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  Cronología de hechos reveladores del Paramilitarismo como política de Estado

Viernes 20 de agosto de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

Cronología de hechos reveladores
del Paramilitarismo como política de Estado

En esta relación, extraída de una base de datos que se apoya en 5 ejes: tiempo, espacio, acción, actor y registro, he seleccionado un conjunto de hechos que revelan cómo durante cuatro décadas el Paramilitarismo ha persistido tozudamente como política de Estado en Colombia, logrando acomodarse a diversas situaciones legales pero manteniéndose como eje de un modelo represivo que logra venderse a sí mismo como modelo “democrático”. No se trata de una relación exhaustiva sino más bien de una muestra reveladora que selecciona 50 hechos distribuidos en 40 años pero que tiene la virtualidad de hacer ver que no se trata de prácticas marginales espurias sino de una política de Estado que tiene formulaciones muy claras y una rígida continuidad en el tiempo, así muchos instrumentos hayan permanecido o permanezcan ocultos bajo el sello de “reservado”, y muchos procesos y pruebas en “archivos” o “preclusiones” que la historia algún día sabrá exhumar y someter a racionalidades jurídicas menos encubridoras y menos cómplices de la ignominia.

2/26/1962
En febrero de 1962 se realizó una visita a Colombia por parte de miembros de la Escuela de Guerra Especial, de los Estados Unidos. Con esta fecha está clasificado el Informe de esa visita, elaborado por el General Yarborough, director de investigaciones de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, Carolina del Norte. El Informe iba acompañado de un Suplemento Secreto, en el cual se leen estos párrafos: "Debe crearse ya mismo un equipo en dicho país, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos, que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto".

En ese mismo Informe, el General Yarborough incluía recomendaciones al Ejército y a la Policía de Colombia, para que mejoraran la inteligencia y el control de la población. En particular sugería: "Un programa intensivo de registro de los civiles ... De modo que todos sean eventualmente registrados en archivos del gobierno, incluyendo huellas digitales y fotografías". También recomendaba procedimientos y técnicas de interrogatorios que incluyeran "sodio, pentotal y uso de polígrafos ... Para arrancarles información a pedazos".

9/30/1962
En septiembre de 1962 el Comando del Ejército edita la traducción del Manual FM-31-15 del Ejército Americano, titulado: "Operaciones contra las Fuerzas Irregulares". Allí se afirma: "[a] Para disminuir el requerimiento de unidades militares, se ha visto que es de gran ayuda el empleo de policía civil, de unidades semi-militares y de individuos de la localidad que sean simpatizantes de la causa amiga. El empleo y control de tales fuerzas está sujeto a acuerdos nacionales y locales y a la apropiada investigación de ellas para llenar los requisitos de seguridad. Se hace una evaluación cuidadosa de sus capacidades y limitaciones para que presten completa efectividad. [b] Cuando la política y la situación lo permiten, los individuos de la localidad de ambos sexos que han tenido experiencia o entrenamiento como soldados, policías o guerrilleros, deben ser organizados dentro de la policía auxiliar y dentro de las unidades de voluntarios de cada ciudad. Aquellos que no poseen tal experiencia pueden emplearse individualmente como trabajadores, informantes, agentes de propaganda, guardias, guías, rastreadores, intérpretes y traductores. [c] Las fuerzas civiles usualmente necesitarán ayuda y apoyo de las fuerzas militares. La asistencia es normalmente necesaria en una capacidad de consejo para la organización, el entrenamiento y el planeamiento de las operaciones. El apoyo es normalmente necesario en el abastecimiento de armas, munición, alimentos, transporte y equipo de comunicaciones (...) [g] Las unidades amigas de guerrilleros que han operado en la misma área de las unidades hostiles de guerrilleros, por lo general tienen voluntad para ayudar en el esfuerzo de contraguerrillas. Tales unidades pueden emplearse con efectividad en misiones de hostigamiento de las patrullas de combate. Además los miembros de las unidades amigas de guerrilleros pueden servir como rastreadoras, guías, intérpretes, traductores y agentes de espionaje y pueden manejar los puestos de observación y las estaciones de prevención. Cuando las unidades amigas de guerrilleros se emplean, pueden apoyarse logísticamente y deben subordinarse al Comandante de la Fuerza Militar quien mantiene el control y la comunicación suministrando una cuadrilla de enlace para que permanezca con ellas y controlando el apoyo suministrado. Los destacamentos operacionales de las fuerzas especiales son ideales para este propósito". (No.31, pg. 75 a 77). La nota introductoria del Comando del Ejército afirma que dicho Manual es "para la preparación e instrucción de los miembros de la Fuerza" y para que esta obra "sea estudiada y aplicada en lo que dice en relación a la táctica y la técnica de las armas empleadas y adaptando los principios a nuestra organización".

1/30/1963
En enero de 1963 el Comando del Ejército publicó el volumen No. 12 de la Biblioteca del Ejército, titulado "La Guerra Moderna", del francés Roger Trinquier, traducido al castellano por el Mayor Gustavo Martínez Salcedo. En la página 70, dicho Manual afirma: "La organización y el control de la población de las ciudades y de las ciudades-sedes de puesto, permitirá obligar a participar a una parte importante de los habitantes en su propia defensa. Estas tropas podrán estar así disponibles para reforzar el elemento reserva del comandante del sector; estando disponibles y móviles, formarán las tropas de intervalo del sector, destinadas a actuar en permanencia entre los puestos". (pg. 70)

12/24/1965
El 24 de diciembre de 1965 fue emitido el Decreto 3398, de organización de la defensa nacional. En sus considerandos afirma: "Que los compromisos que el país tiene contraídos en el campo internacional requieren la adopción y ejecución de medidas que fortalezcan su seguridad interior y exterior" (considerando 5, que seguramente alude al Informe de la visita de la Escuela Especial de Guerra de los Estados Unidos en 1962 y a su Suplemento Secreto). En su artículo 25 dice: "Todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad". En su artículo 33, parágrafo 3°, dice: "El Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de sus comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas".Con estos instrumentos el Gobierno sentó un piso legal para aplicar las recomendaciones consignadas en el Informe de la misión de la Escuela Especial de Guerra, de estados Unidos, en febrero de 1962, de entrenar grupos mixtos de civiles y militares y de desarrollar una estrategia paramilitar contrainsurgente. El uso de los civiles en actividades de "restablecimiento de la normalidad" (art. 25), y la posibilidad de entregar a civiles armas de uso privativo de las FF AA (art. 33, par. 3) crean la base del paramilitarismo .

9/4/1969
El 9 de abril de 1969, el Comandante General de las Fuerzas Militares sancionó las Resolución No. 005 de 1969 mediante la cual aprobó el REGLAMENTO DE COMBATE DE CONTRAGUERRILLAS, elaborado por el Comando del Ejército, identificado con la sigla EJC. 3-10 Reservado. En el No. 183, se lee: "OBJETIVOS DE LAS OPERACIONES DE ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION CIVIL. (a) Organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate. (b) Organizar a la población civil para que pueda reducir los efectos de la delincuencia común, de las catástrofes naturales y de la acción bélica en su territorio". En el No. 184 se lee: "METODOS DE ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION CIVIL - Según el objetivo que se busque, la población civil puede ser organizada de dos maneras: (a) Como junta de autodefensa (b) Como defensa civil". En el No. 185 se lee: "JUNTA DE AUTODEFENSA. (a) Generalidades. (1) La Junta de autodefensa es una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenacen el área o para operar en coordinación con tropas de acciones de combate. (2) La junta de autodefensa se puede organizar en áreas en donde no se han presentado problemas de violencia, para prevenir la formación de grupos armados, o donde se han destruido movimientos insurgentes, para darle capacidad a la misma población civil de rechazarlos en caso de que se vuelvan a presentar. (3) La organización de juntas de autodefensa debe hacerse con individuos escogidos y en áreas en donde se tiene la absoluta certeza de que no se presentarán problemas mayores con el entrenamiento y entrega de armamento. (4) Una red de juntas de autodefensa, controladas por el Mando militar, representa un instrumento poderoso para la defensa de la nación contra ataques exteriores o interiores. Su organización debe, por lo tanto, estar bajo la dependencia militar en todo momento. (b) (...) (3) El comandante de la junta de autodefensa debe ser un líder natural de la región, cuya lealtad no se ponga en duda y que en lo posible, tenga conocimientos de carácter militar. (4) El armamento y el equipo necesario para dotar a las juntas de autodefensa debe ser comprobado(sic) [¿comprado?] por los miembros de ésta; la unidad militar presta el apoyo necesario para su adquisición y expedición de salvoconductos. En algunos casos pueden dotarse gratuitamente con armamento decomisado a las guerrillas (...) (6) La junta de autodefensa debe tener un control directo de la unidad militar de la zona de combate y para ello el comandante designa un oficial o un suboficial encargado de transmitir las órdenes correspondientes y de entrenar la agrupación. (...) © Entrenamiento de las juntas (...) (3) Adoctrinamiento psicológico para lograr que la población civil integrante de la junta desarrolle mística e ideas de lucha. (d) Misiones que pueden cumplir las juntas de autodefensa (...) (6) [pueden ser utilizadas] En operaciones de control, registro y destrucción, para lo cual se pueden dotar de armas y municiones de uso primitivas(sic) [¿privativo?] de las fuerzas militares, por el tiempo que dure la acción" (pg. 316 a 323).

12/31/1977
En 1977 fueron colocadas bombas en las sedes de la revista Alternativa, del diario El Bogotano y del semanario Voz Proletaria. En carta suscrita por un oficial y 3 suboficiales de inteligencia militar adscritos al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, publicada en el diario mejicano El Día , en su edición del 29 de noviembre de 1980, los denunciantes afirman: "Igualmente fue el Batallón Charry Solano quien ordenó colocar artefactos explosivos en la sede de la revista Alternativa y el periódico El Bogotano y Voz Proletaria. En el primero de los casos participaron el extinto Teniente Pinilla Reyes Felkin y el SV Ochoa Gómez Heriberto, acciones éstas ordenadas por el Comandante del Batallón Charry Solano Humberto Cardona Orozco, obviamente sus colaboradores inmediatos, su ejecutivo mayor, hoy en día retirado, Jorge Florez Suárez, y el jefe de operaciones, capitán en ese entonces y hoy en día Mayor Iván Ramírez Quintero, quien completó la orden directamente fue el Capitán Hurtado Alvaro, actualmente Mayor. Los anteriores también fueron los mismos que realizaron el atentado terrorista contra El Bogotano. Posteriormente, el Mayor Bejarano Bernal Augusto, cumpliendo órdenes del Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, Comandante en jefe entonces del Batallón Charry Solano, ordenó elaborar al SV Guisoly Héctor Evelio una bomba con tres barras de dinamita para ser colocada en la sede de Voz Proletaria. El planeamiento inicial se hizo para que la bomba fuera colocada por el Teniente Montoya Uribe Mario, éste hizo los reconocimientos del caso para el atentado, pero se desistió de "sus servicios" y el Capitán Urquijo Arroyo Luis Horacio ordenó a uno de nosotros (los que estamos presos) colocar la bomba aproximadamente a las 3.30 a.m."

9/25/1978
El 25 de septiembre de 1978 fue retenido en Bogotá el abogado José Manuel Martínez Quiroz por miembros de la TRIPLE A , estructura paramilitar fundada y dirigida por la comandancia del Batallón Charry Solano. Había sido procesado por rebelión pero dejado en libertad en 1975 luego de cumplir la pena. En la denuncia publicada en el periódico mejicano El Dia , del 29 de noviembre de 1980, varios oficiales y suboficiales que participaron en el crimen lo relatan así: "Después del planeamiento por parte del Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro y un jefe de operaciones, Mayor Bejarano Bernal, se acordó que los encargados del secuestro lo esperaran al salir de su casa en la calle 37 No. 25-18. El grupo estaba al mando del Teniente Juan Vicente Caldas Trujillo y participaron: Sargento Primero a quien decían "Pacho Bobo", Sargento Urpo(sic), Mora Valbuena Francisco y un agente civil de apellido Parra, recientemente echado del ejército. Fue torturado dentro de una camioneta tipo panel similar a la que utilizaron en la embajada dominicana y asesinado por el mismo grupo cuando ya le habían extraído toda la información. Sobre este crimen podemos atestiguar en cualquier momento y sobre los métodos utilizados". El cadáver de Martínez Quiroz apareció en un despoblado del sur de Bogotá tres días después, prácticamente despedazado.

9/29/1978
El 29 de septiembre de 1978 fue encontrado en un basurero cerca al municipio de Sibaté (Cund), el cadáver torturado del abogado JOSE MANUEL MARTINEZ QUIROZ, militante del ELN. Su cara estaba destrozada, las uñas levantadas, las plantas de los pies quemadas. En los mismos días se conoció por confidencia anónima de un militar, un documento del E-2 del Ejército [ fechado el 12 de mayo de 1978, con código 0941-CEDE2-INFR-726, Confidencial, firmado por el Coronel Pedro Nel Molano Vargas, jefe del Departamento E-2] en el cual se afirma que "se conocieron sus actividades" (de otra persona) "en seguimientos efectuados a JOSE MANUEL MARTINEZ QUIROZ (A.Diego) (a. Abraham),-miembro importante del "ELN". Eval. B-1".En carta de un grupo de oficiales y suboficiales del Batallón Charry Solano, fechada el 20 de julio de 1980 y publicada en el diario mejicano El Día , del 29 de noviembre de 1980, pg. 16, revelan que : "desde que salió de la guerrilla rural fue sometido a una continua vigilancia y ubicación de los lugares donde residía esporádicamente. Todas las personas autoras de este documento conocemos ese hecho y dos de nosotros participamos directamente cumpliendo las órdenes del Coronel. Después del planeamiento por parte del Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro y un jefe de operaciones, mayor Bejarano Bernal, se acordó que los encargados del secuestro lo esperaran al salir de su casa en la calle 37 No. 25-18. El grupo estaba al mando del Teniente Juan Vicente Caldas Trujillo y participamos: Sargento Primero a quien decían "Pacho Bobo", sargento Urpo (Viceprimero) Valbuena Francisco y un agente civil de apellido Parra, recientemente echado del ejército. Fue torturado dentro de una camioneta tipo panel, similar a la que utilizaron en la embajada dominicana y asesinado por el mismo grupo, cuando ya le habían extraido toda la información. Sobre este crimen podemos atestiguar en cualquier momento y sobre los métodos utilizados”.

1/31/1979
En enero de 1979 fue capturado y desaparecido el estudiante y militante de izquierda CLAUDIO MEDINA, sin que se hubiera vuelto a tener noticia de su paradero. En la carta suscrita por un oficial y 3 suboficiales de inteligencia militar el 20 de julio de 1980, y publicada en el diario mejicano El Día , el 29 de noviembre de 1980, afirman: "El estudiante Claudio Medina, sindicado de pertenecer al Movimiento de Defensa Obrera, en el mes de enero de 1979 cuando se realizaba una operación paralela a la que se realizaba contra el M-19 fue capturado por parte del Teniente Juan Vicente Caldas Trujillo, el SV Pineda Eusebio, Co. Guzmán Mariano y el civil al servicio del Batallón, Luis Gerardo Angel, y conducido al llamado Bunker o Caverna de la Escuela de Comunicaciones, donde fue torturado hasta tal extremo que le pasaron un pico de botella por las venas hasta que lo asesinaron. El Teniente Caldas ante el incidente por causa del exceso de tortura informó al comandante del Batallón, Teniente Coronel Jaime Ruiz Barrera quien con su instinto sanguinario ordenó al Teniente Caldas a desaparecer el cadáver de Claudio Medina ofreciendo para esta actividad el vehículo Renault 6 en el cual el Coronel se movilizaba, la suma de 10.000,oo (diez mil pesos) para gastos, más la promesa de que nada les pasaría jurídicamente y esto no tendría trascendencia. El cadáver fue transportado en el Ranault-6 del Comandante del Batallón hasta Armero y lanzado al río Magdalena. Para quitar el olor a sangre que había quedado en el baúl del auto, los ejecutores del hecho se vieron en la necesidad de comprar pescado y trasportarlo hasta Bogotá, para disimular"

1/31/1979
En los primeros meses de 1979, luego del robo de armas del Cantón Norte del Ejército por el M-19, hubo operativos militares dentro de los cuales fueron capturados muchos militantes de dicho movimiento y sometidos a torturas. En carta fechada el 20 de julio de 1980 y publicada en el diario mejicano El Día , en su edición del 29 de noviembre de 1980, pg. 16, un oficial y 3 suboficiales de inteligencia militar adscritos al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, afirman: "Cuando se realizó la operación contra el M-19, en la Escuela de Caballería fue organizado un grupo especial de interrogadores con misiones de interrogar a las personas que se encontraban más comprometidas con el movimiento; entre los interrogadores se encontraban el hoy Mayor Jaime Piñeros Rubio, el ex Teniente Felkin Pinilla, el Sargento Mayor José Vicente Arango, el Sargento Primero Juan Evangelista Vera, el Sargento Viceprimero Ochoa Rafael, el Sargento Segundo Rubén Darío Guzmán y otros; este grupo era el más especial y tenían orden de operar en cualquier momento; tenían a su disposición suficientes boletas de allanamiento firmadas por el Juez 3° de Instrucción Penal Delitos(sic ), Luis Eduardo López Zuluaga ; entre los detenidos más comprometidos se encontraban la Doctora Olga López de Roldán, Augusto Lara Sánchez, Polo Lara Cabrera, un actor Mora y un sastre. El grupo de detenidos el primer día fue trasladado a las Cavernas -cuevas- de la Escuela de Comunicaciones en Faca en donde fueron mantenidos vendados permanentemente colgados a una viga y con las manos atrás ..." (siguen relatos demasiado horrendos sobre las torturas).

4/22/1979
El 22 de abril de 1979 fue retenido por un grupo misterioso el estudiante de Ingeniería de Vías HERNANDO BENÍTEZ LÓPEZ, en Tunja. Durante varias semanas estuvo desaparecido y este hecho provocó un movimiento de protesta estudiantil en Tunja que culminó en la toma de la catedral. Un día fueron llamados periodistas a la Brigada de Institutos Militares en Bogotá y allí fue presentado el desaparecido, quien afirmó que estaba en Zipaquirá "buscando a su esposa y a su hija", pero dejó la sensación en todos los periodistas de que no hablaba con libertad sino bajo amenazas. Más tarde dio un reportaje a la revista Alternativa, y allí contó que había sido retenido en Tunja y llevado a un sitio cercano a Bogotá donde fue torturado por varias semanas y se le anunció que iba a ser ejecutado. Pudo detectar que sus captores tenían brazaletes de la " Escuela de Caballería "; que se daban trato de militares; que un Teniente Urbina era el enlace con el General Miguel Vega Uribe, Comandante de la BIM. Según pudo deducir, el movimiento de protesta y las repercusiones que tuvo le salvaron la vida. Desde un momento dado, sus captores comenzaron a preparar una historia ficticia para hacerlo aparecer: lo obligaron a enviar cartas y giros a sus familiares y luego lo enviaron a la oficina de telégrafos de Zipaquirá, donde fue capturado por el DAS, llevado a la Brigada de Institutos Militares en Bogotá y obligado a dar una versión pública amañada ante la prensa. En carta publicada en el diario mejicano El Día , edición del 29 de noviembre de 1980, oficiales y suboficiales de inteligencia militar, del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, denunciaron que este crimen fue planeado y ejecutado por la organización TRIPLE A , creada dentro de dicho batallón. Allí afirman: “el secuestro de Humberto (sic) Benítez López, el estudiante de Tunja, es otro capítulo de esa cadena (...) Los que estamos aquí participamos directamente y conocemos todos los pormenores y torturas a que fue sometido. No es cierto que haya sido capturado en Zipaquirá, a él lo cogimos 20 días antes en Tunja. Esto lo podemos ampliar con todos los detalles hasta el final de la trama montada por los altos mandos".

12/31/1979
En su edición No. 191, la revista Alternativa denuncia la existencia y actividades de la TRIPLE A como estructura paramilitar y terrorista. Particularmente relata la aparición de advertencias mimeografiadas, suscritas por la ALIANZA ANTICOMUNISTA AMERICANA, o TRIPLE A, recibidas por juristas demócratas como los magistrados José María Velasco Guerrero, Gustavo Gómez Velásquez y Bernal Pinzón, que se pronunciaron en la Corte Suprema contra el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978); por abogados defensores de presos políticos, como Eduardo Umaña Luna, Alberto Alaba Montenegro y Humberto Vergara Portela; por personalidades solidarias con los pueblos de Argentina y Chile, como Luis Carlos Pérez y Apolinar Díaz Callejas, por periodistas, como el director de Alternativa, Enrique Santos Calderón. Se cita allí una frase de uno de los comunicados de la Triple A que afirma: "La opinión comunista está exasperada por las detenciones, desapariciones y hechos violentos en los cuales han estado involucrados elementos de la subversión", frase ilustrada con un facsímil de la carátula de Alternativa No. 187 en que se denuncia el asesinato de José Manuel Martínez Quiroz y algunas desapariciones y torturas.

12/31/1979
En el año 1979 (sin referencia de mes ni día) aparece publicado por el Ejército, impreso en la Litografía de la Ayudantía General del Comando del Ejército, y sus ejemplares marcados con sellos de "Restringido", el libro "INSTRUCCIONES GENERALES PARA OPERACIONES DE CONTRA-GUERRILLAS". Bajo la Sección C (Miscelánea), del Cap. IV (Entrenamiento), y bajo el No. 53 que contiene "Transcripción de Disposiciones del Comando del Ejército sobre entrenamiento y operaciones", se lee: "© (10) Organización de grupos de auto-defensa a nivel caserío y veredas con el fin de que los habitantes del área contribuyan en forma activa en la lucha" (pg. 81). Dado que la esencia del Paramilitarismo consiste en desconocer u ocultar las fronteras entre lo civil y lo militar con el fin de eludir la responsabilidad del accionar militar, es importante destacar otras "instrucciones" de este instrumento: Bajo la Sección C (Tipos de Operaciones) del Cap. V (Operaciones), y bajo el No. 63 , se lee: "© Es indispensable que uno o varios soldados de cada Unidad lleven vestidos de civil, con el objeto de poder entrar a las casas como trabajadores, visitantes, cumplir misiones especiales, siempre y cuando se haya tomado las medidas de seguridad y de coordinación entre patrullas. (d) Cuando se quiere probar la lealtad y colaboración de un poblador de la región, se envían agentes clandestinos de civil, que cumplan y simulen misiones de los bandoleros, integrantes de una cuadrilla, para luego hacer el patrullaje de rigor y preguntar sobre lo visto u oído". (pg. 113). Bajo la Sección D (Conducción de las Operaciones) del mismo Cap. V, y bajo el No. 67, c, se lee: "...El uso del uniforme o atuendo de civil, depende de la misión y conocimiento que tiene la población civil de las patrullas. Cada hombre debe saber cómo se saluda y qué debe preguntar en la casa, tener una historia ficticia preparada. Una vez obtenida la información o efectuado el reconocimiento, sale para reunirse con sus hombres, evitando ser vistos o contados (...) Como en ocasiones se requiere efectuar inteligencia y moverse en una dirección, el sistema a emplear es el de utilizar personal en traje civil con historia ficticia .." (pg. 121) . Bajo la Sección C (Acción Sicológica) del Cap. VII (Asuntos Civiles) y bajo el No. 107, se lee: "(b) Propaganda gris : Su origen no es identificado y se deja a la imaginación de la audiencia.(...) Puede utilizar temas sensacionalistas sin consecuencias negativas para la fuente, puede ser usada para introducir nuevos temas en base a vulnerabilidad supuesta (...) © Propaganda negra : Pretende emanar de una fuente diferente a la verdadera. En muchas ocasiones se difunde cerca al enemigo o dentro del territorio ocupado por él. Cuando esto sucede es considerada ilegal (desde el punto de vista del enemigo) y por consiguiente quienes la originan están sometidos a las leyes vigentes de la nación. Esta clase de actividad requiere destreza, excelente información y capacidad para trabajar anónimamente (...) Los proyectos de propaganda gris y negra que requieran los Comandantes de las Unidades Fundamentales para su área deben enviarlos al Comando del Ejército para su revisión y aprobación" (pg. 178-179)

1/7/1980
El 20 de julio de 1980, cinco integrantes del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia "Charry Solano", del Ejército Nacional, denunciaron ante el Presidente de la República, el Procurador General de la Nación, el Parlamento, la Organización de Estados Americanos y diversos organismos de Derechos Humanos, la constitución del grupo terrorista paramilitar llamado " TRIPLE A ", por parte de la Comandancia de dicho Batallón. Esta denuncia fue publicada en el diario mejicano EL DIA, del 29 de noviembre de 1980 (pg.16). En su denuncia los militares afirman que todos ellos son "funcionarios al servicio de la Inteligencia Militar desde hace varios años (...) a quienes precisamente el ejército al cual servimos por tantos años con decisión y sacrificio, haciendo cosas ilícitas, realizando delitos por órdenes superiores, que van desde el secuestro, torturas, terrorismo, hasta el asesinato para defender dizque al Estado, y hoy en día perseguidos por esos superiores que ordenaron hacer tales cosas". Entre los hechos allí denunciados están: colocar letreros murales alusivos a la Triple A, empleando una moto del batallón; colocar artefactos explosivos en la sede de la revista Alternativa y de los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria; hacer seguimientos, retener, torturar y asesinar al abogado José Manuel Martínez Quiroz, militante del ELN; secuestrar al estudiante de Tunja Hernando Benítez López; torturar y asesinar al estudiante Claudio Medina, torturar a numerosos militantes del M-19 en una caverna de la Escuela de Comunicaciones del Ejército en Facatativá. Entre quienes dirigían la estructura criminal y ordenaban perpetrar los crímenes, mencionan al Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, comandante del Batallón (1978/79); al Teniente Coronel Jaime Ruiz Barrera, comandante del Batallón (1979/80); a otro comandante (no mencionan rango) Humberto Cardona Orozco; al capitán, luego Mayor, Iván Ramírez Quintero, jefe de operaciones del Batallón; al Teniente Felkin Pinilla Reyes (+); al Cabo Primero Ernesto Rivera; al Sargento Viceprimero Heriberto Ochoa Gómez; al militar retirado Jorge Florez Suárez; al Capitán, luego Mayor, Alvaro Hurtado; al Mayor Augusto Bejarano Bernal; al Sargento Viceprimero Héctor Evelio Guisoly; al Teniente Mario Montoya Uribe; al Capitán Luis Horacio Urquijo Arroyo; al Teniente Juan Vicente Caldas Trujillo; a un Sargento Primero apodado "Pacho Bobo"; al Sargento Francisco Mora Valbuena; a un agente civil de apellido Parra; al Capitán Eusebio Pineda; al Capitán Mariano Guzmán; a los civiles Luis Gerardo Angel Tovar, Manuel Ignacio Ardila y Jorge E. Padilla (todos al servicio del Batallón); al Mayor Jaime Piñeros Rubio; al Sargento Mayor José Vicente Arango; al Sargento Primero Juan Evangelista Vera; al Sargento Viceprimero Rafael Ochoa; al Sargento Segundo Rubén Darío Guzmán. Mencionan como colaborador especial que daba apariencia legal a estos crímenes al Juez 3 de Instrucción Criminal, Luis Eduardo López Zuluaga. También menciona la denuncia la interceptación de los teléfonos de las embajadas socialistas y el seguimiento permanente a sus funcionarios, para lo cual contaban con la colaboración del ingeniero de la Empresa de Teléfonos llamado Gabriel, a quien sobornaban mensualmente con un pago de $ 5.000,oo. Varios de los oficiales mencionados en la denuncia ascendieron posteriormente a los más altos rangos de las fuerzas armadas y les fueron encomendadas las más altas responsabilidades castrenses. No se tiene noticia de que los destinatarios de las denuncia (Presidente, Procurador, Parlamento) hubiesen ordenado investigación alguna, ni que los poderes judiciales o disciplinarios hubiesen ejercido sus obligaciones ante una denuncia conocida internacionalmente.

11/20/1984
El 20 de noviembre de 1984 fue asesinado en Bogotá, en la carrera 13 con calle 34, el militante del Partido Comunista Marxista Leninista y negociador de Paz en representación del EPL frente al gobierno, OSCAR WILLIAM CALVO. De acuerdo a las declaraciones rendidas por el Suboficial de Inteligencia Militar Bernardo Alfonso Garzón en la Procuraduría General de la Nación los días 22 y 23 de enero de 1991, este crimen fue planeado y ejecutado por el BINCI. Desde que se iniciaron las conversaciones de paz, el Coronel Iván Ramírez Quintero, Comandante del BINCI, dio la orden al Capitán Camilo Pulecio y al Teniente Carlos Armando Mejía Lobo, al mando de la Compañía de Operaciones Especiales, de controlarlo 24 horas al día; para el efecto les asignó un jeep Nissan azul carpado y les prometió como recompensa enviarlos 3 meses a Estados Unidos a un curso, o al Sinaí. La noche del crimen el Teniente Mejía Lobo junto con el civil Carlos Rodríguez, alias "El Ciego" y grado D-3, lo siguieron en una moto Yamaha 500 y le dispararon, mientras el Sargento Garavito conducía el Nissan azul.

6/30/1987
En junio de 1987 fue allanada la casa ubicada en la calle 53 B No. 31-34 Sur y retenidas 6 personas: Víctor Manuel Nieto Campos, Bertel Prieto Carvajal, Francisco Luis Tobón, Blanca Emilia Mahecha Marín, Rosalba Hurtado Ospina y María Yaneth Muñoz. Fueron llevados a las cárceles Modelo y Buen Pastor. Los 3 hombres fueron dejados en libertad un mes después y al salir de la cárcel fueron secuestrados y asesinados. De acuerdo a las declaraciones rendidas por el Suboficial de Inteligencia Bernardo Alfonso Garzón Garzón en la Procuraduría General de la Nación los días 22 y 23 de enero de 1991, este crimen fue planeado y ejecutado por efectivos de la BRIGADA XX. Su Comandante, el Coronel Alvaro Hernán Velandia Hurtado dio la orden al Capitán Sánchez, Comandante de la Compañía de Operaciones Especiales. Estos establecieron cuándo iban a salir de la cárcel, los esperaron a la salida, los bajaron del jeep Zuzuki LJ80 que ellos abordaron y los trasladaron a un Nissan azul, placas AM4350, y a un Zuzuki gris, placas SJ410; los condujeron a la Brigada XX y en la noche los llevaron por la vía hacia Villavicencio donde los mataron y dejaron sus cuerpos en la vía.

8/30/1987
El 30 de agosto de 1987 fue capturada y desaparecida la activista política NYDIA ERIKA BAUTISTA DE ARELLANO. De acuerdo a las declaraciones e informaciones suministradas por el Suboficial de Inteligencia Bernardo Alfonso Garzón, ante la Procuraduría General de la Nación el 22 y 23 de enero de 1991, el crimen fue ordenado y ejecutado por miembros de la Brigada XX de Inteligencia del Ejército, bajo la Comandancia del Coronel Alvaro Hernán Velandia Hurtado y con la participación del Sargento Ortega Araque quien era el conductor. Fue utilizado para el crimen un jeep Zuzuki SJ410 color gris. La víctima fue llevada a una finca durante dos días donde fue interrogada y torturada y luego asesinada y sepultada en la zona de Quebradablanca, en la vía de Bogotá hacia Villavicencio. Las indicaciones precisas sobre el sitio donde había sido sepultada, permitió el hallazgo de sus restos, que fueron reconocidos técnicamente, y dio credibilidad a las informaciones suministradas por el Suboficial.

9/30/1987
En septiembre de 1987 LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ, alias Avelino, presunto militante de las FARC, fue capturado en una residencia del barrio Prado Veraniego, en Bogotá, y desaparecido. De acuerdo a las declaraciones rendidas en la Procuraduría General de la Nación el 22 y 23 de enero de 1991 por el Suboficial de Inteligencia Militar Bernardo Alfonso Garzón, el crimen fue planeado y ejecutado por efectivos de la Brigada XX bajo el mando del Coronel ALVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO. La víctima fue llevada a una finca donde fue interrogado y torturado durante 3 días y luego asesinado y sepultado en el sitio Quebradablanca, en la vía de Bogotá a Villavicencio.

12/11/1987
El 12 de noviembre de 1987, el Comandante General de las Fuerzas Militares, Mayor General Oscar Botero Restrepo, aprobó y firmó el REGLAMENTO DE COMBATE DE CONTRAGUERRILLAS, identificado por el código EJC-3-10 “Restringido”, mediante la Resolución 036 de 1987, suscrita también por el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, Ayudante General. Bajo el No. 17, define la Guerra de Contrainsurgencia así: "La Guerra de contrainsurgencia, llamada también contra-revolucionaria o anti-subversiva, es aquella que lleva a cabo el gobierno apoyado por una gran porción de la población civil de un país, empleando acciones de tipo político, económico, psicológico, sociológico, militar y paramilitar contra las fuerzas insurgentes para prevenir o eliminar el proceso revolucionario y garantizar que no vuelva a presentarse" (pg. 26). En el Cap. VII, al referirse a la organización y distribución de fuerzas en combate, bajo el No. 83,b,2, se lee: "Los principales apoyos de combate en contraguerrilla son los siguientes: Artillería, Ingenieros, Inteligencia, Grupos de Guerra Sicológica, Transmisiones, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Nacional y Juntas de Autodefensa " (pg. 160). En el Cap. X, dedicado a la acción sobre la población civil, bajo el No. 183 se lee:"OBJETIVOS DE LAS OPERACIONES DE ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION CIVIL- (a) Organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate" (pg.322).

4/11/1988
El 4 de noviembre de 1988, a las 8.30 p.m.., los jóvenes campesinos Antonino Ortega y Luis Rodríguez fueron retenidos por 30 soldados del Ejército con la colaboración activa de 4 civiles paramilitares, e introducidos violentamente a la hacienda "Riverandia", propiedad de la familia de un parlamentario del lugar. Allí fueron torturados durante varias horas, mientras les hacían preguntas sobre los sindicalistas de Sintraindupalma. En la finca, fuera de los soldados que tenían allí un campamento, estaban dos policías en trajes civiles, los miembros de la familia Rivera: Augusto, Orlando, Alvaro , Carlos Alirio y Luis Rodolfo Rivera, además de los civiles Helí Ayala, Gonzalo Tavares, Amador Pinto, Dinael Páez, Rafael Ramírez, Jaime Ardila, Jesús Ayala y otras dos personas de apellidos Rois y Zambrano, además de una médica que trabajaba con Adolfo Rivera. A media noche fueron sacados de la hacienda en la camioneta Ford, placas GY 1390 de propiedad de la familia Rivera, y subieron a la camioneta clavos de 6 pulgadas y 3 astillones de madera de dos metros de largo, según dijeron, "para crucificarlos". Al atravesar el pueblo rumbo a Aguachica, los retenidos comenzaron a hacer intentos por desatarse y se levantaron para lanzarse de la camioneta; en ese momento la camioneta se estrelló. Los victimarios dispararon y asesinaron a Antonino mientras Luis logró lanzarse por un puente y huir. Los victimarios al ver que la gente salía de las casas, le pasaron la camioneta por encima al cadáver de Antonino y huyeron. Estos hechos fueron denunciados ante la Procuraduría General de la Nación y ante la Dirección Nacional de Instrucción Criminal el 31 de agosto de 1.989, sin que se hubiera hecho nada para investigar y sancionar a los victimarios, quienes posteriormente perpetrarían otros crímenes en la misma hacienda.

6/18/1988
El 18 de junio fue retenido y desaparecido en el barrio Villa Luz, de Bogotá, el activista del M-19 JOSE CUESTA. El 24 del mismo mes reaparece y se difunde la información de que había sido secuestrado por el grupo Paramilitar MAS ("Muerte a Secuestradores"). De acuerdo a las declaraciones rendidas por el Suboficial de Inteligencia Militar Bernardo Alfonso Garzón Garzón, en la Procuraduría General de la Nación, los días 22 y 23 de enero de 1991, este crimen fue planeado y ejecutado por la BRIGADA XX. El mismo Sargento Garzón declara haber infiltrado al M-19 por orden de Inteligencia Militar y haber conocido allí, de manera muy cercana, a José Cuesta, pero al ser descubierto como agente infiltrado, temió que Cuesta u otros militantes insurgentes lo buscaran para ejecutarlo. Según Garzón, el Coronel Iván Ramírez dio la orden de buscar y matar a Cuesta, pero en 2 años no fue fácil encontrarlo. En junio/88 logran retenerlo y el nuevo Comandante de la Brigada, Coronel Gonzalo Gil Rojas, le consulta al Coronel Iván Ramírez, ahora Jefe de Inteligencia del Ejército, y éste le dice que debe ser llevado a una finca, interrogado y ejecutado. Sin embargo, los desórdenes que esa desaparición provocó en la Universidad Nacional y la advertencia del M-19 de que suspendería las negociaciones para la liberación del político conservador Alvaro Gómez Hurtado, si Cuesta no aparecía, obligó a cambiar de planes. El Comandante del Ejército, General Oscar Botero, y el Coronel Iván Ramírez, Director de Inteligencia, deciden que sea liberado pero con ciertas "precauciones": obligan a Cuesta a dar "declaraciones" filmadas, en las cuales critica fuertemente al M-19 y se declara "agente de inteligencia". Le advierten que si denuncia lo que le ha pasado, la filmación se hará pública, y que debe atribuir el hecho a efectivos del "MAS". El vehículo Renault 4 rojo, placa AC0281 y la camioneta de interrogatorios placa PS0442, así como las armas MPS con silenciador que aparecieron en medios de prensa en manos de los falsos "encapuchados del MAS que custodiaban a Cuesta", permanecieron largo tiempo en la Brigada sin que la justicia hubiera querido comprobarlo. Dado que Garzón temía por su vida, pues lo habían obligado a carearse con Cuesta a cara descubierta, le prometieron enviarlo a Estados Unidos, promesa que el Ejército incumplió.

8/4/1988
El 8 de abril de 1988 fueron retenidos en la noche GUILLERMO MARÍN, activista del M-19, y ANTONIO HERNÁNDEZ NIÑO, miembro de la coordinación de comunidades cristianas de base y trabajador de la revista Solidaridad. Ambos participaron en una reunión en el centro de Bogotá y se despidieron, siendo capturados en diversos sitios. De acuerdo a las declaraciones rendidas por el suboficial Bernardo Alfonso Garzón el 22 y 23 de enero de 1991 en la Procuraduría General de la Nación, este crimen fue planeado y ejecutado por miembros de la BRIGADA XX del Ejército. El mismo Garzón había recibido la misión de infiltrar al M-19 y trabajó bajo la coordinación de Guillermo Marín, pero al ser descubierto como agente de inteligencia infiltrado, temió que Marín y otros líderes lo buscaran para ejecutarlo, por eso colaboró en su ubicación y desaparición. Las víctimas fueron llevadas a la Brigada XX (antiguo BINCI) y el 10 de abril a las 6 p.m. el Coronel Iván Ramírez Quintero ordenó al Capitán Camilo Pulecio y al Teniente Mejía Lobo que "esa noche debían despedir a los pacientes (matar) y botarlos en partes diferentes. Es así como el Capitál Pulecio lleva en un Nissan al señor Hernández Niño y lo matan en la antigua Autopista Norte; el Teniente Mejía Lobo en otro Nissan junto con el Cabo Primero Gasca y el Sargento Bermúdez llevan al Batallón dos costales de empacar arroz y sacan de la camioneta al señor Marín, lo meten en los costales y se dirigen al Parque La Florida, allí lo bajan y una vez en el suelo proceden a dispararle y creyéndolo muerto se alejan hacia el Batallón (...) Como el señor Marín sobrevivió y efectuó las denuncias, el Coronel Ramírez me mandó en comisión para la III Brigada al B-2. La camioneta la reformaron como para pasajeros(...) El Coronel Ramírez ordenó buscar nuevamente al Señor Marín para cogerlo y matarlo, pero este señor se asiló en la embajada de Francia y salió del país". (Manuscrito entregado por Garzón a la Procuraduría).

1/11/1989
El 1° de noviembre de 1989 la Dirección de Inteligencia de la Policía -DIJIN- capturó en un apartamento de Bogotá al Teniente retirado del Ejército LUIS ANTONIO MENESES BAEZ, hallando en su poder armas y propaganda de grupos paramilitares. En el Informe de Interrogatorio en que la DIJIN consigna su testimonio, hay confesiones muy reveladoras sobre la estructura nacional del paramilitarismo. Afirma Meneses Báez que los comandantes de la Brigada XIV y del Batallón Bárbula lo vincularon a las "Autodefensas de Puerto Boyacá" en 1981, siendo oficial del Ejército y expresa que "Las autodefensas campesinas ... Son una política del gobierno para la lucha antisubversiva" (pg. 4). Dice que posteriormente la II Brigada, con sede en Barranquilla, le encomendó la creación de otras "autodefensas" en el sur de Bolívar y que el B-2 de la Brigada hacía de puente entre las "autodefensas" y las jerarquías militares. Las armas, según él, las proporcionaba Indumil (pg. 5-6). Más adelante afirma que en 1987, cuando las "Autodefensas" vieron la necesidad de integrarse a nivel nacional, "la inteligencia militar encabezada por el Batallón Charry Solano, aglutinó los movimientos de autodefensa campesina bajo su control y para ello se organizó una reunión con los líderes regionales en las instalaciones del Charry, donde surgió una Junta Nacional de Autodefensa, compuesta por líderes de aproximadamente 8 regionales, cuya función era promover el sistema de Autodefensas y coordinar con el Ejército operaciones de inteligencia" (pg.7). Habla allí de 3 reuniones nacionales: una en el Batallón Charry Solano en 1986; otra en Santander en 1987; otra en septiembre de 1989 en el área rural del Caquetá (pg. 10-11). La organización posee un jefe militar, quien "coordina las operaciones mixtas de tipo militar con las Fuerzas Armadas" (pg. 11). Enumera 22 frentes de "Autodefensas", los que coinciden con reconocidos focos de paramilitarismo en el país (pg. 15-17). En cada frente, el "comandante o Encargado Militar" ... "coordina con la Junta de Autodefensas y las Fuerzas Armadas las operaciones y actividades a llevar a cabo" (pg. 18). Respecto al patrullaje afirma que "normalmente es mixto (Fuerzas Armadas- Autodefensas), con base en técnicas impartidas por el Ejército ...cuando es solitario, se informa de los movimientos a las unidades militares o de Policía que se pueden enterar de su actividad" (pg. 22) Meneses Báez deja constancia, en su confesión, de un cierto viraje que se produce en las relaciones entre fuerzas armadas y "autodefensas" en 1989: "Hasta comienzos de 1989 los contactos se hacían con el Estado Mayor del Ejército y actualmente se utilizan intermediarios ..." (pg. 24).

4/25/1989
El 25 de abril de 1989 fueron capturados por personal del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, actuando fuera de la ley "a la manera paramilitar", los activistas Carlos Uribe y Amparo Tordecilla, militantes de organizaciones políticas de izquierda. De acuerdo a declaraciones hechas ante la Procuraduría los días 22 y 23 de enero de 1991 por el Sargento Viceprimero Bernardo Alfonso Garzón, quien trabajó 20 años en dicha institución, la orden la dio el Capitán Mario Rodríguez, y participaron en el crimen el Cabo Wilson Doneys, un Sargento Marín y el civil Orlando Cabrera. Al suboficial Garzón le habían encargado conseguir un lugar privado para interrogarlos y torturarlos antes de matarlos, y él consiguió una casa-finca de sus padres en el municipio de Soacha. Carlos Uribe logró escapar mientas estaba amarrado y denunció los hechos ante la Policía de Soacha, la cual logró identificar y retener el vehículo Renault 4 en el que fueron perpetrados los hechos. Hubo entonces acuerdos a alto nivel entre la Comandancia de la Policía y la Comandancia del Batallón Charry Solano para que el suboficial asumiera la responsabilidad personalmente y no manchara la imagen de la institución, prometiéndole ayuda económica para él y sus padres, y ayuda jurídica para el proceso que se abrió en el Juzgado 22 de Instrucción Criminal.

4/4/1990
El 4 de abril de 1990 el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- elaboró un informe de interrogatorio con las confesiones hechas por el paramilitar ROGELIO DE JESÚS ESCOBAR MEJIA, quien permaneció 16 meses en la organización paramilitar de FIDEL CASTAÑO GIL y sus hermanos. Allí narra con abundantes detalles muchos de los crímenes en que participó o de los cuales se enteró por sus compañeros. Entre sus afirmaciones, se refiere a un sujeto de nombre "FERNANDO" (no sabe el apellido) quien coordina las labores de inteligencia y desplazamientos de los grupos de sicarios y tiene una oficina en Montería que aparenta como de venta y alquiler de video-cassettes y es quien hace de enlace con oficiales del Ejército y la Policía (pg. 9 10). Afirma también que el puesto de policía de Valencia (Córdoba) tiene a su disposición una frecuencia para comunicarse con la organización de Fidel castaño, avisando oportunamente de la presencia de sospechosos o de la realización de operativos. (pg. 33).

4/5/1990
El 4 de mayo de 1990 los medios de información registraron el allanamiento practicado por personal de la Policía en las oficinas de la firma “Inversiones Agropecuarias y Mineras Budapest", en Medellín, luego de lo cual aparecieron 7 personas muertas, entre ellas el propietario de la firma y 7 empleados. La versión oficial acusaba al propietario de ser jefe de finanzas del Cartel de Medellín y afirmaba que las víctimas había disparado contra la fuerza pública. Algunos medios de prensa dejaron constancia de que las armas que aparecieron en los cadáveres de las víctimas nunca habían sido disparadas. La declaración rendida por el Teniente de la Policía Néstor Eduardo Porras Montero el 22 de noviembre de 1990 ante el Juez Segundo de Instrucción Criminal de Bogotá atribuía esta masacre al comportamiento criminal habitual del Comando de Operaciones Especiales -COPES- de la DIJIN en Medellín. El Teniente Porras actuaba entonces como comandante de la séptima compañía del Cuerpo Elite, a la cual se le asignó la tarea de acordonar la zona. En medio del operativo subió al cuarto piso del edificio donde funcionaba la firma Budapest y constató que los de la DIJIN habían asesinado a todo el personal que se encontraba allí y que luego colocaron armas en sus manos. A uno de ellos, muy joven, le colocaron en su mano una granada sin quitarle siquiera la cinta de protección, y a otro le colocaron la escopeta que portaba el Capitán Julio Santoyo Velasco. Los del Cuerpo Elite se negaron entonces a firmar el acta de allanamiento, pero finalmente fue firmada por el Capitán Javier Ñanes Erazo, el cual fue "premiado" trasladándolo enseguida a la DIJIN. El Teniente Porras Montero, en su declaración, afirma que en las reuniones que tenían los miembros del Cuerpo Elite con el personal de la DIJIN, presididas por los Coroneles HUGO MARTÍNEZ POVEDA, LINO PINZÓN NARANJO y MARCOS GANTIVA ARIAS, siempre les decían que la orden que tenían era no capturar sino matar y que por esas acciones se les premiaría y si surgía algún problema de tipo penal, se les solucionaría.

5/24/1990
El 24 de mayo de 1990 los medios de información registraron la explosión de un carro-bomba en inmediaciones del Hotel Intercontinental de Medellín, hecho en cual perecieron 3 miembros de la Policía. En los días posteriores se produjeron en la ciudad numerosos hechos de violencia que causaron muchas víctimas y que eran registrados como realizados por autores desconocidos. La declaración rendida por el Teniente Néstor Eduardo Porras Montero el 22 de noviembre de 1990 ante el Juez Segundo de Instrucción Criminal de Bogotá, señala a la DIJIN como autor institucional de toda esa violencia, cuyos miembros actuaban al más perfecto estilo de bandas delincuenciales comunes, amparados en su investidura para no ser perseguidos. El Teniente Porras Montero asegura en su declaración juramentada que el Coronel OSCAR PELÁEZ CARMONA envió desde Bogotá un refuerzo de personal que en tres días produjo cerca de ciento cincuenta muertos. En conversaciones con los Tenientes José Nelson Abril Cadena y Alvaro Bahamón Vega, quienes formaban parte de dicho contingente de refuerzo y habían sido sus compañeros de curso, el Teniente Porras pudo comprobar que la DIJIN estaba detrás de todos esos asesinatos, muy numerosos en las comunas populares de Medellín y en tabernas, y que incluso colocaron una bomba en un edificio y otra en las instalaciones de Colmundo Radio. Al comentar, en un almuerzo, cómo habían colocado esta última bomba, añadían que eso era insignificante en comparación de lo que habían hecho con "La Ramada". En efecto, durante esas semanas aparecieron muchas personas asesinadas que eran registradas por los medios como "miembros de la banda La Ramada". Una sigla detrás de la cual se encubrieron numerosos de estos crímenes fue la de un supuesto grupo llamado "AMOR POR MEDELLÍN". En su declaración el Teniente Porras narra cómo vio salir una noche a miembros de la DIJIN vestidos de campesinos en varios camperos marca Toyota, y esa misma noche resultó incendiada una finca cerca del barrio El Poblado, con una colección de carros. Al día siguiente el Capitán Carlos Vera López le confirmó al Teniente Porras que habían sido ellos los autores del incendio y le expresó que "A veces había que hacer cosas ilegales; que así era la Policía".

11/22/1990
El 22 de noviembre de 1990 el Teniente de la Policía Nacional, Néstor Eduardo Porras Montero, hizo graves revelaciones al declarar bajo juramento ante el Juez Segundo de Instrucción Criminal de Bogotá. Uno de los objetivos fundamentales y de los rasgos característicos del paramilitarismo es facilitar la comisión de crímenes y la utilización de medios violentos vedados en las leyes, mediante el sometimiento de las víctimas a formas de control o represión aparentemente legales, como allanamientos y capturas, para darle cobertura a los actos criminales que luego se niegan, se disfrazan o se justifican mediante la elaboración de versiones falsas. En esta modalidad de paramilitarismo no son los civiles los que actúan como auxiliares, o bajo la apariencia de, o con la protección de la fuerza pública, sino que es la misma fuerza pública la que actúa al mejor estilo de bandas delincuenciales fuera de la ley, en actos incompatibles con el servicio pero utilizando la investidura como cobertura. Esto es justamente lo que revelan las declaraciones del Teniente Néstor Eduardo Porras Montero. Allí denuncia el comportamiento habitual del Comando de Operaciones Especiales -COPES- de la DIJIN- POLICIA NACIONAL en la ciudad de Medellín, que actuaba con apoyo institucional nacional. Entre los meses de enero y mayo de 1990, el Teniente Porras era Comandante de la séptima compañía del Cuerpo Elite de la Policía, pero sus superiores locales le asignaron siempre misiones subsidiarias al COPES, como acordonamiento de la zona donde iba a actuar el Copes o firma de actas de allanamientos que practicaba el Copes. Desde esa posición él pudo constatar que los miembros del COPES torturaban, robaban, saqueaban oficinas y residencias, masacraban y vestían a sus víctimas con prendas de combatientes y les ponían en sus manos armas y explosivos. También registró el rumor fundado de que la labor de persecución contra el Cartel de Medellín que el Copes dirigía, y contra su líder Pablo Escobar, estaba promovida y estimulada financieramente por el Cartel de Cali. En junio de 1990 el Teniente Porras fue trasladado a Bogotá, pero antes fue advertido por el Teniente Carlos Alberto Garzón López de que los de la DIJIN estaban resentidos con él porque no había querido colaborarles y que posiblemente lo iban a matar. A los pocos días el Teniente Garzón fue asesinado y al Teniente Porras lo visitaron en su casa, le introdujeron unos radios y unas ametralladoras y le iniciaron por ello un proceso judicial. Según el testigo, el COPES estaba conformado únicamente por oficiales de la Policía, entre los cuales señala como responsables de las numerosas acciones criminales perpetradas en Medellín entre enero y mayo de 1990 al Coronel OSCAR PELÁEZ CARMONA, a quien señala como autor intelectual de todo eso; al Coronel HUGO MARTÍNEZ POVEDA, jefe del COPES; al Coronel LINO PINZÓN NARANJO; al Coronel MARCOS GANTIVA ARIAS; al Mayor AGUILAR NARANJO; al Mayor MIGUEL TOSCANO MOVIL; al Mayor GREGORIO GONZALEZ GONZALEZ; al Capitán JULIO SANTOYO VELASCO; al Capitán RICARDO RESTREPO LONDOÑO; al Capitán CARLOS VERA LÓPEZ; al Teniente HARID WALTEROS RODRÍGUEZ; al teniente JOSE NELSON ABRIL CADENA; al Teniente ALVARO BAHAMÓN VEGA; al Teniente JAVIER MARTINEZ ROBAYO; a un Subteniente ORTIZ y a otros cuyos nombres no recuerda.

1/23/1991
Los días 22 y 23 de enero de 1991 rindió declaración ante la Procuraduría General de la Nación el Sargento Viceprimero BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN, quien prestó servicios en inteligencia militar durante 20 años, estando adscrito al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia "Charry Solano" y luego a la XX Brigada del Ejército, o Brigada de Inteligencia. Estuvo allí desde 1978 hasta el 29 de noviembre de 1991 cuando decidió retirarse, la mayor parte del tiempo en Bogotá, con períodos en Bucaramanga (1983) y en Huila (1984-85). Entre las tareas que le encomendaron estuvo la de infiltrar al Movimiento 19 de Abril (M-19) logrando integrarse como militante de una estructura, a cuyos presuntos jefes ayudó a capturar con miras a desaparecerlos y asesinarlos. Otra tarea consistió en buscar una finca privada para mantener secretamente allí a algunas personas que iban a ser asesinadas. El consiguió la finca de sus padres en Soacha, pero uno de los retenidos logró escaparse y denunciar todo, poniendo en problemas judiciales a sus padres y a él mismo. La situación de alto riesgos en que se vio al ser descubierto en muchas de estas tareas no obtuvo un tratamiento comprensivo de parte de sus jefes militares, quienes le prometieron sacarlo del país y solucionarle sus problemas económicos pero no le cumplieron. Esto lo llevó a denunciar los hechos ante la Procuraduría y pedir protección, la cual tampoco logró, viéndose involucrado en procesos penales y encarcelado por varios años. En su cadena de denuncias deja claro que el Batallón Charry Solano, que a finales de los años 70 había conformado la estructura paramilitar TRIPLE A, había continuado en la realización de prácticas DE NATURALEZA PARAMILITAR, es decir, con procedimientos no solo por fuera de los legales sino ilegales y criminales, utilizando personal civil camuflado, carros sin placas o con placas intercambiables, casas o fincas privadas, para perpetrar asesinatos, desapariciones, capturas ilegales y torturas. El suboficial Garzón, tanto en su declaración como en informes adicionales, escritos de su propio puño y letra que entregó a la Procuraduría, manifiesta: "Como trabajé en esa Unidad sé que se puede fabricar toda clase de pruebas, ardides o lo que se quiera en contra de una persona, a fin de hacer aparecer lo que ellos quieran". Afirma que le consta que el Coronel Alvaro Velandia Hurtado, [Comandante del BINCI en 1985/86 y de la Brigada XX en 1987) les insistía en apoyar al " MAS " [grupo paramilitar) y él mismo decía tener estrechas relaciones con ellos. Se había traído de Puerto Boyacá al ex soldado JOSE CLEMENTE MENÉNDEZ LÓPEZ, integrante del MAS, quien era el que mataba a los que otros capturaban. Fue hombre de confianza del CAPITAN ARMANDO MEJÍA LOBO, jefe de la COMPAÑÍA DE OPERACIONES ESPACIALES en el BINCI. También afirma que le consta que hay muchos militares activos en el MAS, fuera del ex Capitán TARAZONA, quien estuvo antes varios años en el BINCI, y un ex Coronel Correa, que fue del Estado Mayor de las Autodefensas del Magdalena Medio (otra estructura paramilitar). El General NIEBLES, Comandante de la XIII Brigada, da su apoyo a las “Autodefensas” a través de un Señor Pedro Cifuentes, quien hace también de enlace entre las Autodefensas y varios hermanos militares de apellidos Hernández Hernández (un Coronel, un Mayor y un Teniente) que son de Dorada, Caldas. También le consta que en Cali existe una organización paramilitar integrada por oficiales de la Reserva a quienes él conoce personalmente. Con algunos de ellos tuvo un altercado para que no mataran a Fabio Monge Benavides, sindicado de ser del M-19. Afirma que la organización en Cali se llama ABC (Asociación Banda Ciudadana) y su jefe es GONZALO MEJÍA, quien permanece en el B-2. Este personaje se encarga de enviar a fincas privadas para interrogarlos, asesinarlos y arrojarlos al río Cauca, a muchos de los que son capturados por agentes del B-2. Conoció personalmente 9 casos de estos. En su denuncia hace referencia más concreta a 8 hechos criminales que fueron planeados y ejecutados por personal del BINCI o de la BRIGADA XX, en los cuales participó al menos con tareas de inteligencia o estuvo al tanto: el secuestro y asesinato de CARLOS URIBE y AMPARO TORDECILLA (el primero escapado con vida) (25.04.87); la desaparición de NYDIA ERIKA BAUTISTA (30.08.87); el secuestro y asesinato de ANTONIO HERNANDEZ NIÑO y de GUILLERMO MARÍN (este último frustrado) (10.04.86); la desaparición de LUIS ENRIQUE PRIETO (sept./87); el asesinato de VICTOR MANUEL NIETO, BERTEL PRIETO y FRANCISCO LUIS TOBÓN (jul./87); el asesinato de OSCAR WILLIAM CALVO y otras personas acompañantes (20.11.84); el secuestro de JOSE DEL CARMEN CUESTA (18.06.88).

4/30/1991
En abril de 1991, el General Luis Eduardo Roca Maichel, Comandante General de las Fuerzas Militares, sancionó la Directiva No. 200-05/91 para las Fuerzas Armadas, mediante la cual establecía y organizaba REDES DE INTELIGENCIA. En su numeral (1) se reconoce que en ello se siguen "recomendaciones que hizo la comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos". El numeral (7) se refiere a la Armada Nacional, dentro de la cual establece 4 redes de inteligencia portuarias, con tres oficiales, 5 suboficiales y 25 agentes de inteligencia. En su literal C.1.a. exige que todo su accionar (estudio, selección, instrucción, entrenamiento, ubicación y organización) sea " en forma cubierta ". El literal C.1.b. pide que los cuadros de la red se integren con civiles o militares en situación de retiro (al modo paramilitar), con contactos clandestinos (C.i.) y pagos clandestinos (C.2.b.) Los agentes deben tener una "fachada" e " historia ficticia " (3.b). Los informantes no deben estar comprometidos laboralmente con el Ministerio de Defensa (4.k). La Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional, siguiendo todos estas directrices, pudo perpetrar 68 crímenes de lesa humanidad, asesinando a integrantes de movimientos populares o de oposición política, a defensores de derechos humanos y a periodistas incómodos.

9/15/1993
El asesinato del médico Edgar José Sánchez Duarte, perpetrado en Valledupar, Cesar, el 15 de septiembre de 1993, fue ocasión para que se conociera esta estructura paramilitar. Por dicho crimen fue detenido y procesado el conductor José Antonio Pimienta Meriño. Este civil que había prestado servicio militar trabajaba a órdenes del Mayor del Ejército JAIME ESGUERRA SANTOS, quien ese día le había ordenado ponerse al servicio del soldado profesional CARLOS ALBERTO PÉREZ PAYARES, quien fue el asesino del médico. En entrevista grabada en la penitenciaría La Picota, de Bogotá, el 4 de mayo de 1995, publicada parcialmente en el semanario Voz, en su edición del 21 de junio de 1995 (pg. 16), el conductor Pimienta afirma que el Mayor Jaime Esguerra fue segundo comandante del Batallón La Popa y dirigía el grupo UNASE, desde el cual apoyaba al grupo paramilitar que operaba al sur del Cesar. Al Mayor Esguerra le colaboraban estrechamente el Sargento JESUS MAHECHA MAHECHA, de la Policía Nacional, el Cabo Primero JULIO CESAR ARTURO HURTADO y el Fiscal Regional de Valledupar ARMANDO ARAUJO BAUTE. Todos ellos colaboraban con el grupo paramilitar del sur del Cesar y tenían en su haber muchos crímenes. Según el testigo, en el Batallón La Popa el Mayor Esguerra y el Sargento Mahecha entrenaban a paramilitares. El grupo UNASE utilizaba brazaletes de las FARC y del ELN para investigar secuestros. Si encontraban a alguien que tuviera alguna información, le inventaban un proceso penal; si no, lo torturaban y lo mataban. El Fiscal Araújo Baute legalizaba los allanamientos que hacía el UNASE a condición de que todo saliera bien; si no, mataban a las personas y el crimen aparecía perpetrado por anónimos. El testigo recibió una llamada en la cárcel que lo conminaba a retractarse de todo lo que había declarado en la Fiscalía contra el Mayor Esguerra, contra el Sargento Mahecha, contra el Cabo Primero Julio César Arturo, contra el soldado profesional Carlos Alberto Pérez Payares y contra el Fiscal Regional Armando Araújo Baute; por este motivo tuvo que ser trasladado.

4/1/1994
El 4 de enero de 1994 el diario La Prensa, de Bogotá, publicó textualmente las confesiones hechas, en sendas cartas al Fiscal General de la Nación, de CARLOS DAVID LÓPEZ MAQUILLÓN y SAULO SEGURA PALACIO, miembros de la Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional. El primero, Suboficial de la Armada, actuaba como Jefe Administrativo de dicha Red en Sincelejo y el segundo era miembro retirado de la misma y había sido contratado como agente de inteligencia de la Red 07 primero en Barrancabermeja y luego enviado a Bahía Solano, Chocó. Recibían órdenes del Coronel de Infantería de Marina RODRIGO QUIÑONES CÁRDENAS y del Capitán JUAN CARLOS ALVAREZ, jefe de la Red 07. Las confesiones que contienen informaciones muy precisas muestran cómo dichas redes, y en particular la 07, funcionaban como estructuras criminales para perpetrar asesinatos, masacres, desapariciones, atentados y amenazas de integrantes de organizaciones populares o de grupos de oposición política, así como de defensores de derechos humanos y de periodistas incómodos. En las extensas confesiones relatan 25 crímenes, muchos de ellos colectivos, que afectaron a 50 víctimas de asesinato y a 11 de atentados. Suministran los nombres de 11 sicarios civiles que trabajaban al servicio de la Red, así como de los oficiales y suboficiales de la Armada que la dirigían, y del Batallón Nueva Granada, del Ejército, que se coordinaba con ellos. La mayoría de los hechos denunciados ocurrieron en Barrancabermeja (Sder.) o sus alrededores durante el año 1992. En la sentencia penal del 24 de febrero de 1998 (Rad. 1953) de la Justicia Regional de Cúcuta, se afirma que "la judicatura tendrá como ciertos los hechos denunciados por Segura Palacios y López Maquillón ...". Ambos se retractaron ante el Consulado de Colombia en Panamá, el 1° de julio de 1994, pero ya se habían recaudado otras muchas pruebas que corroboraban su primera versión, por eso su retractación no fue aceptada. Saulo Segura fue asesinado en la Cárcel Modelo de Bogotá el 30 de diciembre de 1995 y Carlos David López desapareció.

8/7/1994
El 8 de julio de 1994, luego de varias confesiones hechas por victimarios, la Fiscalía General de la Nación acumuló las investigaciones relacionadas con varias decenas de crímenes perpetrados en Barrancabermeja y sus alrededores en 1992 y enfocó sus investigaciones hacia los integrantes de la Red de Inteligencia 07 de la Armada Nacional, dirigida por oficiales y suboficiales de la Infantería de Marina, con el apoyo de miembros del Batallón Nueva Granada, del Ejército Nacional, con sede en Barrancabermeja. Fueron recibidas al menos 4 confesiones que corroboraron los hechos así como practicadas muchas otras pruebas. Sin embargo, el juzgado 109 de Instrucción Penal Militar avocó la investigación sobre los miembros de la Fuerza Pública implicados, y el 4 de diciembre de 1997 el Consejo Superior de la Judicatura le asignó a la justicia castrense la competencia para ello, en abierta violación de la Sentencia C-358 de la Corte Constitucional. Los miembros de la Armada fueron inmediatamente absueltos a excepción del primer denunciante, Carlos David López Maquillón, quien además fue enviado a exámenes psiquiátricos. Los sicarios civiles fueron juzgados en la justicia regional (Juzgados de Cúcuta, Rad. 2732 y 1953) y los que no habían sido asesinados fueron condenados a 30 años, con las mismas pruebas que inicialmente inculparon a los miembros de la Armada. Es de notar que 9 sicarios civiles fueron asesinados y solo 4 fueron detenidos. Otros 4 fueron condenados en ausencia.

1/15/1995
El 15 de enero de 1995 a las 05 horas, en el corregimiento de Puerto Patiño, municipio de Aguachica, Cesar, 40 paramilitares se llevaron a 9 personas, 8 de las cuales aparecieron muertas horas más tarde. El noveno era el civil Luis Alberto Reyes Rodríguez quien actuó como informante de los paramilitares, señalando a las víctimas como "colaboradoras o simpatizantes de la guerrilla", y fue dejado en liberad luego de la desaparición colectiva. Las conclusiones de la investigación, suscrita por el Teniente Ricardo Rojas Baquero y el Capitán Jorge Eliécer Giraldo Arias, de la Policía Nacional, remitidas el 13 de febrero de 1995 al Director de la DIJIN, sindican del crimen colectivo a un grupo paramilitar que opera en la zona bajo la protección y dirección del Mayor del Ejército JORGE ALBERTO LÁZARO VERGEL, Comandante de la Base Militar de Aguachica, con el visto bueno del Director del DAS, Sr. SAÚL SÁNCHEZ, y la aquiescencia de los miembros del UNASE. Apoyan económicamente a este grupo el hacendado ROBERTO PRADA, de San Martín (Cesar) residente en Bucaramanga, y sus hermanos Juan y Martiniano Prada, así como FIDEL MEDINA (Administrador del Sr. Marco Tulio Villamizar), siendo miembros del grupo, entre otros: JORGE PEDROZA MARTINEZ (de San Martín), GUILLERMO MENDOZA (de San Martín), PEDRO MORALES (de Morales, Bolívar), ISIDRO ROLLEROS (de San Alberto, Cesar). Para sostener esta estructura todo ganadero o agricultor debe pagar vacunas de entre 1 y 10 millones de pesos o abandonar la región. Las deudas de vacunas se negocian en Bucaramanga con el Señor Roberto Prada. El narcotraficante y líder paramilitar VICTOR CARRANZA proyecta comprar la hacienda Bellacruz, en La Gloria (Cesar), propiedad de la familia del ex ministro Carlos Arturo Marulanda, para entrenar allí grupos de paramilitares.

3/8/1995
En su ampliación de indagatoria rendida el 3 de agosto de 1995 en la cárcel de Palmira, dentro del Proceso 4239 de la Fiscalía Delegada ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones, el paramilitar ALONSO DE JESUS BAQUERO, alias "Bladimir", confesó que estuvo al servicio del Ejército como informante y guía; que de Tolemaida fue enviado a Puerto Boyacá por los generales Murillo y Yanine Díaz como instructor de paramilitares. Afirma que estando en la "Escuela 01" (en la Inspección Zambito, de Cimitarra, finca del Señor Agustín Garzón), llegó allí un día el General Farouk Yanine Díaz en compañía de reconocidos líderes paramilitares como Henry y Gonzalo Pérez, y les explicó a los presentes que los paramilitares iban a pasar de una fase defensiva a una fase ofensiva, en la cual debían ir a combatir y que para ello contarían con todo el respaldo del Ejército. Afirma que él fue enviado a Vuelta Acuña a combatir y recibió todo el apoyo logístico del Ejército a través de helicópteros militares que les aportaban remesas y munición desde el Batallón Calibío. Cuenta también cómo fue enviado a un curso en la "Escuela 50" en el que los instructores eran israelíes. En su testimonio hace referencia a confesiones anteriores en las que ha descrito con detalle numerosos asesinatos, desapariciones y atentados perpetrados por la estructura paramilitar de la zona, en los cuales él participó de alguna forma, contándose entre estos la desaparición de 19 comerciantes (08.10.87) y la masacre de funcionarios judiciales en el corregimiento de La Rochela (Simacota, 18.01.89). De acuerdo a su testimonio, el blanco central de la persecución de los paramilitares eran los militantes y simpatizantes del partido político de izquierda Unión Patriótica y miembros de sindicatos. Señala entre los miembros del Ejército que participaban en las reuniones o daban las órdenes o los apoyaban, al Coronel HERNANDO NAVAS RUBIO, feje del B-2 de la XIV Brigada; al General FAROUK YANINE DIAZ, al General JUAN SALCEDO LORA, al General CARLOS JULIO GIL COLORADO, al General JUAN JOSE ALONSO VACCA PERILLA. De este último afirma que recomendaba que no se hicieran asesinados colectivos sino más bien selectivos. También señala la participación de los políticos y parlamentarios de la región: TIBERIO VILLARREAL y NORBERTO MORALES BALLESTEROS, este último ex Presidente del Senado. En general afirma el indagado que de los paramilitares eran auxiliadores todos los comerciantes, ganaderos, los comandantes de batallones y los comandantes de estaciones de policía, lo que deja ver una estructura que el Estado y el Establecimiento consideraban poco menos que institucional.

4/12/1995
En su ampliación de indagatoria realizad el 4 de diciembre de 1995 en la cárcel de Palmira, el líder paramilitar ALONSO DE JESÚS BAQUERO AGUDELO relata con detalles minuciosos la actividad de mercenarios israelíes en la capacitación de paramilitares en el Magdalena medio en 1987-88. Según el extenso relato, el principal inspirador de la idea fue el General Farouk Yanine Díaz, quien pretendía que los paramilitares pasaran de una fase más defensiva a una más ofensiva. Entre los grupos que fueron contactados para que enviaran paramilitares a entrenarse, figuran los dirigidos por los capos del narcotráfico más conocidos nacional e internacionalmente: Gonzalo Rodríguez Gacha (envió 15 personas con su hijo Fredy), Pablo Escobar, Víctor Carranza (envió 5 personas con un sobrino suyo), Fidel Castaño, Henry Pérez. El curso, dictado por 4 israelíes, duró dos meses, y en la clausura estuvo presente, al lado de los capos del narcotráfico, un delegado del Ministerio de Defensa que era Coronel y al parecer el Secretario del Ministerio. El costo del curso, calculado en 5 millones de pesos por cada uno de los 80 participantes, fue financiado en su mayor cuantía por los narcotraficantes, con alguna participación de los ganaderos del Magdalena Medio y los bananeros de Urabá (UNIBAN). En "agradecimiento" al aporte financiero de Uniban, se inició la penetración de paramilitares a la región de Urabá: Necoclí, Carepa y Arboletes. Respecto al ingreso de los mercenarios israelíes a Colombia, afirma: "A ellos quien les coordinó la entrada y salida del país era un Mayor del Ejército que no sé el nombre pero me parece que pertenecía a la Tercera Brigada del Ejército y ese nombre salió en los periódicos" (pg. 5). Hubo un segundo curso que se inició en la "Isla de la Fantasía", cerca de Puerto Boyacá, y luego se trasladó a Puerto López, en los Llanos. El testigo, al referirse al paramilitar alias "Cachetes", afirma que hizo el curso con los mercenarios y luego se fue "a trabajar con los de la Naval" mencionando allí al Coronel Rodrigo Quiñones. En la pag. 10 de esta indagatoria menciona también la estructura paramilitar de San Juan Bosco de Laverde, cerca de El Carmen de Chucurí y afirma "lo único que hemos hecho es reunirnos con ellos para acordar con ellos la organización paramilitar en San Bosco, eso queda cerca del Carmen de Chucurí" (pg. 10). Este testimonio enlaza, a propósito del entrenamiento de los mercenarios israelíes gestionado por altos mandos del Ejército y financiado por narcotraficantes, ganaderos y bananeros, las más conocidas estructuras paramilitares activas durante las últimas dos décadas: Puerto Boyacá y Magdalena Medio; Urabá; Medellín; Red 07 de la Armada en Barrancabermeja; Zona Chucureña; Puerto López y Llanos Orientales; Pacho y Cundinamarca-Boyacá-Llanos con la estructura de Rodríguez Gacha.

6/2/1995
Declaraciones tomadas en el Comando de Policía de Aguachica, Cesar, el 6 de febrero de 1995, por investigadores de la Policía Judicial, a un oficial de la Policía Nacional, revelan que el Mayor del Ejército JORGE ALBERTO LÁZARO VERGEL, Comandante de la Base Militar de Aguachica, es el responsable en cuanto guía, patrocina y protege la estructura paramilitar que opera en la zona y que ha perpetrado muchos crímenes y tiene otros en mira. Dicho Mayor Lázaro, en presencia del Director del DAS local, Sr. Saúl Sánchez y al parecer con su complacencia o al menos no oposición, le manifestó al Comandante de la Policía del lugar que él tenía una lista de personas para matar, y que los ganaderos de la región, reunidos en Bucaramanga, le habían expresado que el mayor peligro en Aguachica era el Comandante de la Policía porque no colaboraba con los paramilitares. El Mayor Lázaro le urgió, entonces, al Comandante de la Policía, Capitán Fabián Ríos, para que se definiera a favor de ellos (los militares que actuaban junto con los paramilitares) y le ordenó que "cerrara los ojos y no sacara a la Policía cuando ellos fueran a operar". El Mayor Lázaro le hizo saber, además, al Capitán Ríos, que los paramilitares estaban bajo su mando: "me avisan cuando van a hacer algún trabajo y yo les digo si sí o no", y que preferiblemente "ya no se van a dejar muertos, vamos es a levantar gente y a desaparecerlos, porque los muertos hacen mucha bulla". Según estas mismas declaraciones, la familia del Señor Roberto Prada, de San Martín, Cesar, patrocina las acciones de dicho grupo. Entre la lista de personas que el Mayor Lázaro tenía para eliminar se encontraba el alcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón. Cuando el Comandante de la Policía de Aguachica le manifestó al Mayor Lázaro su desacuerdo con lo que él hacía en unidad con los paramilitares, el Mayor Lázaro lo amenazó con denunciarlo ante el General Comandante de la Quinta Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga, para que lo hiciera sacar de Aguachica por no colaborar con ellos.

7/11/1995
El 7 de noviembre de 1995, al producirse el desenlace fatal de la toma del Palacio de Justicia, desapareció la militante IRMA FRANCO, a pesar de haber sido vista por muchos testigos en el Museo Casa del Florero en calidad de detenida. De acuerdo a las declaraciones del Suboficial de Inteligencia Militar Bernardo Alfonso Garzón, rendidas en la Procuraduría General de la Nación los días 22 y 23 de enero de 1991, este crimen fue ejecutado por efectivos de la Brigada XX. El declarante afirma haber sabido que la mantuvieron en una camioneta color café, Ford Chevi Ban, acondicionada para interrogatorios. Las informaciones que habrían logrado arrancarle bajo torturas habrían conducido a la casa "donde se planeó la toma del Palacio". Supo que fue herida y asesinada y que tal hecho tenía que ser conocido necesariamente por el Comandante de la Brigada, Coronel Alvaro Hernán Velandia Hurtado.

8/8/1995
En su nueva ampliación de indagatoria rendida el 8 de agosto de 1995 en la cárcel de Palmira (Proceso 4239), el paramilitar ALONSO DE JESUS BAQUERO reconoce los vínculos estrechos que ligaban la estructura paramilitar que operaba en el Magdalena Medio (municipios de Puerto Boyacá, Cimitarra, Puerto Parra, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo) con las guarniciones y jerarquías castrenses de la zona. Afirma que el principal apoyo que tuvieron los paramilitares en la II División del Ejército fue por parte de los generales FAROUK YANINE DIAZ y JUAN JOSE ALONSO VACCA PERILLA, y en la Brigada XIV por parte de los generales JUAN SALCEDO LORA y CARLOS JULIO GIL COLORADO. En los batallones la ayuda se canalizaba a través de la dirección de inteligencia (B-2) de cada batallón, con la aprobación de los comandantes. En concreto afirma que LA BRIGADA les vendía armas con tratamiento preferencial, pero además les prestaba armas de un archivo subterráneo de armas quitadas a guerrilleros; también les prestaba uniformes y fusiles y les mandaba dinero del destinado a pago de informantes. Por su parte EL BATALLÓN BÁRBULA (Puerto Boyacá) les colaboraba con transporte en helicópteros, les prestaba fusiles G-3, ametralladoras M-60, y les regalaba la munición. Los mejores colaboradores en este batallón fueron los coroneles Dávila y Bohórquez. El BATALLÓN CALIBÍO (Cantimplora, Puerto Olaya, Cimitarra) les colaboraba con transporte en helicópteros y acuático, les mandaba provisiones, les regalaban munición y les pagaban el combustible de las avionetas. Les colaboró especialmente el Coronel Pinzón y los tenientes Vargas y Yusti. El BATALLÓN RAFAEL REYES (Cimitarra) les permitía instalar una estación repetidora en las instalaciones del batallón y les colaboraba con munición. Los comandantes del Reyes que más les colaboraron fueron los coroneles RITO ALEJO DEL RÍO y JAIME FAJARDO CIFUENTES (en sus respectivos períodos de comandantes), el MAYOR ROBAYO y el Capitán ALIRIO BARRERA; con ellos planearon en conjunto muchos operativos de asesinatos en la zona de Campo Capote y especialmente la masacre de la vereda El Siete. El BATALLÓN BOMBONÁ (Puerto Berrío- Segovia) les colaboró especialmente en todos los preparativos para la masacre de Segovia (11.11.88) así como en la ejecución de asesinatos selectivos en la Ciénaga de Barbacoas (Yondó). La mejor colaboración se las prestó el CORONEL ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, el Mayor BLANDÓN, el CAPITÁN CASTIBLANCO, el TENIENTE EDGARDO HERNÁNDEZ y otros que no eran de ese batallón como el civil FIDEL CASTAÑO y el CORONEL HERNANDO NAVAS RUBIO. En su confesión, Baquero reconoce que compró personalmente 3000 cartuchos de escopeta y 1000 de revólver directamente en la oficina del General Juan Salcedo Lora, en compañía de los líderes paramilitares Henry Pérez y Nelson Lesmes. Afirma que en la Brigada les regalaban las granadas "sin el pin" y que las legalizaban "como gastadas en las prácticas de polígonos". Dice que "prácticamente no nos vendían material bélico sino que nos lo regalaban o prestaban" y que en esas donaciones o préstamos intervenían el comandante del batallón, el encargado del armamento y el comandante del B-2.

11/28/1995
En su ampliación de indagatoria realizada el 28 de noviembre de 1995 en la cárcel de Palmira, el líder paramilitar ALONSO DE JESUS BAQUERO AGUDELO relató con abundancia de detalles la manera como se llevó a cabo la desaparición de los 19 comerciantes el 8 de octubre de 1987 en jurisdicción de Cimitarra (Sder). El mismo Baquero cumplió en este crimen un papel importante de coordinación entre miembros de los comandos de las guarniciones militares y las unidades paramilitares. El Coronel Vergara, comandante del Batallón Calibío, y el Teniente Salinas, del mismo batallón, el General Farouk Yanine Díaz, el Coronel Hernando Navas Rubio, coordinaron mediante reuniones y mensajes con el líder paramilitar de la región, HENRY PÉREZ, y miembros del Batallón Bárbula, la ejecución del crimen. Más adelante en la misma indagatoria afirma: "en ese tiempo había afán de sacar la guerrilla como fuera de todo el Magdalena Medio y los militares nos organizaron para que nosotros hiciéramos lo que ellos no podían hacer que era matar la gente y cometer masacres. Es que si la Fiscalía recuerda en los años 86, 87, 88 y 89 apareció una gran cantidad de gente muerta y otra desaparecida en Puerto Boyacá, en Puerto Nare, La Sierra, Puerto Berrío, Cimitarra, Puerto Parra, San Rafael de Chucurí y en Barrancabermeja, y la familia ni nadie da razón porque los paramilitares se encargaron de eso pero mandados y apoyados por el Ejército" (pg.8). Luego, refiriéndose al sitio "Palo de Mango", en Puerto Zambito, Cimitarra, donde descuartizaron a los comerciantes, afirma: "Allá hablar de "picalesco" es despedazar la persona por las coyunturas, les quitan las manos, la cabeza, los pies, le sacan los intestinos y echan el cuerpo por aparte, esto se hace con el objetivo de que no aparezcan flotando por el río, y en ese sitio, en donde siempre se mataba a la gente porque es que en ese sitio el río pega de frente y el agua se desvía hacia Antioquia, es como un remolino; entonces el sitio se presta para que no queden rastros porque la corriente es fuerte".(pg.8)

1/22/1996
El semanario CROMOS en su edición del 22 de enero de 1996 inicia una serie de reportajes al líder paramilitar CARLOS CASTAÑO GIL, y a través del año 96 otros medios como El Colombiano y El Tiempo difunden entrevistas con el mismo. En el reportaje de Cromos, Castaño reconoce que él y sus hermanos fueron entrenados como paramilitares por el Ejército. Luego de actuar en una célula armada, se presentaron al Batallón de Puerto Berrío (Ant), más tarde XIV Brigada, donde un coronel los conectó con un Mayor "que fue el pionero de las autodefensas de Colombia ... Fue ese Mayor quien comenzó a reclutar campesinos, no para el ejército -siendo activo- sino para las autodefensas, y a formarlas y a darles capacitación" (Cromos, 22.01.96, pg. 26). En reportaje del diario El Colombiano, del 8 de diciembre/96, afirma que los territorios que los paramilitares se toman "los llamamos recuperados para el Estado. Porque es el Estado el que debe actuar, cuando ya sí pueda hacer presencia, si lo deseara, en esas regiones. Al contrario, las zonas guerrilleras están vetadas para la fuerza pública (...) Aclaro que los territorios que controlamos, no los controlamos nosotros, los controla el Estado" (El Colombiano, 08.12.96, pg.2E). Al relatar la "rendición" de algunos frentes del EPL, no oculta sus contactos con el alto gobierno: "Hicimos que se rindieran 3 frentes (del EPL) y yo los contacté con el gobierno" (El Tiempo, 28.09.97, pg. 8A). "Logramos tomar contacto con el Ministro del Interior y se consiguió un proceso de reinserción (...) No les hemos ofrecido absolutamente nada (a los reinsertados). Simplemente a través del gobierno que es el que ha estado dispuesto a darles a estas personas" (El Colombiano, 10.12.96, pg. 6A). "Los reinsertados (...) están en la región de las ACCU porque lo solicitaron ante el Estado, ante el Ejército, ante nosotros (...) Mal podríamos haberles dicho que no los recibíamos" (El Colombiano, 09.12.96, pg. 6A). Afirma haber colaborado estrechamente con el gobierno y sus órganos de seguridad en la persecución, captura y muerte del narcotraficante Pablo Escobar: "Nos tocó hacer un paréntesis dentro de nuestra guerra y (...) contribuir con las Fuerzas Armadas a ese desmantelamiento. Ese es un capítulo ya cerrado, conocido por la opinión pública" (El Colombiano, 02.12.96, pg. 8A). Así mismo confiesa haber colaborado con la Policía Nacional para dar captura y muerte al narcotraficante José Santacruz: "Las autodefensas contribuyeron con la operación de José Santacruz por sus vínculos con la guerrilla" (El Tiempo, 28.09.97, pg. 8A).

4/12/1997
El 4 de diciembre de 1997 la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, contradiciendo la sentencia C-358 de la Corte Constitucional del 5 de agosto de 1997, dirimió una colisión de competencias, asignándole a la justicia castrense el juzgamiento de oficiales y suboficiales de la Armada Nacional que integraban la Red de Inteligencia 07 y de miembros del Batallón Nueva Granada del Ejército que se coordinaban con ellos, por más de 50 crímenes de lesa humanidad perpetrados en Barrancabermeja y sus alrededores en 1992. (Rad. 15.146 A). En su providencia del 25 de marzo de 1994 el Juzgado 109 de Instrucción Penal Militar se había abstenido de dictar cualquier medida de aseguramiento a los implicados, excepto al denunciante, Suboficial Carlos David López Maquillón, a quien remite además a exámenes psiquiátricos. El 15 de diciembre de 1994 el Tribunal Superior Militar, presidido por el General Hernando Camilo Zúñiga Chaparro, confirma dichas decisiones. El Comando de la Armada Nacional, en providencia del 17 de julio de 1997, ordena cesar todo procedimiento contra los implicados (9 miembros de la Armada). Sin embargo, los jueces regionales, con las mismas pruebas, condenan a los civiles que participaron en los mismos crímenes (recibiendo órdenes de los de la Armada) que aún no habían sido asesinados. En la sentencia del 24 de febrero de 1998 contra algunos de los civiles implicados, se lee "no deja de generar asombro la decisión que se tomó por parte del Tribunal Castrense, al favorecer a los de la cúpula de la red de inteligencia de las serias acusaciones que existieron en su contra y en aras de no violar el principio de cosa juzgada nos abstendremos de ordenar compulsión alguna" (fol. 28 y 29)

2/13/1998
El 13 de febrero de 1998 se entregó a miembros del CTI en Santa Rosa de Osos, Antioquia, el paramilitar FRANCISCO ENRIQUE VILLALBA HERNÁNDEZ, quien había sido integrante de la estructura paramilitar de Fidel y Carlos Castaño o ACCU, entre 1994 y 1998. Dentro del Proceso 333 que cursa en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, el testigo sería indagado repetidas veces: el 16 de febrero, el 21 de febrero, el 2 de abril, el 27 de abril, el 29 de abril, el 17 de septiembre, el 16 de octubre, el 21 de octubre de 1998 y 4 de febrero de 1999, con el fin de corroborar, profundizar y ampliar la cantidad de información que suministró. Había sido entrenado en la hacienda Las Tangas de la familia Castaño Gil, en un grupo de 80 personas con 15 instructores entre los cuales había "un gringo". Entre las pruebas a las que los sometían estaba "la prueba de coraje" que la describe así: "es descuartizar a una persona, quitarle la cabeza, quitarle un brazo; ponían personas que traían de afuera, cada 15 días llevaban como 7 u 8 personas y las tiraban en el campo para entrenar. Cogían una persona y llevaban allá y le decían a uno que tiene que quitarle el brazo o rajarla viva; a mí me mandaron a una sola para quitarle el brazo y que lo abriera, eso fue en 1994". (febr. 16, pg.3). Afirma que patrullaban con el batallón de Corozal y que allí había un Teniente Perdomo, del B-2, con el cual tenían mayor relación (febr. 21, pg. 2). La coordinación con la fuerza pública para realizar las masacres era sistemática: "Cuando teníamos combates con la guerrilla o íbamos a hacer alguna masacre, se coordinaba con el Ejército y la Policía de la parte donde fuéramos; eso lo coordinaba Salomón Ferix y el Mono Mancuso; con el DAS y con el CTI no se iba. Esas cosas se coordinaban con el comandante del batallón que fuera o de policía. Una de esas acciones fue la masacre de Colosó: el ejército se encontraba en el peaje que va para Bahía Tolú, ellos coordinaron para que no hubiera bloqueo y con la Policía para que la Policía no mandara operativos; fueron con los dos que coordinaron; ellos suspendían los retenes mientras que nosotros pasábamos". (febr. 26, pg.3). Afirma que en la masacre de El Aro (Ituango, Ant., oct. 25/97) les colaboró el Batallón Girardot: "Iba un cabo, un sargento y un teniente, ellos patrullaban como soldados regulares camuflados; ellos tuvieron una reunión en Puerto Valdivia con el Mono Mancuso y una comunicación que tuvieron con el coronel del batallón por radio de comunicaciones" (febr. 26, pg.6) En otra ampliación recuerda que en la masacre de El Aro "sobrevoló un helicóptero de las Fuerzas Armadas, era un Hiracois, y nos abasteció de munición para AK-47, Creo que una parte de medicina también la bajaron de ahí. El helicóptero medio se acercó y bajó las cosas y volvió y se alzó. El helicóptero lo mandó un coronel del Batallón Girardot" (Febr. 16, pg.3). En otra indagatoria relata que las cooperativas "CONVIVIR" de la zona son los mismos paramilitares. Explica que el Batallón de Sincelejo les daba un carné de las "Convivir", en el cual se indicaba que se pertenecía "a las Convivir de la Brigada", mediante el cual podían pasar armas por los retenes militares, y que esto lo coordinaba el Mono Mancuso y Salomón Ferix. (Febr. 26, pg. 6) Un caso relatado con lujo de detalles en varias indagatorias es el de la masacre de Pichilí (Morroa, Sucre, 4.12.96) en la cual él participó y en la cual lo obligaron a asesinar a dos parientes suyos para probar su compromiso. Afirma que mientras el grupo partió hacia Colosó, “el Mono Mancuso estaba coordinando con el ejército que se encontraba en el peaje..." y que luego Mancuso y Férix fueron al Comando de Policía de Sincelejo para que retiraran las comisiones de la zona. (abril 29, pg. 2). En otra ampliación relata cómo conseguían los uniformes militares tipo camuflado: "Supe que eso lo entregaban los batallones. Uno le entregaba al Ejército guerrilleros y ellos le daban a uno camuflados y fusiles. Así se hacía con el Batallón Voltígeros, de Carepa. Esa entrega la hacía uno de mayor mando que yo, por ejemplo "Noventa" o "Cobra"" (Febr. 16, pg. 5). Cuando se le pide precisar esto, afirma: "Nosotros entregábamos a los guerrilleros, poníamos el punto, en una tienda entrando a Barranquillita entregamos la persona y de ahí quedaba el Mono Mancuso de recoger el material que hacíamos a cambio del guerrillero. Para el mes de marzo (97?) entregamos dos; para el mes de abril entregamos como ocho guerrilleros, ahí cuando nos entregaron una M-60 tipo comando y entregaron como 6 fusiles AK 47 y unas granadas de mano y granadas de Truflay, eso fue a cambio de los ocho guerrilleros; eso cuando llegaba el Ejército a entregar eso llegaban en carro y eso lo entregaban al Mono Mancuso y el Mono Mancuso se lo pasaba al grupo, de ahí ellos hablaban y no los volvíamos a ver" (Abril 27, pg.3). Afirma también que entre los grupos de ellos circulaban las listas de personas para matar, entre las que vio los nombres del Doctor Valle, de Medellín, del Dr. Umaña Mendoza y de muchos defensores de derechos humanos. Dice que se entregó al CTI pues no confiaba en las autoridades de Sincelejo, ya que sabía que "entre grupos paramilitares y autoridades como son Policía, Ejército, Sijin, no se puede confiar porque ellos se colaboran" (Abr. 29, pg. 4).

3/7/2000
El 3 de julio de 2000, el semanario Cambio reveló informaciones del proceso seguido contra el Coronel JESUS MARIA CLAVIJO, comandante del Batallón Contraguerrilla No. 4 "Granaderos". Según dicho informe, cuando fue capturado el paramilitar Ricardo López, delegado de Carlos Castaño para la avanzada paramilitar en el oriente antioqueño (Rionegro, La Unión, La Ceja, Sonsón y otros municipios), su beeper sirvió para descubrir que recibió muchos mensajes desde los teléfonos asignados al Coronel Clavijo. Al mismo tiempo, la Fiscalía y la Procuraduría descubrieron muchos contactos telefónicos suyos con Jacinto Alberto Soto Toro, quien manejaba las finanzas de las "Autodefensas" de Castaño. Cuando el Coronel fue indagado, explicó que quizás se trataba de llamadas hechas sin su consentimiento por soldados de su escolta que entraban libremente a su oficina, pero al ser indagados esos soldados, revelaron que el Coronel tenía relaciones aún más estrechas con los paramilitares: éstos le habían entregado vivo a un comandante del ELN llamado "Juan Pablo" y él lo asesinó; además le entregaba personalmente armas y uniformes a los paramilitares y le prestaba seguridad a un jefe de las "Autodefensas" de Anorí conocido como "El Zorro" y propietario de minas de oro. También revelaron sus escoltas que el Coronel estaba comprometido en operativos de "limpieza" de supuestos auxiliares de la guerrilla y en una masacre en Camen de Atrato, Chocó.

4/8/2000
El diario El Espectador reproduce el 5 de octubre de 2000 la denuncia que un miembro de la Policía Nacional, con 12 años de servicio en la institución, hizo el 4 de agosto de 2000 ante la Personería de Puerto Asís, Putumayo, según la cual, la base del "Bloque Sur de las Autodefensas", que cuenta con 600 integrantes, se encuentra "a menos de 5 minutos de Puerto Asís, en la vía a Santana, en la hacienda denominada Villa Sandra, en una casa abandonada que queda frente a la base militar". Según el policía, los paramilitares "ultrajan a la población, hacen y deshacen .... Tienen vehículos de diferentes características, cobran impuestos al comercio en general y a los comisionistas de droga y pequeños productores...". Afirma además que no entiende cómo pueden burlar los retenes del Ejército por los cuales tienen que pasar necesariamente para alojarse frente a la base militar. Dice también que la ciudadanía le ha transmitido versiones según las cuales los paramilitares han sido vistos en reuniones con los altos mandos en la misma hacienda Villa Sandra donde están alojados frente a la base militar.

7/22/2000
En su edición del 22 de julio de 2000, el diario norteamericano WASHINGTON POST afirmaba que "una alta fuente del gobierno colombiano" le había manifestado que "los abusos de los militares se han disminuido porque ahora los paramilitares hacen el trabajo sucio por ellos".

11/12/2000
El diario "Philadelphia Inquirer" comenzó a publicar el 12 de noviembre de 2000 lo resultados de una investigación de dos años, según la cual, varias unidades élite de los Estados Unidos, como la Delta Force, del Ejército, las SEALs, de la Armada, la CIA, el FBI, la DEA y la Agencia Nacional de Seguridad, estuvieron involucradas en la persecución y muerte al narcotraficante colombiano Pablo Escobar (asesinado el 2 de diciembre/93), en unidad de acción con el Bloque de Búsqueda de la Policía colombiana, y con la organización "Los Pepes", dirigida por el paramilitar Carlos Castaño, organización que asesinó a más de 300 personas cercanas a Escobar. Según la investigación, fue conocido un cable enviado por Joe Tofts, entonces director de la DEA en Colombia, que advertía sobre testigos que no solo hablaban de colaboración entre Los Pepes y el Bloque de Búsqueda, sino que aseguraban que eran Los Pepes los que estaban al mando del operativo.

11/14/2000
Según cables de la agencia de noticias internacional EFE, del 14 de noviembre de 2000, Amnesty International demandó al Presidente Clinton, de los Estados Unidos, que investigue la complicidad del gobierno estadounidense con los escuadrones de la muerte colombianos, a raíz de las publicaciones de Philadelphia Inquirer y del Nuevo Herald, que vinculan al grupo paramilitar Los Pepes con agencias de inteligencia norteamericanas en la persecución y muerte del narcotraficante Pablo Escobar y de muchos de sus amigos. Amnesty denuncia además que la CIA está reteniendo ilegalmente información sobre los escuadrones de la muerte colombianos con los cuales ha colaborado.

11/29/2000
El 29 de noviembre de 2000 fue conocida nacionalmente una carta dirigida al Presidente Pastrana, al Fiscal General, al Procurador General y al Defensor del Pueblo, así como a organismos de derechos humanos, por parte de la organización paramilitar conocida como "La Terraza". En ella afirman que la organización de Carlos Castaño Gil conocida como Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- mantiene estrechos vínculos con el Comandante del Ejército Nacional, Gral. JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, y con el General retirado HAROLD BEDOYA PIZARRO. Afirman que una serie de crímenes para dar muerte a defensores de derechos humanos y figuras nacionales, fueron solicitados por dichos militares a Carlos Castaño en calidad de "favores". También denuncian estrechas relaciones entre la banda paramilitar que se conoció como "Los Pepes", organizada por Carlos Castaño, con los generales de la Policía LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS, ALFREDO SALGADO MENDEZ y LUIS ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ. Los denunciantes afirmaron estar dispuestos a entregarse a la justicia si se les brindaban garantías, para lo cual conservaban el arma con que habían dado muerte a varios defensores de derechos humanos, como prueba.. La Fiscalía no le dio importancia a esto y al parecer en los días posteriores fueron asesinados.

8/1/2001
El 8 de enero de 2001 la prensa nacional informó de la orden de captura, expedida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, contra el Coronel del Ejército RAFAEL ALFONSO HANI JIMENO, comandante del Batallón Palacé, con sede en Buga. El 21 de agosto de 1999 un grupo paramilitar asesinó a los hermanos Diego y Oscar Pérez García en la vereda Habana, cerca de Buga. Otras fuentes afirman que organismos investigadores de la zona tienen pruebas de que los paramilitares se estuvieron comunicando, desde teléfonos de la zona, con el comando del Batallón Palacé. Este Batallón había estado intensamente comprometido en los crímenes de Trujillo (entre 1986 y 1994), y en la masacre de Riofrío (de octubre 5 de 1993) en coordinación con estructuras paramilitares y narcotraficantes de la zona. En 1999 también incursionaron en los corregimientos de La Marina y Monteloro y provocaron grandes desplazamientos en Buga y Tuluá. Según otros testigos, los vehículos en que se transportaban los paramilitares habían sido vistos en el Batallón Palacé y que uno de los paramilitares apodado "Tatabro" vivía en el Batallón, lo que fue confirmado por orgánicos del Batallón Palacé en sus declaraciones.

19/4/2001
El 19 de abril de 2001 los medios de comunicación informaron sobre la el llamado a indagatoria por la Fiscalía de los coroneles MAURICIO SANTOYO y GERMÁN EDUARDO FLÓREZ, ex comandantes del GAULA de Medellín, y la captura del Capitán NELSON BARRACALDO CABALLERO, de los sargentos segundos JOSE EMILIANO PIZA REYES y ARLEY DE JESUS DURANGO y del agente LUIS CARLOS ALVAREZ JIMENEZ, todos de la Policía, además del jefe de seguridad de las Empresas Públicas de Medellín. Esto se dio dentro de la investigación por la desaparición de dos miembros de ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) de Medellín, Angel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, el 6 de octubre de 2000, crimen que ha sido reivindicado por los paramilitares, pero la Fiscalía ha encontrado que el Gaula había interceptado las comunicaciones telefónicas de Asfaddes, así como otras 2020 líneas, de manera ilegal.

27/4/2001
Amnesty International inició un pleito judicial el 25 de abril de 2001 contra la CIA, para que revele los archivos de sus relaciones con el grupo paramilitar Los Pepes, de Colombia, grupo con el cual actuó conjuntamente en la persecución y muerte del narcotraficante Pablo Escobar en 1993. Andrew Miller, director encargado de Amnesty para América Latina, informó que han descubierto nexos entre agencias de USA, el grupo paramilitar Los Pepes y el Cartel de Cali. Uno de los indicios que A.I. tiene es que varios amigos de Escobar, que eran reportados por la CIA como tales, luego aparecían muertos.


Elementos de análisis

que se pueden inferir de los casos

Un primer elemento que se infiere es que el paramilitarismo es una política de Estado cuidadosamente diseñada.

Como la mayoría de las grandes políticas del Estado, ésta viene inducida desde el gobierno de los Estados Unidos, como lo evidencian los documentos desclasificados de 1962, referentes a la visita de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg.

El gobierno colombiano, a partir de 1962, en acatamiento a las directrices del ejército estadounidense, comienza a dotar de un piso legal esas directrices en el Decreto 3398 de 1965, así como de formas de implementación en los manuales de contrainsurgencia que comienzan a servir de guías de la estrategia militar del Estado desde 1963 y que nuestros datos han podido rastrear hasta 1987. Toda esa serie de manuales contempla la vinculación de civiles a las fuerzas armadas para colaborar en las actividades de contrainsurgencia, para lo cual se provee a su entrenamiento, dotación de armas y coordinación por parte del ejército.

Queda claro también que esta política de Estado que es el paramilitarismo asume desde su origen un objetivo que no ha cambiado: la eliminación de todo pensamiento o posición ideológica que obstaculice el libre desarrollo del sistema capitalista.

La tesis según la cual el paramilitarismo se habría originado en las reacciones de ciertas franjas de la población civil ante agresiones de los grupos insurgentes, queda descartada, pues los grupos insurgentes aparecieron en 1965, mientras que el paramilitarismo fue diseñado como política de Estado en 1962.

El paramilitarismo, como su etimología lo indica, consiste en desarrollar “ junto a ”, o “ al lado de ” lo militar, algo que no es propiamente militar pero al mismo tiempo asimila la naturaleza de lo militar y la deforma.. En su Diccionario Etimológico de Helenismos Españoles (1944), Crisóstomo Eseverri Hualde precisa el significado de la partícula “para” que se usa como prefijo en muchos vocablos. Tiene 3 denotaciones: de aproximación; de trasposición y de desviación o irregularidad. Se refiere a algo que está cercano a otra cosa pero que al mismo tiempo está “fuera de” o “más allá de” esa cosa. El paramilitarismo es, pues, una estructura, una actividad, una práctica o conjunto de prácticas que se configura en torno a lo militar y a expensas de lo militar pero saliéndose de sus cauces normales, desviándolo y deformándolo. Puede decirse que la deformación o desviación principal del accionar militar es el usar las armas para lo que no se debe; no para defender al cuerpo de la sociedad sino para atacarlo. Y esa desviación o deformación puede ser ejercida por quienes tienen la investidura oficial de militares o por quienes no la tienen pero simulan tenerla o se amparan de una u otra manera en los que la tienen.

Los casos registrados antes muestran todas estas modalidades de paramilitarismo. Unas veces los militares esconden su uniforme y se camuflan como civiles simulando bandas delincuenciales. Otras veces los civiles se esconden tras uniformes militares o invocan su estatus para someter a sus víctimas, se amparan en la protección y actúan bajo la coordinación de los militares.

El conjunto de casos registrados en la primera parte revela que una instancia en la que el paramilitarismo ha arraigado con fuerza ha sido la de los departamentos de inteligencia de las fuerzas armadas. En efecto, una de las primeras estructuras que se conocieron y que aparecía públicamente como un escuadrón de la muerte que infundía terror en toda la sociedad, al estilo de aquellos que por la misma época eran comunes en Brasil y en Argentina, fue la “Triple A”. Los testimonios que provienen de dentro de la misma fuerza han revelado que detrás de esa sigla fatídica estaban las altas jerarquías del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Charry Solano”. Cuando este Batallón se transforma en la Brigada XX del Ejército, que es una brigada especializada en inteligencia, continúa su misma práctica paramilitar y se constituye como instancia de coordinación de todas las estructuras paramilitares del país, como lo revela uno de sus miembros. En 1998 el Presidente Samper se vería obligado a suprimir dicha brigada ante el acopio de demandas penales contra sus jerarquías, pero luego se sabría que solo se le había cambiado de nombre. En la Armada Nacional, los crímenes que fueron delatando a su Red No. 07 de Inteligencia fueron llevando a descubrir los documentos que la estructuraban como red, hoy día publicados por varios organismos internacionales, en los cuales se pueden ver los principios de funcionamiento de un organismo que trata de ocultar, mediante diversos mecanismos, la relación con el Estado.

El recorrido hecho en la primera parte por esta pequeña selección de casos, suministra elementos suficientes para captar el alcance geográfico y cronológico del fenómeno.

Los testimonios que se concentran en la década de los 80 y primeros años de los 90, particularmente aquellos que rodean el momento en que mercenarios israelíes, ingleses y australianos fueron contratados para dirigir entrenamientos, revelan los estrechos vínculos existentes entre las estructuras paramilitares más conocidas y activas en las diversas regiones del país: el Magdalena Medio, los departamentos del Nororiente y la vertiente Sur de la Costa Atlántica, el departamento del Meta y los Llanos Orientales, la zona de Urabá y Córdoba, la de Cundinamarca y Boyacá con extensiones a Los Llanos, el departamento de Antioquia, el Putumayo y el Valle del Cauca. Esas mismas revelaciones muestran los estrechos vínculos existentes entre los grandes carteles de la droga y las estructuras paramilitares, pues allí aparecen vinculados como líderes, simultáneamente del narcotráfico y del paramilitarismo, figuras como Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Pérez de Puerto Boyacá, Víctor Carranza, Pablo Escobar y los hermanos Castaño Gil de Urabá. Por su parte, los testimonios que se concentran en el final de los años 90 y comienzos de los 2000, si bien revelan una estructura nacional más unificada a través de las sigla AUC y la coordinación de Carlos Castaño, revelan también el papel que sigue jugando la inteligencia militar en la coordinación de unas regiones con otras.

Algo que impresiona al analizar el conjunto de testimonios es la referencia a jerarquías militares de muy alto rango que estuvieron involucradas en la perpetración de cadenas de crímenes muy graves y que, a pesar de todo, pudieron escalar las más altas posiciones de mando. Todo esto invita a realizar profundos análisis sobre los mecanismos de la administración de justicia que permiten o facilitan niveles tan escandalosos de impunidad, y al mismo tiempo sobre la impunidad como elemento esencial al desarrollo del paramilitarismo, pero es aún más impactante la tolerancia administrativa que hace caso omiso de lo que es de amplio conocimiento público en el momento de decidir sobre ascensos y comandancias, lo que corrobora lo arraigado que se encuentra el paramilitarismo como política de Estado. Si bien ha habido algunas “llamadas a calificar servicios” que se cuentan en los dedos de la mano, la mayoría de ellas a causa de fuertes presiones internacionales, la regla común sigue siendo la aquiescencia administrativa.

De los manuales militares de contrainsurgencia reseñados, en los cuales juega un papel de primer orden la estrategia paramilitar, se infiere que hay unos elementos de lectura de la guerra insurgente que han conducido a la adopción del paramilitarismo como política de Estado. Se analiza la insurgencia como algo que incide en la mentalidad de la población civil, y que por lo tanto la guerra contrainsurgente tiene que dirigirse a la disuasión de la población civil y a la eliminación o al menos el control de las formas de organización de la población civil que revelen inconformismo frente al statu quo. De allí que los extensos capítulos dedicados a la “guerra psicológica” y a la “inteligencia” sean los más impresionantes. Allí se recomiendan muchas tácticas de camuflaje de las unidades militares, de ficción y engaño frente a la población civil, de operaciones encubiertas y de inducción del terror como medio de disuasión. Operaciones lógicas muy simples permiten deducir que en la medida en que la conciencia de los derechos ciudadanos fue creciendo, todo esto era insostenible como política oficial y reconocida, y que por lo tanto se recurriera cada vez más intensamente a la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar, de modo que se pudiera transferir progresivamente la responsabilidad de las acciones ilegales a “grupos delincuenciales civiles”. Esta es la tendencia predominante en los últimos años, aunque la intensidad de la guerra ha llevado a actuar de manera más descubierta y audaz, como lo revela el testimonio del oficial de la Policía del Putumayo, en el que muestra cómo un contingente de 600 paramilitares se hospedan frente a la base militar, se reúnen con sus mandos y transitan armados por todos los controles a la vista de toda la población.

Estas cortas observaciones solo quieren mostrar que los estudios sobre el fenómeno paramilitar de Colombia están por iniciarse y que es necesario recopilar aún mucha información que permanece dispersa, censurada u oculta en la medida en que los testigos directos aún no han revelado lo más importante por temor.


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