaban en otra parte; que allí nadie estaba comprometido con grupos armados sino al contrario, estaban comprometidos a no colaborar con grupos armados. Entre tanto encontraron su nombre en “la lista” y se lo señalaron. Le dijeron : “sepa que tiene problemas con nosotros, pero usted no va a ir a la cárcel; usted sabe a dónde va a ir; ahora no le va a pasar nada porque estamos en la población y hay mucha gente, pero donde lo cojamos solo, usted será víctima”. Dijeron también que tenían orden de la Presidencia de la República para entrar en el poblado. Algunos acompañantes internacionales observaban la escena a cierta distancia, pues estaban muy preocupados por la larga intimidación de que este joven era objeto, ya que no era la primera vez que lo amenazaban.

El mismo domingo 17 de agosto de 2003, a las 09.00 horas, los militares detuvieron, en un retén ubicado entre San José y La Unión, a miembros de la Comunidad de Paz que habitan en La Unión. Les impidieron continuar su camino durante un rato y les dijeron que toda la Comunidad de Paz es guerrillera; que de La Unión y de esa “h. p. comunidad de San José” salían los guerrilleros que los atacaban y que habían matado a varios militares en los enfrentamientos, pero que eso lo iba a pagar muy caro la Comunidad. Ese mismo día, desde las 14.00 horas, en la empacadora que está ubicada a la salida de Apartadó hacia San José, 7 paramilitares, entre ellos una mujer, retuvieron dos vehículos de servicio público que se dirigían a San José, uno a las 14.15 horas y el otro a las 16.30 horas. Al retener los vehículos le pedían a los pasajeros sus documentos y los anotaban en una lista; también les advertían que si seguían pasando comida hacia San José los iban a matar. También les examinaban las manos y les decían que si veían que alguno no tenía cara de trabajador lo iban a matar porque seguramente era guerrillero. Hacia las 15.00 horas el Ejército detuvo, en el retén que habían instalado en la salida de San José hacia Apartadó, a un indígena y a un campesino de la vereda El Mariano; como no llevaban cédula, los acusaron de ser guerrilleros y durante dos horas les impidieron continuar su camino mientras proferían numerosas amenazas contra ellos.

El jueves 21 de agosto de 2003, el Ejército instaló un retén en la vereda La Balsa, en la vía entre Apartadó y San José, donde sometió a requisas a los pasajeros de los vehículos de servicio público. A las 14.00 horas hicieron bajar a los pasajeros de un vehículo y retuvieron a dos señoras de la vereda La Cristalina que viajaban en él y llevaban su mercado; una de ellas iba con un hijo de 8 años y un bebé de 7 meses. Las obligaron a permanecer en el retén hasta el día siguiente al mediodía. Antes de dejarlas en libertad, los militares las separaron de los niños y les tomaron fotografías junto al mercado y junto a carpas militares, quizás para hacerlas aparecer como guerrilleras o auxiliadoras de la guerrilla. A otros pasajeros que hicieron descender en el retén les tomaron sus cédulas y sacaron fotocopias de ellas y además les tomaron fotografías.

El domingo 24 de agosto de 2003, más de 20 militares ingresaron al área urbana de San José y presionaron a los comerciantes a venderles artículos, contra lo que estipula el Reglamento de la Comunidad de Paz. No obstante las insistentes súplicas de la Comunidad para que se retiraran del espacio de vivienda, sin embargo permanecieron más de seis horas allí; en ese tiempo abordaban a los niños y a los jóvenes y les pedían favores; a los jóvenes los motivaban para que se convirtieran en informantes y les advertían que ellos, los militares, les dirían las cosas que tenían que decir en contra de la Comunidad. Varios militares ingresaron a una de las casas que queda a la entrada de pueblo, en la cual vive un muchacho, menor de edad, con su abuelita, estando en ese momento el muchacho enfermo de paludismo. Los militares lo golpearon y le decían que seguramente había cogido el paludismo en la guerrilla.

El 6 de septiembre de 2003, militares que se presentaron como miembros del Batallón “Rifles” de Chiquinquirá, ingresaron a la vereda Tres Llanos, de Gachantivá, Boyacá, con el propósito de hacer un censo de personas de San José de Apartadó que se encontraban allí desplazadas. Aunque dijeron que estaban haciendo el censo en toda la región, investigaciones posteriores mostraron que esto era falso y que solo buscaban registrar a los desplazados de Apartadó.

El martes 9 de septiembre de 2003, a las 09.00 horas, Ovidio Úsuga, de la sub-comunidad de La Unión, se dirigía a trabajar en los cultivos de cacao de la comunidad, cuando se vio rodeado de tropas del Ejército que subían por el lado izquierdo del caserío, con chalecos negros y sin morrales. Algunos soldados lo llamaron por su apellido y le preguntaron para dónde iba; él respondió que a trabajar en el cacaotal; ellos le dijeron que subiera detrás de ellos, pues ellos iban también hacia allá; él les respondió que mejor se regresaba, pues él no debía estar junto a actores armados, y en efecto se devolvió para su casa. Más adelante la tropa encontró a otros 10 trabajadores de la comunidad y los obligó a quitarse las botas para requisarlos; luego les dicen que si más adelante encuentran a la guerrilla, se devolverán a buscarlos a ellos y “no responden por lo que pase”. Los soldados continuaron hacia el cacaotal y encontraron a otros campesinos por el camino. Cuando llegaron al cacaotal robaron muchas frutas de cacao para chuparlas. Los que observaron a esta tropa pudieron identificar que con los soldados iba un reconocido paramilitar que había participado, con mando, en la incursión paramilitar al caserío de La Unión el 30 de julio de 2001, dentro de la cual asesinaron a Alexander Guzmán y recibieron orden por radio de asesinar a otras personas, lo que no pudieron hacer dada la reacción de la comunidad. Se trata de una persona de contextura delgada, de piel color trigueño, de estatura mediana. La gente que lo identificó recordaba que el día del asesinato de Alexander él le comentó a algunos de la comunidad que a su papá lo había asesinado la guerrilla y que eso él se había vinculado a la organización paramilitar. Esto evidencia una vez más la unidad de acción entre el Ejército y los grupos paramilitares.

Cuando la tropa bajaba, encontró a otro joven que pertenece a la Iglesia Pentecostal y le dijeron que él era guerrillero; el joven les pidió respeto y les dijo que el comportamiento de la tropa era abiertamente contrario a la Constitución.

Hacia las 10.30 horas otra tropa pasó por el caserío de La Unión y trató mal a la gente y a los acompañantes extranjeros, diciéndoles que todos eran “unos h.p. guerrilleros”. A diez minutos de La Unión, hacia el sur del caserío, la tropa retuvo a un miembro de la Comunidad y comenzó a ultrajarlo y a empujarlo; le decían que era “un h. p. guerrillero; que esa comunidad era guerrillera; que ya tenían un plan para acabarla; que lo primero era llevar a todos los h.p. líderes y acompañantes a la cárcel, y si no, matarlos; que le dijera a la gente que las tendrían que pagar muy caro”. Luego de 15 minutos de repetirle este mensaje, lo dejaron ir.

En los días siguientes los militares colocaron retenes en casi todas las salidas del caserío de San José. Allí le pedían a la gente su cédula y también le preguntaban por nombres de familiares o personas conocidas, anotando toda esta información en cuadernos. Le decían a la gente que el que no aparecieran en esas listas era por ser guerrillero. También anunciaban que iban a confrontar esas listas con otras que ellos tenían, para ver a quién acusarían de terrorista. En dichos retenes llamaban a los niños y se los llevaban a hablar con más integrantes de la tropa, pidiéndoles que les dijeran los nombres de los líderes de la Comunidad y les indicaran dónde vivían. A cambio de esa información les ofrecían dulces.

El 26 de septiembre de 2003 , un campesino que bajaba de la comunidad de Mulatos con una carga de maíz para vender, encontró numerosa tropa que subía entre las veredas de Guayabal y Buenos Aires. A él lo retuvieron y lo obligaron a desmontar la carga para requisarla. Entre tanto le preguntaban dónde estaba la guerrilla, y al responder que no la había visto, le decían que otra persona que ellos tenían retenida decía haber visto la guerrilla cerca. Él respondió que si esa persona la había visto, tenía derecho a responder que la había visto, pero él no tenía derecho porque no la había visto. Luego de hacerle varias preguntas por la Comunidad de Paz, lo dejan continuar su camino, pero en el trayecto fue fotografiado tres veces por distintas unidades del Ejército que subían. También le pidieron varias veces su cédula y anotaban su número, a la vez que le hacían preguntas sobre su familia.

El 2 de octubre de 2003, a las 17:00 horas, unidades del Ejército retuvieron a tres jóvenes de la comunidad que regresaban de trabajar, en el camino que de San José conduce a la vereda La Linda, a 10 minutos del área urbana de San José.

El mismo día 2 de octubre de 2003, a las 18:20 horas, sobre el camino que de San José conduce a la vereda La Unión, unidades del Ejército retuvieron a Jesús Emilio Tuberquia, miembro del Consejo de la Comunidad de Paz, y a Rosibel Muñoz. Los militares los acusaron de ser “guerrilleros” y comenzaron a decirles que los iban a matar. Luego les dijeron que se los iban a llevar para reunirlos con otros guerrilleros que habían capturado. Cuando las víctimas les dijeron que no iban a ninguna parte sino a sus casas, pues no estaban haciendo nada ilegal, los militares intensificaron los malos tratos, amenazas y agravios. Entre tanto, miembros de la comunidad fueron a reclamarle a los militares por la retención de los tres jóvenes anteriores pero los militares negaron tenerlos retenidos. Cuando el grupo de la comunidad les manifestó que no se irían de allí hasta que los soltaran, finalmente dejaron libres a los cinco miembros de la comunidad, hacia las 20:40 horas.

Como puede ver, Señor Presidente, no se trata de conductas aisladas ni fortuitas. Se trata de un ensañamiento criminal contra una Comunidad cuyo único delito es reivindicar su condición de población civil dentro del conflicto y pedirle a todos los actores armados que respeten su no participación en la lucha armada y que por lo tanto no hagan presencia en sus espacios de vida y de trabajo.

Durante 8 años la Brigada XVII a través de sus diversas unidades, como también algunas unidades de la Brigada XI, han perpetrado un acción continua de terror sobre la población. No cesan de anunciar que van a exterminar la comunidad; que los van a judicializar a todos como “guerrilleros”, especialmente a los líderes y acompañantes, y de hecho han practicado numerosas torturas y extorsiones buscando que miembros de la comunidad se conviertan en acusadores de sus propios vecinos y de sus líderes. En este contexto, pedir a toda hora las cédulas de las personas y anotarlas en listas que nadie sabe cómo van a utilizar, pues unos días anuncian que los que quedan registrados en las listas son los “guerrilleros” de la zona y que esas listas van a ser enviadas a la Fiscalía para poder emitir órdenes de captura, y otros días anuncian que quienes no queden registrados en la lista es porque son guerrilleros, sin reparar que están actuando abiertamente contra la Constitución, pues la Corte Constitucional, en su sentencia C-1024 del 26 de noviembre de 2002, dejó muy en claro que:

    • la realización de censos poblaciones como los previstos en la norma objeto de control, en virtud de los cuales quedan registradas en poder del Estado informaciones de carácter personal no solo sobre la identidad, sino sobre el lugar de residencia de cada uno, su lugar de trabajo y sus actividades individuales, excede las facultades que al Gobierno confiere la Constitución Política al ser declarado uno de los estados de excepción, como lo es en este caso el de conmoción interior. Dichos censos no se encuentran autorizados en efecto, ni por la Constitución en sus artículos 213 y 214, ni tampoco por la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Esa precisamente es la razón por la cual esta Corte en sentencia C-295 de 1996 declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto Legislativo No. 717 de 18 de abril de 1996, respecto de la obligatoriedad de inscripción en la Alcaldía por parte de los habitantes de zonas especialmente afectadas por alteración del orden público, por cuanto con esa medida se afecta la libertad individual en forma no autorizada por la Carta. Del mismo modo en la sentencia C-251 de 2002, en la cual se declaró la inexequibilidad de la Ley 684 de 2001, esta Corte declaró contrario a la Constitución el registro de la población que en ella se autorizaba adelantar en los llamados “Teatros de operaciones militares”, pues esa clase de empadronamientos no se encuentra autorizada ni en estados de normalidad ni en estados de excepción” (Corte Constitucional, Sentencia C-1024 del 26 de noviembre de 2002, No. 6.6)
  • Le reitero, Señor Presidente, que con tales comportamientos, los miembros de la fuerza pública, particularmente las unidades adscritas a la Brigada XVII que frecuentan el territorio de San José de Apartadó, están incurriendo en el delito de Terrorismo, además de todos los tipos penales enunciados en mi anterior Derecho de Petición.

    Por ello, acogiéndome nuevamente al Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le suplico nuevamente, Señor Presidente, que en cumplimiento de los deberes que la Constitución le impone al jefe del Estado con miras a la protección y garantía de los derechos humanos, y en ejercicio de los medios que la misma Constitución y las leyes ponen en sus manos para cumplir dichos deberes, haga cesar, mediante medidas de carácter administrativo, la agresión contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, agresión de evidente origen estatal que está configurando la comisión de numerosos crímenes de lesa humanidad.

    Usted comprende, Señor Presidente, que la Comunidad no tiene otros medios para defenderse. Durante 8 años ha pedido justicia pero la justicia no ha actuado en absoluto. Los mecanismos constitucionales y legales la autorizan a pedirle al superior de quien tiene la responsabilidad de mando sobre las tropas que los agrede constantemente, que tome medidas eficaces para hacer cesar la agresión.

    Si el Señor Presidente, como Comandante en Jefe del General Pauxelino Latorre, ha decidido no tomar ninguna medida eficaz que impida la perpetración de los crímenes de dicho General y de sus súbditos y tropas a su mando, no queda duda que la responsabilidad total recae sobre el Señor Presidente. La Comunidad no posee ningún otro medio para defenderse y por ello en su nombre, acogiéndome nuevamente al Derecho constitucional de Petición, le pido, Señor Presidente, le ruego y le suplico que cese tan criminal agresión contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

    Atentamente,

    Javier Giraldo Moreno, S. J.[ -----------------------------------------------------------]

    CC :
    Fiscal de la Corte Penal Internacional, La Haya
    Corte Interamericana de Derechos Humanos
    Comisión Interamericana de Derechos Humanos
    Órganos pertinentes de la Organización de Naciones Unidas
    Cancillerías de gobiernos que tienen condados, municipalidades o comunidades hermanadas con la Comunidad de Paz de san José de Apartadó.
    Representaciones diplomáticos de los mismos gobiernos
    Organismos internacionales de defensa y protección de los Derechos Humanos.
    Organismos nacionales de defensa y protección de los Derechos Humanos.

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