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Derecho Petición Presidente sobre San José - Mayo 20 - 04

Jueves 20 de mayo de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, mayo 20 de 2004

Doctor
ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Casa de Nariño
Ciudad

Ref:
Derecho de Petición de 29.07.03 Rad: 152982
Derecho de Petición de 15.10.03 Rad: 195947
Derecho de Petición de 15.01.04 Rad: 241719
Derecho de Petición de 26.02.04 Rad: 260021
Derecho de Petición de 05.04.04 Rad: 279992

De toda consideración:

Como posiblemente ya le haya sido informado a su despacho, Señor Presidente, la Honorable Corte Constitucional emitió, el pasado15 de abril, la Sentencia T-327 de 2004, mediante la cual decide tutelar el derecho a la vida y otros derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de quienes tienen vínculos de servicio con dicha Comunidad.

En la mencionada sentencia, la Corte le ordena al Comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, cumplir los requerimientos impuestos al Estado colombiano por la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de junio de 2002; informar a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo inmediatamente, en caso de que algún miembro de la Comunidad fuera privado de la libertad, con el fin de que dichas entidades protejan sus derechos, y le prohíbe mantener privado de la libertad en las instalaciones de la Brigada a algún integrante de la Comunidad o a personas vinculadas al servicio de ésta. También le ordena un tratamiento especial en requisas y retenes y un manejo especial de la información que allí sea recaudada, teniendo especial cuidado en no retener documentos de identidad sino en casos estrictamente autorizados por la ley. En el parágrafo 5 de la parte resolutiva, la Corte establece que el Comandante de la Brigada o quien haga sus veces “asume bajo su responsabilidad la garantía y protección de los derechos fundamentales” de la Comunidad y de quienes tienen vínculos con ella y adoptar las decisiones necesarias para garantizar la seguridad personal, enumerando allí los derechos específicos que debe garantizar. Con el fin de asegurar que esto se ejecute, le ordena elaborar manuales operativos y manuales de instrucción al personal bajo su mando, debiendo enviar copia, en un plazo de 30 días, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo.

Como es de elemental sentido común, Señor Presidente, se presume que tales medidas de protección, que la Corte Constitucional ha asignado por competencia al Comandante de la Brigada XVII que opera en la zona donde se asienta la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, demanden de parte del garante al menos una actitud de buena voluntad, o siquiera de neutralidad frente a las personas y los derechos que están en riesgo. No es el caso, sin embargo, lamentablemente, del actual Comandante de la Brigada XVII, el General Pauxelino Latorre Gamboa.

Durante su tiempo de servicio en dicha Brigada, el General Latorre ha tratado con exceso de crueldad a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a los pobladores de la zona, como puede comprobarlo el Señor Presidente releyendo las numerosas quejas y Derechos de Petición remitidos a su despacho, así como las numerosas denuncias que obran en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo, en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en otras varias dependencias de la las Naciones Unidas y representaciones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno que Usted preside.

En efecto, durante la Comandancia del General Latorre Gamboa en la Brigada XVII, las patrullas militares bajo su mando han llevado muchas decenas de veces a la Comunidad de San José, el mensaje de que la Comunidad va a ser destruida, a través de expresiones como “vamos a acabar con ustedes, así estén acompañados por quien sea” u otras similares. Los retenes instalados en la carretera que conduce de Apartadó a San José, muchas veces han contado con la presencia de reconocidos paramilitares o, cuando son los paramilitares quienes hacen los retenes, cuentan con la aquiescencia y protección de los militares: se saludan amablemente al pasar delante de ellos, incluso llevando objetos robados a los pobladores, o cuando los pobladores se quejan inmediatamente ante los militares, éstos se ríen y no despliegan ninguna acción de persecución. En dichos retenes se somete a tratos degradantes a los pobladores e ilegalmente se toman copias de sus cédulas y se les toma fotografías, mostrando algunas veces los álbumes de fotografías en medio de afirmaciones que dan a entender que todos los que están en el album son guerrilleros y van a ser judicializados o eliminados.

Durante la comandancia del General Latorre se perpetraron los hurtos de los dineros de la Comunidad (diciembre 9 de 2003 y enero 28 de 2004) en asaltos a mano armada cuyos detalles y participantes se han ido dilucidando progresivamente, sin dejar ya duda alguna de que quienes tomaron parte en el asalto trabajan con el Ejército y de que todo responde a una estrategia confesada por el Coronel Néstor Iván Duque, Comandante del Batallón Bejarano Muñoz, con sede en las mismas instalaciones de la Brigada XVII, de querer bloquear el comercio del cacao y el transporte de los dineros producidos por el mismo.

Durante la Comandancia del General Latorre Gamboa se produjo el monstruoso montaje de febrero de 2003 en el cual fue puesta una caja con explosivos en un vehículo en el que se transportaban varios miembros del Consejo Interno de la Comunidad, ocasionando la detención ilegal, en medio de torturas sicológicas y amenazas de muerte, de los 11 ocupantes del vehículo, así como comunicados irresponsables e infamantes en contra de la Comunidad suscritos por la Brigada y divulgados por diversos medios masivos de comunicación, con intención imposible de ocultar de difamar a la Comunidad ante la opinión pública. Hecho que fue mucho más grave cuando se recibieron confidencias de los mismos paramilitares de la zona, cuya constancia está en posesión de las Naciones Unidas, de que el objetivo inicial era el de dar muerte a varios miembros del Consejo Interno que se movilizaban en ese vehículo.

En la Comandancia del General Latorre, han ocurrido numerosos casos de detenciones ilegales, chantajes y torturas, como se le ha informado al Señor Presidente siempre a los pocos días de sucedidos los hechos y una vez que ha sido posible recaudar la información más fidedigna. Mediante detenciones, montajes, torturas y chantajes, se ha buscado incansablemente obtener que pobladores de la zona o miembros o ex miembros de la Comunidad de Paz, acusen a los líderes de la Comunidad de tener vínculos con la guerrilla, para poder judicializarlos, o alternativamente lograr que los paramilitares los asesinen, ofreciendo a veces remuneraciones económicas o presionando a veces con el chantaje de que, si no colabora, los ponemos en la lista de “milianos” para judicializarlo.

En la Comandancia del General Latorre Gamboa se han llevado a cabo bombardeos que afectan zonas de población civil, principalmente en la vereda Mulatos y las veredas cercanas. Se produjo el asesinato de una niña de 3 años cuando soldados le dispararon de frente mientras estaba en brazos de su abuelita (18.03.03), tratando luego los soldados de presionar a familiares para que declararan que había muerto en un enfrentamiento con la guerrilla, que no la había en la zona. También se produjo el asesinato de un niño de 4 años (28.01.04) cuando soldados le dispararon irresponsablemente a una casa donde había civiles, con la intención de abatir a dos guerrilleros que escaparon y luego fueron asesinados fuera de combate en un hecho en el que participaron paramilitares.

En la comandancia del General Latorre Gamboa se ha detenido a varios campesinos y campesinas y se les ha sometido a torturas y a tratos inhumanos y degradantes, sin respetar siquiera sin son madres de familia que llevan niños de brazos; se les ha tomado fotografías con la amenaza de vincularlos a procesos judiciales; se les ha presionado bajo tormentos físicos o sicológicos para que acusen a los líderes de la Comunidad de tener vínculos con la guerrilla; se han practicado detenciones y allanamientos ilegales y el mismo Coronel Duque, Comandante del Batallón Bejarano, ha practicado torturas en las instalaciones de la Brigada, confesando además que utiliza a los paramilitares para atacar a la Comunidad de Paz.

Como cualquiera lo ve, Señor Presidente, con el más mínimo sentido común, asignar la protección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a una persona bajo cuya responsabilidad de mando se han perpetrado tantos crímenes, casi asegura que solo habrá una “protección” ficticia y no real. En la lógica del sentido común, es como asignarle a un gato la protección del pequeño ratón al que siempre ha querido devorar.

Por eso, con el deseo de que la decisión de la Honorable Corte Constitucional tenga un cabal cumplimiento y sirva, como es la intención de los Honorables Magistrados, para restablecer el imperio de la Constitución y de la Ley allí donde hay reinado su desconocimiento, acogiéndome nuevamente al Derecho Constitucional de Petición, contemplado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, así como a los artículos 15 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, le solicito, Señor Presidente, que en uso de sus facultades constitucionales y legales, retire de la comandancia de la Brigada XVII al General Pauxelino Latorre Gamboa y de la comandancia del Batallón Bejarano Muñoz al Coronel Néstor Iván Duque, y designe en su reemplazo a militares cuyos antecedentes de rectitud y respeto a la Constitución y a las Leyes, a los postulados fundamentales del Derecho Internacional y a los principios elementales de la moral pública y de la ética universal, puedan garantizar el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia T-327-04 de la Honorable Corte Constitucional, y devuelva a la Comunidad de Paz de San José el goce de los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen y de los parámetros de dignidad humana que la tradición jurídica de la humanidad, expresada en numerosos instrumentos convencionales de las Naciones Unidas suscritos y ratificados por Colombia, exigen se les respete.

Le anexo, Señor Presidente, el texto de la Sentencia T-327 de 2004 de la Honorable Corte Constitucional, así como copia de un oficio recibido del General Roberto Pizarro Martínez, Inspector General del Ejército, y de mi respuesta al mismo.

De antemano le agradezco, Señor Presidente, su amable atención a esta solicitud.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.[--------------------------------------------------------]

Anexos: Los tres documentos anunciados

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